La hipocresía y el proteccionismo frenan el acuerdo UE-Mercosur

Detlef Nolte
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La hipocresía y el proteccionismo frenan el acuerdo UE-Mercosur

Ya nos hemos acostumbrado a que el acuerdo UE-Mercosur sea como una montaña rusa, con altibajos, como lo han demostrado las dos últimas semanas. En negociaciones diplomáticas estancadas, a veces hay ventanas de oportunidad para lograr avances. Pero también es importante aprovechar el momento. Con la presidencia española del Consejo de la UE y la presidencia pro tempore de Brasil del Mercosur en la segunda mitad del año, se ha abierto una ventana y ambos gobiernos se han comprometido a lograr la firma del acuerdo en 2023.

La participación de Lula en la COP28 en Dubái, donde se reunió, entre otros, con el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como las consultas gubernamentales con Alemania en Berlín en el vuelo de regreso a Brasil, alimentaron las esperanzas de que el acuerdo pudiera firmarse en la cumbre del Mercosur en Río el 7 de diciembre. Pero los gobiernos de Francia y Argentina se apresuraron a frenar la euforia emergente.

El acuerdo UE-Mercosur nos enseña mucho sobre los problemas de las relaciones comerciales de la UE con América Latina, pero también con otras regiones y países. Hay mucha hipocresía en el lado europeo. Cuando se practica el proteccionismo agrícola, no hay que fingir que se quiere proteger el clima y la biodiversidad, como hizo recientemente el presidente francés Emmanuel Macron. De lo contrario, la UE perderá su credibilidad en materia de protección del clima y será acusada, con razón, de imponer barreras no arancelarias al comercio si introduce medidas de protección del clima que afectan al comercio con terceros países.

Conviene recordar que el acuerdo UE-Mercosur no es el único acuerdo bloqueado actualmente por el proteccionismo agrícola europeo. Por la misma razón, Australia interrumpió en octubre las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con la UE.

Brasil ha hecho grandes progresos este año en la protección de la selva amazónica contra la deforestación. Pero creo que incluso con deforestación cero y reforestación extensiva el presidente francés todavía encontraría razones por las que no se puede firmar el acuerdo UE-Mercosur. Ahora que el villano Bolsonaro ha desaparecido, el presidente Macron espera que el nuevo presidente argentino Milei pueda convertirse en el nuevo villano del drama UE-Mercosur para desviar la atención de sus propios esfuerzos por impedir la adopción del acuerdo.

Una mayor honestidad sería buena para ambas partes. Se puede especular que el presidente argentino Alberto Fernández no habría tenido ningún problema en firmar un acuerdo UE-Mercosur en la cumbre del Mercosur si el ganador de las elecciones presidenciales hubiera sido Sergio Massa y no Javier Milei. Ahora el acuerdo UE-Mercosur, que los peronistas nunca apoyaron plenamente, pasa a su sucesor para que los peronistas desde la oposición puedan movilizarse contra el acuerdo si les parece oportuno.

Al posponer una vez más la firma del acuerdo, el Gobierno francés está jugando a un juego peligroso. Tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, la aprobación por parte de la Eurocámara podría resultar más difícil.

A veces se especula en Europa con que, si fracasa el acuerdo UE-Mercosur, en el futuro podrían celebrarse acuerdos comerciales bilaterales con cada uno de los países miembros del Mercosur. Sin embargo, según la experiencia del pasado, éstos se enfrentarían al mismo obstáculo del proteccionismo agrícola europeo.

En el lado europeo, no sólo el presidente francés se opone al acuerdo, sino también un amplio frente de ONG. A veces da la impresión de que el acuerdo UE-Mercosur empeorará todos los problemas del mundo y que no firmarlo salvará el clima y conducirá a una sociedad más justa y a un desarrollo sostenible en América Latina. Esto demuestra una visión nostálgica y sesgada de las ONG que sobrevalora la influencia de Europa en el mundo y la dependencia de América Latina de Europa.

Gran parte de las ONG europeas viven en una burbuja e ignoran las realidades geoeconómicas y geopolíticas de América Latina y del mundo. Por poner un ejemplo. En 2022, el 54,7% de las exportaciones brasileñas de carne de res (en volumen) se destinaron a China y sólo el 3,8% a la UE. Y en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023, sólo el 13,2% de todas las exportaciones agrícolas brasileñas (valor) se destinaron a la UE, frente al 53,5% a Asia.

Existe una gran contradicción en el lado europeo. Por un lado, la UE tiene un discurso geopolítico y geoestratégico que afirma querer defender la autonomía estratégica de Europa. Por otro lado, la política comercial de la UE es a menudo mezquina y parroquial cuando se trata del proteccionismo agrícola. Un fracaso del acuerdo UE-Mercosur debido a la resistencia de Francia y algunos gobiernos más debilitará la posición geopolítica y geoeconómica de Europa en toda América Latina y también tendrá un impacto negativo en las futuras negociaciones de acuerdos comerciales en otras regiones del mundo.

Con este tipo de política comercial, la UE no puede competir con China. En el Mercosur, cada vez hay más voces que abogan por negociar paralelamente un acuerdo de libre comercio con China. Esto podría debilitar la posición negociadora de la UE si China impone menos condiciones al Mercosur. En la cumbre del Mercosur también se firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur (tras sólo cinco años de negociaciones), una clara señal de que el Mercosur se está abriendo cada vez más a Asia.

Parece que Francia, a la que le gustaría ser capitana del equipo de Europa, está a punto de marcar un autogol para la UE. Eso no sería bueno para Europa ni para las relaciones entre la UE y América Latina. Pero siempre hay lugar para las sorpresas. Quizá Francia se dé cuenta de su responsabilidad geopolítica en la política exterior europea y actúe en consecuencia. O que una mayoría de gobiernos europeos haga caso omiso de las objeciones de Francia en la parte comercial del acuerdo. Y quizá la influencia del expresidente Macri consiga que el nuevo gobierno argentino quiera firmar el acuerdo rápidamente. A menudo el acuerdo UE-Mercosur se ha declarado muerto, pero parafraseando a Mark Twain, se podría decir que los informes de la muerte del acuerdo han sido muy exagerados.

¿La cultura de los derechos humanos ganará al odio?

Danielle Tsuchida
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¿La cultura de los derechos humanos ganará al odio?

Coautora André Bakker da Silveira

A 75 años del nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, es asombroso constatar que el clima de odio, opresión y violencia que instigó la elaboración de este importante documento está muy vivo e influye en todo nuestro campo político, incluida la elaboración de nuestras políticas públicas. En particular, los jóvenes de hoy son un blanco fácil para los discursos extremistas que buscan desestabilizar las instituciones, especialmente aquellas destinadas a construir y difundir una cultura de ciudadanía, democracia y respeto a los derechos humanos: las escuelas.

Como muestran los datos de la encuesta Radiografía de 20 años de atentados contra escuelas en Brasil, realizada por el Instituto Sou da Paz, los atentados, por desgracia, se han vuelto frecuentes en Brasil y, por ello, han acaparado una gran atención. Detrás de estos sucesos hay una serie de situaciones, como la cooptación por parte del extremismo, problemas de salud emocional y la creciente difusión de discursos de odio por parte de agentes políticos influyentes.

Frente a estos factores, que en última instancia implican la implementación de políticas públicas (educación, seguridad, salud, etc.), es inevitable señalar que el Estado brasileño viene fallando en los últimos 20 años en la implementación de una política fundamental: la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Una política que debe tener a los jóvenes en el centro.

Según una encuesta de la Open Society Foundations, en 2023, el 26% de los jóvenes brasileños de entre 18 y 35 años no creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno. En la media de los 30 países en los que se realizó la encuesta, esta cifra asciende al 43%.

Esta cultura del odio, que opera en espacios públicos y privados y se basa intencionalmente en valores contrarios a la pluralidad y a los derechos humanos, toma a las personas por los caminos de los afectos, pero se vende como estrictamente técnica y racional.

Son los memes y chistes sexistas, racistas y fascistas; las ideas que priorizan la economía sobre la vida; y los arrebatos autoritarios que abogan por invadir espacios como escuelas y universidades para controlar lo que se dice y se enseña. Todos estos hechos se han convertido en política pública en los últimos años, razón por la cual también han pasado a formar parte del actual crisol cultural.

Esta estrategia de pánico moral sólo es fructífera porque encuentra terreno fértil en problemas reales de nuestra sociedad. En el caso de las escuelas, es importante destacar que conviven diariamente con episodios de violencia, que a menudo pasan desapercibidos o se naturalizan indebidamente. La discriminación, el acoso escolar, los conflictos interpersonales y las agresiones físicas son sólo algunos ejemplos de lo que viven los alumnos y los profesionales de la educación. Enfrentar la violencia que afecta a las escuelas requiere de acciones a distintos niveles e involucra a diferentes actores. 

Entre las políticas públicas que deben ser reforzadas para hacer frente al extremismo violento contra las escuelas, destacamos la Educación en Derechos Humanos. Como muestra una investigación del Instituto Aurora, esta área fue debilitada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, con estructuras vitales descontinuadas – como es el caso del extinto Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos.

No sorprende que la Educación en Derechos Humanos sea mencionada en los informes de los dos grupos de trabajo creados por el Gobierno Federal para estudiar y proponer acciones sobre el fenómeno de la violencia contra las escuelas y el discurso de odio, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, respectivamente.

Según los documentos, es necesario fortalecer y ampliar la presencia de la Educación en Derechos Humanos en los espacios de educación y formación; capacitar a los agentes públicos; revisar los documentos; y ampliar los espacios de escucha y diálogo participativo sobre el tema.

Una política pública de Educación en Derechos Humanos revisada y actualizada debe ser capaz de fortalecer iniciativas que promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos.

Además de la educación, hay un gran énfasis en la seguridad pública, que es un deber del Estado y un derecho que debe ser ofrecido a todos y, a partir de ahí, necesita ser entendida como una política pública que necesita articular los diferentes niveles de gobierno y realizar acciones multidisciplinares, posibilitando la prevención de los crímenes y de la violencia y no sólo su represión.

En Brasil, la acción represiva es comúnmente utilizada. No es de extrañar el elevado número de jóvenes asesinados, la mayoría negros, por agentes del Estado. Esta acción institucionalizada se llama necropolítica. Está claro que la dimensión del control del crimen y la represión es importante, pero requiere planificación, inteligencia e inversión. Invertir en políticas de prevención de la violencia debe ser una prioridad, es decir, los recursos deben centrarse en las causas del problema y en promover soluciones más eficaces, no sólo en combatirlas.

Teniendo en cuenta que los ataques a escuelas cometidos con armas de fuego han provocado tres veces más víctimas mortales que con armas blancas y que en el 60% de los casos cometidos con armas de fuego, el agresor adquirió el arma en su propia casa (resultado de las políticas del gobierno de Bolsonaro para facilitar el acceso a las armas), un primer paso es implementar medidas de control e inspección para la compra y posesión de armas de fuego. Restringir el acceso a las armas para los agresores es fundamental, así como reforzar la exigencia de una caja fuerte para el arma, reduciendo las posibilidades de acceso al arma por parte de niños o adolescentes.

Otra medida importante es la formación de la policía civil estatal en el reconocimiento de ideologías extremistas y grupos que promueven delitos de odio, así como metodologías de investigación en el entorno digital (donde tradicionalmente se planifican, fomentan y celebran estos delitos). Es urgente centrarse en el mapeo y desmantelamiento de grupos que cooptan a adolescentes y jóvenes. A través de la monitorización de las redes sociales, numerosas personas han sido detenidas este año, otras siguen siendo investigadas y se han desmantelado posibles acciones motivadas por el extremismo, el racismo y la misoginia, lo que demuestra la eficacia de esta acción de investigación e inteligencia.

Al mismo tiempo, es posible hacer un seguimiento de los incidentes escolares y los informes de la policía civil que muestran signos de escalada de violencia, con el fin de tomar medidas más urgentes en estas unidades, guiados por la Educación en Derechos Humanos. Para tener una sociedad sin agresiones extremas en las escuelas, es necesario pensar en la prevención de la violencia en todos los niveles, comenzando por las prácticas escolares cotidianas e involucrando todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social.

Esa desigualdad social y la falta de inversión pública en el acceso a servicios públicos de calidad contribuyen al descreimiento en las instituciones y a la descomposición de la vida en sociedad. Las políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos básicos son estratégicas para contener las políticas públicas basadas en la cultura del odio, y sólo así podremos promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: unir a las personas para superar la violencia en las escuelas, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://bit.ly/projeto-reconectar  

Danielle Tsuchida es Coordinadora de Proyectos del Instituto Sou da Paz. Psicóloga graduada por la PUC/SP, con experiencia en medidas socioeducativas y prevención de la violencia.

André Bakker da Silveira es Responsable de investigación y proyectos en el Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Tiene un Máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y es miembro titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.

La COP28 y los retos de América Latina

Pedro Morazán
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La COP28 y los retos de América Latina

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) serán los anfitriones de la COP28 (Conferencia de las Partes), que tendrá lugar en la ciudad de Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023 y que ya ha obtenido su carta de ingreso en el nuevo régimen internacional sobre el cambio climático. La agenda de la cumbre es bastante ambiciosa y requiere ser analizada de la mejor manera posible para poder hacer un balance de los desafíos y las oportunidades que tienen los países latinoamericanos ante los impactos del cambio climático. 

Propuesta por su presidente, el Sultan Al Jaber, la agenda de la COP28 ya se dio a conocer en el mes de junio de este año. La cumbre tendrá que condensar en una declaración política un proceso gigantesco que ha durado dos años, con más de 1.000 documentos de respaldo presentados y tres diálogos técnicos que han atraído a cientos de expertos y profesionales. El informe de síntesis de la fase técnica ha logrado resumirlo todo en 17 mensajes clave. Para ser francos, este informe ofrece una situación poco halagadora en torno a los resultados obtenidos hasta la fecha.

En mi opinión, hay tres conceptos básicos en el lenguaje del cambio climático que hay que manejar de manera dialéctica, es decir, en su interrelación, a la hora de ocuparse del tema. Se trata de la mitigación, la adaptación y el financiamiento. Los puntos principales de la agenda están relacionados de una u otra forma con estos tres conceptos y son, en cualquier caso, de suma importancia para determinar si se está trabajando con eficiencia y en beneficio de todos por igual. En vista de que el objetivo principal del proceso de negociaciones es mantener el aumento de la temperatura promedio del planeta por debajo del 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, es necesario determinar con precisión las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales a nivel nacional. Por ello es evidente que las medidas de mitigación juegan un papel central.

La mitigación

La mitigación es, en resumen, la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Dicha reducción se puede obtener bien mediante la reducción de sus fuentes (energías fósiles), bien aumentando la capacidad de los sumideros de carbono, como los bosques tropicales, para absorber los gases de efecto invernadero de la atmósfera. El Programa de Trabajo de Mitigación se ha centrado, en su primer año, en acelerar la transición energética justa, a través de dos Diálogos Globales sobre sistemas de energía y transporte. En base a este trabajo, la COP28 debería adoptar una primera decisión que marque avances serios. En Bonn se dio una intensa lucha, en junio de este año, para incorporar estos temas. 

El programa de trabajo está diseñado para fomentar la cooperación entre países y expertos internacionales en áreas específicas y para vincular la mitigación y la inversión pública y, sobre todo, privada. Los eventos centrados en la inversión de este año estimularon la coordinación entre iniciativas clave destinadas a apoyar la implementación de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN), pero también resaltaron cuestiones estructurales como la rápida aceleración de las inversiones limpias a nivel mundial, o la necesidad de aumentarlas específicamente en las economías emergentes y en desarrollo. Lo deseable sería impulsar los buenos resultados de mitigación en el Balance Mundial y contribuir, por ejemplo, a movilizar oportunidades de inversión con una perspectiva regional. Aquí juegan un papel importante los Foros Regionales de Finanzas.

La adaptación

Según la definición de las Naciones Unidas, la adaptación se refiere a ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados y sus efectos. En términos simples, los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los impactos actuales y futuros del cambio climático. La adaptación fue el tema central de negociación en la COP27, abordando áreas clave como el objetivo global de adaptación (GGA), el Comité de Adaptación, el programa de trabajo de Nairobi y los planes nacionales de adaptación (PAN).

Tomando en cuenta la presencia de huracanes e inundaciones recurrentes, el tema de la adaptación es de crucial importancia para países como Honduras o las islas del Caribe. Todos los proyectos de infraestructura, de agricultura o de redes de seguridad social, entre otros, deben implementarse tomando en cuenta o adaptándose a los fenómenos de inundaciones, incendios o sequías. 

El financiamiento

La falta de financiamiento es uno de los mayores problemas que dividen a las naciones ricas y pobres desde que se acuñó el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” ya en la Conferencia de la Tierra en 1992. En vista de que los países industrializados generaron históricamente más del 80% de las emisiones que hoy afectan especialmente a los países más pobres, su cuota de responsabilidad es mayor. Por ello, en 2009 los países industrializados se comprometieron a aportar colectivamente 100.000 millones de dólares cada año a partir de 2020. Lamentablemente, todavía existe un abismo entre las promesas y la realidad. En 2020, la financiación climática colectiva ascendió a 83.300 millones de dólares estadounidenses. Los flujos de financiación pública multilateral y bilateral para la adaptación de los países en desarrollo disminuyeron un 15%, hasta los 21.000 millones de dólares en 2021. Además, la financiación climática sigue otorgándose predominantemente en forma de préstamos, una gran parte de los cuales no han sido concesionales. A esto se agrega el hecho de que la suma de 100.000 millones de dólares es apenas una fracción de lo que se necesita para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar los objetivos climáticos de conformidad con el Acuerdo de París. Según el más reciente análisis de las necesidades de financiación, los países en desarrollo necesitan al menos 6 billones de dólares de aquí a 2030 para cubrir menos de la mitad de los objetivos existentes en sus CDN.

El tema del financiamiento de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático será de nuevo uno de los aspectos más controvertidos de la COP28. Latinoamérica y el Caribe, como región, necesitan unos 77.000 millones de dólares de inversión entre 2020 y 2030 para cumplir sus objetivos climáticos, de los cuales la inversión pública solo puede cubrir alrededor de una cuarta parte. Según estimaciones de Climate Funds Update, el financiamiento para el clima en ALC está muy concentrado en pocos países; Brasil, México, Costa Rica y Colombia están recibiendo cerca de la mitad de los fondos para la región. Evidentemente que este grupo muestra que en las negociaciones existe una combinación entre relevancia y realismo político. Las actividades de mitigación, incluyendo la protección de los bosques y la reforestación, reciben de los fondos multilaterales para el clima más de cinco veces más que las de adaptación, con USD 3.400 millones y USD 670 millones, respectivamente. Desde 2003 se ha aprobado un total de USD 5.000 millones para 550 proyectos en la región latinoamericana, con cargo a los fondos multilaterales para el clima.

Los retos

Las señales sobre la transición energética, en particular la eliminación gradual de los combustibles fósiles, así como el cumplimiento de las altas expectativas creadas en la COP27 de Sharm-el-Sheikh sobre la financiación de pérdidas y daños, serán probablemente las pruebas de fuego de los debates de este año. La COP28 tiene lugar en un contexto geopolítico bastante tenso, caracterizado por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, por la confrontación EE.UU.-China y por la agudización del conflicto de Medio Oriente, luego del atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre. La pregunta es si este telón de fondo tendrá alguna influencia en la dinámica de las negociaciones. Los resultados de las más recientes conversaciones entre China y los EE.UU. no parecen muy prometedores. La ausencia de cualquier mención al cambio climático nos muestra que el acuerdo entre las dos superpotencias no es nada innovador. Toma algunas medidas técnicas importantes, pero no hace nada para frenar la rápida expansión de las centrales eléctricas alimentadas con carbón en China, por ejemplo. La reciente decisión del presidente Joe Biden  de no asistir a la conferencia tampoco es muy halagadora.

Como bien se sabe, América Latina está ya entre las regiones más afectadas por el cambio climático. El hecho de que los países de esta región dependan en gran medida de la agroexportación o de la extracción de recursos y de actividades intensivas en carbono para su desarrollo económico implica retos enormes a la hora de pensar en una transición justa. La inestabilidad social y política está fuertemente vinculada a la volatilidad de los precios de las exportaciones de materias primas de las cuales depende la región. Las políticas sólidas de transición ecológica y justa son cruciales para lograr objetivos climáticos regionales y globales, para los cuales la financiación sigue siendo un desafío importante.

¿Qué llevan en el equipaje las delegaciones de la mayoría de los países del continente rumbo a la COP28? Pues en primer lugar el eterno problema estructural de la desigualdad, que sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de afrontar en la región. América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo. En un mundo postpandemia, los países de ALC, sumidos en crisis económicas y sanitarias, probablemente estén más preocupados por la recuperación económica que por la protección del medio ambiente. Sin embargo, poner estos dos problemas como contrarios excluyentes o quizás antagónicos no sea quizás la estrategia más inteligente.

Uno de los conceptos más importantes en la dinámica de las deliberaciones lo constituye el de la transición justa, introducido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo define de la siguiente manera: “Ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Este concepto tiene serias implicaciones que será necesario tomar en cuenta a la hora de implementar las medidas necesarias, tanto en el campo de la mitigación como en el de la adaptación. En el caso de Latinoamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Paraguay han incluido objetivos y medidas de transición justa en sus CDN. Este es, sin embargo, un primer paso que podría ser esencial a la hora de centrar los debates en la COP28.

Un análisis de las últimas conferencias muestra que ALC no ha sido capaz de presentarse con una sola voz. Por un lado, la toma de posiciones más radicalizadas provenientes de procesos populistas, sean de derecha o de izquierda, y, por el otro, las posturas negacionistas no han dado buenos resultados, ni para las contrapartes, ni para los intereses regionales. Lo más importante sería desarrollar una posición coordinada, a nivel latinoamericano, que ponga en la mesa de discusiones los retos de la región, especialmente en lo referente a la adaptación y a las exigencias en torno a financiamiento y, por qué no, a la implementación de un fondo de daños y pérdidas.

Aumenta la concentración del ingreso, se mantiene la pobreza

Ximena Roncal Vattuone
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Aumenta la concentración del ingreso, se mantiene la pobreza

La actividad económica de los países latinoamericanos y caribeños está estancada y con un importante deterioro, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo (CEPAL). Este debilitamiento evidencia no solo los efectos de la pandemia, sino que tres años después se continúa enfrentando las consecuencias de “una serie de crisis en cascada”, portadoras de un complejo escenario económico de bajo crecimiento y pronunciada crisis social.

A este panorama desalentador se suma un contexto global de gran incertidumbre financiera, altas tasas de interés y la ralentización tanto del crecimiento como del comercio mundial. En 2023 se espera que el PIB mundial cierre en 3%, cifra por debajo del 2022 e incluso en comparación del periodo 2010 al 2019, en el que se registró un crecimiento del 3,7% (CEPAL, 2023). La Comisión ha estimado que en 2024 el crecimiento mundial continuará en 3%, en tanto que en los países en desarrollo será de 4% y de una tasa de 1,4% en las economías centrales. 

Las repercusiones de esta desaceleración económica tanto en 2023 como en 2024 tendrán un impacto negativo en el crecimiento del empleo, “que se estima en un 1,9% en 2023 y en el 1,1% en 2024”. La caída del empleo está generando trabajadores más vulnerables, con escasos niveles de protección social y empleos de mala calidad en sectores menos productivos, aunado a la disminución en la creación de nuevos espacios laborales. La baja del salario promedio lleva a una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales y mayores niveles de pobreza, así como la profundización en la brecha de la desigualdad del ingreso en la región.

Al respecto, el informe asegura que “la matriz de la desigualdad social de América Latina y el Caribe está conformada por un conjunto de ejes estructurantes que expresan desigualdades socioeconómicas, de género, etarias, étnicas y raciales, y territoriales, entre otras, arraigadas desde hace largo tiempo”, asociadas principalmente a una excesiva concentración de la riqueza. Por ejemplo, en 2022, las fortunas personales de siete latinoamericanos eran iguales o superiores a 10.000 millones de dólares, acumulando “el 41% del patrimonio total de los milmillonarios de la región. Sus fortunas representaban alrededor del 3,2% del PIB de toda América Latina”. 

En su análisis, el documento afirma que, en 2022, un 29% de los habitantes de la región vivían en condiciones de pobreza y un 11,2% en situación de pobreza extrema. Si bien las cifras muestran una reducción con relación al 2021, los niveles actuales son similares a 2019, año previo del inicio de la pandemia. En tanto “más de 180 millones de personas no contaron con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones de personas no tuvieron ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos”.

Para la pobreza extrema, las condiciones son más complejas, ya que cerca de 20 millones de personas se incorporaron a esta categoría de los 70 millones existentes en el periodo anterior a la pandemia, dando cuenta del retroceso de más de una década en los avances registrados en esta materia. 

En 2022, las estrategias encaminadas a la reducción de la pobreza continuaron siendo insuficientes y los efectos conformados por el bajo crecimiento económico, el dinamismo del mercado de trabajo y la inflación se constituyen en los principales obstáculos para avanzar en su erradicación. La CEPAL advierte que en 2023 no se vislumbran importantes mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones de escasos recursos, por lo que las variaciones en la pobreza extrema estarán prácticamente estancadas, “aun cuando algunos países podrían presentar cambios mayores”.

Para la CEPAL, la región experimenta una crisis “en cámara lenta” desde el 2010, exacerbada por la crisis sanitaria del Covid-19 que “desencadenó la mayor crisis de los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950”. En tal sentido, el Panorama Social indica que la inclusión laboral a empleos de calidad se constituye en un componente central del desarrollo inclusivo y posibilita tanto la superación de la pobreza como el acceso a la protección social. 

En conjunto, el desenvolvimiento negativo de la distribución del ingreso, de la pobreza y la pobreza extrema apuntan a escenarios preocupantes a nivel regional que pueden verse agravados si no se definen, según la CEPAL, estrategias que aborden la heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas y caribeñas para hacer frente a estos problemas estructurales que históricamente aquejan a la región.

Internet y la violencia escolar

Bruno Ferreira   |   Ester Athanásio
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Internet y la violencia escolar

Coautores Bruno Ferreira y Ester Athanásio

Una encuesta reciente de SaferNet (2023) señala que el discurso de odio difundido en Internet ha crecido en los últimos años en Brasil, con especial atención a la discriminación de la intolerancia religiosa, la xenofobia y el neonazismo, crímenes con un aumento récord en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo período de 2021. La investigación, que comenzó en 2017, también señaló que el discurso de odio prolifera aún más en años electorales.

Aunque los estudios aún son preliminares, se cree que la narrativa del extremismo violento combinada con la oferta digital es un componente importante en la motivación de los ataques armados registrados en las escuelas brasileñas en los últimos años. Las herramientas y contenidos digitales no pueden ser vistos simplemente como un enemigo a ser eliminado en favor de la seguridad y la paz en las escuelas.

Las tecnologías y los fenómenos comunicativos que rigen todo esto son cada vez más invisibles para el usuario medio, lo que dificulta aún más la comprensión de este escenario. Los algoritmos, sometidos a la lógica y a los intereses empresariales, personalizan lo que vemos hasta el punto de exponernos a retazos selectivos de la realidad, dirigiendo comportamientos y moldeando nuestras opiniones de forma muchas veces perjudicial.

Estas mecánicas acaban priorizando y reforzando la participación en contenidos sesgados, ofensivos o violentos, e incluso pueden empujar a ciertas personas más susceptibles a entornos -y acciones- que propagan el extremismo violento. Por eso, el debate sobre la regulación de las redes sociales y la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas desempeña un papel importante y debe intensificarse.

El papel de la educación mediática

Por tanto, necesitamos un enfoque crítico, maduro y preventivo del entorno digital, algo que nos ofrece la educación mediática. La educación mediática es una forma sostenible y a largo plazo de intentar invertir algunos de estos fenómenos y aprovechar el enorme potencial de la tecnología para acercar y colaborar entre grupos y comunidades.

La educación mediática desempeña un papel importante en la construcción de una sociedad sana. Es un compromiso con el desarrollo de competencias críticas en relación con los medios de comunicación y la información, en el sentido de preparar a las personas para acceder, analizar, producir y difundir mensajes mediáticos de forma crítica, lo que les ayuda a fundamentar sus decisiones con mayor seguridad y a participar constructivamente en el debate político.

Las personas alfabetizadas mediáticamente son más capaces de percibir violaciones de derechos como el racismo, la incitación al odio y el silenciamiento, y de hacer un uso ético de los medios de comunicación para mejorar la sociedad y ejercer su ciudadanía. Este enfoque también es fundamental para hacer frente a las diversas expresiones de violencia en la sociedad y, más concretamente, a las nuevas formas de violencia contra las escuelas.

En este sentido, urge capacitar a los docentes de todas las áreas (desde el nivel de pregrado) para que integren estrategias de educación en medios en sus prácticas cotidianas de enseñanza de manera permanente, proporcionando una comprensión más crítica del papel de los medios en nuestra sociedad y de nuestras responsabilidades en este entorno.

Reconocer la educación mediática

Al reconocer el papel y el lugar de la educación mediática en los planes de estudio, situándola como un derecho de los estudiantes y una condición básica para aprender y vivir pacíficamente en sociedad, podemos ver sus diversos frentes de actuación.

El primero de ellos es el desarrollo de habilidades para consumir información de forma cualificada y responsable, lo que implica comprobar la veracidad de los mensajes y la fiabilidad de las fuentes y construir una comprensión más juiciosa de situaciones complejas, equilibrando cantidad y calidad de la información, evitando el ciclo de ansiedad generado por el consumo excesivo e irreflexivo de información. Esto es esencial para hacer frente a las oleadas de fake news y rumores que son en sí mismos una forma de violencia.

La segunda es comprender que la circulación de desinformación viola los derechos humanos, y que todos somos responsables en este entorno: como lectores críticos que identifican la desinformación y actúan para detenerla, y como productores conscientes que se expresan a través de contenidos fiables, éticos y respetuosos. La educación mediática es, por tanto, esencial para implicar a alumnos y familias en la tarea de romper la cadena de pánico y desinformación en el contexto de situaciones violentas.

Otro frente de actuación es desnaturalizar la retórica violenta y/o discriminatoria de posts, chistes y memes irrespetuosos que perpetúan prejuicios o refuerzan desigualdades -y que, por tanto, insensibilizan a las personas ante los problemas sociales y pueden llegar a vulnerar derechos. Comprender el alcance y las consecuencias de los mensajes que producimos y compartimos es esencial para construir una cultura que valore, y no sólo acepte, las diferencias. Se trata de un enfoque esencial para resignificar las redes como espacio de conexión y participación, en lugar de aislamiento.

Pedagogía de la comunicación para la coexistencia pacífica

Adoptando un enfoque colaborativo y participativo, los proyectos de educomunicación y comunicación popular pueden contribuir a crear un entorno escolar más pacífico y justo, esencial para afrontar de forma sostenible y duradera los desafíos crónicos de la violencia escolar. De este modo, la comunicación en la escuela va más allá del conocimiento disciplinar, convirtiéndose en una pedagogía necesaria para construir vínculos, valorar la diversidad y acoger la diferencia.

En este sentido, las prácticas pedagógicas deben, de forma transversal, dar cabida a que los alumnos expresen y reflexionen sobre sus hábitos mediáticos, no sólo para que el aprendizaje sea más significativo, sino también para que entiendan la escuela como un espacio de desarrollo de su propia identidad. Además, la educación mediática puede servir de nexo entre otros enfoques fundamentales que incluyen temas como la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía y sus diversas incidencias en los entornos online y físico.

Estas reflexiones en edad escolar también son poderosas para provocar el debate entre los estudiantes y las personas de su entorno que se están quedando atrás en la educación digital. La alfabetización mediática puede ser un pretexto interesante para educar, para la ciudadanía y la paz, promoviendo conversaciones entre personas con diferentes roles en la comunidad escolar, pero que comparten preocupaciones y responsabilidades comunes.

Es fundamental reflexionar sobre cómo ampliar los espacios de participación escolar a la vida cotidiana en el aula, no restringiendo esta experiencia democrática a pequeños grupos de alumnos que participan en el consejo de estudiantes o en el periódico escolar. Estos espacios deben inspirar la apertura de otros innumerables que garanticen a todos los alumnos el derecho a pertenecer y expresarse en este lugar.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, del Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21.

Bruno Ferreira. Asesor pedagógico de EducaMídia, el programa de educación mediática del Instituto Palavra Aberta. Periodista y profesor, máster en Ciencias de la Comunicación y especializado en Educomunicación por la ECA/USP.

Ester Athanásio. Consultora del Instituto Aurora, periodista, máster en Comunicación y doctoranda en Políticas Públicas por la UFPR.

26 de octubre: el 18 brumario salvadoreño

Ariel Sribman Mittelman
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26 de octubre: el 18 brumario salvadoreño

26 de octubre: el presidente salvadoreño es derrocado por un golpe de Estado. Corre el año 1960; el presidente depuesto es José María Lemus. Mismo día, sesenta y tres años después: el presidente salvadoreño registra su candidatura presidencial pese a que la Constitución excluye la reelección. Se ampara para ello en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces han sido elegidos en un proceso irregular en el Congreso a instancias del primer mandatario: Nayib Bukele.

Dos eventos tan dispares como el de 1960 y el de 2023 suelen ser colocados en la misma pista: la que conduce de la democracia a la autocracia. Sin embargo, se trata de procesos políticos radicalmente distintos. Confundirlos reduce el complejísimo mecanismo de relojería de la política a una clepsamia: la arena se encuentra en el receptáculo superior –democracia– o en el inferior –autocracia–; no hay más análisis posible. Sin embargo, los contrastes entre 1960 y 2023 ayudan a dilucidar lo que está ocurriendo en El Salvador ahora mismo, y la imagen que se desvela es ciertamente más compleja e interesante.

Comencemos desarmando dos mitos acerca de la democracia. El primero es que había llegado para quedarse indefinidamente, y que su degradación es una anomalía, un proceso contra natura. Nada más lejos de la realidad: hace dos mil años Polibio dejó asentado que los regímenes rectos tienden a degenerar con el paso del tiempo. No solo la democracia, pero también la democracia.

El segundo mito es que cuando se desvanece la democracia, su lugar es indeclinablemente ocupado por la autocracia. El propio Polibio lo desmiente: la democracia tiende a degenerar en demagogia, esto es, el gobierno desviado de la mayoría. Naturalmente, lo que propone el griego es un esquema general, no una enciclopedia exhaustiva de los quiebres democráticos. Pero nos pone, como mínimo, sobre una pista de gran interés: al contrario de lo que leemos día tras día, no todo lo que no es democracia es autocracia.

Volvamos al 26 de octubre de 1960. Lo que había en El Salvador hasta el día anterior no era estrictamente una democracia: era un régimen mixto. Ya puede el lector adivinar qué pensador griego se ocupó de definir tales regímenes. Mixto: combinación de monarquía, aristocracia y democracia. En la Roma en que vivía Polibio, ello se materializaba en un gobierno formado por dos cónsules (componente monárquico), un senado (factor aristocrático) y los tribunos de la plebe (elemento democrático).

Las repúblicas latinoamericanas recién independizadas tomaron el ideal romano y lo adaptaron al modelo presidencial estadounidense: presidente (monarquía), cámara alta (aristocracia), cámara baja (democracia). Es aproximadamente el mismo esquema que rige en la actualidad en prácticamente toda la región, aunque no tengamos constantemente presente su origen.

En El Salvador de José María Lemus existía una configuración similar. Simplificando mucho, se podría identificar al presidente (o al gobierno en conjunto) con el componente monárquico y a la cámara baja como factor democrático. A falta de Senado, el elemento aristocrático estaría constituido por diversas corporaciones, que hoy identificaríamos con los “poderes fácticos”, los pesos y contrapesos institucionales dentro del Estado, etc.

Lo que ocurre durante un golpe de Estado militar como el de 1960 es que el presidente constitucional es apartado por una junta militar. En términos de Polibio, el componente monárquico es desplazado por su correspondiente desviado: la tiranía (el gobierno desviado de uno solo o de un núcleo muy pequeño). Y el elemento democrático es eliminado: desaparecen los representantes votados por el pueblo.

A medida que diseccionamos el expediente de 1960 se va haciendo la luz sobre el de 2023 y van emergiendo las diferencias entre los dos. Cuando Bukele decide presentarse a unas elecciones que le están vedadas por la Constitución, no ataca directamente la democracia. Erosiona el Estado de Derecho, es decir, la sujeción del poder a las leyes. Diría Polibio que Bukele degrada el componente monárquico y lo transforma en tiránico. Pero la democracia sigue en pie, en tanto las elecciones de 2024 sean limpias y le permitan a la ciudadanía mantener al actual presidente en el poder o expulsarlo.

Ahora bien, si la mayoría ciudadana vota a un candidato que abiertamente se salta la ley, que manipula la Corte Suprema para que avale su deriva anticonstitucional, ¿seguiremos localizando el problema en el propio Bukele? ¿Continuaremos situándolo en el componente monárquico/tiránico? Sería un grave error. Para eso es tan útil y necesario recuperar a Polibio: para comprender que en el caso de El Salvador hay un fusible llamado democracia, que permite al pueblo eyectar del poder a un gobernante tiránico. Y si la ciudadanía, al contrario de eyectarlo, lo legitima, entonces lo que habrá ocurrido será la degradación de la democracia en demagogia –no en autocracia–.

Para finalizar, un matiz relevante. Una de las acusaciones que recaen sobre Bukele es la persecución de la prensa independiente. Y uno de los factores imprescindibles para que las elecciones sean limpias es que la ciudadanía disponga de información diversa y lo más completa posible. A este respecto sí se podría afirmar, de ser ciertas las denuncias, que Bukele retuerce el aparato respiratorio de la democracia. Y ante el desmayo democrático, se disuelve el régimen mixto y el poder queda reconcentrado en el tirano.

Argentina: el ‘ballotage’ de hierro

Diego M. Raus
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Argentina: el ‘ballotage’ de hierro

El 19 de noviembre la Argentina elegirá presidente en un proceso de doble vuelta (ballotage) entre el candidato devenido del actual gobierno, Sergio Massa -Unión por la Patria-, y el outsider Javier Milei, creador del partido libertario La Libertad Avanza. Ambos llegaron a esta instancia de manera sorpresiva: Javier Milei como ganador de las Primarias Abiertas (PASO) de agosto, en donde Massa quedó tercero, y Sergio Massa luego de la primera vuelta de octubre donde se recuperó y quedó primero, desplazando a Milei al segundo lugar y dejando afuera de la contienda a la previamente favorita, Patricia Bullrich, del macrista Juntos por el Cambio.

Sergio Massa es un político ambicioso que viene escalando hace años en la política argentina y al que alguna parte del electorado y alguna prensa tilda de oportunista. En esta escalada, y desde su puesto de ministro de Economía a pesar de no ser economista, realizó una campaña basándose principalmente en dos cuestiones: por un lado despegándose del kirchnerismo, básicamente de Cristina Kirchner, por el alto rechazo que tiene en el electorado, y, por otro lado, con decisiones económicas que claramente pueden ser tildadas de “distribución de recursos para ganar votos” (en los medios se lo denomina “Plan Platita”).

Javier Milei representa ese fenómeno nuevo, al menos nuevo en convertirse en un jugador competitivo, de la política global, denominado libertarismo. Los denominadores comunes del libertarismo lo constituyen básicamente un ultraliberalismo económico, un individualismo extremo y, sobre todo, una reacción furiosa a las reivindicaciones de las nuevas izquierdas: género, diversidad sexual, multiculturalismo, ambientalismo.

Es decir, el ballotage en la Argentina ya no transcurrirá en el clásico enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo, o entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Se enfrentan dos especies nuevas, sobre todo la de Milei.

La guerra de encuestas, una guerra que no es una competencia por la veracidad sino signada por el cálculo político, muestra una paridad permanente, algo lógico en un ballotage. El sentido social más extendido piensa, intuye, que una victoria de Milei es casi imposible, pues constituye un salto al vacío que evitará que, más allá de simpatías, afinidades o hartazgo, una parte del electorado termine votando por el mal menor, que es Massa, el cual, cabe señalar, es objeto de desconfianza por ajenos, pero también en parte de los propios. El mismo Máximo Kirchner dicen que ha dicho: “Massa nos va a cagar”.

En lo que coinciden muchos estudios de opinión es en que el voto a Milei es mayoritario, no desproporcionadamente pero sí en forma clara, entre los hombres más que en las mujeres. Y añaden este dato, que por sí mismo es una fuente de análisis sociológico y político, de que entre las preferencias masculinas por el voto a Milei destaca claramente las diferencias etarias: los más jóvenes (más o menos hasta 35 años) se inclinan mayoritariamente por Milei.

Javier Milei es el outsider que plantea no una antipolítica sino una política donde hay que eliminar todo lo que, entiende, traba las fuerzas individuales, y por ende productivas, del país hace un siglo. Por su parte, Sergio Massa se hizo elegir ministro de Economía en el peor momento económico del país en las últimas dos décadas solo para transformarse en el centro de un gobierno exhausto y debilitado. A pesar de que los indicadores económicos y socioeconómicos empeoraron drásticamente en este último año, efectivamente Massa es la figura central del oficialismo para esta elección.

Massa lleva adelante la campaña del ballotage sabiendo que no tiene resultados políticos para ofrecer y, asesorado en esta parte de la campaña por los exconsultores de Lula, haciendo gala de un discurso mesurado, esperanzador, de cambio (del interior del oficialismo, lo que es decir del kirchnerismo), y convocando a un gobierno de unidad, es decir, compuesto por personas de distintas vertientes políticas.

Milei, que es el emergente del enojo y la furia de quienes no solo están en una mala situación actual sino que carecen de expectativas de futuro -de ahí el voto predominantemente joven a él-, encara este ballotage bajando los niveles de gritos y agresiones de la campaña de la elección de octubre, manteniendo sus posturas centrales y convocando a ampliar su electorado a partir de su alianza con el expresidente Mauricio Macri, alianza forjada por el mismo Macri y que, se supone, puede atraer una porción grande del voto a Juntos por el Cambio de octubre.

Un ballotage, una elección presidencial, de hierro. Uno es el candidato “que quedó”, es decir, ni buscado ni querido por el espacio político que representa, al cual, diez años atrás, Massa denostó y llamó “corruptos y ñoquis” (término este último que refiere a un empleo estatal ficticio pero con salario para militantes políticos propios).

El otro es un emergente del enojo, sin estructura política ni partido propio, con un personal variopinto desde el cual surgen algunas declaraciones y propósitos entre surrealistas y generadores de temor. La Argentina, en crisis económica y social, encontró de manera casi desmedida su crisis política.

Uruguay no es una isla

Jerónimo Giorgi
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Uruguay no es una isla

Uruguay vive la principal crisis política desde la restauración de la democracia en 1985, y el desencadenante es tan escandaloso que para el sereno y ordenado país suena casi que a ficción. De momento han renunciado dos de los principales ministros del gobierno, dos subsecretarios y el principal asesor del presidente. Con esto, sin embargo, no se finiquita el tema, como ha intentado el mandatario, sino que comienza un largo camino legal que puede llevar al país a vaya a saber dónde.

La bomba detonó con la difusión de audios en los que el ahora ex canciller le sugería a su subsecretaría que perdiera su teléfono para ocultar a la fiscalía sus comunicaciones con el subsecretario del ministerio del Interior. Y es que la información guardada en el teléfono demostraba que todos los jerarcas vinculados a la entrega exprés del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Dubái, sabían de quién se trataba.

A pesar de ello, las autoridades uruguayas entregaron el documento en un tiempo récord. Esto no permitió al gobierno de Paraguay, quien estaba tramitando la orden de captura internacional entre otras causas por el asesinato del principal fiscal antimafia paraguayo en Colombia, emitir la orden a tiempo. Y así, el narco, con su flamante pasaporte, pudo abandonar Emiratos Árabes y esfumarse en la clandestinidad.

El enorme impacto del audio es que desmanteló el principal argumento que los jerarcas involucrados venían manejando hace más de un año para justificar la entrega del pasaporte. El 22 de agosto de 2022, mientras eran interpelados por la oposición por la emisión del documento, el entonces canciller afirmó ante el Parlamento que, en noviembre de 2021, cuando se entregó el pasaporte, “nadie sabía quién era Marset”.

Con los audios se hicieron públicas también las comunicaciones en las que el subsecretario del Ministerio Interior le comentaba por WhatsApp a la ex subsecretaria de Cancillería que se trataba de “un narco peligroso y pesado y sería terrible que quedara libre”. Además, en declaración ante fiscalía, la ex vicecanciller afirmó que el principal asesor del presidente le dijo que destruyó el informe con las comunicaciones entre los jerarcas, un documento que era parte de un expediente de cancillería, a pesar de que el primer mandatario lo haya negado ante la prensa.

Cuando estalló el escándalo, el presidente se encontraba de gira por Estados Unidos. El canciller renunció inmediatamente y ni bien el mandatario puso un pie en el país, aceptó la renuncia de los otros tres jerarcas. En la ansiada conferencia de prensa del presidente, que el país llevaba 3 días esperando y que duró 16 minutos, incluidas las respuestas a las únicas 4 preguntas que se permitió realizar a la prensa, Lacalle Pou, en lugar de aclarar las dudas, concluyó que el caso estaba en manos de la justicia pero que el pasaporte había sido emitido legalmente.

Tras la desarticulación del argumento de que nadie sabía quién era el narco, la idea de que el pasaporte fue emitido correctamente pasó a ser la principal narrativa para justificar su entrega. Y con el pasar de las horas, uno a uno los líderes de los diferentes partidos de la coalición oficialista, que en un inicio habían mostrado preocupación y, en algún caso, evidente malestar con los audios, fueron abrazando este nuevo argumento que se ha convertido en el escudo del gobierno.

Según el presidente, el gobierno no tenía otra salida que entregar el pasaporte de acuerdo a la normativa activada durante la administración de José Mujica. Sin embargo, si bien esta normativa permitía emitir el documento, el decreto también establecía alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es que en lugar de emitir el pasaporte se enviara un documento que permitiera al ciudadano realizar un viaje de regreso a Uruguay. Otra alternativa es que ante casos excepcionales –evidentemente este era uno de ellos– la entrega quede a discrecionalidad de las autoridades.

Por lo tanto, a diferencia de lo que afirma el presidente Lacalle Pou, el gobierno no “tenía” que emitir el pasaporte, “podía” emitirlo, y eso hizo a sabiendas de que se lo estaba entregando a “un narco peligroso y pesado”, según el propio ex subsecretaria del Ministerio del Interior.

Los hechos son dramáticos, pero hay más. La reunión para definir si presentar o no las comunicaciones en la interpelación fue convocada por el propio presidente a través de su asesor. Y la indicación fue que los convocados ingresaran a la Torre Ejecutiva por el garaje del edificio. El encuentro se realizó a metros del despacho del presidente. Y este incluso estuvo presente, aunque no está claro si pasó dos, cinco o diez minutos.

Aún hay muchas cosas que no han sido explicadas en este complicado y delicado asunto. Si no hubo ilegalidad, ¿por qué algunos de los principales jerarcas del gobierno, tres de ellos amigos personales del presidente, se enredaron en tantas contradicciones llegando a destruir información? Como dice el presidente, el tema está en manos de la justicia.

Pero a falta de esclarecimiento y teniendo en cuenta que estamos hablando de un peligroso y poderoso narcotraficante, las dudas sobre si esto es el reflejo de un acto de corrupción o, peor aún, de infiltramiento del narcotráfico en el Estado uruguayo, no parecen injustificadas. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya antes del actual gobierno han ido surgiendo casos sospechosos de vínculos entre el narcotráfico y funcionarios del Estado.

A pesar de todo, la gobernabilidad del país, de momento, no está en juego. A un año de las próximas elecciones, los socios de la coalición han decidido cerrar filas detrás del presidente y la oposición ha optado, hasta ahora, por la moderación. La idea de un juicio político al presidente apenas se menciona y todos parecen coincidir en que será la justicia quien dirima.

Este escándalo, si bien es el más grave, no es el primero del gobierno. Para dimensionar el asunto, en lo que va de gestión han renunciado o han sido removidos 15 ministros y 7 por mala gestión, el mayor recambio por cuestionamientos desde el retorno a la democracia. Además, han sido sustituidos subsecretarios y numerosos cargos técnicos, entre ellos toda la cúpula de la policía.

Pero es el caso que se centra en el ex jefe de seguridad del presidente, el caso Astesiano, acusado, entre otras cosas, de gestionar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos con documentos de identidad falsos, y que también se encuentra en la justicia, el que hasta ahora vinculaba al presidente, de una u otra manera, a más escándalos. Entre ellos, el delito de abuso de funciones en la utilización de canales oficiales para averiguar el destino de un viaje de su propia esposa luego de haberse separado.

Esta sucesión de hechos ha llevado al oficialismo a desarrollar otro argumento, el de las malas compañías. Una idea en forma de coraza que busca blindar al presidente de su entorno, culpabilizando únicamente a los involucrados directos en las escuchas y mensajes en los diferentes casos. A esta altura, sin embargo, ya se hace difícil creer que el mandatario está rodeado y parece más bien ser el mismo centro de la cuestión. Pero esto lo decidirá la justicia. Lo que sí está claro es que por más sereno y ordenado, Uruguay no es una isla.

Caminos hacia un hidrógeno verde más competitivo

João Carlos Mello   |   Jovanio Santos
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Caminos hacia un hidrógeno verde más competitivo

Considerado uno de los pilares de la transición energética del planeta, el hidrógeno verde encuentra en Brasil un terreno fértil para su desarrollo. Dotado de una matriz eléctrica compuesta mayoritariamente por fuentes renovables, Brasil está naturalmente preparado para convertirse en uno de los principales centros de producción de la nueva fuente de energía y en uno de los principales proveedores mundiales de un mercado ávido de fuentes de energía sostenibles. Pero a pesar de sus ventajas naturales, el país se enfrenta a un buen número de retos que habrá que superar para que esta vocación se haga realidad.

El hidrógeno verde es la máxima estrella, desde el punto de vista de la sostenibilidad, en la acuarela de este codiciado combustible, en la que cada color corresponde a la ruta tecnológica utilizada para producirlo. La expectativa es que los proyectos ya anunciados para la producción de hidrógeno con bajas emisiones de carbono puedan generar inversiones de unos 350.000 millones de dólares hasta 2030. En el mismo período, según cálculos de Thymos Energia, Brasil invertirá cerca de 28.000 millones de dólares.

La demanda también es prometedora. En 2022, se consumirán 95 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo, considerando todas sus aplicaciones, con fuerte enfoque en el segmento industrial, principalmente en la industria química y en la producción siderúrgica. La principal fuente de energía utilizada en la producción fue el gas natural, con el 62% del total, seguido del carbón (21%) y el petróleo y la nafta (16%). Sólo el 1% del hidrógeno consumido el año pasado se produjo a partir de combustibles fósiles con CCUS.

Con una matriz eléctrica que utiliza el 89,2% de fuentes renovables, según el Balance Energético Nacional (BEN 2023), Brasil ofrece un escenario favorable para hacer del hidrógeno una alternativa aún más limpia. Este es un contrapunto a la matriz eléctrica mundial, compuesta por sólo el 28,6% de fuentes renovables. Con el auge de la energía eólica y solar en el país, se espera que esta ventaja comparativa respecto a otros países aumente.  

Convertir el potencial en proyectos, sin embargo, requiere superar algunos retos importantes. Los costes que implica la producción de hidrógeno verde son uno de ellos. Según la literatura internacional, para que la fuente de energía sea utilizada a gran escala, tendría que costar 2 dólares por kilo, un objetivo desafiante incluso para países afortunados en fuentes renovables, como Brasil.

Para alcanzar este nivel, sería necesario reducir dos partidas importantes de la hoja de cálculo de costes: los gastos de electricidad, que representan por término medio el 50% de los costes de producción de hidrógeno, y los gastos de utilización del electrolizador, el equipo utilizado para electrolizar el agua, proceso en el que se descompone la molécula de hidrógeno. En el caso de los costes del electrolizador, la reducción necesaria sería del 75%; en el de la electricidad, del 50%.

Una forma podría ser optimizar las horas de uso del hidrolizador. Dado que la energía más barata sólo está disponible durante unas horas al día, suele haber una baja utilización del equipo, lo que aumenta los costes de producción de hidrógeno. Si el electrolizador funciona durante más tiempo, aunque se produzca un aumento de los costes de electricidad, puede producirse un descenso de los costes de producción hasta un nivel ideal de unas 3.000 a 6.000 horas equivalentes de carga completa para una unidad de hidrógeno. Aun así, incluso si se alcanza la media de 2 dólares por kilo en la producción mundial, los costes añadidos de almacenamiento y transporte de hidrógeno supondrían una factura de unos 3,50 dólares por kilo.

Otros retos para el desarrollo del hidrógeno verde en el país, como en el resto del mundo, son la falta de infraestructuras dedicadas, las pérdidas de energía y la ausencia de una estructura de mercado. Actualmente, el hidrógeno se produce cerca de los puntos de consumo, ya que la red de transporte es aún bastante pequeña. Hay unos 5.000 kilómetros de tuberías de hidrógeno en el planeta, una red mucho más pequeña que los 3 millones de kilómetros de tuberías utilizadas para transportar gas natural.

También hay importantes pérdidas de energía a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno verde. En la electrólisis, las pérdidas oscilan entre el 30% y el 35%, y en la conversión del hidrógeno verde en amoníaco, entre el 13% y el 25%. Además, se necesita entre un 10% y un 12% de energía adicional para transportar el hidrógeno.

Para que un mercado tan importante y prometedor se consolide, es esencial invertir en estructura, investigación y estudios para optimizarlo y hacerlo más competitivo, así como un estudio más profundo de los consumidores potenciales y las formas en que la energía puede llegar a ellos. Otro reto es incluir el uso final total de la energía en las estadísticas oficiales para que la tarificación sea realista. Aún quedan muchos pasos por dar para que las inversiones se materialicen, y es necesario planteárselos cuanto antes para que Brasil se convierta en uno de los protagonistas de esta industria.

Elecciones argentinas: cancha inclinada y limitaciones a la auditoría ciudadana

Jesús Delgado Valery
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Elecciones argentinas: cancha inclinada y limitaciones a la auditoría ciudadana

El pasado 22 de octubre se celebraron las elecciones generales de Argentina. El ambiente general fue de tranquilidad y civilidad, sin incidentes importantes que lamentar. Los primeros resultados se anunciaron antes de la hora prevista (22:30 h), dado que ya se evidenciaba una tendencia clara. Desde 2019, cuando se automatizó la transmisión de los telegramas desde los centros de votación, la carga es ágil y bastante homogénea. 

La mayoría de los análisis fueron sobre la derrota (¿y desaparición?) de Juntos por el Cambio, el impresionante performance del candidato oficialista (sumando 3 millones de votos), y, sobre todo, sobre la posibilidad de que Javier Milei llegue a la presidencia.

Sin embargo, nos gustaría ofrecer otra perspectiva: la de la integridad de las elecciones y la capacidad por parte de la ciudadanía de auditarlas. Si bien índices internacionales, como por ejemplo el de la Unidad de Inteligencia de The Economist, clasifica a la Argentina como una democracia imperfecta, y a sus elecciones nacionales las valora positivamente, existe todo un abanico de malas prácticas que se dan constantemente y que se han naturalizado.

Estas son especialmente determinantes en las elecciones subnacionales, en las que podemos encontrar reelecciones indefinidas, ley de lemas, acoples, uso de los recursos del Estado a favor del oficialismo, entrega de mercadería o acarreo de votantes. Cada una de estas herramientas forman parte del toolbox de las elecciones amañadas y han servido para que los oficialismos se perpetúen en el poder, ya sea a través del mismo partido o de los mismos gobernantes (Formosa) o sus familiares (Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz).

A nivel de las elecciones nacionales, el marco legal no prevé lemas o reelecciones indefinidas, aunque sí existen limitaciones legales que afectan a la capacidad de la ciudadanía de auditar el proceso.

Por ejemplo, en Argentina no existe la figura de observación electoral (nacional o internacional). Sí está prevista una mucho más limitada, el acompañamiento cívico, pero no tiene rango de ley, de manera que no hay garantías para que se cumpla. Por ejemplo, Transparencia Electoral intentó acreditar en las PASO y las generales una misión de acompañamiento cívico. En la primera ocasión, la solicitud fue denegada por la Cámara Nacional Electoral. En la segunda, ni siquiera fue respondida.

En cuanto a las condiciones de competencia electoral, se evidenció un escenario de cancha inclinada, con el oficialismo haciendo uso indiscriminado de los recursos del Estado a favor de su candidato, Sergio Massa, que, aunque es ministro de Economía, ha monopolizado la presencia mediática gubernamental haciendo anuncios no solo económicos sino de infraestructura, deportivos, turísticos, fungiendo como un ministro plenipotenciario. 

En este apartado también entran temas como la cobertura sesgada de la Televisión Pública durante la campaña electoral, en la que los segmentos dedicados a las fuerzas opositoras Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) fueron mayoritariamente negativos; el reparto discrecional de bonos para la administración pública nacional y los privados, bonos para empleados públicos de algunas provincias (i.e.: Santiago del Estero), el reparto de dádivas y electrodomésticos a nivel local, y, más recientemente, el uso de instituciones y espacios públicos administrados por el Estado Nacional para hacer actividad proselitista, como es el caso de la campaña sobre subsidios del pasaje del tren.

Al no apartarse de su condición de ministro de Economía, el candidato de la coalición oficialista (Unión por la Patria -UxP-), Sergio Massa, hizo uso de sus atribuciones y de las de otros ministerios para llevar a cabo actos oficiales que califican como actos de campaña. Destaca el anuncio del Mundial 2030 en Argentina, en el que acompañó al presidente de la federación argentina de fútbol (AFA) y al ministro de Turismo; la quita de planes sociales a quienes hayan participado de los saqueos de fines de agosto, y el anuncio de obras públicas, como el de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo.

Debido a estas cuestiones, junto con las debilidades propias de la boleta partidaria, las dádivas, el acarreo de votantes, la falta de medidas para garantizar la participación de los/as argentinos/as residentes en el exterior, podemos concluir de que se trató de un proceso electoral con un gran margen de mejora.

Urge que los partidos políticos y la sociedad civil organizada trabajen para consensuar reformas al Código Nacional Electoral que fortalezcan la calidad de las elecciones y mejoren la integridad y competitividad.   

Jesús Delgado Valery. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral. 

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