Las democracias resilientes de América Latina

Siempre hay al menos dos maneras de ver las cosas. Podemos hablar de la democracia latinoamericana amenazada o de su contrafaz, la democracia “resiliente”. Aunque todos los índices de democracia nos pintan un escenario de deterioros múltiples, tenemos también razones para resistirnos al ubicuo pesimismo que parece estar instalándose por doquier.  Es que, a pesar de todos los embates, las democracias (imperfectas) latinoamericanas resisten.

Como botón de muestra vale la agónica toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de Guatemala. Después de meses de intentos de sabotear la asunción del presidente electo, los legisladores cómplices de los poderes corruptos dieron su última batalla al cuestionar las credenciales de los nuevos miembros del poder legislativo, queriendo así retrasar la elección de la nueva junta directiva, con el fin de evitar que hubiera legisladores para tomarle el juramento.

Ahora comienza en Guatemala una nueva etapa de la lucha por salvar la institucionalidad, depurar la justicia, detener la impunidad, hacer cumplir la soberanía popular y legislar en función de los intereses generales. Son esfuerzos que se repiten en toda la región. Algunas veces contra las fuerzas de la corrupción, otras veces contra los golpistas.  En 2023, vimos cómo las huestes bolsonaristas atacaron los poderes del Estado. Hoy hay 1.400 imputados y más de 30 golpistas condenados por la Corte Suprema de Justicia. Una comisión de investigación del legislativo concluyó que Bolsonaro fue el instigador de la insurrección.

Los sucesos en torno a la reforma constitucional en Chile pueden ser vistos como un despliegue de incapacidad política, sin duda, pero también es cierto que el país atravesó dos procesos muy tumultuosos sin que se violaran las reglas del juego. El primer ensayo constituyente maximalista y sin ninguna dosis de realismo político fue rechazado y, el segundo ensayo, secuestrado por la derecha fundamentalista, también. El país se quedó con la “Constitución de Pinochet” y sus múltiples enmiendas hasta nuevo aviso. Se puede decir que la sociedad política chilena acordó que no había acuerdo, pero lo hizo dentro de las reglas y sin violencia. En ese sentido, no se puede dejar de interpretar el proceso como una señal de madurez.

Algo similar ocurrió en Ecuador. La crisis política que afectó al gobierno de Guillermo Lasso también encontró su salida institucional. Se implementó la llamada “muerte cruzada”, que consiste en que el Ejecutivo disuelve el congreso y convoca a elecciones generales dentro del plazo de seis meses, tal como estipula la Constitución del 2008. Así se hizo, Lasso no buscó la reelección y al finalizar el proceso se formó un nuevo congreso y fue electo presidente Daniel Noboa. En este caso también, Ecuador sufrió un período turbulento pero se zanjó la disyuntiva dentro de las reglas de juego.

En la actualidad, Daniel Noboa está lidiando con la mayor crisis que el Ecuador ha enfrentado en décadas, y, de vuelta, los mecanismos previstos comienzan a operar en el Estado de Emergencia. No es lo ideal y se está muy lejos de hecho, pero el Estado no se ha derrumbado. Ya antes, Bolivia, también había pasado por una grave crisis político-electoral y logró recuperar la institucionalidad, con un trabajo impecable de parte de la justicia electoral que facilitó la conformación del gobierno legítimo del presidente Luis Arce.

El ciclo electoral de 2023-2024

También el ciclo electoral latinoamericano ha seguido su curso. En 2023, las elecciones en Costa Rica, Honduras y Paraguay se realizaron sin mayores dificultades y en Argentina, a pesar de la profunda crisis económica y la polarización política, los ciudadanos pasaron por las llamadas PASO, la primera ronda y el ballotage, todo en absoluto orden. También es importante rescatar la capacidad de respuesta de la sociedad y la oposición frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley “ómnibus” que ha implementado y propuesto el presidente Milei. Ambas conteniendo la reversión de derechos y la concentración del poder en el Ejecutivo.

Y en Colombia, las elecciones departamentales y municipales se realizaron también de forma correcta, dejando un mensaje crítico al gobierno de Gustavo Petro.

La democracia y sus instituciones se mantienen, pero no sólo como realidad, sino también como volición. En el caso de Venezuela, se ha abierto una rendija para una transición a la democracia. Las elecciones internas de la oposición le dieron un apoyo significativo a la candidata Marina Corina Machado, aplacando así la siempre presente división interna de los grupos y liderazgos no chavistas de Venezuela.

Por otro lado, el gobierno de Maduro parece estar dando un paso adelante y dos atrás en lo que se refiere al compromiso con llevar adelante elecciones libres, directas y justas en 2024. Ahí hay una semilla de esperanza y una voluntad de cambio que bulle.

Centroamérica, el principal desafío para la democracia

Donde la volición democrática parece no encontrar terreno fértil es en Nicaragua. El pequeño país cae vertiginosamente en una espiral dictatorial casi psicótica. De hecho, podríamos decir que donde la resiliencia democrática encuentra sus más profundos desafíos es en América Central. Entre esos desafíos el más complejo de todos es el proceso en El Salvador. Este puede ser el antecedente más peligroso, por la popularidad de la drástica acción y sin el debido proceso en contra de las pandillas, introducido por el presidente Bukele, pero que arrastra con los derechos de decenas de miles de jóvenes provenientes de las clases bajas. Este líder posmoderno va directo a la reelección según todas las encuestas.  

Por último, tenemos países con democracias estables como Panamá y Uruguay que van a elecciones en mayo y octubre de este año, respectivamente. Panamá tiene la peculiaridad de ser un país en el que el tema ambiental ha crecido lo suficiente como para influir en las elecciones. Pero gran parte de la atención estará puesta en la segunda economía de la región y más populosa nación de habla hispana, México.

El personalísimo Andrés Manuel López Obrador apuesta, en unas elecciones competitivas, por la continuidad de MORENA con Claudia Sheinbaum, frente a la candidata de una coalición aparentemente no tan compacta del PAN, PRD y el PRI, Xochitl Gálvez. Mucho se ha criticado la disminución del presupuesto y funciones de la Comisión Federal Electoral, pero aún se mantiene el elemento competitivo y la alternancia es una posibilidad.

Finalmente Cuba sigue en su derrotero cada vez más aislada y empobrecida, en parte a causa del bloqueo, pero también por cerrar las puertas de la transición hacia un régimen de respeto a las libertades públicas, el pluralismo y la democracia.

América Latina es la región donde la fortaleza de la democracia se ha visto más golpeada de acuerdo con el índice de democracia de “Economist Intelligence Unit”, pero sigue siendo más democrática que África, Medio Oriente y Asia. El paradigma democrático se instaló aquí con mayor aplomo que en otras regiones durante la llamada tercera ola, pero actualmente está sufriendo los embates de la corrupción, el narcotráfico, la ultraderecha y las izquierdas autoritarias, la desigualdad y discriminación, así como la falta de un crecimiento económico con equidad.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha demostrado que con perseverancia, transparencia, claridad de propósito y con el acompañamiento del pueblo sí se puede salir adelante. Ese es el camino.

Una campaña electoral atípica en El Salvador

Anuncios televisivos y en redes sociales de candidatos llorando o lanzando indirectas a sus contrincantes, vallas publicitarias iluminadas al punto de cegar a los conductores, postes de alumbrado eléctrico forrados con carteles de las banderas partidarias y las caras de los candidatos, eran algunas de las estrategias que solían utilizarse para hacer campaña electoral en El Salvador hasta el 2019. Pero en ese año cambió la estructura ideológica del país con la victoria de Nayib Bukele con más del 50% de votos, logrando así la ruptura del bipartidismo tradicional. Al cabo de dos años, en el 2021, el partido político impulsado por Bukele, Nuevas Ideas (N), logró conquistar la Asamblea Legislativa, obteniendo mayoría de escaños convirtiéndose en el partido oficial.

En 2024, elecciones presidenciales (cada cinco años) y legislativas (cada tres años) se juntan. Las cosas han cambiado y en vísperas de los comicios se vive en un “silencio electoral”. En la radio y televisión aparece uno que otro anuncio describiendo el proceso del sufragio, así como vallas gigantes en las carreteras con la cara de candidatos a diputados de N y muy pocos de la oposición pidiendo el voto presidencial.

Estos últimos basan su falta de presencia en medios debido a que no han recibido la deuda política por parte del Gobierno, un apoyo económico el cual es relativo a la cantidad de votos recibido en la elección anterior. A pesar de este poco “bombardeo” en campaña, según el último censo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se espera una participación de más de seis millones de salvadoreños, la mayor en comparación al Padrón Electoral de otros años.

Una campaña de marketing político

Mientras tanto, El Salvador parece ser la tierra donde fluye leche y miel y podría decirse que ha existido una sutil campaña por parte del oficialismo con sus diferentes actores políticos. Para ser más precisos, tres meses antes de las elecciones han ocurrido numerosos sucesos que, aunque no esté escrito en piedra, se pueden relacionar con fines electorales, como la inauguración de una tecnológica y renovada Biblioteca Nacional con fondos procedentes de China; el evento de Miss Universo, el cual fue criticado por las candidatas que posaron con gorras con la insignia de “Bukele 2024” a pesar de que la ley lo prohíbe, y la cereza en el pastel fue la visita de pretemporada del equipo Inter Miami con figuras como Leonel Messi y Luis Suárez donde se realizó un partido entre un equipo híbrido de leyendas del fútbol y que vende nostalgia futbolística contra una selección nacional que está en un nivel muy por debajo del equipo invitado.

A pesar de no ser el presidente en labores tras la designación de su secretaria privada, Claudia Rodríguez, a la presidencia para poder gozar de una licencia y dedicarse a su campaña electoral, Bukele se reunió, con un protocolo muy presidencial, con el equipo invitado en el hotel donde los jugadores se hospedaban. Finalmente, para fortalecer ese desligamiento con el pasado, el actual Gobierno de El Salvador, decidió destruir el 3 de enero el “Monumento a la reconciliación” inaugurado hace años por el gobierno del FMLN en honor a la firma de los Acuerdos de Paz.

Con una frágil oposición, así como la seguridad ciudadana a través de la continuidad de un régimen de excepción como estandarte, parece que Bukele tiene asegurada la victoria, al igual que los candidatos a diputados de su partido amparados por la popularidad de su líder. A pesar de que en las papeletas electorales figuren partidos como Fuerza Solidaria (FS), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Nuestro Tiempo (NT), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y VAMOS una crisis de partidos en El Salvador es inevitable y parece que las cartas ya están jugadas.

Reformas anticonstitucionales

No obstante, muchos han sido los acontecimientos desde 2019 hasta la fecha. Las reformas impulsadas por la casa presidencial y avaladas con mayoría en el hemiciclo salvadoreño han sido las piezas claves para garantizar la nueva victoria a pesar de que la Sala de lo Constitucional establece que la Constitución de El Salvador prohíbe una reelección inmediata.

Fue así como en su primer día laboral en el 2021, diputados de N y sus aliados removieron a los antiguos magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusieron a cinco abogados, meses después, este nuevo equipo de trabajo emitió una resolución a favor de la reelección inmediata a pesar de los seis artículos de la Constitución que la prohíben. Luego Bukele anunció en la celebración del día de la Independencia en el año 2022 su candidatura presidencial junto a Félix Ulloa como vicepresidente para las elecciones del 2024. Casi un año después, la candidatura se hace oficial en la cuenta de Twitter de su partido.

Además de las diferencias entre las campañas electorales, estos comicios cuentan también con otros cambios que podrían promover la desigualdad entre los contrincantes generando un impacto en el régimen electoral. Por ejemplo, la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa, la reducción de los municipios y el voto en el extranjero y en línea, el cual se lleva a cabo desde el 6 de enero hasta el 4 de febrero y donde cualquier salvadoreño que cumpla los requisitos como tener un documento de identificación ya sea vigente o caduco pueda emitir. En El Salvador existen tres tipos de modalidades para emitir el sufragio: voto por bandera, preferente y cruzado.

Ya está todo listo para el 4 de febrero y con una propaganda rodeada de palabras como “proceso democrático”, para algunos esto sigue en tela de juicio. En esta coyuntura electoral podría anunciarse directamente a un ganador, no obstante, puede que los resultados nos sorprendan. Es así como a una semana de que se lleven a cabo las elecciones, El Salvador se encuentra “en calma”, no solo por la poca propaganda electoral y una campaña escasa, sino también por una falsa para algunos y verdadera para otros, seguridad brindada por el régimen de excepción.

“No regresemos al pasado, que el camino sea irreversible…” Así dicta Bukele en su único video de campaña electoral en redes sociales.

¿Preludios de un invierno autoritario en América Latina?

El Proyecto de Justicia Mundial (WPJ, por sus siglas en inglés) publicó recientemente su informe para el año 2023, que busca establecer la capacidad que tienen los Estados para enmarcarse en reglas claras de juego preestablecidas. Es decir, medir la salud del Estado de Derecho de los diferentes países. Los resultados son contundentes: hay un progresivo deterioro en buena parte del mundo, Latinoamérica no escapa a esta dinámica: los datos deberían preocupar a los gobiernos y al sistema de partidos políticos. Las tendencias de dichos autoritarismos no son idénticos, pero vienen creciendo en una región que hace poco más de tres décadas celebraba una primavera democrática. Parece que parafraseando a la famosa serie de Game of Thrones: “el invierno se acerca”.

El mencionado Índice Global de WPJ establece ocho variables en 142 Estados. Estas son: (i) los límites al poder de los gobiernos; (ii) el nivel de corrupción; (iii) gobierno abierto; (iv) el respeto a los derechos fundamentales; (v) orden y seguridad; (vi) la aplicación regulatoria; (vii) la justicia civil; y (viii) la justicia criminal. Los resultados preocupan por el deterioro progresivo de toda la región en los últimos años y porque coincide con otros índices como el Reporte Anual V-Dem (Variedades de la Democracia) 2023 que categoriza el Estado de la democracia en el mundo, pero sobre todo se puede evidenciar con datos fácticos de deterioro institucional grave.

El estudio coincide también con el pronóstico para 2024 que ha hecho el CIDOB de Barcelona y que considera que la erosión de la democracia es una amenaza latente para el mundo occidental hoy y probablemente es uno de los principales retos para un 2024, que paradójicamente tiene elecciones en más de la mitad de los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos e India.

Como siempre, en Latinoamérica tres países encabezan el podio: Uruguay (25), Costa Rica (29) y Chile (33), sin embargo, este último muestra un descenso paulatino desde 2015 pese a mantenerse en el mismo lugar en la tabla del año inmediatamente anterior. Vistos los 32 países latinoamericanos que son medidos en el estudio, la mayoría presenta estancamiento (en el mejor de los casos) o directamente una caída tanto en términos de puntaje, como en su posicionamiento en la tabla del ranking.

De entre los 32 países solo muestran mejoramiento en sus puestos respecto el Informe de 2022, Perú (+4), Bolivia (+1), Guyana (+1), México (+1), Guatemala (+1), Honduras (+1) y República Dominicana (+8). En algunos casos (como Guatemala) desciende en la medición, pero sube en posición solamente por la caída generalizada de muchos otros países, principalmente en la Región. Es decir, que si a Latinoamérica no le va peor es sencillamente porque el deterioro del sistema democrático parece ser una tormenta que en mayor o menor medida sacude a lo que históricamente conocemos como occidente.

Sin embargo, diversos factores inciden en que el problema latinoamericano se profundice. Por ejemplo, la ausencia de escenarios regionales internacionales legitimados que permitan contrarrestar buena parte de esos problemas comunes. Pese que a que Latinoamérica tiene un amplio catálogo de organizaciones y encuentros multilaterales (la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, la CELAC, Alianza Pacífico, CARICOM, por mencionar algunos) pocos de ellos han logrado transformaciones reales en materia de integración regional y actualmente poco pueden hacer frente a dinámicas inflacionarias, crisis económicas, y más preocupante aún, amenazas transnacionales a la seguridad internacional.

La mayoría de dichos escenarios -especialmente los surgidos en este siglo- se comportaron como plataformas de ideologías que convergieron electoralmente en un momento preciso y no fueron verdaderos puntos de partida e integración como en la Europa de la posguerra. Curiosamente, los que habían surgido con ese interés en el siglo pasado terminaron siendo subestimados, en virtud de las diferencias ideológicas de los gobiernos que lo integraban. Por ejemplo, lo ocurrido en la última etapa del Mercosur o con la Comunidad Andina de Naciones.

Es decir que, curiosamente en una región que atraviesa problemáticas asimilables, no hay escenarios consolidados que puedan dar respuesta a esos fenómenos como ha ocurrido, por ejemplo, con las pandillas centroamericanas o los carteles de droga en la región andina o en la Triple Frontera. Tristemente, la delincuencia organizada ha tenido mayor disposición a la integración transnacional en términos de cobertura y eficacia que los mismos Estados que deberían contrarrestarla. Esto sin entrar en temas medioambientales (la deforestación amazónica, por ejemplo) o migratorias como es el caso de la frontera colombo-panameña que se ha transformado en un verdadero corredor de migrantes de más de 50 nacionalidades en medio de zonas agrestes y controladas por actores armados irregulares.

Los casos de El Salvador y Guatemala, acercándose a un abismo

Es lamentable el panorama si tenemos en cuenta que hace dos décadas solo se contaba con un país catalogado como una autocracia cerrada (en términos del V-Dem): Cuba. Actualmente, ese lugar es disputado francamente con Nicaragua y Venezuela con remedos democráticos sin ninguna real división de poderes, libertades básicas restringidas y señaladas violaciones a los Derechos Humanos.

Además de los casos ya mencionados y del notable deterioro de países que habían tenido importantes avances en materia democrática (preocupa el caso chileno donde el proceso constitucional fracasó tras dos rechazos contundentes a las propuestas presentadas vía plebiscito), dos casos presentan una erosión institucional profunda, aunque desde dos dinámicas distintas: El Salvador y Guatemala.

En el primer caso, se da por descontado que Nayib Bukele será nuevamente elegido como Presidente pese a la tajante prohibición constitucional en torno a la reelección que fue matizada por un Tribunal constitucional pro-Bukele. No deja de preocupar que, aunque múltiples organizaciones señalan a la creciente limitación de derechos, a la cooptación de los otros poderes públicos y el estado de excepción, el mandatario salvadoreño cuente con una aceptación popular que supera el 80%.

El caso guatemalteco resulta más complejo: tras el contundente triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales para un nuevo periodo, se vio un intento coordinado entre diversas instituciones del mismo Estado para declarar ilegal su victoria e impedir su reciente posesión. Pese a que no lo lograron, el caso Arévalo evidenció como las instituciones aparentemente guardianas del Estado de Derecho pueden actuar en su contra.

Las fracturas democráticas en nuestra época no pasan por golpes militares, bombardeos a palacios de gobierno y cierres de Parlamento. Vivimos épocas de sutiles y progresivas rupturas institucionales, enmarcadas en discursos populistas, con apoyo de redes sociales y una vulneración a la información veraz. Por ello, además de abogar por escenarios de integración regional que defiendan verazmente la democracia sin importar el tinte ideológico de quien la vulnera, es necesario fortalecer la cultura institucional de los países y velar por una formación política amplia de todas las capas de la sociedad que permita que no retornemos a tiempos realmente oscuros de tiranías disfrazadas de populismos carismáticos.

¿Se merecen las encuestas electorales la actual crisis de confianza?

El pasado 17 de diciembre Chile enfrentó un nuevo hito electoral: el plebiscito de salida para manifestarse “a favor” o “en contra” de la propuesta de nueva Constitución. A pesar del extenso periodo de prohibición de publicación de resultados electorales que existe en Chile, 15 días antes de un evento electoral, diversas encuestas circularon a través de mensajes privados (incluso redes sociales), siendo difícil para los ciudadanos identificar si se trataba de encuestas reales o inventadas o, en caso de ser verídicas, acceder a las características metodológicas de cada medición, lo que alimentó un clima de desconfianza hacia las encuestas.

Dado el papel protagónico que tienen tanto en el proceso preelectoral como en el postelectoral, es fundamental comprender las percepciones ciudadanas en Chile respecto a las encuestas. ¿Qué piensan los votantes sobre la herramienta principal para desentrañar la dirección, los motivos y el sentido de sus elecciones para la vida pública y colectiva? Considerando que las encuestas señalan las probabilidades de adhesión popular y éxito de futuros alternativos, y –con ello– ayudan a moldar las estrategias de campaña de los contrincantes así como la interpretación sobre lo que se puede esperar el día después de los comicios por parte de los ciudadanos, es importante entender qué piensa la población sobre dichos instrumentos. Ello derivó en un estudio sobre confianza en las encuestas hecho vía correo electrónico a un panel de respondientes habituales, con el propósito de identificar los segmentos más críticos y los factores que inciden en esa descreencia.

Así como ocurre con el actuar y desempeño de varios otros sectores profesionales e instituciones, no solo en Chile, sino en la región, los resultados revelaron que existe una alta desconfianza en las encuestas que se realizan en el país, incluso entre quienes las contestan con regularidad. Encumbradas casi 100 años atrás por los pioneros George Gallup y Elmo Roper como las herramientas que permiten una forma regular y continua de expresión de la voz de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y temas de relevancia local o nacional (junto con las cartas a los diarios y legisladores, la presión organizada vía grupos de interés u ONGs, las marchas en la calle y otras formas de protesta y el ejercicio del voto en las urnas), hoy despiertan el resquemor y recelo de esa misma ciudadanía.

La confianza en las encuestas se asocia a la experiencia previa respondiendo encuestas y al interés en política del entrevistado. Coherente con lo esperado, los resultados muestran que aquellos que han respondido encuestas con anterioridad muestran mayor confianza en dichos instrumentos (un 52% confía mucho o algo). Sin embargo, la experiencia previa no se constituye directamente en un antídoto para con la desconfianza, dado que incluso entre quienes responden casi la mitad declaran confiar poco o nada en ellas.

El grado de interés en política también influye en la confianza hacia las encuestas electorales. Si bien los apáticos (quienes no tienen interés en política) suelen mirar los resultados de estas de manera más crítica, lo que se corresponde con el juicio negativo que tienen de todo lo que tenga a ver con el mundo político o electoral, llama poderosamente la atención que exista una baja fe en el desempeño de los sondeos entre aquellos muy interesados en política, o sea: quienes saben de la importancia de la transparencia, la expresión pública y la circulación del conocimiento sobre lo que piensa la ciudadanía. Más de la mitad de los politizados presenta también bajos niveles de confianza.

Al indagar en las razones detrás de la desconfianza, la sospecha de falsificación y/o manipulación de los datos de encuestas aparece como una preocupación relevante: más de un cuarto de los consultados (26.2%) se basan en ese tipo de percepción para negarles credibilidad a las mediciones del pulso popular. Esta percepción se ve acrecentada en contextos electorales en los que proliferan encuestas de origen dudoso y metodología desconocida o difusa. Pero también existe la sospecha alimentada por la incertidumbre sobre las intenciones o uso instrumental y táctico de esos sondeos para fines partidarios, lo que contamina su carácter genuino. Para uno de cada cinco encuestados (19.2%), la sombra de intereses políticos o económicos u otras agendas particulares ocultas también contribuyen al clima de desconfianza hacia las encuestas.

La suspicacia contra las mediciones de opinión pública se manifiesta no solo con relación a la autenticidad de sus resultados, sino también en aspectos técnicos y metodológicos, con cuestionamientos a la precisión, la representatividad y la metodología utilizada. De hecho, para el grueso de los consultados (43.8%) los problemas de diseño contaminan la creencia en los estudios. Este escepticismo en la rigurosidad metodológica resalta la importancia tanto de la transparencia en los procesos implementados por parte de las encuestadoras como de consumidores de datos con mejores herramientas para evaluar técnicamente las encuestas que circulan. 

Estos hallazgos revelan la urgente necesidad de transparencia en los procedimientos de las empresas encuestadoras y en la actualización de las regulaciones vigentes que entorpecen la difusión de los resultados de estos instrumentos, como es el caso del extenso periodo de embargo que se aplica en Chile para la difusión de resultados de encuestas electorales. La restauración de la confianza pública en las encuestas, en un momento en el que la participación ciudadana y la toma de decisiones basadas en datos son tan cruciales, requiere no solo de prácticas más rigurosas por parte de las encuestadoras e investigadores sino también de la adopción de estándares internacionales como los que sugieren organizaciones internacionales como Wapor y Esomar, para extraer lecciones aplicables al contexto chileno.  Abordar estas preocupaciones y promover la calidad y la claridad en nuestras prácticas como encuestadores permitirá mejorar la credibilidad de la investigación en opinión pública y mejorar la comunicación sobre la voluntad popular reflejada en los sondeos.

Milei, una experiencia inédita e incierta

Desde la asunción de Javier Milei, el pasado 10 de diciembre, comenzó a tramitarse en la Argentina la experiencia inédita de un gobierno de estilos y contenidos hiperpresidencialistas, que se propone tomar medidas drásticas y cambios legislativos de envergadura con una agenda de máxima sin contar con mayoría parlamentaria. Milei se convirtió en el candidato presidencial más votado de la historia argentina, y simultáneamente en el presidente con menos apoyo parlamentario y el único cuya fuerza política no ganó ninguna de las gobernaciones provinciales. Su partido, La Libertad Avanza, tiene solo 38 diputados propios sobre un total de 257, y 7 senadores sobre 72. Esto es así porque Milei llegó a la presidencia en segunda vuelta con un 56% de los votos, luego de obtener 30% en la primera, de la cual resultó la actual composición del Congreso.

Y aun así, se propone refundar el país dando la vuelta como un guante a su estructura económica y social en medio de un contexto hiperinflacionario y recesivo a la vez.

En esa dinámica, afloran las tensiones, ajustes y desajustes entre la representación democrática y el funcionamiento del sistema republicano. O, en otras palabras, entre los jugadores y equipos, estrenando sus roles y desplegando sus estrategias de juego, y el partido mismo que se está jugando. Gobierno y oposición, y quienes ocupan el Ejecutivo y el Legislativo, en tensión y competencia, pero con el imperativo común y acuciante de la gobernabilidad, internándose en territorio desconocido y bajo las necesidades y urgencias que impone la crisis económica y la expectativa de una sociedad extenuada. Una pulseada de la que, además de ganadores y perdedores, en lo inmediato, debe resultar algún tipo de acuerdo que le otorgue un piso de marcha a una gestión de gobierno que recién comienza y que, a un mes y medio de empezar, ya le tocó enfrentar el primer paro general convocado por la CGT.

Es así como, más allá de las retóricas encendidas y frases agresivas, algo de lo que hace culto el presidente argentino a diario a través de Twitter (X), la sístole y diástole del corazón político fluctúa entre el realismo y el voluntarismo, la negociación y el decisionismo, jugando sobre el filo de la navaja, tensionando el paño pero sin terminar de desgarrarlo, sabiendo que, de lo contrario, pierden todos.

A ello debe sumarse el humor social como un factor incidental a no perder de vista. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA) realizada entre el 9 y el 14 de enero muestra a un país dividido por la mitad: a un mes de asumir, un 48% aprueba al gobierno de Milei, mientras que un 48% lo desaprueba. Según los datos de esta encuesta, en diciembre Milei alcanzaba el 54% de la aprobación, conservando así el voto obtenido en la segunda vuelta. Un mes más tarde, la imagen presidencial cayó 6 puntos, pese a lo cual Milei se mantiene primero en imagen positiva. El resto de la dirigencia, sobre todo la identificada con los largos años de gobiernos kirchneristas, cuenta con una estima pública bajísima, que arrastró también a los dirigentes de la oposición, lo que explica el ascenso a la presidencia de este personaje excéntrico y sin experiencia de gestión.

Por otro lado, a la pregunta “¿Cuál dirías que es tu nivel de satisfacción con cómo marchan las cosas en el país?”, una mayoría abrumadora dice estar totalmente insatisfecha: un 50% nada satisfecha, un 21% poco satisfecha, un 21% algo satisfecha y solo un 5% dice estar “muy satisfecha”. También se muestran bajos los porcentajes que logran, en la estimación favorable de su desempeño, los tres poderes en la Argentina: 31% el Ejecutivo, un 23% el Poder Judicial y un 20% el Senado y Diputados. Respecto de los principales problemas que la gente identifica, encabezan la lista la inflación (57%), los bajos salarios (33%), la inseguridad (32%), la corrupción (29%), la pobreza (28%) y “los políticos” (25%).

En cuanto a la relación entre el oficialismo y la oposición, el 60% de los encuestados cree que el presidente debería negociar su agenda con el Congreso, frente a un 17% que dice que la debe imponer. Al mismo tiempo, un 47% de los encuestados piensa que el Congreso debe cooperar con el presidente y negociar algunas reformas, un 27% considera que no debe cooperar, y solo un 14% cree que debe aprobarle la delegación de poderes.

Como señala Daniel Zovatto, que viene siguiendo estos indicadores en toda América Latina, “la ciudadanía reclama de la democracia y de sus instituciones resultados concretos, soluciones democráticas eficaces y oportunas a sus problemas y no solo procedimientos para elegir y reemplazar a sus gobernantes”.

El riesgo está ahí: según el Latinobarómetro2023, un 54% de los encuestados en nuestra región dicen que no les importaría vivir en un régimen no democrático si resuelve sus problemas.

Aunque tal distopía –un régimen no democrático que resuelva los problemas– no exista en la realidad, nuestras democracias están incubando en esa insatisfacción un montón de Bukeles dispuestos a cargarse a políticos e instituciones para tomar el Palacio con el respaldo del voto popular. Algo que, desde los antiguos griegos y romanos, tiene nombre: se llama autocracia, dictadura o tiranía. Y en América latina, sin llegar tan lejos, toma la forma de “democracias delegativas”.

Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente, según la definiera Guillermo O’Donnell hace treinta años.

*Texto publicado originalmente en Clarín

Nuestros residuos también contribuyen al cambio climático

Más de la mitad de los seres humanos que habitan el planeta viven en áreas urbanas y la proporción va en aumento. Las ciudades consumen el 75% de energía, el 60% del uso de agua residencial y generan el 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Pero, además, las urbes promueven estilos de vida que producen miles de toneladas diarias de residuos que provocan grandes impactos en los ecosistemas con consecuencias muy diversas a nivel social, económico, sanitario y ecológico.

La tasa de generación de residuos es exponencial, multifactorial y varía según el nivel de industrialización de cada región. Pero además, gran cantidad de los residuos que producimos son sintéticos, resistentes a la degradación y potencialmente contaminantes. También generamos grandes volúmenes de residuos que, si bien son de origen orgánico como el papel, el cartón y los plásticos, no se degradan fácilmente porque para ello requieren ciertas condiciones ambientales y, en algunos casos, mucho tiempo. Como ejemplo, una botella de plástico requiere de cientos de años para degradarse.

Una fracción importante de estos residuos se origina en los hogares, ocasionando uno de los principales problemas ambientales urbanos. Algunos datos sugieren que cada persona, al menos en América Latina y El Caribe, produce alrededor de 1 kg de residuos por día, aunque hay países que lo superan. Son miles de toneladas diarias y para abordar los problemas que generan tantos residuos no alcanza con, simplemente, mejorar los sistemas de limpieza y gestión de las ciudades, sino que hace falta construir nuevas formas de relacionamiento con los objetos. Es importante interpelar las pautas de consumo, los procesos productivos y lo que se hace con aquello que ya no se necesita.

¿Por qué se generan tantos residuos?

Una mirada crítica del por qué se generan tantos residuos da cuenta de la profunda interconexión entre la vida urbana, las pautas de consumo, los procesos productivos, los modelos económicos capitalistas, el desarrollo tecnológico, las políticas públicas, así como ciertos aspectos educativos, culturales y de género. Los modelos económicos lineales y altamente tecnificados desarrollados por la sociedad de consumo favorecen la intensificación en la extracción de materiales, producción de artefactos, comercialización, consumo y rápido descarte.

Para revertir las crisis económicas mundiales de principios del siglo XX se idearon estrategias como la obsolescencia programada, instalando una cultura del descarte y la inmediatez. La obsolescencia programada consiste en reducir intencionalmente la vida útil, el diseño o la calidad de los productos y desplegar estrategias comerciales para que las personas compren artículos nuevos permanentemente. En pocas palabras, las empresas diseñan a propósito objetos cuya vida útil sea corta y su reparación no sea muy accesible o atractiva. A la vez, la publicidad promueve mecanismos para que sea más gratificante comprar nuevos objetos.

La escasez de programas educativos que promuevan comportamientos más conscientes y que contribuyan a la toma de decisiones más éticas y justas también influye en la generación de residuos. En la región, generalmente las estrategias y políticas de educación ambiental son débiles, fragmentadas y, en general, no están orientadas a procesos de transformación social. Son pocas las acciones orientadas al desarrollo de una conciencia crítica y comprensiva de los impactos del modelo de consumo predominante. Este aspecto se refleja en las decisiones que se toman, tanto a nivel individual como colectivo, lo que favorece el desarrollo de una sociedad de consumidores acríticos y poco comprometidos.

Los residuos sólidos urbanos y la emisión de gases de efecto invernadero

Parte de los GEI generados a nivel global provienen de los residuos domiciliarios. Todos los materiales húmedos compostables como los restos de alimentos así como el papel, el cartón y los materiales derivados del petróleo, como el plástico, pueden emitir GEI si no son tratados adecuadamente. Por otra parte, la incineración de residuos en condiciones no controladas, además de generar gases tóxicos, también aumentan la concentración de los GEI.

Los compostables húmedos representan casi la mitad de los residuos domiciliarios. Su descomposición en ausencia de oxígeno genera biogás, el cual está constituido principalmente por metano, uno de los gases que más contribuye al cambio climático Algunos tipos de papeles y cartones también son compostables en ciertas condiciones, sin embargo, estos suelen considerarse como materiales secos reciclables, una fracción importante de los residuos domiciliarios que puede superar el 35% y que incluye a los plásticos, papel, cartón, tetrabrick, vidrio y metales.

Los plásticos más comunes emiten trazas de metano y etileno cuando se exponen a la luz solar. Se calcula que aproximadamente el 79% de todos los residuos plásticos producidos a nivel mundial hasta el año 2015 se encuentran en sitios de disposición final, dispersos en los ecosistemas o flotando en las “islas de basura” del océano Pacífico. Cada año ingresan 11 millones de toneladas de residuos plásticos al océano, de los cuales la mitad corresponde a envases y embalajes de vida corta o de un solo uso.

A su vez, el incremento de GEI produce diversos impactos a nivel global como la pérdida de glaciares, el aumento del nivel del mar, desequilibrios en los patrones climáticos, aumento de enfermedades tropicales o vinculadas a situaciones climáticas extremas, pérdida de biodiversidad y suelo fértil, entre otros impactos. Todo ello trae consigo consecuencias negativas muy diversas vinculadas a las formas de vida, la economía y la salud de las personas.

¿Cómo cambiamos esta realidad?

La complejidad e interconexión de diferentes factores que favorecen la producción y mala gestión de residuos impone un abordaje crítico, colectivo y transdisciplinario. El punto de partida es cuestionar y disminuir su generación. En necesario interpelar los modelos de producción y consumo, la producción de descartables, en especial plásticos y promover nuevas formas de consumo, alternativas al modelo capitalista. Tratar adecuadamente la fracción de residuos compostables es una segunda acción importante.

Desde el punto de vista de la gestión integral de residuos es importante considerar la heterogeneidad de los territorios y sus necesidades, así como impulsar procesos participativos orientados al desarrollo de pensamiento crítico y la construcción colectiva de nuevos valores. Por ejemplo, crear composteras comunitarias puede ser relevante como proceso de gestión y educación crítica, contribuyendo con eso a la reducción de los GEI generados por los residuos domiciliarios.

Otro aspecto relevante es la implementación de políticas orientadas a la problematización de las prácticas de consumo actuales. Algunos países han adoptado estrategias de “Basura Cero”, una propuesta basada en la idea de no generar residuos. Con ello promueven cambios en el consumo, la reparación y el reciclaje, el rediseño de productos y servicios, entre otros. Esto conlleva grandes desafíos a la hora de promover acciones de comunicación ambiental, de transformar la cultura del “use y tire” y de comprender los procesos ecosistémicos, así como de reorientar los procesos productivos.

¿Qué es, pues, ser de izquierda hoy?

La pregunta del titular viene a cuento porque autores académicos y columnistas en los medios siguen utilizando la etiqueta “izquierda” como si así se caracterizara una orientación definida. Según este uso bastante difundido, tratándose de la América Latina de hoy se coloca como “gobiernos de izquierda” a los encabezados por López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, Luis Arce en Bolivia y Gabriel Boric en Chile. En el mismo casillero fueron situados en su momento el peruano Pedro Castillo y la argentina Cristina Fernández de Kirchner.

De la lectura de la lista surgen algunas interrogantes: ¿qué tienen en común esos personajes y sus gobiernos como para ser colocados bajo la misma categoría? ¿Una retórica antiimperialista? ¿Tal vez una tendencia a otorgar un papel central del Estado como principal actor económico en contraposición a la libre empresa y al libre mercado? Si, poniendo de lado los discursos, examinamos la actuación de aquellos gobiernos, veremos rápidamente que no todos comparten estos rasgos.

Si más bien estamos, como parece ser, ante una diversidad difícilmente agrupable, ¿qué capacidad explicativa tiene la palabra izquierda para que consideremos justificado su uso? En otras palabras, ¿de qué sirve llamar “de izquierda” a un gobierno o a determinado personaje? ¿Y, entonces, qué es exactamente ser izquierdista hoy?

Una denominación que ha perdido significación

En el origen del término izquierda está la ubicación de los revolucionarios en los asientos de la primera asamblea nacional de Francia, que en agosto de 1789 ganaron la votación para limitar el poder del rey. Desde entonces, se ha conocido como la izquierda a las fuerzas opuestas al orden tradicional. Acaso las que alcanzaron mayor repercusión histórica fueron aquellas que en 1917 acabaron con el zarismo en Rusia. Pero en el camino recorrido hasta nuestros días, la experiencia con Stalin en la Unión Soviética, con Pol Pot en Camboya, con Kim Il-Sung en Corea del Norte o, más de cerca, con los Castro en Cuba, con Ortega en Nicaragua o con Chávez-Maduro en Venezuela ha señalado algo distinto.

La línea autoritaria en “la izquierda” tuvo antecedentes entre los revolucionarios franceses. Pero fue Lenin quien dio consistencia a la tendencia al incorporar la noción de “centralismo democrático”, una suerte de contradicción en los términos que resultó útil para aplastar a los adversarios surgidos en las propias filas. El camarada Stalin, primero, y Pol Pot más recientemente llevaron la tendencia a niveles singularmente sangrientos.

Pero aún sin llegar a esos excesos terribles, hoy bastante documentados, “la izquierda” construyó partidos que, vistiendo todo el ropaje y adoptando todos los símbolos que pudieran considerarse “revolucionarios”, giraron en torno a un líder iluminado: Mao, los Kim y Fidel. Algunos lograron constituir linajes que, como en Corea, se han perpetuado pasando el poder de una generación a otra.

Las diferentes construcciones sociales levantadas en nombre del socialismo vinieron a revelarnos, a lo largo de los años, los presos y los muertos, lo que podía hacerse bajo banderas de izquierda. La “dictadura del proletariado” mostró que era dictadura y tenía poco del proletariado de carne y hueso.

¿Podemos seguir llamando “izquierda” a esas construcciones degenerativas que han congelado en el poder a determinadas camarillas, solo porque han mantenido un lenguaje de apariencia revolucionaria al tiempo que reprimen a sus opositores?

En definitiva, esos regímenes autoritarios se proclamaron como “el socialismo realmente existente”, para descrédito de la tradición socialista por la que tantos se habían sacrificado e incluso entregado sus vidas. La ideología “de izquierda” fue convertida así en instrumento de combate para defender regímenes políticos indefendibles donde, según ironizó hace 80 años George Orwell en Rebelión en la granja, al tiempo que se pregonaba la igualdad, “unos animales eran más iguales que otros”.

La historia de nuestros partidos políticos considerados de izquierda reprodujo ese curso. Las sucesivas divisiones internas han correspondido más a luchas de dirigentes ambiciosos que a definiciones distintas de líneas de acción y ejes programáticos. La autocrítica se usó una y otra vez para acusar al otro, no para revisar y corregir los propios errores. Expulsiones de los disidentes y “refundaciones” a cargo de sectores escindidos continúan poblando esa historia.

Vuelta al principio

Tal vez sea hora de preguntarse dónde quedaron el inconformismo con el orden –el viejo y los nuevos– y la capacidad contestataria de la izquierda. Y dónde su propuesta de una sociedad verdaderamente distinta del orden injusto que tratábamos de dejar atrás.

Una prueba adicional de la pérdida del norte de la izquierda la dan diversos movimientos contestatarios que en la actualidad no visten esa camiseta. En efecto, los feminismos, los activistas en torno al cambio climático, los movimientos LGTBI y otras movilizaciones que reclaman cambios profundos en el orden existente no se amparan en las banderas algo desteñidas de la izquierda. Puede que muchos de sus militantes voten a la izquierda pero sus combates no están inscritos orgánicamente en la izquierda porque esta ha sido despojada de sentido.

En este mundo desesperanzado por tantas razones, hace falta la ilusión de una realidad distinta a ser construida por nuestros esfuerzos. Que nos permita salir del consumismo cotidiano y el tedio laboral para poder pagarlo. ¿Se podrá volver a construir sujetos colectivos que asuman un proyecto respetando diversidades y diferencias? 

¿Habrá algo que sustituya a aquello que la izquierda pudo ser y hemos comprobado que no es? Si lo hubiera, podríamos integrar en un vasto proyecto común las luchas que ahora cada quien libra en su sector, como náufragos en su propia balsa.

Davos, “foro del socialismo”: el ascenso de la extrema derecha y el discurso extractivista

Como todos los años, del 15 al 19 de enero Davos congregará a los principales empresarios y CEOs. Dicho evento convoca también a representantes políticos de todo el mundo, incluido el presidente argentino, Javier Milei. Suiza, donde queda este exclusivo resort alpino, resulta fuertemente afectada por el calentamiento global. Con temperaturas que ya superan los 2ºC de promedio global, muchos de los centros de esquí se están quedando sin nieve. Dicho fenómeno, por cierto, no resulta desconocido por los organizadores, ni desapercibido entre los participantes.

Tal como viene ocurriendo en los últimos años, el último informe de riesgo global que anualmente emite el Foro Económico Global destaca la problemática ambiental. La emergencia climática, así como la pérdida de biodiversidad, ocupa un rol central. En opinión de los entrevistados, el futuro del mundo se muestra sombrío, una oscuridad que reconoce múltiples causas (conflictos bélicos, disputas geopolíticas, eventos extremos, temperaturas en ascenso, grandes desplazamientos de población, descontento social, inteligencia artificial y diseminación de noticias falsas). Ello genera preocupación, tanto entre los empresarios como en aquellos que ocupan lugares públicos. Tal situación obliga también a repensar la economía, a revisitar los principales conceptos que cimentan la toma de decisiones.

Si las decisiones de inversión solo se centran en la eficiencia, de seguro estaremos en problemas. En un contexto signado por múltiples crisis, a menudo interrelacionadas, donde predomina la incertidumbre radical frente a condiciones extraordinarias, la idea de resiliencia adquiere protagonismo y la primacía de la eficiencia induce decisiones erróneas.

La resiliencia se convierte en una de las virtudes de los sistemas complejos, los cuales priorizan el espacio para el aprendizaje y la adaptación. La presencia de incertidumbre plantea la necesidad de fortalecer el sistema; la experimentación y el error son admitidos. Ello se contrapone con la visión económica tradicional, la cual otorga a la eficiencia el lugar destacado. No menos importante es la visión de corto plazo imperante en la actualidad, de alcance estrecho, que prioriza la ganancia inmediata e impide la búsqueda de consensos.

Cuando observamos las propuestas ambientales del nuevo gobierno argentino, nos damos cuenta de cuán alejados están nuestros líderes de las discusiones que se dan en el mundo. La agenda de Davos está contaminada de socialismo, tal el pensamiento del máximo representante argentino: la extrema derecha en el poder. Pero dicho reclamo no surge en el vacío, representa el pensar de las principales entidades empresarias del país, reclamando derogar (glaciares, bosques) o bloquear la sanción de leyes (humedales). El oscurantismo del gobierno se alía con el cortoplacismo del “círculo rojo”, una nueva alianza que desconoce el momento crítico que atraviesa la sociedad actual.

Resiliencia en la toma de decisiones

La resiliencia garantiza el hacer frente a imprevistos, los cuales surgen en toda sociedad compleja: capear los riesgos que impone el avenir. El soportar profundas turbulencias, sobrevivir a los choques y garantizar la continuidad de sus funciones más básicas se ha revelado y reafirmado como fundamental. Estos choques generan perturbaciones, desastres naturales con consecuencias sobre la vida humana tanto como sobre la economía. Cualquiera sea el desastre, afecta a los stocks (pérdidas de activos) tanto como en los flujos (reduce el producto). La resiliencia implica también reconocer los límites del planeta, lo cual explica la necesidad de proteger los glaciares o preservar los bosques nativos.

Invertir en resiliencia impone costos en el corto plazo, lo cual socaba las (coyunturales) ganancias. A mediano plazo, sin embargo, los beneficios que generan estas inversiones superan largamente a los costos. Tal es la conclusión que destaca un informe de la consultora McKinsey para el Foro Económico Global, que reseña experiencias tanto públicas como privadas. Para unos como para otros, considerar aspectos de resiliencia implica sopesar el largo plazo al momento de la toma de decisiones. Tales consideraciones, sin embargo, resultan a menudo relegadas en economías emergentes porque tal inclusión presiona sobre las finanzas públicas: implica mayor endeudamiento.

Resiliencia y contrato social

La gran diversidad que evidencia toda sociedad implica que, ante un desastre natural, determinados grupos se verán más afectados que otros. Ello no significa que la ciudadanía resulta indefensa ante situaciones extremas como las aquí planteadas, al menos no necesariamente. Aquellas sociedades que exhiben sistemas de protección social resultan mejor preparadas para hacer frente a una crisis que las que no lo están. Toda red de contención tiende a proteger a los más vulnerables, se entiende como un mecanismo de compartir riesgos. Así considerada, la idea de resiliencia no solo se vincula al concepto de robustez y adaptación sino también a la capacidad de transformación. En un mundo signado por eventos extremos, la resiliencia institucional deviene clave.

Por ello la importancia de la búsqueda de consensos y la construcción institucional: la prevención ayuda a confrontar los más diversos riesgos, reduce la incertidumbre. Si las reglas no resultan impuestas, sino que resultan consensuadas y sujetas a cambio, entonces es más probable que el sistema resulte más robusto. El informe previamente mencionado destaca el riesgo de un aumento de la polarización y su potencial impacto en el deterioro económico.

Debemos mirar al futuro, pero ya no con las anteojeras del pasado y la mirada estrecha del presente. Un sistema resiliente no es aquel que vuelve a la normalidad después de un shock, sino uno que puede anticipar, absorber, recuperarse y adaptarse a un variado conjunto de amenazas sistémicas. Al confrontar la incertidumbre que nos depara el futuro, los desafíos abundan, aunque ayuda a comprender la sociedad actual, en la cual conviven intereses, valores y visiones distintas.

El problema de la resiliencia se asocia a tópicos, tales como el establecer reglas que resulten lo suficientemente flexibles para responder a la incertidumbre y los cambios inesperados, pero al mismo tiempo duraderas, en el sentido de recrear un ámbito institucionalmente creíble en el que la gente pueda confiar. Lo anterior plantea la importancia del contrato social, entendido como un mecanismo que resulta reconocido por los distintos sectores de la sociedad que permite hacer frente a los desafíos y riesgos que confrontan. Dicho contrato resultará resiliente si permite imponer límites a la difusión de externalidades negativas por parte de unos sobre otros, pero, por otro lado, asegurar a la sociedad frente a riesgos externos. De esta forma, las normas sociales destacan el sentido de pertenencia, brindan sentimiento comunitario. Dicha identidad resulta crucial, algo crítico para mantener la cohesión de una sociedad.

Caso contrario, de seguir avanzando sobre los límites del planeta, de alcanzarse los “puntos de quiebre” podría ocurrir que la adaptación no baste. De la resiliencia pasamos al desastre. Y, a medida que nos acercamos al punto de quiebre (asociado también con la idea de “punto de no retorno”), cuanto más cercano se percibe el desastre mayor la percepción del “sálvese quien pueda” que reina en vastos sectores de la sociedad.

El lugar de Brasil en la disputa de Sudáfrica con Israel 

Un viejo adagio dice que «no se debe bromear ni jugar con el sufrimiento ajeno». Una recomendación igualmente antigua afirma que «para cada problema complejo hay una solución simple que siempre es errónea». Una enseñanza trascendente nos informa de que «la paciencia es hermana de la prudencia». Y el mago de las letras rusas, Liev Tolstoi, inmortalizó la máxima de que «todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera». Lo que siguió al desafortunado suceso del 7 de octubre de 2023 moviliza todos los niveles de estas consideraciones y cualquier postura adoptada sin ellas como guía podría conducir a la imprudencia.

La embestida de Hamás contra civiles desprotegidos y desarmados aquel 11-S israelí fue una acción sin nombre y no puede excusarse. Siempre ha sido muy difícil perdonar lo imperdonable. Y aquello fue imperdonable. Pero una acción imperdonable no carecía de razón. Al contrario: fue una acción, por atroz que fuera, producto de la acumulación de resentimiento y odio entre creyentes, de un bando y de una familia común, en disputa por un mismo terreno.

Un conflicto histórico

Desde una perspectiva muy lejana, estas escaramuzas entre judíos y árabes se remontan a momentos bíblicos del Génesis. Pero fue durante el siglo XIX, bajo el Imperio Otomano, hacia 1870, cuando la cuestión sionista que hasta hoy carcome la paciencia y la prudencia de estos habitantes de Oriente Próximo tomó nuevos contornos. Los judíos sefardíes, en ese momento del siglo XIX, empezaron conscientemente a valorar la lengua hebrea como aportación para revigorizar el nacionalismo judío. Y funcionó. En los años siguientes aumentaron las demandas de afirmación, diferenciación y territorialización del pueblo judío. Y, finalmente, llegó la innombrable Shoah para promover la conmoción mundial que sirvió de base para la justificación del Estado de Israel.

Concomitantemente con la creación del Estado de Israel llegaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Todo ello en 1948.

La Solución Final de los nazis prolongó la materialización de las locuras inauguradas en la limpieza étnica practicada contra los armenios y continuadas en los exterminios masivos perpetrados por los Estados comunistas a lo largo de la época de los extremos entre 1914 y 1945. Estas acciones fueron demasiado lejos. Por lo tanto, era necesario mejorar el castigo de estos crímenes incontestables.

En 1929, la Convención de Ginebra pretendía proteger a los prisioneros de guerra. Pero la Segunda Guerra Mundial planteó retos aún mayores que se definieron en el castigo de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Todos estos crímenes se perpetraron también y sobre todo contra los judíos. De ahí el impulso a la creación de un Estado de Israel. Pero la situación siempre ha sido más compleja.

Los árabes, en todas sus variantes, reivindican la misma causa, los mismos castigos y el mismo territorio. Por todas estas razones, después de 1948, la tensión entre judíos y árabes no hizo más que aumentar. Y los incidentes de 1956, 1967 y 1973 fueron sólo ejemplos de sus eternos desacuerdos.

Los Acuerdos de Oslo de 1993 plantearon la posibilidad de una «paz soportable». Pero el asesinato del Primer Ministro Isaac Rabin dos años después acabó con las esperanzas. Desde entonces, el conflicto no ha tenido solución ni fin.

El papel de Occidente

Lo que vimos el 7 de octubre de 2023 y después, por cruel que parezca, no fue más que la continuación de este complot. Pero esta vez con matices más irritantes. Primero por la revisión del papel de Occidente en el mundo. Después, por la tormenta perfecta caracterizada por la pandemia de Covid-19 y la nueva fase de tensión ruso-ucraniana. Y, por último, por la violencia de la contraofensiva israelí contra los árabes tras el atentado.

Así, en los primeros momentos tras el 7 de octubre, los países occidentales que siempre habían apoyado la existencia del Estado de Israel condenaron ostentosamente las acciones de Hamás y, posteriormente, de los demás países árabes. Los países menos occidentales e incluso antioccidentales de América, África y Asia dudaron inicialmente y algunos ignoraron la situación.

Volviendo atrás en el tiempo, las secuelas del 11 de septiembre de 2001 complicaron enormemente la relación de todos, occidentales o no, con el mundo árabe. La Guerra contra el Terror del Presidente George W. Bush creó complicaciones difíciles de superar. Casi de repente, ser árabe se convirtió en sinónimo de ser terrorista. El Presidente Barack H. Obama intentó remediar esta terrible impresión. Pero no lo consiguió. La relación, especialmente entre occidentales -incluidos israelíes- y árabes no ha hecho más que empeorar.

Por si fuera poco, 2009 coincidió con el momento de la superación de la crisis financiera mundial de 2008 y, concomitantemente, con la afirmación de los países emergentes anclados en los BRICS. Estos países, actuando en bloque, pasaron de ser un foro de discusión a una plataforma revisionista del sistema internacional surgido en 1945. Esta intención de revisión ha acelerado el cambio del consenso sobre el entorno internacional -especialmente el consenso fabricado por europeos y estadounidenses- y, con él, el consenso sobre el Estado de Israel y las relaciones israelo-palestinas.

El revisionismo internacional

Con este nuevo telón de fondo, Israel recurrió a su «derecho de defensa» y lanzó una implacable contraofensiva contra Hamás y el mundo árabe en Gaza. Desde entonces, bajo el pretexto de proteger la supervivencia del pueblo judío, las fuerzas israelíes han asesinado a más de 23.000 árabes, la mayoría de ellos civiles y desarmados. Observando la gravedad de la situación, los sudafricanos identificaron esta matanza como una «intención de genocidio» y presentaron una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el Estado de Israel, sorprendiendo al mundo entero con su inversión de valores. Hay que darse cuenta de que semejante denuncia habría sido impensable antes de la aparición de los países revisionistas en la escena internacional. Pero ahora, en este escenario de revisión de valores, la denuncia ha sido presentada y aceptada por el Tribunal. Nuevos tiempos.

Como garante de esta revisión de los preceptos y valores internacionales, el Estado brasileño, bajo la presidencia de Lula da Silva, expresó su solidaridad con los árabes y su apoyo a la iniciativa de Sudáfrica el 10 de enero de 2024, tras una reunión con el embajador palestino en Brasilia. En el ámbito diplomático, esta decisión obedece simplemente al cambio de perspectivas de los países revisionistas en el sistema internacional y al protagonismo de Brasil dentro de estos países. En el ámbito jurídico, este apoyo sirvió para presionar al Tribunal para que aceptara la demanda de Sudáfrica. En el ámbito político, Brasil tomó partido en una situación que no es necesariamente política, ni jurídica, ni diplomática. Quizás simplemente apostó por establecer su lugar en la historia.

¿Le faltó paciencia y prudencia a Brasil en esta apuesta? Los días lo dirán.

 2024: polarización, democracia y elecciones 

El 2024 será un año definitorio para la democracia en la región. Seis países del continente americano tendrán elecciones presidenciales, mientras que tres tendrán comicios municipales que podrían definir el futuro del mapa ideológico. El Salvador, Panamá, República Dominicana, Perú, México y Uruguay escogerán a un nuevo presidente y serán los encargados de delinear la tendencia política de América Latina.

Para empezar, este 14 de enero Bernardo Arévalo asumió como nuevo presidente de Guatemala. Durante el 2023 el país presenció el desgaste de su democracia y el intento para impedir que Arévalo asumiera la presidencia.

El 4 de febrero, Nayib Bukele buscará la reelección. Se trata, sin embargo, de un trámite, ya que desde 2019 se dedicó a alinear a los poderes de la república con su gobierno, confiado en los altos índices de popularidad que mantiene. Sin embargo, la eliminación de financiamiento a los partidos, la reducción de la Asamblea Nacional y la política de mano dura hacen que El Salvador pueda transitar en un futuro hacia una autocracia. El mismo día Costa Rica celebrará elecciones municipales, que serán decisivas no solo para la administración de Rodrigo Chaves sino para el centro ideológico de la región. 

El centro ha sido sustituido por la derecha y la izquierda 

Desde 2015 hemos presenciado cómo el centro es sustituido por la derecha o la izquierda y sus vertientes radicales. Los comicios municipales serán una radiografía del actual gobierno centrista y, dependiendo de los resultados, podrían hacerse algunas prospectivas. También en el subcontinente, Panamá irá a las urnas el 5 de mayo para renovar la presidencia, el congreso y algunos otros cargos. 

Panamá viene de largas protestas debido a que el gobierno de Laurentino Corzo buscaba concesionar cerca del Canal de Panamá algunas minas. Esto despertó la molestia de la ciudadanía, que salió a las calles para protestar. A pesar de que el proyecto no se concretó, los electores no olvidan y posiblemente recuerden esto al momento de ir a las urnas. 

En el Caribe, República Dominicana celebrará elecciones generales el 19 de mayo. El país es uno de los pocos bastiones del centro que también estará a prueba. Si bien el gobierno de Luis Abinader no ha estado envuelto en escándalos, sí ha sido blanco de críticas por la tensa relación con Haití. No obstante, estas tensiones datan desde que los dictadores François Duvalier y Rafael Leónidas Trujillo gobernaban sus respectivos países. 

Por último, el 2 de junio México celebrará elecciones generales, en las cuales se renovarán la presidencia, la Cámara de Diputados, el Senado y 9 gubernaturas, y en los 32 estados habrá elecciones locales. Estos comicios serán los más grandes de la historia. Sin embargo, estarán marcados por la polarización, la erosión institucional y la agenda de López Obrador para eliminar los contrapesos como los Órganos Autónomos y la iniciativa para elegir por voto popular a los ministros, magistrados y jueces.

México fue de los primeros países que giró a la izquierda en 2018 y que generó una esperanza en la ciudadanía. No obstante, con el pasar de la administración lopezobradorista se ha encontrado que su proyecto se sostiene en el autoritarismo competitivo y el nacionalismo revolucionario del PRI. 

Las dos claves del 2024

Así, el primer semestre del 2024 estará marcado por dos claves. En primer lugar, unos comicios que definirán el rumbo del centro en la región; la ciudadanía ha optado por los polos ideológicos, lo cual muestra que se necesita una reconstrucción del centro. Y, en segundo lugar, el rumbo de la democracia en países como El Salvador, Perú y México, que actualmente son catalogados como regímenes híbridos en los informes de IDEA y V-Dem.

Para el segundo semestre, el superciclo electoral iniciará en octubre, debido a que es el mes en el que más elecciones se concentran. El 21 de ese mes Chile acudirá a las urnas para elegir cargos municipales y regionales, los cuales serán una radiografía del gobierno de Gabriel Boric, pero también de la izquierda y la derecha que en 2022 y 2023 sufrieron reveses luego de que la ciudadanía rechazara los dos proyectos de Carta Magna.

El 27 de octubre Uruguay celebrará elecciones generales. Este país es la única democracia plena en la región. Es de las pocas naciones que no ha girado a la izquierda, pero que ha estado atravesando uno de los mayores escándalos políticos. El gobierno de Luis Lacalle Pou entregó un pasaporte a un traficante de narcóticos, lo que desencadenó varias renuncias del gabinete presidencial. En caso de que ninguna candidatura obtenga más del 50+1 de los votos, entonces deberá celebrarse una segunda vuelta el 24 de noviembre. 

El martes 5 de noviembre Estados Unidos celebrará una de las elecciones más polarizadas de su historia. Por el lado de los demócratas, el presidente Joe Biden buscará la reelección, mientras que en el lado republicano el expresidente Donald Trump es el favorito para contender por la Casa Blanca. Ambos personajes deberán ganar las primarias de sus partidos entre febrero y agosto. Los dos son investigados: Trump por ocultar documentos en su casa de Mar-A-Lago y por la toma del Capitolio de 2020, mientras que Joe Biden enfrenta acusaciones de que su familia resultó beneficiada con negocios irregulares.

Aunque no hay una fecha exacta, Venezuela tendrá comicios presidenciales. Los candidatos más fuertes son Nicolás Maduro, quien lleva 12 años en el poder abanderando al chavismo y la Revolución Bolivariana, y, por el lado de la oposición, Maria Corina Machado, la candidata que busca sacar al oficialismo del Palacio de Miraflores y restaurar la democracia en el país.

Por último, Bolivia podría sumarse al calendario electoral, ya que, debido a problemas con las candidaturas y los plazos, no pudieron celebrarse las elecciones judiciales en 2023 y el país está a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional para poder realizarlas. Recordemos que este país es el único que elige al Poder Judicial a través del voto popular, luego de que en 2009 el entonces presidente Evo Morales reformara la Carta Magna.
Como podemos ver, el continente estará cargado de elecciones que definirán el rumbo de las ideologías y la democracia. Algunos países deberán optar entre nuevas y viejas opciones, mientras que otros lo harán entre la restauración autoritaria o la democracia. La única certeza es que 2024 inició y tendremos muchos retos por delante.