La irrupción de nuevos liderazgos ante la crisis de autoridad

Leandro Bruni
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La irrupción de nuevos liderazgos ante la crisis de autoridad

La política global está viviendo un cambio de paradigma. La sociedad se horizontalizó al romper con los moldes tradicionales y reconfigurar la manera en que los electores se relacionan con el poder. Desde hace algunas décadas, las personas están librando, sin notarlo, una guerra contra la autoridad. No se trata de un enfrentamiento explícito contra un monarca, la policía o el ejército. Son las “autoridades”, en términos generales las que ya no tienen el incuestionable rol de dirigir a la sociedad, decirles cómo, cuándo o dónde hacer o dejar de hacer. El principio de autoridad está en crisis y para sobrevivir en este nuevo escenario, los liderazgos políticos necesitan transformarse.

Esto puede verse en el ámbito de la religión con la crisis de las otrora masivas expresiones de fe y la emergencia de nuevas y descentralizadas (o sin una autoridad única) religiones. Como explica el filósofo Charles Taylor en A Secular Age, la gente no ha dejado de creer, sino que ha puesto en duda aquella autoridad y prédica que antes era incuestionable. Se produjo lo que él llama una “super-nova espiritual”, una explosión en la que las personas buscan nuevas alternativas de creencias y profesar su fe.

Como resultado, en las últimas décadas cada vez más creyentes se vinculan con distintas vertientes evangélicas, adoptan creencias sincréticas que combinan elementos de distintas tradiciones religiosas, o incluso se identifican como «espirituales pero no religiosos», reflejando así una fragmentación y diversificación del panorama religioso contemporáneo. Según estudios de Latinobarómetro, el catolicismo ha disminuido en la región casi 30 puntos entre 1995 y 2024, mientras que el los evangélicos se han triplicado en el mismo periodo.

En el ámbito político, los partidos ya no son autoridad para los electores ni los líderes dueños de los votos. El politólogo Peter Mair analiza en Rulling the Void parte de este proceso que vive occidente. Las estructuras partidarias se han divorciado de los electores, replegándose, según Mair, a tener solo una función burocrática y un componente exclusivamente de élite política. Como dice Mair, la era de los partidos ha pasado y los políticos gobiernan, pero no representan.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó al Palacio Nacional con Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) creado por él apenas 7 años antes y terminando así con la inevitabilidad que históricamente representaron el PRI y, en menor medida, el PAN en la selección y apoyo electoral en México. En Francia, Emmanuel Macron fundó La République En Marche! en 2016, sin una estructura partidaria tradicional, y en menos de un año ganó la presidencia francesa. Su éxito mostró cómo los partidos establecidos (socialistas y republicanos) habían perdido la capacidad de movilizar y retener el voto del electorado.

Una experiencia similar fue la de Mauricio Macri en Argentina, aunque su camino con el PRO tardó casi 10 años y requirió integrar una coalición con el centenario partido UCR y la Coalición Cívica. Perfeccionando la técnica, Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación con una coalición de partidos creada hacía menos de 2 años, sin institucionalidad partidaria real. Los electores no votan por partidos; los votos no son de los dirigentes.

En el ámbito económico, la autoridad está siendo cuestionada y formatos descentralizados como los que posibilita la blockchain están siendo explorados. En 2008 nació Bitcoin como una respuesta a la crisis internacional que expuso la incapacidad de los gobiernos en estabilizar la economía y abstenerse de la constante emisión monetaria que, junto a otros factores, genera inflación. Hoy es la criptomoneda con mayor capitalización del mercado. En pocos años, el uso de esta criptomoneda, y otras, será tan común como lo es hoy pagar con QR o contactless en cualquier comercio de barrio.

El éxito reside en que, mientras que el dólar, el peso, el real o cualquier moneda sujeta a la decisión política de emisión se depreciará tarde o temprano, el Bitcoin en particular, se apreciará porque su emisión está limitada y ninguna autoridad puede cambiar sus reglas. En países con alta inflación como Argentina y Venezuela, la adopción de criptomonedas ha crecido porque la gente desconfía de las políticas monetarias de sus gobiernos. Además de Bitcoin, hay plataformas como Ethereum que permiten préstamos y transacciones sin bancos, reforzando la tendencia hacia la descentralización económica. En 2021, Nayib Bukele, el primer presidente milennial de Latinoamérica, implementó el Bitcoin como moneda de curso legal y creó la reserva estatal en dicha moneda. Se estima que El Salvador ha obtenido una ganancia del 120% en sus reservas de Bitcoin alcanzando aproximadamente 600 millones de dólares.

En el ámbito de la comunicación, la autoridad de los periodistas y los medios tradicionales como el periódico, la radio y la televisión han perdido relevancia al momento de la formación de la opinión pública. Según la encuestadora Gallup, mientras que 7 de cada 10 estadounidenses decían en 1970 confiar mucho o bastante en los medios noticiosos, en 2024 la cifra apenas alcanzó a 3 de cada 10 y rondó el 25% entre los menores de 30 años. Internet y las redes sociales le permitieron a los usuarios hiper fragmentar el consumo de información, generando una selección casi individualizada de lo que consumen, cuándo y dónde.

Sin embargo, como explica la teoría del flujo de comunicación en dos pasos del sociólogo Paul Lazarsfeld (en The Peolple´s Choice), la opinión pública se sigue moldeándo a través de figuras influyentes que actúan como mediadores de la información. En lugar de periodistas y medios tradicionales, hoy ese rol lo ocupan streamers, podcasters y creadores de contenido digital como Joe Rogan en Estados Unidos, que interpretan y amplifican las noticias para sus audiencias. La inteligencia artificial generativa está llevando el consumo de información a un nuevo nivel, permitiéndole a cada persona ordenar qué contenido, en qué formato y con qué características quiere consumirlo. En pocos años alcanzará con tipear un prompt para que el software nos dé, a cada uno, un contenido único y exclusivo.

A través de redes sociales o plataformas digitales, los nuevos liderazgos políticos se saltan las estructuras tradicionales, como los partidos o los medios, y logran establecer un contacto casi íntimo con sus seguidores. Prescinden de los medios o periodistas para conectarse con las audiencias. Tienen Twitch, Instagram y Facebook. Pueden crear sus propios contenidos, comunidades y dinámicas comunicacionales sin la intervención del CEO de un medio, la gentileza de un periodista o la necesidad de un productor. El que decide qué ver es cada uno de los usuarios y alcanza un leve scrolleo para silenciar a cualquier político.

La comunicación ya no pasa por portavoces, sino que es el propio líder quien se muestra “en carne y hueso”, hablándole a cada una de las personas sin intermediarios. Esto refuerza la idea de cercanía y la sensación de que el líder es uno de nosotros, sintiendo, escuchando y hablando como si estuviera con nosotros. Es cierto que previo a su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei recorrió como pocos candidatos los sets televisivos. Sin embargo, su llegada a los electores, nivel de conocimiento y atracción no se explica por la televisión, sino por los cautivantes shorts de YouTube, la redifusión que hacían cuentas secundarias como “El Peluca Milei”, que reproducía con leves ediciones sus intervenciones en la televisión, y los propios posteos de él en sus cuentas.

La crisis del principio de autoridad alienta a transformaciones en los nuevos liderazgos. Muchos de ellos han entendido que el poder hoy se gana y se conserva por medio de la disrupción, la emoción y la comunicación directa. Son líderes que se presentan como el cambio mismo, el portavoz de nuestras emociones y el amigo que nos habla sin filtros. La política, en su esencia, ha cambiado.

Quizás es momento de preguntarnos si estos nuevos estilos de liderazgo, tan audaces y cercanos, lograrán también transformar nuestras sociedades o si, al final, resultarán ser simplemente una cara más de un sistema que sigue buscando su camino en tiempos de incertidumbre.

Más allá de las cuotas de género: construir paridad desde el poder

Susana Reina
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Más allá de las cuotas de género: construir paridad desde el poder

María Elena Wapenka, ex diputada en Paraguay, considera que las cuotas de género fueron una herramienta fundamental para que las mujeres pudieran acceder a la política en un sistema tradicionalmente dominado por hombres. Para ella las cuotas son un medio eficaz en el incremento de la representación femenina, ya que permiten que las voces de las mujeres sean escuchadas en los procesos de toma de decisiones, algo que antes era casi imposible debido a las barreras estructurales. Considera que, sin las cuotas, muchas mujeres seguirían siendo excluidas del sistema político porque son una herramienta que permite equilibrar el poder y fomentar la equidad en un sistema patriarcal y, aunque no sean perfectas, dan respuesta a la discriminación histórica.

Patricia Bullrich, por otro lado, ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina, ha manifestado su desacuerdo con la implementación de cuotas de género, argumentando que estas medidas pueden ser percibidas como una forma de discriminación inversa y que la igualdad debe lograrse a través del mérito y la competencia.

Ambas posturas están llenas de matices y el debate sigue siendo una cuestión importante en la política global. Las críticas se centran en la idea de que, en algunos casos, pueden resultar en una representación de mujeres que no tienen suficiente respaldo popular o experiencia, lo que podría reforzar estereotipos de que las mujeres solo acceden a esos espacios por su género, no por su capacidad. 

¿Ha sido efectivo el sistema de cuotas para cambiar cifras de participación de las mujeres en el poder?

La experiencia mundial, y en particular en nuestro continente americano, muestra la efectividad de las cuotas, ya que aparentemente y en principio hay diferencias numéricas en la presencia femenina entre aquellos sistemas políticos donde se contemplan y los que no. Es común hoy afirmar que sí han sido exitosas en el sentido de incrementar más o menos rápidamente la presencia femenina en los espacios en los cuales se aplica, toda vez que contribuyen a crear “masa crítica” para la introducción de temáticas femeninas que se considera que aparecen cuando hay entre un 30% y un 40% de presencia femenina.

La democracia paritaria en América Latina y el Caribe aún está lejos de cumplirse, con una participación femenina en la toma de decisiones del 30% en promedio. A pesar de avances en leyes de cuotas y reformas constitucionales en varios países, los sistemas políticos patriarcales siguen limitando la igualdad. La representación de mujeres en gabinetes ministeriales es del 28,7%, y la paridad se alcanza solo en Chile y Costa Rica. En Parlamentos nacionales, la participación es del 34,9%, con una proyección de 40 años para alcanzar la paridad. Según el Foro Económico Mundial, la región ha cerrado el 74,3% de su brecha de género, destacando mejoras en empoderamiento político y oportunidades económicas.

Pero la realidad sigue siendo que muy pocas mujeres llegan al poder, poquísimas se mantienen (por lo general ocupan cargos hiperfeminizados con poca influencia) y casi ninguna logra incorporar perspectiva feminista en las políticas públicas y en las acciones de gobierno que logren cambiar las condiciones de las mujeres. 

Todos los informes y reportes y hasta el sentido común racional resaltan lo bien que nos iría como sociedad si las mujeres participaran y tomaran más decisiones. Pero las cifras revelan que las mujeres seguimos siendo excluidas de todos los espacios de poder. Los avances son lentos y tienen retrocesos. La situación de las mujeres se está negociando permanentemente. No hay cambios estructurales, solo mujeres masculinizándose para aferrarse al poder. La verdad es que todos los días, en todo momento, los derechos de las mujeres se pasan por alto, se amenazan y se socavan. 

Paridad como nueva bandera

Recientemente, en octubre de 2024, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) aprobó la Reglamentación General 40, que pone en la paridad 50-50 el foco principal. En palabras del Comité, no alcanzar la paridad impedirá a los Estados y a la comunidad internacional abordar eficazmente los urgentes retos nacionales, regionales y mundiales, en particular los relacionados con la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico, el cambio climático y los avances tecnológicos como la inteligencia artificial.

Lo definen como crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Hacia mayo de 2023, en ninguno de los 17 se habían alcanzado, especialmente el número 5, Igualdad de Género, que está por detrás de lo esperado a nivel global. La RG 40 establece que todas las desigualdades se agravan debido a la discriminación estructural y las desigualdades sexistas existentes, tanto en lo público como en lo privado.

Con esta recomendación, no se apela a la transitoriedad o la discriminación positiva, la paridad pasa a ser un principio universal y permanente. Es un reclamo que el feminismo radical tiene tiempo haciendo: “Sin paridad no puede haber democracia”, “La paridad es un derecho constitutivo de la democracia”. 

Este principio busca una verdadera igualdad de oportunidades y de participación entre los dos géneros, ya que garantizaría equidad total, transformación estructural a través del cambio de las dinámicas de poder y equilibrio de liderazgo a partes iguales de forma sostenible y duradera. 

Sin embargo, lograr la paridad puede ser complejo, ya que representa una meta más ambiciosa. No solo implica cambiar las leyes, implica transformar profundamente las estructuras de poder y la mentalidad social. No se trata solo de cambiar números, sino generar un cambio cultural que debe atravesar tradiciones patriarcales profundamente arraigadas que limitan la aceptación de la igualdad de género.

En lo personal estoy convencida que la paridad es una lucha por un derecho similar al del sufragio. No es una concesión de los partidos políticos ni las juntas directivas ni los mandatarios cuando eligen su gabinete, es un derecho político.

¿Cómo hacer para que la paridad sea sustantiva y no solo formal?

Para cambiar esta situación se precisa una transformación estructural de los roles y responsabilidades de género en las esferas pública y privada, de modo que se fomente un contexto en el que mujeres y hombres puedan conciliar de forma igualitaria sus obligaciones y competencias profesionales y sus responsabilidades familiares y otras responsabilidades de cuidados, por ejemplo mediante una nueva organización del trabajo y la reconfiguración de los conceptos de productividad, monetización y economía del cuidado.

Según la CEPAL, la experiencia de los países donde la paridad ha sido efectiva (México, Chile, Argentina, por ejemplo) se ha dado por la incidencia articulada de diferentes actores: “las propias mujeres políticas, organizadas en coordinaciones intra e interpartidarias; los órganos de contralor electoral comprometidos con la promoción de la igualdad de género; partidos políticos y dirigentes aliados que muestran un compromiso real con la paridad de género en los espacios de decisión política, y la vigilancia y denuncia de los casos de incumplimiento desde el movimiento social feminista”.

En muchos casos, se podrían combinar las dos estrategias: comenzar con cuotas de género para generar representación y visibilidad inmediata mientras se trabaja paralelamente para construir la paridad a largo plazo, garantizando que, una vez que se logren avances, las estructuras políticas y sociales sean capaces de sostener una verdadera igualdad de género.

Si bien algunos pueden argumentar que las cuotas no resuelven todos los problemas, como la representación auténtica o la calidad de la participación, es innegable que abren puertas y visibilizan el talento femenino en un entorno históricamente dominado por hombres.

La agenda feminista es la agenda de la igualdad, no de la inclusión. No se trata de encajar en este sistema patriarcal que valora lo masculino por encima de lo femenino, sino diseñar otro en el que mujeres y hombres vivamos en igualdad de condiciones. Por ello urge un gran acuerdo nacional en torno a la paridad, donde Estado, partidos políticos, sector privado y sociedad civil se comprometan a facilitar las condiciones para que más mujeres lleguen al poder.

¿Es Trump una nueva fortaleza de China?

Ottón Solís
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¿Es Trump una nueva fortaleza de China?

Suponiendo que las posiciones de Trump en las primeras semanas de su administración, en lugar de ser ocurrencias efímeras, reflejen una nueva ruta para Estados Unidos, ¿tendrán un impacto en las perspectivas económicas de China?

Antes de abordar esa pregunta, se debe prestar atención a las fortalezas estructurales de China, entendiendo por “estructurales” aquellas que no dependen de factores externos. Hay al menos seis de esas a su favor. Primero, el gran tamaño de su mercado interior, lo que garantiza bajos costos promedio de producción y, por lo tanto, precios relativamente bajos, para productos de alta tecnología y para la industria pesada, caracterizados por altos costos de entrada, tamaños mínimos de planta relativamente grandes y economías de escala. Por lo tanto, tenga o no acceso a los mercados externos, las empresas chinas pueden producir a precios competitivos incluso en los sectores más complejos y de gran escala.

En segundo lugar, la relación ahorro/PIB de China —en torno al 45%— es muy superior al nivel que prevalece en la mayoría de las economías occidentales (por ejemplo, la de Estados Unidos es de alrededor del 18%) y a la media mundial (27%). Esto dota a China de un amplio margen para aumentar el consumo sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica. Frente a las guerras comerciales, esta circunstancia podría facilitar la mitigación del impacto sobre el PIB de la caída de las exportaciones.

En tercer lugar, China ha invertido históricamente en educación de alta calidad. Esto ha dado como resultado una fuerza laboral altamente productiva y adaptable. Además, una población educada facilita aceptar restricciones presupuestarias, comprender la trascendencia de renunciar a las aspiraciones de corto plazo por objetivos estratégicos nacionales de largo plazo y sopesar el conjunto de factores contradictorios que deben tenerse en cuenta al elaborar políticas de desarrollo; todo ello alimenta altos niveles de cohesión social, un factor crítico para la tasa de inversión y el crecimiento del PIB.

En cuarto lugar, desde la antigüedad China cultivó un apetito especial por el conocimiento y soluciones tecnológicas a problemas de producción. China inventó la pólvora, los relojes mecánicos, la brújula, la imprenta, el papel, entre otras herramientas, mucho antes de que el resto del mundo siquiera las imaginara. Después de las reformas de 1979, sustantivas asignaciones presupuestarias destinadas al R&D han fortalecido ese apetito por la ciencia y han permitido al país competir codo a codo con Occidente en varios sectores de alta tecnología.

En quinto lugar, en lo que respecta únicamente al crecimiento económico, el sistema político chino tiene fortalezas que no se encuentran en otros países. Por un lado, las autoridades chinas son pragmáticas —no ideológicas— a la hora de elegir e implementar políticas económicas (“lo que importa es que el gato atrape ratones, no su color”, decía Den Xiaoping, responsable de los cambios a partir de 1979). Por lo tanto, cuentan con toda la gama de herramientas microeconómicas, fiscales y monetarias para materializar sus objetivos. Por otro lado, el sistema de partido único garantiza no solo la estabilidad social sino también la continuidad de objetivos, estrategias y políticas, todo lo cual alienta al capital privado a invertir y asumir riesgos en proyectos complejos de largo plazo.

Finalmente, desde 1839 hasta 1945 China sufrió ataques, invasiones y derrotas por parte de las potencias occidentales y algunos vecinos asiáticos. Esos 106 años de agresión, conocidos en la narrativa China como el Siglo de la Humillación, están en las entrañas de la psique china, dotando de una alta prioridad la unidad, la autoprotección y la fortaleza nacional; todo ello allana el camino hacia el trabajo duro, el sacrificio, el espíritu empresarial y la armonía social. Esto no solo facilita el trabajo del gobernante Partido Comunista, que jugó un papel clave en el cese de esa Humillación, sino que también se suma como una contribución positiva a la competitividad de la economía.

Occidente podría optar por materializar su animosidad contra China, causada principalmente por temores económicos, con guerras arancelarias destinadas a detener su progreso, ignorando así que estos factores histórico-estructurales dotan a ese progreso de su propia dinámica y autosostenibilidad. Sí, la relación exportaciones-PIB de China es relativamente elevada; asciende a casi un 18%. Pero si los aranceles redujeran sus ventas externas en un 20%, a un 14,4% del PIB (un evento muy improbable), el consumo local podría fácilmente compensar esa caída en la demanda agregada, con una reducción correspondiente de la relación ahorro-PIB de 3,6 puntos porcentuales, llevándolo a alrededor del 41%, todavía muy por encima de las tasas de ahorro promedio de Occidente. En ese escenario, el impacto de los aranceles en el PIB sería mínimo —si es que lo hubiera—, al tiempo que mejoran el consumo y la calidad de vida dentro de China.

Por otro lado, el presidente Trump podría, sin quererlo, estarse convirtiendo en un jugador clave para Team China. Parece haberse embarcado en una cruzada para hacer enemigos de amigos y hacer amigos de países profundamente desacreditados ante los aliados occidentales de Estados Unidos.

Los recortes en los presupuestos de ayuda internacional están borrando cualquier esperanza de que hubiese la más mínima coherencia de parte del cristianismo proclamado por buena parte de su base política y de que el capitalismo estadounidense no fuera depredador, al tiempo que causa estragos en muchos países y grupos de personas que se beneficiaron de esa ayuda.

La expulsión forzosa de migrantes y su envío a países que ya enfrentan serios problemas de pobreza y desempleo, pero que ante los chantajes en temas comerciales se ven obligados a aceptarlos, evidencia cero respeto por los derechos humanos y una alarmante predisposición a utilizar el poderío económico para hacer imposiciones unilaterales.

Un resurgimiento de la imperialista Doctrina Monroe del siglo XIX (América para los americanos) y del Destino Manifiesto (derecho de los Estados Unidos a expandir su territorio) está dañando las relaciones con Dinamarca, Palestina, algunos países árabes, Canadá, Panamá y México y se está convirtiendo en una advertencia para el resto del mundo.

Sus prácticas comerciales mercantilistas-proteccionistas y sus amenazas contra amigos y enemigos se interponen en el camino de reglas multilaterales legalmente vinculantes y de tratados comerciales bilaterales, todos los cuales fueron promovidos —si no impuestos— durante décadas por el mismo país que preside. Por ejemplo, la vinculación de la política comercial (y sanciones personales, ya ejecutadas contra dos diputadas costarricenses, simplemente porque opinan que a Huawei debe permitírsele participar en la licitación para el desarrollo de la tecnología 5G) a la lucha geopolítica de Estados Unidos contra China traiciona tajantemente uno de los principales argumentos propagandísticos que se utilizaron para promover el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR): que la aprobación del acuerdo blindaría totalmente las relaciones comerciales de la geopolítica y los cambios de gobierno en EE. UU.

Más que simplemente impresionar o asustar, como vaquero decidido y valiente jineteando el poder (imagen que quizá busca), Trump podría estar llevando a muchas personas en el mundo a tener dudas sobre la sinceridad, los valores y las verdaderas intenciones de los Estados Unidos. Habrá muchos líderes que hoy se preguntan si no sería mejor fortalecer los vínculos con una China ansiosa por relaciones comerciales guiadas simplemente por precios y calidad que con unos Estados Unidos mercantilistas y extorsionadores, dispuestos a utilizar cualquier medio para lograr sus fines. 

Por lo tanto, podría ser que Trump, con sus anuncios y decisiones, estén mejorando las perspectivas de la economía china y su percepción general por el resto del mundo, complementando así los factores estructurales que ya juegan a favor del gigante asiático.

¿Cómo afrontarán los líderes centroamericanos las políticas de Trump?

Nicolás Cabrera-Schneider
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¿Cómo afrontarán los líderes centroamericanos las políticas de Trump?

El incremento de las deportaciones provenientes de los Estados Unidos y la potencial clausura de los programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) tendrá repercusiones importantes en las economías de Centroamérica. Esto, además, provocará la interrupción de los programas enfocados en reducir el desempleo, la violencia y la corrupción, impulsando aún más la migración ¿Qué pueden hacer los líderes en Centro América para enfrentar esta situación?

¿Qué está en juego en Centroamérica?

Las políticas de Trump hacia Centroamérica impactarán directamente a varios de los factores que fomentan la migración. El desempleo, la pobreza y la violencia en los países centroamericanos afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes, y son precisamente estos quienes en años recientes representan la mayor parte de las personas migrantes.

La deportación de ciudadanos centroamericanos también tendrá un gran impacto. En 2024, Guatemala recibió entre siete y ocho vuelos de retornados a la semana y este número se espera que incremente a entre 9 y 11 vuelos, alcanzando 92,000 personas al año. Esto generará un incremento repentino en la fuerza laboral en países donde lo que falta son oportunidades económicas. El desempleo en Centroamérica en 2023 era del entorno del 7% pero con unas condiciones laborales marcadas por una gran precariedad.

Este aumento en el número deportaciones, a su vez, se traducirá en una disminución de remesas desde los Estados unidos. De acuerdo al Banco Mundial, en 2022 las remesas representaban el 19% del producto interno bruto de Guatemala y más de una cuarta parte del de Honduras. Y aunque la disminución de las remesas no fuera demasiado significativa, el peso de estas al producto interno es desproporcionado y representa gran parte de los gastos en comida, salud, servicios básicos y educación de muchas personas. Para el quintil más pobre de centroamericanos casi el 50% de sus ingresos vienen de las remesas.

Este ciclo negativo de las políticas de Trump, se cierra con la eliminación de los programas de la agencia USAID. Estos programas no solo son fuentes de financiamiento, sino que también han sido fuentes de conocimientos técnicos y han ayudado a mejorar las capacidades de las naciones.

Si bien las medidas implementadas por los Estados Unidos tienen en vilo a los países centroamericanos, no son nuevas. Durante el primer mandato de Trump, la región vivió los efectos de la reducción del apoyo técnico y económico y uno de los impactos más significativos fue la clausura de la CICIG y MACCHI, organizaciones que trabajaron efectivamente para desarticular las redes de corrupción en Guatemala y Honduras. La eliminación de estas organizaciones fue un impulso para que la corrupción continuara succionando los recursos económicos de estos países.

¿Quién podrá llenar estos vacíos?

En este contexto, los líderes centroamericanos deben considerar la posibilidad de acercarse a nuevos aliados. Sin embargo, ¿puede el aumento de comercio con otras naciones activar la economía y suplantar los ingresos de las remesas? ¿existen alternativas reales a la cooperación estadounidense?

China es una alternativa debido a sus intereses geopolíticos y económicos en la región. Sin embargo, Centroamérica no cuenta con los recursos naturales de hidrocarburos y minerales que tiene Sudamérica y que tanta atracción han generado. Además, Guatemala y Belice continúan apoyando a Taiwán, lo cual bloquea la posibilidad de estrechar sus relaciones con China. Mientras que los lazos comerciales entre Nicaragua y la potencia asiática son fuertes y paulatinamente se están desarrollando con Honduras y El Salvador. Sin embargo, desde una perspectiva centroamericana, el alineamiento con China podría ser un arma de doble filo, ya que podría desatar la furia del presidente estadounidense activando un alza en los aranceles de productos de exportación hacia Estados Unidos.

Otros socios que podrían ser relevantes a futuro son la Unión Europea e India, sin embargo, de momento su peso sigue siendo limitado y no hay miras de un cambio sustancial en el mediano plazo.

La cooperación internacional es otro de los actor fundamental para la región. Las agencias de cooperación de la Unión Europea, Japón y Taiwán, el equivalente de USAID, están presentes en la región, pero se enfocan en temáticas diferentes. La Comisión Europea ayuda en la asistencia humanitaria ante los desastres y respuestas a epidemias (dengue), mientras que agencias nacionales como la Cooperación Española trabaja en educación e integración regional y la GTZ de Alemania se enfoca en la gobernabilidad, derechos humanos, medio ambiente y sustentabilidad económica. El JICA de Japón entre otros temas siste en la integración económica, conservación de los recursos naturales y desarrollo agrícola y la agencia ICDF de Taiwán, que solo trabaja con Guatemala y Belice, se enfoca en salud, transporte, educación y proyectos de agricultura.

Si bien estos programas son importantes, su volumen no es comparable con el del gobierno de Estados Unidos. Mientras que en 2024 la Unión Europea otorgó US$ 31 millones a Centro América y México, en Estados Unidos, el rubro para la asistencia hacia Centroamérica en la propuesta del presupuesto para el 2025 era de US$ 638 millones. Por lo tanto, es claro que no será fácil que los países de la región puedan sustituir con rapidez los potenciales recortes que impondría la administración de Donald Trump a la región.

En conclusión, el estrés causado por la reducción de la asistencia, la contracción de las remesas y el aumento repentino de la población empujará a las naciones centroamericanas a buscar nuevas soluciones. En el corto y mediano plazo, las alianzas entre los gobiernos y el sector privado y el incremento de la participación de otras agencias de asistencia pueden ser de ayuda.

Sin embargo, es importante que los líderes de los gobiernos de la región empiecen a entablar nuevas alianzas comerciales para mejorar las condiciones de vida de sus países en el largo plazo sin depender de los vaivenes de la potencia del norte. Y también deberían recordarle a la administración Trump cuales son las causas de la migración de centroamericanos hacia su país.

Los cárteles: “organizaciones terroristas” en México

Ernesto Hernández Norzagaray
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Los cárteles: “organizaciones terroristas” en México

Llegó lo largamente anunciado en la tribuna política estadounidense. El Registro Federal de Estados Unidos designa a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras e, ipso facto, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro lo oficializan. 

Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Abuelo y Unidos. Estamos hablando que, sumados, todos estos grupos del crimen organizado están en los 32 estados de la federación. Y la mayoría de ellos con conexiones internacionales. 

O sea, la designación no es menor, sino de la mayor relevancia para las relaciones entre Estados Unidos y México. Así que resulta importante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sostenido una línea de argumentación basada en la “soberanía y no injerencia extranjera”, en la apuesta discursiva de “colaboración y cooperación” entre las dos naciones. 

Si bien existen los contactos institucionales y los acuerdos entre los responsables políticos de la seguridad en los dos países, los ejercicios estadounidenses están en los aviones, drones y navíos militares que cruzan tierra, aire y mar, lo que podría ir más allá de esas mesas de negociación; es más, ya va más allá, ya sea porque son parte de los acuerdos o por motu proprio estadounidense.

Ante todo, por las características de la estrategia de la administración de Estados Unidos, que parece operar en el mundo sin pedir permiso y sometiendo a las naciones a presiones militares y arancelarias que dejan poco margen de movimiento a los líderes políticos que responden no solo, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, a los principios de su proyecto político, sino a las fuerzas de la narcopolítica que se han construido a lo largo de décadas, como demuestran las investigaciones académicas del sociólogo Luis Astorga y decenas de investigaciones periodísticas. 

Y que están, incluso, en su propio movimiento político. No basta que la presidenta diga que está en sintonía con el gobierno estadounidense en la lucha contra las ahora “organizaciones terroristas”, sino que hay que pasar a la acción cumpliendo la ley. Ante todo, porque el artículo 139 del Código Penal federal define y sanciona los actos de terrorismo. Esta disposición describe un retrato hablado del terrorismo en curso todos los días: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…”

Esta norma ha sido letra muerta durante muchos años, los años en los que el crimen organizado ha pasado de ser una actividad menor de un grupo de rancheros del Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a llegar a convertirse en organizaciones consolidadas y con conexiones internacionales. 

Y en ese punto es donde estamos. Sheinbaum sabe que la narcopolítica, como la ha definido el propio Trump en varios discursos, es estructural, lo que llama a pasar del discurso arrebatado a un discurso sereno, racional, bueno para las dos naciones. 

Porque proceder abruptamente sería desastroso para los equilibrios internos tanto políticos como económicos e, incluso, sociales. Y por eso hace falta una estrategia gradual para desmontar estructuras criminales que están causando cada año cientos de miles de víctimas en Estados Unidos y México. 

Se habla en medios más o menos informados que podría caer el gobernador de Sinaloa, quien estaría detrás de la detención y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael El Mayo Zambada, lo que ha provocado una guerra de siete meses entre las facciones del Cártel de Sinaloa que ha causado miles de muertes y desapariciones forzadas; también que los estados de Sinaloa, Durango y Tamaulipas podrían ser clasificados como narcoestados, lo que implicaría, además de una novedad en las escalas de clasificación institucional, una política pública específica, sin precedente en algún país con este tipo de problemas estructurales. 

Y, todavía más, actuando en el ámbito de la “colaboración y cooperación”, está el ataque en la doble vertiente de los grupos generadores de violencia y los operadores financieros. 

Bien administrado es una oportunidad, no sin riesgos, para un gobierno que está anclado al ideario e intereses del expresidente López Obrador, que para muchos mexicanos sigue siendo quien mueve la cuna en el mandato de Claudia Sheinbaum. 

La pregunta que se hacen es si la presidenta querrá y podrá desprenderse de ese tutelaje o si la administración Trump terminará rebasándola con incursiones militares unilaterales, abiertas o clandestinas, como lo prevé la clasificación emitida y certificada por el Registro Federal y los Departamento de Estado y el Tesoro estadounidenses. El reloj exige definiciones prontas.

La obesidad y el impacto de una crisis en aumento  

José Julio Villalba
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La obesidad y el impacto de una crisis en aumento  

El 4 de marzo marca el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para reflexionar sobre una de las crisis sanitarias más alarmantes de nuestro tiempo. La obesidad es un problema de salud pública con consecuencias devastadoras. En América Latina, las cifras siguen en ascenso, impulsadas por sistemas alimentarios desiguales, políticas ineficaces y un mercado que prioriza el lucro sobre la salud. Es momento de exigir respuestas contundentes.

La Epidemia Silenciosa: Datos que Alarman

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la obesidad se ha triplicado desde 1975. En nuestra región, uno de cada cuatro adultos vive con obesidad. En los niños, la situación es igual de grave: América Latina tiene una de las tasas más altas de obesidad infantil del mundo. La transición nutricional, marcada por el abandono de dietas tradicionales en favor de productos ultraprocesados, ha agravado esta crisis. Las bebidas azucaradas y la comida chatarra inundan mercados y hogares, mientras que los alimentos frescos siguen siendo inaccesibles para muchas familias.

El sobrepeso y la obesidad están asociados a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, más allá de la carga individual, la obesidad genera un impacto económico colosal. El costo en atención sanitaria y la pérdida de productividad por enfermedades relacionadas con el sobrepeso representan una amenaza para el desarrollo de nuestros países.

Políticas Públicas: Avances y Retrocesos

A pesar de la magnitud del problema, las respuestas políticas han sido insuficientes. Algunos países de la región han implementado etiquetados frontales de advertencia en los productos ultraprocesados. Chile, México y Ecuador son ejemplos de avances en la regulación de la industria alimentaria. Sin embargo, el poder de los lobbies empresariales sigue frenando muchas medidas que podrían marcar la diferencia.

Las políticas fiscales, como los impuestos a las bebidas azucaradas, han mostrado ser efectivas en la reducción del consumo de estos productos. Sin embargo, aún existen barreras para implementar estas estrategias de manera masiva. Los intereses comerciales chocan con el derecho a la salud, y la industria alimentaria invierte millones en desinformación para evitar regulaciones más estrictas.

Desigualdad y Obesidad: Un Vínculo Innegable

La obesidad es también un reflejo de las desigualdades socioeconómicas. En las comunidades más vulnerables, el acceso a alimentos saludables es limitado. Los ultraprocesados suelen ser la única opción asequible. Mientras algunas políticas priorizan la economía sobre el bienestar, millones de personas ven su salud comprometida por un sistema alimentario que perpetúa la obesidad como una consecuencia de la pobreza.

La educación nutricional sigue siendo un privilegio. Sin acceso a información clara y a precios justos en los alimentos saludables, la población sigue atrapada en un círculo vicioso. La salud pública no puede depender de elecciones individuales cuando el entorno alimentario está diseñado para promover el consumo de productos nocivos.

El Rol de la Sociedad Civil

La sociedad civil ha tomado un papel fundamental. Organizaciones locales e internacionales han presionado por políticas más estrictas y han impulsado campañas de concienciación. El activismo ha logrado cambios significativos, pero la lucha está lejos de terminar. La exigencia de regulaciones más firmes debe continuar.

Es necesario fortalecer las redes comunitarias y los programas de educación alimentaria en escuelas y centros de salud. La participación ciudadana es clave para revertir esta crisis. Se trata de transformar sistemas alimentarios que sean sostenibles desde las comunidades.

Mirando Hacia el Futuro: Soluciones Urgentes

La obesidad no se resolverá con discursos retoricos ni con recomendaciones genéricas. Se requieren políticas agresivas para reducir la influencia de la industria alimentaria y fomentar sistemas alimentarios sostenibles. La inversión en producción local de alimentos saludables, la promoción de la agroecología y el control estricto sobre la publicidad engañosa deben ser prioridades.

El Día Mundial de la Obesidad debe ser un llamado a la acción. Es hora de desafiar a los responsables políticos, a la industria alimentaria y a las estructuras de poder que perpetúan esta crisis. La salud de las futuras generaciones depende de lo que hagamos hoy.

¿Qué es la conservación inclusiva?

Micaela Camino
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¿Qué es la conservación inclusiva?

Estamos ante una crisis ambiental y climática sin precedentes. Gran parte de los ecosistemas naturales que quedan en el mundo están en territorios de Pueblos Indígenas y comunidades locales (PICL). Sin embargo, la conservación ha excluido históricamente a los PICL, ignorando sus conocimientos y saberes, así como el manejo del territorio que sostuvieron por generaciones. Al centrarse en especies y ecosistemas amenazados, la conservación se reduce a un ejercicio biológico, sin considerar las dinámicas económicas, políticas o culturales que determinan el futuro de los ecosistemas.

Li visión indígena de la naturaleza

Nuestra percepción de la naturaleza está moldeada por la cultura y la cosmovisión. En la visión indígena, cultura y naturaleza no están separadas. El territorio, con sus ecosistemas y biodiversidad, es parte de la identidad, historia y prácticas cotidianas, sociales, de subsistencia y espirituales de las comunidades. No es solo un recurso por explotar, sino un espacio de vida donde se tejen relaciones de reciprocidad y respeto, donde los humanos son parte de un todo interconectado. Este conocimiento y sus prácticas de manejo se expresan de diversas maneras y están tan amenazados como la biodiversidad y los ecosistemas.

Desde el inicio de la historia, las sociedades humanas interactúan y moldean su entorno y los ecosistemas a través de sus prácticas culturales. Así, paisajes que hoy consideramos prístinos han sido o son modelados por PICL. En el Chaco, por ejemplo, los pastizales nativos, altamente amenazados, eran mantenidos en el pasado, en gran medida, por prácticas culturales y de subsistencia de pueblos indígenas. Asimismo, los movimientos seminómadas de estos pueblos influían en la dinámica del paisaje y, al establecerse provisoriamente, modificaban las poblaciones de especies cazadas y recolectadas. Aún más importante, mantenían aguadas, permitiendo que el agua superficial persistiera incluso después de su partida. En una región con una estación seca prolongada, sin esta intervención, las aguadas desaparecen rápidamente. Así, los paisajes, su dinámica y diversidad estaban integrados a las prácticas de los pueblos indígenas. Por tanto, pensar en conservación considerando que los PICL no forman parte de la naturaleza es un error.

A pesar de la creciente evidencia sobre la importancia de los PICL en la conservación, la visión dominante ha invisibilizado su rol e impuesto modelos excluyentes, causando conflictos sociales, medidas autoritarias e incluso violaciones de derechos humanos. En el mundo, más de un millón de personas han sido expulsadas de sus hogares para crear áreas protegidas. En Argentina, por ejemplo, el Parque Nacional El Impenetrable fue creado sobre territorios de la comunidad Wichí Nueva Población. Al no tener tenencia formal de sus tierras, la comunidad perdió el libre acceso al área y la posibilidad de practicar caza de subsistencia, agravando su inseguridad alimentaria y erosionando su herencia cultural.

Caben las preguntas entonces ¿Para quién practicamos conservación? ¿a costa de quién o quiénes? ¿con qué autoridad y en base a qué saberes?

Priorizando modelos de conservación que excluyen PICL, vulneramos derechos y perpetuamos la concentración de poder y el extractivismo en los territorios. Asumir que el único método válido de conocimiento es el de la ciencia dominante invisibiliza conocimientos y saberes ancestrales, aliados clave para enfrentar la crisis ambiental.

Algunas prácticas de los PICL pueden ser insustentables pero la solución no es excluirlos ni reproducir narrativas que contribuyen a su marginalización. La solución es que científicos, gobiernos, decisores, ONGs y otros actores idóneos trabajen junto a ellos, horizontalmente, dando a los pueblos indígenas participación real, significativa y vinculante. Esto no quiere decir que los PICL tienen que asumir, solos, la responsabilidad de la conservación. Así, tomando el ejemplo anterior, la comunidad de Nueva Población no debería ver sus prácticas prohibidas unilateralmente, sino participar en la generación y análisis de datos para decidir junto a los otros actores la mejor manera de evitar la extinción de especies.

Conservación con inclusión social

La conservación con inclusión social es un enfoque que reconoce a los PICL como actores centrales y está ganando fuerza en las últimas décadas. Por ejemplo, en 2003, la UICN creó una nueva categoría de áreas protegidas que permite que los PICL las ocupen y/o manejen. Hoy, mide el éxito de las áreas protegidas no solo por su impacto en la biodiversidad, sino también por su respeto a los derechos y el buen vivir de los PICL dentro y fuera de ellas.

Muchos organismos dan cada vez mayor prioridad al bienestar de los PICL, desde la plataforma IBPES hasta Naciones Unidas o el Convenio de Biodiversidad. De hecho, un estudio muestra que 86 iniciativas de conservación lideradas por al menos 68 pueblos indígenas en 25 países generaron beneficios socioculturales, políticos y ecológicos, incluyendo mejoras en los medios de vida, fortalecimiento de la gobernanza y recuperación de especies y hábitats. Los pueblos indígenas establecieron áreas protegidas de forma autónoma o mediante alianzas, a veces con apoyo estatal.

Pese a los avances, la conservación inclusiva enfrenta grandes desafíos, como leyes restrictivas y basadas en el paradigma de exclusión, intereses privados, corrupción e ignorancia en organismos gubernamentales, financiamiento limitado y discriminación estructural. Es necesario reformar leyes y trabajar para la equidad en la conservación. Los PICL no deben ser relegados a roles subalternos que se limiten a brindar servicios de ecoturismo, cocina para turistas o recolección de datos para científicos. Los PICL son los dueños de vastos territorios donde aún se conservan los últimos ecosistemas naturales, poseen conocimientos y saberes únicos y construir junto a ellos puede ser la salida a la crisis ambiental.

Conclusiones

Además de la crisis ambiental, la humanidad enfrenta nuevos desafíos, como líderes mundiales y sectores con apoyo popular que niegan esta crisis y la evidencia científica, y el retroceso en derechos de mujeres, inmigrantes, diversidades, entre otros colectivos. En este contexto, la conservación debe avanzar con urgencia hacia un desarrollo basado en la integración, el respeto, la ciencia y, también, los conocimientos y saberes de los PICL. De lo contrario, estaríamos reforzando un paradigma de exclusión que gana terreno a nivel global.

Así, la conservación no puede ser definida por la comunidad científica, organizaciones no-gubernamentales o gobiernos, debe construirse colectivamente, con la justicia ambiental y los derechos territoriales como ejes centrales. En este contexto, los PICL deben ser reconocidos como protagonistas legítimos en la gestión de sus territorios. La ciencia y práctica de la conservación deben asumir la complejidad de los sistemas socioecológicos, la sostenibilidad no depende solo de manejos ecosistémicos, sino también de factores políticos, sociales, culturales y económicos.

Por ello, es fundamental adoptar un marco ético en la conservación, donde los PICL sean integrados desde el inicio y en condiciones de igualdad, sus saberes, conocimientos, prácticas y derechos son esenciales para la protección de la biodiversidad. La integridad de los ecosistemas no puede asegurarse sin considerar a quienes los habitan y dependen de ellos. La conservación también se trata de empatía y de respeto a la diversidad cultural y los derechos.

Para garantizar nuestra propia supervivencia, debemos replantear nuestra relación con el entorno y reconocer que la diversidad biológica y cultural son interdependientes. A fin de cuentas, cada uno de nosotros también es naturaleza.

Lecciones de un mes frenético

Manuel Alcántara
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Lecciones de un mes frenético

El nuevo orden comenzado a sacralizarse el pasado 20 de enero en el discurso de toma de posesión del presidente Trump, y en sus decretos presidenciales frenéticamente emitidos, así como en los sucesivos días, supone un trascendental cambio histórico mundial. El impacto de lo acontecido tiene carácter global y por ende las repercusiones en América Latina no andan a la zaga. Se trata de una gran transformación que tiene en esa fecha su momento más emblemático, pero que venía pergeñándose tiempo atrás y expresándose en diferentes formas de democracia fatigada en sociedades cansadas en el marco del ascenso rampante del anarcocapitalismo.

Por una parte, se encuentra el carácter emblemático de Estados Unidos y su correspondiente efecto demostración para con la región asentado en siglo y medio de relaciones que pronto adquirieron un sentido vertical, dependiente y casi excluyente hasta llegar al modelo imperial luego abandonado. Las sucesivas etapas del “América para los americanos”, “gran garrote”, “destino manifiesto”, “buena vecindad” y “alianza para el progreso” dejaron una huella profunda que definió buena parte de la política vernácula latinoamericana y que ahora se reinventa con el MAGA (Make America Great Again) de Trump.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la inmediatez y el generalizado y vertiginoso alcance a amplios sectores sociales de la revolución digital. Su desarrollo irrestricto y exponencial ha impuesto un escenario de hiper comunicación individualizada por el que los diversos contenidos llegan de modo vertiginoso al último rincón del hemisferio. Pero a la vez han significado un profundo vuelco en la economía mundial con la aparición de un sofisticado complejo tecnológico financiero-industrial

De entre los numerosos ámbitos que se ven afectados en el escenario recién inaugurado, y dejando de lado las implicaciones que pudieran darse para cada caso nacional de forma diferenciada, hay tres en el orden político que llaman mi atención por encima de todo y que requieren una reflexión más profunda. Se sitúan en niveles diferentes, pero claramente conectados. Van de lo estrictamente individual a lo normativo pasando por las opciones precisas tomadas en cuanto al perfil innovador en el diseño de numerosas políticas públicas.

Impulsado ciertamente por el esquema que dibuja el presidencialismo, en la gran mayoría de los países de las Américas hoy los círculos de poder de la política están cada día más centrados en torno a personas aisladas habiendo quedado marginado el universo partidista que fue central en el pasado. Ello supone, y es el primer nivel de los tres recién enunciados, un peso desmesurado de cuestiones ligadas al comportamiento íntimo de los individuos donde se produce una combinación del imperio de la subjetividad con factores psicológicos particulares. Pareciera que el momento presente es proclive a modificar los límites de la locura, así como a posibilitar definir la realidad a gusto de cada quien; elevar a niveles máximos la pulsión egotista ilimitada; abrir espacios para que actúe la impostura y permitir comportamientos atrabiliarios hasta hace poco inaceptables.

De entre los múltiples ejemplos que podrían aportarse para avalar este estado de las cosas hay uno particularmente oportuno por su aparente ingenuidad referido a las declaraciones del presidente Milei cuando al calor de la promoción de una moneda digital que terminó en fraude, posible estafa y denuncias penales en su contra, afirmó: “Yo no lo promocioné, yo lo que hice es que lo difundí”.

En un escenario social de individualismo incesante y de vanidad adocenada donde la desconfianza se alza frente a la solidaridad y la justicia, en el líder triunfa la jactancia permanente, la confianza ilimitada en sí mismo, sin restricciones, libre para proponer lo que le venga en gana y decir lo que se le ocurra. Así aconteció en la conferencia de prensa de Trump con Netanyahu del 4 de febrero cuando aquel al referirse a Gaza tuvo la ocurrencia de plantear que pudiera ser la Riviera de Oriente Medio. El legado de esta forma de comportamiento en la sociedad no puede sino comportar un ejemplo de consecuencias nefastas.

Ciertos líderes, cuyo capital es fundamentalmente de índole publicitario, creen firmemente en la acción y en el lenguaje maximalistas. Se trata en su mayoría de hombres blancos fuertes que se comportan como instrumentos contundentes e inflexibles para demostrar nuevos límites tanto al poder como a lo que es posible. Ven la masculinidad de forma bastante similar: expresiones insensibles, acciones machistas, irreverentes, groseras y, con frecuencia, impasibles ante lo emocional, la empatía o la moderación. Utilizan sus apariciones públicas y sus mensajes en las redes sociales para intimidar e insultar a quienes los critican en la esfera pública. El adversario político, los medios críticos y los actores independientes en el mundo de la cultura deben ser marginados si no directamente eliminados. Se burlan de los llamados a la humildad y a la compasión cuando detentan el poder que se impulsa en gran medida por la venganza y el rencor. Finalmente, su quehacer monetariza sus inventivas como sucede con la mercadería ingeniada en torno a MAGA puesta a disposición del consumismo más banal en gorras y camisetas.

El segundo nivel es el paroxismo del fin del orden basado en normas. Trump lo manifestó explícitamente en Truth Social y en X el 16 de febrero al sostener que “el que salva a su país no viola ninguna ley”. En otro orden, el vicepresidente Vance sostuvo en Múnich que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”. Un exabrupto con el que quiso explicar el programa de la Casa Blanca con respecto a Europa en la línea de trabajar proactivamente para poner fin al cordón sanitario establecido entre las fuerzas democráticas del país y lograr el regreso al poder de la extrema derecha en Alemania después de ochenta años. Algo que se resiste a pesar del apoyo que se aproxima a una quinta parte del electorado alemán.

En términos institucionales, los fundamentos del gran consenso occidental basados en los valores de la Ilustración, reflejados en sus inicios en las dos grandes revoluciones del último cuarto del siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia, están profundamente cuestionados. Las normas constitucionales son papel mojado y su implementación ha sido socavada desde su interior. Cualquier intento de reforma para adaptarse a los nuevos tiempos es bloqueado y tildado de satisfacer los intereses de una casta. Hoy la fuerza pareciera hacer el derecho.

El tercer y último nivel se relaciona con la anomia social impuesta a caballo de la revolución digital que ha transformado profundamente un panorama donde se enseñorean los grandes consorcios tecnológicos que lideran las bolsas de valores. La economía de la vigilancia, donde las empresas tecnológicas compiten por la atención a través de sus variadas ofertas, es su gran compañera. El estado de derecho con su división de poderes al igual que la garantía de derechos fundamentales, la democracia y la libertad están hoy amenazados por el proyecto imperial del nuevo Silicon Valley, ahora instalado en el corazón de la Casa Blanca. Si la plutocracia siempre fue un riesgo hoy es una evidencia.

De ello surge un nuevo formato en el diseño y elaboración de las políticas públicas que estuvo vigente a lo largo del último siglo. Los poderes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) a la hora de desmantelar partes sustantivas del estado norteamericano son abrumadores haciendo realidad la famosa imagen de la motosierra popularizada por Milei. En otro orden, las acciones desarrolladas en favor de la seguridad, la identidad y una visión peculiar de la libertad en clave de tecnocracia libertaria se alinean con las ideas asentadas desde hace tiempo del orden neoliberal y confrontan a las políticas del último cuarto de siglo orientadas a la defensa de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).

En todos estos extremos pueden verse rasgos con diferentes niveles de intensidad del acontecer político actual de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Paraguay (y los hubo durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil) lo que supone la tercera parte de los países latinoamericanos. En puridad en este escenario encaja difícilmente el estrafalario consejo de ministros colombiano retransmitido en directo el 4 de febrero, pero, aun así, toda persona atenta a la realidad del país encontrará más de una coincidencia con los aspectos aquí abordados.

Así fue cómo el neoliberalismo entregó el Canal a Panamá

Carlos A. Gordón B.
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Así fue cómo el neoliberalismo entregó el Canal a Panamá

La narrativa sobre la reversión del Canal de Panamá y el traspaso de su administración a manos panameñas —tras 74 años de ocupación estadounidense— se ha sostenido en base a tres influencias principales. Primero, las demandas históricas de soberanía y compensaciones económicas que emergieron desde la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla (1903), acuerdo celebrado entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos para la construcción del Canal. Segundo, el movimiento antiimperialista que surge en las excolonias del Sur Global luego de la derrota norteamericana en Vietnam. Y tercero, la estrategia diplomática del dictador panameño Omar Torrijos, que resultó clave al consolidar el respaldo de organismos como el Movimiento de Países No Alineados, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que llevó a Estados Unidos a reconocer la necesidad de negociar y poner fin a la disputa por la soberanía del Canal.

Un papel menos conocido en las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter (1977), que reemplazaron el Tratado Hay-Bunau Varilla, fue el de la Comisión Trilateral, una organización fundada por David Rockefeller en 1973. El rol de esta comisión, y de los grupos económicos de poder de los Estados Unidos, en la firma del acuerdo fue documentado en varias publicaciones de la época, que utilizaremos de referencia para explicar cómo el neoliberalismo entregó el Canal a manos panameñas. Entre estas publicaciones se encuentran The Treaty That Wall Street Wrote (El Tratado que Wall Street escribió) (1977), del economista norteamericano Murray N. Rothbard; Diez tesis sobre los Tratados del Canal de Panamá (1979), del jesuita y economista español Xabier Gorostiaga; Carter y la Trilateral (1979), de Paulo Canabrava, periodista brasileño, y Efectos del régimen de Torrijos en la estructura económica (1982), del economista panameño José E. Torres. 

La Comisión Trilateral era un ente conformado por líderes políticos, empresariales y académicos de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón —a la sazón los tres ejes de poder occidental en esa época—, que buscaban un restablecimiento del poderío norteamericano, bajo una visión de un mundo multipolar, en el cual se requería de acciones coordinadas para mantener la estabilidad del sistema capitalista en una época de surgimiento de la transnacionalización de las economías latinoamericanas.

Uno de los elementos más relevantes de esta Comisión Trilateral era su conformación y la participación e influencia que tenían sus miembros tanto dentro del tejido empresarial de los Estados Unidos como en el aparato de gobierno del presidente Jimmy Carter. Entre estos actores estaban Sol Linowitz, nombrado negociador del Tratado Torrijos-Carter (1977), quien era director del Marine Midland Bank; el secretario del Tesoro W. Michael Blumenthal (1977-1979), expresidente de Bendix Corporation (1969-1977), y Peter Peterson, presidente de Lehman Brothers (1973-1984) y miembro de la Comisión Linowitz. Además, también estaban el secretario de Estado Cyrus Vance (1977-1980) y el asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski (1977-1981), este último uno de los principales arquitectos de la Comisión.

La relación de Carter con la Comisión Trilateral comenzó en 1972, cuando participó en una cena organizada por Zbigniew Brzezinski en la que se encontraría con David Rockefeller. En esa reunión, Brzezinski y Rockefeller acordaron que Carter era el candidato idóneo para respaldar, de manera que sería incorporado como miembro fundador de la Comisión Trilateral.

El rol de Carter en las negociaciones de los tratados canaleros sería el de un apaciguador, más que el de un promotor del reconocimiento de las reclamaciones panameñas. En el artículo Jimmy Carter’s Ruinous Neoliberal Legacy (El ruinoso legado de Jimmy Carter), publicado en este 2025, el norteamericano especialista en política económica Jonathan Schlefer señala: “Carter impulsó a la nación, e incluso al mundo, hacia el oscuro lugar en el que nos encontramos hoy. Girando bruscamente hacia el neoliberalismo, convirtiendo los mercados en armas”. Bajo este paradigma de impulsor del neoliberalismo, Carter formuló un tratado que era tan ambiguo que Torrijos se vio forzado a aceptar un acuerdo imperfecto, bajo el cual Estados Unidos mantenía el control del uso del Canal y Panamá quedaba “bajo el paraguas del Pentágono”.

La conjunción de intereses económicos norteamericanos y occidentales que respaldaba las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter tenía como finalidad lograr la firma de un tratado que, a) “desechara los últimos vestigios de un imperialismo estadounidense ingenuo y desfasado, remanente de la inocente pero torpe arrogancia de Theodore Roosevelt”; b) evitara un conflicto más agudo con Panamá que desembocara en una guerra de guerrillas; y, por último, c) que asegurase el derecho de uso del Canal a través de la garantía del mantenimiento de la neutralidad y el derecho permanente de paso expedito a los buques de guerra de los Estados Unidos.

La verdad es que la firma de los tratados se vino tejiendo desde muy temprano en la década de 1970 —a inicios del gobierno de Torrijos—. Es así como la devolución del Canal de Panamá fue considerada en 1971 como un paso crucial para garantizar la estabilidad de las inversiones estadounidenses en América Latina. Esta estrategia, liderada por David Rockefeller, coincidió con la reforma bancaria de 1970, promovida por Omar Torrijos, la cual convirtió a Panamá en un centro financiero sin regulaciones fiscales.

Como resultado, grandes instituciones como el Bank of America, el Chase Manhattan Bank y el First National City Bank ingresaron al mercado panameño con activos que superaron los 8.000 millones de dólares, al tiempo que facilitaron préstamos al gobierno panameño. La deuda externa de Panamá creció exponencialmente: pasó de menos de 200 millones de dólares en 1968 a 1.800 millones en 1977, asegurando el dominio de la banca internacional en la economía panameña.

De acuerdo con los citados autores, “los tratados han negociado, más que el propio Canal, la presencia moderna de Estados Unidos en Panamá, asegurando así la estabilidad de la plataforma de servicios transnacionales, esencial en la era de transnacionalización de las economías latinoamericanas”. Estos tratados sometían ya no solo a la franja canalera al dominio norteamericano, sino al conjunto de la economía panameña.

Estos académicos también dejan entrever cómo la reforma del sistema bancario realizada por Torrijos en 1970 “proporcionó un paraíso favorable, libre de impuestos y regulaciones onerosas para los bancos extranjeros en Panamá, de la misma manera que Panamá había proporcionado durante mucho tiempo una bandera de conveniencia para la navegación mundial”. Los intereses de Rockefeller y el grupo conformado por la Trilateral se extendían más allá del sector financiero e incluían el interés de proteger la operación de la aerolínea Pan Am, que tenía su hub en Panamá.

Como elemento narrativo, la evidencia aportada en los artículos citados en este escrito explica con claridad que la devolución del Canal a Panamá no fue solo un asunto de presiones antiimperialistas, sino que tuvo un componente importante de reconfiguración del poderío político, militar y, sobre todo, económico y financiero, concertado y coordinado por parte de las élites empresariales y financieras de los Estados Unidos, quienes veían en una ocupación dura del Canal un obstáculo para la expansión transnacional de sus empresas y bancos en los países en desarrollo.

Cuando la política es un proyecto de pareja

Sebastián Godínez Rivera
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Cuando la política es un proyecto de pareja

En política se considera que los sentimientos quedan fuera cuando de ejercer el poder se trata. Sin embargo, el cine ha retratado el ejercicio del poder compartido por personajes como Margaret y Dennis Thatcher, el matrimonio de John y Jacqueline Kennedy o Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Pero estas no son las únicas parejas que han tenido relevancia.

Latinoamérica ha sido tierra fértil para las parejas que ejercen el poder de forma conjunta, desde autocracias o sucesión en la presidencia hasta candidaturas para alcanzar los máximos cargos de dirección. El objetivo de este texto es abordar algunos ejemplos de parejas que marcaron la historia de la región por sus proyectos políticos, pero que no ocultaron sus sentimientos.

Argentina es uno de los países más emblemáticos si de parejas presidenciales se habla: no solamente el matrimonio de Perón con Evita y su proyecto nacionalista es muestra de ello. Durante los primeros años del siglo XXI, Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Férnandez (2007-2015) gobernaron la nación a través del justicialismo, una ideología que busca reducir las brechas de desigualdad, y el peronismo. No obstante, ambos se plantearon como herederos del peronismo y encarnación de la primera pareja.

Kirchner y Fernández no ocultaban sus muestras de cariño en público, además de que muchas veces emularon el famoso abrazo de la lealtad de Perón y Evita. Por otro lado, cuando murió su esposo, Cristina no reparó en rendir culto a su persona y, con imágenes similares a las del fallecimiento de Eva Perón, los seguidores del peronismo salieron a las calles para despedir a Néstor.

Por otro lado, Venezuela es uno de los casos paradójicos de la cuestión que nos ocupa, ya que el matrimonio Nicolás Maduro (2012-actual) y Cilia Flores ejercen el poder de forma conjunta. El primero es el líder del chavismo, mientras que la segunda se identifica con el sobrenombre de “la Primera Combatiente”. Siempre se los ve juntos en los eventos con la militancia chavista, en ruedas de prensa y movilizaciones.

No obstante, su cariño va más allá del romanticismo: es sabido que Cilia Flores tiene un papel decisivo en la designación de personajes en el Poder Judicial. La historia amorosa de Maduro y Flores se remite a la militancia con Hugo Chávez, la fundación del Movimiento Quinta República y su paso por diversos cargos políticos. La pareja venezolana emula el romanticismo revolucionario que, disfrazado de un régimen autoritario, promete el devenir de la justicia, el desarrollo y el bienestar de la nación.

La historia del romanticismo revolucionario perdura en Nicaragua de la mano de otra pareja que ejerce un férreo control sobre el país y que se dice heredera de los ideales sandinistas. Me refiero a Daniel Ortega (2006-actual) y Rosario Murillo, quienes gobiernan desde 2006 y transformaron el país de una democracia imperfecta a una autocracia electoral. Ortega fue uno de los guerrilleros que combatió el régimen sultanístico de Anastacio Somoza Debayle y encabezó el gobierno revolucionario en los 80. Murillo era poetisa y guerrillera y siempre estuvo a lado del líder sandinista.

El comandante es el presidente desde 2006, pero su esposa ostenta los cargos de primera dama y coordinadora de Comunicación. Desde 2017 ocupa la vicepresidencia de la república y en 2023 se autoproclamó presidenta del Poder Judicial, y con ello inició una purga de jueces que aún eran independientes. Nicaragua es muestra de que en regímenes autoritarios los matrimonios son como depositarios del poder y base del control político.

En la misma región, en 2011 Guatemala presenció uno de los episodios más extraños de su política. La entonces primera dama, Sandra Torres, se divorció del presidente Álvaro Colom (2012-1016); el motivo, aspirar a la candidatura presidencial, ya que la Constitución guatemalteca establece que los matrimonios y familiares tienen prohibido aspirar a un cargo público. En una carta que fue publicada por los medios de comunicación, Torres declaraba que su amor por el pueblo era mayor al de su esposo y, por lo tanto, se optaba por el divorcio.

La pareja se divorció y Torres pudo ser candidata, pero el Tribunal Superior Electoral estableció que su separación era una forma para evadir la ley y rechazó su candidatura. Sus aspiraciones continuaron para las elecciones de 2015, 2019 y 2023; en los tres comicios perdió.

Al este, Honduras se suma a la lista de parejas presidenciales, con una historia marcada por la política, el amor y la resistencia. En 2009 el presidente Manuel Zelaya (2006-2009) era destituido y el país daba paso a la polémica presidencia de Juan Orlando Hernández. Este evento estuvo marcado por la resistencia encabezada por la entonces primera dama, Xiomara Castro (2022-actual), quien hoy es presidenta del país.

El matrimonio ha cobrado relevancia desde 2022, cuando Castro asumió el poder, mientras que Zelaya ha fungido como primer caballero y consejero del gobierno. Esto muestra que gobernar no necesariamente es cuestión de una persona, sino que los matrimonios son una fuente de apoyo, más si ambos han residido en la Casa Presidencial.

En el norte, en México, una pareja vio truncados sus sueños cuando el país se encontraba en los albores de la alternancia en el poder. Vicente Fox Quesada (2000-2006) fue el primer presidente de oposición del país, y en 2001 contrajo nupcias con su entonces vocera, Martha Sahagún. Específicamente en 2004, tras las elecciones intermedias, el nombre de la primera dama cobraba fuerza para suceder a su esposo; en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) era una posibilidad la selección de Sahagún.

Incluso se llegó a mencionar que era la esposa del presidente quien ejercía el poder; a su vez, la primera dama cobró relevancia en la opinión pública y se la veía en diversos eventos. A pesar de su promoción, Martha Sahagún vio truncados sus sueños cuando en una entrevista el presidente Fox declaró que, al terminar su gobierno, ambos se retirarían a su rancho, ubicado en el estado de Guanajuato. Con esta declaración las aspiraciones presidenciales de la “Sra. Martha”, como la llamaba el ejecutivo, se esfumaron.

En conclusión, los matrimonios pueden ser vistos como fuentes del poder político para instaurar gobiernos autoritarios. En algunos casos, esposos y esposas se suceden en el poder en aras de promover un proyecto político, aunque, por otro lado, las aspiraciones pueden verse truncadas por la ley o los factores de poder.

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