Instagram y la cultura de la celebridad en las campañas políticas

Sergio Alvarado Vivas
-
0
Instagram y la cultura de la celebridad en las campañas políticas

Que las redes sociales han revolucionado la forma en que los políticos se comunican con los ciudadanos durante las campañas electorales no es sorpresa. De hecho, se asume que plataformas como Instagram, en la que la imagen y el contenido visual adquieren una relevancia sin precedentes, compiten y empequeñecen la influencia de la comunicación mediática monopolizada hasta hace poco por la televisión. Esa proyección, sin embargo, tiene mucho menos que ver con la conexión y movilización de electores a partir de afinidades programáticas, el carácter individual o los debates. Investigaciones recientes sobre el uso de Instagram en las campañas como la de Colombia en 2022 han revelado una creciente tendencia: políticos de distintas ideologías como Gustavo Petro (izquierda) y Rodolfo Hernández (derecha) adoptan actitudes que los acercan más a la cultura de la celebridad que a la de los embates ideológicos, persuasiones de ideas o moralidades particulares que estén vinculadas a los políticos tradicionales.

Esta tendencia no se limita a Colombia. Líderes como Jair Bolsonaro en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela también han utilizado Instagram para construir su imagen pública, priorizando, así, la espectacularidad y una estética artística provocativa o de fama y glamour inmediatista.

Bolsonaro, conocido por su estilo polémico y confrontativo, ha usado la plataforma para compartir mensajes incendiarios, a fin de alimentar su base de seguidores. Boric, el joven candidato progresista, ha empleado la red para mostrar su cercanía con los movimientos sociales y destacar su compromiso con la justicia social. Mientras Nicolás Maduro ha utilizado Instagram para difundir mensajes populistas y símbolos entre místicos y seductores de culto a la fuerza, al sacrificio armado y militante, pero apeando a una estética militar que glamouriza su régimen autoritario.

Esta instrumentalización de las redes sociales para ganar seguidores (particularmente en Instagram) tiene el paradójico efecto de estar sacrificando la construcción de una agenda mediática clara. En lugar de presentar propuestas y debatir sobre temas de relevancia política, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son el ejemplo de las transformaciones contemporáneas del marketing político, en el que se prioriza la exposición de su intimidad, como si fueran influencers en busca de likes y popularidad.

Petro, por ejemplo, se ha exhibido jugando fútbol, disfrutando de comidas en cocinas populares, portando atuendos típicos y compartiendo momentos familiares. Por su parte, Hernández centró su campaña en aparecer con figuras reconocidas como cantantes o presentadores de televisión y también buscó relacionar su imagen con la de su madre, e incluso con la afectividad o empatía que genera la vinculación con mascotas como un pato, para  acentuar su figura de político coloquial.

Estas actitudes de políticos plantean serios interrogantes sobre las implicaciones de esta transformación en las campañas políticas. En primer lugar, banalizan la noción de representatividad democrática anclada en la decisión electoral, pues nutre la construcción de una imagen superficial muy por encima de la presentación de propuestas sólidas y la discusión de temas trascendentales. Si bien es cierto que las redes sociales permiten una mayor cercanía entre los políticos y los ciudadanos, estos líderes deben ser capaces de crear un impacto real en la sociedad a través de sus acciones y políticas.

La estrategia de Petro y Hernández busca generar empatía con los votantes, desviándose de los puntos programáticos que también pueden resultar los que acarreen mayor confrontación, polarización y antagonismos, con el consiguiente riesgo para su popularidad. La preocupación de los máximos referentes políticos en mostrar su lado más humano y cotidiano, dejando en un segundo lugar el abordaje público y polémico de los desafíos y problemas reales que enfrenta la sociedad, puede terminar alimentando un vínculo superficial no solo con sus candidaturas, sino  con el orden político que buscan liderar, pero propulsando el escepticismo con la democracia.

¿Puede el ciudadano latinoamericano promedio, con sus limitaciones cognitivas e interpretativas, pensar que la imagen de un político jugando fútbol o posando con un pato brindará soluciones a sus déficits cotidianos y los problemas colectivos de educación, seguridad o economía?

La adopción de actitudes de celebridad por parte de los políticos genera una mayor identificación emocional entre los candidatos y los ciudadanos. Pero, por otro lado, existe un riesgo latente de que esta conexión emocional prevalezca sobre la evaluación crítica de las ideas y propuestas concretas de los políticos, banalizando el propio ritual electoral.

En lugar de analizar en profundidad las plataformas políticas y las posiciones ideológicas, los votantes podrían verse seducidos por la imagen de estos candidatos-celebridades. Cuando ello ocurre, a lo ancho del espectro ideológico, esos abordajes pasan a ser percibidos como una característica intrínseca del sistema u orden político imperante. En Colombia, Petro y Hernández representan distintas corrientes ideológicas, pero, a pesar de sus diferencias políticas, ambos terminan sucumbiendo a la tentación de la cultura celebrity. La búsqueda de popularidad y el afán de convertirse en figuras reconocidas parecen ser una constante en la política contemporánea, sin importar las creencias políticas.

Existe, pues, una necesidad de reflexionar sobre las implicaciones de Instagram y las redes sociales en las campañas políticas en Latinoamérica. Los votantes deben ser conscientes de los riesgos por la superficialización de la política y la sobrevaloración de su imagen sobre las propuestas concretas. La autenticidad y la responsabilidad política deben ser los pilares fundamentales en la comunicación política en cualquier plataforma.

Es fundamental encontrar un equilibrio que permita mostrar la humanidad de los políticos sin descuidar la importancia de su papel como dirigentes. Los ciudadanos deben exigir que los candidatos presenten propuestas sólidas y claras, más aún en tiempos de contienda electoral, que aborden los desafíos de la sociedad y que estén dispuestos a debatir con transparencia y apertura. ¿La política debería escenificar un concurso de popularidad o convertirse en un espacio para el análisis crítico, el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones?

En última instancia, la transformación de los políticos en celebridades puede tener consecuencias negativas para la calidad del debate político y la toma de decisiones fundamentadas. Es responsabilidad de los votantes y de la sociedad en su conjunto reflexionar sobre estas implicaciones y exigir una política basada en ideas y propuestas, más allá de la imagen. Solo de esta manera podremos fortalecer la democracia y fomentar un futuro político más comprometido con el bienestar colectivo en Latinoamérica.

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

El oficialismo se posiciona en el Estado de México de cara a las elecciones de 2024

Igor Vivero Ávila
-
0
El oficialismo se posiciona en el Estado de México de cara a las elecciones de 2024

Con los datos preliminares de las elecciones estatales del domingo 4 de junio, la candidatura común, encabezada por el partido Morena, ganó la gubernatura del Estado de México y derrotó a la alianza electoral PRI-PAN-PRD-NA por más de ocho puntos. Triunfar en el Estado de México, la entidad con la mayor cantidad de electores (12.7 millones) y donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado por más de 90 años, refuerza los éxitos de Morena, que ya cuenta con 23 entidades federativas. De esta manera, el oficialismo se posiciona como favorito para la elección del año que viene, cuando se renovará el poder Ejecutivo, el Legislativo federal, diferentes gubernaturas, Congresos locales y las presidencias municipales.

La elección del Estado de México fue una demostración de cómo los partidos políticos se saltan las normas y compiten por el poder dentro y fuera de los plazos legales. La competencia por la candidatura del Estado de México se inició abiertamente hace más de un año, fuera de cualquier plazo legal. Los candidatos que aspiraban a la gubernatura, profesionales de la política, se promocionaron con pintas de bardas, propagandas con sus imágenes y entrevistas en medios de comunicación, entre otros recursos.

Al no llamar al voto ni hablar de su verdadera aspiración, no hubo sanción de las autoridades electorales. Tampoco se tiene conocimiento de dónde salieron los recursos, ni hay un estimado de la cantidad de dinero utilizado para dichas promociones. Lo paradójico es que la legislación define los límites para las precampañas, en las que pueden participar los aspirantes a la candidatura, el límite del dinero que se puede gastar y el acceso a los medios de comunicación.

Para la elección, solo se habían registrado dos precandidaturas únicas, la que encabezaron, por un lado, Morena, junto con el PT y PVEM, y la opción del PRI y sus aliados. Los partidos dejaron la etapa de precampaña sin competencia interna; en cambio, toleraron las promociones de algunos de sus militantes fuera de los plazos legales.

Desde el inicio de las campañas, las diferentes mediciones de intención del voto marcaron una ventaja para la candidata de Morena, Delfina Gómez, sobre la candidata del PRI, Alejandra del Moral. El margen entre las encuestadoras varió desde un supuesto empate técnico con una diferencia del 3% hasta una ventaja de Morena de 30 puntos.

Los resultados de las encuestas fueron parte de la narrativa de la campaña. Sin embargo, hay tres datos que fueron consistentes en las mediciones. El deseo de cambio (alternancia), el rechazo a votar por el PRI, la valoración hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y la baja valoración del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Con esta información, las campañas fueron poco disruptivas, aun cuando se presentaron campañas negativas en las redes sociales. La candidata puntera, Delfina Gómez, se dedicó a administrar su ventaja, mientras que la candidata que ocupaba el segundo lugar, Alejandra del Moral, intentó sin éxito presentarse como un cambio al Gobierno y al partido al que pertenece. En los dos únicos debates realizados no hubo confrontaciones mayores, ni de sus propuestas ni de sus trayectorias políticas. Los partidos políticos y la autoridad electoral habían decidido que los debates fueran en formatos rígidos, en los que las candidatas se dedicaron a leer la mayoría de sus mensajes.

El resultado de la elección deja retos importantes para los partidos políticos. El PRI no ha llevado adelante, de momento, una autocrítica que le permita un diagnóstico de sus derrotas recientes. Tampoco se visualiza una ruta que le permita ser competitivo a corto y a mediano plazo. Los líderes prefieren llenar auditorios y culparse unos a otros antes que refundarse como partido político.

La alianza con sus anteriores adversarios políticos, el PAN y el PRD, no deja de ser coyuntural y electoral. Para Morena, el reto inmediato es conciliar el comienzo de un Gobierno diferente al PRI, a la par de la efervescencia política por las candidaturas de la elección del próximo año. Morena tiene una herencia de la izquierda política mexicana, el faccionalismo, que se traduce en una intensa lucha interna entre las diferentes corrientes que muchas veces prefieren perder la elección a apelar a la unión con facciones opuestas.

En política, es complicado ganar elecciones, pero, sobre todo, si se tiene adversarios dentro del propio partido.

La política exterior cubana en la “nueva Guerra Fría”

José Gabriel Barrenechea
-
0
La política exterior cubana en la “nueva Guerra Fría”

En el actual contexto internacional, ante la dirección del Estado cubano se abren tres posibles alternativas para la política exterior cubana: el alineamiento con Rusia y China; el no alineamiento y el alineamiento con Estados Unidos. Sin embargo, la tercera es la única realista.

Alineamiento con Rusia y China

Hay una diferencia entre los actuales poderes globales enfrentados a los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética: el pragmatismo en la defensa del interés nacional tuvo su importancia en la política exterior soviética, pero no fue lo determinante. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía una concepción política universalista, según la cual todos los humanos y todos los países, por las leyes históricas del desarrollo socioeconómico, avanzaban hacia un único destino común. Al pensarse a sí mismos como los más adelantados en ese camino, se sentían éticamente obligados con cualquiera que les pidiera ayuda para avanzar por él. No importa si el solicitante se encontraba dentro de su área de influencia o no.

Por el contrario, la China de hoy no antepone su supuesta visión ideológica universalista a sus intereses nacionales, interpretados desde estrictos criterios de rentabilidad económico-financiera. En cuanto a Rusia, su ideología es abiertamente el imperialismo. Las élites dirigentes de ambas superpotencias no le proponen ningún proyecto o destino común al resto de los seres humanos; solo buscan posicionarse a sí mismas en una jerarquía imperialista de poderes globales. En lo inmediato, lo que persiguen es un área de influencia que les sea respetada por los demás superpoderes; a la espera, por lo menos en el caso de China, de que en un futuro algo más distante pueda soñarse con la hegemonía planetaria.

Esperar, partiendo de Cuba, que Rusia o China mantengan una relación semejante a la que en su momento tuvo con la desaparecida Unión Soviética, es no entender la profunda diferencia entre esta multipolaridad y la que la precedió. No solo no se puede esperar lo mismo en cuanto a ayuda material, de know how o financiera, sino incluso en cuanto al apoyo político y militar.

Con mucha imaginación, Cuba solo podría esperar un apoyo semejante, de cualquiera de los dos superpoderes globales que desafían el poder hegemónico estadounidense durante el tiempo en el que este continúe negándose a aceptar la división del mundo en esferas de influencia. Una vez que Estados Unidos acepte esa división, se respetarán con religiosidad las áreas de influencia ajenas… y, sin duda, Cuba pertenece a la estadounidense.

Alinearse a Rusia o China no le garantiza nada a Cuba, ni siquiera a las élites poscastristas. Tarde o temprano las potencias negociarán con Washington para avanzar hacia un mundo dividido en tres áreas de influencia. De ese modo, a Cuba solo le queda ser el “patio trasero” de Estados Unidos.

El no alineamiento

La Guerra Fría se hizo en un contexto muy ideologizado, en el que los dos grandes centros de poder admitían los principios de convivencia internacional de Woodrow Wilson: la inviolabilidad de las fronteras y, al menos en teoría, la soberanía e independencia de los Estados dentro de ellas. En un final, eran, más que dos Estados en lucha por el poder mundial, dos concepciones de la sociedad y la economía que se disputaban entre sí el corazón y la voluntad de todos los humanos, a quienes, por lo tanto, se les debía permitir cierta capacidad de decisión.

El nuevo contexto de relaciones internacionales que propone abiertamente Moscú, pero también Pekín, es muy diferente. Es improbable que los superpoderes actuales vayan más allá en lo inmediato, hasta la eliminación de la independencia o a un masivo corrimiento de las fronteras. En primer lugar, por el peso de las tradiciones de respeto a la soberanía nacional heredadas del siglo XX, pero, sobre todo, porque tanto Rusia como China son unidades étnicamente muy homogéneas y con un gran interés en mantenerse así.

Sin embargo, dentro de sus áreas de influencia, o de lo que consideren como tal, ni esos superpoderes ni Estados Unidos serán tan permisivos como lo fueron las superpotencias de la anterior Guerra Fría. Estados como Brasil o la India mantendrán, sin duda, un fuerte grado de independencia, política y económica, pero ese no será el caso de los pequeños, como Cuba, Bielorrusia o Birmania, ubicados junto a las actuales superpotencias.

Hablamos del abandono del idealismo y de la vuelta al realismo político en las relaciones internacionales. Del retorno de la vieja política decimonónica en la que simplemente se intervenía de manera directa con base en un interés nacional que no se disfrazaba mediante declaraciones idealistas. Del regreso del derecho de la fuerza, sin fingimientos. Porque lo que proponen los actuales retadores de la hegemonía de los Estados Unidos, o incluso un sector importante dentro de la propia política americana, no es otra cosa que un acuerdo de división del mundo entre los fuertes, en el cual la opinión de los débiles no importa.

Y, en ese contexto, pensar que se pueda echar mano del no alineamiento, al menos para aquellos Estados que de manera evidente hacen parte del área estratégica de las grandes potencias, no es más que una ilusión.

En todo caso, que Cuba consiga o no llevar adelante una política de no alineamiento dependerá de la buena voluntad de Estados Unidos y de su determinación a mantenerse comprometido con los principios internacionales de Woodrow Wilson. Si Estados Unidos aceptara finalmente la idea de las zonas de influencia, la independencia de Cuba no sería más que una fantasía. Pero incluso si Estados Unidos se resistiera ante las tendencias de la época, la cercanía geográfica, pero también demográfica a Cuba, no le permitiría aceptar una Cuba no aliada.

Alineamiento con Estados Unidos

La realidad es que a Cuba solo le queda alinearse a Estados Unidos, e incluso no quedarse en un simple alineamiento diplomático, sino buscar acercarse económica o políticamente todo lo que sea posible.

La economía, la cultura, la demografía, su devenir histórico, todo empuja a Cuba a alinearse a Estados Unidos. Dicha tendencia es tan fuerte como para que exista la posibilidad de que el mismo régimen castrista, tras la desaparición de los últimos remanentes de la generación histórica, se deje arrastrar por ella.

El falso consenso: ¿cómo imponer el relato de la victoria electoral en Ecuador?

Gabriel Hidalgo Andrade
-
0
El falso consenso: ¿cómo imponer el relato de la victoria electoral en Ecuador?

En una polémica entrevista ofrecida al diario El País de España, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió en que volverá al país para expedir una nueva Constitución, reorganizar el Estado y anular sus juicios. Afirmó que tiene el capital electoral para regresar y ser presidente. Pocos días después, el martes 13 de junio, la presidenciable por el correísmo, Luisa González, inscribió su candidatura política en medio de arengas de “una sola vuelta”, en referencia a que ganará la elección sin pasar por el balotaje.

Todas las encuestadoras coinciden en que el correísmo goza de un apoyo que bordea el 25%, lo que algunos llaman “el voto duro del correísmo”. Paradójicamente, las mismas encuestadoras coinciden en que los márgenes de indecisión, a escasas dos semanas de las elecciones en Ecuador, tras la disolución del Congreso por parte del presidente Lasso, constantemente se mantienen en un 70%. ¿Cómo puede haber un voto disciplinado con un margen tan pequeño de electores decididos?

En este juego electoral, hay múltiples maniobras de persuasión que, puestas en blanco y negro, no son lo que dicen ser. Según estudios, a muchos electores les gusta ganar y, muy a menudo, apuestan por el ganador de las encuestas, por lo que generan un efecto de falso consenso. Pero ¿qué pasa cuando estas encuestas no reflejan la realidad?

Para Christopher J. Anderson, de la London School of Economics, y Andrew J. Lotempio, de la Universidad de Binghamton, en su estudio sobre la relación entre ganadores y confianza política, “Winning, Losing and Political Trust in America”, una votación no es solamente un acto de confianza, sino la intención de confiar en que ese alguien ganará la competencia.

Se ha demostrado que votar por el ganador tiene una influencia positiva en otras actitudes políticas, como en los sentimientos de receptividad hacia el Gobierno, la satisfacción con la democracia y la disposición de las personas a participar en el activismo político. Los votantes favorecen a cualquiera de las opciones posibles, con la intención de vincularse material o afectivamente con la oferta política que esperan ver ganar.

Anderson y Lotempio afirman que la experiencia de ganar o perder influye en cómo los votantes perciben el sistema político. Ganar o perder, y estar en la mayoría o en la minoría, son conceptos que la gente utiliza para comprender el entorno político y que afectan sus actitudes posteriores. Incluso, los votantes cambian de candidato cuando este no muestra posibilidades de ganar, y a este fenómeno se ha llamado “voto estratégico”.

La directora del Centro del Estudio de la Votación, las Elecciones y la Democracia, de la Universidad de Nuevo México, Lonna Rae Atkeson, dijo en su estudio “Sure, ¡I voted for the winner! Overreport of the Primary Vote for the Party Nominee in the National Election Studies” que es más probable que las personas voten por su segunda preferencia cuando perciben que su primera opción tiene pocas posibilidades de ganar. Este efecto está especialmente asociado a la categoría de “voto desperdiciado” o al deseo del elector de no malgastar su voto.

Según Rae Atkeson, los electores tienen tres opciones frente a una elección: un favorito, una segunda opción o la anulación/abstención. El elector siempre espera que su favorito sea el ganador. En la certeza de que el favorito no ganará, el elector cambia su decisión por el que cree ganador, a quien convierte en su segunda opción. Si no suceden las dos primeras posibilidades, el elector se abstiene de votar o anula su voto.

Para los expertos Vicki G. Morwitz y Carol Pluzinski, de la Universidad de Nueva York, la exposición de los votantes a las encuestas modifica las preferencias para los candidatos. Algunos estudios incluso denominan a este efecto de influencia de la opinión mayoritaria como el “efecto bandwagon” o “efecto de arrastre”.

Un sistema individual de ideas encuentra un estado de consistencia cognitiva cuando el votante promedio y el votante de las encuestas están de acuerdo. Esta coincidencia se llama error de falso consenso. Las encuestas brindan a los votantes información sobre cómo se siente el electorado acerca de quién debería ser presidente y, por lo tanto, funcionan como una restricción de la realidad en las expectativas de los votantes sobre el resultado de las elecciones. Entonces, cuando un elector se expone a esta información y se convence de que su candidato no ganará, podría cambiar de opinión para apostar por “el caballo ganador” en la competencia.  

Sin embargo, muchos votantes sobreestiman la probabilidad de victoria de su candidato preferido. Por ejemplo, según Morwitz y Pluzinski, durante la semana previa a las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992, el 68,9% de los partidarios de George Bush tenían la falsa creencia de que otros votantes compartían su apoyo a su candidato, lo que generaba un patrón de falso consenso que era lo que reflejaban las encuestas. Pero Bill Clinton ganó la elección.

Cuando los votantes están en un estado disonante o de indecisión antes de la exposición a las encuestas y cuando las encuestas confirman las expectativas sobre el resultado de la elección, muchos votantes cambian sus preferencias para ser coherentes tanto con sus expectativas como con la información de la encuesta. Es ahí donde se puede producir la manipulación.   

Cuando las encuestas se proporcionan a los votantes cuyas actitudes hacia los candidatos son cambiantes, pueden alterar sus actitudes y modificar el comportamiento de la votación. Dependiendo de la preferencia y las expectativas, Morwitz y Pluzinski aseguran que las encuestas pueden servir para reforzar las expectativas y actitudes existentes, alterar las expectativas de los votantes sobre quién ganará la elección o causar cambios en las actitudes hacia los candidatos.

¿El correísmo tiene el 25% de voto duro frente al 70% de indecisión? No lo tiene. Si se compara el 25% de preferencia con un margen de decisión de un 30%, el proporcional sería un 7,5% de “voto fiel”. Por el contrario, el 20% o el 25% que se le atribuye podría ser realmente su techo electoral si se compara esta cifra con los resultados de las más recientes elecciones municipales en Ecuador.

Los números son más categóricos que los relatos en la política. Insistir en el falso consenso de un voto duro es la estrategia de quien quiere mostrarse como ganador. ¿Funcionará esta maniobra narrativa?

El (anti)democrático Poder Judicial

Fernando Barrientos
-
0
El (anti)democrático Poder Judicial

¿Es el Poder Judicial el antídoto contra la tiranía de las mayorías o un obstáculo de la democracia? En los últimos años en América Latina se ha asistido a un lento y a veces inadvertido proceso de control ilegítimo de las cortes supremas por parte de los presidentes, como sucedió en Venezuela, El Salvador y en Nicaragua, o reformas institucionales que facilitan la designación de jueces leales al presidente en turno como sucedió en Bolivia y en Ecuador. Lo más preocupante es que las estrategias para deslegitimar y someter al Poder Judicial se hacen en nombre de la democracia.

En México están sucediendo una serie de episodios en los cuales poco a poco se ha tratado de disminuir el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional y poder de control del Legislativo y el Ejecutivo. El argumento más socorrido para atacar al Poder Judicial es que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena y sus partidos aliados fueron elegidos por una mayoría contundente, por lo cual no deberían existir obstáculos de ninguna clase para aplicar sus proyectos de gobierno independientemente de su constitucionalidad.

Los episodios de confrontación con el Poder Judicial han sobrepasado las arenas de la política institucional, han llegado a las calles y han generado virulentas reacciones en las redes sociales.

El Poder Judicial como poder contramayoritario en acción

La SCJN ha declarado inconstitucionales varias reformas legales impulsadas por López Obrador, Morena y sus partidos aliados, y es probable que lo haga con otras. En abril revocó el decreto que transfería la Guardia Nacional al Ejército, y en mayo, el que clasificaba las grandes obras del Gobierno como parte de la seguridad nacional por vulnerar el derecho de acceso a la información.

Frente a esta última, López Obrador emitió inmediatamente otro decreto con las mismas características como un desafío y desacato a la resolución de la SCJN. En mayo también intervino el conjunto de reformas, conocido como Plan B electoral, declarando inconstitucionales las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, y ha dejado en suspenso otras cuatro reformas a las leyes electorales vigentes y  ha impedido su aplicación.

Todas fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados por la vía rápida, sin deliberación y violando los procedimientos parlamentarios. Dichas reformas limitaban las facultades de las autoridades electorales y reducían su estructura mediante el argumento de ahorrar recursos (y poniendo en riesgo la organización de las elecciones). Días después, el gobernador del estado de Veracruz y funcionarios de su gobierno movilizaron a cientos de personas frente al edificio de la SCJN que llevaban ataúdes con nombres de algunos ministros, incluyendo su actual presidenta, Norma Piña, como una amenaza velada de muerte.

Si bien estas resoluciones de la SCJN han estado en el centro de la atención pública en la primera mitad del 2023, otras reformas impulsadas por Morena también fueron declaradas inconstitucionales en el año 2022, como la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) o que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuviera la facultad de disponer de datos biométricos de los usuarios y darlo a conocer sin el consentimiento de los titulares, solo por mencionar.

Es probable que también se declare como inconstitucionales la votación de 18 leyes, a razón de una cada 15 minutos, que se hizo el 28 de abril de este año, por parte de senadores de Morena y sus aliados en una sede alterna, y excluyendo deliberadamente a la oposición. Ante las acciones de la SCJN, el partido de gobierno, en lugar de reponer los procedimientos de forma democrática, con deliberación y con apego a las normas, ha replicado las descalificaciones del presidente y ha propuesto iniciativas de ley para que los miembros de la SCJN sean electos de manera directa por la ciudadanía, con el objetivo de controlarla y neutralizarla.

Dentro de la misma SCJN se ha creado un bloque de tres ministros que casi siempre votan a favor de las iniciativas presidenciales y del partido en el poder con argumentos absurdos como asegurar que el Ejército es una institución civil porque “su jefe es el presidente de la república” o que una decisión del Congreso no puede ser revocada por el Poder Judicial, salvo violaciones graves a la Constitución porque este no es electo por la vía del voto directo de la ciudadanía. Cuando miembros del Poder Judicial se pliegan convenientemente a la política del gobierno, entonces deslegitiman la función del mismo órgano.

La fragilidad del republicanismo democrático

Pocas veces se cuestiona la función del Poder Judicial y se ponen en duda sus facultades y legitimidad. Por ello, es necesario entender que el Poder Judicial desempeña un papel político dentro del Estado y no solo es intérprete de la ley. A diferencia de los legisladores u otras figuras políticas que deben justificar frente a la ciudadanía sus acciones y sus propuestas para ser votados, los miembros de los Poderes Judiciales trabajan en la opacidad. No se accede a las instituciones de justicia, salvo procedimientos que, por lo general, la ciudadanía desconoce; mantienen un sistema de acceso a la carrera judicial sumamente discrecional y sus miembros gozan de privilegios salariales; su lenguaje es criptográfico e ininteligible; sus acciones son difíciles de observar porque carecen de la fuerza del poder político.

Si a estas consideraciones les sumamos que en América Latina en general, y en México en particular, una de las principales demandas sociales es la justa impartición de justicia, pronta y expedita, y que precisamente se carece de ello en grandes proporciones, se entiende por qué tiende a ser fácil deslegitimar a este poder con cualquier argumento por muy inverosímil que suene. Pero estas consideraciones sobre el desconocimiento de su funcionamiento o la corrupción que pueden existir en su interior no deben ser la bandera para deslegitimar su función, porque esta misma tara aplicaría a cualquier institución política.

Hace casi dos siglos, Alexis de Tocqueville señalaba que el problema de las democracias era que podían caer en la tiranía de las mayorías, una fuerza incontrolable que puede ir en contra de sus propios derechos. De allí, la necesidad del poder judicial independiente y autónomo que obtiene su legitimidad del prestigio de sus miembros y de sus decisiones fundadas en razonamientos apegados a principios, reglas y leyes.

Las democracias requieren que sus élites políticas y ciudadanía tengan comportamientos que reflejen su compromiso con la democracia. Ante los procesos de erosión democrática, las supremas cortes de justicia y sus facultades como el control constitucional de las leyes son un medio para evitar este deterioro, por lo cual, más allá de las personas, deben ser defendidas de los embates autoritarios.

China, el próximo dueño del interruptor en América Latina

Paolo Benza
-
0
China, el próximo dueño del interruptor en América Latina

De todas las empresas que China compró, entera o parcialmente, en América Latina entre 2017 y 2021 (por 44.400 millones de dólares), el 71% son del sector eléctrico. La cifra, que habla por sí sola, le pertenece al Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston (BU). Y ojo: la diferencia con el interés que tuvieron las corporaciones del resto de los países por el rubro, que fue de solo 7%, es abismal.

La nueva apuesta de China en este lado del mundo es bastante clara: convertirse en el dueño de la luz. Una parte importante de ese camino ya ha sido pavimentada gracias a desembolsos multimillonarios, pues más que construir plantas o redes desde cero, los chinos prefieren entrar con activos consolidados. Para ello, han aprovechado los espacios que dejaron las empresas europeas —que ahora priorizan otros mercados— y el ocaso de firmas vinculadas al escándalo de corrupción Lava Jato.

Así, la potencia asiática ha convertido a sus compañías estatales en voraces compradoras. Según la base de datos de BU, China ha entrado al sector eléctrico chileno con diez operaciones de M & A; con otras diez, al mexicano; con tres, al peruano, y con nada menos que 112, al brasileño. Esto es únicamente en el negocio de generación (la gran mayoría son hidroeléctricas). Otra historia —una más reciente— se está escribiendo en el eslabón final de la cadena: la distribución.

El negocio eléctrico

La distribución eléctrica es, en términos sencillos, el negocio de conectar la luz al usuario final. Está a cargo de empresas que compran energía a las generadoras y luego cobran el recibo de los consumidores. En Chile, una estatal china compró hace tres años las operaciones de Chilquinta Distribución y luego, de la Compañía General de Electricidad (CGE), la principal empresa del sector en su país. Con ello, llegó a controlar más de la mitad del reparto en el mercado sureño. En Brasil, que tiene un potencial eléctrico gigantesco, se calcula que la participación china en transmisión y distribución ha avanzado hasta el 12%.

Pero lo que parece ser una estrategia aplicada como espejo en distintos países del continente llegó en Perú a su momento cumbre en abril. Allí, la estatal China Southern Power Grid anunció la compra de los activos de la italiana Enel Distribución, con lo que el 100% del reparto de electricidad de Lima Metropolitana (10 millones de habitantes) y más de la mitad del territorio del país quedarán en manos de firmas que controla el Partido Comunista chino (PCCh). El otro distribuidor de la capital peruana, Luz del Sur, pertenece a la también estatal china Yangtze Power desde 2019.

¿Qué hay detrás de ese “apetito energético”? Primero, una inteligente mirada financiera. En la mayoría de los países, el negocio de repartir electricidad a hogares y pequeñas empresas (lo que se conoce como mercado regulado) es rentable casi por naturaleza. No hay que competir por la venta final, porque las zonas de reparto están separadas, y el precio lo pone el organismo supervisor con la consigna de asegurarle un margen de beneficio a la compañía. Rara vez la gente consume menos electricidad que antes.

Apetito energético

Por eso, tiene todo el sentido el que los préstamos de Gobierno a Gobierno (la estrategia que China venía usando para ampliar su influencia en América Latina) hayan pasado a segundo plano frente a las inversiones directas en empresas eléctricas. Aquellos ofrecen un panorama de retorno más que dudoso. De hecho, muchos países del sur global están en riesgo de default y China es su primer acreedor. En cambio, en agosto del 2022, las acciones de compañías eléctricas en Perú eran una de las pocas alternativas de inversión financiera (4 de 267) que rendían más que la inflación. 

Pero las inversiones en electricidad no son moco de pavo. Para comprar una represa o una distribuidora se necesita mucho dinero, el que las estatales chinas han acumulado durante años de bonanza económica. El punto es que, tras pagos de diez cifras y en dólares, difícilmente estén dispuestas a solo sentarse a esperar que goteen las ganancias. En Perú, específicamente, asoman riesgos claros a mediano plazo. ¿Quién podrá decir no a una exigencia de la potencia asiática?

Cuando Yangtze Power compró Luz del Sur, el regulador peruano de la competencia, Indecopi, puso como condición que esa distribuidora no pueda comprar energía a generadoras vinculadas a su grupo económico sin una licitación supervisada. Esto, debido a que su matriz, la China Three Gorges, también es dueña de la tercera mayor hidroeléctrica del país (Chaglla) y de otras más pequeñas. Probablemente, Indecopi ponga una condición similar para la compra de Enel. ¿El detalle? Esta prohibición aplica solo hasta 2030.

Inversiones gigantes

Hasta entonces pasarán dos cosas: vencerán algunos acuerdos de suministro que tiene Luz del Sur con las generadoras para obtener la energía que reparte al mercado regulado y también los contratos de más de 1500 clientes libres con distintos proveedores de electricidad. En Perú, los clientes libres son empresas de fuerte consumo (mineras, cementeras, fábricas, malls, etc.) que no están obligadas a conectarse a la red general. Pueden comprar la energía, si les conviene, directamente a las generadoras.

A ello se suma que —como detalló la revista Semana Económica— Three Gorges y Yangtze Power tienen un fuerte plan a corto plazo para aumentar su capacidad de generación hasta triplicar su participación en ese segmento. Y se espera que grandes jugadores que compiten con ellos, como Kallpa, vendan y salgan del país. Se viene una reconfiguración en el sector y los chinos tienen las fichas bien posicionadas para aprovecharla. ¿Tienen una aspiración monopólica?

El gran riesgo es que, a partir del 2030, Luz del Sur les compre sin filtros a las hidroeléctricas chinas y, así, les cierre parte del mercado regulado a las demás generadoras. Si decide jugar en pared con la nueva dueña de Enel (cuya matriz, al final, la controla el mismo Gobierno), el cierre sería extremo. Ello les daría, además, una posición mucho más fuerte para “robar” los clientes libres. Podría, en el peor de los casos, desaparecer las fuentes de generación energética que no estén en manos chinas.

Actores del mercado eléctrico

Para evitar estos riesgos, que son graves, es que el mercado eléctrico se separa entre quienes producen la energía, quienes la transportan y quienes la conectan al usuario. La operación de empresas chinas, tanto en generación como en distribución, es algo que no se debió permitir desde el principio en Perú. Y hoy que Indecopi tiene la potestad de bloquear el que China Southern Power Grid adquiera Enel debería hacerlo.

Porque la realidad es que la planificación centralizada, con competencia “de mentiritas” y trato de favor hacia las empresas estatales, está en el ADN de las compañías públicas chinas. Si bien en su país no opera un sistema económico comunista en el sentido académico del término, al final del día las matrices y sus subsidiarias se alinean —porque son lo mismo— con la estrategia del PCCh. Y, tal como en siglos pasados corporaciones británicas y estadounidenses exportaron el capitalismo al mundo, es esperable que las firmas de la potencia asiática traten también de operar en América Latina con su propia lógica, estándares y prácticas.

En el fondo, el gran riesgo es terminar dándole el control casi total del interruptor de la luz a una potencia global, cuyas empresas estatales operan hoy como buques insignia de su modelo económico y de sus ambiciones geopolíticas. ¿Qué capacidad de negociación tendrán en un escenario como ese —que no parece tan lejano, si vemos al Perú como paradigma de la región— las instituciones de los países latinos para defender sus intereses nacionales o para plantarle cara a China?

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

Guatemala celebra unas elecciones fabricadas por el “sistema”

Rogelio Núñez
-
0
Guatemala celebra unas elecciones fabricadas por el “sistema”

Este domingo Guatemala celebra unas elecciones presidenciales decisivas para su propia historia como nación y que, a la vez, son estratégicas desde un punto de vista subregional. A escala interna, está en juego la pervivencia de un sistema que ha funcionado como una alianza informal, forjada por una heterogénea mezcla de intereses corporativos y una parte de la clase política. Estos han manejado los engranajes institucionales del país, con el objetivo de proteger sus intereses y evitar el acceso al poder de figuras que pusieran en peligro las bases del modelo. Esta alianza (informal) se creó para hacer frente a las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que estuvieron cerca de derribar el sistema cuando en 2015 un caso de corrupción acabó con el gobierno de Otto Pérez Molina.

Desde entonces, esta alianza, heterogénea y con múltiples intereses, a veces no concordantes, ha conseguido mantener su hegemonía. Esto se logró apoyando a candidatos que no pusieran en peligro su control, como Jimmy Morales entre 2016 y 2020, quien se encargó de eliminar la misión de la Cicig, que ponía en riesgo los intereses de los grupos dominantes, y Alejandro Giammattei entre 2020 y 2024.

Estos grupos han podido configurar una base de partidos que han dado sustento a los Gobiernos. Sobre todo, la Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres, y Valor, de Zury Ríos, dos fuerzas teóricamente rivales, pero que, en los hechos, han cogobernado el país con los diferentes oficialismos desde 2008.

Además, el control de las instituciones judiciales y electorales le ha permitido la exclusión en las elecciones a los candidatos amenazantes para el sistema, como Thelma Aldana en 2019 y Roberto Arzú, Thelma Cabrera y Carlos Pineda en 2023.

Así, el sistema ha conseguido que, para estos comicios de 2023, las dos candidatas prosistemas como Zury Ríos (hija del dictador Efraín Ríos Montt) y Sandra Torres (ex primera dama de Álvaro Colom y figura dominante en aquella administración) no tengan rivales antisistema como Arzú, Cabrera o Pineda. Solo deben enfrentar el ascenso de una figura como Edmond Mulet, que no pone en riesgo el control de los grupos de poder, más allá de sus propuestas de tinte más reformista.

Este 25 de junio se confirmará, en primer lugar, la preeminencia del voto de castigo al oficialismo. El partido Vamos, del presidente Giammattei, presenta como candidato a Manuel Conde, que acabará tercero o cuarto. Es toda una tradición guatemalteca que el partido oficialista no logre repetir victoria. Pero, si bien se trata de un voto de castigo al oficialismo, no lo es a la “alianza”, ya que la segunda vuelta enfrentará a Ríos y a Torres, o, en todo caso, a Mulet, frente a una de ellas.

Como siempre ha sucedido en Guatemala desde 1985, habrá segunda vuelta. Más aún, debido a la gran fragmentación política, ya que hay 22 candidatos presidenciales. Todo apunta a que Torres estará en esa segunda vuelta, dado que goza de un suelo electoral muy sólido. Pero, debido al rechazo que arrastra, que ya le impidió ganar en el balotaje de 2015 y 2019, quien se enfrente a la ex primera dama, probablemente se convertirá en el próximo mandatario.

A corto plazo, la gobernabilidad parece asegurada pese a que va a surgir un legislativo muy fragmentado. Ríos y Torres llevan cogobernando el país y forjando pactos clientelares con terceras fuerzas desde 2008. Y Mulet es un hombre que conoce el sistema, está en la política desde los noventa y se ha rodeado de figuras prosistema en su nuevo partido, Cabal.

Sin embargo, la gobernabilidad a medio y largo plazo se perfila más compleja. La institucionalidad (partidos, Congreso y, sobre todo, órganos judiciales) está herida de muerte en su legitimidad al haber sido cooptada por los intereses corporativos. Existe, sin duda, un gran malestar social que no ha podido canalizarse en esta campaña. Arzú trató de liderar la desafección, pero al quedar fuera, Carlos Pineda, un candidato malhablado, populachero, que se movía muy bien en las redes y un empresario hecho a sí mismo, se alzó con ese “voto bronca”. En un mes pasó del 10% a liderar las encuestas con entre el 25% y el 30% y a situarse como favorito para derrotar en la segunda vuelta a figuras que encarnan al sistema como Ríos y Torres.

Sacar a Pineda de la carrera electoral ha evitado a corto plazo el triunfo de un antisistema, pero ha dejado un pozo de frustración y un caladero de votos. Sobre todo, entre la creciente clase urbana y joven, que va a seguir buscando candidatos contrarios al establishment para la próxima elección.

Dada la deriva que atraviesa Centroamérica, lo que ocurra en Guatemala puede abonar los procesos que vive actualmente la subregión. América Central ha visto en el último quinquenio como emergía una dictadura (Nicaragua), el desliz de un régimen hacia métodos y prácticas autoritarias (El Salvador) y la penetración de un Estado por el narcotráfico hasta lo más elevado de la institucionalidad (Honduras), mientras que en los dos países de mayor desarrollo (Panamá y Costa Rica) se deterioran los pilares de sus modelos.

Si en Guatemala se consolida el actual sistema, que expertos como Daniel Haering tildan de “semidictadura corporativa”, el país cae en manos de un aspirante a Nayib Bukele o seguirá el camino de otras naciones centroamericanas hacia un fuerte y progresivo deterioro de sus instituciones democráticas, lo cual podría poner en peligro las libertades.

Inteligencia artificial: ¿deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?

Marcelo Halperín
-
0
Inteligencia artificial: ¿deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?

El último salto de la inteligencia artificial (IA) suele ilustrarse adjetivándola como IA “generativa”. Ya no se limita a un tipo de software o programación disponible mediante algoritmos, esto es, procedimientos lógicos que están orientados hacia la obtención de resultados a los que se llega recurriendo a estructuras secuenciales, selectivas, y que prevén ciclos de repetición. Ahora el software incorpora un salto “generativo”, es decir, una capacidad de aprendizaje que lo habilita para producir respuestas o instrucciones novedosas, más allá de las previstas.

¿Hasta dónde puede llegar semejante desacoplamiento? Abundan las conjeturas futuristas. Pero lo cierto es que, debido a la mencionada innovación, los dispositivos dotados de IA (potenciada por los ingentes avances en el desarrollo de la memoria y en la velocidad para el procesamiento de datos) pueden hacer contribuciones notables en innumerables áreas.

Simultáneamente, la IA generativa trae consigo serias amenazas en distintos órdenes. Hay numerosas investigaciones que argumentan la sustitución progresiva de actividades laborales en los más diversos sectores a manos de dispositivos automatizados.

Sin embargo, deben advertirse otros daños que afectarían a la población en general, aunque de manera más difusa e imperceptible. La IA, y más aún con su modalidad generativa, interviene sin necesidad de recurrir voluntariamente a ella, de modo que las personas pueden ser manipuladas por motivos tanto comerciales como de control social.

En una reciente carta abierta titulada “Pause Giant AI Experiments: An Open Letter”, reconocidos investigadores fueron lapidarios. “La IA avanzada podrá representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo” (…) “En los últimos meses los laboratorios de IA han entrado en una carrera fuera de control para desarrollar y aplicar mentes digitales cada vez más poderosas, sin que sus creadores las puedan entender, predecir o controlar de manera fiable…”. De ahí que los firmantes lleguen a formularse preguntas tan acuciantes como: “¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?”.

Ante tal nivel de incertidumbre, la carta reclama la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad, transparencia, robustez y confiabilidad de los sistemas de IA. Además, se propone a todos los laboratorios de IA que suspendan durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas más potentes que el GPT-4.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿alcanzarían los seis meses de suspensión para frenar la feroz carrera que vienen librando las corporaciones? ¿Y qué valores o finalidades altruistas se impondrían finalmente?

Difícilmente, prevalecerían tales valores o finalidades cuando en su propio quehacer muchos investigadores dan muestras de mesianismo tecnocrático. En el libro Infocracia, su autor, Byung-Chul Han, recuerda que Alex Pentland, exdirector del Human Dynamics Lab, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), escribió: “Si tuviéramos un ‘ojo divino’, una visión global, podríamos lograr una verdadera comprensión del funcionamiento de la sociedad y tomar medidas para resolver nuestros problemas”.

La UE señala el camino para una normativa multilateral

Debido a los riesgos que conlleva la IA, pareciera que se impondrá un orden disciplinario internacional, algo difícil teniendo en cuenta el carácter vertiginoso de las transformaciones tecnológicas. De ahí las alertas, pero también el enfoque prudente de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se “establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión”. El reglamento fue aprobado por el Parlamento el 14 de junio de 2023 y ahora se ha abierto la instancia de negociación con  los Estados miembros.

Al calificar a la IA según distintos niveles de riesgo y contemplando varias hipótesis de excepción y de transitoriedad, la iniciativa de la UE se plantea como ensayo germinal de una futura normativa multilateral o plurilateral en la materia.

Uno de los principales aspectos considerados por la UE y que merecería especial atención de los Gobiernos latinoamericanos es el funcionamiento global de la economía digital y que ahora cabalga sobre la IA generativa. Como es sabido, a partir de la producción y suministro de contenidos, los programas operan en red al funcionar y actualizarse, remitiendo a bases de datos a través de flujos transfronterizos que suelen ser administrados en la nube. Un reducido número de corporaciones transnacionales (big tech) tiende a concentrar el capital generado por estos negocios.

En consecuencia, la incipiente regulación de la UE toma debida nota sobre la posible localización extraterritorial de los proveedores. Así, el reglamento también se aplicará a proveedores y usuarios de sistemas de IA establecidos en un tercer país, cuando la información de salida sea usada en la UE.

Del mismo modo, los países en vías de desarrollo deberían proteger a los usuarios localizados en sus territorios frente a operaciones que hubieran sido prohibidas o restringidas a los proveedores de dichas ofertas tecnológicas en los países industrializados. Ahora bien, ¿cómo hacerlo?

Hasta tanto algún ordenamiento multilateral o plurilateral quede formalizado, parece abrirse una etapa de transición. En este tiempo las regulaciones nacionales o subregionales adoptadas por los países latinoamericanos tendrían que apuntar a concertaciones con Gobiernos de países industrializados. Esto se haría mediante acuerdos de reconocimiento mutuo sobre procedimientos de evaluación de conformidad a los reglamentos establecidos para operaciones de IA consideradas de alto riesgo.

De tal modo, se inhibirían las operaciones transfronterizas que pretendieran introducir en los mercados latinoamericanos proveedores de software de IA generativa cuando el nivel de riesgo fuese inadmisible en los países de origen.

No es suficiente con regular

Ya es posible imaginar cómo se traspasaría el umbral de los mecanismos de defensa psíquica frente a la digitalización de la mente humana (mind uploading) al articularse los contenidos mentales y los dispositivos digitales. En el mismo sentido, la nueva generación de la robótica procura integrar el comportamiento de las personas con las que interactúan los dispositivos mediante sensores, según experimentos de empresas como Embodied y Alphabet (matriz de Google).

Pero sin la pretensión de hurgar en el futuro próximo, habría que repasar lo que viene ocurriendo desde hace algunos años. La lógica digital tiene por objeto alinear las funciones cognoscitivas con el funcionamiento de los dispositivos digitales. Es decir, la mente de miles de millones de personas ya ha sido “digitalizada”, cercenando, con ello, el pensamiento lógico socrático y dialéctico y, por extensión, el pensamiento crítico.

No es novedad que el entrenamiento destinado a instalar la lógica digital está auspiciado por las mismas big tech en su carácter de proveedoras de contenidos. Su objetivo consiste en promover consumos masivos ejecutando programas concebidos desde plataformas virtuales que fijan opciones dicotómicas: aceptación o rechazo.

Las comunicaciones electrónicas forman parte del habla y, en tal sentido, cobra particular relevancia la relación asimétrica entre el usuario apremiado para definirse y cada opción que se le presenta frente al dispositivo. El experto en seguridad informática, Patrick Wardle, afirma en este sentido: “Siempre pienso en los teléfonos como nuestra alma digital”.

Cuando se aconseja poner mayor énfasis en las iniciativas educativas habría que advertir que ya no es cuestión de promover una mayor alfabetización digital, porque de eso se ocupan con eficiencia los proveedores de dispositivos y de contenidos. Se trata de concebir políticas educativas que promuevan el desarrollo del pensamiento lógico socrático y dialéctico y, por extensión, del pensamiento crítico.

En este punto, los Gobiernos latinoamericanos tienen por delante un desafío que no deberían soslayar.

AMLO camufla la elección interna oficialista

Ernesto Hernández Norzagaray
-
0
AMLO camufla la elección interna oficialista

El pasado 11 de junio, el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se reunió en la Ciudad de México para legitimar el mecanismo mediante el cual se elegirá al candidato a la Presidencia de la república en las elecciones que se celebrarán el 2 junio de 2024. El mecanismo aprobado es el de una encuesta nacional sobre la que no se ha dado información técnica (pregunta, muestra, estratos, medio). Eso sí, ya el oficialismo lo ha calificado de mecanismo “democrático”, aunque comprende singularidades que distan de serlo.

La primera obligación que tienen los aspirantes es separarse de sus cargos (incluyendo los de elección popular) para que el 16 de junio se presenten ante las instancias partidarias y firmen los compromisos que tienen que ver con el ideario de lo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ofrecido como Gobierno de “continuidad con cambio”.

Entre el 16 de junio y el 27 de agosto los aspirantes deberán recorrer el país para seguir dándose a conocer y promover el voto a su favor en la encuesta que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena habrá de hacer en septiembre. Esto, sin duda, es una campaña anticipada, ya que la fecha establecida constitucionalmente para el inicio de las campañas de las elecciones internas para todos los partidos es a finales de noviembre.

Aún más dudas generan el financiamiento de esta segunda fase de “precampaña” que parte en medio de eventos promocionales en todo el país, pero sin que se haya aclarado la procedencia del dinero invertido ante la autoridad correspondiente, lo que significa técnicamente desventajas entre los aspirantes.

En las resoluciones del Consejo Nacional de Morena se establecen unas reglas del juego que cada uno de los participantes deberá asumir para llegar a buen puerto a finales de agosto. Al menos tres de estas son discutibles desde el punto de vista democrático, ya que se reduce a los aspirantes a simples propagandistas de la llamada cuarta transformación.

En primer lugar, se evitarán los debates públicos y polémicas entre los aspirantes, cuando el debate es indispensable en todo ejercicio democrático. Otra de las reglas, quizás la más escandalosa, llama a evitar los “medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen”, es decir, los medios críticos, lo que resulta inaudito en clave democrática, dado el derecho a saber de los ciudadanos.  

Y, finalmente, otra de las medidas establece que después del 27 de agosto los candidatos deben suspender sus actividades y no pueden llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Es decir, los aspirantes a la candidatura no podrán confrontar entre sí, con el objetivo de que no se pueda desafiar al alfil del presidente, Claudia Sheinbaum.

A pesar de que se busca que la aspiración a la nominación presidencial no se traduzca en una lucha abierta, no están definidas las sanciones para quienes osen violar este proceso de promoción. Solo se menciona que quien así lo hiciere, “más allá de beneficiar a los aspirantes, les hará perder la confianza del pueblo”.

Durante el último tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de exponer públicamente a los cuatro aspirantes y de demostrar su respaldo. Y es que el presidente ha cubierto prácticamente todo el espacio político de su formación, y los aspirantes han estado a su sombra, de manera que sus capacidades y su visión de país ha quedado obnubilada por su narrativa preelectoral.

Dos de los candidatos ejercieron cargos electos que constitucionalmente son irrenunciables, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considerada el alfil del presidente, y el excoordinador de la facción morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Los otros dos candidatos ejercen cargos delegados, como el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Además, a último momento se han sumado a la lista de aspirantes, y por el lado de los aliados electorales, el senador y peso pesado del partido Verde, Manuel Velasco Coello, y el polémico diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quienes, para sostenerse, deben ser propuestos por sus partidos.

En definitiva, el mecanismo de consulta no se puede separar de lo que hasta ahora ha sido un proceso bajo control del presidente López Obrador, quien actúa como el “gran elector” de la interna morenista. Por ello, hay posibilidades de una ruptura, lo que significaría el fracaso del mecanismo aprobado por los consejeros morenistas y prevalecería la incertidumbre democrática.

Junio de 2013: la gran revuelta plebeya en Brasil

José Maurício Domingues
-
0
Junio de 2013: la gran revuelta plebeya en Brasil

Las gigantescas manifestaciones de junio de 2013 en Brasil cumplen 10 años y a muchos les cuesta entenderlas. Algunos, por interés propio y ceguera política, persisten en tesis absurdas sobre su apertura al fascismo y a supuestas guerras híbridas. Otros pretenden definir las bases de estas manifestaciones a partir de las clases sociales, en nuestro marxismo cotidiano, propugnado incluso por un buen número de analistas liberales. Otros señalan correctamente la pluralidad de puntos de vista y de reivindicaciones que estaban presentes en las redes sociales y en las calles. Por último, las movilizaciones populares antes y después de ese mes amplían el foco de análisis. Junio de 2013 fue, en efecto, muchas cosas. Lo que suele faltar es una interpretación política del fenómeno, uno de esos raros momentos de la historia en que las masas se ponen en movimiento de forma autónoma.

La democracia liberal es intrínsecamente un régimen mixto. Es democrática, pero también oligárquica. Algunos, en sus albores, quisieron concebirla como dirigida por una «aristocracia de espíritu» electiva. Otros subrayaron cómo una capa superior de políticos tendría la tarea de domar el carácter democrático del sistema. Inicialmente reacio a la democracia, el liberalismo se fue democratizando a lo largo del siglo XX. Paradójicamente, ello se produjo en gran medida a través de grandes organizaciones, partidos de masas, sindicatos y asociaciones, controlados por oligarquías internas, que sin embargo canalizaron el deseo popular de participación, apoyándose en el voto, pero más allá de él. Fuerzas sociales centrípetas, basadas en identidades tradicionales o en hechos materiales, ya sea la religión o la pertenencia a una clase obrera numerosa y concentrada, facilitaron la construcción de este tipo de organización.

Brasil participó en este proceso, en el que la democracia se democratizó sin perder sus elementos oligárquicos fundamentales. En el régimen post-militar, la democracia se profundizó, tardíamente en relación a otros países, evidenciando, por otro lado, un carácter mucho más oligárquico del sistema.

A partir de los años 70, se observa un fuerte retroceso del elemento democrático de la democracia, con la estatización de los partidos y un progresivo cierre del sistema político. También se fueron disolviendo las fuerzas centrípetas, con cambios en el mundo laboral que lo hicieron más fluido y la pluralización de las identidades sociales, religiosas, de género, etc. Las fuerzas centrífugas han pasado a predominar. Se perdió la conexión paradójica y virtuosa entre las grandes organizaciones y la participación popular. Los partidos y los políticos prestaron cada vez menos atención a la población, que se siente cada vez más excluida y ve cada vez más a los políticos como agentes interesados. Brasil siguió en la misma dirección, agravada por los problemas anteriores.

La de 2013 fue la gran revuelta plebeya de la historia brasileña. También fue simultánea a otras que estallaron en todo el mundo, poniendo al sistema político radicalmente en jaque. Este sistema fue luego consumido por luchas intestinas y tuvo que enfrentar el embate del poder judicial. Pero poco a poco se recuperó y creó mecanismos para bloquear cualquier amenaza a su reproducción. Se ha vuelto aún más oligárquico, como demuestra la apoteosis del «Centrão» fisiológico.

A pesar de sus características oligárquicas duras y excluyentes, en las que la parte dominante de la izquierda está profundamente imbricada desde hace mucho tiempo, aunque sea como el ala más débil, el sistema político brasileño es liberal democrático, con espacio para la participación y la influencia popular. El bolsonarismo, siguiendo el ejemplo de la dictadura militar, quiso mantener su núcleo oligárquico y combinarlo con la dictadura de un solo actor, apoyado por las Fuerzas Armadas. Fracasó, pero la amenaza de la desdemocratización pende sobre nosotros.

Corresponde a las fuerzas democráticas tomar conciencia de que sólo más democracia puede neutralizar las tendencias regresivas y la cizaña de la oligarquización. Por eso es tan importante mirar el legado de 2013 desde una perspectiva positiva. Para la oligarquía política ocurre, por supuesto, lo contrario. Sin embargo, sólo en su propio detrimento puede la izquierda rechazar la plebeyización de la política e ignorar la necesidad de reinventar las fuerzas de participación y su propia organización para abrir una vía más al proceso de democratización de la modernidad política. Tarea difícil, pero imprescindible.

1...139140141...266Página 140 de 266