¿El césped siempre es más verde al otro lado de la cerca?: elecciones subnacionales en Colombia y Chile

Octubre ha sido un mes complejo, no solo en el plano político internacional sino también en el plano electoral del vecindario latinoamericano. Si bien las elecciones nacionales gozan de una gran atención mediática, no ocurre lo mismo para las elecciones subnacionales. Sin embargo, sabemos que las elecciones locales y regionales impactan en gran medida en la configuración de intereses y políticas de los Estados. En lo que sigue, se destacan brevemente las dinámicas subnacionales de dos países que tienen importantes diferencias pero que presentan puntos y desafíos similares respecto a los procesos políticos que se avecinan. 

En Colombia, en los próximos días se elegirá a los alcaldes y Concejales Municipales de los 1.101 municipios y a los gobernadores y diputados de la Asamblea Departamental de los 32 departamentos que administrativamente dividen al país cafetalero. Colombia es uno de los primeros países en América Latina en iniciar el proceso de descentralización política a finales de la década de los ochenta, logrando su consolidación en la década de los noventa.

Por su parte en Chile, el 27 de octubre de 2024, serán electas las autoridades locales en 345 comunas y los gobernadores junto con los consejeros regionales (CORE) de las 16 regiones que conforman el país austral. A diferencia de Colombia, donde las autoridades subnacionales fueron electas desde los noventa, en Chile solo en 2013 son electos democráticamente los CORE, mientras que los intendentes –posteriormente denominados gobernadores– fueron designados por el presidente de turno hasta el 2021. Entonces, Chile se suma recientemente a la lista de países que le apostaron a la descentralización política. En esta lógica, los tomadores de decisiones han adaptado –en buen chileno, a la pinta suya– muchas de las experiencias de sus vecinos al contexto interno.

Pero no siempre es más verde el césped al otro lado de la cerca, pues los dos países comparten al menos dos desafíos no menores. Primero, la alta abstención en las últimas elecciones subnacionales mediado por el voto voluntario. Para las elecciones a Gobernación y Asamblea Departamental en Colombia, los votantes registrados se abstuvieron en un 38,8% y 39,3% respectivamente. Por su parte, en Chile, las elecciones de CORE alcanzaron una abstención del 52,8%. Los resultados de la primera elección democrática de gobernadores parecen seguir la misma tendencia. Estas elecciones se desarrollaron en una primera y segunda vuelta, registrando una abstención del  57,7% y 80,4%, respectivamente.

Un segundo desafío, aunque asociado a la baja participación electoral, es la desconfianza en el desempeño de las instituciones por parte de los votantes. Si bien todavía no contamos con instrumentos para analizar a nivel comparado la percepción de los ciudadanos sobre las Gobernaciones, Asamblea Departamental (Colombia) y CORE (Chile), un proxy puede ser la pregunta sobre el desempeño de las instituciones municipales.

Desempeño de las instituciones locales en Colombia y Chile, 2020

Elaboración con base a Latinobarómetro 2020

Tomando las respuestas “muy probable” y “bastante probable” de los encuestados en ambos países, solo el 36,8% de los colombianos y el 32,3% de los chilenos consideran que las autoridades locales puedan solucionar sus problemas. En la otra vereda, tanto los colombianos como los chilenos encuestados perciben un mal desempeño de las instituciones subnacionales para resolver sus dificultades locales.

Aunque Colombia cuenta con una amplia trayectoria sobre descentralización política respecto a Chile, no ha logrado movilizar a la mayoría de sus ciudadanos en este tipo de elecciones. Desde luego, existen otras variables que han influido en la dinámica subnacional y que han impactado negativamente en la confianza y desempeño de las instituciones tales como la corrupción, redes clientelares y violencia política, por mencionar algunas.

Chile llegó tardíamente al proceso de descentralización y, pese a que sumó la experiencia de sus vecinos sobre su propio proceso, tampoco logró movilizar a sus votantes en las últimas elecciones subnacionales. No obstante, el escenario de abstención podría tener un efecto menor en las siguientes elecciones, pues la promulgación en este año de la Ley 21524 reestablece la obligatoriedad del voto. 

Además, en el país austral existe en cada región la figura del delegado presidencial, designado por el presidente y que goza de amplio poder decisional, por ejemplo, en materia presupuestaria de las regiones. En consecuencia, es una “descentralización coja”, o, como algunos también la han denominado, una “descentralización tutelada”. 

Las futuras elecciones subnacionales tampoco están exentas de grandes incertidumbres en ambos países. Algunos han señalado en Colombia que la configuración del poder local y regional ha exacerbado la irrupción de nuevos partidos, al punto que ha llevado a una fragmentación del sistema de partidos. En Chile, algunos advierten que, para las próximas elecciones, existirá un potencial contingente de votantes que desconfían del Estado y la política para resolver sus problemas y, a su vez, no se inscriben en un marco de referencia ideológico o político determinado.

No está por demás recordar que la participación electoral es un elemento sine qua non de las democracias. En esta misma línea, el apoyo ciudadano a las instituciones importa, pues es también una característica esencial para la buena salud de las sociedades democráticas modernas.

Cada elección es una oportunidad para reflexionar sobre el país que se quiere. Un primer paso es volver nuestra mirada a lo local/regional, reconociendo la trascendencia de participar en las elecciones subnacionales tal como las de este 29 de octubre en Colombia y, en un año más, en Chile. Entonces, con nuestras complejidades y desafíos compartidos, también urge reconocer que nuestro césped puede ser igual de verde que el del otro lado de la cerca.

La economía circular para el tratamiento de aguas residuales

A medida que los países se esfuerzan por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, el término «economía circular» va ganando cada vez más atención como herramienta para alcanzar soluciones para algunos de los retos más urgentes. Una economía circular es un sistema económico que utiliza los residuos como recursos, reusándolos una y otra vez, en lugar de tirarlos a la basura (por ejemplo, reciclando plástico). Un enfoque de economía circular que puede emplearse para abordar una crisis regional creciente es la reutilización de las aguas residuales.

En toda América, el agua dulce sigue disminuyendo, debido al crecimiento demográfico, al uso excesivo y a los efectos del cambio climático. Aunque algunas comunidades en riesgo se exponen más que otras a problemas directos de escasez de agua, los efectos se extenderán a todos los aspectos de la sociedad, desde la salud y la higiene hasta la nutrición y la seguridad alimentaria, pasando por la economía.

Por ello, las instalaciones de recuperación y reutilización de aguas residuales tienen un enorme potencial para cerrar la brecha del estrés hídrico en la región. Además, las aguas residuales son un recurso valioso del que se puede extraer agua, energía y nutrientes para ayudar a satisfacer las demandas de agua, energía y alimentos de la población.

El problema es que, según el Banco Mundial, solo se trata entre el 30% y el 40% de las aguas residuales recogidas en América Latina y el Caribe (ALC). La falta de voluntad política, los marcos jurídicos restrictivos y fragmentados, la falta de intercambio de conocimientos y capacidades a través de las fronteras y las percepciones sociales negativas son solo algunas de las barreras que limitan la ampliación del tratamiento y el reuso de las aguas residuales en ALC.

Sin embargo, estos retos pueden empezar a evaporarse si los líderes nacionales y locales, los especialistas de la industria, los científicos innovadores, los grupos comunitarios y otras partes interesadas colaboran a través de las fronteras mediante la diplomacia científica. La diplomacia en torno al agua tiene una larga historia, ya que muchas fuentes de agua se comparten a través de las fronteras. Dado el riesgo de conflictos transfronterizos, migraciones masivas y agitación económica si se cumplen las previsiones de escasez de agua, corresponde a los dirigentes y expertos de la región aprovechar la diplomacia científica para empezar a fomentar la reutilización de las aguas residuales.

Partiendo del informe sobre recursos hídricos, del Banco Mundial, Wastewater: From Waste to Resource in a Circular Economy Context, como guía, debe establecerse un foro de diplomacia multinacional que convoque a un grupo transdisciplinario de responsables políticos, funcionarios, especialistas de la industria de aguas residuales, científicos y otras partes interesadas, relevantes, que pertenezcan a todo el continente americano, a fin de compartir innovaciones y lagunas, al tiempo que se inicia un camino político hacia el compromiso de reutilizar las aguas residuales.

Las naciones podrían usar este foro para trabajar juntas en la creación de capacidades y aprovechar al mismo tiempo las redes existentes. Los países de renta más alta que cuenten con la experiencia científica y la tecnología necesarias deberían aportar financiación, tutoría, formación cruzada y apoyo infraestructural adecuado al contexto y a los recursos.

El foro también podría poner al día los debates políticos nacionales y transfronterizos sobre las tendencias actuales y los enfoques innovadores que requieren menos infraestructuras. Y lo que es más importante: el foro puede ofrecer un espacio para mantener un diálogo abierto sobre las limitaciones culturales o las percepciones del público respecto a la reutilización de las aguas residuales, ya que es probable que varíen de una cultura a otra y de una comunidad a otra.

El objetivo final es crear un conjunto de prácticas en todo el continente americano para apoyar la reutilización de las aguas residuales como una agenda política compartida, pero buscando oportunidades, a fin de encontrar soluciones diplomáticas. En definitiva, se trata de establecer relaciones en torno a una preocupación compartida y desarrollar estrategias nacionales sobre el agua que tengan en cuenta las necesidades de nuestros vecinos.Dado que el agua es un elemento esencial para una vida sana y productiva, también es esencial que revisemos los acuerdos diplomáticos históricos y trabajemos a través de las fronteras para reformularlos, basarnos en ellos y fomentar nuevos acuerdos pensando en un futuro con menos recursos. Al fin y al cabo, como reflexionaba el escritor Robert Kandel en su libro Agua del cielo, «cada vez que comes una manzana o bebes un vaso de vino, estás absorbiendo agua que ha ciclado por la atmósfera miles de veces desde que naciste».

Coautores: Nathalia Trejedor, Odiney Álvarez-Campos, Osawai John, Sebastián Riera.

El cambio climático y el aumento de los casos de dengue en la región

Coautores Paulo L. Ortiz Bultó y Madelaine Rivera Sánchez

En el 1º semestre de 2023 se han registrado en las Américas más de 3 millones de casos de dengue que han causado la muerte de 1302 personas. La cifra de contagios supera los 2,8 millones de casos registrados en el mismo período de 2022 y este aumento podría estar asociado, en gran parte, a los efectos del cambio climático que ejercen una fuerte influencia, ya sea de manera directa o indirecta, en la propagación del mosquito.

El aumento de fenómenos extremos como sequías e inundaciones, que se vuelven más frecuentes y severas, y la pérdida de biodiversidad que acelera los cambios en los hábitats naturales, además de propiciar el aumento de los incendios forestales, acentúan el riesgo a un aumento de epidemias en la región.

Y es que a veces se tiende a subestimar el efecto del cambio climático y a ignorar que este constituye el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad. De hecho, si no tomamos medidas para adaptarnos y/o mitigar los efectos del cambio climático, se podría correr el riesgo en un futuro no muy lejano, de llegar a la extinción de la especie humana.

Hay que recordar que el dengue genera infecciones tanto asintomáticas, como sintomáticas que pueden ser ligeras o graves, pudiendo conducir a la muerte en muchas ocasiones. Esto sucede principalmente entre grupos en condición de vulnerabilidad como los niños, adultos mayores y personas con sistema inmunológico deprimido, sobre todo en áreas con condiciones higiénicas-sanitarias inadecuadas y de bajo nivel socioeconómico.

La adaptación del mosquito a las nuevas condiciones

La variabilidad climática como expresión primaria del cambio climático condiciona el incremento de las poblaciones de mosquitos y la aparición de virus como el dengue, al reforzar su poder de mutabilidad y adaptación a las nuevas condiciones. El principal mosquito transmisor del dengue es el Aedes aegypti, criado en ambientes urbanos y cuyo ciclo evolutivo depende de la temperatura, humedad, nubosidad, precipitaciones y radiación, entre otras variables climáticas, incluido los vientos que influyen en el vuelo del mosquito y su dispersión, así como en el índice de picadas.

La influencia del cambio climático trastorna la circulación general de la atmosfera ocasionando desajustes en los acoples océano-atmosfera. Esta situación propicia que el evento ENOS, más conocido como El Niño, se presente en condiciones diferentes a los anteriores, esperándose para finales de 2023 y comienzo de 2024 variaciones significativas en el clima.

En definitiva, el aumento de la presencia de centros de bajas presiones atmosféricas propician que las variables anteriores se exacerben y al combinarse favorezcan la rápida evolución del mosquito acortando su ciclo para llegar en pocos días a la adultez. Esto conduce al incremento considerable de poblaciones adultas, lo cual podría generar el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos en nuestra región, alguna de las cuales ya se han comenzado a manifestar.

El Caribe y Centroamérica, que cuentan con climas tropicales, y América del Sur con climas subtropicales, presentan el escenario más desfavorable. De hecho, se han reportado brotes de dengue que superan significativamente el promedio de casos de los últimos 5 años. En el primer semestre de 2023 Brasil, Perú y Bolivia encabezan los mayores registros de casos de dengue, aunque todos los países de la región reportan significativos números de casos e incluso con una rápida expansión geográfica a áreas donde antes no existía riesgo de transmisión.  

El monitoreo del dengue ante el cambio climático

En Cuba, donde el dengue se ha mantenido controlado sin dejar de ser un problema, en el año 2002 se implementó el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de dengue a nivel nacional. El monitoreo de las condiciones climáticas basado en pronósticos bioclimáticos contribuye a realizar acciones de manera oportuna para fortalecer los programas de prevención y salvaguardar a la población. También se realizaron acciones para reforzar el control y vigilancia del mosquito, información valiosa que contribuyó a perfeccionar los modelos de predicción y fortalecer el sistema de alerta.

Estos avances se han implementado en países como Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Salvador, Honduras, República Dominicana y Panamá, atendiendo a sus diversas características geográficas, climáticas, socio-ambientales y epidemiológicas que permitieron tomar medidas de intervención con suficiente tiempo de antelación. Estas medidas contribuyeron a minimizar el impacto en la salud de la población mientras se sostuvo el periodo de implementación de los modelos bioclimáticos predictivos.

Actualmente, contar con la implementación de sistemas de alerta temprana favorece la disminución del número de muertos durante los eventos de El Niño y otros eventos extremos asociados a un clima cambiante. Otro beneficio del SAT es la respuesta proactiva a los problemas y necesidades que demanda la situación del dengue en la región. Es evidente la necesidad urgente de aumentar la capacidad de respuesta de la población y los servicios de salud con suficiente tiempo de antelación para tomar medidas que reduzcan los riesgos de enfermar por dengue.

Con ese propósito, se está desarrollando un proyecto piloto, con el apoyo del Instituto Interamericano para la investigación del Cambio Global (IAI), para implementar a escala subnacional, un Sistema de Alerta de dengue a partir de condiciones climáticas.

Paulo Lázaro Ortiz Bultó es investigador del Instituto de Meteorología. Punto Focal para la integración de los servicios de salud, IV-Región-OMM por Cuba. Doctor en Ciencias Económicas y asesor en la Región sobre modelos espaciales para la predicción de enfermedades infecciosas sensibles al clima.

Madelaine Rivera Sánchez es Directora de la Dirección Nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial (DNVLA) del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Doctora en medicina veterinaria y Máster en Enfermedades Infecciosas.

Unidad nacional y elecciones en Argentina

“El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. (…) El desafío que tenemos es construir políticas de estado. Y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda debe ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina”. Sergio Massa, 1 de octubre de 2023.

La mayoría de sistemas políticos prevén diversas fórmulas para enfrentarse a circunstancias excepcionales: estados de alarma, de emergencia, de guerra, de excepción. Todas estas herramientas coinciden en un punto de fuga: la concentración del Poder Ejecutivo. Es decir, se trata de potenciar la capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones rápidas y llevarlas a la práctica, evitando la dispersión de energía política que suelen traer aparejados los enfrentamientos partidistas, los bloqueos, los debates parlamentarios interminables.

¿Suena escandaloso? Quizá: equivale a decir que los fundamentos mismos de la democracia suponen un derroche de energía política. Frente a esto hay que hacer tres aclaraciones. La primera es que la democracia no es un sistema perfecto. Tiene, efectivamente, sus inconvenientes. Ello no quita, por otro lado, que ofrece más beneficios que cualquier otro sistema de los que conocemos.

Segunda aclaración, a la luz de la anterior: en realidad ni siquiera vivimos en democracias puras, sino en sistemas mixtos. Pero esto requiere explicaciones que exceden el espacio disponible, y que se pueden encontrar en las Historias de Polibio.

La tercera aclaración es que la necesidad de concentrar el poder en momentos críticos no es ningún descubrimiento del siglo XXI: la República romana contaba con la figura del dictador, que condensaba el poder durante tiempo limitado y con facultades limitadas (igual que en nuestro estado de excepción) para hacer frente a tiempos tormentosos. Ni entonces ni ahora se trata de colocar todo el poder en manos de un déspota: el dictador romano y el jefe de gobierno actual en estado de emergencia están por debajo de la ley.

Gobierno de unidad nacional

El gobierno de unidad nacional pertenece a una categoría distinta que los mecanismos anteriores pero está fuertemente vinculado a ellos, pues comparte su objetivo: evitar la dispersión de energía ejecutiva en enfrentamientos políticos; fortalecer al Ejecutivo dotándolo del respaldo de varias –quizá todas– las fuerzas políticas para enfrentar una circunstancia crítica. Tenemos un ejemplo cristalino y reciente: Israel, cuya política llevaba más de un año polarizada en extremo por un proyecto de reforma judicial, constituyó velozmente un gobierno de unidad nacional para enfrentar la crisis derivada del ataque terrorista masivo perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre.

Gobierno de unidad nacional es también la respuesta que ofrece Sergio Massa a la situación crítica que atraviesa la Argentina. De ahí una primera observación: considerar que la Argentina atraviesa una circunstancia excepcional, y no una crisis estructural, permanente, parece un fallo considerable de diagnóstico. Esto, que puede parecer superficial, tiene consecuencias notables, que se verán en la tercera observación. Aun así, ¿por qué no convocar un gobierno de unidad nacional para hacer frente a esa crisis?

La pregunta nos lleva a la segunda observación: un gobierno de unidad nacional no es un gobierno que coopta figuras individuales de otros partidos. Es un gobierno que suma a esos partidos al completo, para evitar las dinámicas gobierno-oposición de tiempos ordinarios, que impedirían al Ejecutivo actuar con todo el vigor que las circunstancias requieren. En otras palabras: contar con unos cuantos dirigentes de un partido opositor que a título individual entran en el gobierno no impedirá que los partidos a los que pertenecen (o pertenecían) dificulten la labor gubernamental.

Tercera observación: un gobierno de unidad nacional no es un gobierno de coalición. La diferencia es el compromiso de los participantes, lo prietas que se cierran las filas. En una situación excepcional, las fuerzas políticas agrupadas en un gobierno de unidad nacional entienden que el país mismo está en juego y que no hay margen para politiqueos, traiciones, órdagos ni condiciones. Van todos a una. Los juegos de poder se dejan para otro momento. En cambio, un gobierno de coalición se puede romper, puede estar sujeto a tensiones entre los miembros, puede… ¿se acuerda, lector, de Cristina y Cobos? Por eso es importante diferenciar tiempos ordinarios de tiempos excepcionales.

Cuarta observación: contar con miembros de otros partidos en el seno del Ejecutivo, incluso si es con el respaldo orgánico de esas formaciones, no garantiza la unidad nacional. Regresemos al ejemplo de Cristina y Cobos. Ahí radica el problema fundamental de la propuesta de Massa: su éxito depende de fuerzas políticas situadas al otro lado de la grieta. No hay más que escuchar las declaraciones de Milei tras la primera vuelta: “Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo, con el objetivo de terminar con el kirchnerismo”. Dice el refrán que dos no pelean si uno no quiere. Pero tampoco se reconcilian si uno no quiere.

Quinta observación, y sin duda la más importante: Massa tiene razón. Argentina necesita urgentemente políticas de Estado. Lleva cuarenta años necesitándolas. Pero políticas de Estado significa precisamente lo contrario de lo que él propone: son políticas pactadas con la oposición, no con el propio gobierno, independientemente de que éste incorpore a algunas figuras de otros partidos.

En todo caso, lo que interesa es realizar una lectura de largo recorrido. Una forma es confrontando la propuesta de Massa con las palabras de Milei. Y lo que desvela esa lectura son las heridas abiertas por 20 años de populismo. Es el precio que tendrá que pagar cualquier presidente. Pero más claro que nadie lo enfrentará Massa si intenta formar algo parecido a un gobierno de unidad nacional. Lo que el kirchnerismo dividió durante dos décadas, lamentablemente no podrá arreglarlo en unos segundos una declaración tajante pero almibarada como la del candidato peronista tras la primera vuelta: “La grieta se murió”. En ese mismo instante, Milei vociferaba que acabará con el kirchnerismo.

Observación final: gobierno de unidad nacional no es repartir ministerios. No es gobernar con todos: es gobernar para todos.

El deseo de cambio es el mensaje que deja la elección primaria en Venezuela

En noviembre de 2022 se instaló la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) en Venezuela con la misión de organizar una consulta a nivel nacional para escoger al candidato unitario con la intención de representar a los sectores opositores en la Elección Presidencial de 2024. En palabras del presidente de la CNdP, Jesús María Casal, la misión del organismo era el rescate del valor del voto, ofreciendo una oportunidad para coincidir en un “proyecto básico común de democratización”. Estas fueron las premisas de un esfuerzo de organización colectivo que convocó a sectores partidistas y de la sociedad civil en una tarea de dimensiones complejas y bajo constante amenaza por parte del sector oficialista.

La tarea que se propusieron representaba un enorme desafío no solamente dadas las limitaciones materiales y financieras que se enfrentaban para sacar adelante la consulta, sino debido a la persistencia y agravamiento de los desacuerdos entre las distintas facciones de la oposición venezolana. Por una parte, se discutió la posibilidad de contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sería descartada luego del desmantelamiento de su directiva, una decisión que fue vista como un intento inútil de retrasar la consulta nacional. El anuncio de la Elección Primaria supuso por una parte el reconocimiento de la necesidad de organizar una plataforma electoral unitaria, mientras que por la otra, se trataba de la urgencia de superar los desencuentros para el beneficio común de lograr una propuesta coherente de política opositora.

Sin embargo, uno de los retos de la Elección Primaria como convocatoria social estaba justamente en la dificultad de lograr que todos los actores políticos coincidieran en la misma dirección estratégica. Sin duda que las diferencias ideológicas siguen allí, pero el esfuerzo se orientaba más hacia la conformación de un planteamiento unitario que le devolviera la confianza a los venezolanos en la ruta electoral. A esto además hay que sumar la incertidumbre sobre las medidas de inhabilitación que pesan, no solamente sobre María Corina Machado, la ganadora de la elección primaria, sino sobre otros políticos como Henrique Capriles Radonski, quien se retiró argumentando la dificultad de avanzar con esa medida en su contra.

Entre lo discutido y acordado en Barbados la semana pasada, cuando la oposición y el oficialismo formalizaron su compromiso de retomar las negociaciones entre ambas partes, fue el levantamiento temporal de las sanciones económicas impuestas por EE. UU. a cambio de permitir la participación electoral de la oposición. El tema de las inhabilitaciones no quedó resuelto.

Una vez efectuada la consulta, la oposición pasa a otra fase en el proceso político-electoral. Ahora toca, además de mantener el entusiasmo que las encuestas ya adelantaban sobre la participación en la primaria, luchar por condiciones electorales que incluyan el levantamiento de esas medidas que pesan sobre María Corina Machado, y sobre lo cual no hay nada firme desde el punto de vista de las negociaciones que en paralelo continuarán entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria.

En este sentido, con la elección de Machado como líder de la oposición venezolana se presenta un nuevo escenario donde es de esperar que habrá definiciones, no solamente en términos estratégicos sino de representación. Uno de los aspectos críticos será la continuidad del actual equipo negociador de la oposición. No se puede descartar que luego de los resultados de la consulta se produzcan cambios en este proceso, lo que posiblemente sea aprovechado por el Gobierno para seguir estimulando las fracturas en la coalición opositora, como ha sido su estrategia.

La victoria de Machado no deja zanjada la dinámica interna opositora, pues otros aspirantes que se abstuvieron de participar en la elección primaria no excluyen una incursión fuera de la plataforma opositora en 2024, como es el caso de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Este escenario no es improbable, como tampoco lo es que otros factores de la coalición opositora, así como de sectores políticamente fluidos como es el caso del humorista Benjamín Rausseo, quien continúa manifestando interés en participar como candidato independiente, decidan lanzar sus candidaturas en 2024.

La oposición deberá unificar esfuerzos para mantener la base de apoyo de Machado como capital político para negociar mejores condiciones electorales que no se limiten a su habilitación. Quedan pendientes las condiciones de participación que incluyen el Registro Electoral, así como el voto en el exterior que requiere de su apertura. Esto dependerá de los acuerdos a los que llegue el Gobierno de Maduro con la Plataforma Unitaria, pues en algunos países con una población venezolana siginficativa, Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, como es el caso de los EE. UU.

Finalmente, según la Comisión Electoral, 2.3 millones de venezolanos salieron a votar en unas Elecciones Primarias autogestionadas, enfrentando numerosos obstáculos: desde la reducción de centros de votación, la agresión a grupos del oficialismo o la supresión de información hasta interrupciones en el acceso a internet.

Esta experiencia ha dejado claro que, a pesar del descontento con la clase política, muchos venezolanos no han dejado de creer en la democracia y en el poder del voto. A pesar de las amenazas, las redes sociales y los medios mostraron un país que salió masivamente a votar por una esperanza. Este entusiasmo y la expresión de un deseo de cambio que difícilmente le será arrebatado a los venezolanos, es quizás el mensaje más poderoso que dejó esta jornada cívica.

El desconcertante letargo de la agenda migratoria en Colombia

Coautora Stephanie López

El gobierno de Gustavo Petro lleva más de un año en el poder y, hay que decirlo sin ambages, su liderazgo en materia migratoria ha sido un continuo letargo, escasamente perturbado por algunos trinos que desconciertan. Ante esta ausencia de gestión de las autoridades nacionales de Colombia preocupa, en especial, lo que tiene que ver con la llamada migración de tránsito. El ostracismo en el que se ha venido dejando la política migratoria del país no solo es lamentable, sino que repercute de la peor manera en las personas migrantes y refugiadas que cruzan o residen en territorio colombiano. En tal sentido, es necesario contar con una agenda pública en la que el renglón migratorio tenga, de nuevo, el lugar relevante que el contexto impone. 

En primer lugar, como ya algunas voces lo han advertido, resulta lamentable que el acceso a los datos sobre el comportamiento de la migración venezolana en Colombia sea hoy tan escaso, casi inexistente. Por una parte, Migración Colombia dejó de publicar las infografías periódicas que nos permitían conocer el número de personas venezolanas en el país, cuántas de ellas mujeres y hombres, así como los rangos etarios y su distribución territorial. Por mucho tiempo tuvimos un rezago de esa información, pues la última infografía publicada era la que presentaba los datos de la migración venezolana con corte a febrero de 2022

Solo hasta hace unos días se publicó un nuevo reporte, con información de hace un año, en el que se indica que, a octubre de 2022, hay cerca de 2.9 millones de venezolanos en Colombia. Además, a pesar de que con el registro para el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) se cuenta con datos de caracterización socioeconómica a partir de un cuestionario de más de 80 preguntas, estos datos no son abiertos. Pero no solo se han dejado de producir y publicar los datos oficiales sobre migración venezolana, sino que también se ha vuelto muy difícil acceder a las infografías oficiales de Migración Colombia producidas en los gobiernos anteriores. Incluso, los enlaces de búsqueda de dichos datos ya no funcionan y el ícono de la página web de Migración Colombia que permitía acceder a esta información en un solo sitio ha desaparecido. 

La opacidad de los datos es igualmente una cuestión que se replica en la otra migración, aquella que, supuestamente, no tiene vocación de permanencia, de la cual poco o nada se ha dado a conocer por parte del gobierno nacional. La dinámica de la migración por el Darién la hemos conocido, exclusivamente, a través de agencias internacionales, por el gobierno panameño o por autoridades de control colombianas. 

Esta migración de tránsito ya no solo es la que cruza por el Tapón del Darién. De acuerdo con el más reciente informe de la Procuraduría General de Colombia, también está saliendo desde la isla colombiana de San Andrés hacia Nicaragua. Esta migración, históricamente invisible, lo hace en condiciones de altísima vulnerabilidad, y sus derechos humanos son violentados sistemáticamente. Mientras que Panamá ofrece datos sobre la población arribando a este país desde Colombia por el Darién, Colombia no cuenta con una acción similar, lo cual es muy lamentable. En cualquier caso, de acuerdo con el informe de la OIM sobre migración de las Américas, sabemos que “a junio de 2023 la frontera terrestre entre Panamá y Colombia ha registrado un incremento interanual del 90 por ciento, con 196371 entradas irregulares” (p. 1),  y que “los venezolanos son la primera nacionalidad migrante irregular en tránsito en todos los países excepto en Estados Unidos, donde son segundos” (p. 15).

Adicionalmente, en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos hizo dos anuncios importantes, pero contradictorios, frente a la migración desde Venezuela, precisamente por el aumento de estos flujos hacia el país y por presión política por parte de ciudades como Nueva York, que se han visto desbordadas en un contexto de campaña presidencial. El primero es la extensión del permiso de protección temporal (TPS) para la población venezolana, por 18 meses. El segundo, en contravía del primero, es la deportación de las personas venezolanas hacia su país cuando intenten cruzar la frontera norteamericana de manera irregular. Esta política de externalización de fronteras, que se extiende hasta Colombia, tiene consecuencias directas sobre la población en tránsito. 

Luego de que se conocieran estas medidas, el presidente Gustavo Petro anunció en Twitter la necesidad de contar con corredores humanitarios para el “retorno de venezolanos”. Sin embargo, hay que decirlo con claridad y sin eufemismos, (i) las deportaciones no son repatriaciones; (ii) el retorno siempre debe ser voluntario, y (iii) las deportaciones, por definición, no son voluntarias. En cualquier caso, estas deportaciones ponen cada vez más en tela de juicio la voluntad del gobierno de contar con una migración “segura, ordenada y regular”, como dice el Pacto sobre Migraciones de Naciones Unidas, mientras las personas migrantes en tránsito siguen poniendo en riesgo sus vidas intentando llegar a los Estados Unidos. Además, implícitamente, se reconoce que las condiciones en Venezuela son idóneas para este retorno, violando el principio de no devolución. 

La diversidad de los flujos y sus rutas migratorias, en algunos casos con vocación de permanencia, en otros de tránsito, nos invita, ineludiblemente, a abordar la movilidad humana de manera integral y con un enfoque de derechos humanos, donde la protección de la persona y su seguridad sean el centro de la acción estatal. Hacemos un llamado al gobierno colombiano a diseñar y ejecutar medidas positivas en este sentido. El reciente anuncio de la apertura de “indagaciones preliminares” a algunos funcionarios del sector de Relaciones Exteriores (Cancillería y Migración Colombia), realizado por la Procuraduría, “por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién”, no hace más que ratificar la inacción que aquí estamos describiendo. 

Stephanie López es Investigadora postdoctoral de The Local Engagement Refugee Research Network (LERRN), Carleton University, Ottawa (Canadá).

Unasur: del regionalismo mágico al regionalismo pragmático

Hace un año, siete expresidentes latinoamericanos y once excancilleres (así como otros exministros y exdiputados) enviaron una carta abierta a los presidentes sudamericanos en ejercicio reivindicando la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que según su opinión “es la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración en América del Sur”. Haciendo referencia a un estudio muy legalista del excanciller ecuatoriano Guillaume Long, los firmantes sostenían que “Unasur todavía existe”. En los meses siguientes, varios presidentes latinoamericanos declararon en diferentes ocasiones que querían avanzar en la integración sudamericana y reincorporarse a Unasur. Cuando el presidente Lula invitó a sus homólogos a Brasilia a finales de mayo 2023, la expectativa general era que se trataría del tan anunciado relanzamiento de Unasur. El día del encuentro, El País publicó un enfático llamamiento del ex secretario general de Unasur Ernesto Samper sobre “El necesario resurgimiento de Unasur”

Pero en la declaración final de la reunión presidencial en Brasil, el así llamado Consenso de Brasilia, no se menciona ni una sola vez a Unasur. En cambio, los presidentes acordaron “establecer un grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur, a ser sometida a la consideración de los jefes de Estado”. Cuatro meses después, el 5 de octubre, la hoja de ruta fue aprobada por los gobiernos sudamericanos. De nuevo, no se hace referencia a Unasur. En su lugar, la hoja de ruta propone “priorizar iniciativas concretas, con un impacto positivo en las condiciones de vida de las poblaciones y que no dupliquen los esfuerzos ya encaminados en otros mecanismos de cooperación.” Además, plantea fortalecer el diálogo en áreas específicas y establecer un calendario de reuniones sectoriales. 

A pesar de las declaraciones y estudios que supuestamente demuestran que Unasur está viva, no hay señales de resurgimiento o vida. Unasur se parece a un fantasma que aparece de vez en cuando en el horizonte, pero luego se desvanece en el aire. La hoja de ruta para la integración sudamericana no define a Unasur como su objetivo final. En cambio, hay indicios de una reorientación del debate sobre la integración sudamericana que tiene como punto de partida las experiencias del pasado. En un contexto de polarización política entre gobiernos de derecha e izquierda, Unasur perdió impulso cuando las preferencias de los estados miembros comenzaron a divergir en cuanto a los objetivos y el valor estratégico de la organización regional. El destino de Unasur quedó sellado cuando Venezuela bloqueó la elección de un nuevo secretario general para evitar cualquier riesgo de que pudiera criticar al régimen.  

El resultado de la cumbre de Brasilia demuestra el fracaso de un enfoque de regionalismo mágico teñido de nostalgia que supone que la mera voluntad e imaginación impulsarán la integración, ignorando una dura realidad prosaica. Declaraciones grandilocuentes de expresidentes no bastan para impulsar el proceso de integración si los políticos en ejercicio no se ponen de acuerdo sobre el camino y los objetivos de la integración. Por ejemplo, en la cumbre de Brasilia, con las palabras “basta de instituciones”, el presidente uruguayo Lacalle Pou ha cuestionado la necesidad de otra organización regional sudamericana.

La no reactivación de Unasur tiene aspectos positivos. Parece que el regionalismo sudamericano se está alejando de un regionalismo mágico para acercarse a un regionalismo pragmático que extrae lecciones de las experiencias positivas y negativas del pasado. Esto incluye blindar mejor a las instituciones regionales de los caprichos y fluctuaciones ideológicas de la política. Al mismo tiempo, deberían aprovecharse las experiencias positivas de los consejos sectoriales de Unasur que han tenido éxito, como el Consejo Suramericano de Salud o el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Un enfoque pragmático significa reconstruir el espacio de integración en América del Sur que representó Unasur de abajo hacia arriba. Los objetivos y actividades enumerados en la hoja de ruta apuntan en esta dirección. Teniendo como telón de fondo la experiencia de Unasur, pero también la actuación de las organizaciones regionales durante la pandemia, es aconsejable adoptar un enfoque más técnico, sectorial y pragmático de la cooperación regional, que podría facilitar la cooperación en temas de interés común entre gobiernos ideológicamente opuestos. Esto no impide que los presidentes sudamericanos se reúnan de vez en cuando y se invoque el fantasma de Unasur. Pero estas reuniones ya no son el centro del proceso de integración sudamericano. Un enfoque pragmático puede carecer de la magia y los fantasmas de los grandes discursos, pero podría conducir a mejores resultados y a estructuras más estables para la integración regional. Para superar la crisis del regionalismo en Sudamérica, las instituciones regionales deben producir resultados que se correspondan con sus objetivos declarados y demostrar su utilidad. Solo así será posible superar el escepticismo sobre la medida en que los proyectos e instituciones regionales contribuyen a resolver los problemas de América del Sur.

Cuba suspende otra vez en derechos humanos

El próximo 15 de noviembre se desarrollará el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este ejercicio ocurrirá en un contexto nefasto para los derechos humanos en el país. A la habitual política restrictiva de los derechos civiles y políticos se suma la desprotección de los económicos, sociales y culturales, los cuales durante mucho tiempo fueron la carta de presentación del Estado cubano ante la comunidad internacional. Por ello, es posible afirmar que el gobierno desaprueba este examen, a pesar de no haber comenzado aún.

Durante el EPU anterior, en 2018, las autoridades cubanas anotaron 18 recomendaciones relacionadas con los obstáculos legislativos para el disfrute de los derechos humanos. Estas recomendaciones incluyeron la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No obstante, en la actualidad no se han ratificado estos instrumentos jurídicos internacionales.

A esto se suma que en la Constitución cubana de 2019 se mantiene la unidad de poderes, lo cual anula los contrapesos al gobierno de los poderes judicial, legislativo y electoral. El Partido Comunista de Cuba (PCC) es único y se reconoce como la fuerza superior y dirigente de la sociedad y el Estado. Esto significa que se mantiene al margen de la ley, pues no existen mecanismos de control sobre su estructura y funcionamiento. 

La élite del PCC se ha asegurado que la actividad legislativa en el país responda a sus intereses. Así, en 2018 se aprobó el Decreto ley No. 370, en el cual se prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Además, en el año 2021 se aprobó el Decreto ley No. 35, el cual, junto con otras disposiciones normativas, conforma el marco jurídico sobre telecomunicaciones. 

Este paquete legislativo habilita la persecución de personas que utilizan las redes sociales con fines ciudadanos y sociopolíticos. Por ello, se prohíbe “utilizarlas para atentar contra la seguridad y el orden interior del país”, para “transmitir informes o noticias falsas” o en “acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos”. También se advierte de que no son utilizables para generar o transmitir información que afecte “el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”. Esto implica que no es posible ejercer la libertad de expresión en contra de los intereses del Estado.

La vigencia de ambos decretos leyes permite a las autoridades controlar el ciberespacio con base en la discriminación política y restringir la libertad de expresión en las redes sociales sin respetar los estándares internacionales en la materia. Asimismo, se pretende someter a los ciudadanos al discurso del PCC sobre la realidad del país, con represalias de multas y la confiscación de los medios de trabajo de activistas, periodistas y artistas independientes, así como opositores políticos.

Por otra parte, en julio de 2019 se aprobó la Ley No. 127, Ley Electoral, que mantiene la naturaleza autocrática de las elecciones en Cuba. Esta legislación no permite la libre competencia electoral entre diferentes fuerzas políticas y subordina el sistema electoral al control del PCC y de las organizaciones de masas que operan como sus poleas de transmisión. Los ciudadanos solo nominan y eligen directamente a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. En el caso de los diputados a la ANPP, se eligen a los candidatos propuestos por las comisiones de candidaturas.

Según el contenido de dicha ley, la participación política depende de que un ciudadano esté habilitado para ejercer sus derechos civiles y políticos. Esto no es relevante si se tratara de un régimen democrático. Pero en Cuba los derechos civiles y políticos se pierden por discrepar con el gobierno. De ahí que el espectro de participación se reduce a aquellos ciudadanos alineados con los intereses del Estado y, sobre todo, de la élite del PCC.

Luego, se aprobó el nuevo Código Penal en 2022, en el cual se tipifican delitos que anulan el ejercicio de las libertades de expresión, manifestación, asociación, reunión y prensa. Varios de sus tipos penales procuran impedir que las personas opongan sus derechos al Estado, lo cual eleva los niveles de violencia política y se reprimen conductas que las autoridades consideran “provocaciones”.

En esta categoría se incluye cualquier financiamiento nacional o internacional para la sociedad civil independiente, como por ejemplo organizaciones de defensores de derechos humanos o medios de prensa independientes. También debe destacarse que en el nuevo Código Penal se mantiene la pena de muerte. Esta sanción se contempla para 23 delitos considerados graves, tres más que el Código Penal anterior.

A esto se añaden las afectaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. La implementación de la Tarea Ordenamiento para la unificación monetaria y cambiaria y la inversión de más recursos en el turismo que en la alimentación, la construcción de viviendas, la salud y la educación han deteriorado el nivel de vida de millones de cubanos. Mientras, la inflación y los altos precios del dólar en el mercado negro han aumentado la desigualdad y han afectado a sectores vulnerables como pensionados y personas con discapacidad. Estos y otros factores propiciaron las protestas sin precedentes de julio de 2021, cuya represión derivó en el encarcelamiento de cientos de personas por motivos políticos. 
Por tanto, es posible afirmar que Cuba está suspensa en este EPU. Siempre lo ha estado, pero quizás hoy sea más evidente que sus autoridades no tienen compromiso alguno con el aseguramiento de los derechos más elementales de sus ciudadanos. De tal forma, una evaluación positiva de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos solo es explicable por la presencia de muchos de sus aliados en este órgano, los cuales, además, tienen la capacidad de asegurar su presencia hasta 2026.

Renovar la centroderecha en América Latina

El malestar actual de las democracias latinoamericanas —y de la española también— tiene mucho que ver con el hecho de que los partidos socialdemócratas más importantes, esas organizaciones políticas que durante la segunda mitad del siglo pasado ayudaron a construir múltiples transiciones a la democracia, no siempre se abstienen de coquetear con las nuevas izquierdas extremas. Éstas, por su parte, no han perdido un ápice de su voluntad de poder. En cambio, han sabido refaccionarse para seguir operando en el mundo de la post Guerra Fría. Este ha sido transformado por la Tercera Ola Democratizadora, la caída de la Unión Soviética y la apertura generalizada de fronteras comerciales.

Centroizquierda desdibujada

En el nuevo contexto global, la izquierda extrema ha aparcado los postulados más ortodoxos del marxismo convencional. Durante las últimas décadas se afanó en la generación de nuevas corrientes ideológicas y de renovadas prácticas políticas. En América Latina, estas prácticas abarcan desde la ampliación de los repertorios de protesta hasta la implementación de varios procesos constituyentes. Pasando por la colonización masiva de los medios académicos y culturales. Frente a tales novedades, los socialdemócratas tradicionales se muestran ahora escasos de ideas. Están inseguros de su propia tradición política y desbordados por el empuje de sus parientes más extremistas. Al punto que terminan a menudo entregados a las directrices que éstos plantean.

Este vasallaje queda plasmado en instancias de nuevo cuño como el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. Se trata de espacios nuevos, variopintos y diversos, surgidos en la tradición del internacionalismo comunista. Allí, tanto demócratas como autócratas terminan compartiendo ideario y líneas de acción. Participan multitud de partidos socialdemócratas que van rompiendo así, de forma tácita o explícita, un sano entendimiento con la centroderecha o lo que es lo mismo, con el fundamento del centro político que durante los años noventa permitió estabilizar el difícil tránsito a la democracia en múltiples países.

Parálisis de la centroderecha

Ahora bien, si la centroizquierda tradicional parece sucumbir lentamente al peso de la costumbre y de su propia falta de convicciones e ideas, otro tanto acontece con los partidos tradicionales de la centroderecha latinoamericana. Sus cuadros y estructuras tienden a moverse perezosamente en el marco de una inercia esterilizante. A menudo están bajo el influjo de ciertas figuras que demuestran mayor alergia al cambio que al nepotismo. Escasea la voluntad de ir a la lucha cultural y de renovar el debate político con discusiones sobre valores y propuestas. Mientras se reacciona con escepticismo ante cualquier iniciativa innovadora.

Al igual que sus contrapartes socialdemócratas, los partidos de la centroderecha latinoamericana llevan varias décadas alternándose en el ejercicio del gobierno, acarreando así el consiguiente desgaste de sus capacidades de representación y articulación de las demandas populares. Los vínculos consolidados con ciertos sectores de la sociedad tienden a veces a distanciarlos del sentir popular, llevándolos incluso a calificar de populista cualquier intento de hablarle a la gente de a pie. Los efectos colaterales y perniciosos de esta inercia se incrementan en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas. Ya que el vacío de contrapesos a la izquierda dejado por la centroderecha tradicional termina siendo llenado por liderazgos que sí son verdaderamente populistas y, a veces, autoritarios.

Pero aquí es donde se presenta una diferencia crucial con los socialdemócratas. La centroderecha suele mostrarse más exigente que la centroizquierda a la hora de asociarse con quienes emergen por su costado más extremo. Mientras las socialdemocracias regionales a veces van más allá de hacerles un guiño y abiertamente cooperan con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mucho más difícil resulta que los partidos tradicionales de la centroderecha hagan lo propio con figuras como Bukele, a quienes suelen cuestionar en declaraciones públicas.

Reflexión y renovación

A veces este distanciamiento obedece a una genuina conciencia democrática. Otras veces procura más bien defender entramados de intereses que involucran a ciertos partidos de la centroderecha tradicional. Y esas figuras disruptivas pueden llegar a ponerlos en jaque. Y en ocasiones sucede también que —por ferviente convicción o circunstancial conveniencia— la centroderecha se ha deslizado tanto hacia la izquierda que, por ejemplo, algunos cuadros políticos socialcristianos en Sudamérica dan la impresión de estar más cerca del ideario socialista —al estilo del Foro de São Paulo— que de las posiciones defendidas por organizaciones que integran el Partido Popular Europeo.

Como consecuencia de todo lo anterior, las posiciones de la centroderecha tradicional en América Latina se debilitan estructuralmente ante los bloques filo-autoritarios que reúnen a toda la izquierda, así como también ante el ascenso de ciertos populistas de derechas. Los reiterados llamados que hacen a sus antiguos socios socialdemócratas para reconstruir el centro político no parecen rendir demasiados resultados. Ya que éstos no siempre le hacen ascos a las hegemonías de izquierda que puedan implantar junto a sus socios más extremistas.

Innovación necesaria

El punto, en definitiva, es que a menudo faltan en las fuerzas sociales y políticas de la centroderecha tradicional los reflejos, agudeza y voluntad de poder necesarios para acometer una profunda renovación de sus prácticas políticas. La realidad parece demostrar que el centro político no puede reconstruirse mediante el mero cuestionamiento de unos y el lastimoso ruego a otros. Y mucho menos mimetizándose con ellos. En consecuencia, la única alternativa es asumir el reto de la innovación política en apego a la propia tradición. Y enarbolar para ello la defensa de valores, entrando de lleno al debate de ideas y volviendo a hacer política más allá de los partidos.

Asimismo, liberales clásicos, humanistas cristianos y conservadores democráticos han de retomar el deseo y la voluntad de convertirse en fuerzas políticas genuinamente populares, destacando los vínculos que los unen y no las diferencias que los distancian. Sólo así podrá configurarse un núcleo duro capaz de forjarse, por derecho propio, un amplio espacio político que esté orientado a la defensa y promoción de la libertad y la democracia. No hay otra vía para ejercer, con fuerza, gallardía y firmeza, la moderación necesaria para sostener el rumbo propio de una democracia liberal. Algunas iniciativas apuntan ya en esta dirección, teniendo a menudo por protagonistas a diversas mujeres, pero eso ya es materia para otro artículo.

*Este texto ha sido publicado originalmente en Diálogo Político

Oriente Medio: otra guerra imposible de ganar

Toda guerra es una derrota humana, significa que los seres humanos no han logrado encontrar una vía pacífica para resolver sus diferencias. Pero hay un tipo de guerra que lleva esta derrota moral al paroxismo. Se trata de las unwinnable wars, es decir, las guerras imposibles de ganar. A menos, claro está, que se logre la liquidación física total del antagonista. 

Este tipo de guerras tienden a enquistarse y quedar listas para una nueva explosión de destrucción y muerte. Y si no encuentran alguna salida estable del conflicto, la idea de que será posible encontrar una solución definitiva en el campo de batalla no es otra cosa que un espejismo. Algunos conflictos armados lograron encontrar esa vía de solución, después de muchas muertes y sufrimiento, como fue el caso de la guerra de Irlanda. Pero otros, incluso los más actuales, como el de Ucrania, son del tipo unwinnable war. Algo que se asocia bien con su vocación de durabilidad.

El conflicto armado entre palestinos e israelíes constituye el paradigma de este tipo de guerras. Una vez establecidas las bases constitutivas del enfrentamiento, solo existen dos opciones prácticas: la destrucción completa de una de las partes contendientes o bien un acuerdo negociado, aunque no resulte completamente satisfactorio para nadie. En realidad, a esa primera opción se referían los judíos ortodoxos cuando pedían a Nethanyahu que “entrara en Gaza para resolver de una vez por todas el problema”. No se puede pretender que sea posible distinguir a los militantes de Hamás de la población palestina que vive en Gaza. La única forma de evitar que el niño de ocho años que vive en ese territorio ocupado sea mañana un militante de Hamás es borrándolo del mapa. Esta narrativa radical es la que conduce a golpear tan fuerte a la población palestina para que nunca olvide el costo de una agresión a Israel. En este contexto, la completa destrucción de un hospital, colmado de enfermos y heridos, encaja bien en esa lógica implacable.

Pero, desde el lado opuesto, hacer que tu vida solo tenga sentido si la dedicas a la destrucción de Israel también forma parte de la misma lógica, dentro de la cual cabe perfectamente el uso de armas de última generación, especialmente los drones, para provocar la elevación del enfrentamiento histórico. La destrucción de Israel es tan ilusoria como la negación de aceptar el establecimiento de un Estado palestino.

Como participante de una misión mediadora en los años ochenta, tuve la oportunidad de escuchar a Yasir Arafat contarnos dónde estaba su casa en Belén, antes de que fuera requisada por colonos israelíes. Y pude comprobar que el intercambio de ideas con las generaciones de judíos que habían vivido los campos de concentración se hacía eterno, hasta que el interlocutor acudía a su ultimo argumento, recogiéndose la manga de la camisa para mostrarme el número grabado en su antebrazo.

La solución al conflicto ya ha sido establecida por la comunidad internacional, mediante la resolución de Naciones Unidas que plantea el establecimiento de dos estados. Pero ninguna de las partes está dispuesta a aceptarla por entero. Israel aduce que con ello empeoraría su seguridad, algo que Estados Unidos apoya por razones geopolíticas y también domésticas. Y la parte palestina se mantiene completamente dividida al respecto. Hamás nunca superará la vieja demanda del regreso a la situación antes de la creación del Estado de Israel.

Hace tiempo que mi conclusión sobre este conflicto es que el hecho de haber sufrido una terrible persecución o discriminación no otorga a nadie una carta blanca moral para relacionarse con el mundo. No hay justificación ética para utilizar el terror como instrumento político o usar contra otros la espantosa experiencia adquirida en los campos de concentración. Los aterrorizados pueden convertirse en maestros del terror y los perseguidos pueden ser los perseguidores más atroces. La comunidad internacional debe ayudar a los contendientes a encontrar una vía de negociación, comenzando por romper con la retórica victimista de ambos. Tomar distancia de esa retórica facilita la libertad de condenar cualquier acción condenable de cualquiera de las dos partes. Hoy, cuando Brasil preside por este mes el Consejo de Seguridad de la ONU, parece oportuno que impulse acciones de carácter humanitario y que se apeguen a los acuerdos y resoluciones ya establecidos entre las partes. Incluso si Estados Unidos ejerce su veto en el Consejo, colocando la defensa de Israel por encima de cualquier otro criterio.