El éxito de Pix en Brasil es innegable. Este medio de pago digital se destaca entre los brasileños, y no se puede negar que ha traído una revolución al mercado, con innumerables beneficios. Según The Global Payments Report 2023, elaborado anualmente por Worldpay a partir de FIS, a finales de 2022, el 24% de las transacciones brasileñas de comercio electrónico se realizaron a través de Pix. Y este sistema, reconocido por su rapidez y comodidad, aún tiene grandes perspectivas de traer más novedades al mercado financiero en los próximos años.
Recientemente, el Banco Central anunció una serie de medidas destinadas a ampliar el alcance de Pix, entre ellas una muy esperada: la opción de pagar a plazos. Está previsto que esta novedad entre en vigor a partir del segundo trimestre de 2024. Sin embargo, algunos bancos, tanto tradicionales como digitales, han decidido adelantarse y ya han empezado a ofrecer el «Pix Parcelado». Este modelo se asemeja a las cuotas de las tarjetas de crédito con intereses. Aunque aún no ha sido oficializado como norma por el Banco Central, es una clara muestra de cómo el sector privado se está adaptando e innovando proactivamente sobre la base del Pix.
Otra innovación prevista, también para 2024, es Pix Automático, que será una modalidad dirigida a pagos recurrentes, combinando la experiencia del débito automático en cuenta con la gestión de suscripciones digitales, que se ha convertido en un hábito común en nuestro consumo rutinario de productos y servicios. Se espera que este modelo ofrezca flexibilidad y la opción de cancelar en cualquier momento, garantizando una experiencia de usuario más cómoda y controlada.
Sin duda, existe un claro incentivo para que los modelos de negocio aún ligados al boleto bancário migren al Pix. Aún así, las compañías de tarjetas de crédito están mostrando interés y se están movilizando para ofrecer tarifas más atractivas, en un intento de garantizar que las tarjetas retengan un porcentaje de estos pagos.
Mientras el uso del Pix avanza, ofreciendo pagos instantáneos y otras funcionalidades integradas, la tarjeta de crédito no pierde su atractivo, sobre todo porque ofrece funcionalidades diferenciadoras, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de las transacciones – como los contracargos, ausentes en las transacciones del Pix – y también a los programas de fidelización.
También debería haber avances en algunos modelos de negocio recurrentes en los que las tarjetas de crédito nunca han penetrado en el país, y en los que los consumidores brasileños están acostumbrados a hacer desembolsos inmediatos (como es el caso del boleto), como los servicios públicos y la educación.
Con la integración de estas y otras funcionalidades, es probable que Pix se convierta en el principal medio de pago en Brasil, presentando un horizonte de crecimiento prometedor en poco tiempo. La adopción de esta tecnología representará un avance significativo, especialmente para comerciantes y empresas, agilizando y reduciendo los costes de pago, además de tener un impacto positivo en el flujo de caja de las empresas.
Sin duda, Pix se está consolidando no sólo como una herramienta de pago, sino como una plataforma robusta y polifacética con un enorme potencial disruptivo en la industria de pagos brasileña.
La visión del Banco Central va más allá de su función primaria de transferencias y pagos instantáneos, considerándola un catalizador de la innovación. La estructura de Pix, que combina practicidad, agilidad y accesibilidad, es terreno fértil para nuevas funcionalidades, integraciones y soluciones financieras que están destinadas a redefinir la forma en que gestionamos e interactuamos con nuestro dinero.
A medida que nos embarcamos en este revolucionario viaje financiero, podemos esperar que Pix continúe siendo el precursor de innovaciones que enriquezcan y simplifiquen aún más nuestras transacciones y experiencias financieras cotidianas, manteniendo a Brasil en el epicentro de los avances en los pagos digitales globales.
La República Dominicana celebrará elecciones generales el año que viene, teniendo lugar sus comicios municipales el 18 de febrero y presidenciales y del Congreso el 19 de mayo. Ante la proximidad de los referidos procesos, los partidos políticos dominicanos se encuentran implementando los diferentes métodos de selección de candidatos conforme lo establecido en la normativa electoral, como son las encuestas y convenciones de delegados. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23, en su artículo 141, “la nominación de los candidatos a cargos electivos propuestos por las organizaciones políticas deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias, convenciones o mecanismos de selección interna, que conforme con sus estatutos convoquen para tales fines las autoridades correspondientes de conformidad con la ley”.
En el caso específico de las primarias, si bien es cierto que inicialmente tres de los cuatro partidos mayoritarios, es decir, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestaron su intención de realizar elecciones primarias, posteriormente todos cambiaron de parecer y decidieron utilizar otros métodos de selección de candidatos como las antes mencionadas encuestas y convenciones de delegados.
Sin embargo, en el oficialista PRM la decisión de utilizar estos métodos para la elección de sus autoridades internas encontró rechazo en algunos de sus miembros. Este fue el caso del también aspirante presidencial Guido Gómez Mazara, quien afirmó que con esta medida se le negaba a las bases del partido “la oportunidad de decidir”. Consecuentemente, ante el escarceo y los debates internos generados, el presidente de la República y líder de ese partido, Luis Abinader, decidió que se realizarían primarias, aunque solamente en dos niveles electorales: presidencial y municipal, y solo a nivel nacional.
De esta manera, el 1º de octubre de este año 2023 fueron celebradas las referidas primarias, las cuales el presidente Abinader ganó con más del 90 % de los votos, reafirmando así su liderazgo al interior del partido y confirmándose su postulación a la reelección. Por consiguiente, el primer mandatario se medirá ante el tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP) y el actual alcalde por la provincia de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual gobernó durante 16 años consecutivos, entre el 2004 y 2020.
A este punto, es preciso recordar que la FP nació tras la escisión del PLD en 2019, luego que fueran denunciadas irregularidades en el proceso de primarias por parte del expresidente Fernández (entonces líder y presidente del PLD), quien ante estos hechos decidió marcharse y conformar la FP. No obstante, el 21 de agosto de este año, ambas organizaciones signaron un acuerdo promovido por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, denominado “Alianza Opositora Rescate RD”.
Inicialmente, esta alianza PRD-FP-PLD, llevará de manera unificada a 86 candidatos a alcaldes y 150 candidatos a directores municipales, lo que representa un 60 % de las autoridades municipales en todo el territorio nacional. En el nivel presidencial, en principio cada partido presentaría su candidato, pero, si ninguno de estos logra el triunfo en primera vuelta, las tres organizaciones respaldarán al candidato que clasifique para la segunda vuelta.
Actualmente, la República Dominicana se encuentra en medio de una “guerra de encuestas”, por lo que, los números presentados son muy dispares. Pero, la mayoría de las encuestas presentadas hasta el momento colocan al presidente Abinader como puntero, apareciendo el expresidente Fernández en segundo lugar y Abel Martínez en tercero. El escenario del triunfo en primera vuelta para el presidente Abinader aparece en varias encuestas, mientras otras plantean un escenario con segunda vuelta entre Abinader y Fernández.
Durante esta etapa y, de cara a los venideros comicios municipales de febrero de 2024, el oficialista PRM ha sido acusado de “comprar” alcaldes y regidores de la oposición. Formalmente, el PLD solicitó ante la Procuraduría General de la República (PGR), en marzo de este año, “investigar el uso de fondos públicos por parte de funcionarios del gobierno central y municipal para comprar alcaldes y otros funcionarios municipales de partidos opositores”. A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento la PGR no se ha pronunciado públicamente al respecto.
En cualquier caso, el panorama electoral para 2024 en República Dominicana está configurado por una eventual reelección del primer mandatario, un sistema de partidos hasta el momento tripartito (lo cual no ocurría desde la década del 90’) y unos comicios en los cuales, ante el fracaso del voto automatizado en 2020 con la suspensión de las elecciones municipales (primeros comicios suspendidos en la historia democrática dominicana), se volverá al voto y escrutinio manual, pero con una transmisión de los resultados mediante el uso de equipos electrónicos.
Guatemala vive una fuerte tensión como no se había registrado desde hace ya varias décadas. Es una situación creada por una clase política tradicional que estiró la cuerda lo más que pudo y parece ser que está a punto de reventarla. Fueron varios los hechos que conllevaron a lo que sucede hoy en el país; para empezar, mediante disposiciones arbitrarias disfrazadas de legales, no hemos contado con una renovación de cortes en casi cuatro años. Argumentos superfluos, como que no se han discutido lo suficiente en el Congreso de la República los perfiles de quienes integrarían el sistema de justicia, conllevaron a afianzar a una clase política tradicional acostumbrada desde la transición democrática en 1985 a hacer las cosas mediante el soborno, las sobrevaloraciones y las transas, y a ocupar espacios determinantes en los tres poderes del Estado, a lo que algunos han llamado “pacto de corruptos”.
A esto se sumó un Ministerio Público (MP) que ha actuado mediante una política de persecución a cualquier voz que discrepe de esta alianza, lo que ha provocado que un número significativo de personas, entre periodistas, comunicadores, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, se encuentren hoy en el exilio o privados de su libertad. La razón parece ser una especie de péndulo mejorado de lo que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), hasta el año 2019, en ese momento una persecución con cosas de fondo pero sin muchas formas hacia algunos actores del statu quo. El resultado fue una alta polarización social, con sentimientos de clase muy enarbolados entre lo que primariamente muchos comprenden como izquierda y derecha, sin análisis muy sesudos, pero que son utilizados para justificar acciones y discursos de uno u otro bando.
Hay que recordar también cómo llegamos a inicios de 2023. En ese momento hubo un alto cuestionamiento a las autoridades electorales, en específico al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por una serie de interpretaciones muy particulares del ordenamiento jurídico-normativo relacionado con el ámbito electoral, que implicó la no inscripción de candidatos. Ese fue el caso del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), por supuestamente no contar su candidato vicepresidencial, Jordán Rodas, con el finiquito correspondiente al haber sido Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y quien tuvo desde ese cargo una relación poco cercana a la clase política tradicional del país.
Está también el caso del partido Prosperidad Ciudadana (PC), al que nadie tenía en el radar, hasta que en la primera encuesta seria del país apareció encabezándola, probablemente por su buen manejo de redes sociales y la cercanía que demostraba con la gente. A pesar de que su candidato presidencial no era necesariamente muy distinto en términos ideológicos, no era un personaje que fuese fácil de controlar para esta clase política que hemos venido comentando; como resultado, surge una denuncia de que su asamblea general no había sido realizada en ley, y por lo tanto todas sus demás asambleas quedan anuladas. En total, 1351 candidatos no pudieron participar para diferentes cargos de elección y el candidato Carlos Pineda, que encabezaba las encuestas, sale del proceso electoral. Llama la atención que fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial, condenado en EE.UU. por lavado de dinero y quien queda en libertad en el año 2022, quien fue el ciudadano que presentó esa denuncia.
Hay otros casos, como no haber dejado participar a Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú (QEPD), a quien se le señaló de campaña anticipada. Algo que prácticamente hicieron todos los candidatos el último año, disfrazándola de campañas de afiliación y retorciendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85), fueron sumando para lo que se anticiapaba como puntos de conflicto y dificultades para afrontar el proceso electoral que se desarrolló a partir de enero del 2023 con la convocatoria a elecciones.
Pese a todo, el 60% de los guatemaltecos decidimos ir a votar el 25 de junio, con varios candidatos fuera de ser opciones dentro del menú político que se nos presentaba para elegir. Discursos de la clase política tradicional bastante conservadores, amparados en una falsa cristiandad (los verdaderos cristianos no roban), se presentaban como opciones para mantener una línea conservadora en el país, sin más sustento ideológico que el mercadeo político de una figura, ni siquiera de un proyecto político.
El resultado fue que en las elecciones presidenciales el primer lugar lo obtuvo el voto nulo, con el 17.38%, lo que evidencia el rechazo a la mayor parte de los políticos tradicionales del país. Luego, Sandra Torres (15.86%), de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), un partido que en sus orígenes fue socialdemócrata y hoy es un catch all party más, pero con la mayor estructura partidaria a nivel nacional, y Bernardo Arévalo (11.77%), de Movimiento Semilla, un partido de centroizquierda progresista, que no se tenía en el radar de analistas y políticos, pasaron al balotaje.
A partir de ese momento se comenzaron a cuestionar los resultados electorales. Bernardo Arévalo era un personaje incómodo, pues pertenece a un partido pequeño y nuevo, que ha tratado de alguna manera ser distinto del resto de los políticos tradicionales; en algunas cosas lo ha logrado, en otras no tanto, pero obviamente no es parte del eje de partidos políticos tradicionales.
En segunda vuelta se confirma la victoria de Arévalo (58.01%) sobre Torres (37.24%), lo que da como resultado una serie de acciones de parte del MP para intentar desprestigiar el proceso electoral, que tuvo su punto de no retorno el 1 de octubre cuando retiran del TSE las actas que contienen el trabajo de los órganos electorales temporales, que son conformados por ciudadanos respetables y voluntarios de los diferentes departamentos y municipios del país, en un mecanismo en el que los votos son contados de manera pública delante de los fiscales de los partidos políticos.
Lo que se mencionaba es la existencia de un plan de parte de las actuales autoridades gubernamentales, en coordinación con los otros dos poderes del Estado y una Corte de Constitucionalidad bastante afín, para anular el proceso electoral y repetirlo con candidatos que generen comodidad a la clase política tradicional, cancelando el Movimiento Semilla por una investigación por tema de firmas falsas en sus afiliados para constituirse como partido (irónicamente denunciada por el propio Bernardo Arévalo), pasando por un interín de elección de alguno de sus personajes para que durante un tiempo se encargue de dirigir los destinos del país como presidente provisional.
Esto generó que, a partir del 2 de octubre, se desarrollaran una serie de bloqueos iniciados originalmente por la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán para pedir la destitución de la actual Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, y del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. Con el paso de los días, diferentes actores y sectores se han sumado a lo largo del país. Se han llegado a contabilizar más de 190 bloqueos, donde se debe hacer mención que no se conocen casos de represión por parte de la fuerza pública.
Sin embargo, sí es evidente la ausencia de liderazgo de parte del presidente Alejandro Giammattei para intentar buscar mecanismos inmediatos de resolución del conflicto. Pasaron cerca de ocho días para que apareciera en un mensaje en cadena nacional, donde habló de lo que inevitablemente pasaría, algunos saqueos cometidos por infiltrados, el abuso de los bloqueos para limitar el derecho constitucional de la libre locomoción, la escasez de productos y su inminente encarecimiento, entre otros.
De parte del gobierno central se solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) su participación para intentar lograr un acuerdo entre las partes cinco días después. A pesar de la alta calidad de las personas enviadas, lo que se observa es que no hay claridad en con quién negociar. 48 Cantones no lidera a nivel nacional los bloqueos, pues muchos surgen de forma espontánea y con apoyo popular. Por el otro lado, la petición inicial de renuncia para la Fiscal General del MP ni siquiera ha sido mencionada por el presidente Giammattei, y ella misma ha dicho que no dejará el cargo.
Como hizo mención el internacionalista guatemalteco Roberto Wagner, cada grupo está en su trinchera y no quiere salir de ella, sin disposición de negociación; a lo que se suma un presidente electo, Bernardo Arévalo, que no da muestras de hacer un llamado al diálogo inmediato y a liderar una transición mucho más ordenada, considerando que los bloqueos al final de cuentas generan una afectación de país, y dan muestra de la primitiva forma de hacer política en la que ha caído Guatemala, donde se reclaman derechos de unos sacrificando los de otros.
Daniel Noboa, de 35 años, será el presidente más joven de la historia del país. La segunda vuelta de las elecciones en Ecuador se decantó a favor del heredero de una de las mayores fortunas del país, cuyo principal antecedente político son las cinco campañas presidenciales de su padre y haber ocupado una curul como asambleísta en el último periodo legislativo. Noboa se impuso con el 52,3% de los votos a la candidata del correísmo, Luisa González, quien obtuvo el 47,7% y representaba la fidelidad y la experiencia. Una vez más, la población acudió a elegir entre el correísmo y el anticorreísmo.
Noboa ejercerá la presidencia solo hasta mayo de 2025, ya que estas elecciones extraordinarias habían sido convocadas para completar el periodo del presidente Guillermo Lasso, luego de que el mandatario aplicara en mayo la “muerte cruzada”, como se conoce al mecanismo que le permitió disolver la Asamblea Nacional.
La campaña electoral que antecede a estas elecciones se puede calificar como atípica e insípida. En primer lugar, porque estuvo condicionada por la disolución de la Asamblea, lo cual exigió la organización de los comicios en 90 días por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), le sucede el magnicidio del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en unas elecciones calificadas como las más violentas de la historia republicana y finalmente la fatiga ciudadana debido a la crisis económica, la inseguridad por la penetración del crimen organizado y las denuncias de corrupción permanentes entre las diferentes funciones del Estado.
En segundo lugar, la campaña fue insípida porque no puso en debate y en la profundidad que se requerían los temas esenciales que demanda la población. Si bien, la inseguridad, el desempleo y la lucha contra la corrupción fueron mencionados por parte de los dos finalistas en sus campañas, no se explicó cómo se llevarían a cabo sus planes y promesas. Incluso, las propuestas excedían el tiempo de gobierno para el ganador, pues son apenas 15 meses de gobierno, de los cuales se descuenta un quimestre para el proceso de democracia interna de los partidos y movimientos, quienes deberán elegir a los candidatos para el 2025.
Además, la campaña transcurrió por fuera de la lógica tradicional de hacer proselitismo debido a la inseguridad y la violencia. Se clausuraron los mítines multitudinarios, las caminatas y el aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los candidatos. La campaña se mudó a las redes sociales, así como a espacios acondicionados para poco público, previo estudio de la viabilidad de los eventos. Por primera vez se veía a los candidatos y sus equipos con chalecos antibalas y varios cercos de seguridad en los diferentes actos. Incluso, los medios de comunicación desconocían la agenda de los presidenciables.
La papeleta electoral sin Correa
En menos de tres años, la papeleta electoral sin Rafael Correa en Ecuador se convierte en derrota para su movimiento político, la Revolución Ciudadana. El correísmo llegó por segunda ocasión a segunda vuelta (2021 y 2023), pero no le alcanzó una vez más para ganar las presidenciales frente a un electorado contrario, pese a no estar aglutinado en ningún partido. Esto no significa que esta fuerza política haya dejado de ser determinante en la política, pues cuenta con cerca de 50 asambleístas de 137 y autoridades seccionales electas en las tres principales provincias: Manabí, Guayas y Pichincha. La candidata derrotada, después de reconocer el resultado, felicitó al ganador en una expresión democrática junto con sus coidearios.
Por su lado, Daniel Noboa se alzó con la victoria en las regiones de la Sierra y el Oriente, sobre todo en la provincia de Pichincha donde se encuentra la capital, Quito. Además, disputó muy de cerca la Costa, en donde el correísmo sigue conservando su nicho electoral.
En esta contienda, el voto joven fue decisivo. De las casi 13 millones de personas habilitadas para sufragar, el 30% tienen entre 16 y 29 años según el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Esto no quiere decir que el votante joven elija a un candidato joven, sin embargo, sí exige a los candidatos a disputar este segmento. Esto en un contexto de bono demográfico donde Ecuador cuenta con el mayor porcentaje de personas habilitadas para trabajar, pero donde 7 de cada 10 jóvenes están desempleados. Esto explica porque la promesa de empleo es la más llamativa.
Retos para el nuevo presidente
Los retos son urgentes y de distinta naturaleza para el nuevo huésped del Palacio de Carondelet. En lo económico destacan: un déficit fiscal de USD 3.500 millones hasta fin de año, solventar el gasto corriente para el sector público, pagar la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que asciende a USD 10.151,9 millones, la generación de condiciones que propicien el empleo, sobre todo en el sector joven, y cumplir con los créditos de los organismos multilaterales.
En lo político, el reto de Daniel Noboa es poder cocretar, con una Asamblea Nacional fragmentada, la aprobación de leyes con carácter de urgente. Cada bloque legislativo tiene agenda propia y no, necesariamente, coincide con la del nuevo mandatario. Otro desafío son los compromisos inconclusos del gobierno saliente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la que demandará respuestas inmediatas a riesgo de una paralización. En lo judicial, resulta impostergable la reforma del sistema de justicia, debido a las sentencias de varios jueces a favor de los líderes de las bandas criminales, además de las permanentes tensiones entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo del sistema de justicia.
En lo social, son varias las demandas ciudadanas. En primer lugar, el combate contra la desnutrición crónica infantil que ubica al Ecuador en el segundo lugar en América Latina después de Guatemala. En temas de educación, uno de los mayores problemas es la falta de acceso de 200 mil jóvenes bachilleres a las instituciones de educación superior cada año y los rezagos de la pandemia que todavía no se han resuelto. La salud pública es tema aparte, pues requiere atención urgente en términos de equipamiento de hospitales, medicinas, contratación de profesionales, cobertura y calidad.
Pero sin desmerecer lo anterior, el principal problema de Ecuador es la inseguridad, pues la ausencia de una política de Estado puede provocar que Ecuador cierre el año con 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, además del problema de las masacres en las cárceles, la comercialización de droga a gran escala y el microtráfico, y la falta de recursos y talentos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El periodo gubernamental que se inaugura en diciembre es complejo y el nuevo gobierno dependerá de las diferentes fuerzas políticas, sectores, gremios, colectivos para sacar adelante un país en crisis.
Tras liderar la alianza de su partido libertario La Libertad Avanza al Congreso Nacional argentino en 2021, el incendiario ultraderechista Javier Milei ha vuelto a superar las expectativas. En las primarias presidenciales de agosto, obtuvo el 30% de los votos, superando a los dos candidatos de la centroizquierdista Unión por la Patria, que obtuvieron el 27%, y a los de la centroderechista Juntos por el Cambio, que obtuvieron el 28%. Ahora, en vísperas de las elecciones generales del 22 de octubre, Milei encabeza en solitario todas las encuestas. La única incertidumbre es si podrá superar el umbral para evitar una segunda vuelta.
Para muchos observadores, la política de Milei ha sido difícil de clasificar. Ha sido futbolista semiprofesional, músico de rock, cosplayer de cómic, gurú del sexo tántrico y profesor de economía. La caricatura de esta figura ciertamente caricaturesca es la muletilla de innumerables artículos de opinión, que lo reducen a una imitación de Trump con un peinado aún más excéntrico. Otros ven a Milei como una repetición del amorfo fenómeno «populista» latinoamericano que abarca a Chávez, Castillo y Bukele. Pero en este marco binario -estabilidad liberal frente a demagogia populista- todas las variantes de la política «antiestablishment» se meten en el mismo saco, sin apenas tener en cuenta sus particularidades locales.
Otros comentarios se centran correctamente en la espiral de la crisis económica. La inflación, en torno al 120%, quema los bolsillos de toda la población. La relación deuda pública/PIB se sitúa en torno al 80%. El FMI ha impuesto duras medidas de austeridad como condición para conceder nuevos préstamos cada tres meses. El mercado laboral pospandémico está cada vez más flexibilizado, con un amplio sector informal caracterizado por el sobreempleo más que por el subempleo: para muchos trabajadores, el pluriempleo y el «gig work» son un medio de supervivencia.
No es de extrañar que una pluralidad de votantes se rebele contra la clase dirigente de un partido que supervisa este tipo de crisis. Tampoco sorprende que el «populismo» prenda en el país que lo vio nacer. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué Milei habla de esta coyuntura y qué puede significar su victoria para el futuro del país?
En mítines electorales que hacen las veces de conciertos punk, Milei combina un credo hiperindividualista de «vida, libertad, propiedad» con una denuncia populista de la «casta política». Empieza y termina sus discursos con su eslogan: «Viva la libertad, maldita sea». Su público está formado en su mayoría por hombres hiperconectados y amantes del Bitcoin. Milei les promete que «quemará» el banco central, dolarizará la moneda, eliminará la mayoría de los organismos estatales y privatizará las empresas públicas. Al igual que califica el cambio climático antropogénico de «mentira socialista», niega las torturas y desapariciones que tuvieron lugar bajo la dictadura, y planea indultar a los militares encarcelados por tales delitos. Alimentado por un virulento sexismo, espera hacer retroceder los avances logrados por el poderoso movimiento feminista del país, en particular la legalización del aborto, y derrotar la llamada «ideología de género» de la comunidad LGBT en la educación y la cultura en general.
La perspectiva de Milei representa una mutación reaccionaria del neoliberalismo en respuesta a las condiciones de crisis. Es la última versión de la larga tradición autoritaria de libre mercado de América Latina, lo que Verónica Gago llama la «violencia originaria» de su modelo neoliberal periférico. En un momento de desesperación, como ha observado Pablo Stefanoni, Milei ha logrado construir la única «candidatura verdaderamente ideológica» con un programa electoral y una imagen utópica del futuro. Esto explica, en parte, cómo pudo conquistar a gran parte de la juventud masculina de las villas empobrecidas de Buenos Aires.
Más que Jair Bolsonaro -cuya candidatura fue impulsada por los jóvenes activistas en línea del Movimiento Brasil Libre después de que prometiera nombrar ministro de Hacienda a Paulo Guedes, el Chicago Boy-, Milei es un neoliberal de carné. Cuando se le pregunta cómo llegó a serlo, habla de una conversión casi religiosa: del keynesianismo neoclásico a la Escuela Austriaca.
La filosofía anarco-libertaria de Milei se manifiesta en sus planes concretos de dolarización, un proyecto para el que ya ha empezado a buscar financiación extranjera. Para muchos votantes, indignados por la inflación y acostumbrados a negociar en moneda estadounidense, esta política parece intuitiva, o al menos vale la pena correr el riesgo. Para Milei, sin embargo, no se trata tanto de resolver la crisis actual como de defender un principio intemporal. En la tradición de la Escuela Austriaca, la vuelta al patrón oro es el santo grial, y la dolarización es la siguiente mejor opción.
En contraste con artistas sin timón como Bolsonaro y Trump, Milei está celosamente comprometido con una ideología coherente. Pero cuando habla con The Economist, rechaza las caracterizaciones precisas de su programa como «hipérboles». Aquí, Milei sugiere que el Estado del bienestar debería ser destruido, pero no de golpe. «Es el enemigo, así que vamos a desmantelarlo. Pero con una transición». Propone reducir el número de ministerios de dieciocho a ocho. Una nueva era de terapia de choque está en camino; pero, como asegura Milei a The Economist, esto no causará problemas a las instituciones internacionales ni a los inversores, ya que sus propios recortes de impuestos y gastos serán mucho más duros que las propuestas del FMI.
El Financial Times cuestiona su capacidad para ejecutar tales políticas: «Preocupa… la gobernabilidad, hasta qué punto sería capaz de controlar las protestas si pudiera aplicar sus medidas radicales». ¿Sería la reacción demasiado grave para que el Estado la reprimiera?Una vez más, Milei responde que manejará con cuidado su motosierra, la herramienta que utiliza simbólicamente en sus mítines. La seguridad se confiará a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Apodada «Villacruel», ha dedicado su carrera jurídica a defender a militares condenados por crímenes contra la humanidad. Defiende desde hace tiempo la llamada «teoría de los dos demonios» de la dictadura argentina, que culpa por igual a los disidentes comunistas y al Estado que intentó erradicarlos sistemáticamente.
La política exterior de Milei evoca los mismos temas. Pretende iniciar un «alineamiento automático con Estados Unidos e Israel», al tiempo que rechaza trabajar con «países socialistas» como China, Brasil, Colombia, Chile y México.
Pero también critica el acuerdo Mercosur de la UE y se opone a la idea de aranceles sin más. Su administración seguramente ampliará la frontera extractiva en el Triángulo del Litio, que ya está desplazando violentamente a las comunidades indígenas, de acuerdo con la exigencia del FMI de pagar las deudas soberanas en dólares estadounidenses.
Milei sería una figura solitaria en la región; el presidente uruguayo y el actual favorito a la presidencia de Ecuador estarían entre sus únicos aliados. Sin embargo, como explicó en una entrevista con Tucker Carlson -vista 420 millones de veces tras el apoyo de Elon Musk-, la organización transnacional de la extrema derecha significa que ese aislamiento puede ser efímero. Milei tiene vínculos con el partido español Vox y está aliado con líderes reaccionarios de toda América Latina a través de iniciativas como el Foro de Madrid, que pretende reunir a la derecha moderada y extrema «para hacer frente a la amenaza que supone el crecimiento del comunismo a ambos lados del Atlántico».
La promesa de Milei de «Hacer Argentina grande otra vez» no es sólo el último truco trumpiano utilizado por un nacionalista de extrema derecha. Es también un llamamiento genuino a la palingenesia liberal, una visión del renacimiento nacional a través de un retorno al «liberalismo clásico de libre mercado» de Smith, Hayek y sus herederos. Cuando Milei utiliza esta frase, no sólo está participando en la rehabilitación de la dictadura militar; también está pidiendo un retorno a los años dorados de la historia argentina – las primeras décadas del siglo XX, cuando se encontraba entre las naciones más ricas del mundo. Esta prosperidad fue supuestamente borrada por el intervencionismo estatal socialista de Juan Perón, que desde entonces ha sumido al país en la decadencia. Para recuperar esa grandeza, Milei aboga por una «revolución libertaria que vuelva a hacer de Argentina una potencia mundial en treinta y cinco años». Sin embargo, su programa anarco-autoritario no se parecería a las dictaduras del pasado. Sus rasgos más destructivos aún están por verse.
«Ese gallo quiere maíz» es lo que decía el dictador mexicano Porfirio Díaz cuando daba órdenes para silenciar a sus críticos. Significa algo así como «échales un hueso», pero con el añadido de las nefastas amenazas cuando las víctimas rechazan el maíz. El dicho capta la actitud estadounidense en la lucha por el maíz modificado genéticamente (OMG). Estados Unidos empuja a México a ser su víctima. Recientemente, Estados Unidos solicitó un panel comercial en el marco del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), el TLCAN revisado. Junto con Canadá, alega que la prohibición mexicana del maíz transgénico para consumo humano perturba las exportaciones estadounidenses de maíz.
Estados Unidos debería dejar de imponer el maíz transgénico a México. La prohibición es legal bajo las reglas del USMCA debido a sus objetivos de salud y seguridad alimentaria. Con ella, México evita los riesgos de cáncer por el herbicida glifosato, necesario para cultivar maíz transgénico. Esta medida muestra de cómo equilibrar la salud pública y las obligaciones comerciales, algo que los gobiernos latinoamericanos persiguen cada vez más.
Emitida como Decreto, la prohibición no tiene repercusiones reales en las exportaciones de maíz estadounidense. Sólo se aplica al maíz OGM destinado a la alimentación humana y nada más. El Decreto explica expresamente que sólo prohíbe el maíz OMG para tortillas y masa. Aclara que no hay cambios para el maíz utilizado en la alimentación animal o en aplicaciones industriales. Lo mismo ocurre con otros cultivos transgénicos.
Teniendo esto en cuenta, la prohibición no restringe el comercio. Es cierto que la mayor parte del maíz estadounidense es OGM, pero se trata sobre todo de maíz amarillo. La cocina mexicana no utiliza maíz amarillo, prefiriendo el blanco porque es más fácil de moler para hacer masa. Además, Estados Unidos exporta una cantidad abrumadora de maíz para alimentar a los animales.
Las cifras, procedentes de fuentes estadounidenses, lo confirman. En realidad, las granjas estadounidenses no cultivan maíz para la alimentación humana. Según el Agricultural Marketing Resource Center de la Universidad Estatal de Iowa, sólo un 3% del maíz estadounidense se destina al consumo humano. Sólo el uno por ciento es maíz blanco. Las investigaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. coinciden. La Asociación de Refinadores de Maíz, gran defensora de la disputa, valida estas tendencias de importación sobre el uso del grano, el predominio del maíz amarillo y las preferencias.
Dicho claramente, la prohibición no tiene un impacto comercial significativo, ya que EE.UU. seguirá exportando maíz amarillo OGM, maíz para alimentación animal o para la industria, y otros cultivos OGM. Canadá no debe preocuparse. Exporta colza OMG.
Pocos exportadores sentirán el impacto del Decreto. Pero todos los mexicanos experimentarán sus beneficios.
Una de las razones más fuertes para prohibir el maíz transgénico tiene que ver con el cáncer y el glifosato. Las granjas de OMG necesitan este herbicida. Un organismo de la Organización Mundial de la Salud determinó que el glifosato es una causa probable de cáncer. Sus conclusiones son persuasivas. Múltiples tribunales estadounidenses han fallado en contra del fabricante del glifosato, respaldando algunas de las mayores indemnizaciones y acuerdos de la historia.
Estos peligros se refieren al consumo de maíz transgénico. Recientes estudios médicos y de salud pública, realizados en México, encuentran niveles preocupantes de glifosato en niños. Es sorprendente, ya que carecían de contacto directo con los herbicidas. Niveles similares aparecen en bebés de menos de cuatro semanas. Su exposición es por «vía materna», lo que indica que los recién nacidos son vulnerables a los riesgos de cáncer por lo que comen sus madres. Esto es alarmante, ya que los niños y los bebés no tienen órganos ni sistemas inmunitarios desarrollados. Se espera que estos riesgos provengan del consumo de maíz transgénico.
El Decreto es legal debido a estas dos realidades: consecuencias comerciales ínfimas y riesgos demostrables de cáncer. Por ejemplo, el Capítulo 9 del USMCA preserva el derecho de México a adoptar medidas de seguridad alimentaria que protejan la vida y la salud humanas. También asegura que México determine su nivel de protección. Esto proporciona apoyo al tratado para aplicar medidas como la prohibición y para decidir cómo limitar la exposición a los riesgos de cáncer.
Una de las críticas se centra en las importaciones de maíz. EE.UU. dice que el Decreto de México es «más restrictivo del comercio de lo requerido».
Esto es erróneo. La prohibición no afecta el comercio de maíz amarillo, en alimentos para animales, o en usos industriales, las partes abrumadoras de las exportaciones de maíz. No están restringidos. Además, los estadounidenses pueden comerciar con maíz blanco no transgénico. De hecho, el Decreto creó este mercado al generar demanda de maíz para hacer tortillas y masa.
Las quejas estadounidenses se fijan en el comercio mientras ignoran las motivaciones sanitarias. El USMCA exige examinar ambos aspectos. Un panel considerará seriamente las razones de seguridad alimentaria de México. El tratado ordena examinar las restricciones comerciales pero en relación con «el nivel de protección» que México determinó como «apropiado».
Aquí entra en juego la ínfima cantidad de maíz blanco que producen las granjas estadounidenses. Es lo único a lo que afecta el Decreto. Esto se sopesará frente a las medidas adaptadas a los peligros de cáncer del glifosato en el maíz. Ante esta disyuntiva, un panel puede fácilmente ponerse del lado de la protección contra los riesgos cancerígenos.
Un segundo argumento es que la prohibición no es necesaria. El tratado permite medidas de seguridad alimentaria «sólo en la medida necesaria» para proteger la vida o la salud humanas.
Estados Unidos se dispara en el pie, negando los riesgos de cáncer. Existe una fuerte conexión entre la prohibición y la salud. El nivel de protección de México se limita precisamente al maíz para alimentación humana cultivado con métodos OGM. Como estos métodos necesitan herbicidas y los herbicidas plantean riesgos de cáncer, México prohíbe un tipo de maíz para consumo humano. De este modo se pone fin a los riesgos de cáncer conocidos por el herbicida presente en la fuente de calorías más común del país. El maíz transgénico no puede separarse de los riesgos intrínsecos al glifosato. En este sentido, el Decreto no prohíbe más de lo necesario. El comercio continúa con el maíz OGM destinado a los animales y a la industria.
En resumen, un panel puede fácilmente ponerse del lado de las medidas que evitan la exposición a riesgos de cáncer bien fundados, mientras que simultáneamente observa que las exportaciones de maíz OGM continúan sin restricciones.
Esta lucha por el maíz ofrece algo más que lecciones técnicas sobre las normas comerciales, pues sugiere a los vecinos latinoamericanos lo que está en juego con las políticas de salud pública. Estas controversias no son específicas del USMCA. Los argumentos estadounidenses se centran en las normas sanitarias y fitosanitarias, comunes en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el régimen transpacífico y otros regímenes comerciales. EE.UU. y otros países buscan cambios nacionales en materia de seguridad alimentaria. Esto debería implicar posibles negociaciones comerciales, ya que Costa Rica y Uruguay contemplan la posibilidad de unirse al USMCA. Preocupada por los OMG, Colombia sugiere renegociar su acuerdo comercial con EE.UU..
Pero las tensiones comerciales afectan a iniciativas sanitarias de mayor calado, como las etiquetas de advertencia para alimentos poco saludables y los límites a la venta de comida basura. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay las han puesto en práctica. Al diseñar sus medidas, los responsables políticos nacionales tuvieron que responder a preguntas sobre violaciones del comercio. Estos argumentos se extendieron a la OMC.
¿Cuál es la lección de México sobre el maíz para los gobiernos latinoamericanos? Determinar claramente un nivel adecuado de protección de la seguridad alimentaria. Con esto, los beneficios para la salud pública se vuelven más persuasivos que las interrupciones a las importaciones. En pocas palabras, las protecciones sanitarias explícitas pueden disuadir de alimentar a los gallos a la fuerza con exportaciones y justificaciones comerciales distorsionadas.
Toda elección general que moviliza a millones de votantes para consagrar nuevas autoridades suele estar rodeada de rituales mediáticos cuando encierra el conteo de sufragios. Uno de ellos son los debates sobre la definición del tipo de mandato popular elegido por la mayoría, si por la continuidad o el cambio, si por cambios profundos o tan solo pequeños ajustes. Otro ritual saludable suele ser el exaltamiento del método democrático como el modo más transparente y civilizado de ungir autoridades, al menos frente a sus alternativas históricas en nuestra región.
Más recientemente ha emergido un nuevo ritual que básicamente se regocija en destacar el tamaño del error entre las predicciones hechas por las encuestas de intención de voto y los resultados finalmente obtenidos por las diferentes candidaturas: “Nuevamente las encuestas fallaron”. Lo vimos en la reciente elección primaria general de Argentina, a mitad de año cuando se eligió mandatario en Guatemala, el año pasado en la votación presidencial de Brasil y en las estimaciones sobre el destino del plebiscito constitucional chileno doce meses atrás. Los ejemplos proliferan y contagian – inclusive – a algunas entidades defensoras del proceso democrático. Es el caso de los veedores de la OEA para verificar la elección guatemalteca, quienes no tuvieron empacho en poner igual énfasis en las arbitrariedades irregulares de la justicia en vetar candidatura, en la violencia que rodeó a los comicios con asesinatos de candidatos y votantes y en la distancia entre resultados y pronósticos de los sondeos: igualaron los tres factores como si fueran homogéneamente responsables como distorsiones contrarias al buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Sin embargo, ayudaría a entender que las encuestas se han alejado mucho menos de lo que se les endilga si quedaran claros tres principios. Uno de ellos es que las encuestas hechas en nuestros países, donde es obligatorio sufragar, buscan representar al conjunto de la población en condiciones de votar y, así, proyectan intenciones del total de los votantes sin considerar que en el día de la elección muchos se abstendrán de concurrir a las urnas. Las recientes abstenciones en Brasil y Argentina, que varían entre el 20% y el 30%, dejan afuera un volumen enorme de votos que sí son computados en los sondeos pero que, por opción de los electores, terminan evitando el camino a las urnas.
Esa abstención electoral no se distribuye homogéneamente entre apoyadores de los diferentes contrincantes. Las clases con menor educación y recursos financieros, así como los extremos generacionales (los más jóvenes y los más viejos), suelen exhibir una tasa de ausentismo que llega al doble de las clases más altas o sectores más educados o de los adultos en pleno auge de su ciclo de vida. En la medida en que sistemáticamente los sondeos de opinión pública apuntaban que la base electoral de Lula se concentraba fuertemente en las clases más bajas, ese mayor abstencionismo en el día de la votación limó de manera importante su caudal de votos. De hecho, las encuestas no se desviaron en casi nada del total de sufragios que obtuvo el entonces presidente-candidato Bolsonaro, pero sí calcularon más votos que los que finalmente tuvo Lula. En el caso de una primaria abierta como la de la Argentina, esa diferencia entre encuestados y votantes se agiganta aún más.
El segundo principio es que las encuestas preguntan sobre intenciones. Todos tenemos algún amigo o pariente fumante que prometió parar con el cigarrillo pero no pudo cumplir. El comportamiento solo es observable en el momento en el que se lo ejecuta, antes solo tenemos proyecciones ancladas en preferencias admitidas. Siempre fue así. Solo que en la época de oro de las encuestas electorales, desde los 80 hasta los 2000, cuando acertaban con precisión sus proyecciones, las influencias que podían desviar el camino entre intención y comportamiento estaban mucho menos presentes que hoy. Las fuentes de dichos desvíos hoy en día son de diferente naturaleza, aunque la descentralización de los medios de información gracias al consumo de redes sociales sea el principal sospechoso. En el pasado, rumores, fake news y hasta noticias genuinas de última hora en contra de alguna candidatura demoraban en diseminarse entre la población. Hoy circulan en segundos y de modo masivo.
Por otro lado, las fuerzas estabilizadoras de las preferencias tenían un peso considerable. Los partidos políticos organizaban las identidades políticas de las personas, así como sus comunidades de pertenencia, tipo iglesias, barrios, etnias, sindicatos o clases sociales, les daban un áncora identificatoria duradera, muchas veces transmitida familiarmente. Hoy la desconfianza institucional generalizada castiga con más fuerza a los partidos y sindicatos.
El principal efecto de ello es la voluminosa indecisión electoral hasta última hora. Dos semanas antes de las primarias argentinas, las encuestas registraban que dos de cada diez electores no sabían a quién votar. En el caso brasileño, poco más de una semana antes de la elección en primera vuelta persistían entre 6%-9% de indecisos en un contexto donde la diferencia final entre los candidatos fue de 5%.
El último principio es que las encuestas reflejan cómo la sociedad absorbe la oferta que llega desde el mundo político: en ese sentido es un retrato producido y potencialmente volátil al vaivén de los estímulos presentes hasta el último minuto. Los profesionales de las encuestas no se resignan a esos posibles cambios y buscan triangular y validar las intenciones preguntando sobre la firmeza de la preferencia electoral, la probabilidad de nunca votar por alguno de los candidatos, la percepción de quién ganará la elección, el grado de alineamiento de sus valores con los de los candidatos. Todas herramientas que ayudan a determinar cuán estable es la intención manifiesta, pero que también sirven para estimar hacia qué lado pueden ir los indecisos.
Cada uno de esos instrumentos de medición se ampara en una hipótesis. Preguntar por quién ganará la elección supone que entre indecisos puede existir un voto final estratégico: simplemente subirse a la carroza del victorioso. Preguntar por el rechazo supone que hay un componente emocional-afectivo en el voto que coloca en el centro de la decisión simpatías o antipatías personales, independientemente de las propuestas programáticas de los candidatos. Preguntar por las prioridades de la sociedad o los valores más importantes supone que hay un componente racional, donde el tipo de futuro esperado es decisivo en la elección del candidato. Todas estas hipótesis sirvieron para proyectar preferencias en conductas y simular reacciones de los indecisos, pero siempre y cuando no existan campañas desinformativas o la manipulación de emociones llegue a anular la persuasión de los argumentos racionales, estratégicos o emocionales. Al demonizar a Lula y el PT y multiplicar el miedo de una posible ola comunista, los bolsonaristas consiguieron que una minoría crítica del electorado sacrificase su proximidad programática con el centroizquierda o inclusive su disgusto personal por Bolsonaro.
Difícilmente el ritual de criticar las encuestas y sus desvíos respecto de los resultados finales sea abandonado tan rápido. Pero justamente ese fenómeno nos reafirma la centralidad que tienen para la democracia contemporánea, no solo porque siguen siendo cada vez más solicitadas por todos los que buscan influenciar la esfera pública sino también por su continua contribución a una sociedad más informada, transparente y representativa.
El silencio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, frente a las investigaciones preliminares sobre las masacres ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las cuales miembros de la policía nacional dispararon abiertamente contra manifestantes y dejaron un saldo de 77 víctimas, pone de manifiesto el constante aislamiento de las instituciones estatales frente a las demandas de la ciudadanía. Esto parece ser una suerte de pacto entre quienes ostentan el poder en el Estado con el objetivo de evitar a toda costa cualquier alteración en sus posiciones de poder.
En ese aislamiento también se encuentra una gran parte del poder judicial, ya que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, evita responder a cuestionamientos. Además, se ha señalado que no cumplió con los requisitos académicos necesarios para haber alcanzado tan alto cargo. También existe una preocupación respecto a su abierta intención de intervenir en el descabezamiento de investigaciones que benefician a una red criminal que operaba dentro del poder judicial.
Frente a estas últimas maniobras, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo autónomo encargado de garantizar la independencia e idoneidad de las personas que operan en el sistema de justicia y en las autoridades electorales, inició una investigación. Esto provocó una contraofensiva contra este organismo que se ha convertido en una estrategia de intimidación. En este contexto, el Congreso de la República se unió a la Fiscalía al ordenar una investigación sumaria contra los miembros de la JNJ, aunque no existían fundamentos jurídicos objetivos ni una causa disciplinaria prevista en el ordenamiento para llevar a cabo tal acción.
En un intento por promover la sensatez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó la necesidad de respetar las garantías del debido proceso y el principio de legalidad. Advierten que, de lo contrario, se afectaría sustancialmente las actividades de la JNJ, lo que a su vez contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.
El aislamiento institucional también ha sido un objetivo del Congreso. Ante las constantes amenazas a la estabilidad política durante el gobierno de Pedro Castillo, la ciudadanía demandó nuevas elecciones generales. Inicialmente, esta propuesta fue aprobada en una primera votación parlamentaria, pero posteriormente una alianza explícita entre fuerzas antagónicas se formó para asegurar la continuidad en el mandato tanto de la actual presidenta como de los congresistas.
Sin embargo, como parte de una agenda que busca contrarrestar los intentos de debilitar el estado de derecho, el poder judicial levantó una medida judicial que impedía la investigación a la fiscal, lo que la ha colocado en una situación de seria vulnerabilidad.
Por otra parte, Vladimir Cerrón, el antiguo socio de Pedro Castillo y operador de una de las fuerzas parlamentarias que se fueron desintegrando en el proceso político, terminó aliándose con sus adversarios más conservadores en el Congreso peruano. Sin embargo, los acuerdos han tenido un impacto limitado en otras esferas del Estado, ya que recientemente ha sido condenado en segunda instancia por el crimen de colusión en perjuicio del Estado.
Ante este escenario, el conflicto entre ciudadanía y gobierno se encuentra latente, representando un desafío especial que las autoridades electas se han autoimpuesto debido a su impopularidad. Su objetivo es finalizar su mandato y entregar el poder de manera pacífica a través de las elecciones, que para muchos parecen ser un campo minado. La presidenta y los congresistas ensayan gestos autoritarios, improvisan y, en ocasiones, actúan con indiferencia ante las demandas de la ciudadanía, cosa que hace que el camino aún sea incierto.
Tras la victoria en las primarias del economista ultraliberal Javier Milei, que encabeza el partido La Libertad Avanza, Argentina se ha convertido en el nuevo foco de debate sobre los cambios políticos experimentales en América Latina. De hecho, los centros académicos y periodísticos argentinos han multiplicado sus actividades en torno al estudio de la nueva extrema derecha en el mundo. Sobre todo, ante la perspectiva de que tenga lugar en Argentina el modelo más favorable para este tipo de fuerza política, el cual no se detiene en el aparecimiento de una fuerza de presión complementaria, al estilo de Vox en España, sino un partido que hegemoniza las fuerzas conservadoras del país. Ese temor ha sido provocado por el hecho de que La Libertad Avanza haya obtenido el 30% de los votos, superando a la alianza conservadora Juntos por el Cambio, que obtuvo dos puntos menos en los comicios.
Afortunadamente, la reflexión más rigurosa sobre el aparecimiento de la nueva extrema derecha comienza por descartar la utilidad de usar la categoría de fascismo para referirse a este fenómeno. Especialistas en el tema, como Pablo Stefanoni o Steven Forti, alertan sobre la confusión que puede generar la simplificación que suelen hacer grupos izquierdistas al categorizar de fascismo a la nueva extrema derecha. Destacan que el fascismo histórico estaba marcado por un corporativismo y una asociación a la fuerza militar como base constitutiva del proyecto político que no aparecen en los orígenes de la nueva extrema derecha. El clásico Nicos Poulantzas agregaba una nota diferencial importante para distinguirlo de las dictaduras del sur europeo: el fascismo proyectaba su fuerte nacionalismo hacia la conquista externa, tenía una enorme vocación imperialista. No podían consolidar un régimen fascista quienes lo desearan, sino quienes pudieran hacerlo.
Existe un amplio consenso sobre los rasgos propios de la nueva extrema derecha. Destaca su antiprogresismo y en especial su rechazo del relato político progre; también su rebote ante la globalización económica, causante de tanta desigualdad. En relación con ello, se muestra un inconformismo social y un reclamo ante las élites liberales, todo ello cimentado mediante una ideología libertaria radical (una de cuyas manifestaciones fue el movimiento antivacunas). Y en ese contexto, presentan una aceptación crítica y condicionada del sistema democrático establecido.
El mayor problema que tiene este análisis de la nueva extrema derecha es su parcialidad. Como subraya Stefanoni, no se puede hablar de la forma populista de hacer política o de sus planteamientos radicales sin mirar al otro extremo del espectro político. Sobre todo, en América Latina la extrema izquierda lleva veinte años haciendo acto de presencia y con algunos éxitos electorales notables en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Perú, más allá de cómo haya evolucionado luego el proceso y su resultado final.
Es decir, si se examinan de manera integral los cambios en la dinámica sociopolítica latinoamericana, en realidad debería tematizarse sobre el nuevo extremismo político en la región, desde ambos lados del espectro político. Algo que también tiene claros antecedentes históricos, sobre todo en lo que refiere al respeto y defensa de las reglas del juego democrático. No hay que olvidar que en la primera mitad del siglo XX no hubo solo un detractor de la democracia liberal, sino dos: el comunismo y el fascismo, representando ambos el extremismo político de ese tiempo. Es cierto que la nueva extrema izquierda ya no reproduce los patrones del comunismo, como lo es que la nueva extrema derecha no reproduce los del fascismo, pero ambos representan el nuevo extremismo político que socaba el pacto social que necesitan los países como base del desarrollo funcional de los sistemas democráticos. Ese enfoque integral debe ser el correcto para evitar que el debate caiga en segmentaciones y medias verdades.
El MAS (Movimiento al Socialismo) aceleró la competencia preelectoral en Bolivia desde Lauca Ñ (perteneciente al municipio de Shinahota, en Cochabamba) mediante su congreso partidario: se ratificó como jefe nacional y declaró único candidato a las presidenciales a Evo Morales y se expulsó a Luis Arce. Este acontecimiento político-partidario ha sido considerado ilegal e inorgánico por parte de los afines del presidente boliviano, pero para los seguidores del líder indígena su lealtad y convicción le otorgan la legitimidad necesaria fundamentada en un estatuto que le da legalidad. Además, ha marcado la agenda a los demás aspirantes a la presidencia.
Económicamente, Bolivia atraviesa una situación complicada, algo que refleja el aumento del precio del dólar en el mercado no oficial. Esto ha conllevado incertidumbre y emociones negativas difíciles de revertir en el corto y medio plazo. A pesar de que el ministro de Economía ha insistido en que la compraventa se ha normalizado (tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar), para muchos comerciantes (empleos informales) la situación sigue siendo irregular.
En cuanto al contexto social, la tasa de informalidad en Bolivia es mayor que en Nicaragua, Paraguay y El Salvador. De acuerdo con datos oficiales de junio de este año de la Fundación Jubileo, 76 de cada 100 personas ocupadas mayores de 14 años no tienen inscripción en un tipo de sistema de seguridad social que les otorgue beneficios como jubilación y atención médica.
Respecto a la situación política, la oposición al gobierno nacional es ideológicamente variopinta, pero tiene como factor común el antimasismo. Sin embargo, electoralmente ha estado, y así sigue, atomizada. Su limitada capacidad para construir un frente amplio con proyecto de sociedad que capitalice este factor común los ha reducido a una minoría en el Parlamento por más de una década y sin posibilidad de frenar las derivas autoritarias del poder ejecutivo. Por ahora, parece que el comportamiento político-electoral egoísta, sin convicción ideológica ni pasión identitaria de los opositores seguirá vigente en el proceso preelectoral de cara a 2025.
La deriva autoritaria del presidente con la oposición partidaria y regional es un aspecto que no se debe dejar de lado. Las detenciones preventivas (arbitrarias) de Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz) y Jeanine Áñez, entre otros presos políticos, son representativas de la debilidad institucional y del retroceso democrático en el país.
El principal clivaje entre Arce y Evo es el aumento de la desigualdad de recursos estatales entre las facciones que representan. El Estado central tiene más de medio millón de empleados públicos bajo el mando del poder ejecutivo. Este dato ilustra los incentivos materiales, de poder y estatus que ha generado el presidente Arce en agentes individuales y colectivos desde noviembre de 2020, heredero de los incentivos materiales otorgados durante las gestiones de Morales.
Los agentes colectivos que apoyan a Arce están agrupados en el denominado Pacto de Unidad. Básicamente, están estructurados a partir de tres organizaciones matrices de origen indígena y campesino consideradas por el presidente como “las dueñas” del instrumento político: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, y Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (SCSIOB). El cuarto agente colectivo (no es parte orgánica del Pacto de Unidad) es la Central Obrera Boliviana (COB), de origen popular.
El 17 de octubre se realizará un cabildo con todos estos agentes colectivos y la masa burocrática en la ciudad de El Alto con el fin de “definir reconducción, reorganización y reestructuración del instrumento político y el proceso de cambio”. Una concentración que pretende mostrar las fuerzas sociales articuladas que respaldan a Arce alejadas estructuralmente de Morales, pero próximas ideológicamente al MAS.
Por su parte, la facción evista está fundamentalmente compuesta por el sector cocalero (Chapare) y dirigentes (paralelos) del Pacto de Unidad. Son la base emocionalmente extremista e ideológicamente radical del MAS. Varios representantes sociales y profesionales leales a Evo han sido excluidos de la administración de Arce. En la Asamblea Plurinacional se ha paralizado el tratamiento de varias leyes por la disputa intensa entre parlamentarios arcistas y evistas, lo que impide que el presidente cuente con la mayoría absoluta.
Con todo, el congreso en Lauca Ñ aceleró el divorcio entre Arce y Evo, intensificó el clivaje a nivel de la administración pública, generó mayor distanciamiento en el Parlamento entre las varias facciones y dividió las aguas entre sectores populares, campesinos e indígenas: orgánicos (arcistas) contra militantes (evistas).
En este clivaje, Arce tiene una ventaja coercitiva sobre Evo, ya que el poder judicial juega un rol estratégico que le es favorable. El amparo constitucional, presentado por Felipa Montenegro, representante de las Bartolinas (agente colectivo que apoya al presidente), es una acción legalque pretende que se declare ilegal la convocatoria al congreso. Una situación jurídica que posiblemente se resuelva el 23 de octubre.
Luego del congreso, el debate entre las facciones evistas y arcistas tiene como eje la legalidad/ilegalidad y legitimidad/ilegitimidad sobre el evento partidario. Por el momento, el MAS está en manos de Evo, pero los agentes colectivos que apoyan a Arce mantienen la batalla en el campo jurídico para recuperar el instrumento del que se consideran dueños.
Arce y Evo representan la continuidad, no el cambio. Ambos han ejercido la cooptación como mecanismo de dominación sobre los agentes colectivos constitutivos del Pacto de Unidad: la fuerza social en la que se basa la estrategia discursiva de ambos líderes cuando interpelan al pueblo para decidir en su nombre.
El Pacto de Unidad y la COB se pueden definir como asociaciones de interés porque solo buscan dar continuidad a los beneficios estatales que reciben sus miembros. Son incentivos materiales, de poder y estatus que no generan un cambio disruptivo por el bien público; son sujetos del mecanismo de cooptación.
Por ahora, Evo retorna a la arena electoral y Arce es expulsado del MAS –para Morales el primer mandatario se autoexpulsó porque desistió de participar en su congreso nacional-, pero es indudable que se postulará por segunda vez a la presidencia. Los dos representan la continuidad de un proyecto político en proceso de resquebrajamiento. Las dos facciones necesitan mantener la cooptación sobre las asociaciones de interés, la coerción sobre sus opositores y el consentimiento de sus electores.
A pesar de la gravitante disputa preelectoral al interior del partido político más importante de Bolivia en el siglo XXI, de acuerdo con el contexto socioeconómico el proceso de cambio es un sofisma.
