Argentina y el cambio desesperado

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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Argentina y el cambio desesperado

Este 19 de noviembre los argentinos eligieron al que será presidente de la Nación para los siguientes cuatro años. En medio de una de las más graves crisis económicas y de descomposición del tejido social, el diputado Javier Milei, identificado con la derecha libertaria y que ha manifestado romper con el statu quo de la clase política, derrotó al ministro de Economía del kichnerismo, Sergio Massa. 

En 1900 Argentina era la economía 13 del mundo, mientras que para 2022 el Banco Mundial la ubicó en el número 66. En el país solo 13 de cada 100 alumnos completan sus estudios primarios y secundarios en tiempo y forma. Por otra parte, el empleo formal se redujo en un 5,6% entre 2012 y julio de 2023, sin contar los índices históricos de inflación a partir del control cambiario y el nivel de deuda que registra la Nación.

Argentina, con 46 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) per cápita de 26,074 dólares, similar al de Costa Rica, Maldivas o Serbia, tuvo que elegir entre un candidato que ofrece buenos oficios políticos, gobernabilidad y acomodo en el gasto social y un candidato disruptivo que llama la atención nacional e internacional por sus posturas radicales respecto al papel que debe jugar el Estado dentro de la vida de los argentinos.

Sin embargo, en una votación contundente y una participación ciudadana similar al proceso anterior, Javier Milei pudo ganar la elección con alrededor de 12 puntos de diferencia y tres millones de votos. Los argentinos decidieron entre el cambio o la continuidad. Para quienes entienden de política local, la suma de las alianzas entre Milei y el expresidente Mauricio Macri resume el triunfo de este y la derrota histórica de Cristina Fernández de Kirchner. No se sabe si este es el final de la vida política de la controvertida expresidenta.

Viene ahora la parte más complicada para Javier Milei: cumplir las promesas de campaña, entre las que destacan cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, suprimir ministerios y privatizar empresas públicas, entre otras. No obstante, varias de esas reformas necesitarán el aval del Congreso, en donde la fuerza de Milei no alcanza para llevarlas a cabo. Por tanto, tendrá que pactar con la bancada de Juntos por el Cambio y algunos partidos más pequeños.

Más allá de fanatismos, de izquierdas o derechas, Argentina salió a las calles por el agotamiento de un sistema, de una forma de gobierno, que ha sumido a la economía a niveles nunca vistos, donde el deterioro social es impresionante. Este escenario complica al nuevo gobierno, que deberá generar ajustes inmediatos para contrarrestar los niveles de inflación, mantener y atraer inversiones, así como generar un mecanismo de pagos ante la deuda contraída constantemente.

Al día siguiente de la elección, las empresas argentinas listadas en las bolsas de valores norteamericanas sufrieron una apreciación significativa en el precio de sus acciones. Además, el riesgo-país cayó a mínimos de los últimos dos meses, lo que podría servir como referencia a una muy difícil pero posible recuperación económica.

Vendrán momentos de intensa conflictividad corporativa, donde seguramente el sindicalismo intentará “detener” el país. Javier Milei deberá serenarse y adoptar la figura de jefe de Estado, así como conformar un equipo que permita cuidar la economía y la gobernabilidad. Habrá que hacer más pequeño el gobierno sin lastimar el gasto social, sumando la necesidad de generar puestos de trabajo y pagar empréstitos. Nada fácil para el gobierno nacional y el pueblo argentino.

Javier Milei deberá buscar aliados en el exterior, adoptando la agenda climática y los compromisos de la Agenda 2030, reconstruir la relación con el Vaticano y tender puentes de entendimiento con los gobiernos de la región, especialmente Brasil, donde Argentina tiene el mayor ingreso por intercambio comercial.

El nuevo presidente de la Nación deberá cuidar la agenda de derechos, que no acepta regresiones. La tolerancia y pluralidad jugarán un rol clave en la visión de Estado que en este momento requiere Argentina.

Es importante destacar que el sistema electoral argentino debe revisarse a profundidad, ya que requiere una modernización de fondo, que privilegie principalmente a la equidad de las campañas y comicios. Días previos a la jornada electoral, la organización no gubernamental Transparencia Electoral difundió un estudio que revela la inequidad en la contienda, sobre todo en el uso de recursos públicos para favorecer a un candidato en específico.

Sería satisfactorio que, en este sentido, el nuevo gobierno propusiese reformas como la separación del cargo para poder obtener una candidatura y hacer campaña, y el uso de boleta única y de medios electrónicos de votación.

Otro rasgo importante a destacar es que la justicia electoral deberá permitir la observación electoral internacional. Argentina es un país que no permite esta práctica, cosa que impide que instituciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Transparencia Electoral (TE) o la Unión Europea (EU) puedan desarrollar inmersiones en el proceso electoral. 

El odio a la mujer en la raíz del extremismo violento

Bruna Camilo
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El odio a la mujer en la raíz del extremismo violento

Coautora Michele Bravos

En 2023 hemos asistido a un creciente debate sobre la misoginia y la propagación del discurso masculinista en la internet brasileña. Grupos masculinistas, es decir, niños y hombres que menosprecian y odian a las mujeres a partir de una lógica misógina, han conquistado espacios en canales de YouTube, plataformas de juegos en línea, grupos de aplicaciones de mensajería, foros y blogs con un discurso marcado por el resentimiento.

Está claro que el resentimiento es lo que une no sólo a los grupos misóginos, sino a la extrema derecha en su conjunto. El descontento ante el avance de los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTQIA+ y los derechos de los hombres y mujeres negros, por ejemplo, organiza a estas personas en una revuelta violenta porque, para un misógino, estos avances traen consigo una sensación de regresión en los derechos de los hombres y una reducción de su masculinidad.

Para los grupos misóginos, las mujeres son las grandes enemigas de la sociedad y deben ser devueltas a espacios privados de sometimiento. Para ellos, las mujeres son aprovechadas, manipuladoras, interesadas y merecen todos los castigos posibles. El odio se extiende a las mujeres de extrema derecha, una política habitual de los grupos misóginos. Son las «conservadoras» que no merecen estar en posiciones de poder, aunque sean una herramienta para difundir el discurso sexista.

Impulsados por estas ideas en un entorno virtual que fomenta la misoginia en lugar de frenarla, niños y hombres ya insensibilizados -y por tanto más vulnerables a los discursos extremistas violentos- se encuentran con comunidades virtuales que albergan su resentimiento, así como sus sentimientos de no pertenencia, rechazo e indignación hacia las instituciones. En el entramado de estos grupos masculinistas se encuentran concepciones distorsionadas del género y la sexualidad, componentes esenciales para entender la identidad de un individuo y, por tanto, tan presentes en los discursos de radicalización.

En el entorno virtual, por ejemplo, existen comunidades de incels, célibes involuntarios, niños y hombres que se sienten rechazados sentimentalmente por no ajustarse a una norma social. Para ellos, existe una regla que rige un supuesto «mercado sexual», que describe las relaciones de atracción entre hombres y mujeres. La regla, conocida como «80/20», supone que el 80% de las mujeres sólo se sienten atraídas por el 20% de los hombres considerados socialmente superiores. Este 20% son los hombres «alfa» y el otro 80% son los hombres «beta».

Así, lo que antes eran conceptos utilizados por los masculinistas se han convertido en movimientos, como es el caso de redpill y blackpill. Ser «redpilled» significaba despertar a la verdad, en referencia a la película «Matrix» cuando el personaje Neo tiene la opción de tomar la píldora azul y permanecer ignorante o elegir la píldora roja y conocer finalmente toda la verdad. Para estos grupos, la verdad es que la sociedad está dominada por las mujeres, que tienen ventaja sobre los hombres. La píldora negra, en cambio, representa un enfoque más fatalista, pues cree que no hay forma de cambiar la sociedad y que están destinados a la exclusión, por lo que renuncian a las relaciones románticas con mujeres y a menudo contemplan el suicidio.

Es en este contexto en el que la comercialización de la misoginia a través de la venta de cursos sobre «cómo conquistar a una mujer», «cómo ser un hombre de éxito» y «cómo atraer a la mujer adecuada» debería sonar como una advertencia. A primera vista pueden no suponer mucho riesgo, pero son una puerta de entrada -ahora explícita y legitimada- a un proceso de radicalización, ya que están impregnados de incitación a la subordinación de la mujer -que en el futuro conduce a la discriminación de otros colectivos- en un entorno virtual que opera como aliado de la misoginia y de todo tipo de odios.

De lo online a lo offline

No es posible afirmar que todos los miembros de un grupo masculinista en línea, que posiblemente expresan discriminación en el entorno virtual, practicarán la violencia en el mundo fuera de línea. Sin embargo, cuando se unen a estos grupos, sus miembros tienen el sentimiento de rechazo -común en sus trayectorias- movilizado para odiar a grupos minoritarios, además de estar expuestos a una idolatría de aquellos individuos que una vez «se rebelaron contra las instituciones/el sistema» y llevaron a cabo un ataque offline (la mayoría de las veces contra escuelas).

El caso de Suzano en la ciudad de San Pablo en 2019, cuando dos jóvenes atacaron una escuela dejando 8 muertos y once heridos, es un ejemplo de esta conexión. Hay indicios de que uno de los autores buscó información en un foro incel para planear el ataque.

La investigadora Mariana Valente, autora del libro Misoginia en Internet, nos recuerda la importancia de percibir los entornos online y offline como un continuo el uno del otro. Esto ayuda a comprender la enmarañada historia de chicos y hombres resentidos que, en el proceso de radicalización hacia el extremismo violento, se ven incitados a trasladar su odio de lo online a lo offline, lo que luego repercutirá online, retroalimentando la violencia.

Disputa por el espacio en línea

No es posible decir si hay «perdedores» o «ganadores» en el ciberactivismo. Lo que está en juego es la disputa por la narrativa y los espacios de debate y poder. Esta disputa involucra la producción de contenidos y noticias, que llegan a nuestras manos en cuestión de segundos y muchas de las cuales se configuran como fake news, caracterizando así lo que llamamos «posverdad».

En este contexto sigue aumentando las disputas entre la búsqueda de mayores derechos para los grupos históricamente subalternizados y violentados y una ofensiva neoliberal y radicalizada que odia especialmente a las mujeres, a las personas LGBTQIA+, a las personas negras y no se preocupa por los altos números de feminicidios, lgbtfobia y racismo.

Por lo tanto, es necesario formular estrategias de prevención de la radicalización, políticas públicas transversales a la educación y a la asistencia social, sin miedo a hablar de igualdad de género y de otras masculinidades posibles, alejadas de un patrón que se expresa a través de la opresión del otro. También hay que mirar más de cerca lo que los jóvenes buscan en las redes sociales, proponiendo alternativas que los alejen del camino de la radicalización. Además, hay que incluir a los adultos en el debate para que reflexionen sobre su papel en la construcción de una sociedad no resentida.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, llevado a cabo por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://bit.ly/projeto-reconectar

Bruna Camilo es Doctora en Ciencias Sociales por la PUC Minas. Máster en Ciencias Políticas por la UFMG. Miembro de la Asociación Visibilidad Mujer. Investiga sobre género, misoginia y extrema derecha.

Michele Bravos es Directora Ejecutiva del Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).

¿Qué pasa con los centros de procesamiento de migrantes en América Latina?

Nastassja Rojas Silva
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¿Qué pasa con los centros de procesamiento de migrantes en América Latina?

En un comunicado de prensa de abril de 2023, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, anunció cambios significativos relacionados con la gestión migratoria. El enfoque principal fue la reducción de la migración irregular en la región, mediante la ampliación de nuevas vías legales de protección y la implementación de procesos migratorios seguros y ordenados.

Como parte de estas acciones, se puso fin a la orden de salud pública temporal bajo el Título 42, que había sido implementada durante la pandemia de Covid-19. No obstante, el levantamiento no implicó una apertura incondicional de la frontera. Desde el 11 de mayo, Estados Unidos volvió a utilizar las autoridades migratorias según el Título 8, con el propósito de procesar y, en casos de ingreso irregular, expulsar a personas de la frontera de manera más expedita.

Con el objetivo de gestionar los flujos migratorios de manera coordinada, Estados Unidos establecería centros regionales de procesamiento fuera de su territorio, ubicados estratégicamente en países clave de América Latina. Estos centros facilitarían a los migrantes el acceso seguro y ordenado por medio de vías legales. Y, en la lucha contra las redes delictivas, se lanzaría una campaña contra el contrabando en el corredor del Darién con la colaboración de Panamá y Colombia. 

Estas medidas buscaban alterar la dinámica de incentivos que impulsa la migración irregular, intentando evitar que los migrantes arriesguen sus vidas por las rutas dominadas por redes de tráfico y trata de personas. 

Es así que, seis meses después de la implementación de estos centros de procesamiento de migrantes fuera de Estados Unidos, impulsados por el programa Movilidad Segura, respaldados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la evaluación de su impacto revela desafíos significativos. A pesar de ajustes mencionados en la política migratoria, estos centros no solo están desbordados, sino que tampoco han logrado frenar el constante flujo de migrantes por las rutas riesgosas.

La idea de externalizar el proceso migratorio ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la protección de los derechos de los solicitantes de asilo y refugio. En medio de esta discusión, surge la necesidad de encontrar un equilibrio entre la gestión eficiente de la migración y el respeto a los derechos humanos.

Para entender mejor los cambios generados por la administración Biden, como se mencionaba en líneas anteriores, es necesario que retrocedamos unos meses cuando se anunció la derogación del Título 42. La conexión entre la finalización del Título 42 y la creación de los centros de migración es innegable. La revocación de esta medida de emergencia no solo modificó las condiciones en la frontera, sino que también generó cuestionamientos sobre la capacidad de los centros al interior de Estados Unidos para abordar la situación.

La derogación de esta disposición, tras tres años de pandemia, marcó un cambio en la frontera sur de Estados Unidos. La emergencia sanitaria, que permitía expulsar hacia México de manera expedita a solicitantes de asilo, dio paso al Título 8, una ley de larga data modificada con nuevas reglas que endurecieron las condiciones para la entrada de migrantes irregulares.

Estas nuevas medidas introdujeron consecuencias más duras para quienes intentan ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Aunque el Título 8 concede más tiempo para la presentación de casos de asilo, las recientes modificaciones establecen circunstancias limitadas bajo las cuales se aceptará una petición.

A diferencia del Título 42, que no establecía prohibiciones de reentrada, el Título 8 impone restricciones más severas. Quienes sean deportados bajo estas nuevas reglas tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos durante al menos los próximos cinco años y aquellos que intenten reingresar podrían enfrentar procesos penales.

Sin embargo, la administración de Biden destacó la importancia de proporcionar vías legales y seguras para la migración. En este sentido, antes de la finalización del Título 42 ya se había anunciado la creación de centros de procesamiento en América Latina, para que los migrantes pudiesen solicitar ingresar a Estados Unidos. 

En junio de 2023, el gobierno de Estados Unidos anunció la apertura de estos centros de migración en varios puntos de la región. Históricamente, las estrategias de control migratorio se habían centrado principalmente en México y en Centroamérica. No obstante, la apertura de centros en Colombia y otros países sugiere un cambio de enfoque hacia una política migratoria hemisférica. 

Actualmente, los Centros del Programa Movilidad Segura establecidos en varios países de América Latina ofrecen programas específicos para diferentes nacionalidades. El Programa de Movilidad Segura en Colombia está dirigido a personas de nacionalidad cubana, haitiana y venezolana que se encontraban en el territorio colombiano el 11 de junio de 2023 o antes. Este programa busca facilitar el traslado seguro y legal hacia los Estados Unidos y otros países. Esta ubicación reconoce a Colombia como un punto crucial en la ruta de miles de personas que buscan refugio, especialmente a través de la peligrosa travesía por la selva del Darién.

Asimismo, en Costa Rica, el Programa de Movilidad Segura está destinado a personas de nacionalidad nicaragüense y venezolana que estaban presentes en el territorio costarricense el 12 de junio de 2023 o antes. En Ecuador, el programa se centra en personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense, venezolana y colombiana que se encontraban en el territorio ecuatoriano el 18 de octubre de 2023 o antes. En el caso de Guatemala, el programa está diseñado para personas de nacionalidad guatemalteca. 

Estos nuevos procedimientos buscan proporcionar vías legales y seguras hacia los Estados Unidos, intentando disminuir la necesidad de que las personas refugiadas y migrantes pongan sus vidas en manos de traficantes y eviten viajes por rutas peligrosas e irregulares. Además, aquellos que sean elegibles tendrán la oportunidad de ser considerados para la admisión regular a otros países, como España y Canadá. 

Sin embargo, esta última alternativa de considerar otros países como naciones de acogida debe ser cuidadosamente monitoreada para evitar por un lado tensiones diplomáticas y por otro, siendo la más importante, garantizar los derechos de esta población.

Y es que la decisión de abrir estos centros llega en un momento políticamente delicado para la Administración Biden. Las críticas de la oposición sobre la gestión de la migración y las acusaciones de incentivarla han sido persistentes. Con las elecciones de 2024 en el horizonte, Biden enfrenta la presión de abordar la migración de manera efectiva para evitar consecuencias políticas negativas.

Uno de los desafíos más apremiantes radica en la capacidad de estos centros para manejar eficientemente el proceso de solicitud de asilo. La experiencia previa con centros similares ha dejado en evidencia la importancia de agilizar los procedimientos para evitar demoras que podrían contribuir a situaciones humanitarias difíciles en enfrentar en estos terceros países. La falta de una respuesta rápida lleva a la congestión de los centros y a la espera prolongada de los migrantes.

Por ejemplo, para el caso de Colombia, las solicitudes se abren todos los días hábiles desde las 8 am (hora local) por tiempo limitado hasta que se cumpla una cuota diaria. En la mayoría de los días esta cuota y cierre se cumple antes del mediodía.

Las críticas hacia la implementación de estos centros no se hicieron esperar. Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la capacidad real de estos centros para garantizar condiciones dignas a las personas migrantes. La falta de transparencia en los procesos y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos son preocupaciones legítimas que deben ser abordadas para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.

El papel de los centros de migración se convierte así en un punto focal para evaluar no solo la efectividad de la política migratoria de Estados Unidos, sino también la capacidad de coordinar una gestión migratoria regional, demanda que se ha escuchado por parte de la sociedad civil, de manera repetida, durante los últimos años.

Los programas recientes para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses muestran un esfuerzo por ofrecer vías legales para la migración, reconociendo la grave situación en sus países de origen. Sin embargo, los requisitos en algunos de los casos, como la necesidad de un patrocinador en Estados Unidos, podrían excluir a personas vulnerables y desfavorecidas, o en los peores escenarios facilitar la trata de personas.

A pesar de los esfuerzos para anticiparse a una posible crisis migratoria mayor, los desafíos persisten. La astucia de las redes criminales para seguir captando personas por la ruta del Darién o rutas marítimas y la incertidumbre sobre la rapidez de los procesos en los centros son factores que han afectado la funcionalidad de esta medida.

Purga en el sistema judicial nicaragüense 

Emma Turiño
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Purga en el sistema judicial nicaragüense 

La gestión de los conflictos, o, en otras palabras, la política, siempre requerirá de reformas y luchas de poder. Para cumplir con un programa electoral, es necesario implementar cambios en una dirección específica. El cambio y la competencia son inherentes a la política. Sin embargo, el estilo y el objetivo de las reformas difieren radicalmente cuando los partidos y la élite política buscan mantenerse en el poder de manera continua. Distinguir entre estos dos tipos de reformas a menudo puede ser un juego confuso de matices. No obstante, la reciente depuración de más de 900 funcionarios del Sistema Judicial Nicaragüense no deja lugar a dudas: estamos presenciando uno de los cambios estructurales más significativos que marcan el inicio de la sucesión Ortega-Murillo-Laureano. No estamos hablando de una reforma política, sino de un ataque a la separación de poderes con el fin de erradicar cualquier vestigio de oposición.

El primer paso para establecer y mantener un régimen político de partido único es obtener acceso a las instituciones representativas y, a partir de ahí, cambiar las reglas fundamentales del Estado a tu favor. Daniel Ortega ha comprendido perfectamente la importancia de las reformas y cómo utilizarlas estratégicamente. En 2009, dos años después de asumir el poder, el artículo 147 de la Constitución fue declarado inaplicable por la Corte Suprema de Nicaragua, allanando el camino para su reelección en 2011. La posibilidad de reelección se consolidó en 2013. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controlando la Asamblea, otra propuesta de reforma constitucional del presidente fue aprobada, permitiendo la reelección indefinida, la elección de presidente en primera vuelta y la capacidad del presidente para emitir decretos con fuerza de ley. Hace dos años, la comunidad internacional observaba con incredulidad la escena de la reelección.

El 25 de octubre pasado, Rosario Murillo emitió la orden de intervenir el Poder Judicial, que tiene –o tenía– más de 9.000 empleados. Aproximadamente el 10% del personal ha sido despedido sin indemnización por despido, beneficios laborales, pensiones o incluso una carta de despido, y ha afectado a todos, desde el personal administrativo hasta varios magistrados de la corte.

Este intento de consolidar el poder tiene como objetivo eliminar a los desertores y recompensar a los leales. Un ejemplo de esto es el caso de Horacio Rocha, el antiguo Comisionado General en retiro que fue encargado de llevar a cabo la orden de Murillo. Habiendo sido nombrado asesor presidencial en temas de seguridad hace un año, es muy probable que no sea la última vez que veamos a esta figura prominente llevando a cabo las purgas del gobierno. Su carrera en la policía es de conocimiento público, pero su papel como escolta y seguridad se remonta a 1997 con Arnoldo Alemán. Después de una interrupción de casi una década, su larga carrera vuelve con fuerza.

En relación con la purga murillista, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos ahora deja su oficina para dar lugar a Marvin Ramiro Aguilar. Junto a ella, otros magistrados como Yadira Centeno fueron expulsados del edificio tras la llegada de varias patrullas de policía. El golpe se ha llevado a cabo con precisión y el control sobre el Poder Judicial ahora se asemeja al control que el gobierno ya tiene sobre otros poderes del Estado. En los comunicados internos, el ahora presidente en funciones Aguilar es señalado como el responsable de los despidos. Este rompecabezas quedará resuelto cuando las vacantes sean reemplazadas por magistrados, jueces y funcionarios leales al régimen.

Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Una vez más, la respuesta se encuentra en la instrumentalización de las reformas. Una Constitución que ahora parece no tener valor permite que, con la aprobación de la Asamblea, de mayoría oficialista, se hayan podido reducir las facultades de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores sandinistas argumentan que los Registros Públicos podrán ofrecer servicios de manera más eficiente y optimizada si se integran a la Procuraduría General de la República, que está adscrita al Poder Ejecutivo.

Este es el segundo mandato con Ortega en la presidencia y Murillo en la vicepresidencia, pero ya es el quinto mandato –no consecutivo– desde la controvertida reelección del excombatiente. La tensión a nivel nacional es evidente, especialmente después de los graves incidentes ocurridos después del 18 de abril de 2018, resultado de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que aumentaron las tasas de interés y la edad de jubilación, dejando cerca de 400 muertes tras la intervención de la policía y los grupos paramilitares. En julio pasado, el gobierno sandinista aprobó una reforma constitucional para asumir el control de la policía, borrando una vez más la línea entre las fuerzas estatales que se supone deben ser imparciales y las organizaciones ideológicas que operan como brazos ideológicos de los partidos. Como resultado, la Procuraduría, el Poder Judicial y la Policía Nacional están actualmente bajo el control y al servicio del ejecutivo de mayoría sandinista.

Esto explica por qué la Policía Nacional no ha proporcionado explicaciones sobre la intervención en la Corte Suprema, el desalojo arbitrario de los trabajadores y el motivo de las numerosas detenciones e investigaciones. El régimen no solo se consolida como un régimen de partido único, sino también como un estado policial de facto. Por otro lado, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo aprobada en 2020 se encarga de que cualquier disidencia pueda ser considerada como una amenaza al orden político establecido, prohibiendo a los opositores participar en protestas o presentarse como candidatos.

Este escenario coloca a la nación en una posición difícil en términos de respeto a los derechos humanos. Las acusaciones, penalizaciones y advertencias internacionales han surgido rápidamente. Tras la descalificación de las elecciones de 2021 por parte de la Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) por no cumplir con una resolución sobre los criterios para unas elecciones libres, democráticas y transparentes, Denis Moncada envió una carta solicitando la retirada de Nicaragua del foro regional. Dos años después de esa carta, el 19 de noviembre de 2023, se concretó la salida de Nicaragua de la OEA. No obstante, esta y otras organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido que, aunque el régimen de Ortega no suscriba la carta de la OEA y sus compromisos, debe respetar los convenios internacionales de protección y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Declaración Universal y en la Carta Interamericana de Derechos.

Del lado de la libertad

Mariana Gómez del Campo
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Del lado de la libertad

La elección clara de Javier Milei como presidente de Argentina nos deja dos lecciones importantes. La primera es el rechazo de una gran mayoría de los argentinos al Kirchnerismo. A pesar de su retórica democrática, los «gobiernos K» han sido aliados de quienes niegan las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Han sido parte importante de redes como el Grupo de Puebla, que, con voceros como los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, avalan prácticas autoritarias, socavan a la democracia y dan oxígeno a los dictadores a través de sus declaraciones públicas. La segunda lección es la necesidad de construir mayorías a favor de la libertad y la democracia desde el centro político. El éxito del nuevo gobierno argentino dependerá de la capacidad de la centroderecha en aportar gobernabilidad y sensatez a la administración entrante.

Necesidad de sensatez

En un continente donde el péndulo electoral muchas veces oscila entre posiciones maximalistas de ambos lados del espectro político, hacen mucha falta voces sensatas y demócratas capaces de desarrollar proyectos políticos de largo aliento, dar rumbo a gobiernos responsables, y cumplir con sus promesas y los anhelos de la población latinoamericana. El socialismo bolivariano promete soluciones fáciles y termina defraudando las esperanzas de millones de latinoamericanos. Un estadio de fútbol lleno de personas gritando «¡Fuera Petro!» en el reciente partido de Colombia contra Brasil en Barranquilla, escenificó esta decepción de una manera muy drástica.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente busca la cercanía con los dictadores de la región. También persigue una agenda autoritaria de desmantelar sistemáticamente a órganos del Estado como el Instituto Nacional Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo gracias al trabajo conjunto de los partidos opositores históricamente enfrentados, hemos podido frenar algunos aspectos de su agenda antidemocrática.

Es más, gracias a esta cooperación y al liderazgo excepcional de la senadora Xóchitl Gálvez, el próximo mes de junio de 2024 tenemos la oportunidad real de otorgar otra derrota al socialismo bolivariano y a las redes internacionales de izquierda autoritaria que tanto daño nos han hecho. Para lograrlo, vamos a necesitar los ojos de la comunidad internacional puestos en este proceso electoral. Como ha ocurrido con muchos gobiernos de esta línea, es probable que AMLO y su partido no vayan a querer reconocer fácilmente una posible derrota.

Foro América Libre

El ejemplo mexicano nos muestra que solamente unidos podemos ganar. Esta experiencia es muy importante para todos los amantes de la libertad y la democracia en América Latina. En este sentido, hace poco nació una esperanza, el «Foro América Libre». Ocurrió a finales de octubre de 2023. Convocamos a partidos políticos, centros de pensamiento, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil y otros actores a una fiesta de libertad y democracia en la Ciudad de México. Más de 30 organizaciones y participantes de 25 países respondieron a este llamado. El Foro América Libre busca ser un espacio nuevo. Tiene como objetivo la coordinación y diálogo para crear un frente común desde el centro político, con valores y principios claros. Siempre del lado de la democracia. Siempre del lado de la libertad.

La enorme atención mediática en la región a nuestro encuentro en octubre mostró que muchos han esperado un espacio como el Foro América Libre. En nuestro escenario, expresidentes compartieron sus experiencias. La vicepresidenta del Parlamento de Ucrania agradeció la solidaridad de los presentes frente al ataque de Vladimir Putin y la nueva generación de políticos aportó su entusiasmo por una América Libre. Nuestro desafío ahora es transformar esta experiencia en un espacio permanente de unidad democrática frente a la amenaza.

Mas allá de la diversidad de los asistentes de la primera edición del Foro América Libre, todos nos unimos cuando en presencia del excandidato presidencial y expreso político de Nicaragua, Félix Maradiaga, otorgamos un premio de derechos humanos a una silla vacía. Esta silla representaba a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua, preso político del dictador Daniel Ortega condenado a más de 26 años de cárcel. El destino inhumano de Monseñor lo comparten muchos activistas en Venezuela y Cuba, países defendidos internacionalmente por el Grupo de Puebla y sus aliados. Los perseguidos políticos necesitan a los demócratas del mundo, y ellos nos necesitan a nosotros.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

Colombia, fragmentada por las desigualdades digitales regionales

Roberto García Alonso
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Colombia, fragmentada por las desigualdades digitales regionales

Coautores  Ulf Thoene y Diego Dávila

La brecha digital en Colombia, un país inmerso en un complejo escenario postconflicto, se presenta como un desafío significativo. En Colombia el rezago digital es evidente en diversos ámbitos. Por ejemplo, el Índice de Madurez Digital (IMDV) 2021 mostró que las pequeñas y medianas empresas tienen un promedio de madurez digital significativamente menor en comparación con las grandes empresas y startups. Además, las entidades públicas presentan grandes diferencias en sus niveles de desempeño en la política de gobierno digital, con un promedio de 814 y 629 puntos sobre 1.000, respectivamente. Según los últimos datos disponibles de la encuesta nacional de calidad de vida, el 48,6% de los hogares que manifestaron no tener conexión a internet durante el 2021 aseguraron que se debía a que era muy costoso, no tenían cobertura o no sabían usarlo. 

La brecha digital en Colombia tiene una marcada dimensión regional. Las mayores diferencias en niveles de desempeño del sector público se sitúan entre las entidades departamentales y locales. La mayoría de aquellos que no acceden a internet se ubican en núcleos rurales muy alejados de los grandes centros urbanos del país, cosa que refleja una marcada diferencia regional en la digitalización. El impacto de la brecha digital en Colombia se extiende también a múltiples ámbitos, incluyendo la educación, la economía o la inclusión social. Por ejemplo, la pandemia de covid-19 exacerbó las diferencias educativas debido a las diferencias en acceso y uso de las tecnologías, algo que afectó negativamente al desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños. Además, la brecha digital afecta negativamente a la economía, a causa de las diferencias relacionadas con la tecnología de internet o el comercio electrónico en Colombia.

En un mundo interconectado, la digitalización no es solo una opción, sino una necesidad. El problema de la brecha digital trasciende la inaccesibilidad a estas tecnologías, ya que está vinculada a factores sociopolíticos, económicos y culturales que influyen en el acceso de las personas a las mismas o a su capacidad para utilizarlas de forma eficaz. En el Sur Global, la digitalización está asociada con la desigualdad, y la pandemia del covid-19 ha exacerbado la desventaja digital y la exclusión social en el territorio del país a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Las causas del rezago digital en Colombia son multifacéticas. En él influyen factores como la desigualdad económica y social, la infraestructura insuficiente en áreas rurales y remotas y la falta de preparación del sistema educativo, pero sobre todo la falta de políticas integradas y eficientes. A pesar de la existencia de políticas públicas digitales con resultados positivos a nivel nacional, aún persisten limitaciones para la efectiva implementación de los objetivos de estas políticas en las entidades territoriales y locales.  

A medida que Colombia avanza en la creciente digitalización de su vida económica y social de la mano de la tecnología 5G, el uso de la inteligencia artificial o el uso masivo de datos, atender a los retos de la digitalización se convierte en algo fundamental. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de las tecnologías digitales, desatender esta realidad no solo limitaría el progreso, sino que también expondría a individuos, empresas y gobiernos a un rezago significativo. 

En primer lugar, el sector privado debe aprender a generar valor social y económico utilizando tecnologías digitales para llegar a públicos remotos, superando barreras geográficas y horarias. En segundo lugar, la apropiación de nuevas tecnologías no solo implica acceso y competencias, sino también motivación y el tipo de uso que se les da.  Abordar la exclusión digital requiere ir más allá del acceso a la tecnología y obliga a atender las razones subyacentes, empoderando a las comunidades marginadas para que participen plenamente en el mundo digital. Y, por último, esto exige acciones gubernamentales efectivas y el desarrollo de estrategias de transformación digital para mejorar la eficiencia, colaboración y satisfacción ciudadana. 

En la compleja coyuntura que atraviesan Latinoamérica y el mundo, Colombia acaba de elegir a sus nuevos mandatarios locales y regionales. Estos nuevos mandatarios tomarán posesión el próximo primero de enero de 2024, comprometiéndose, según la ley colombiana, a convertir sus promesas de campaña en planes de desarrollo tangibles. Comprender la intersección de la tecnología con el sector privado, el sector público y la ciudadanía emerge como un catalizador para el desarrollo sostenible, alineándose con el objetivo de la Agenda 2030 de construir sociedades inclusivas. En este contexto, es esencial que los nuevos líderes regionales y locales comprendan la importancia de la digitalización e implementen estrategias adecuadas para hacerle frente.

Ulf Thoene es Profesor Asociado en la Universidad de La Sabana, Colombia. Doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido.

Diego Dávila es Decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás (Colombia) y candidato a Doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. Investigador y docente. 

El fraude no es habitual, las teorías de la conspiración sí

Flávia Bozza Martins
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El fraude no es habitual, las teorías de la conspiración sí

Coautoras Luciana Fernandes Veiga y Vitória Peres

En las últimas semanas, América Latina ha seguido de cerca las elecciones presidenciales en Argentina. El victorioso candidato de extrema derecha, Javier Milei, afirma que hubo fraude electoral en la primera vuelta. Este discurso no es sorprendente, ya que se ha vuelto cada vez más recurrente en muchas democracias contemporáneas. Al fin y al cabo, cuestionar la limpieza del proceso es legítimo, pero lo que se ha observado es la utilización de este discurso como estrategia política para deslegitimar el resultado electoral. El perfil de estos líderes, que aquí denominamos populistas, tiene una propuesta disruptiva con las élites políticas tradicionales, renunciando a las instituciones políticas como mediadoras de conflictos, especialmente por adherirse al discurso del «nosotros contra ellos». En el discurso del liderazgo populista, existe la intención de unirse al pueblo, siendo una personalidad capaz de enfrentarse a un sistema político corrupto. En este sentido, cualquier mecanismo institucional que busque frenar posibles abusos de poder por parte de estos líderes es visto como la resistencia de un sistema político contaminado por los intereses de la élite que se siente amenazada. 

Esta estrategia ha sido observada por Jair Bolsonaro en Brasil, Keiko Fujimori en Perú, Carlos Messa en Bolivia, Benjamín Netanyahu en Israel, López Obrador en México y, en el caso de España, Alberto Feijóo, líder del centroderechista Partido Popular, con el apoyo del ultraderechista Partido Vox. Lo que se consigue es, por un lado, desmovilizar a los votantes poco comprometidos y, por otro, mantener un clima permanente de campaña entre los partidarios de estos líderes. A menudo culmina con casos de votantes que no aceptan el resultado de las urnas. 

El año pasado, la transmisión en vivo de julio de 2021 del presidente Jair Bolsonaro fue retirada por YouTube. En ella, el entonces presidente cuestionaba el sistema electoral brasileño a cuenta de las urnas electrónicas, afirmando tener pruebas de que son susceptibles de fraude electoral y que, además, ya habían sido amañadas en las elecciones que le eligieron años antes. Según Bolsonaro, debería haber sido elegido con un margen de votos mucho mayor que el segundo clasificado. YouTube retiró del aire este directo porque encontró teorías de la conspiración en su contenido. Pero, ¿qué son las teorías de la conspiración? El sociólogo Ted Goerzel definió las teorías de la conspiración como la sospecha de que actores influyentes se han unido en un acuerdo secreto y están tratando de lograr un objetivo oculto, ilegal o nefasto. 

¿Y cómo surge este pensamiento? Los expertos en desinformación y teoría de la conspiración Lewandowsky y Cook presentan siete signos del pensamiento conspirativo: contradicción, ocurre cuando el teórico de la conspiración cree en ideas que se contradicen entre sí siempre que descalifiquen la narrativa oficial; sospecha absoluta, cuando se muestra una desconfianza extrema en todo lo que no encaja en la teoría de la conspiración; intención nefasta, en este caso siempre asume que los conspiradores actúan con intenciones espurias; algo debe estar mal, ocurre en situaciones en las que el teórico incluso abandona ideas que se vuelven insostenibles, pero nunca la noción de que algo está mal y que la narrativa oficial es fraudulenta; víctima perseguida, aquí se percibe a sí mismo como víctima y héroe simultáneamente frente a conspiradores villanos; inmune a la evidencia, ocurre cuando toma la evidencia que contradice una teoría como parte de la conspiración; finalmente, la reinterpretación del azar ocurre cuando, a través de la sospecha absoluta, el teórico cree que nada ocurre por casualidad.

En el caso del directo suspendido del ex presidente Bolsonaro, se realizó un análisis de contenido para identificar la presencia o ausencia de las categorías del pensamiento conspirativo en cada una de las 156 unidades de análisis identificadas en los discursos. Se constató que utilizó estas categorías al cuestionar la credibilidad de las urnas: sospecha absoluta (56%), intención nefasta (42%), algo debe estar mal (37%), víctima perseguida (25%), reinterpretación del azar (21%), inmune a la evidencia (12%) y contradicción (10%). 

Para ilustrarlo, tomemos un pasaje del discurso del ex presidente con las dos estrategias más frecuentes: sospecha absoluta e intención nefasta, en la medida en que cuestiona las intenciones del juez del Tribunal Supremo Luís Roberto Barroso.

«¿Por qué, señor Barroso, le ofrecemos otra forma de transparencia en las elecciones y usted se opone? ¿Adónde quiere llegar?»

¿A quién afectan estas estrategias? El efecto de las teorías de la conspiración está relacionado con aspectos sociales y psicológicos. Las realidades marcadas por el extremismo ideológico aumentan la incertidumbre y la inseguridad, lo que provoca ansiedad en la búsqueda de sentido. Las teorías de la conspiración trabajan con la complejidad que supone procesar la realidad vivida desde los sistemas de creencias individuales. Así, las personas más sensibles a las evidencias, con un sano escepticismo y que buscan la coherencia tienden a verse menos afectadas por las estrategias que aquellas inmunes a las evidencias, que siempre cargan con la sospecha absoluta y aceptan las contradicciones. 

Un estudio cualitativo con ocho grupos focales con votantes de la ciudad de Río de Janeiro, sobre el tema de la legitimidad de las elecciones, mostró cómo las personas procesan las teorías conspirativas sobre las urnas electrónicas y, en función de cómo les dan sentido, las reproducen o las refutan. Un análisis de contenido mostró que las dos estrategias más recurrentes utilizadas por los votantes fueron la sospecha absoluta y el algo debe estar mal.

A continuación mencionamos el uso de la sospecha absoluta, en la que existe un nivel extremo de desconfianza en la realidad, donde todo parece encajar en una teoría de la conspiración.

«Creo que debe haber algún fraude. Cuando llenas el depósito de tu coche, porque la manguera está negra, piensas: ‘¿empezó a salir combustible en el momento adecuado?’ Es lo mismo con las urnas, ‘¿se está contando realmente el voto? ¿Está yendo a la persona correcta?» Es muy oscuro».

Al igual que se reprodujo la teoría de la conspiración, también se refutó. El siguiente pasaje ilustra cómo el votante se muestra más apegado a las pruebas, a la coherencia y a una visión crítica.

«La forma en que se presenta el fraude está muy banalizada, es como si fuera fácil. Hay que saber que hay miles de urnas. No creo que sea tan fácil, tan trivial cometer fraude. Está la inspección, están las organizaciones. También está el trabajo de investigación, no he visto ningún resultado absurdo en el que digamos ‘estaba amañado’. Confío en ello.

La creencia en teorías conspirativas afecta y se ve afectada por la democracia.  Brasil tiene un nivel muy bajo de confianza interpersonal y un bajo nivel de confianza en las instituciones políticas. Los discursos con un atractivo conspirativo encuentran un terreno fértil. 

En el caso de Brasil, el TSE se enfrentó al reto de llevar a cabo las elecciones al tiempo que defendía su legitimidad. Incluso en medio de los ataques, una encuesta realizada por DataFolha en mayo de 2022 informó que el 73% de los brasileños confía en las urnas electrónicas. En Argentina, el 84% de la población tenía poca o ninguna confianza en la institución electoral, según Latinobarômetro en 2020. Como en Brasil, en 2018 triunfó el discurso que debilita las instituciones democráticas, eligiendo a Javier Milei nuevo presidente argentino. Sólo nos queda esperar que las instituciones argentinas sean lo suficientemente resistentes como para mantenerse fuertes a pesar de los ataques, vengan de donde vengan.

El estudio fue realizado por el equipo del Grupo de Investigación Electoral (GIEL) de UNIRIO, a partir de la transcripción de la transmisión en vivo del presidente.

Flávia Bozza Martins. Doctora en Ciencias Políticas por el IESP-UERJ. Actualmente realiza un postdoctorado en la misma institución. Su investigación se centra en el comportamiento político.

Luciana Fernandes Veiga. Profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Doctora en Ciencia Política por el IUPERJ (ahora IESP / UERJ), con estudios postdoctorales en la Universidad de California-Irvine.

Vitória Peres. Politóloga licenciada por UNIRIO, trabaja en comunicación política, estrategia política y consultoría. También es investigadora en Giel.

Acciones 2 en 1: mitigar el cambio climático y prevenir la obesidad

Sonia Alejandra Pou   |   Camila Niclis
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Acciones 2 en 1: mitigar el cambio climático y prevenir la obesidad

“La bicicleta tiene el beneficio de que podés llegar más rápido y a donde querés, lo que no siempre pasa con otros medios de transporte público en la ciudad. Y es lindo porque estás al aire libre”, dice Julia, una joven usuaria del servicio de bicicletas públicas de la ciudad de Córdoba, en Argentina. El servicio es gratuito y se compone de siete estaciones de bicicletas, conectadas por una red de ciclovías terrestres, que se complementan con una ciclovía en altura de casi 2 km de extensión de reciente implementación en esa ciudad.

Créditos: Gentileza Facundo Luque/La Voz

Julia tiene razón: usar la bicicleta en lugar de medios motorizados para movilizarse en grandes ciudades puede ser más práctico y atractivo. Pero también, frente al problema del cambio climático y la obesidad, la promoción del uso de bicicleta en reemplazo de automotores es una acción concreta que trae 2 beneficios en 1. Por un lado, es ecológicamente más sustentable. Por el otro, promueve un estilo de vida saludable al brindar la oportunidad de practicar ejercicio físico. Esto contribuye a la prevención del sobrepeso y otras enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes.

La experiencia de Córdoba (Argentina) y otras similares llevadas a cabo en ciudades latinoamericanas, como el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá, en Colombia o el Sistema de Bicicletas Públicas de Quito, en Ecuador, son ejemplos de oportunidades para obtener co-beneficios para la salud a partir de acciones destinadas a la mitigación del cambio climático.

Sindemia global: una visión innovadora para buscar acciones 2 en 1

Con la abrupta aparición del Covid-19 en nuestras vidas, hablar de pandemias pasó a ser algo cotidiano. La noción de sindemia, en cambio, es algo menos conocida. En términos generales, el concepto se refiere a epidemias o pandemias que coinciden temporal y geográficamente, interactuando y potenciando sus efectos nocivos en la salud de la población afectada. Esta idea llamó la atención de la comunidad científica hace algunos años, tras un informe publicado por la Comisión sobre Obesidad de la revista médica Lancet.

Dicho artículo introdujo la visión de “Sindemia Global de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático”. Desde esa perspectiva se entiende que la malnutrición en todas sus formas es una pandemia que amenaza la salud global, y que coincide en tiempo y lugar e interactúa con el cambio climático que hoy afecta a la mayoría de las personas en cada país y región del mundo.

Se estima que en varios países latinoamericanos, como México, Panamá, Argentina y Chile, más de un tercio de la población adulta vive con obesidad. Sumado a esto, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), esta región presenta una elevada vulnerabilidad y está siendo fuertemente impactada por las consecuencias del cambio climático, una situación que se amplifica por diversos factores, incluyendo la desigualdad y la pobreza. En particular, el efecto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria de las poblaciones potencia a su vez la prevalencia de la malnutrición.

Podemos considerar la epidemia de la obesidad y el cambio climático como vagones de un tren que avanza a gran velocidad hacia un escenario de riesgos para la salud poco alentador. Podemos también imaginar que es necesario reducir la velocidad del tren y encontrar acciones oportunas, capaces de mitigar los daños ambientales e impactos negativos sobre la salud humana. Para ello, es útil retomar la visión sindémica global, la cual reconoce que las ruedas del tren, lo que impulsa las pandemias de malnutrición y cambio climático, son en gran parte factores compartidos.

Reconocer que existen determinantes compartidos es importante, dado que brinda la oportunidad de buscar respuestas conjuntas para hacer frente a estos desafíos globales. Los modos de vida poco saludables que ganan terreno en las sociedades más urbanizadas, así como la marcada desigualdad social, son algunos ejemplos de estos factores que impulsan o determinan, simultáneamente, las dos pandemias.

Obesidad y cambio climático: la vida en las ciudades como punto de encuentro

América Latina es una de las regiones con más población urbana del mundo en desarrollo. Dos tercios de la población latinoamericana vive en ciudades de más de 20.000 habitantes y casi un 80% en zonas urbanas, lo que equivale aproximadamente a 530 millones de personas. El actual ritmo de vida en sus ciudades trae aparejadas modificaciones de los estilos de vida que pueden ser a su vez desfavorables para la salud y el ambiente en que vivimos.

Los residentes urbanos son generalmente los más expuestos a la contaminación del aire y a estilos de vida sedentarios. El uso de automóviles es una práctica que aumenta la exposición a estos factores. Además de esto, en las ciudades es frecuente encontrar un consumo elevado de productos alimentarios ultraprocesados y un bajo consumo de frutas y verduras. Es ampliamente reconocido que una alimentación poco saludable se asocia a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. En cambio, la relación entre alimentación y cambio climático es menos conocida.

En referencia a eso, un artículo publicado en la revista científica Current Obesity Reports explica que la producción ganadera para obtener carne y lácteos genera gas metano, el cual representa más del 80% de los gases de efecto invernadero (GEI) agrícolas. Sumado a ello, el hiperconsumo de productos ultraprocesados puede aumentar la generación de residuos urbanos, contribuyendo también a una mayor concentración de GEI. Las emisiones de GEI son las grandes responsables del efecto invernadero, y potencian el calentamiento global, que es especialmente preocupante en los entornos urbanos.

Por lo tanto, prestar atención a los modos de movilizarse dentro de las ciudades, así como promover una alimentación saludable y equilibrada e incentivar una producción alimentaria ecológicamente sostenible, no solo será importante para cuidar la salud humana, sino también para contribuir a la sostenibilidad ambiental.

“El servicio de bicicletas en Córdoba está disponible, es abierto”, dice Julia, que agrega que “el único requisito es ser ciudadano”. La igualdad de oportunidades, el “no dejar a nadie atrás” que propone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es quizá el mayor desafío para impulsar acciones verdaderamente transformadoras para el ambiente y la salud global.

*Este texto es producto del Programa Clima, ambiente y salud + migración desarrollado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global IAI y Latinoamérica21

Camila Niclis, Dra. en Ciencias de la Salud y Licenciada en Nutrición. Investigadora del CONICET y Profesora de Metodología de la investigación (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Aborda la Epidemiología nutricional y socioambiental de enfermedades crónicas desde el enfoque del ciclo vital.

Plebiscito en Chile: ¿un punto de partida?

Juan Carlos Arellano
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Plebiscito en Chile: ¿un punto de partida?

Se acerca el segundo plebiscito en poco más de un año para decidir si se cambia la Constitución vigente en Chile. La historia del primer proceso fue fallida y, según las encuestas, el segundo parece seguir el mismo camino. Las explicaciones para este eventual fracaso son variadas; algunos mencionan el hastío o la fatiga constitucional, mientras que otros expresan su descontento con las propuestas, al presentar fuertes componentes programáticos, alejándolas de un consenso más transversal. Si bien algunas posiciones disconformes obedecen a un llamado de consecuencia política, otras parece que nacen solo de un oportunismo grosero. Aunque existe apoyo “A favor” de esta propuesta principalmente de la derecha partidaria y algunos partidos de centroizquierda, curiosamente, con interpretaciones e intereses distintos, convergieron en el “En contra” la mayoría de la izquierda moderada y radical, y sectores descolgados de derecha más dura.

Comparando esta segunda propuesta constitucional con la plebiscitada en septiembre de 2022, es indiscutible que la última presenta menos riesgos para la percepción ciudadana. Se destaca que esta nueva Constitución se conformó bajo un acuerdo consensuado por la mayoría de la clase política, buscando regular el resultado lo más posible. Se acordó un marco institucional base conocido como los “doce bordes”, una comisión de expertos integrada por 24 personas elegidas por los partidos políticos en el Congreso, un consejo constitucional elegido popularmente con 50 miembros y un comité técnico de admisibilidad para resguardar que se respetaran los famosos bordes en la propuesta final.

A pesar de las críticas que levantó este nuevo proceso por contener la voluntad popular, se llevó a cabo dentro de los acuerdos establecidos, con una de las votaciones lejos más altas en el último tiempo y cumpliendo con todos los protocolos democráticos necesarios para legitimar una nueva Constitución, reduciendo notablemente los riesgos para la ciudadanía y aportando más certezas que el proceso anterior. No obstante, las interpretaciones críticas a la nueva propuesta no dejan de amplificar sus potenciales riesgos.

Los argumentos en contra del proyecto constitucional, tanto de la izquierda como de algunos sectores de la derecha, se pueden simplificar en dos puntos. El primero, de índole valórica, asocia la Constitución con una regresión conservadora o, desde la derecha disidente, con la inclusión de temas ideológicos identificados como izquierdistas, como género o la agenda 2030. En cuanto al segundo, algunos se oponen al proyecto arguyendo que profundiza o pone en peligro el modelo neoliberal. Resulta curioso observar argumentos tan contradictorios ante un mismo texto. Por un lado, se manifiesta que un articulado que enfatiza la provisión de derechos estatales y la oferta privada de servicios simplemente perpetúa el lucrativo negocio de las instituciones privadas existentes (AFP, ISAPRES, etc.); mientras que, por el otro lado, desde la derecha disidente, se debate el riesgo de abandonar el Estado subsidiario por uno “social y democrático de derecho”, reprochando el cúmulo de derechos que abriría la puerta a una judicialización.

La propuesta constitucional parece enfrentar la paradoja de ser interpretada de manera insatisfactoria por ambos polos. Resulta difícil de concebir que, según la afirmación de intelectuales y políticos de izquierda, uno de los países más neoliberales del mundo, cuyo modelo económico supuestamente está protegido por la Constitución vigente, pueda ser profundizado aún más con la nueva propuesta constitucional. Esta afirmación se hace más inverosímil cuando desde la derecha más dura se argumenta que estaríamos en camino de colapsar el Estado debido a la cantidad de derechos que establece la nueva carta.

Reconociendo ciertos grados de verdad en ambas posturas que convergen en el “En contra”, y considerando la tendencia natural a exagerar interpretaciones, parece que el texto presenta elementos de contención de ambos lados, reduciendo notablemente los riesgos. Así también, ante interpretaciones tan divergentes, la propuesta constitucional no parece ser tan rígida como declaran sus críticos, lo que podría permitir que se convierta en un recurso estratégico en el futuro para actores de todo el espectro político, permitiendo la competencia dentro de la institucionalidad democrática.

En cuanto al sistema político, posiblemente el menos relevante para la ciudadanía y menos abordado por los polos, ha existido un notable silencio y se puede destacar como uno de los aspectos más distintivos de la propuesta constitucional en comparación con la actual. Básicamente, se propone un régimen presidencial manteniendo la trayectoria institucional chilena, con una adecuada desconcentración de poder y con un quórum alcanzable de 3/5 para futuras reformas constitucionales. Aquí se prefirió mantener el statu quo con mínimas modificaciones, haciendo énfasis en los partidos políticos y su rol en la democracia, estableciendo un umbral de un 5% u 8 parlamentarios para ingresar al Congreso, intencionado un rediseño distrital para disminuir parlamentarios en la cámara baja, siendo tal vez la oferta más interesante de la nueva propuesta.

Este último punto es uno de los temas más relevantes atendiendo el bloque político ideológico e institucional existente en Chile. Lo dictaminado en este apartado obliga a las fuerzas políticas a reorganizar el panorama, con la consecuencia esperada de reducir el número de partidos. En otras palabras, se obliga a rebarajar el naipe en este ámbito. En Chile, hoy la fragmentación partidaria, que se eleva a 23 partidos en el Congreso, es uno de los principales problemas que empantana el funcionamiento del régimen político, sin desconocer que también hay sequía programática y débil vínculo con la ciudadanía.  

Tras concluir la ilusión de que la Constitución resolverá todos los problemas del país, es prudente adoptar una postura menos ambiciosa, más pragmática y ver esta decisión como un punto de partida en lugar de una perspectiva teleológica. Si se aprueba la nueva Constitución, necesitará ajustes debido a la incapacidad natural de prever todos los escenarios, interpretaciones conflictivas o posibles fricciones institucionales. Sin embargo, no hay argumento que indique que, al mantener la Constitución vigente, los actores tendrán incentivos para llegar a acuerdos y emprender reformas sociales y políticas para superar la situación actual. Esa oportunidad la desaprovecharon luego del rechazo de la anterior propuesta. Todo apunta más bien a mantener una inercia que nos dejará a la deriva, con una presidencia insignificante y un congreso, dada su composición, incapaz de proporcionar una dirección. 
Así, la principal ventaja del cambio constitucional es contar con una carta fundamental validada democráticamente y con mandatos que exigen reconsiderar el statu quo de los partidos. Este punto de partida no asegura el éxito ni resultados inmediatos, pero orienta al país en una dirección en la búsqueda de la solución. Ojalá que la ciudadanía fastidiada con su clase política se olvide de esperar recetas mágicas y piense en un punto de partida.

¿Es posible hacer prevención en salud a escala planetaria?

Victoria Mendizábal
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¿Es posible hacer prevención en salud a escala planetaria?

“Era domingo. Estábamos todos en casa y de un instante a otro nos rodeó el agua. Estuvimos seis horas en el techo hasta que pudieron rescatarnos”, recuerda Sandra, vecina de Río Ceballos. El 15 de febrero de 2015, los vecinos de diversas localidades de las Sierras Chicas, en la provincia argentina de Córdoba, vieron cómo se desbordaban los ríos y arroyos de la zona. Cauces que habitualmente eran para “mojarse los pies”, se transformaron en una avalancha de agua que se deslizó arrastrando vidas, viviendas, puentes y todo lo que encontró a su paso. En doce horas llovieron 300 milímetros: casi un tercio del promedio anual calculado para esta zona serrana.

Dos años antes, un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Córdoba alertaba acerca de esta posibilidad en un informe técnico. El avance descontrolado de la frontera urbana y el desmonte del bosque nativo podían incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, roca y agua, y de inundaciones, precisamente en la cuenca de los ríos Ceballos y Saldán, en las Sierras Chicas.

“No fue la lluvia, fue el desmonte” denunció la asamblea de vecinos autoconvocados de la zona en el séptimo aniversario de la inundación que marcó la historia de la región. En aquel momento, sin embargo, los vecinos no habían sido alertados porque la información simplemente no estaba disponible para la sociedad.

Por ello, este grupo de damnificados y activistas inició un proceso de amparo colectivo en el que, entre otras cosas, solicita la instrumentación de un sistema de alertas tempranas que permita detectar, evaluar, informar y prevenir cualquier fenómeno meteorológico severo en la provincia.

La salud en clave planetaria

Día tras día, los medios de comunicación y las redes sociales muestran las consecuencias de las sequías, inundaciones, temperaturas extremas, incendios y otras catástrofes ambientales en distintos rincones del planeta. Incluso algunos anuncian que “la Tierra tiene fiebre” o que padece “una infección llamada humanidad”. Pero ¿podemos hablar de una salud planetaria? ¿Es posible encontrar indicadores de esa salud y medirlos? ¿Acaso esta información podría ayudarnos a tomar mejores decisiones a escala global?

Los efectos del cambio climático no sólo se evidencian en el aumento significativo de eventos meteorológicos extremos, cuya intensidad y magnitud crecientes impactan de forma directa en la vida cotidiana de las personas. Además, tienen una influencia decisiva en la salud de las personas de forma indirecta debido a la estrecha asociación entre la salud humana y factores como la calidad del agua, el aire y el acceso a los alimentos. De hecho, diversos foros y organismos internacionales alertan acerca de la necesidad de asumir una perspectiva de la salud que incorpore los desafíos que trae consigo el cambio climático.

Un enfoque de este tipo incluye un conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que tienen impacto sobre las condiciones de vida como los sistemas alimentarios y productivos, e incluso las formas de organización política. Más aún, es preciso incluir las complejas interconexiones y equilibrios entre la salud humana y la del planeta, entendiéndose ésta como un derecho universal que debe ser respetado para las generaciones presentes y futuras.

Medir, integrar y alertar

Para combinar datos sobre la tríada clima, ambiente y salud como una estrategia para monitorear aquellos focos que requieren más atención y cuidado, un consorcio de investigadores sudamericanos, provenientes de diversas disciplinas científicas y geografías se propone diseñar una plataforma digital con información de acceso público que estará alojada en la página web de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

El equipo se propone recabar datos clave para construir indicadores que permitan reunir los datos que hoy se encuentran dispersos, fragmentados o expresados en diversas escalas temporales. Y es precisamente esta dispersión la que dificulta la creación de un sistema integrado de vigilancia y monitoreo que permita atender a las problemáticas en diferentes escalas territoriales. Esta plataforma, por lo tanto, podría contribuir a desarrollar intervenciones de mitigación o adaptación a la crisis climática.

“En todas sus fases, se promoverá la participación de actores clave y potenciales usuarios”, asegura la Dra. Sonia Muñoz, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien lidera el proyecto. “Estamos convencidos de la importancia estratégica de la transdisciplinariedad a la hora de pensar y desarrollar la plataforma, como así también a la hora de comunicarla, tanto a tomadores de decisión como a la sociedad en su conjunto”.

Desde hace décadas, la comunidad científica realiza diversas mediciones que, en cada uno de sus informes, integra elementos que convergen en la necesidad de tomar medidas frente a la emergencia climática. Por ello, la posibilidad de diseñar una plataforma cooperativa regional que apunte a manejar datos integrados sobre indicadores clave en la tríada clima-ambiente-salud resulta un paso fundamental frente al panorama epidemiológico regional. Este planteamiento permitirá avanzar en el cierre de la brecha entre la investigación y la obtención de evidencia científica y las políticas públicas y prácticas en salud.

No sólo es importante identificar los puntos calientes que pueden implicar riesgos para la salud asociados al cambio climático, también es fundamental desarrollar las estrategias adecuadas para que esta información sea de fácil acceso para tomadores de decisión como las autoridades locales, provinciales y nacionales de los ámbitos de salud, ambiente, agricultura, sociales y educativos, entre otros. De esta manera, se podría mejorar la capacidad de respuesta durante emergencias y desastres climáticos, beneficiando así a la sociedad en su conjunto. 

Sin duda lo ocurrido en las Sierras Chicas de Córdoba no fue un hecho fortuito ni un episodio aislado; más bien es un síntoma de un fenómeno cada vez más extendido y frecuente al que es preciso atender y dar respuesta. La respuesta se encuentra en reunir la evidencia científica, volverla accesible para el conjunto de la sociedad y apoyar su aplicación en la práctica.

*Este texto es producto del Programa Clima, ambiente y salud + migración desarrollado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global IAI y Latinoamérica21

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