Deliberación o confrontación: ¿qué esperar de los debates presidenciales?

Claudia Pérez Flores
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Deliberación o confrontación: ¿qué esperar de los debates presidenciales?

A días de que se lleve a cabo el primer debate entre candidatos por la presidencia en México, ¿qué podemos esperar? ¿Una deliberación sólida con argumentos sobre los principales problemas que afectan a los mexicanos? ¿O la confrontación, la banalización y el ataque constante?

Lo ideal sería la deliberación de propuestas que propicien el diálogo entre los interlocutores. Sin embargo, como lo hemos visto, los debates no son debates. El debate de 2018, por ejemplo, es recordado por frases como “Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público”, del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, o “Son unos hipócritas”, de Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente, o “Ricky Riquín Canallín”, como lo llamó Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena. Más que debates, los candidatos nos ofrecen peleas y momentos incómodos.

En su libro Alegato por la deliberación pública, Raúl Trejo Delarbre señala que la decadencia del debate público hace que los candidatos se encuentren más preocupados por las respuestas que por las propuestas. Aunado a ello, las redes sociodigitales influyen para que el discurso se sustituya por el dato.

Las fake news y el algoritmo no solo han marcado el proceso electoral sino la agenda nacional e internacional, y esa puede ser otra limitante que restringe la deliberación. Ahora, la crisis no solo es de diálogo sino también de la escucha y de la observación ante la infodemia y la espectacularización que desdibuja los argumentos, el intercambio de ideas, el consenso y disenso.

En las campañas electorales que arrancaron el 1 de marzo hemos visto todo tipo de recursos de los que se valen los candidatos para lograr la cercanía, la empatía y la preferencia del voto, pero estos esfuerzos son insuficientes ante las problemáticas glocales.

Sobre este último punto, por ejemplo, en un acto de campaña Xóchitl Gálvez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, firmó el “pacto de sangre” pinchándose un dedo y firmando en papel la promesa de no eliminar los programas sociales. Por su parte, la candidata del partido oficial, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en el arranque de campaña “que siga la corrupción”, y se corrigió con un “que siga la transformación”. Y Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), que enfoca su propuesta en los temas de seguridad, afirmó en su narrativa de campaña que “en 90 días daría la vuelta a la contienda”, que, dicho sea de paso, no le favorece.

En ese contexto, parecería que si no hay descalificación no hay debate. Pero si hay descalificación, entonces se crea un vacío de comunicación en donde gana la forma y no el fondo. Por ello, los debates son utilizados por los candidatos para posicionarse en las encuestas y salir “victoriosos”. De ahí que sea común que, justo al concluir el debate, todos se declaran ganadores sin reflexionar sobre el contenido de su intervención y su posible impacto mediante el termómetro social.

Aunque en cuestiones electorales nada está dicho, es así que nos acercamos al primer debate, que se llevará a cabo el 7 de abril en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE). Algo peculiar es que, por primera vez, se seleccionarán preguntas de la ciudadanía por medio de las redes sociodigitales, lo que el instituto ha llamado “Formato A”.

El segundo debate se celebrará el 28 de abril en la sede de los Estudios Churubusco con un “Formato B”, con preguntas realizadas por la ciudadanía, y el tercero y último tendrá lugar el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a las 20.00 horas. Como vemos, todos se llevarán a cabo en la Ciudad de México.

En ese sentido, a pesar de algunos aciertos como la incorporación de preguntas del público a través de las redes sociodigitales, se necesita deliberación, más fondo y quizá menos forma. Aunque la sociedad requiere propuestas, respuestas y acciones cercanas a su realidad, lo cierto es que la denominada “guerra sucia” entre aspirantes sigue vigente.

Por lo anterior, los tres debates son una cita obligada. Más allá de un espectáculo similar al cuadrilátero de una pelea de box en donde gana el que más knockouts conecta, lo que necesitamos es un debate de altura y de diálogo con la sociedad que responda a los retos que enfrenta el país. Y ahora aún más, ya que esta disputa es histórica: de los tres contendientes, dos son mujeres que lideran las encuestas. En caso de que les favorezcan los resultados, sería la primera vez que México cuente con una mujer presidenta que tendrá que resolver temas emergentes como la inseguridad, la crisis migratoria, el medio ambiente, la corrupción, la violencia de género, las personas desaparecidas, etc. Si bien no son cuestiones nuevas, se han profundizado, por lo que el debate y la deliberación son la oportunidad para mostrar otras formas de hacer política y abandonar estrategias desgastadas.

La complacencia, la superficialidad y el ataque son las características de nuestros debates presidenciales, y a partir de ellas perdemos lo que importa: las propuestas. No por ello debemos dejar de preguntarnos: ¿deliberación o confrontación? Lo sabremos en las próximas entregas.

Un accidentado retorno a la Bicameralidad

Fernando Tuesta Soldevilla
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Un accidentado retorno a la Bicameralidad

Después de más de tres décadas Perú vuelve a tener un parlamento bicameral. El último fue cerrado por Alberto Fujimori como consecuencia del golpe de Estado de 1992. Pero su necesario retorno ha sido inversamente proporcional a la calidad de los congresistas que lo han aprobado. Su restablecimiento se lleva adelante en medio del alto desprestigio del Congreso. Sólo el 6% de los peruanos aprueban su desempeño. Así, los portadores del cambio constitucional, portan también sus limitaciones y pequeños intereses. La modificación alcanza 53 artículos de la Constitución que, por su número e impacto, es la mayor cambio constitucional de la carta de 1993.

El largo camino al bicameralismo ha supuesto un deterioro del (sub representativo) parlamento unicameral, no solo por la cada vez peor calidad de los representantes, sino también por el abuso de cuestionables leyes aprobadas en tiempo record, exeptuando trámites de comisiones o dobles votaciones. Así como, desde el 2016, someter, acosar y tener en vilo al presidente con la espada de Damocles de una mala interpretación de la figura de la vacancia presidencial.

El rechazo a los parlamentarios

La desafección de la política y el rechazo viseral de los paruanos hacia el parlamento, los partidos y los políticos es tan alto -ciertamente ganado con todos los méritos- que todo lo que nazca de sus manos, será también rechazado. De eso no se ha salvado la bicameralidad que, el 2018 pasó por un referéndum, como una de las cuatro preguntas impulsadas por Martín Viscarra quien lo propuso, contando con el apoyo de la mayoría de paruanos, pero el cambio de artículos importantes en el Congreso, llevó a que el ex presidente diera marcha atrás y la bicameralidad fuera rechazada por más del 90% de los votantes.

Pero, desde julio del 2021 se ha creado en el Congreso una inédita coalición de extrema derecha y una izquierda conservadora que se ha convertido en un poder arrollador que no cesa en controlar instituciones (Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, SUNEDU), así como denunciar, destituir, inhabilitar o intentar hacerlo, a funcionarios de la Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público y organismos electorales.

Ciertamente hay decenas de congresistas con carpetas fiscales abiertas, otros sumidos en escándalos y muchos defensores de intereses corporativos y también mafiosos. La fuerza de los votos se ha convertido en la dictadura parlamentaria que nadie puede detener ni controlar, menos un gobierno que vive del balón de oxigena puesto desde los escaños parlamentarios. Sin él, no sobrevive. De esta manera, el impulso reformador de la bicameralidad, ha sido más con el claro propósito de reelegirse, que mejorar el edificio parlamentario. En ese tránsito, han rediseñado un sistema político con un claro desbalance a favor del poder legislativo y, al interior de este, a favor del senado.

Hasta 1992 el parlamento estaba compuesto de una cámara de senadores de 60 miembros y una cámara de diputados de 180. Fujimori lo redujo de 240 congresistas a 120, la mitad. Y el Perú, quinto país en población y número de congresistas en América Latina, pasó a ubicarse en el decimocatorse, teniendo desde entonces menos parlamentarios que Bolivia, Ecuador, Chile o Uruguay, países con mucho menos población. Se desarrollaba así una extrema sub representación. Este enorme cambio institucional fue posible por la presencia de un gobierno autoritario, como sucedió cuando Ecuador y Venezuea también cambiaron su diseño parlamentario de bicameral a unicameral.

Un nuevo Poder Legislativo

El cambio de la Constitución conforma un nuevo Poder Legislativo, en donde el Senado está compuesto por un mínimo de 60 representantes. Se señala que cada circunscripción debe tener un senador, sin precisar qué se entiende por circunscripción. Puede ser una región o no, eso lo determinará entonces la ley de desarrollo. En todo caso, el resto se elegirá por distrito único, por lo que habrá senadores de distinto origen ¿cuál es la razón? No se explica. Pero lo que sí conocemos es que tendrá un efecto en la representación. Los que salgan elegidos serán mayoritariamente de Lima y las grandes ciudades que tienen más población, en detrimento de otras.

Pero aquí un detalle. Para ser senador se requiere tener 45 años, edad fuera de cualquier sustento razonable. Al presidente de la república se le exige 35 años y para diputado 25 años. En América Latina, desde 18 años en Bolivia, hasta 35 años en Paraguay. Sin duda un requisito así, deja fuera de competencia a muchos políticos. Pero el artículo deja una puerta abierta para los actuales congresistas, pues, señala que el requisito alternativo es haber sido “diputado o congresista”. Para las elecciones del 2026, 32 congresistas no tendrían 45 años, pero con esta norma estarían habilitados para candidatearse. Los diputados y senadores podrán ser reelegidos, pero no han hecho lo propio con los gobernadores y alcaldes.

La relación entre las cámaras es asimétrica, pues los diputados se encargarán de elaborar las leyes y mantener la función de control político. En cambio el senado se encargará de elegir a las altas autoridades y de revisar las leyes. El detalle en este caso no es sólo que revisa los proyectos de ley aprobadas por los diputados, sino que los puede modificar y enviar -sin injerencia de diputados- al ejecutivo para que los promulgue. Pero también los puede rechazar y estos serían archivados, por lo que no sería devuelto a diputados. Es decir, el senado se convierte en la cámara con más poder. Allí seguramente candidatearán muchos de los actuales congresisteas.

En relación con el ejecutivo, el gabinete de ministros recien juramentado se presenta ante el Congreso para exponer sus planes, pero ya no deberá solicitar el voto de confianza (investidura) como hasta ahora. Esta medida está bien, si no fuera porque no forma parte de un diseño de equilibrio de poderes. Al ejecutivo le es difícil contener al legislativo, pues, sólo puede disolver la cámara de diputados -no senado- si en dos oportunidades se ha negado una cuestión de confianza o censurado a gabinetes ministeriales. Es más, en el último año del quinquenio no se puede disolver la cámara de diputados, por lo que el Congreso podría censurar ministros y gabinetes sin límite alguno. Estamos pues delante de un sistema hiper parlamentarizado.

Se fortalece el Fiscal de la Nación

Finalmente, el Fiscal de la Nación es investido de más poder. Si el senado acusa a un funcionario, la cabeza del Ministerio Público evalúa si da curso a la acusación penal. No como hasta ahora que tenía la obligación de acusar. La discrecionalidad es alta, pero también preocupante cuando se trata de una institución que ha sido objeto de muchos cuestionamientos y claras capturas políticas.

Renace así la bicameralidad con más que imperfecciones, en medio de otras leyes de claro contenido contrarreformista que limita las posibilidades de tener un diseño que en algo permita encaminar el tan destartalado edificio parlamentario. Nada hace presumir que la calidad de la política mejorará. La representación podrá tener incluso peores perfiles que los actuales, que ya es mucho decir. Entre tanto la presidenta Dina Boluarte está envuelta en un escándalo en donde no sabe cómo demostrar el origen de más de una decena de relojes en los que los Rolex, la han hecho tambalear y convertirla aún más en dependiente del parlamento peruano.

¿Cuál es la oposición a Milei hoy en Argentina?

Sandra Choroszczucha
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¿Cuál es la oposición a Milei hoy en Argentina?

El radicalismo, que cuenta actualmente con gran presencia legislativa y territorial, fue parte de la coalición Juntos por el Cambio que desde sus inicios en 2015 confrontó al kirchnerismo contundentemente. La coalición, sin embargo, implosionó cuando el macrismo se alineó con Milei de cara al balotaje y le terminó aportando el apoyo necesario para que el libertario logre la victoria.

La Unión Cívica Radical, que mantiene nítidas diferencias con las medidas económicas, el excesivo gasto público y el estilo político polarizador kirchnerista, al mismo tiempo se opone a las políticas económicas de La Libertad Avanza tendientes a achicar ostensiblemente el Estado y al estilo polarizador mileista.

Patricia Bullrich por su parte, quien fuera candidata del PRO macrista, también compitió hace apenas cinco meses con Milei en las últimas elecciones cuando era candidata de Juntos por el Cambio. Ambos se enfrentaron por momentos con inusitada violencia verbal, pero hoy, junto al resto de la dirigencia, (excepto el ex líder del ala blanda Rodríguez Larreta), el PRO se encuentra absolutamente alineado con Milei y la excandidata actualmente forma parte del gabinete del gobierno. Y el PRO, casi en su totalidad, acompaña todas las medidas del nuevo presidente con quien ha establecido una alianza explícita parlamentaria e implícita gubernamental.

¿Qué pasa con el kirchnerismo?

Por otro lado, el kirchnerismo hoy rebautizado como Unión por la Patria se mantiene agazapado (por momentos con manifestaciones destituyentes hacia Milei) tras su muy mal gobierno de cuatro años que terminó dejando las cuentas absolutamente en rojo y una matriz social reventada. El Kirchenrismo no cuenta con mayoría absoluta en ninguna de las cámaras legislativas aunque cuenta con 99 diputados nacionales de un total de 257 y 33 senadores de un total de 72. Unión por la Patria aún parece mantener un apoyo considerable que ronda en una cuarta parte del padrón electoral, pero al mismo tiempo padece de una desaprobación considerable luego de su reciente pésima gestión.

Mientras tanto, enfrentado al peronismo kirchnerista, comenzó a configurarse en los últimos meses un peronismo que se autoproclama republicano y federal. Dicho peronismo, actualmente es liderado por un lado por Miguel Ángel Pichetto -un incondicional cristinista en la era kirchnerista de 2003 a 2015 pero que en 2019 fue candidato a vicepresidente del anti kirchnerista Mauricio Macri-, por el otro, por el ex gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti y por el actual gobernador de Córdoba, Martin Llaryora. Así, asomó y toma fuerza un nuevo peronismo antikirchnerista, que se reunió recientemente en un interbloque en la Cámara de Diputados junto a la Coalición Cívica, el otro partido que formaba parte del ex Juntos por el Cambio.

Otro bloque opositor es el Frente de Izquierda de los Trabajadores que cuenta con escasos legisladores e intendentes y ningún gobernador pero que muestra presencia en las calles, con manifestaciones con escasa convocatoria frente a las medidas de ajuste del nuevo gobierno. Así, por el momento, la izquierda no logra desafiar la popularidad de Milei, quien sigue manteniendo una imagen altamente positiva ante la opinión pública. Y es que aunque el líder libertario  sigue subiendo tarifas, eliminando subsidios y empobreciendo considerablemente a los sectores medios, bajos y jubilados, continúa enfrentándose – centralmente a través de redes sociales- abierta y hostilmente a los considerados responsables de la grave crisis económica y social que nos llevó a la  situación actual de desacatada inflación (se enfrenta y responsabiliza de la crisis a la dirigencia política que legisló y gobernó por décadas y a la dirigencia sindical que condujo y conduce los gremios por décadas)

Conclusión

En conclusión, el oficialismo hoy está compuesto por La Libertad Avanza y el PRO que se alineó casi por completo con Milei. Y en frente, existen varias fuerzas opositoras: el kirchnerismo; un peronismo no kirchnerista que suma adeptos; la pequeña fuerza de izquierda tradicional; y el Partido Radical que al desarmarse la coalición por obra del macrismo pasó a ser el principal opositor con importante presencia legislativa y territorial, confrontando tanto con el populismo de izquierda kirchnerista como con el populismo de derecha de Milei.

Rusia: la Matrix de la reacción autoritaria

Fernando Pedrosa
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Rusia: la Matrix de la reacción autoritaria

Se realizaron las elecciones generales en Rusia y todo salió tal cual se planificó desde el Kremlin. El reporte formal de la autoridad electoral anunció que, luego de tres de días de votaciones, el candidato oficialista Vladimir Putin triunfó con más del 87% de los votos. Así, el próximo martes 7 de mayo de 2024, y a sus 71 años, comenzará a transitar su quinto mandato como presidente del país más grande del mundo. La constitución prescribe que el mandato se extenderá por seis años y podrá ser reelecto si también triunfa en las siguientes elecciones.

A pesar de algunos intentos opositores, ligados al asesinado Alexei Navalny, no se registraron protestas políticas. Ni en Rusia ni en el extranjero, donde, además, se pudo votar en las sedes diplomáticas, incluso en las zonas pertenecientes a Ucrania y ocupadas por las fuerzas armadas rusas. 

El gobierno ruso afirmó que la participación electoral fue alta, incluso mayor que en las votaciones anteriores. También aseguraron que el voto electrónico y anticipado por correo no tuvo problemas, ni ocasionó reclamos. La antigua Agencia Rusa de Noticias (sobreviviente de la Unión Soviética) señaló que hubo 129 países observadores para certificar la transparencia de los comicios.

El candidato oficialista no fue el único disponible para ser electo. Tres partidos más compitieron con Rusia Unida, la organización fundada por Putin, que encabeza una coalición llamada Frente Popular Panruso. Sin embargo, ninguno de los candidatos de esas formaciones llegó a alcanzar el 5% de los votos (obtuvieron 4,31%, 3,85% y 3,20% respectivamente). Por otra parte, tampoco representaron una alternativa, siquiera moderada, frente al poder de Putin.

De hecho, lo que muestran como virtuoso en el proceso electoral, es que los tres candidatos que compitieron contra Putin reconocieron la legitimidad de la votación. Al día siguiente, se reunieron junto con el flamante ganador para comprometerse a trabajar en conjunto. Y se tomaron una fotografía que fue profusamente difundida por el gobierno ruso y sus agencias.

¿La única verdad es la realidad?

La formalidad y las escenografías montadas desde el poder no pueden esconder la realidad. La Real Academia Española define “farsa” como una acción realizada para fingir o aparentar. Y es una excelente palabra para describir el proceso electoral que tuvo lugar en Rusia por estos días. Pero farsa no significa comedia ni que en la cima del poder ruso lo consideren poco importante. Todo lo contrario.

Las elecciones también escenificaron la necesidad de mostrar internamente la vigencia del poder de Putin y enviar un mensaje a la comunidad internacional. Sus pretensiones externas siguen en carrera y reforzadas. Paradójicamente, quizás sea más determinante para su futuro las elecciones en Estados Unidos que las propias. 

Aun sin competencia real, las elecciones ponen en cuestión el liderazgo frente a la élite que lo apoya, en este caso una alianza de sectores sociales, oligarquías regionales, grupos económicos, militares y de inteligencia. El líder se expone ante ellos y busca aumentar su autonomía. Más aún después de tanto tiempo en el poder, con el desgaste del paso del tiempo, y, sobre todo, porque comienzan a rumorearse sobre posibles sucesores. Por eso dedicó gran parte de los últimos cinco años a garantizar su triunfo y evitar sorpresas e imprevistos.

Más allá del contexto, una convocatoria electoral puede generar incertidumbre ya que sus dinámicas no pueden ser totalmente controladas. En América Latina tenemos ejemplos muy gráficos. El plebiscito chileno de 1988, marcó el inicio de la transición y declive del entonces todopoderoso general Augusto Pinochet. O años antes, otro plebiscito, realizado en Uruguay en 1980, que hirió de muerte a la dictadura militar que entonces gobernaba el país con mano de hierro.

El Estado soy yo (por ahora)

Ya en 2020 Putin había agregado diversas enmiendas a la Constitución rusa que levantaron las barreras formales a la reelección. La reforma descartó considerar los períodos presidenciales previos como limitantes para volver a ocupar el cargo. Por lo que Putin podrá ser electo en 2030.

Además, incorporó otras normas para dificultar el camino de opositores. Incorporó la obligación de residir en Rusia durante veinticinco años mínimo (antes eran diez) y no haber tenido ciudadanía o residencia en terceros países. Estas medidas (que también incluyen a ministros y jueces) apuntan a bloquear dirigentes exiliados o a los que pretendan conducir sus campañas desde fuera. Posiblemente esta haya sido una de las motivaciones de Navalny para regresar a Rusia.

No conforme con eso, Putin se dedicó sistemáticamente a proscribir, perseguir y matar a cualquier líder o grupo de oposición o quien confrontara sus políticas. En este contexto resulta más entendible el crimen de Navalny. No solo era su principal rival electoral, sino también el posible sucesor en algunos pasillos del poder.

Boris Nadezhdin, otro conocido opositor y el único abiertamente pacifista, también quedó fuera de la oferta electoral. En declaraciones a Le grand continent, manifestó: “No quiero convertirme en bloguero, organizar manifestaciones, atacar directamente a Vladimir Putin o criticar muy duramente su régimen. Conozco los límites. No actuaré como Navalny. Quiero oponerme, pero quiero seguir vivo y libre. No quiero acabar en la cárcel, ni ser envenenado con novitchok. Así que conmigo no habrá revolución”.

Además, el sistema electoral organizado a partir de un software sin contralor, reforzó el temor de los opositores a ser identificados, y luego castigados, si no elegían al actual presidente. Por otra parte, ninguna organización de observación electoral independiente estuvo presente y aún menos avaló la transparencia del proceso. Los que sí se apresuraron a felicitar al ganador fueron Bielorrusia, Siria, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán y China.

Secuelas

Las elecciones se utilizaron para plebiscitar el conflicto bélico con Ucrania, reforzar el apoyo a la ofensiva militar y utilizar la confrontación con Occidente como forma de sumar y movilizar apoyos. También es preciso señalar que Putin cuenta con un nutrido apoyo popular señalado incluso por las pocas encuestadoras independientes que trabajan en el país. El nacionalismo y la reacción anti-occidental tienen su peso. Pero también una economía que aún no sufre el peso de la guerra y menos de las sanciones internacionales.

Sin dudas, en América Latina Venezuela es su alumno más aventajado. La persecución sobre los opositores, en especial a María Corina Machado y, sobre todo, el secuestro y muerte de Ronald Ojeda en Chile, evidencian que no estamos tan lejos de tener nuestra propia Rusia en la región. En ese escenario habrá que ver quién será Ucrania.

En este punto, las elecciones rusas ponen en primera plana lo que es la discusión fundamental que se debe encarar en el mundo de hoy. Se debe ahondar en el carácter de la democracia, su vinculación ineludible con la libertad y, sobre todo, en repensar el papel de todos los Estados, grupos y personas que están decididos a poner límites a este revival autocrático.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Milei versus Petro y López Obrador, la diplomacia pendenciera

Fabián Bosoer
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Milei versus Petro y López Obrador, la diplomacia pendenciera

 X (ex Twitter) sirve para hacernos amigos y enemigos sin siquiera conocerlos. Sirve para armar y desarmar grupos de afinidad. Para comunicar y para insultar. Para informarnos y para entretenernos. Para resolver problemas y para perder el tiempo. Para unirnos y para dividirnos.

Los líderes y personas influyentes se valen de esta plataforma para difundir sus frases, transmitir sus impresiones, comunicarse con sus públicos y seguidores. Los presidentes lo utilizan para anunciar sus decisiones. Lo que hasta ahora no había sucedido es que dos países vieran deteriorar sus relaciones y colocar a los gobiernos al borde de la ruptura por una escalada de insultos y agresiones verbales entre mandatarios que se canaliza a través de X, pasando por encima de sus relaciones diplomáticas habituales.

Es lo que está sucediendo con la saga de agravios y exabruptos que se vienen prodigando el presidente argentino Javier Milei, calificando al presidente de México Andrés López Obrador de “ignorante” y al presidente de Colombia Gustavo Petro de haber sido un “asesino terrorista y comunista”. Estos, de su parte, ya se había referido con gruesos calificativos al mandatario argentino en una pelea que lleva varios meses.

La enemistad ideológica se traslada al plano de la enemistad personal, y un presidente deja de representar a su país ante el mundo para convertirse en el representante de quienes lo votaron y simpatizan con sus ideas, en su país y en el exterior.

Desaparecen así las relaciones entre los Estados para transformarse en una arena de combate o circo romano virtual en el que gladiadores libran sus batallas como representación de una guerra entre naciones, mientras la audiencia digital -masivas hinchadas multinacionales- aclama a unos y vitupera a los otros posteando y comentando y reposteando sus barbaridades. Los improperios proferidos atraen la atención, generan tendencia y un impacto real que obliga a las cancillerías a activar sus protocolos de crisis, mientras unos y otros se echan la culpa de quién fue el que empezó.

Lo puso en su justo término la candidata presidencial de la oposición mexicana Xóchitl Gálvez, al comentar los últimos cruces: “Los trapos sucios los lavamos en casa”, escribió en su cuenta de X, “No le permito a Javier Milei que hable mal de Andrés Manuel López Obrador. De ese me encargo yo”.  Mientras tanto, Milei, lejos de disculparse con su par colombiano, reposteó mensajes en su apoyo como este: “El ex guerrillero y narcomarxisas @petrogustavo nos hizo un favor: una Embajada menos que mantener en un país que mientras esté gobernado por este delincuente, se torna inviable”.

No es, por cierto, culpa de las redes sociales que los políticos se comporten como energúmenos o pendencieros, novedad que le debemos a Donald Trump y en la que presidentes como Nicolás Maduro, Nayib Bukele o Daniel Ortega se mueven como peces en el agua. Aunque las características de las redes sociales vayan reformateando las cabezas de quienes navegan horas y horas leyendo, escribiendo y posteando mensajitos cortos, juicios ligeros, comentarios soeces y datos sin verificar.

Son nuevas formas de comunicar y de participar, nos dicen los gurúes de su impacto favorable, que agilizan y horizontalizan la vida pública, eliminan las intermediaciones en el gran ágora global. Ahora vamos ingresando en una nueva dimensión: se puede dirimir, tramitar o generar conflictos diplomáticos a través de las redes sociales y hasta romper relaciones por Twitter.

Tratándose de una figura de las características excéntricas de Javier Milei es difícil saber por qué lo hace, si para ganar amigos o enemigos, si para comunicar o para insultar; si está actuando seriamente de ese modo respondiendo a su ideología o simplemente se está divirtiendo y buscando entretener a las audiencias que lo siguen. Si para mostrarse como un “enfant terrible”, provocador nato, o porque cree que es el mejor modo de transmitir sus ideas libertarias.

Al fin y al cabo, como señaló la canciller argentina Diana Mondino, “una cosa son los presidentes y otra las relaciones entre sus países”. De tal modo que los presidentes pueden dar rienda suelta a lo que se les viene en gana decir y se pueden comportar como pirómanos mientras sus cancillerías corren detrás como bomberos para apagar los incendios que provocan, sin que las relaciones bilaterales resulten dañadas. Para una cultura tan fuertemente presidencialista como la latinoamericana, suena a un argumento algo ingenuo o pueril.

*La versión original de este texto fue publicada en Clarín

¿Están en peligro las exportaciones de América Latina a la Unión Europea?

Pedro Morazán
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¿Están en peligro las exportaciones de América Latina a la Unión Europea?

No cabe duda que la Unión Europea (UE) tiene un renovado interés por acrecentar sus relaciones comerciales con América Latina y el Caribe (ALC). Esto se debe, sobre todo, a la abundancia de los llamados minerales críticos que tiene el continente y que juegan ya un papel de primera línea en la transición energética impulsada también en Europa que está en proceso de sustituir su flota automovilística con coches eléctricos y sustituir las importaciones chinas con paneles solares de fabricación propia. Las empresas europeas han iniciado ya una seria ofensiva inversionista en el continente, conscientes a su vez, de que ya están llegando algo tarde a “la fiesta” y de que muy difícilmente podrán desplazar a las empresas chinas que están operando desde hace ya algunos años. El interés de Europa fue de hecho muy manifiesto en la Ultima Cumbre EU-ALC, que tuvo lugar en un momento en que la guerra de agresión rusa contra Ucrania había provocado una fuerte crisis energética, presente todavía. Los minerales críticos del subsuelo latinoamericano son pues, también minerales geoestratégicos.

El gran reto con el que se verán confrontadas las economías latinoamericanas, por enésima vez, es el de evitar caer de nuevo en la famosa “maldición de los recursos naturales”. Dicha “maldición” no solo está vinculada al desequilibrio que provoca la abundancia de materias primas en el equilibrio de los factores de producción, sino también a prácticas rentistas, destrucción ecológica, violación de derechos humanos y corrupción. La nórdica Noruega es uno de los vivos ejemplos de que es posible evitar la maldición de los recursos naturales, si se cuenta con buena gobernanza y alta responsabilidad empresarial. Los riesgos son enormes y el pasado reciente nos muestra que es muy fácil caer en las tentaciones de un extractivismo desordenado.

Las empresas europeas no traen solo nuevas tecnologías y enormes sumas de capital. Aunque parezcan complejas y con olor a injerencia, las relaciones con la UE pueden resultar más ventajosas, si se toman en serio las preocupaciones en torno a la protección ambiental y los derechos humanos. Como lo han denunciado ya organizaciones ecológicas y de derechos humanos a lo largo del continente, los impactos negativos del (Neo) extractivismo son ya una realidad en la mayoría de los países del continente. La destrucción ambiental y la violación de los derechos humanos en la extracción de minerales críticos parece estar replicando la violencia social y ambiental que ha caracterizado al sector de los combustibles fósiles: con 61 por ciento de las denuncias de abusos globales, América Latina es la región con el mayor número de abusos en el desarrollo de energías renovables y el número va en aumento.La Ley de Debida Diligencia

La Ley de Debida Diligencia

El pasado 15 de marzo de 2024 los Estados Miembros de la UE aprobaron la llamada Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Esta es una Ley que podría ayudar a sentar las bases para una obtención de los minerales críticos y otras materias primas, más amigable con el medio ambiente y los derechos humanos. El objetivo de la CSDDD es el de garantizar que las empresas europeas tomen medidas proactivas para respetar los derechos humanos y mitigar los impactos ambientales dentro de sus operaciones y a lo largo de toda su cadena de valor. En la práctica esto no es otra cosa que extender el ámbito de obligaciones legales vinculantes de las empresas que operan en Europa a todos los proveedores activos de su cadena de suministro.

Todos los Estados miembros de la UE estarán obligados a incorporar la CSDDD en sus legislaciones nacionales, a más tardar, a partir de 2026. Según lo estipulado, las empresas tendrán que empezar a aplicar requisitos en 2025 o 2026. El cronograma de aplicación está aun en proceso de aclaración. Ya desde que fue propuesta por primera vez en 2022, dicha ley ha ocupado el debate en torno a la forma en que la UE logrará alinear su política comercial con los objetivos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Es de aclarar que muchos Estados miembros de la UE como Alemania, Francia o Países Bajos cuentan ya con legislaciones nacionales que van incluso más allá de la Ley aprobada por la Comisión.

En dicho debate entraron en choque dos posiciones adversas. Los que clamaban por una regulación mas vinculante y con un mayor ámbito de aplicación para las actividades de las grandes empresas europeas en los países en desarrollo y las que se niegan a todo tipo de regulación que incluya aspectos medioambientales y sociales. Después de intensos debates en los que sobre todo Alemania, abogaba por un curso liberal, se llegó a un acuerdo de compromiso que, como de costumbre, terminó con una Ley excesivamente debilitada, si se compara con la propuesta que había sido aprobada por el Parlamento Europeo hace algunos meses. «Los países de la UE lo hicieron de nuevo: recortaron las reglas para apaciguar a las grandes empresas, asestando un golpe a la autoproclamada posición de Europa como defensora de la democracia y los derechos humanos», dijo Marc-Olivier Herman, activista por la justicia económica de Oxfam UE.

¿En que consiste la ley aprobada? En su última versión, el ámbito de aplicación de la CSDDD fue reducido sustancialmente y solo incluye empresas con un mínimo de 1.000 empleados (en lugar de 500) y una facturación de al menos 450 millones de euros (en lugar de los 150 millones de euros previstos inicialmente). Alternativamente, las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios de 40 millones de euros también entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, siempre que el 50 % de sus ingresos provengan de industrias de alto riesgo como la moda, los minerales o la agricultura. Ámbito de aplicación reducido: Según las estimaciones actuales, esto significará que el número de empresas europeas que se verán afectadas por la CSDDD se reducirá en casi un 70 por ciento. Por tanto, el ámbito de aplicación de la CSDDD es globalmente más limitado que el de la Ley Alemana (LkSG), que no prevé umbrales de volumen de negocios.

Otro cambio sustancial con respecto a la propuesta original es la eliminación del enfoque de sectores de alto riesgo: El concepto de inclusión progresiva de empresas que no cumplen con los criterios de alcance, pero operan en sectores de alto riesgo ya no está previsto en la nueva versión del CSDDD. El borrador original de la CSDDD contenía disposiciones que estipulaban que las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios neto superior a 40 millones de euros estarían sujetas a la CSDDD si generaban al menos 20 millones de euros en un sector de alto riesgo, como los bosques tropicales o las zonas costeras con alta biodiversidad.

En resumen, el texto definitivo de la CSDDD fue duramente criticado no solo por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), sino incluso por empresas importantes que ven en ella una protección contra la competencia desleal de las empresas chinas. Se aduce que las exigencias han sido reducidas o diluidas «masivamente» a expensas del sector empresarial europeo.

¿Se van a reducir las exportaciones de América Latina?

Algunas empresas europeas que se verían afectadas por la Ley, intensificaron en los días previos a la aprobación una masiva campaña de incidencia en los países exportadores. Así, las empresas importadoras de café y de cacao de Alemania, segundo importador mundial de café, pintaron un dramático escenario para los productores latinoamericanos. Según la propaganda mediática el sector cafetero alemán asume que el suministro de café dejará de estar garantizado a partir del año que viene como consecuencia de un nuevo reglamento de la UE. «Nos amenaza una escasez en el mercado alemán y europeo. Los precios del café que todavía estará disponible subirán considerablemente», anunció la Asociación Alemana del Café.

Nada más lejos de la realidad, en un rubro en el que los importadores se benefician de una sobreoferta crónica a nivel global que les permite manipular los precios, no podrá haber caída de la oferta. En el caso del cacao, una legislación de este tipo le daría de hecho ventajas comparativas a los exportadores latinoamericanos frente a los africanos, en los que el trabajo infantil está muy difundido. Por otra parte, tanto el cultivo de café, como el de cacao de buena calidad, son solo posibles a largo plazo, si se realizan bajo las condiciones de manejo sostenible de los bosques.

Sin embargo, no se puede soslayar que la nueva legislación europea significa también un reto para los productores latinoamericanos, no solamente en el sector de materias primas. Los proveedores que son socios comerciales directos de empresas de la UE deberán dar garantías contractuales del cumplimiento del Código de conducta de las empresas de la UE. En caso de ser necesario habrá que elaborar un plan de acción de prevención, que incluya las garantías contractuales correspondientes de los socios comerciales, en la medida en que sus actividades formen parte de las cadenas de valor de las empresas de la UE incluidas en el ámbito de la legislación.

La trazabilidad, entendida como la capacidad de un actor de vincular un producto o subproducto con información sobre su historial desde el sitio de producción hasta el usuario final, será un instrumento clave para aumentar y consolidar la sostenibilidad. Ya existen soluciones digitales que permiten adaptar la trazabilidad a las nuevas exigencias. La información asociada con los productos básicos también incluye aspectos de sostenibilidad en el sitio de producción. Esto es muy importante en particular en lo referente a la pérdida de bosques, que actualmente puede ser monitoreada continuamente con los instrumentos del GPS.

Las empresas que quieran mantenerse a la vanguardia pueden dar, desde ya, algunos primeros pasos. Uno de los más importantes consiste en la digitalización de la trazabilidad para asegurar la transparencia a bajos costos. Es importante realizar un análisis de las nuevas exigencias garantizando el compromiso de las nuevas normas de calidad ante los importadores. En todo caso será necesario profundizar el conocimiento sobre los próximos pasos legislativos de la UE, para identificar cuáles de sus socios comerciales que caen en el ámbito de la nueva legislación e iniciar un diálogo con ellos. De igual manera es importante la cooperación entre gobiernos y empresas exportadoras a fin de asegurar el cumplimiento de las nuevas exigencias. Es muy posible que en los próximos años se amplíe el ámbito y la profundidad de la Ley. Es mejor estar preparados para un tal cambio que iría en beneficio de todos y no solo de unos pocos.

El Gobierno Abierto en México: ¿una miopía curable?

Jorge Francisco Aguirre Sala
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El Gobierno Abierto en México: ¿una miopía curable?

Vivimos en una época de democracias en agonía fruto de sus déficits políticos o insuficiencias sociales. En este contexto, el llamado Gobierno Abierto, como se conoce a la forma de gobernanza que busca profundizar el rol de la ciudadanía en la participación en la toma decisiones públicas, es una alternativa contra la extinción gradual, crónica y degenerativa que padecen las democracias por el populismo y la ingobernabilidad de facto.

Amenaza a la democracia

El populismo es autoritarismo porque lo distingue la “predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”, según los acreditados estudios de Levitsky y Zibllatt que anuncian la muerte de las democracias. Es decir, el populismo promulga leyes o políticas que persiguen las críticas que se hacen al gobierno o promueven amenazas contra las personas críticas de partidos de oposición, sociedad civil o medios de comunicación. En pocas palabras: la clave autoritaria consiste en dejar en la indefensión informativa a los ciudadanos para que no tengan datos con los que censurar al gobierno ni proponer soluciones a las necesidades.

Pero esa no es la única traba que impone el populismo autoritario o la única táctica para corroer el vigor de las democracias. Fallas institucionales como conductas que abonan la ilegalidad, arbitrariedad, corrup­ción, discriminación, o alimentan la división conflictiva de poderes, también socavan la fe democrática. También están las estructuras fiscales adversas como un statu quo impositivo desigual, la ineficiente admi­nistración tributaria frente a evasiones o la asignación ineficaz de recursos, que minan la credibilidad operativa de regímenes electos. Otras dos fallas completan el contexto de problemas. Las deficiencias administrativas (deficiente calidad normativa, estructura de man­do y de trabajo confusa y redundante, fragmentación intra e interguberna­mental) y las políti­cas (relaciones conflictivas del gobierno con las oposiciones, las organizaciones empresariales y las civiles, discurso de baja credibilidad, nula representatividad).

Evitar las dificultades anteriores requiere la apertura del gobierno. Es decir, que los datos, la gestión y la respectiva cuenta pública estén accesibles y claros, sin galimatías que impidan verificar que el gobierno se ejerce dentro de los cánones de la legalidad y la regulación administrativa. Ello incluye que los datos puedan ser reutilizables por los ciudadanos para presentar propuestas en miras a solucionar las dificultades sociales. Así, la idea del Gobierno Abierto proporciona legitimidad, posibilidad de elaborar políticas públicas consensuadas y aprovechar datos, experiencia y voluntad política para corregir las desviaciones o errores de la gobernabilidad. Tres serían sus ejes: la rendición de cuentas, la transparencia y la incorporación efectiva de la participación ciudadana.

Propuesta de la ONU

Como el Gobierno Abierto es deseable, la ONU propuso a los jefes de estado realizar una Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) en la Asamblea General de julio de 2011. La idea tomó forma desde los ecos de las iniciativas previas de Obama y Dilma Rouseff del Brasil. Así, desde el 20 de septiembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones acordó formular la Alianza para el Gobierno Abierto [OGP]. Las naciones fundadoras de la Alianza fueron Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos.

México, desde la fundación de la Alianza, se involucró elaborando cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto (del 2011 al 2013, del 2013 al 2015, del 2016 al 2018 y del 2019 al 2021/22). Además, participó en la Alianza durante el período de 2014 a 2015 ejerciendo la presidencia de dicha organización internacional en la investidura del presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la Alianza nació miope y los políticos tropezaron al caminar invidentes de la ciudadanía y ahondar en sus propias trampas. La Alianza del Gobierno Abierto es una alianza entre gobiernos, no entre gobernantes y ciudadanos. La apertura de la Alianza no ha hecho de la casa del gobierno una casa transparente, sino un bastión de espejos donde la información se refleja sesgada y fragmentada entre los propios muros oblicuos de una burocracia endógena que se hunde en la opacidad. Y lo anterior, todavía al margen de la arbitrariedad de clasificar la información como “reservada” con pretextos a los que se presta la interpretación mañosa de ley o por no citar la máxima cínica del “yo tengo otros datos”.

Un plan fallido

A pesar de las buenas intenciones y las credenciales positivas que se asocian a semejante iniciativa, la representación de la ciudadanía mexicana nació sesgada en dicha Alianza. Ello porque en los Planes de Acción de Gobierno Abierto la voz de la ciudadanía fue reducida y domesticada a unas pocas organizaciones de la sociedad civil anidadas en el Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza institucionalizada. Muchas organizaciones civiles quedaron excluidas, los ciudadanos no pertenecientes a organizaciones civiles fueron y aún son totalmente ignorados. La ciudadanía no puede proponer sus problemáticas, pues solo es consultada bajo la selección de algunas temáticas en una ventana de tiempo instaurada con anticipación por la visión estatal. En otras palabras: no es posible hacer emerger problemáticas ciudadanas ni existe la priorización “de abajo hacia arriba”.

Más recientemente se añadieron otras dificultades a la calidad y genuinidad de la iniciativa: las pocas organizaciones de la sociedad civil se autoexcluyeron porque algunos de sus miembros fueron espiados y vigilados digitalmente por el gobierno federal de México durante el período 2016 a 2018. Por último, colmando de males el pobre desempeño oficial en una idea que podría mejorar la calidad democrática, el gobierno desistió en 2022 de elaborar un Plan de Acción de Gobierno Abierto. Y esa situación se extiende al presente. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) está imposibilitado de construir el Plan de Acción por un grave conflicto gubernamental: no se asignó en tiempo y forma a los comisionados que deben integrar el INAI.

Si bien el Senado de la República designó el primero de marzo de 2023 a dos comisionados para sustituir a los que terminaban su período de ley, el veto presidencial a esta acción llevó a consecuentes amparos, suspensiones, recursos y una larga serie de alegatos que no terminarán hasta satisfacer la mayoría que en el Senado de la República requieren dichos nombramientos. Durante 2023 no se alcanzó consenso en ninguna de las propuestas para asignar a quiénes serían los comisionados.

La rebatinga del poder por los datos de un Gobierno Abierto muestra la importancia de los datos abiertos y su reutilización en Planes de Acción. No obstante, a pesar de haber nacido con una Alianza miope, el Gobierno Abierto en México podrá convertirse en una opción contra las regresiones democráticas siempre y cuando incorpore la efectiva participación ciudadana para diagnosticar problemas prioritarios y tomar soluciones reales.

Texto presentado en el marco del acuerdo entre WAPOR Latinoamérica y la Revista Mexicana de Opinión Pública

Cuba, otra vez en la calle

Camila Rodríguez
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Cuba, otra vez en la calle

“Hola, se llevaron a mi hijo. No sé qué hacer”. Es uno de los mensajes que regularmente llegan al WhatsApp de Justicia 11J, un programa de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., una Organización de la Sociedad Civil especializada en derechos humanos. Es un mensaje que, con poquísimas palabras, refleja el miedo y la desesperación ante las detenciones arbitrarias que suceden en Cuba, en relación con manifestaciones pacíficas en el espacio público.

Este marzo, se ha vuelto a desatar otra ola de protestas en el país. Aún no finaliza el mes, y ya han sucedido al menos 40 eventos de protestas de distintas magnitud y tipo de acción. 24 municipios de 12 provincias han visto o escuchado el descontento social, económico y político de ciudadanas y ciudadanos que ya no pueden ni quieren aguantar la dictadura. 

Las protestas de Bayamo (Granma), la Carreta del Morro, el Distrito y El Cobre (Santiago de Cuba) y Santa Marta (Matanzas), los días 17 y 18, son apenas los picos mediatizados de expresiones contestatarias desde semanas atrás que también han dejado un saldo en víctimas. Se ha gritado “Comida y medicina”, “Tenemos hambre”, que se restablezca el servicio de energía eléctrica -otra vez en crisis-, y también, se ha pedido que se acabe con la raíz del mal; se han escuchado consignas de “Libertad”, “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura”, “Abajo el comunismo” y “Abajo Díaz-Canel”.

En contraste con los numerosos reportes de detenciones recibidos por Justicia 11J, provenientes de familiares de manifestantes del estallido social de julio de 2021 y los posteriores picos de protestas de 2022, han sido pocas las personas que han compartido información sobre desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias en relación con las manifestaciones de marzo. Aunque hemos recibido denuncias sobre decenas de personas que pudiesen hoy estar tras las rejas de los centros de Instrucción, o de las prisiones mismas, hasta la mañana del lunes 25, Justicia 11J solo ha podido identificar a 18 personas detenidas a la espera de las conclusiones provisionales de la Fiscalía que, casi seguramente, no desestimará las causas.

A la vez, sabemos de manifestantes a los que su libertad, luego de horas o días de detención, les ha costado miles de pesos, pagados al Estado como multas, por presuntos actos de “desórdenes públicos”.

En estos días, todo es muy incierto en el país. Aunque en las jornadas de protestas el régimen informó sobre una supuesta recuperación de los servicios de energía y la próxima distribución de productos normados de alimentación para aplacar a una ciudadanía desesperada, lo cierto es que no tiene cómo sostener sus declaraciones. Los reclamos ciudadanos y las detenciones van a continuar y van a aparecer más consignas, porque cada día se reciclan más razones por las que gritar. Las lluvias del fin de semana en La Habana han dejado un saldo de al menos 200 derrumbes, que suponen decenas de familias sin hogar.

Mientras tanto, la Unión Europea, que mantiene con Cuba un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que fue evaluado como positivo a finales de 2023 durante la visita oficial a La Habana del Alto Representante para los Derechos Humanos Sr. Eamon Gilmore, no se ha expresado sobre los eventos represivos en el país, aún cuando la sociedad civil continuamente le hace llamados de atención y pide la condena al régimen. Son pocos los países democráticos que a esta hora han apoyado las causas del pueblo cubano nuevamente en las calles, a solo pocos días de que el Estado rechazara 28 recomendaciones relacionadas justamente con los derechos a la libertad de expresión y de asociación, en el recién finalizado Cuarto ciclo del Examen Periódico Universal a Cuba.

Nuevamente, urge pedir a la Unión Europea que ponga en práctica acciones concretas de apoyo a la ciudadanía cubana y de acompañamiento a las víctimas de la represión y sus familias, y que ponga fin a un acuerdo intergubernamental que solo ha legitimado a un régimen que ya no nos deja vivir con dignidad. 

También, es imperativo que la comunidad internacional dé seguimiento a los acontecimientos en Cuba, y que denuncie oportunamente las constantes violaciones de derechos humanos, puestas en relación con el carácter dictatorial y la ausencia de espacio cívico en el país. El embargo de los Estados Unidos no es la causa ni primera, ni fundamental, de las carencias en Cuba, sino la falta de libertades y la pésima administración de todos los bienes públicos, a lo largo de más de seis décadas. Y por último, el embargo tampoco es la excusa para las violaciones de derechos elementales, la existencia de personas privadas de libertad por motivos políticos, la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, la negación de acceso a juicios politizados y prisiones, y del desarrollo de elecciones antidemocráticas.

Mientras usted lee este texto, muchos cubanos permanecen sin servicio eléctrico en Cuba. Quién sabe si en la noche, en el noticiero de la televisión, algún funcionario aludirá a las carencias y a la falta de recursos. Definitivamente, no mencionará los medios que sí se destinaron para vigilar las redes y mantener el aparato policial que, apenas unos días atrás detuvieron a Victor Manuel Hidalgo Cabrales, quien solo escribió en su perfil de Facebook: “¿Oye Las Tunas qué? La ponen 4 y la quitan 5 y 6. ¿Nos vamos a quedar así?”.

*La versión original de este texto fue publicado enAltavoz, el newsletter de la organización internacional Civil Rights Defenders. La cifra de las personas detenidas se ha actualizado para esta publicación.

Las Corinas y el sistema político electoral venezolano

Dhayana Fernández Matos
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Las Corinas y el sistema político electoral venezolano

En los últimos días, la comunidad internacional ha sido testigo de la violación de los derechos políticos en Venezuela durante el proceso de inscripción de las candidaturas para la elección presidencial, fijada para el 28 de julio de 2024 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta fecha está cargada de simbolismo para el chavismo ya que es el natalicio de Hugo Chávez Frías y se pretende conectar con sus seguidores. Ante el rechazo que tiene Nicolás Maduro entre los chavistas moderados —quienes siguen evaluando positivamente al comandante, pero que cuestionan a su sucesor por la situación socioeconómica, la deficiencia de los servicios públicos y la carencia de garantías para el ejercicio de los derechos sociales: a la salud, a la educación de calidad, a un salario digno, entre otros—, se apela a las emociones.

La realización de las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 forma parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, firmado entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición, representada en la Plataforma Unitaria de Venezuela. Allí se incluyó expresamente en el primer compromiso “el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para la elección presidencial de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”. Esta era la garantía mínima exigida por la oposición.

María Corina Machado Parisca

En este contexto, se realizan las primarias de la Plataforma Unitaria el 22 de octubre de 2023 para la selección de una candidatura de la unidad en las que, María Corina Machado Parisca, autodefinida como liberal, del partido Vente Venezuela, ganó con más del 90% de los votos. Machado representa al ala más radical y de derecha de la oposición venezolana, es denominada por algunos como la “dama de hierro venezolana”, en reminiscencia a la primera ministra Margaret Thatcher con quien comparte ciertos planteamientos, entre ellos, la reducción del Estado y el liberalismo económico.

Machado lleva más de veinte años en los espacios públicos/políticos, primero en la organización Súmate y desde 2012 con la fundación de su partido. Hasta su elección, se había caracterizado por negarse a mantener diálogos con el gobierno y por tener diferencias públicas con la mayoría de los líderes de la oposición. Estos rasgos son evaluados positivamente por una parte de la población que la ve como la única alternativa para salir del actual gobierno. Para otra parte, su tozudez e intransigencia, pueden ser un obstáculo para una eventual transición política.

En un primer momento, su apoyo provenía principalmente de las élites y de los venezolanos más pudientes en el exterior, pero en los últimos tiempos ha logrado conectar con una parte de los sectores populares que la vislumbran como la única alternativa para salir de la actual situación. Cabe destacar, no obstante, que la caída de la popularidad del régimen es de tal magnitud que, según distintas encuestadoras, cualquier candidatura y no sólo María Corina, obtendría más votos que Nicolás Maduro. Por supuesto, en unas elecciones libres, competitivas y en las que se respetaran los resultados electorales.

Una de las anécdotas más recordadas de María Corina fue su enfrentamiento con Chávez en la Asamblea Nacional el 14 de enero de 2012. Luego de un discurso del mandatario que duró más de 9 horas, Machado, quien en ese momento era diputada, tomó la palabra y lo increpó por no pagarle a las personas a quienes había expropiado. Le señaló que, “expropiar es robar”, lo que causó gran molestia a Chávez quien le contestó: “me has llamado ladrón en público, pero no te voy a responder porque águila no caza mosca, no estás a mi altura para hablar conmigo, si ganas las primarias debatiremos”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Del lado del gobierno, se burlaron de María Corina y decían que Chávez la había humillado. No faltaron los memes y los comentarios cargados de violencia por ser mujer y ocupar espacios políticos. Del lado de la oposición, también. Con comentarios cargados de estereotipos, se señalaba que era la única que “había tenido los pantalones” para decirle las verdades a Chávez en su cara.

La violencia contra las mujeres que ocupan los espacios políticos en Venezuela es una constante que afecta indiscutiblemente a María Corina Machado por ser actualmente la lideresa más visible, pero que ha sido dirigida contra otras mujeres de la oposición, como es el caso de Delsa Solórzano. También las chavistas la han sufrido. Una de las que más ha sido objeto de este tipo de agresiones es Delcy Rodríguez, pero también Cilia Flores y la hija menor de Hugo Chávez, Rosa Inés, nombrada presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques). Esta violencia puede ser dirigida contra una mujer, pero el mensaje es para todas: los espacios políticos no son para las mujeres.

La última en ser agredida por ocupar los espacios políticos/electorales, por ser mujer y por su edad, ha sido la académica Corina Yoris-Villasana.

La otra Corina

Ser elegida candidata de la unidad no le aseguraba a María Corina Machado que se pudiera inscribir ante el CNE, ya que fue inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. No es la única en la oposición a quien el régimen ha inhabilitado, por el contrario, ha sido una estrategia constante contra los adversarios que se han considerado peligrosos. Esta vez, pese a la presión por la firma de los Acuerdos de Barbados, la situación no cambió, por lo que Machado no pudo inscribirse.

Tras largas negociaciones entre los partidos que conforman la Plataforma Unitaria, el sábado 23 de marzo, María Corina Machado presentó a quien se había designado para sustituirla: Corina Yoris-Villasana.

Yoris-Villasana es una académica de 80 años, filósofa y licenciada en Letras, con maestría en Literatura Latinoamericana y doctora en Historia, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, ocupando el sillón que anteriormente fue de Eduardo Blanco, Vallenilla Lanz y Rómulo Gallegos. Las reacciones no se hicieron esperar. La doctora despertó el interés de la población y hubo quien consideró positivo que no fuera una política tradicional, otros hicieron hincapié en sus credenciales, pero no faltaron los comentarios cargados de violencia por el hecho de ser mujer y octogenaria.

Corina Yoris-Villasana no fue objeto de uno de los clichés más usados para descalificar a las mujeres que participan en los espacios políticos: la falta de preparación académica, pero entre detractores y defensores, se le dio mucha importancia a su edad, al hecho de ser una abuela, incluso, a su forma de vestir, lo que no ocurre con los hombres. En Venezuela hay varios líderes hombres septuagenarios y octogenarios a quienes se les cuestiona por distintas razones, pero no por la edad como en este caso.

Pero pese a todos los esfuerzos, el régimen no permitió la inscripción de la candidata designada por María Corina Machado. Solo pasado el límite de tiempo establecido, se inscribió la candidatura de Edmundo González Urrutia por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para no perder la tarjeta y pensando en la posibilidad de cambiarlo antes del 20 de abril, fecha límite para hacerlo.

Por ahora, María Corina insiste en que su candidata es Corina Yoris-Villasana, aunque no esté inscrita, lo que afecta la necesaria unidad para enfrentarse a una autocracia en la que se tiene claridad, o se debería tener, que no están dadas las condiciones para posturas extremistas, sino que debe haber disposición para el diálogo y la negociación. Eso es parte de la política, hacer lo que se puede con lo que se tiene, sin olvidar las armas del contendiente.

No hay claridad sobre lo que sucederá en los próximos meses de esta contienda electoral; el régimen arreciará e impondrá más obstáculos. Lo que sí debiera estar presente es que la abstención no es una alternativa y que las mujeres no serán figuras meramente decorativas en las decisiones que se tomarán.

Haití: 20 años después la comunidad internacional parece seguir el mismo camino que llevó al país a la tragedia actual

Werner Garbers
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Haití: 20 años después la comunidad internacional parece seguir el mismo camino que llevó al país a la tragedia actual

Haití ha estado en la agenda de CARICOM (Comunidad del Caribe), el bloque de cooperación económica y política de la región creado en 1973 tras la independencia de varias antiguas colonias europeas y que hoy cuenta con 16 países miembros y un país observador, Cuba. En un afán de mediación, tras escuchar a todos los grupos políticos allí presentes, el bloque propone ahora un Consejo Presidencial Provisional para Haití, con 7 miembros de diferentes grupos políticos del país. La propuesta de CARICOM incluye un punto claro: que todos los miembros de este Consejo estén de acuerdo con la misión “no onusiana” aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023.

Se trata de un intento de que los agentes políticos haitianos den el visto bueno y carta blanca para que una nueva misión entre en el país, que tanto ha sufrido las misiones parche, una de las principales causas de la situación actual. Una propuesta de misión, además, solicitada por un primer ministro provisional, bajo tutela estadounidense, al que se considera ilegítimo e inmoral por no haber conseguido ni uno solo de sus dos únicos objetivos en sus más de dos años y medio en el poder: mejorar las condiciones de seguridad del país y organizar elecciones.

Un gobierno ilegítimo

Por cierto, vale la pena recordar que Ariel Henry está acusado de tener vínculos con las mismas bandas que invadieron las cárceles y es visto como ilegítimo y sospechoso por gran parte de la sociedad, ya que fue nombrado por Jovenel Moïse, un ex presidente que, en ese momento, ya estaba fuera del cargo y permaneció en el poder hasta el 7 de julio de 2021. En esa fecha, Jovenel fue misteriosamente asesinado, apenas tres días después de que Ariel Henry fuera nombrado primer ministro, un crimen que aún no está claro, con varios indicios de obstrucción a la justicia y sin que se haya investigado a todos los posibles responsables.

Exigir que un haitiano acepte ser miembro del Consejo tiene un nombre: chantaje internacional y una nueva imposición política. Un ataque a la soberanía de este pueblo, un absurdo en cualquier parte del mundo, normalizado cuando se trata de Haití. Hasta ahora, ningún gobierno del mundo se ha opuesto públicamente a la imposición.

Una vez participé en un coloquio local, organizado por haitianos, en el que más de 50 organizaciones locales y mundiales analizaron en profundidad la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití –MINUSTAH–, con el testimonio de cientos de víctimas. Posteriormente, se organizó un Tribunal Popular donde se juzgaron sus crímenes. ¿Cuáles de las organizaciones responsables de la misión estuvieron presentes? Ninguna.

Ahora, sin evaluación, sin rendición de cuentas, sin justicia, sin autocrítica, se propone una nueva misión, en líneas generales similares, y quizá peor, con un carácter “no onusiano”. ¿Es esta una forma de evitar cualquier futura rendición de cuentas? ¿Lo que aprendió la ONU en Haití sirvió solo para protegerse mejor y no ser incriminada por sus crímenes? ¿Cómo llegaría al país caribeño el jefe de una policía extranjera que pudiera venir, sabiendo que aquí nunca se han juzgado crímenes? ¿Qué mecanismos de información, control y prevención tendría una misión “no onusiana”?

Al parecer, la verdadera misión del primer ministro Henry era organizar la llegada de una fuerza de seguridad. Con esta misión casi cumplida, anunció esta semana que dimitirá pronto, en cuanto se establezca el Consejo. Kenia, que se había ofrecido voluntaria para la misión, suspendió su participación tras la resolución del CARICOM.

La imposición de una nueva misión

El partido político Pitit Desalin (Hijos de Dessalines), un grupo históricamente opositor a los gobiernos que han estado en el poder desde 2011 y que buscaba formar parte del acuerdo, decidió no unirse al Consejo debido a esta cláusula y denunció la imposición. Según Jacques Adler, uno de los miembros del partido, la idea de la comunidad internacional allí presente, especialmente de Estados Unidos, es que se imponga una nueva misión, en la misma línea que las anteriores. Y concluye: “Un gato escaldado tiene miedo al agua fría”. Varios grupos afirman que esta medida se tomó precisamente para dividir aún más a los haitianos y luego acusarlos de no ser capaces de llegar a un consenso.  

Cabe señalar que los haitianos dispusieron de 24 horas para decidir si participaban en el Consejo y enviar los nombres de sus representantes. Jacques Adler es categórico al afirmar que la idea de la comunidad internacional es “hacerlo todo deprisa, aprobar decisiones que no son la voluntad popular de los haitianos”. El uso de la idea de emergencia para que se aprueben medidas sin la necesaria reflexión y discusión política levanta aún más sospechas de que EEUU, Henry y las bandas actúan juntos para que el agravamiento de la violencia se convierta en el principal argumento para la instalación de una nueva misión.

Quedan más preguntas: ¿por qué no se hacen esfuerzos para invitar a la mesa a actores políticos locales más importantes? Hoy me he despertado con el comentario de uno de ellos, sintiéndose excluido: “¿Se ha elegido ya a los 7 esclavos mentales internacionales? ¿Cree CARICOM que sus decisiones serán aceptadas por grupos que nunca fueron incluidos en el debate?”

Con este chantaje, vemos que incluso cuando los políticos locales serios tienen la oportunidad de dialogar en los espacios internacionales de toma de decisiones, esto ocurre de una forma previamente delimitada, cercenada y manipulada. ¿Qué nivel de soberanía y transición democrática espera realmente la comunidad internacional para Haití?

Todo esto deja claro cómo los políticos de Haití, incluido Henry, siguen pareciendo solo piezas en una partida de ajedrez que determinan Estados Unidos, Francia y Canadá en particular. En este juego, los haitianos parecen ser todos peones y los primeros en caer cuando han terminado su servicio en nombre de los reyes.

La situación actual recuerda a la de hace 20 años, cuando un presidente elegido por una amplia mayoría popular, según él, fue “secuestrado y depuesto” por fuerzas exteriores, sustituido por un presidente provisional, que luego solicitó una misión de paz a la misma comunidad exterior. Esta misión, por cierto, permaneció en el país durante 13 años y nos llevó directamente a la catástrofe de hoy.

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