La incapacidad estatal amenaza la democracia en la región

Jesús Delgado Valery
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La incapacidad estatal amenaza la democracia en la región

Siguiendo la inercia de los últimos años, el mundo se sigue autocratizando según los principales índices que evalúan el estado de la democracia. 2022 fue el sexto año consecutivo de retroceso democrático de acuerdo al reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). En nuestra región, los retrocesos más pronunciados son los de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, mientras que no hay ascensos que celebrar. Por su parte, según la alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana (CIVICUS), cada vez hay más países que restringen y violan las libertades cívicas y casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, pasando de un 26% en 2018, a un 30% en 2023. Finalmente, el último estudio de V-Dem señala que el planeta tiene hoy más autocracias cerradas que democracias liberales y que los avances logrados durante los últimos 35 años han sido anulados y como consecuencia el 72% de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos.

En Latinoamérica la situación no es distinta. Tenemos tres regímenes autocráticos consolidados (Cuba, Venezuela y Nicaragua) y varios en franca regresión democrática (El Salvador, Guatemala y Bolivia). A esto se suma una desafección democrática generalizada de sus habitantes. De acuerdo al último relevamiento de Latinobarómetro, sólo el 48% de las personas apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales en los últimos 12 años. Por su parte, el porcentaje de encuestados a los que no les importaría tener un gobierno no democrático si éste resolviera los problemas, pasó de un 44% en 2002 a un 54% en 2022.

¿Falla la democracia o la capacidad estatal?

Distintos académicos, entre ellos Adam Przeworski en “La crisis de la democracia” (2022), han advertido sobre la precisión de las encuestas que miden la aceptación de la democracia. Esto debido a la gran dificultad metodológica para su realización. Si los académicos no llegan a un acuerdo sobre el tema, mucho menos se puede esperar que la ciudadanía en general alcance un consenso acerca de sus alcances y límites. Es decir, cuando las personas hablan de democracia, no se refieren a lo mismo. Dependiendo del contexto, se referirán a prosperidad, seguridad, empleo, acceso a la educación y a la salud, elegir libremente a sus representantes o el imperio de la ley.

Esto nos lleva a un segundo problema para medir la percepción de la democracia: su vinculación con la capacidad estatal. Desde un punto de vista procedimental, un régimen democrático es aquel en que se celebran elecciones competitivas, con opciones plurales, libertad de expresión, asociación, manifestación, condiciones que garantizan el principio fundamental de las democracias: que los gobiernos pierdan las elecciones (Przeworski).

Desde esta perspectiva reduccionista, la democracia no tendría por qué garantizar bienestar, equidad, desarrollo económico, empleo o programas sociales, cuestiones que tienen que ver con la capacidad estatal y no con el régimen político. Por eso, encontramos autocracias o teocracias con altos índices de desarrollo económico y democracias con indicadores económicos y sociales muy pobres.

Es por ello que se debe tomar en cuenta que cuando a los habitantes de América Latina se les consulta su percepción sobre la democracia, probablemente respondan valorando a sus gobiernos.

La amenaza autocrática

Precisamente la baja capacidad estatal de los países de América Latina ha producido una frustración ante las expectativas que se tenían de la democracia luego de la tercera ola democratizadora.

Si bien en su famoso discurso, en el marco de la recuperación democrática argentina, Raúl Alfonsín afirmó que “con la democracia se come, se cura y se educa”, los latinoamericanos saben que aunque vivan bajo regímenes democráticos no tienen garantizada la comida, la salud ni la educación. De acuerdo a datos de la CEPAL, uno de cada tres latinoamericanos vive bajo la línea de la pobreza y uno de cada 10 en la indigencia.

El malestar no se limita a los países que no han podido salir de la pobreza. Incluso aquellos que han crecido ininterrumpidamente por décadas y han sacado a gran parte de la población de la pobreza como Chile, han atravesado recientemente crisis institucionales producto de las expectativas frustradas de sus habitantes. Este contexto, es caldo de cultivo para experimentos autocráticos donde tras discursos refundacionales y populistas, emergen líderes que pretenden encarnar al pueblo sufrido y lo defienden del establishment, la casta o el término que esté de moda.

Lo curioso de este proceso de desdemocratización o autocratización es que el puntapié inicial se hace bajo las normas democráticas. Son candidatos que conforman una fuerza política, compiten electoralmente y ganan elecciones. En muchos casos son bastante populares y tienen una comunicación directa con los ciudadanos.

El problema surge una vez que se hacen con el poder, ya que interpretan que el apoyo electoral y su mayoría circunstancial se traduce en un cheque en blanco, un cupón válido para refundar el país e invisibilizar a las minorías. Esta vocación hegemónica se reproduce, según los expertos Ginsburg y Huq, a través de tres prácticas que paulatinamente erosionan la democracia. En primer lugar, la decadencia incremental de las elecciones competitivas, los derechos liberales de expresión/asociación y el imperio de la ley. En segundo lugar, los cambios discretos en las reglas y procedimientos informales que configuran las elecciones, los derechos y la rendición de cuentas. Y por último la pérdida de frenos y contrapesos.

Conforme este proceso avanza, la oposición se va volviendo incapaz de ganar, las instituciones establecidas pierden su capacidad contralora y las manifestaciones van perdiendo fuerza al ser reprimidas. De esta manera, paradójicamente los gobiernos democráticamente electos pueden desmantelar la institucionalidad que les permitió llegar al poder, a veces sin violaciones constitucionales claras.

Mientras en América Latina las expectativas de crecimiento económico sean pobres y la capacidad estatal no pueda satisfacer las demandas ciudadanas básicas, la democracia como sistema político estará en riesgo y los experimentos autocráticos perdurarán.

Crisis y narcoterrorismo en Ecuador: del “buen vivir” al intentar sobrevivir

Melany Barragán
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Crisis y narcoterrorismo en Ecuador: del “buen vivir” al intentar sobrevivir

Hace unos años podían leerse titulares en prensa como “Ecuador nos enseña la receta de la prosperidad”, “El milagro ecuatoriano” o “Triunfó el buen vivir”. Ecuador, ese país situado en la mitad del mundo había logrado sobreponerse a la destitución del presidente Bucaram en 1997; a la crisis inflacionaria, financiera, fiscal y de deuda de 1998-1999; al derrocamiento de Mahuad en 2000; a la rebelión de los forajidos y la caída de Lucio Gutiérrez en 2005; y a tantas otras vicisitudes que afectaron a la estabilidad política, económica y social del Estado.  Rafael Correa, un profesor universitario que no había cumplido los cincuenta años y que había ocupado el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente Alfredo Palacio, parecía haber devuelto la ilusión al pueblo ecuatoriano con su Revolución Ciudadana.  Sin embargo, la época de esperanza y prosperidad ha quedado en el pasado y el deterioro que ha sufrido el país en los últimos años le ha llevado a una situación de crisis, grave inseguridad y narcoterrorismo.

Tras su victoria electoral en 2007 con el movimiento Alianza País, Correa gobernó el país andino durante una década, proclamando como objetivos la implementación del socialismo del siglo XXI, el desarrollo sostenible de la sociedad y la vida humanista a través del buen vivir.  Con la promulgación de la Constitución de 2008, se estableció un modelo en el que el Estado pasaba a ser garante de derechos colectivos y ambientales -desplazando la prioridad de las garantías individuales-, ocupaba un papel central en la planificación de la producción e instauraba un cuarto poder denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que convivía con los tres tradicionales. En el ámbito de la política exterior, minimizó la influencia de la globalización y apostó por la integración regional bolivariana. El carisma del nuevo presidente, la movilización social a favor del cambio y el auge en el precio de las materias primas parecieron ser la combinación perfecta para inaugurar una época de prosperidad para Ecuador.

Siete años después de su salida del poder, poco queda de ese Ecuador. La crisis y creciente polarización durante el final de la presidencia de Correa; la  fractura interna en Alianza País entre los partidarios del expresidente y de su sucesor, Lenin Moreno; los juicios abiertos a Correa, la condena por cohecho y su huida a Bélgica; la caída del precio de las materias primas; la muerte cruzada activada por el ex presidente Lasso y el aumento de la inseguridad son solo algunos de los acontecimientos que ayudan a explicar cómo el país andino ha transitado hacia una situación incluso más complicada que la de finales de la década de 1990. Y es que aparece un nuevo elemento en la ecuación: el narcoterrorismo.

La situación por la que atraviesa Ecuador, donde el presidente Noboa ha declarado el “conflicto armado interno”, bien puede parecerse a las ocurridas en Colombia con el cartel de Medellín de Pablo Escobar o en México con la guerra a los cárteles durante el Gobierno de Calderón. Las mafias del narcotráfico llevan a cabo una alianza estratégica con sectores armados extremistas y siembran el terror detonando bombas, secuestrando y asesinando a civiles y policías, y fomentando el caos para controlar las calles. Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, las tres principales bandas -aunque existen más de una veintena de grupos dedicados a estas actividades en Ecuador-, han introducido acciones criminales hasta hace poco marginales en el país como la normalización del sicariato, ataques masivos a fuerzas policiales, masacres carcelarias o la exhibición de cadáveres en puentes como señales de advertencia.

Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Aunque resulta complicado sintetizar todos los elementos intervinientes, sí que pueden enumerarse algunas coyunturas y malas decisiones que han precipitado el desastre. En primer lugar, la crisis económica tras el fin del boom de las materias primas facilitó que el narcotráfico se convirtiera en una salida informal para muchos ecuatorianos sin trabajo ni ingresos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la dolarización de la economía y los débiles controles financieros del país facilitan el blanqueamiento de dinero procedente de la droga. Además, los recortes presupuestarios para priorizar el pago de la deuda, impulsados por el ex presidente Moreno y profundizados por Lasso, afectaron al gasto en policía y prisiones, debilitando el ya de por sí frágil aparato de seguridad del Estado.

En segundo lugar, la decisión de Correa de acabar con el contrato de arrendamiento de una base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta facilitó el tránsito de cargamentos de droga hacia Colombia. Y es que desde esa base operaba la DEA, agencia antidroga que garantizaba los controles fronterizos en la zona norte. Pero, además, la ley aprobada por Correa que mantiene en prisión a los acusados hasta su juicio ha cuadruplicado la población carcelaria y las prisiones se han convertido en espacios de reclutamiento de nuevos miembros para las bandas. La saturación y las difíciles condiciones de los reclusos para sobrevivir han convertido a las cárceles ecuatorianas en una suerte de cuarteles generales para los narcotraficantes. Pero, además, la expansión de la corrupción entre los agentes ha permitido dotar a las bandas de toda una red logística, introduciéndose en las cárceles armamento pesado, fusiles y granadas.

Por último, el contexto exterior también ha contribuido. El mercado de la droga se ha transformado en los últimos años en la región andina, sobre todo después del desarme de las FARC en Colombia, las cuales controlaban gran parte del tráfico. Se ha producido una fragmentación de organizaciones dedicadas al narco, surgiendo nuevas bandas y rutas de exportación, algunas de las cuales se trasladaron a Ecuador. El país ha dejado de ser únicamente un lugar de tránsito y las bandas locales se han involucrado directamente en la producción, almacenamiento y distribución de cocaína, estableciendo alianzas con cárteles mexicanos. Por un lado, se han incrementado los cultivos de coca en Esmeraldas y Sucumbíos, provincias fronterizas con Colombia. Y, por el otro, más de un tercio de la cocaína proveniente del país vecino llega a Ecuador para distribuirse desde allí a Estados Unidos y Europa.

La suma del debilitamiento del Estado y la falta de protección social, un contexto económico desfavorable y la expansión del narcotráfico han convertido a Ecuador en un país altamente vulnerable al crimen organizado. El país andino está inmerso en una espiral de violencia e inestabilidad que ha desterrado al olvido los avances logrados hace poco más de una década

El silencioso avance de fiebres emergentes en América Latina

Irene Torres   |   Daniel Romero-Álvarez
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El silencioso avance de fiebres emergentes en América Latina

Desde Colombia hasta Chile, pasando por Bolivia y Paraguay –ni Uruguay con su clima templado se salva. A diario, los casos de enfermedades transmitidas por vectores son noticia. El año 2023 cerró con el anuncio de casos en humanos de las fiebres de Oropouche y Mayaro en Brasil y encefalitis equina occidental en Argentina. En números, estos casos no se comparan con enfermedades virales más comunes como el dengue, que este año ha roto récords de infecciones en la región. Pero, con los cambios climático y ambientales, la vocación epidémica de estas tres enfermedades se potencia: pueden transmitirse a más personas y llegar a países donde antes no se encontraban.

Se trata de tres virus zoonóticos; es decir, su ciclo vital transcurre en la naturaleza infectando mamíferos no humanos hasta que se transmiten a poblaciones humanas, usualmente, por medio de insectos. Los brotes o aumentos inusuales más recientes de Mayaro y Oropouche se reportaron en diez ciudades del estado brasileño de Acre, en medio de la Amazonía. Esto no es mera coincidencia. El virus de Oropouche se ha detectado en humanos en lugares donde disminuye progresivamente la cobertura de vegetación y Acre ha perdido parte importante de sus bosques en los últimos años. Entre 2002 y 2022, desaparecieron 1.57 millones de hectáreas, es decir, 11% de su cobertura arbórea.

Frecuentemente, la deforestación está acompañada de minería ilegal y urbanización no planificada, las cuales crean las condiciones idóneas para la proliferación de insectos en o cerca de áreas habitadas. El agua se empoza en suelos erosionados, llantas abandonadas y viviendas improvisadas, y solo es necesario un rango específico de temperatura y pluviosidad para que, en apenas una semana, los insectos transmisores de un virus se reproduzcan exponencialmente. Una vez que estos proliferan, aumenta la probabilidad de que los dípteros (insectos de dos alas) que transmiten los virus de Oropouche, Mayaro y las encefalitis equinas infecten a personas.

Según los diferentes escenarios posibles relacionados con los cambios climáticos y ambientales en la región, de no haber una respuesta adecuada en materia de planificación, prevención y control, los expertos coinciden en que los virus transmitidos por vectores pueden volverse problemas de salud pública cada vez más importantes.

Los impactos en el Estado

La transmisión acelerada de cualquier enfermedad infecciosa implica un impacto negativo en los sistemas de salud y económico de un país. Como referencia, con una incidencia de entre tres y cuatro millones de casos confirmados por año, el dengue le cuesta anualmente a los gobiernos de América Latina alrededor de 3000 millones de dólares.

Debido a su potencial epidémico, Mayaro y Oropouche y las encefalitis equinas son virus considerados de relevancia por la Organización Panamericana de la Salud. El diagnóstico por laboratorio de Oropouche, Mayaro y las encefalitis equinas no se realiza de manera rutinaria, lo cual dificulta la predicción desde y hasta qué país pueden expandirse en un momento dado. Los síntomas de estas enfermedades infecciosas pueden confundirse y, por lo tanto, pueden coexistir sin ser detectadas.

A pesar de la necesidad de prevenir y controlar la transmisión de estos virus, sus riesgos no reciben atención suficiente por parte de gobiernos centrales y locales. Camino Verde, una intervención basada en el trabajo comunitario en México y Nicaragua redujo significativamente los casos de dengue, lo cual implica que el control de dengue integrado en el sistema de atención primaria de salud podría tener efecto. El problema es que los establecimientos de salud de nuestra región están demasiado ocupados con la demanda cotidiana de la población y su atención está puesta en enfermedades más graves o de mayor incidencia, como el mismo dengue o la fiebre amarilla. Un control vectorial efectivo y la ampliación de la capacidad diagnóstica exigen que se doten más recursos humanos y físicos a los sistemas de salud.

Aun si se invirtiera más en el sector de la salud en los países de la región, este no podría enfrentar en solitario las consecuencias del descuido en otras áreas de la gestión pública, como la provisión y la gestión segura de agua potable, saneamiento y recolección y manejo de basura, que constituyen las soluciones más directas para toda enfermedad infecciosa transmitida por vectores. De igual manera, así como los gobiernos crean incentivos y mecanismos de protección para la industria y el sector empresarial, se vuelve pertinente que declaren a la proliferación de virus transmitidos por vectores como un área de inversión gubernamental prioritaria. Frente a la pérdida de bosques, los ministerios de ambiente podrían crear más y mejores incentivos para combatir los frentes activos de deforestación o minería ilegales. Para controlar el tráfico de tierras para vivienda, los gobiernos federales y centrales deben como mínimo exigir y apoyar una efectiva gestión de la expansión urbana en las ciudades; idealmente, deben luchar de manera activa contra el crimen organizado.

En ausencia de intervenciones directas para controlar la proliferación de mosquitos y otros dípteros, fiebres conocidas y por conocer continuarán afectando poblaciones humanas. Los gobiernos deben, en paralelo, identificar las enfermedades infecciosas que son de relevancia en la región, continuar aumentando la dotación de servicios básicos, y ampliar las acciones de otros sectores que tienen influencia en sectores de relevancia para la proliferación de vectores.

Javier Milei, entre la necesidad y la urgencia

Santiago Leiras
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Javier Milei, entre la necesidad y la urgencia

Una vez más, Argentina ha ingresado, el 10 de diciembre pasado, en un nuevo ciclo político con un presidente –Javier Milei– que ha definido su gestión como una “bisagra de la historia”. Viene en esa condición a inaugurar una nueva etapa política en la cual se propone hacer tabla rasa con los presupuestos sobre los que basó el proceso democrático desde 1983 en particular y la política argentina en el último siglo en general.

En base a esas definiciones precedentes es que el nuevo presidente ha impulsado dos polémicas iniciativas. La primera, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), procura modificar o derogar más de 300 leyes y tiene como propósito principal la desregulación de la economía argentina. El decreto, que tiene 366 artículos, sanciona la «emergencia pública» en la Nación por el plazo de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025 y plantea la derogación completa de las leyes de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, de compre nacional y de promoción industrial, entre otras.

La segunda iniciativa, mediante una ley ómnibus, propone, en un texto de 350 páginas y 664 artículos contenidos a lo largo de dichas páginas denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, transformaciones muy profundas sobre aspectos diversos y muy variados tales como la regulación de la protesta social, la reforma del sistema electoral, la privatización de empresas del sector público y la regularización de activos económicos (blanqueo), solo para destacar algunos. Digno de mencionar es su artículo 654, que impulsa la aprobación del DNU 70/2023 mediante la aprobación de esta ley.

Es interesante destacar aquí algunos datos relacionados con el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia desde 1983 a la fecha. Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 9 de diciembre de 2023 se firmaron en Argentina un total de 1.380 DNU, con un promedio de 2,88 por mes. Cinco expresidentes hicieron uso del recurso por encima del promedio, estos fueron Eduardo Duhalde (9,29), Néstor Kirchner (5,09), Carlos Menem (4,36), Alberto Fernández (3,71) y Fernando de la Rúa (3,04). Además, tres expresidentes hicieron uso de los DNU por debajo del promedio: Raúl Alfonsín (0,34), Cristina Fernández (0,79) y Mauricio Macri (1,45). Párrafo aparte merecen los 6 

DNU que firmó Adolfo Rodríguez Saá en 7 días de gestión presidencial (0,85 por día) entre el 23 y el 30 de diciembre de 2001.

Varias consideraciones podrían realizarse a partir de los datos señalados: la primera es que, en el caso de aquellos presidentes que han utilizado el recurso del DNU por encima de la media, su gestión tuvo lugar en contextos de crisis de carácter terminal (o así percibidas por lo menos): económica (Carlos Menem), social (Fernando de la Rúa/Eduardo Duhalde/Néstor Kirchner) y sanitaria (Alberto Fernández), esta última producto de una pandemia de carácter global. La segunda es que en los casos de Raúl Alfonsín, Cristina Fernández y Mauricio Macri, la gestión gubernamental se desarrolló en contextos de “relativa normalidad” (CFK) o de crisis “asintomática” (Alfonsín/Macri).

A la fecha presente, el presidente Milei ha dictado siete DNU; con base en un severo diagnóstico sobre la crisis argentina –definida, una vez más, como la más grave de toda la historia–, Javier Milei ha propuesto a la sociedad argentina un programa de transformación radical de la economía, la sociedad y el sistema político, con escaso apoyo en las instituciones legislativas, el veto de diferentes organizaciones sociales y un respaldo condicional de los mercados y la opinión pública: cómo resolver la cuadratura del círculo parte I.

Al mismo tiempo, a través de las iniciativas propuestas, el presidente procura concentrar poder mediante la delegación de facultades por parte de las instituciones legislativas (“La Casta”) a fin de proceder a liberalizar el funcionamiento de la economía y la sociedad: cómo resolver la cuadratura del círculo parte II.

La experiencia de la década de los ‘90 nos puso ante cuatro alternativas de resolución de dilemas similares: la de Carlos Menem, la de Alberto Fujimori, la de Fernando Collor de Mello y la de Abdalá Bucaram. ¿Cuál de esas cuatro alternativas será la que finalmente defina la gestión de Javier Milei?Mientras tanto, La Libertad Avanza entre la necesidad y la urgencia.

Los principales desafíos políticos para México en 2024  

Ernesto Hernández Norzagaray
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Los principales desafíos políticos para México en 2024  

Este año se celebrarán las elecciones concurrentes más copiosas de la historia de México donde se elegirá a la primera presidenta de la República, se renovará totalmente el Congreso de la Unión, se elegirán nueve gobiernos estatales, más de dos mil alcaldías y los treinta dos Congresos locales. Sin embargo, lo que podría ser una simple rutina democrática está lejos de serlo y, paradójicamente, el dilema se inscribe en la matriz: democracia vs. autocracia. 

La transición a la democracia fue producto de una serie de pactos legislativos que fueron dotando al país de una serie de instituciones que despejaron la desconfianza que había sido el sello de las relaciones interpartidarias. A partir de ese momento crepuscular, la incertidumbre en la competencia por los votos fue una constante al punto de provocar el fin del llamado “partido de Estado” y la llegada de los procesos de alternancia en los tres niveles de poder político (municipios, estados y presidencia de la República). 

Sin embargo, la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y su oferta de cambio del régimen neoliberal, administrado por los sucesivos gobiernos del PRI y el PAN entre 1982 y 2018, derivó en un régimen de corte populista de izquierda. Se trata de un proyecto que primero se aglutinó alrededor del Partido de la Revolución Democrática, bajo el emblema de la coalición “Por el bien de todos, primero los pobres” que disputó la presidencia en 2006 y 2012 y, más tarde se transformó en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) transformada en la coalición “Juntos hacemos historia”. Bajo este lema obtuvo un triunfo apabullante en las elecciones de 2018 y se convirtió en el primer presidente producto de la confluencia de distintas fuerzas de izquierda. 

Quienes votaron por un cambio de corte socialdemócrata donde coexistieran civilizadamente el Estado social con el gran capital, el partido en el gobierno con las oposiciones y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, rápidamente sufrieron un desencanto.  

El presidente López Obrador marcó distancia desde el inicio con el gran capital al cancelar el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México con pérdidas millonarias para las finanzas públicas. El Congreso de la Unión, que había sido el escenario de las negociaciones y transformaciones democráticas de los últimos treinta años fue capturado por el discurso de que había que “acabar de fondo con el viejo régimen de componendas políticas”.  

Ese cambio pasó por llevar a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial a la prueba de las urnas. Lo cual no ha podido concretarse debido a que el partido del presidente y sus aliados no cuentan con los votos suficientes para cambiar la Constitución e introducir esta figura electoral.  

Sin embargo, el empeño no ha cesado pese a los fracasos en el Senado de la República y el presidente ha llamado a sus seguidores a hacer realidad el llamado Plan C en las elecciones de la próxima primavera. El plan consiste en alcanzar la mayoría calificada del Congreso de la Unión para llevar a cabo las reformas constitucionales que facilitarían el control del Poder Judicial. 

Hacia una autocracia sui generis 

Actualmente el país transita desde un sistema democrático representativo hacia una autocracia de izquierda populista sui generis. Y los ciudadanos deberán decidir con su voto en los comicios primaverales si consolidan o no esta tendencia. 

Los ciudadanos deberán decidir, además, si quiere detener o no la militarización que alcanza niveles nunca vistos en el país gracias a las múltiples atribuciones que el presidente otorgó a las fuerzas armadas, a pesar de haber dicho en 2018 en plena campaña electoral que “los militares durante mi gobierno volverán a los cuarteles”.  

Y es que el Ejecutivo pretende llevar adelante una reforma constitucional para que la Guardia Civil, puesta en operación por el gobierno con mando civil pase a tener mando militar. Esto cobra un particular significado tras el fracaso de la estrategia de “abrazos no balazos” que ha significado hasta noviembre de 2023 un saldo de 173 mil homicidios dolosos.  

En las próximas elecciones, los ciudadanos deberán también decidir si le dan o no la mayoría calificada a Morena y sus aliados con la cual podrá eliminar a los organismos autónomos que el presidente considera que “no sirven para nada”. Uno de ellos es el Instituto de Acceso a la Información Pública, que atiende solicitudes ciudadanas de información del gasto de recursos públicos en nóminas, contrataciones y otorgamiento de permisos a particulares para la explotación de recursos nacionales. Y en esa tesitura están el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

En definitiva, los desafíos electorales para 2024 no son menores y los mexicanos deberán decidir entre apostar por conservar las llamadas instituciones de la democracia o avanzar hacia el autocrático proyecto de la 4T. 

El impacto de las emociones a la hora de votar

Daniel Finder   |   Marilina Socolovky
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El impacto de las emociones a la hora de votar

Uno de los principales retos en el estudio del comportamiento humano y los fenómenos sociales es conciliar la brecha entre lo que la gente dice en las encuestas que pretende hacer y cómo finalmente termina actuando. Muchas de las preguntas en sondeos y entrevistas obligan a las personas a racionalizar comportamientos, anulando las reacciones emocionales o impensadas, lo cual limita la lectura de lo observado.

En diferentes contextos, fuera y dentro de nuestra región, encontramos que las encuestas electorales tienen enormes dificultades para predecir resultados, sobre todo cuando surgen outsiders que generan un desequilibrio en el statu quo. Algo parecido sucedió en Argentina, donde las encuestas no retrataron con precisión lo que ocurrió en el comportamiento del electorado. Es verdad que muchas de ellas huyen del manual convencional de metodología, ya que realizar encuestas con muestras sólidas es caro y los presupuestos son limitados. A ello se le suma que el país no cuenta con datos censales actualizados para trabajar con un marco muestral de calidad. Y no se puede obviar que muchos agentes que surgen como “encuestadores” son en realidad asesores políticos mayormente interesados en mostrar datos que favorezcan a sus clientes. 

Pero además las elecciones movilizan emociones que las encuestas tradicionales no consiguen medir adecuadamente. Aún más cuando, días antes de los comicios, más de un tercio del electorado aún presenta altos niveles de indecisión. Ello exige probar nuevas herramientas que puedan explicar esa brecha entre lo que la gente dice (intención racionalizada) y lo que finalmente hace (voto emocional), amparándose –por ejemplo– en el modelo de Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel de economía. Para Kahneman, hasta el 90% de nuestras decisiones no son pensadas o racionalizadas (características del Sistema 2), sino que son rápidas, intuitivas, implícitas (propias del llamado Sistema 1). Herramientas que trabajen sobre el Sistema 1 complementan las miradas tradicionales (generalmente de Sistema 2), buscando incorporar esta comprensión implícita y emocional del comportamiento humano. 

Más allá de la verbalización declarativa tradicional, es necesario entender al votante desde una perspectiva emocional, complementando aquella más racional. Un experimento que evaluó el rol de los afectos en la elección argentina permitió identificar correctamente a los candidatos que entraron al ballotage y proyectar una intención de voto del 54% para Javier Milei y un 46% para Sergio Massa, valores cercanos al resultado de la segunda vuelta. Massa, el candidato del oficialismo, entra en el ballotage por un voto estratégico: la mayoría lo vota por miedo a que gane uno peor. La motivación es puramente racional. También genera mucho rechazo (emociones negativas): el 45% nunca lo votaría, comparado con el 29% que rechazaba a Milei. Esto le significaba un techo en el ballotage. El voto al opositor, Milei, era un voto más decidido: el 76% lo votaba convencido. Eso no significa que el gatillo fuera puramente sentimental. La mayoría lo elegía por sus ideas económicas, aunque algunos reflejaban un desencanto general con la política.  En el caso de un ballotage, los estudios coincidían en indicar que Milei se beneficiaba desproporcionalmente de los votos de Patricia Bullrich, candidata del opositor JxC que quedó en tercer lugar (y muchos del peronista Schiaretti, ubicado cuarto). 

Pero además de esos indicadores usuales, otras herramientas permitían anticipar el triunfo de Milei. Una de ellas es llamada de IRT (Implicit Response Testing), que utiliza un algoritmo para medir el tiempo de respuesta y evaluar el nivel de arraigo ante un estímulo, en este caso la intención de voto. Generalmente, el algoritmo arroja un promedio de 70% de respuestas implícitas (rápidas y automáticas). En el caso de Milei, el porcentaje de respuesta implícita fue del 74%, lo cual refleja una base de votantes más decidida. La intención de voto al resto de los candidatos, incluyendo a Massa, solo promedió el 56%, un valor bajo que refleja menor compromiso. La rapidez de adhesión captura el involucramiento emocional de los electores.

Otra herramienta derivada de la semiología visual busca comparar la imagen de cada candidato vs el ideal. Utilizando un banco de imágenes con más de 9.000 ejemplos pre-codificados en su valorización sentimental, se le pide a cada votante que elija 10 imágenes que expresan cómo los hace sentir determinado estímulo, en este caso, un candidato. Solo eligen imágenes, cuya composición afectiva o emocional ya fue categorizada, sin tener que explicar el porqué de la elección y así eximiéndolos de un esfuerzo de racionalización. Inconscientemente, cada individuo exhibe así un collage de sus emociones en relación con cada candidato, y la agregación de los resultados de todos los individuos permite componer un mapa emocional del candidato. Las figuras asociadas con el candidato ideal invocan imágenes luminosas, positivas, que comunican satisfacción frente a la competencia, inteligencia y muestras de autoridad a través del conocimiento técnico del mismo.

Pero en la Argentina del ballotage ninguno de los candidatos reales se aproximó a ese ideal, inclusive en sus núcleos más fieles. Tanto Milei como Massa eran vistos como agresivos y con limitada autoridad dominante (esa autoridad técnica estaba algo más asociada a Milei que a Massa, en función de la atribución de expertise en economía). Pero el uso de esta herramienta reveló que la principal diferencia entre los dos candidatos fue la asociación de Massa con imágenes que transmitían un exceso de exigencias. Lo que los electores interpretaban con sus referentes pictóricos es que para Massa la presidencia encarnaba un proyecto personal (haciéndole sentir al votante que estaba en deuda con su voto a su favor). Massa era desvinculado de una potencial contribución para construir el futuro del país.  Por otro lado, a Milei se lo vinculaba a un elemento de vulnerabilidad y cercanía, lo cual lo hacía más humano.

Procesos electorales caracterizados por alta incertidumbre, la aparición de un outsider y el desencanto general con la política son especialmente sensibles al peso de las emociones. Ello dificulta predecir resultados si se parte de un abordaje exclusivamente convencional, bajo el supuesto de que las personas reaccionan solo a un cálculo costo-beneficio y que sus intenciones anticipan 100% sus futuras conductas. Es hora de entender mejor el contexto global en que ocurren las respuestas en las urnas y reconocer la fuerza con que las emociones que se ven reflejadas en el voto.

*Texto presentado en el congreso SAIMO-CEIM en el panel de estudios de opinión pública co-organizado por WAPOR Latinoamérica

Los sistemas de alerta temprana reducen un 30% los daños de un desastre natural

Bárbara Tapia Cortés
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Los sistemas de alerta temprana reducen un 30% los daños de un desastre natural

Ante la inminencia de un desastre natural como puede ser un huracán, una inundación o un tsunami, una alerta con solo 24 horas de antelación puede reducir los daños en un 30%. De hecho, en comparación con los países con sistemas de alertas tempranas, los países con baja cobertura presentan una mortalidad ocho veces mayor porque las personas y autoridades no pueden tomar decisiones informadas con antelación. La experiencia ha demostrado que los sistemas de alerta temprana son una solución fiable -además de rentable- a la hora de proteger la vida de las personas y los medios de vida frente a desastres naturales.

¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana y por qué es importante?

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), un sistema de alerta temprana (SAT) combina la vigilancia, el pronóstico y la predicción de amenazas con la evaluación de riesgos de desastres, la comunicación y actividades preparatorias. Un SAT permite a individuos, comunidades, gobiernos y empresas tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de catástrofes antes de que ocurran eventos peligrosos.

El planeta se está calentando a un ritmo mayor que en cualquier otro momento de la historia, lo cual está causando desastres cada vez más graves y con mayor frecuencia, por lo que estos sistemas están adquiriendo cada vez mayor relevancia. En este marco, en marzo de 2022 el Secretario General de la ONU, António Guterres impulsó la iniciativa global Alertas Tempranas para Todos (EW4All, por su sigla en inglés), que tiene como objetivo que todo el mundo esté protegido por sistemas de alerta temprana antes de finales de 2027.

Y es que la implementación de Sistemas de Alerta Temprana Multi-Amenazas (MHEWS, por su sigla en inglés) pueden salvar vidas al tiempo que evitan y minimizan pérdidas y daños. Estos sistemas proporcionan un retorno de la inversión diez veces mayor y, de acuerdo a informes de agencias de la ONU, en los países con una baja cobertura de este tipo de SAT hay cinco veces más personas afectadas por desastres, en comparación con los países con una alta cobertura.

Para ponerle cifras al asunto, según estimaciones de la Comisión Global de Adaptación de la ONU, una inversión de 800 millones de dólares en la instalación de sistemas de alerta temprana en países en desarrollo podría evitar pérdidas anuales de entre 3.000 y 16.000 millones de dólares. Ya que tres de cada cuatro habitantes del planeta cuentan con un teléfono móvil, y la mayoría tiene acceso a redes de banda ancha, la comunicación de alertas está garantizada.

Los sistemas de alerta temprana están integrados por diferentes componentes encadenados entre sí, donde una vez emitida la alarma hay un organismo público encargado de dar las indicaciones de evacuación y de proporcionar facilidades como comida y abrigo a los afectados. Por lo tanto, tras el aviso que reciben las personas, las siguientes etapas se van activando dependiendo del nivel de la catástrofe y afectación de la persona. Estos sistemas cuentan, además, con un sistema de gobernanza dedicado a la reconstrucción de infraestructuras para las etapas posteriores al desastre.

La elaboración y la aplicación de estrategias locales de reducción de riesgos de desastres han aumentado desde la aprobación por los países miembros de la ONU del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que estableció en 2015 siete metas globales para reducir los riesgos de desastres y las pérdidas ocasionadas por los desastres. Sin embargo, al día de hoy sólo la mitad del mundo (52%) está cubierta por un sistema de alerta temprana, según el Estado global de los sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples de 2023, presentado durante la COP28 en Dubái. A pesar de que solo 101 países cuentan con sistemas avanzados de alerta, el número se ha duplicado desde 2015, cuando solo el 46% de los países menos desarrollados y 39% de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo contaban con estos sistemas de alerta.

¿Qué hace eficaz a un Sistema de Alerta Temprana?

Un sistema de alerta eficaz debe detectar diferentes amenazas que puedan ocurrir de forma independiente, simultánea o en cascada. Además, debe cubrir desde la detección del peligro hasta la acción temprana, lo que incluye proporcionar mensajes de advertencia comprensibles y procesables. Y finalmente, debe estar centrado en las personas para que estas puedan actuar a tiempo y de forma adecuada a fin de reducir los posibles daños.

Por ello, es esencial que los servicios de alerta dispongan de más y mejores datos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Para el caso de la salud, es necesario disponer de información y servicios climáticos adaptados frente al aumento de fenómenos meteorológicos extremos, la mala calidad del aire, las variaciones en los patrones de las enfermedades infecciosas y la inseguridad alimentaria e hídrica. De hecho, casi tres cuartas partes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) facilitan datos climáticos al sector salud, pero su uso es limitado. Menos de una cuarta parte de los Ministerios de Salud a nivel global disponen de un sistema de vigilancia de salud que utilice información meteorológica para monitorear los riesgos para la salud sensibles al clima.

De todas maneras, un estudio reciente ha demostrado que la simple mejora de la precisión de los pronósticos meteorológicos no se traducirá en mejores resultados para las personas vulnerables. De hecho, la mayoría de las catástrofes hidrometeorológicas más mortíferas y costosas de este siglo se habían previsto con antelación, sin embargo, se determinó que las mayores lagunas, y donde había oportunidades de mejora, radicaban en la comunicación y la capacidad de respuesta. Por lo tanto, es esencial que el diseño y la implementación de cualquier MHEWS adopte un enfoque integrado y centrado en las personas.

En este marco, durante la fase de implementación de la iniciativa global de Alertas Tempranas Para Todos impulsada por la ONU, la atención se ha centrado en 30 países más vulnerables a nivel global y en actividades complementarias a desarrollarse en otras naciones. Para el caso de América Latina y el Caribe, han sido seleccionados seis de los países más expuestos a riesgos: Antigua y Barbuda, Barbados, Ecuador, Guatemala, Guyana y Haití.

El año pasado, los eventos meteorológicos y climáticos extremos tuvieron considerables repercusiones en todos los continentes, con importantes inundaciones y crecidas de ríos, ciclones tropicales y episodios de calor extremo y sequía, con los consiguientes incendios forestales. La temporada de incendios forestales en Canadá superó con creces todas las anteriores y provocó graves episodios de contaminación por humo, sobre todo en zonas densamente pobladas, y el fuego más letal del año tuvo lugar en Hawái, donde se notificaron al menos 99 víctimas mortales.

El 2023 ha sido el año más cálido jamás registrado y es probable que el efecto de calentamiento del actual episodio de El Niño intensifique aún más el calor en el 2024. Esto causará aún más fenómenos meteorológicos extremos que destruirán más vidas y medios de subsistencia. Por ello, debemos velar y trabajar para que todos los países cuenten con Sistemas de Alerta Temprana Multi-Amenazas que permitan tomar decisiones informadas y a tiempo, de manera de mitigar los efectos adversos. Y es que los SAT no son un lujo, sino una herramienta rentable que salva vidas y reduce pérdidas económicas.

La falsificación de las encuestas también es ‘fake news’

Fabián Echegaray
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La falsificación de las encuestas también es ‘fake news’

América Latina celebrará seis elecciones presidenciales en 2024, un año que verá a la mitad del mundo votar en muchos casos para presidente, ya que en total se celebrarán 80 comicios en el planeta. Y junto con los votos viene el esfuerzo legítimo de medirlos a través de encuestas… y los esfuerzos ilegítimos de confundir o desorientar esos votos haciendo uso de las fake polls, las encuestas falsas que fabrican resultados con la intención de moldear el humor electoral de los ciudadanos.

Esas manipulaciones mediante la divulgación de resultados inventados, imposibles de verificar, validar o que utilizan abordajes no científicos de medición de preferencias sirven para generar climas de opinión de modo artificial y alimentar polémicas, debates e intensificar ciertas candidaturas en desventaja sobre todo en las redes sociales.

Lamentablemente este tipo de encuesta también ganan repercusión en los medios de comunicación más prestigiosos sin un equipo entrenado para saber distinguir sondeos genuinos de los fraudulentos. Peor aún, acaban generalizando la imagen de que todas las encuestas son lo mismo independientemente de la pulcritud y cuidado metodológico de unas y la indiferencia a esos cánones por parte de las fake polls, dándole oxígeno a quienes pretenden mantener desinformada a la población con embargos extensos para la publicación de las investigaciones bien hechas. 

Este es todo un problema en América Latina, por ejemplo, donde quince de dieciocho países estudiados por el comité WAPOR/ESOMAR tienen un periodo de bloqueo preelectoral de difusión de resultados de sondeos, donde la ciudadanía –por lo tanto- no puede enterarse de las tendencias más recientes del voto aunque empresas y gobiernos que las contratan sí tengan acceso privado a las mismas, generando una situación de inequidad y ausencia de información. Las excepciones son Brasil, Guatemala y Surinam. De hecho, en nuestra región los embargos a la diseminación de encuestas son más prolongados que en las democracias de Europa, América del Norte o Asia.

La ausencia de restricciones a la publicación de sondeos como en Brasil no exime a sus ciudadanos de convivir con fake polls o la fuerte sospecha de producción artificial de resultados de encuestas. La reglamentación de la práctica profesional en materia de sondeos electorales tal vez sea de las más avanzadas en materia de buscar garantías de transparencia en el proceso competitivo, ya que es precondición para divulgar cualquier encuesta que sea registrada junto a la Justicia Electoral, cinco días antes de salir al aire. De lo contrario, caben fuertes multas y la prohibición de su difusión. Y el registro no solo debe incluir los resultados, sino también otros detalles como la muestra (para indicar su representatividad social o no), las fechas de realización (para indicar su vigencia), el método de recolección utilizado (para indicar si todos los votantes tuvieron oportunidad de ser elegidos o si tan solo cubre a quienes tienen cuenta online o línea telefónica) y el cuestionario (para indicar eventuales sesgos o no en la formulación de preguntas). También es obligatorio indicar quién solicitó la encuesta y el valor pagado por la misma con la factura.

Esas exigencias apuntan a que solo consultoras e instituciones con competencias claras, profesionales sólidos y fuerte tradición en el arte de realizar encuestas electorales ejerzan esa práctica, que se convierte en un barómetro del humor social en el momento en que sus resultados son difundidos por los medios de comunicación. Naturalmente, esos pre-requisitos de capacidades profesionales y antecedentes institucionales en el ejercicio de la industria presuponen la existencia de contratos nítidos y relativamente voluminosos para cubrir las demandas financieras que exigen los buenos estudios de opinión pública. 

Sin embargo, lo que las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil revelaron fue que 4 de cada 10 encuestas publicadas (de un total de casi 2.140 encuestas registradas) fueron financiadas con fondos propios y sin entidad (candidato, partido u otra organización) contratante y demandante del estudio, un indicador de baja transparencia y potencial uso político discrecional de sus resultados. En comparación con la elección presidencial anterior (2018) hubo un aumento fenomenal de encuestas registradas (casi el 60% más), en su inmensa mayoría (80%) realizadas por empresas que no se vinculan a las asociaciones pautadoras de códigos de práctica profesional o ética en el ejercicio de la profesión como WAPOR o ABEP. Los antecedentes institucionales no tienen que ver con la investigación pública o política sino más bien se trata de agencias de comunicación o empresas de marketing, en varios casos sin existencia previa (¡ni posterior!) al año electoral.

Obviamente no es un crimen autofinanciar estudios, pero en la escala que ocurrió en Brasil (algo que puede estar revelando parámetros de lo que ocurre en nuestra región como un todo) llega a disparar las sospechas sobre la verdadera intención y contenidos de dichas encuestas. Dentro de los trabajos realizados por el comité de opinión pública de la ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), llegaron a la conclusión de que, coincidentemente, el grueso de los resultados informados que se desvían fuertemente de los guarismos oficiales finales justamente provenía de aquellas encuestas declaradas como autofinanciadas.

Esas mediciones bajo sospecha acaban germinando la impresión de que los desajustes por imprecisión relativa de los pronósticos respecto de los resultados finales son fallas congénitas de los sondeos, algo que multiplica la desconfianza cuando no respalda las voces que buscan suprimirlas. Esa absolutización de desacoples puntuales entre lo que un candidato sacó y lo que las encuestas de entidades serias y respetables apuntaban como si fueran rotundos fracasos (por más que las encuestas hayan acertado el orden de los candidatos, la diferencia promedio entre el primero y segundo y hasta el grado de abstención o voto nulo/blanco) perjudica a la profesión y a la legítima información de la ciudadanía con datos confiables.  

Las encuestas de opinión pública son esenciales al proceso central de las democracias, la elección de autoridades y la indicación del tipo de mandato votado: por el cambio o la continuidad, por la premiación del oficialismo renovando el apoyo al mismo o por su castigo removiéndolo del poder en pos de nuevos caminos y resultados. Ellas le endosan de transparencia a dicho proceso permitiendo que la ciudadanía pueda acompañar sin bloqueos el pulso democrático, el impacto de las campañas en los votantes y la agenda de prioridades ciudadanas que los candidatos deberían abordar o la dirección en la que deberían gobernar. Las fake polls –como las fake news– se burlan de la voluntad popular desdibujándola, y al hacerlo revelan el desprecio por la democracia de sus artífices.

Las señales de cambio en la oposición venezolana

María Isabel Puerta Riera
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Las señales de cambio en la oposición venezolana

Una de las consecuencias más profundas que dejó la estrategia política de máxima presión del gobierno de Donald Trump hacia el gobierno de Nicolás Maduro fue el debilitamiento de la oposición venezolana. El daño que hizo el outsourcing de EE. UU. no solamente contribuyó a frenar la movilización de los venezolanos, sino que debilitó aún más a una oposición seriamente aquejada de divisiones ideológicas y desacuerdos estratégicos.

El desplazamiento de la gestión de representación al gobierno de los EE. UU. dejó al país sumido en una suerte de orfandad política, convirtiendo hasta sus decisiones de política doméstica en un asunto existencial para algunos sectores de la sociedad venezolana. En ese plano doméstico, el tema fue utilizado por la anterior administración para captar y conservar el voto latino, específicamente en las comunidades cubanas y venezolanas en el exilio en Florida, donde llegó a representar un asunto crítico por su impacto electoral.

Sin embargo, luego de las elecciones de 2020, el debate político sobre Venezuela tomó otro rumbo con el gobierno entrante de Joe Biden. Considerando su postura crítica sobre la estrategia de la administración pasada, y vistos los resultados electorales en Florida, el argumento de preservar el voto de cubanos y venezolanos perdió fuerza en su agenda. Los resultados adversos del Partido Demócrata liberaron al gobierno de Biden, permitiéndole abordar el caso venezolano desde una perspectiva más pragmática.

Los primeros indicios sobre el cambio en la estrategia de EE. UU. vinieron de la mano de negociaciones directas con el régimen venezolano. La liberación de los sobrinos políticos de Maduro en octubre de 2022 generó amplia condena en Venezuela. Lo que no tuvo mayor atención fue el acercamiento entre las dos partes, en medio del estancamiento de las conversaciones iniciadas en Barbados en 2019, y en México entre 2021 y 2022.

En ausencia de avance en las conversaciones entre las partes, el gobierno de Biden optó por una vía más directa. La crisis migratoria los obligó a retomar el tema, porque ya no se trataba solo de las repercusiones para gobiernos regionales en manos del Partido Republicano, sino que el flujo masivo de inmigrantes estaba afectando también a gobiernos demócratas gracias a la estrategia republicana de traslado de inmigrantes a ciudades bajo su jurisdicción.

En este contexto se produjo un nuevo intercambio de presos entre los dos gobiernos, reavivando el amplio rechazo entre la opinión pública venezolana de la política de la administración de Biden hacia Maduro. El canje de diez presos de nacionalidad estadounidense por Alex Saab, un empresario colombo-venezolano procesado por una serie de delitos por la administración de justicia de los EE. UU., fue el producto de una negociación paralela a la de Barbados bajo la mediación del ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Qatar.

Este nuevo episodio ha permitido observar un cambio cualitativo que pudiera llegar a ser crucial de cara a los retos electorales que enfrentará la oposición venezolana en 2024. Luego de la elección primaria opositora este pasado octubre, el deseo de cambio por el que votaron más de dos millones de venezolanos pareciera estar tomando forma en el liderazgo refrendado por el resultado de la elección. A diferencia de las críticas por la liberación de los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, en un comunicado emitido a propósito de esta transacción, señaló que la medida se inscribe en el proceso de construcción de una ruta cívica que conduzca hacia una solución electoral de la crisis política venezolana.

La transición de Machado de aspirante a líder con proposiciones políticas sin concesiones a una líder con posiciones más moderadas (o cautelosas) no debería pasar desapercibida. Un primer indicio en el cambio de estrategia de Machado, que no siempre respaldó acudir a las urnas, fue su participación en la elección primaria. Un giro que, sin embargo, no ha sido suficiente para zanjar las diferencias en el seno de la oposición. La otra señal ha sido su aproximación al proceso de negociación, que incluso poco antes de las primarias seguía siendo objeto de duras críticas de su parte; ahora se lo plantea como un escenario más dentro de un amplio programa político que ha venido desarrollando en los últimos dos años.

Las acciones señaladas se inscriben dentro de lo que Machado ha descrito como “el nuevo despertar” de Venezuela. Desde esta aproximación, la candidata opositora reconoce que la vía electoral está llena de incertidumbre y obstáculos, asumiendo la participación en el proceso político desde una postura más pragmática, lejos de su acostumbrada demanda sobre la salida incondicional de Maduro.

La ventana de oportunidad que se le presenta a la oposición en este tramo de la crisis política venezolana puede ser muy pequeña si no se aprovecha para adoptar una estrategia unitaria y efectiva de mediano plazo. Luego de la elección primaria, Machado reconoce que ha recibido un mandato. Es posible que el reto no se limite solamente a enfrentar las amenazas desde el chavismo y sus esfuerzos por impedir que participe en las elecciones presidenciales de 2024 con la inhabilitación política en su contra. Un primer desafío será vencer a las fuerzas opositoras que se han devorado a sus líderes, antes que el propio chavismo. Convencer al país que votó por Machado, y en contra de un liderazgo político al que considera incapaz de enfrentar al chavismo, de que se trata de una estrategia de largo aliento tiene sus riesgos en este escenario.

Lo que se está planteando es un cambio cualitativo que pudiera llevar a un replanteamiento estratégico, que, de concretarse con la ampliación de las fuerzas políticas respaldando a Machado, sería la amenaza más seria que se le ha presentado a Nicolás Maduro en los últimos años.

La construcción del «héroe inmigrante» como forma de pertenencia

Denise Cogo   |   Rodrigo Borges Delfim
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La construcción del «héroe inmigrante» como forma de pertenencia

En junio de 2022, el derrumbe de un edificio en la localidad de L’Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona, dejó un muerto, siete heridos y otros dos sepultados.  Dos jóvenes inmigrantes de origen marroquí, que vivían en un edificio contiguo, ayudaron a salvar a las dos personas.  Los medios de comunicación españoles empezaron a referirse a uno de los inmigrantes, Abdeslam Amamir, como el héroe inmigrante.

En mayo de 2018, el inmigrante maliense Mamadou Gassam, de 22 años, escaló un edificio en París para salvar a un niño que colgaba del cuarto piso.  El acto espontáneo de «Hombre Araña», como llegó a ser llamado por los medios de comunicación, movilizó a la opinión pública francesa. Tras el episodio, Mamadou, un inmigrante que no estaba regularizado en el país, recibió la nacionalidad francesa en septiembre de 2018 de manos del presidente Emmanuel Macron, además de conseguir un puesto de trabajo en el Cuerpo de Bomberos francés.

El 23 de noviembre de 2023, el brasileño Caio Benício, de 43 años, antiguo dueño de un bar de la ciudad de Niterói que trabaja como repartidor de aplicaciones en Dublín (Irlanda), utilizó su propio casco contra un hombre que estaba cometiendo un ataque con cuchillo en un colegio de la capital irlandesa, salvando a un niño de cinco años y a una profesora.

La tragedia dejó cinco heridos, entre ellos tres niños. El episodio impulsó una iniciativa de recaudación de fondos en línea por parte de los irlandeses, que reunieron el equivalente a 2 millones de reales para entregarlos al inmigrante brasileño. Caio Benício también fue recibido por el Primer Ministro de Irlanda, Leo Varadkar, y honrado con una medalla por su acto de valentía. En una entrevista con los medios, Caio Benício dijo que no se consideraba un héroe y que donaría el dinero de la recaudación online para pagar el tratamiento de la niña que salvó.

En 2015, la campaña #MigrantHeroes, lanzada por la Organización Internacional para las Migraciones, invitó a personas de todo el mundo a identificar y contar las historias de individuos que han arriesgado sus vidas para probar suerte en otro país, con el fin de destacar las contribuciones que los inmigrantes hacen a la sociedad. La campaña, que pretendía hacer frente al aumento de la xenofobia y las imágenes negativas de la inmigración, también reforzó el mito del inmigrante héroe que se ha hecho recurrente en la cobertura mediática de destacados actos de valor protagonizados por extranjeros en distintos países.

Héroes diferentes

En Brasil, el mito del héroe inmigrante se centra en las migraciones europeas del pasado, especialmente las de italianos y alemanes en el sur de Brasil a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos inmigrantes son recordados como los «desfavorecidos que, con el sudor de su trabajo, hicieron fortuna en Brasil», según la historiadora Carla Menegat, borrando los procesos de cooperación y las experiencias previas de estos inmigrantes, que a menudo llegaron a Brasil con redes de apoyo y repitieron las prácticas de sus países de origen.

El mito, según la historiadora, también sugiere que algunas personas son más merecedoras del éxito que otras, como sería el caso, por ejemplo, de los negros que fueron esclavizados o de los grupos de inmigrantes no europeos que se establecieron en Brasil.

Visibilidad y pertenencia

Investigadores y activistas problematizan el mito del héroe inmigrante. Algunos ven una visibilidad positiva en la divulgación de actos de valor o superación, que acabarían con estigmas y estereotipos ligados a la inmigración. Esta visibilidad también contribuiría a sacar al inmigrante de la posición de vulnerabilidad o víctima que suele ocupar en el imaginario social. Pero esta visibilidad tiene otra cara, que es la individualización de lo social, necesaria para el funcionamiento y reproducción del sistema capitalista.

La movilización de afectos y emociones impulsada por el capitalismo neoliberal y el régimen de visibilidad impuesto por las plataformas digitales profundizan estos procesos de subjetivación basados cada vez más en la «autogestión» (de la salud, del trabajo, del ocio, etc.). Como consecuencia, los inmigrantes también se ven obligados a hacer públicas sus experiencias para negociar sentidos de pertenencia en la sociedad de destino.

Según Sofia Zanforlin y Julia Lyra, estas negociaciones se basan en la performance, «en la que la historia personal puede configurarse como una forma de movilizar afectos, ganar atención en las redes sociales y configurar la propia pertenencia al país, a través del buen trabajador, el emprendedor, el que no supone un peso para el Estado».

«Sus palabras me hicieron sentir que pertenezco a esta sociedad, y ya no me siento invisible», escribió el brasileño Caio Benício en una carta abierta de agradecimiento a la sociedad irlandesa. Una invisibilidad que se vio interrumpida por el reconocimiento público que el acto heroico obtuvo en los medios de comunicación. Según los medios, el acto del inmigrante heroico también contribuyó a debilitar una serie de manifestaciones xenófobas que tuvieron lugar en las calles de Dublín tras el episodio contra la presencia de extranjeros en Irlanda.

El deterioro del colectivo como lugar de movilización por los derechos de los inmigrantes y del Estado como actor en la formulación y gestión de las políticas migratorias ha contribuido a reforzar la figura del inmigrante héroe como individuo capaz de enfrentarse a la adversidad y superar las dificultades estructurales impuestas por el capitalismo. Cabe preguntarse qué repercusiones ha tenido la consolidación de las narrativas sobre el héroe inmigrante en la dimensión colectiva de las luchas migratorias, que se han materializado en experiencias de solidaridad, en la producción de brechas, así como en esfuerzos por cambios más amplios en la ciudadanía y en los derechos de los inmigrantes.

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