Haití de nuevo bajo intervención internacional

Renata de Melo Rosa
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Haití de nuevo bajo intervención internacional

Brasil asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado lunes, 2 de octubre. En el primer día laborable de su mandato, se aprobó la Resolución 2699 (2023), con la abstención de Rusia y China. Esta resolución autoriza el despliegue de un contingente militar de Kenia para apoyar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las bandas armadas que controlan los barrios de la capital, Puerto Príncipe, desde hace al menos dos años. Los ataques se intensificaron a finales de 2021 y se politizaron con el déficit democrático que generó el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de ese año.

Es lamentable que la diplomacia brasileña haya sometido a votación, en su primer día en la presidencia del Consejo de Seguridad, una resolución cuestionablemente realizada a instigación de la República Dominicana. Este país está construyendo un muro para detener el flujo de migrantes del país vecino e impide a los haitianos el acceso al agua del río Masacre, en la frontera entre Dajabón y Ouanaminthe, en su día escenario del mayor genocidio de la historia del Caribe en 1937, cuando más de 30.000 haitianos fueron cruelmente ejecutados por el gobierno dictatorial y racista de Trujillo.

La literatura sobre relaciones internacionales no tiene constancia del interés de Kenia por Haití. De repente, este interés fue sancionado en el Consejo de Seguridad con el apoyo de Jamaica y Guyana, todas ellas antiguas colonias o todavía colonias (en el caso de Jamaica que forma parte del Commonwealth y reconoce la autoridad de la monarquía británica) de Inglaterra. No logramos entender las directrices de la política exterior de Brasil: ¿por qué apoyar, someter a votación y votar a favor de una Resolución basada en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que autoriza el uso de la fuerza en territorio extranjero? ¿Dónde están los compromisos para proteger a los países afrodiaspóricos de la intervención armada? ¿Por qué no ser prudentes y votar a favor de una misión de observación basada en el Capítulo VI de la Carta de la ONU? ¿Cómo ayudará el envío de un contingente militar desde Kenia a la Policía Nacional de Haití, que ya cuenta con la cooperación de la policía mexicana? ¿Es este realmente el máximo esfuerzo que puede hacer Brasil al frente del Consejo de Seguridad? ¿Repetir los mismos errores del pasado, como cuando la diplomacia brasileña presionó para la aprobación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que permaneció en el país durante 14 años y agravó su fragilidad, es realmente un esfuerzo diplomático a favor de la Cooperación Sur-Sur?

Deploramos esta postura y esperamos una corrección de rumbo en la política bilateral Brasil-Haití. En lugar de acciones precipitadas en el Consejo de Seguridad, Brasil podría estar llevando a cabo diversas acciones bilaterales para reducir los niveles de violencia en Puerto Príncipe, podría estar ayudando a los migrantes haitianos que quieren ir a Brasil de forma antirracista y fortaleciendo el sistema de justicia en Haití, dado que la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), cuyo mandato duró dos años (de octubre de 2017 a octubre de 2019) y que sucedió a la MINUSTAH, no tuvo el compromiso suficiente para construir bases comunitarias a favor de la paz en el país.

Basándose en la cooperación técnica en el área de inteligencia y prevención de la expansión de la actividad de pandillas por medio de drones que ya existe entre la Policía Nacional de Haití y la Policía de México, Brasil podría ofrecer cooperación con el servicio de inteligencia e investigación de su Policía Civil, en sus atribuciones previstas en el artículo 144 de la Constitución Federal de 1988, en las áreas procesales relativas a investigaciones policiales y su remisión al poder judicial, con unos plazos procesales que garanticen el acceso al debido proceso legal para la investigación de crímenes contra la vida, asociados al fortalecimiento del sistema carcelario en Puerto Príncipe.

El gobierno brasileño también podría proponer al Consejo de Seguridad una inversión multilateral en la construcción de más prisiones de acuerdo con las especificaciones técnicas de accesibilidad, permeabilidad del suelo, confort bioclimático e impacto ambiental, siguiendo las Directrices Básicas de Brasil para la arquitectura penal, dado que las condiciones carcelarias en Haití violan los principios más elementales de los derechos humanos. Brasil también podría estar construyendo una política de diálogo sobre el destino final de los criminales de las bandas: juzgarlos, amnistiarlos o reasentarlos.

Brasil podría estar discutiendo estrategias de reasentamiento en el Consejo, teniendo en cuenta que, si los criminales de las bandas de Puerto Príncipe son juzgados fuera de Haití, considerando la inclinación por tomarse la justicia por su mano del movimiento Bwa Kale, no saldrán vivos del país en el período posterior al conflicto. También podría ayudar con las siguientes acciones: a) Solicitar al TSE la cooperación técnica con el CEP – Consejo Electoral Provisional de Haití para celebrar elecciones limpias y justas en el país lo antes posible; b) Proponer al gobierno de la República Dominicana la creación de viviendas de apoyo para los inmigrantes haitianos, con los recursos de la comunidad internacional; c) Facilitar la entrada de inmigrantes haitianos en territorio brasileño, eximiéndolos de la exigencia de visado; d) Relanzar el Programa CAPES Pro-Haití, destinado al intercambio de estudiantes haitianos a universidades públicas brasileñas, que se perdió en medio de la ruptura de gobierno en Brasil en 2016; f) Reforzar el aumento de plazas para estudiantes haitianos en los programas PEC-G y PEC-PG y exigir a la embajada de Brasil en Haití un Plan de Marketing para divulgar adecuadamente este programa entre los estudiantes haitianos interesados; g) Proponer la creación de una versión PROUNI-Haití para que las universidades privadas reciban a estudiantes haitianos; h) Dialogar con la Agencia Brasileña de Cooperación para presentar un nuevo Programa de Cooperación Sur-Sur de Brasil con Haití, basado en las demandas de la sociedad civil organizada haitiana.

La fragilidad de la segunda ola de gobiernos de izquierda en la región

Hugo Borsani
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La fragilidad de la segunda ola de gobiernos de izquierda en la región

Hace ya un par de años, la idea de una segunda ola de gobiernos de izquierda en América Latina parecía evidente. La vuelta al poder del MAS en Bolivia (2020), luego del confuso final del tercer gobierno de Evo Morales; la elección de Boric en Chile (2021) tras la violenta explosión social durante el segundo gobierno de Piñera en 2019; y la elección de Castillo en Perú (2021), precedida de cuatro presidentes y dos impeachments en un período de tan solo cuatro años; sumado a los gobiernos de López Obrador en México y de Fernández en Argentina, conformaron lo que para muchos representaba el inicio de un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda en la región. Pero dos años después y a pesar de la vuelta al poder de Lula en Brasil y del histórico triunfo de la izquierda colombiana con la elección de Gustavo Petro, ese nuevo ciclo muestra dificultad para consolidarse como movimiento regional.  

Este nuevo ciclo sigue estando lejos de la estabilidad y el alcance geográfico del primer ciclo de gobiernos de izquierda durante la primera década del siglo. Y al menos tres hechos constatan esta dificultad: el impeachment de Castillo en Perú; la derrota del proyecto de reforma constitucional chileno respaldado por el presidente Boric, que fue seguida por la elección de una nueva Asamblea Constituyente con mayoría de representantes de la oposición; y la evidente pérdida de apoyo popular del gobierno de Fernández en Argentina, confirmada con la caída al tercer puesto en las primarias de agosto pasado.

Mucho ya se ha escrito sobre la diferencia entre el contexto actual de incertidumbre económica internacional, en relación a la bonanza económica durante la primera década del siglo, gracias al alto precio de las commodities que mucho benefició a los gobiernos de la llamada “marea roja”. Esa diferencia, sumada a las múltiples crisis generadas a raíz de la pandemia del Covid-19, ha incidido en la dificultad, por parte de los nuevos gobiernos de izquierdas, para atender las demandas de los ciudadanos. Esto ha llevado a estos gobiernos, en parte, a sufrir una mayor fragilidad.

La visión de una segunda marea roja en América Latina resultó, al menos en el caso de algunos de los países mencionados, de una lectura simplificada de la complejidad de los sistemas políticos surgidos de las últimas elecciones. En Perú, dado el exiguo margen de diferencia en las elecciones presidenciales de 2021– menos de 50 mil votos–, y la falta de apoyo legislativo, difícilmente podía afirmarse que el país había girado a la izquierda con la elección de Castillo. Por el contrario, desde el primer día se sabía de la dificultad que tendría el nuevo presidente para conseguir apoyos para conducir el país y concluir su mandato, especialmente tomando en cuenta la inestabilidad política de Perú durante los cuatro años precedentes.

En el caso de Chile, la fragmentación del sistema político en la última elección tampoco justificaba la lectura de un giro político en el país. Recordemos que Boric fue el segundo candidato más votado en el primer turno de las elecciones, siendo superado por el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y que la alianza política del presidente electo consiguió poco más del 20% de los diputados.  

Sin embargo, el mismo argumento no puede aplicarse a todos los casos. El gobierno de Fernández, en Argentina, contaba, al inicio de su mandato, con el respaldo de casi la mitad de la Cámara de Diputados y la mayoría absoluta del Senado. Su desgaste político, excluidos los factores externos ya mencionados, puede ser atribuido, por lo tanto, a una gestión ineficiente, en particular en la conducción de la economía.

Pero la fragilidad política de los presidentes y la rápida pérdida de apoyo político no es una característica exclusiva de los nuevos gobiernos de izquierda. Esto afecta también a los gobiernos de derecha. La crisis política del gobierno de Lasso en Ecuador, que derivó en un llamado a elecciones generales anticipadas a solo dos años de iniciado el período de gobierno, es un ejemplo. De hecho, si hay un nueva ola o marea política en América Latina es la del aumento significativo de la fragmentación y la polarización política, lo que lleva a presidentes electos con márgenes muy reducidos (Castillo, Lasso, Lacalle Pou y Lula en su última elección) y/o a gobiernos electos sin contar con mayoría legislativa (los casos de Castillo y Lasso son los más emblemáticos).

En un contexto como el actual en América Latina, marcado por una alta polarización, esta configuración política dificulta la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios que garanticen un gobierno con una base relativamente amplia y que ofrezca estabilidad. Ya sean de derecha como de izquierda.

Elecciones en Argentina: una campaña que empodera a Milei y a Massa

Sandra Choroszczucha
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Elecciones en Argentina: una campaña que empodera a Milei y a Massa

A partir de una elección de tres tercios donde presenciamos un empate técnico en las últimas primarias nacionales entre la fuerza libertaria La Libertad Avanza (LLA) con 29,86% de los votos, Juntos por el Cambio (JxC) con el 28% y el oficialista Unión por la Patria (UP) con el 27,28%, surgieron una serie de preguntas ¿por qué el resultado? ¿Por qué las encuestas vuelven a fallar? ¿por qué La Libertad Avanza de Milei, de tercera fuerza escaló a primera? ¿por qué el kirchnerismo llegó al empate técnico cuando su candidato es el ministro de una economía cuasi hiperinflacionaria? o ¿por qué Juntos por el Cambio, que viene siendo la oposición organizada, obtuvo mucho menor apoyo del esperado en las elecciones en Argentina?

Un poco de memoria

Milei y Bullrich, los candidatos de la ultra derecha y derecha respectivamente, mantuvieron una excelente relación hasta las primarias del 13 de agosto. Han coincidido con frecuencia respecto a diversos temas como la defensa del libre mercado, la desaprobación de las regulaciones estatales, sobre la necesidad de políticas más duras para combatir el delito o poner freno a las protestas en las calles, incluso se han invitado mutuamente para formar parte de un mismo espacio.

Pero tras las elecciones primarias se develó, sorpresivamente, que Milei, quien individualmente obtuvo 29,86% de apoyo, frente a Bullrich que obtuvo 16,81% y Massa 21,43%, cuenta con altas chances de llegar a ser el futuro presidente. A partir de entonces, Milei comenzó a tomar distancia de Patricia Bullrich y a deslegitimarla como líder de la oposición organizada desde 2015.

Milei, quien se expresa mayormente a través de redes sociales, ha manifestado con la violencia que lo caracteriza, que Patricia Bullrich es “una montonera, tira bombas y peronista”, apelando al pasado de la líder de JxC, quien militaba en el peronismo y era guerrillera en su juventud. Milei también señala a Bullrich como “casta”, asimilándola al resto de los políticos y especialmente asimilándola al kirchnerismo. Pero si bien la descalifica, no parece confrontarla sino, contrariamente, parece querer restarle importancia para posicionarse como la verdadera oposición al kirchnerismo.

Las estrategias de los tres candidatos de cara al 22 de octubre

Si bien las elecciones internas dejaron en claro que triunfaron los extremistas (el reaccionario Javier Milei de LLA fue el que más votos obtuvo; la dura de JxC, Patricia Bullrich, le ganó al blando de Rodríguez Larreta; Sergio Massa versión ultra kirchnerista de UP logró una alta performance), siguiendo la lógica electoralista de todos los tiempos, podríamos suponer que las fuerzas centrípetas operarán en una contienda general. En ese marco, Juntos por el Cambio, desde la más sensata moderación post elecciones primarias, podría atraer electorado de ambos extremos y acrecentar sus chances de ganar.

Bajo esta posible premisa, la fuerza libertaria LLA, que desde las primarias se percibe ganadora, parece deducir que sería más sencillo ganar en un ballotage al oficialista UP. Mientras que UP deduce que sería más sencillo ganar en un ballotage a LLA. Y así venimos observando una situación post primarias en el cual Milei y Massa se empeñan en demostrar, ante la opinión pública, que son quienes representan dos modelos bien confrontados de gobierno y de país. Esto se manifiesta en los diversos discursos y en redes sociales. Y así presenciamos una suerte de ping pong electoral, donde Bullrich parece ser una mera observadora.

En el debate vicepresidencial celebrado el 20 de septiembre pudimos constatar como la libertaria Victoria Villarruel, que acompaña la fórmula de Milei, y el candidato a la vicepresidencia que acompaña la fórmula a Massa, Agustín Rossi, eligieron confrontar mutuamente. Durante el debate, bajo una estrategia polarizadora, iban y venían insolencias de todo calibre que parecen estar dando buenos resultados electorales en Argentina.

JxC, por su parte, se limita a reprobar mínimamente las violentas exposiciones del libertario Javier Milei contra la coalición y dedica la mayoría de sus energías a confrontar con el kirchnerismo. Y así Bullrich repite, una y otra vez, que viene “a terminar con el kirchnerismo para siempre”. En un spot reciente, Bullrich aparece exhibiendo una maqueta de un proyecto de una mega cárcel de máxima seguridad (al estilo de la construida por Bukele en El Salvador) como queriendo disputarle el monopolio de “la mano dura” a Milei; pero nuevamente predomina la confrontación con el kirchnerismo, cuando nos muestra que el nombre del penal sería “Dra. Cristina Fernández de Kirchner” (en alusión a la condena en primera instancia que tuvo la actual vicepresidenta).

En el ya mencionado debate vicepresidencial, el candidato que acompaña a Bullrich, Luis Petri, se limitó a reprobar en un par de ocasiones a Milei para dedicarse el resto del debate a enfatizar que “sin eufemismos para terminar con la inflación primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza y de poner palos a los que producen en este país”.

Bullrich elige una y otra vez polarizar con Massa, porque, bajo el supuesto (reafirmado por los resultados de las continuas encuestas que tanto se equivocan) de que La Libertad Avanza mantiene la delantera, JxC y el oficialista UP se estarían enfocando para disputar el segundo lugar, para llegar a la segunda vuelta electoral.

Democracias híbridas y autocracias de audiencias 

Sebastián Godínez Rivera
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Democracias híbridas y autocracias de audiencias 

Desde el surgimiento de las sociedades como las conocemos, los dirigentes políticos han recurrido al populismo. El subcontinente ha visto varios liderazgos carismáticos como Getulio Vargas y Joao Goulart en Brasil, Juan Domingo Perón y los Kirchner en Argentina o Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos o Andrés Manuel López Obrador en México. 

En los albores de la democratización en los años noventa del siglo pasado la región presenció una metamorfosis de los liderazgos y también de la democracia. Sería incorrecto negar la existencia del populismo desde hace siglos, antes se lo concebía como forma para acceder al poder, pero ahora se ha vuelto en una técnica para conservarlo. Esto no ocurrió por generación espontánea, sino que se dio cuando la democracia liberal se transformó en democracia de audiencias. 

De acuerdo con el politólogo Bernard Manin, la democracia de audiencias se entiende como el modelo en el que los partidos y agenda de gobierno son relegados a un segundo término, pero la candidatura que contiende por un cargo adquiere relevancia por su estridencia política. Este fenómeno surge a partir de la liberalización económica y la masificación de los medios de comunicación, inclusive Giovanni Sartori lo llamó la sociedad teledirigida en su libro Homo Videns, donde explica cómo la democracia adquiere similitudes con los programas televisivos. 

América Latina ha sido testigo de gobiernos que ejercen el poder a través del populismo para mantener la aprobación y el respaldo e incluso señalar a adversarios políticos. México es uno de los mejores ejemplos, un presidente que diariamente realiza conferencias matutinas para fijar la discusión en la opinión pública. Sus simpatizantes creen dogmáticamente lo que el ejecutivo declara en su conferencia e incluso a la luz de los datos, la realidad o los hechos si esta les es adversa, la niegan o descalifican. 

Incluso la oposición al gobierno de López Obrador está marcada por la retórica presidencial, ya que se han dedicado a lo largo del sexenio a solo responder los dichos presidenciales, cosa que les ha dificultado la construcción de un discurso propio. Asimismo, la imagen que ha creado el presidente sobre los opositores hace que sus simpatizantes construyan el perfil o la idea de lo que es un conservador o un fifí, de acuerdo a la visión lopezobradorista. 

Otro país que ha mezclado el modelo de audiencias con el populismo gubernamental es El Salvador. El caso Bukele es interesante, ya que es un mandatario joven, con amplia aprobación y que utiliza las redes sociales y medios de comunicación tradicionales como altavoces de su gobierno. El mandatario publica en Twitter todo lo que hace y ha llegado al extremo de convocar manifestaciones a través de la red social. Así logró que en 2020 la sociedad se manifestara al exterior de la Asamblea Nacional y presionara para que se aprobara su plan de seguridad. 

En el modelo de audiencias el líder político asume el rol de emisor y sus seguidores son los receptores. A pesar de que Manin se refiere a las democracias de audiencias, en Latinoamérica también concibo un nuevo modelo que desde mi óptica puede denominarse autocracias de audiencias. La autocracia es la deformación de un régimen político que se moldea a la imagen y semejanza de un líder; estos tienden a no ser democráticos y se sostienen a través de tintes populistas, en algunos casos. 

Hago mención de este concepto debido a que hay países que han dejado de ser democracias si se habla de la consistencia del concepto y este se reduce al ámbito electoral. La Venezuela chavista (1999-2013) transitó de una democracia liberal a una autocracia de audiencias. En ese entonces Hugo Chávez apostó por los programas de radio y televisión; sus apariciones contando chistes, cantando o ejercitándose fueron técnicas que encantaron a sus simpatizantes y seguidores. 

Chávez no solo fue el presidente; fue el cantante, el conductor de radio, el beisbolista, pero también se convirtió en un ser omnipresente de Venezuela. Esto puede identificarse en su promocional “Ya no me pertenezco, Chávez es un pueblo”, en el cual él personificaba al pueblo en su totalidad. Tras su deceso en 2013 y el ascenso de Nicolás Maduro, se continuó con esta técnica. El presidente se ha vuelto tendencia por sus dichos, como su declaración sobre el pájaro en forma de Chávez que le habló hasta sus eventos donde baila todo tipo de música, juega béisbol o toca instrumentos musicales. 

El objetivo es mostrar simpatía y cercanía con la gente. No necesita solo trabajar en una oficina hermética sino que debe mostrar que también es un ser de carne y hueso. El populismo sedujo a una parte de la ciudadanía, pero también fue la estrategia para avalar la construcción de la autocracia. Se redujeron las libertades políticas, el Estado se volvió omnipresente y la polarización se volvió parte de la vida diaria.

Por último, otro país que funciona como una autocracia de audiencias es la Nicaragua de la pareja Ortega-Murillo. Este caso llevó más tiempo, pero desde el segundo mandato de Daniel Ortega, que inició en 2007, se realizó una producción profunda en el sentido televisivo de la palabra. Muchos recordaban al comandante vestido de verde olivo y grandes lentes, empero, cuando ganó otro mandato, comenzó a vestirse con ropa de civil y principalmente de color blanco para enviar un mensaje de paz.

Asimismo, el orteguismo no podría sostenerse sin el apoyo de la primera dama, coordinadora de Comunicación y hoy vicepresidenta Rosario Murillo. Ella ha sido la responsable de construir el mensaje, el escenario y el discurso ya no de la Revolución Sandinista, sino de los logros que ha traído y la necesidad de mantenerla. Las personas que comulgan con el orteguismo se sienten parte de la Historia y conciben la necesidad de defender a su país de cualquier amenaza. 

Como vemos en algunos ejemplos, los presidentes han optado por el modelo de audiencias, el cual es benéfico para su imagen y los temas de su interés. No se necesitan resultados en el ejercicio del poder cuando los presidentes logran imponer su realidad de país y los hechos. A pesar de que muchos sectores se ven atraídos por este modelo, no debemos olvidar que las agendas y propuestas deben tener un papel central en la vida democrática. 

Los problemas de las naciones se resuelven con medidas coherentes, técnicas y datos duros, no a través de bailes, descalificaciones y redes sociales. Se puede simpatizar con un personaje, pero la democracia y el pluralismo no puede reducirse a su voluntad o visión.

Un escenario político preocupante de cara a las elecciones en México

Ernesto Hernández Norzagaray
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Un escenario político preocupante de cara a las elecciones en México

México celebrará elecciones concurrentes el 2 de junio de 2024, y en ellas podrían votar aproximadamente 100 millones de mexicanos registrados en la lista nominal. Hasta el 31 de agosto había registrados 97.727.250 ciudadanos. En esa jornada se elegirá presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gobernadores y la jefatura de gobierno de la gran Ciudad de México. Asimismo, se renovarán los 32 Congresos locales y la mayoría de los ayuntamientos del país, lo que significa más de 20.000 cargos públicos en disputa electoral.

Actualmente hay dos campañas preelectorales de las ya coordinadoras nacionales: la de la coalición Juntos hacemos historia, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, que llevará como candidata a Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y la de la coalición Frente Amplio por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que impulsa como su candidata a la senadora Xóchilt Gálvez. Hay, además, seis aspirantes a candidatos presidenciales independientes que deberán conseguir el apoyo del 1% de la lista nominal para poder participar en la contienda por los votos.

En este proceso, hay un actor beligerante que es el crimen organizado y que todos los días da lo nota en diversos estados de la República con sus asaltos, incendios, extorsiones, secuestros, enfrentamientos, asesinatos y desafíos a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas autoridades se muestran incapaces de atajar su violencia, de manera que la escena pública está marcada por desplazamientos forzados, pueblos abandonados y temor ante lo inesperado.

Hay, recordemos, el antecedente de que los cárteles del crimen organizado en las elecciones intermedias de 2021 se metieron en los procesos electorales que se celebraron en los estados causando la muerte de casi un centenar de candidatos, militantes y operadores de todo el arco político, y es probable, que lo que hoy estamos viendo, sea el preámbulo de su intervención en los comicios de 2024.

La actuación de los cárteles está generando una atmósfera cargada de hechos convertidos en imágenes que producen temor en franjas de la sociedad y que se refleja hoy en muchos lugares en un cambio de las rutinas convencionales: prácticamente en esas regiones la vida social se acaba al caer la noche, por no hablar del tránsito por muchas carreteras y caminos del país.

Este escenario lleva a aquello de la teoría política acción racional que pone sobre la mesa los incentivos que tienen los ciudadanos para participar en una convocatoria pública, sea social o política, en condiciones de alto riesgo. La respuesta estaría en la matriz de “qué gano y qué pierdo si participo en ellas” (dilema del prisionero).

El temor, entonces, se convierte en un resorte que puede llevar a que el ciudadano se active para evitar un mayor deterioro de la vida pública y, con ello, pérdida de libertades de primera generación; o también está el ciudadano que decide simplemente no participar para no correr riesgos innecesarios.

Las dos hipótesis, no hay duda, estarán en juego la próxima primavera: habrá quien vea la participación como un deber cívico para defender las libertades, y también los otros, especialmente en aquellas regiones más castigadas por la violencia, en donde probablemente haya dificultades para, como antes, instalar las casillas electorales.

¿A cuál coalición le favorece una situación como la descrita? 

Va a depender de las preferencias de cada uno de los cárteles y de las zonas bajo su control. Está demostrado que su intervención en las elecciones está en clave de influir en las decisiones políticas, y en algunos casos conocidos, en el destino de las inversiones públicas donde han encontrado una forma de controlar el gasto de los ayuntamientos.

Los candidatos de la coalición Juntos haremos historia fueron los principales beneficiarios en los comicios de 2021, como lo demuestran sus triunfos apabullantes en los estados costeros, desde el sur chiapaneco hasta la frontera bajacaliforniana, además, del estratégico estado fronterizo de Tamaulipas. 

Y, aunque no hay seguridad de que esto vaya a repetirse, la atmósfera de violencia que precede a estas elecciones no favorece el optimismo sobre el freno que podrían imprimir las instituciones de la democracia mexicana, sobre todo si el principal organizador, que es el Instituto Nacional Electoral, está en entredicho cuando militantes de Morena empiezan a copar áreas estratégicas.

México va a unas elecciones altamente competitivas, y las coaliciones futuras han echado a andar estrategias para debilitar al adversario e ir así encuadrando a su electorado. Los sondeos de intención de voto favorecen hasta hoy a Claudia Sheinbaum, pero Xóchilt Gálvez, está a menos de diez puntos de distancia. 

Y eso sucede cuando el pasado 7 de septiembre el Consejo General del INE se instaló y oficialmente inició el proceso electoral 2023-24. Ahora vendrá la fase de las llamadas precampañas a partir del 5 de noviembre, aunque, habiendo definición de candidatas, prácticamente ya empezaron las campañas por la presidencia de la República con un entorno violento, humeante y sonoro que no augura un ejercicio en condiciones de normalidad democrática.

En las urnas, todo; por las armas, nada

Sebastián Godínez Rivera
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En las urnas, todo; por las armas, nada

Desde el surgimiento de la democracia liberal y su adopción como forma de gobierno, esta ha sufrido diferentes amenazas. En las últimas décadas no solo el autoritarismo y el populismo amenazan el pluralismo en distintas naciones, sino que también hay otra amenaza que está cobrando relevancia: el crimen organizado y la violencia. Ejemplo de ello son el reciente asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, las muertes de candidatos y operadores durante el proceso electoral en México de 2021 o la polarización que desembocó en la confrontación y homicidios de militantes en las elecciones de Brasil de 2022. Cada vez son más notorios estos hechos que sacuden las bases de la democracia.

Normalizar estos hechos no solo sería impulsar la deshumanización de las elecciones, sino también condenar la vida de la democracia. En el libro Posdemocracia, de Colin Crouch, sobre la crisis del sistema de comunicación política y la pérdida de civilidad en los procesos electorales, la autora afirma que la violencia es un aspecto que no pertenece al mundo democrático. Sin embargo, es innegable que hay poderes fácticos que la acechan como el crimen organizado, los grandes monopolios y los grupos de interés.

Específicamente en el contexto latinoamericano, los altos índices de violencia han hecho que la democracia comience a erosionarse. La falta de estrategias que garanticen la igualdad, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales han causado un descontento en la población. Esto ha sido aprovechado por las fuerzas del crimen para influir no solo económicamente, sino también para sembrar un clima de miedo y desconfianza. Este es uno de los síntomas que pueden determinarse en democracias enfermas, y probablemente sea el más preocupante.

Desde hace mucho tiempo la gente dejó a un lado las armas para resolver los principales conflictos a través de las urnas. Y si bien las sociedades no han estado exentas de retos, los problemas han sido resueltos, generalmente, por las vías legales. Sin embargo, en ciertos países se está optando por la violencia, la intimidación y las armas, lo cual no solo es una afrenta a la pluralidad, sino también a los Estados latinoamericanos que ya se encuentran debilitados.

La violencia electoral debe ser concebida como un subtipo de violencia política, la cual busca influir en favor o en contra de algún partido, perturbar la tranquilidad durante la celebración de los procesos o la pretensión de inhibir la participación ciudadana. A pesar de que el objetivo es truncar la civilidad democrática, esta tiene consecuencias mayores, ya que debilita la legitimidad de los ganadores y, en consecuencia, acarrea problemas de gobernabilidad y abre la puerta a cuestionamientos y especulaciones que lastiman la democracia.

Durante muchos años, la región presenció el derramamiento de sangre en el proceso de construcción de los Estados y sus instituciones. La igualdad política costó mucho, no surgió de las independencias latinoamericanas, sino que las luchas contra los grupos de poder, Estados oligárquicos y dictaduras fueron batallas libradas para conseguir la libertad política. Esto no se materializó sino hasta finales del siglo XX cuando las naciones latinoamericanas comenzaron a democratizarse. 

Sin embargo, nuestras democracias son acechadas diariamente por diferentes amenazas, y como ciudadanía tenemos el deber de defender la institucionalidad, participar en los asuntos públicos y votar. Mientras, el Estado debe garantizar la seguridad, ya que, con el tiempo, este flagelo puede tornarse irreversible.

Hace ya cuatro décadas que América Latina presenció la llegada de una ola democrática que refrescó a los sistemas políticos y bañó a sus instituciones de legitimidad. Ahora debemos evitar que nuestras naciones sean afectadas por una nueva ola que, a la inversa, las debilite hasta eliminarlas.

Cómo responde el tercer mandato de Lula a un mundo cambiado

Paulo Rebello
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Cómo responde el tercer mandato de Lula a un mundo cambiado

Desde que Luís Inácio Lula da Silva ganó las elecciones de 2022, y sobre todo desde el inicio de este tercer mandato, Brasil ha buscado recuperarse de una imagen internacional erosionada por la agenda limitada defendida por el entonces presidente Jair Bolsonaro. Además de agendas históricas como la integración latinoamericana y el principio de no intervención, el actual mandato del presidente Lula presenta respuestas diferentes a un mundo que ya no se entendía durante sus dos primeros mandatos (2003-2011).

A medida que se acerca el primer año de su nuevo mandato, Lula construye sus directrices de política exterior junto a figuras clave de sus gobiernos anteriores: Celso Amorim y Mauro Vieira, respectivamente asesor especial del presidente de la República y ministro de Asuntos Exteriores. En este marco, hay que entender la relación de su gobierno con la transformación del sistema multilateral guiada por la expansión de los BRICS, las relaciones con el G20 y el G77, así como su primera participación en este mandato durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La expansión de los BRICS

En primer lugar, como señaló Vieira, el consenso debe ser utilizado como norma principal dentro del bloque. Sin embargo, no hay que olvidar que los países con mayor potencial económico y político a veces tienen preferencia en el proceso de toma de decisiones. La disolución del poder regional, como en el caso de Brasil dentro de los BRICS, puede generar un coste político para los intereses del país a nivel multilateral. Esto puede verse en las relaciones con los países del Mercosur y su diálogo con la Unión Europea, aunque Brasil en particular esté comprometido con la finalización del acuerdo. 

Una disputa regional intra-bloque no significa que los mecanismos de consenso estén fallando, sino que el proceso de disolución del poder es una realidad. La búsqueda de consenso dependerá de la voluntad política y de aspectos de realpolitik y también del valioso soft power de Brasil para resolver posibles controversias. La misma lógica puede aplicarse a las relaciones entre Sudáfrica – Egipto – Etiopía, Irán – Arabia Saudí – Emiratos Árabes e India – China, siempre que se guarden las debidas proporciones. 

También hay aspectos económicos y políticos muy positivos. En 2024, el bloque representará aproximadamente el 46% de la población y el 36% del PIB, oponiéndose a los intereses del G7 y demostrando que está surgiendo una nueva forma en un mundo cada vez más multipolar. 

Otro punto sobre los BRICS que merece ser destacado es su enfoque en el equilibrio regional, su compromiso con las reformas del sistema de gobernanza global y el comercio a través de monedas locales. El equilibrio regional dentro de los BRICS es, sin embargo, un reflejo de la lógica geopolítica y geoeconómica de las regiones abarcadas. 

Relaciones con el G20

En el caso del G20, la diplomacia brasileña buscará centrarse en áreas en las que Brasil lidera o desempeña un papel fundamental: transición energética, inclusión social y desarrollo sostenible. Con la ampliación del BRICS, habrá un total de siete países miembros de los dos bloques, aumentando así la correlación de fuerzas, donde habrá mayor margen para tratar cuestiones internacionales. El G77 demuestra que Brasil también busca mantener el diálogo histórico con las naciones conocidas en la época como no alineadas, con un enfoque económico que busca el desarrollo común de las 135 naciones pertenecientes al bloque. 

La comprensión de la participación diplomática en los tres grupos demuestra el carácter multilateral de la diplomacia brasileña en el tratamiento de las cuestiones geopolíticas, comerciales y económicas. Aunque se haya dado prioridad a los BRICS durante el primer año de gobierno de Lula, se entiende que no hubo abandono de las agendas históricas del Partido de los Trabajadores, como la cooperación Sur-Sur, el diálogo con los actores globales y la construcción de un orden multipolar basado en el consenso. 

Discurso en la ONU

Por último, Lula se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez desde 2009. Junto a naciones como India y Japón, Brasil ha buscado reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano más importante del sistema. 

Entendiendo la ONU como el principal escenario de las relaciones internacionales, Lula presentó los principales avances y ambiciones de su política exterior, como la reforma del sistema de gobernanza global y el liderazgo de Brasil en el Sur Global. 

En 2009, Lula centró su discurso en tres grandes problemas que azotaban el mundo en aquel momento: la crisis económica, la falta de una gobernanza estable y democrática y el cambio climático.

Actualmente, el eje de la argumentación se centra en las desigualdades, tanto internas como externas, responsables directas de las sucesivas crisis por las que atraviesa el mundo. Al reiterar las posiciones históricas de la diplomacia brasileña, Lula no solo elevó y recuperó el estatus diplomático, sino que también presentó su liderazgo y alternativas para resolver los dilemas que la sociedad internacional viene enfrentando. 

Lula señaló los más variados conflictos en el mundo y reafirmó el compromiso de Brasil con la paz y el desarrollo sostenible. Reafirmó que es necesaria una reestructuración del sistema de gobernanza mundial, pues el orden existente ya no representa el carácter multilateral de las relaciones internacionales. 

Lula representa hoy el liderazgo más importante del Sur Global. Su posición en las organizaciones aquí presentadas representa un análisis de la estructura de la política exterior para los próximos años y trae consigo reflexiones de sus administraciones pasadas, el interés por resolver problemas relacionados con la desigualdad y los conflictos internacionales, a través de fórmulas basadas en las posiciones históricas de la diplomacia brasileña y los principios de no intervención y el proceso de mediación para la resolución pacífica de conflictos.

Paulo Cesar Rebello de Oliveira es analista político y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Investiga sobre política exterior brasileña, seguridad internacional y política comparada.

Financiamiento de una transición sostenible

Leonardo Stanley
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Financiamiento de una transición sostenible

Hace unos días se publicó el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2023, informe insignia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este año centrado en el financiamiento de una transición sostenible. 

El capítulo cuarto del citado informe analiza el papel de los bancos centrales y los supervisores financieros, y repasa los desafíos que el cambio climático impone a las autoridades monetarias en la actualidad. Al describir los instrumentos y políticas, el informe destaca las similitudes, aunque también plantea las diferencias, entre el Norte y el Sur.

Así y todo, las iniciativas introducidas por algunos bancos centrales de la región se alinean con el marco regulador internacional para la banca (Basilea III), donde el accionar contra la emergencia climática se limita a una mayor divulgación y transparencia de la información sobre emisiones. Algunos países también han comenzado a elaborar taxonomías verdes o sostenibles, cuyo objetivo es reducir los riesgos de la inestabilidad financiera derivados del cambio climático. 

Algunos casos evidencian el avance, muchas veces limitado, que existe en la región. 

En el caso de Chile, mientras que el Banco Central sigue sin mostrar grandes avances en materia de lineamientos ni medidas que obliguen a los bancos a distinguir su cartera de clientes (o exigir ratios de capital distinto según el destino de sus créditos), el regulador y supervisor financiero emitió en noviembre de 2021 la norma de carácter general nº 461, que incorpora puntos de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales de las entidades supervisadas, aplicable a entidades como bancos, compañías de seguros, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales de fondos y bolsas de valores.

A fin de moldear el sistema financiero a la nueva realidad, el gobierno de Costa Rica presentó el 23 de abril de 2023 el proyecto Alineando los Flujos Financieros del Sector Financiero con los Objetivos de Cambio Climático del Acuerdo de París, una iniciativa que pretende desarrollar una taxonomía de finanzas sostenibles para las entidades financieras operando en el país. El citado proyecto desarrollará un marco para mapear, cuantificar y divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima. 

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió destinar una porción de los activos de reserva que administra a inversiones y proyectos sustentables. En función de ello, ha invertido en un fondo nominado en dólares, administrado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), destinado a invertir en proyectos sostenibles.

Ambicionar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible supone considerar un esquema de financiamiento orientado al largo plazo. Por ello la necesidad de fijar lineamientos y taxonomías, políticas e instrumentos que permiten alcanzar las ambiciones. Pero para ello se requiere de consistencia. 

Lo anterior implica que los gobiernos no solo deberían diseñar políticas que traccionen el proceso de transición energética. También deberían evitar que sigan llegando fondos para financiar actividades que actúan como retardantes del proceso de transición mientras perpetúan una tecnología contaminante. Es necesario que las distintas políticas (monetaria, cambiaria, fiscal) resulten alineadas al proceso de transformación, para así garantizar una economía resiliente y baja en carbono.

Alinear significa escoger acciones, elegir entre opciones, asumir que la neutralidad en la toma de decisiones deja de ser viable. El rol de los ministerios de Hacienda, de los bancos centrales y de los supervisores financieros resulta fundamental para promover el conocimiento y la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático que pueden afectar la estabilidad financiera del sistema. Pero estas instituciones deben generar también las condiciones legales y regulatorias para establecer un cambio en el mercado financiero, para que así este canalice sus recursos hacia la transición energética, y no hacia la profundización del modelo carbono intensivo. La llegada de fondos asociados a proyectos verdes resulta poco significativa si el sector no renovable sigue acaparando la mayor parte del financiamiento.

Las mencionadas medidas se orientan a preservar el medioambiente tanto como a evitar una crisis financiera. 

En ciertos países la autoridad monetaria tiene algún grado de influencia sobre las decisiones de transición, al tiempo que los mercados de capitales pueden resultar un ámbito propicio para comercializar instrumentos financieros verdes. La situación es otra en países que exhiben sistemas financieros menos profundos; bajo estas circunstancias la capacidad de la política monetaria, o la regulación bancaria para influir en la transición, resulta escasa. 

El informe de la CEPAL hace referencia a un aporte de las economistas Silvia Miranda-Agrippino y Hélène Rey cuando destaca el limitado espacio que tienen los países emergentes y en desarrollo para aplicar políticas ante la creciente influencia del ciclo financiero. En un trabajo previo, Rey destacaba que el control de la cuenta de capital resulta la única alternativa a mano para ejercer política monetaria en el presente contexto

Esta última propuesta puede adaptarse al contexto de emergencia, donde la entrada de fondos afecta al proceso de transformación del sector energético. Estudios recientes evidencian el rol de la banca global en canalizar fondos hacia proyectos fósiles en distintas partes del mundo, arbitraje financiero que transfiere fondos desde países institucionalmente fuertes (en materia de legislación ambiental y climática) hacia países débiles. Este último grupo observa una regulación bancaria más laxa, que permite dicho arbitraje. Introducir algún tipo de encaje sobre los capitales que vienen a financiar la operatoria de la industria petrolera, tributo que asemeja a la tasa al carbono en los países desarrollados, equivaldría a ganar autonomía política. 

El control de los flujos de capital transfronterizos deviene una herramienta clave para prevenir el fondeo de la industria petrolera tanto como para reducir el riesgo financiero que conlleva la transición. Los fondos que entran al fisco se destinan a cubrir los riesgos que conlleva la operación petrolera. Otra sería la situación de los fondos que llegan para financiar nuevos proyectos de exploración, donde la autoridad pública debería fijar una tasa del 100% a los capitales entrantes para desincentivar el financiamiento y directamente prohibir la operatoria en aquellas áreas que resultan biodiversamente sensibles.
Lo anterior complementa el análisis del financiamiento de la transición que realiza el informe de la CEPAL, que se circunscribirse al marco de lo permitido pero omite evaluar otras herramientas y políticas que, en un contexto de emergencia climática, devienen imprescindibles. Como destaco en un documento reciente, publicado por la Fundación Carolina, introducir controles no significa volver a un esquema autárquico, sino priorizar una mirada estratégica en el momento de decidir qué capitales deberían receptarse, y cuáles evitarse. Tampoco se trata de copiar recetas, importar instituciones o fijar instrumentos de manera acrítica. La emergencia climática, ciertamente, obliga a replantear estrategias e instrumentos, y repensarlos según la particularidad del país en cuestión.

Dos mujeres a la carrera presidencial mexicana

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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Dos mujeres a la carrera presidencial mexicana

En 2018 México optó por un cambio de rumbo y Andrés Manuel López Obrador obtuvo de manera contundente la mayoría de los votos. Ya lo había intentado en 2006 y 2012; sin embargo, las condiciones de 2018 hicieron propicia la alternancia hacia un gobierno de izquierda. El agotamiento de las estructuras partidistas y la percepción generalizada de corrupción en el gobierno federal facilitaron que el discurso del candidato presidencial permeara en todas las capas sociales de México.

Los partidos de la oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), vieron mermado su capital político al disminuir drásticamente su presencia en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en una veintena de congresos locales y gubernaturas. La fuerza de López Obrador y sus partidos aliados alcanzó para cambiar de color el mapa político del país.

A partir del inicio de este gobierno no fue posible la convivencia entre fuerzas políticas, y la interlocución entre el ejecutivo y las demás expresiones resultó negativa porque elevó el discurso de polarización y generó el interés de entes externos a los partidos políticos para construir una opción competitiva para las elecciones intermedias de 2021. 

 Así, el PAN, el PRI y el PRD, a convocatoria de organizaciones de la sociedad civil, propiciaron acuerdos en los que pudieran concursar las diversas ideologías y que con el soporte de la ciudadanía no partidizada se encontraran en la capacidad de enfrentar a las fuerzas políticas en el poder, bajo un liderazgo presidencial presente.

Los resultados de esta alianza entre sociedad civil y partidos detonaron en recuperar espacios, como equilibrar la Cámara de Diputados y alcanzar algunas alcaldías de la Ciudad de México.

En un análisis aritmético, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2018 el Partido Morena y sus aliados, actualizados a las alianzas de 2023, obtuvieron en la elección de diputaciones el 48.35% de los votos y la oposición obtuvo el 42.20%, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) fue avalado por el 4.41% de la votación. Para 2021, la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo en su conjunto el 42.76% de respaldo y la suma del PAN, PRI y PRD consiguió el 39.61%, y en el caso de MC el 7.01% de los sufragios.

Ahora bien, después de las elecciones de 2021, se adelantó el inicio de la carrera presidencial. Una oposición dividida y que no ha logrado grandes triunfos, vaivenes de algunos partidos y serias críticas desde el poder generaron la percepción de que no habría competencia. Las propias encuestas preelectorales indicaban que el triunfo de cualquier candidatura impulsada desde Morena y aliados garantizaría la continuidad del proyecto denominado Cuarta Transformación. Sin embargo, en junio pasado la senadora Xóchitl Gálvez acudió al Palacio Nacional con la orden de un juez para ejercer su derecho de réplica por algunas declaraciones realizadas por el presidente López Obrador y que, a su juicio, se trataban de afirmaciones falsas. No obstante, un grupo de simpatizantes afines al oficialismo le impidieron el acceso a la conferencia de prensa matutina, generando expectativa y el posicionamiento de Gálvez, que le permitió atraer la atención de cara a la sucesión presidencial.

Fue así como organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil convocaron a los partidos PAN, PRI y PRD a iniciar el proceso de elecciones primarias y posicionarse en la construcción de una candidatura competitiva para las elecciones del 2 de junio de 2024. Se abre el proceso interno en el que, tomando en consideración las características inéditas sobre los tiempos adelantados, se determina el procedimiento para elegir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM). 

A través de un Comité Organizador (CO) integrado por personas expertas en materia electoral y representaciones de cada uno de los partidos, se convocó a la ciudadanía y a las militancias para encabezar los trabajos de la coordinación del FAM. A partir de conocer a las personas aspirantes, se convocó abiertamente a mostrar los apoyos respectivos a cada una de las opciones a través de una plataforma digital, que pretendía conocer que cada aspirante pudiese contar con al menos 150.000 apoyos verificados, dispersos en la mayor cantidad de entidades federativas. Así, podría determinarse una lista de aspirantes más cercana y someter a las cuatro opciones que superaran la etapa de los apoyos tanto a los foros ciudadanos y a una encuesta nacional y llegar a tres finalistas, las mismas personas que el 3 de septiembre se someterían a una consulta derivada de la lista que previamente había mostrado sus apoyos. De manera simultánea, el CO aplicaría dos encuestas y ponderaría sus resultados al número de apoyos del primer domingo de septiembre. 

Este complejo proceso, aseguran, blindaría la intromisión de intereses externos e incidir en la designación de la persona responsable del FAM. Al final, eran la priísta Beatriz Paredes Rangel, una política experimentada y de amplia trayectoria, y Xóchitl Gálvez Ruíz, una mujer de origen indígena que bajo las siglas del PAN y PRD ha ocupado el cargo de alcaldesa y senadora de la República y cuyo discurso disruptivo propició acaparar los reflectores de la opinión pública.

Finalmente, el PRI, partido al que pertenece la senadora Paredes, se pronunció por apoyar a Gálvez, situación que trajo como consecuencia la declinación de la aspirante priísta, erigiendo de facto a Xóchitl Gálvez como la virtual candidata de la oposición.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo ha destacado por su trayectoria académica y de liderazgo estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue jefa delegacional en Tlalpan y desde 2018 hasta hace unas semanas dirigió la Ciudad de México. Se le reconoce la cercanía orgánica con el presidente López Obrador y representa, según ella misma afirma, la continuidad de las políticas del gobierno actual.

Su proceso de designación fue realizado a través del conjunto de varias encuestas, donde, con el previo recorrido que hicieron por el país, las personas aspirantes de Morena, PT y PVEM pudieron posicionarse entre la militancia de sus fuerzas políticas. 

Desde este escenario puede observarse que México podría tener a la primera mujer como presidenta de la República, situación que debe destacarse. Hasta el momento las encuestas marcan una clara ventaja de la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y la pugna interna en Morena con el ex canciller Marcelo Ebrard pareciera no tener impacto en las preferencias. El movimiento de las encuestas podría verse destacado en la etapa de campañas, las alianzas estratégicas y los debates presidenciales, sin dejar de mencionar las campañas locales, que tienen su propia dinámica en el proceso electoral. 

México vivirá una de las elecciones más polarizadas, donde no serán suficientes las militancias de las fuerzas políticas, donde habrá que salir a la calle y ganar el voto de quienes se sientan ajenos a la política, donde se evalúe si se opta por la continuidad o bien si la oposición se muestra incluyente y logra captar la suficiente cantidad de votos para aspirar a ganar.

Comienza apenas de manera formal el proceso electoral; sin embargo, los dados están echados desde varias semanas atrás.

Las sociedades en crisis favorecen el extremismo y el suicidio entre los jóvenes

Rudá Ricci
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Las sociedades en crisis favorecen el extremismo y el suicidio entre los jóvenes

Coautores Luís Carlos Petry y André Bakker da Silveira

En Brasil, el mes de septiembre está dedicado a la prevención del suicidio. En un texto clásico sobre el tema, Émile Durkheim presenta una tipología del suicidio: egoísta, altruista y anómico. El suicidio egoísta se produce cuando el suicida ya no ve sentido a seguir viviendo porque está socialmente desintegrado. El suicidio altruista, por el contrario, implica a autores que se identifican tanto con su grupo que se sacrifican en defensa de causas colectivas.

Aunque este último ayuda a comprender el extremismo violento en las escuelas, creemos que es el suicidio anómico el que mejor puede sugerir una pista para entender el movimiento de ataque a las escuelas que involucra a una parte de los jóvenes y adolescentes brasileños. La anomia, o ausencia de normas, es característica de las sociedades en crisis. El código moral se pierde en circunstancias de profunda incertidumbre.

Sufrimiento mental

Hay registros que indican que el 20% de nuestros jóvenes se autolesionan, según el Hospital das Clínicas de São Paulo y el Hospital Universitario de Brasilia. La automutilación es un índice de sufrimiento psicológico, en el que las personas intentan sustituir el dolor psicológico por el dolor físico.

Pero, ¿qué puede llevar a un joven a un sufrimiento psíquico de tal magnitud? Hay por lo menos tres factores psicosociales que contribuyen al sufrimiento infantil y adolescente contemporáneo que sustenta la anomia o desocialización aguda.

El primero es la reducción del tiempo y de la calidad de la vida familiar debido al aumento de la jornada laboral. Brasil registra cerca de 70.000 divorcios al año. Un estudio de Euromonitor International sugiere que las familias monoparentales crecerán un 128% entre 2000-2030. 

Gran parte de esta nueva dinámica social está relacionada con las crecientes exigencias del desempeño profesional, que restan tiempo a la vida familiar. Algunos estudios indican que la familia original va perdiendo terreno frente a la imaginaria «familia virtual» de las redes sociales, donde niños y adolescentes definen su vestimenta, sus valores e incluso su lenguaje.

El segundo factor de la angustia juvenil es la creciente demanda social de rendimiento. El filósofo Byung-Chul Han ha destacado una progresiva y perturbadora demanda social de rendimiento individual en todos los ámbitos de la vida (conocimiento científico, arte, amor, deporte). Dado que el horizonte de frustración es seguro, porque no hay forma de alcanzar el nivel de excelencia exigido, la inmensa mayoría acaba siendo rehén de las expectativas colectivas, que se convierten en presiones amenazadoras. El sujeto se convierte en rehén de su propia imaginación.

Por último, hay un número creciente de padres que no soportan la frustración ni la adversidad, creando progresivamente un ambiente de pánico y estrés cotidiano en sus hogares, exigiendo rendimiento y reconocimiento a sus hijos. Por otra parte, un simple síntoma de enfermedad es motivo de remisión urgente al servicio de urgencias más cercano. Ocurre que la madurez se diferencia del infantilismo precisamente por el autocontrol de las emociones inmediatas o latentes.

La frustración forma parte del aprendizaje humano y del desarrollo de la inteligencia intrapersonal. Sin embargo, debido al atomismo narcisista en el que se han sumergido la sociedad y las redes sociales desde principios del siglo XXI, la forma de responder a la frustración, el acoso y la impotencia se ha guiado cada vez más por acciones de anulación, represalia, agresividad y, finalmente, vulnerabilidad a las apelaciones para fomentar acciones autoritarias y extremistas.

La ideología del chantaje

Todo este complejo contexto parece contribuir a la falta de horizonte de sentido con la que parecen vivir algunos jóvenes. En un verdadero apego a un tipo de nihilismo no reflexivo, algunos niños, adolescentes y hombres frustrados con sus condiciones sociales, económicas y emocionales, incapaces de ver alguna posibilidad de cambio o esperanza para el futuro, buscan refugio con grupos misóginos que refuerzan sus sentimientos. No es casualidad que el término blackpill aparezca entre los partidarios de ideologías masculinistas que circulan por las redes sociales.

Según la organización estadounidense Anti-defamation League, blackpill forma parte de la ideología de la nueva extrema derecha y del movimiento incel -nombre de los grupos masculinistas que significan célibes involuntarios- y representa la percepción de que el «sistema» está demasiado arraigado para cambiarlo y de que no hay esperanza ni para uno mismo ni para la sociedad. ¿La razón de esta desilusión? La creencia de que ya no hay sitio para los hombres en el mundo actual, donde reina el privilegio de la mujer.

Ante el fatalismo de esta dura realidad, a los blackpillados (los que se adhieren a la ideología) sólo les quedan unas pocas opciones: rendirse y pudrirse, suicidarse o cometer un atentado extremista masivo y convertirse en mártir de la causa (de ahí la importancia de ser cuidadoso a la hora de dar publicidad a lo que ocurre). En algunos casos, el resultado esperado para el autor de un atentado en una escuela es ser abatido por las fuerzas de seguridad, lo que irónicamente se denomina «suicidio por un policía», que aportará más prestigio al autor y aumentará así la posibilidad de inspirar a otros a seguir sus pasos.

Este es sólo un ejemplo de la desmotivación que puede afectar a chicos y jóvenes y que, al igual que otras formas de radicalización hacia el extremismo violento, forma parte de la cultura de factores que empujan a los jóvenes hacia procesos de autolesión y daño a otros, especialmente a niñas y mujeres.

Por ello, construir posibilidades de vida y promover espacios de pertenencia que reconecten a las personas en experiencias compartidas, comunitarias y solidarias es una estrategia fundamental para prevenir la radicalización de los jóvenes, o incluso rescatarlos de la anomia y la atomización despersonalizadora que subyacen al suicidio social y colectivo que se extiende en nuestra sociedad.

En estos entornos emocionalmente inestables, nuestros jóvenes son vulnerables a los llamamientos autoritarios y violentos que se presentan como heroicos, como respuesta a la inestabilidad y la humillación cotidianas que son signos de esta atomización. Cerrar los ojos ante esta realidad significa desatender el futuro de las próximas generaciones. Mirarla, encontrar sus causas y trabajar para superarla es, ante todo, un compromiso ético, ciudadano y promotor de la democracia.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: unir a las personas para superar la violencia en las escuelas, organizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://apoia.se/reconectar_escolas

Luís Carlos Petry es psicoanalista y topólogo. Es profesor jubilado e investigador de la PUC-SP. Escribió el libro Fascismo de masas en colaboración con Rudá Ricci. Es colaborador del canal TV Cultiva en YouTube.

André Bakker da Silveira es director de investigación y proyectos del Instituto Aurora para la Educación en Derechos Humanos. Es máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y miembro titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.

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