La deriva reaccionaria en la derecha global

Los signos de un viraje global hacia políticas conservadoras, por derecha e izquierda iliberales, son cada vez más visibles. Se oponen al liberalismo (en su triple contenido de economía de mercado, Estado de derecho y poliarquía), pero también a la política progresista de la izquierda democrática. Amplias franjas de la ciudadanía mundial, incluyendo a los sectores populares, se ven hoy seducidos por liderazgos y discursos de derecha autoritaria, fundamentalista y xenófoba. Como ha señalado la historiadora Anne Applebaum en El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo: “La nueva derecha ha roto con el obsoleto conservadurismo con minúscula ―el conservadurismo burkeano―, sospechoso de cambiar rápidamente en todas sus formas. Aunque odia el término, la nueva derecha es más bolchevique que burkeana: son hombres y mujeres que quieren derrocar, sortear o socavar las instituciones existentes, destruir todo lo que existe”.


Las derechas con vocación autoritaria están abrazando formas políticas que mezclan la limitación de derechos e instituciones ―tradicionalmente ligados al modelo democrático― con variantes de capitalismo de acusados rasgos patrimonialistas y proteccionistas. John Keane, partiendo de la teoría política, y Bálint Magyar, partiendo de la política comparada, han caracterizado las nuevas alianzas de poder con estos grupos como “poligárquicos” al fusionar el liderazgo de un caudillo, sus redes familiares y empresarios que lucran con los contratos y recursos nacionales, administrados por el Estado.

Estas derechas, de giro reaccionario, reivindican una forma de hacer política que está enfrentada al consenso liberal. Postulan a un pueblo identificado con el arraigo, las periferias sociales y territoriales, las viejas identidades y costumbres, la lealtad a la familia, la comunidad y la patria. Manifiestan una crítica y una ruptura con el consenso de la derecha democrática en su dupla liberal-conservador, consolidada en la posguerra, en su forma desarrollada de Europa Occidental y sus variantes limitadas de EE. UU. y Latinoamérica.

La extensión de las políticas neoliberales desde los años ochenta erosionó dicho consenso. Pensadores identificados con el liberalismo, como Martin Wolf, autor de The crisis of democratic capitalism; José María Lassalle, y Francis Fukuyama, autor de El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales,  han denunciado que lo neoliberal conduce, a menudo, a una distorsión de los contenidos, metas y agendas amplias de un liberalismo integral, postulando una absolutización (o, al menos, preeminencia excesiva) de la búsqueda de la ganancia individual por delante de los otros derechos y libertades que constituyen integralmente la condición ciudadana. Luego, las crisis económicas ―sociopolíticas y culturales― de 1997 y 2008 amplificaron los cuestionamientos al modelo del individualismo posesivo.

Sobre ese trasfondo, el actual auge del populismo de derechas (expresión políticamente organizada, eficaz y activa de la derecha autoritaria) se vincula, en parte, con el debilitamiento de la vertiente liberal de los sectores conservadores. Pero no es el único factor por tomar en cuenta. En la historia de las derechas se encuentra una tradición que apela a las identidades étnicas particulares y a la política nativista que rechazan tanto al individualismo liberal como a los colectivismos universalistas. Otro factor que ha facilitado la irrupción del populismo de derecha es la aparición de nuevas “batallas culturales”, que tienen en las “redes sociales” online su campo inicial y recurrente de confrontación.

En estos populismos de derecha, la polarización se establece en términos horizontales entre los de “dentro” y los de “fuera” de la comunidad, haciendo énfasis en las diferencias entre el “pueblo”, entendido como un organismo homogéneo, frente al otro, “extraño”, “extranjero”, generalmente a partir de criterios culturales o religiosos. Su mensaje es social y culturalmente antipluralista. Al sujeto “pueblo” se le define y moviliza contra el extranjero, en defensa de una idea de comunidad homogénea que se presenta como amenazada desde fuera, incluso por quienes, distintos, conviven en el mismo espacio.

La ruptura de la “comunidad originaria”, desde la perspectiva de las derechas, ocurre por una supuesta penetración de agentes externos. En la medida que marca una creciente distancia con los sectores liberales, se impone un discurso contra las élites globalizadoras a las que tildan de “progresistas”. Los populistas de derecha tienden a separar a las élites políticas de las élites económicas, y su discurso de confrontación es fundamentalmente cultural, religioso o étnico, y político, oponiendo pueblo a élite, pero soslayando la confrontación económica, tan recurrente en la izquierda. Para estos movimientos, los enemigos recurrentes del “pueblo” son tanto la élite tecnocrática, etiquetada como amenaza a la soberanía democrática, como los inmigrantes, presentados como amenaza a la cultura tradicional.

La defensa de la comunidad tradicional en las derechas, reinventada o recreada, se sostiene no solo sobre el retorno a la comunidad nacional homogénea y armónica, donde las tradicionales jerarquías estaban aseguradas, sino que se constituyen contra la tolerancia a prácticas que consideran “desviadas” de la norma, y se movilizan contra el matrimonio de parejas del mismo sexo, o contra el feminismo. De esta manera, los populismos de derecha se oponen a los cambios culturales que se han dado en la sociedad occidental desde los años sesenta en lo que se refiere a tolerancia y diversidad sexual y cultural. Una vez que las derechas se desprenden de sus convicciones liberales, se legitima la confrontación contra la institucionalidad que garantiza el ejercicio de los derechos, sobre todo de las minorías.El populismo de derechas, como movimiento y agenda políticos, encuentra asidero intelectual en ciertas ideologías y mentalidades que emergen en las sociedades democráticas, y desafían el consenso liberal democrático. El libertarianismo radical (este ha catapultado a candidatos como Javier Milei e intelectuales como Agustín Laje, autor de La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha), el fundamentalismo evangélico (encuentra en predicadores de EE. UU. y Latinoamérica, tribunas para su difusión) y el etnonacionalismo iliberal y xenófobo (representado por intelectuales como Ben Shapiro, autor de The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great, y Ryszard Legutko, autor de The demon in democracy: totalitarian temptations in free societies, con epígonos criollos) delinean una alternativa que amenaza el consenso construido dentro de nuestras sociedades multiculturales, libres y democráticas.

Chile, entre extremos

Últimamente Chile ha tenido una vida política muy ajetreada y, sobre todo, contradictoria. A decir verdad, lo que está experimentando el país andino es el agotamiento de un modelo de convivencia que tiene raíces políticas e institucionales en la dictadura de Pinochet y su tránsito hacia la democracia. De hecho, en Chile nadie planteó la transición de un régimen autoritario hacia la democracia, sino que fue un accidente no previsto por el régimen dictatorial a raíz de la derrota inesperada de un plebiscito que creía que iba a ganar en 1989.

Fruto de lo expuesto, Chile aún hoy tiene una Constitución heredada del período autoritario, y un modelo económico ultraliberal en el que (entre otros muchos factores) la educación y la salud pública es “de pago” y la jubilación se gestiona por el mercado y, por tanto, una mujer cobra menos habiendo cotizado lo mismo que un hombre, porque tiene estadísticamente una esperanza de vida más larga.

Así, independientemente de quien haya gobernado desde 1990, el modelo heredado por el pinochetismo no se ha podido cambiar. Esta ha sido la raíz del descontento de muchos sectores de la ciudadanía (sobre todo de los más jóvenes) que han visto que la política institucional tenía muy poco margen para cambiar las cosas. Un descontento que estalló hace más de una década con la rebelión de los estudiantes de secundaria y que no paró de agravarse hasta el año 2019, cuando las protestas tomaron las calles de la capital. Fue entonces cuando el presidente conservador, Sebastián Piñera, prometió redactar una nueva Constitución.

Esta promesa fue una esperanza y un espejismo a la vez, porque mucha gente confirió al proceso constituyente resultados mágicos. Una especie de refundación del Estado y la sociedad chilena, sin tener en cuenta dos aspectos: que, mientras, se tenía que gestionar una realidad compleja en un contexto de crisis sanitaria y económica muy grave, y que la realidad de un país no se transforma a partir de la escritura de un documento, sino que solo se puede cambiar con voluntad política de muchos sectores.

Desde entonces han pasado, electoralmente hablando, muchas cosas: unas elecciones presidenciales en las que ganó el candidato de la izquierda Gabriel Boric, dos plebiscitos (uno para decir si se quería cambiar de Constitución y otro para rechazar un proyecto de Constitución) y dos elecciones para elegir a miembros de un consejo constituyente (un primero que ganó anchamente la izquierda y un último ―celebrado el pasado domingo 7 de mayo― en el que la extrema derecha tuvo una amplísima mayoría).

En poco más de dos años Chile ha pasado de ser la esperanza blanca de la izquierda alternativa (con un presidente joven formado en los movimientos sociales) a la amenaza autoritaria de la derecha radical de raíz trumpista y bolsonarista. Por eso, hoy muchos analistas se preguntan cómo elegir en 2021 una constituyente con mayoría absoluta de independientes de izquierda, y dos años más tarde, una constituyente nueva con una supermayoría de derechas, liderada por el Partido Republicano, de inspiración pinochetista.

Es obvio que la victoria de la extrema derecha está relacionada con una especie de estado de ánimo reaccionario que recorre el mundo, donde el descontento, la rabia y la frustración se canaliza en personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Giorgia Meloni. De hecho, el ganador de la última contienda electoral, José Antonio Kast, pertenece a esa familia ideológica y, que a pesar de su discurso “antipolítica”, ha ocupado cargos públicos desde 1996, siempre de la mano del partido conservador y tradicional UDI, y que su hermano y mentor fue ministro de Pinochet.

Pero más allá de esa oleada ideológica global, los resultados del 7 de mayo también están relacionados con que los temas de campaña más relevantes en estos comicios fueron los que habitualmente favorecen a la derecha: la inmigración, la seguridad y la inflación. La llegada, desde hace años, de inmigrantes venezolanos ha hecho que el discurso racista que apela al cierre de fronteras haya florecido. Asimismo, la preocupación creciente por el incremento de delitos (muchos vinculados a redes del narco) y el deterioro de la seguridad han supuesto la bienvenida del discurso de “mano dura” que siempre utiliza la derecha radical. Y el tema de la inflación y la carestía de la vida, fruto de una coyuntura internacional de recesión, ha erosionado al gobierno del presidente Boric.

Pero estos dos asuntos se retroalimentan con el marco institucional en el que se han llevado a cabo las elecciones. De acuerdo a la ley electoral, los 16 distritos que son muy pequeños y con una fórmula proporcional abierta ha supuesto la sobrerrepresentación de la derecha radical del Partido Republicano, que con un 35,6% del voto casi ha conseguido la mitad de la representación, mientras que las formaciones tradicionales de centro que se presentaron con la coalición Todo por Chile no obtuvieron ningún representante a pesar de haber conseguido el 10% del voto. A este formato institucional, además, se le añadió el mandato de “voto obligatorio”, lo que llevó a las urnas a un sector de la ciudadanía que habitualmente no vota y que, cuando lo hace, parece decantarse por el discurso populista de derecha.

Por otro lado, la izquierda tendrá que realizar una autocrítica, pues la culpa de la derrota no es solo responsabilidad del entorno ni de los poderes fácticos. A decir verdad, la anterior Asamblea, con una mayoría de miembros de la izquierda social, no tuvo la capacidad de gestionar el mandato anterior. El anterior proceso de redacción de una propuesta constitucional estuvo contaminado por una trágica combinación de maximalismo, sobreexposición mediática y, en cierta medida, de frivolidad. Un 20% de votos nulos y blancos el día 7 de mayo es la expresión del hartazgo que acumula un sector de los ciudadanos respecto a la labor de sus políticos.

Pero el proceso constituyente chileno no ha terminado. El Consejo Constituyente recién elegido deberá trabajar sobre un borrador de ley fundamental elaborado por un consejo de expertos compuesto por académicos. Finalmente, el pueblo chileno deberá volver a las urnas en diciembre, consensuado (o no) el nuevo borrador de Constitución, para decidir si lo acepta.

La paradoja de esta nueva coyuntura es que el presidente Boric ―tras conocer el resultado― ha sugerido a la derecha que no haga lo mismo que ellos en el anterior constituyente y que busque el consenso. Mientras, la formación de Kast, que no quería una nueva Constitución, tendrá que liderar la constituyente.

En cualquier caso, hay quienes asimilan estos resultados con el inicio de una etapa contrarrevolucionaria. Si las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 para escoger los convencionales de la primera asamblea constituyente y la victoria, el 19 de diciembre del mismo año, de Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales significaron una “primavera chilena”, los resultados de la última elección parecen mostrar el advenimiento del otoño. O, como diría un aficionado a los símiles históricos (y pensando en la Revolución francesa): en Chile se ha iniciado un proceso de cierre autoritario: ha comenzado la fase de “termidor”.

La creciente distancia ideacional entre América Latina y la Unión Europea

En la próxima cumbre con América Latina y el Caribe, la Unión Europea (UE) lanzará la Ruta 2023 como respuesta a la Franja y la Ruta de China y al plan de infraestructura, el 3BWorld, que propone EE. UU. a la región. Pero Bruselas difícilmente puede competir con las “rutas” que idearon China y EE. UU. para América Latina al haber perdido presencia desde la primera cumbre birregional en 1999, cuando la UE era el segundo socio comercial y su principal inversor y cooperante.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), apenas el 9,8% de las exportaciones latinoamericanas tienen como destino la UE en 2020-2021, lo cual implica un gran descenso desde la histórica segunda posición, bajando a la quinta tras EE. UU (42,5%), China (15,4%), América Latina (14,5%) y otros países de Asia (10,4%). Este mismo quinto puesto ocupa la UE como región de procedencia de las importaciones latinoamericanas.

Aunque el stock de capital extranjero en América Latina procede mayoritariamente de Europa, China está aumentando sus inversiones en la región y la UE las está bajando. Esto, debido a que como la mayoría de los países latinoamericanos pertenecen al grupo de países de renta media-alta, la UE ha reducido sus aportaciones al desarrollo en comparación con regiones como África o Asia.

La escasa presencia material de la UE en América Latina y el Caribe contrasta con su peso ideacional. La gran ventaja de la UE frente a China y Estados Unidos ha sido, hasta ahora, la comunidad de valores que pretendió crear, desde una perspectiva horizontal e interregional, con América Latina y el Caribe.

No obstante, la convergencia de valores también está en riesgo desde que ambas regiones se han visto inmersas en un nuevo juego geopolítico que exige un mayor realismo en sus proyecciones exteriores y que va en detrimento de principios liberales como la democracia, el desarrollo o la paz que inspiraron una asociación estratégica europeo-latinoamericana, que fue creada en 1999 en Río de Janeiro.

Desde el comienzo del diálogo en los ochenta, América Latina y la UE comparten la dependencia de EE. UU. y la búsqueda de una mayor autonomía en política exterior. Ambas regiones son actores fragmentados con una limitada capacidad decisoria e influencia internacional. A pesar de los grandes avances, la UE solo actúa con una sola voz en el ámbito comercial, y América Latina raras veces se presenta unida o adopta posiciones comunes en el escenario global.

A pesar de ello, el regionalismo ha sido exitoso como fórmula para buscar una posición internacional más independiente (de EE. UU.). Esto ha sido más complejo tras la invasión de Rusia en Ucrania, obligando a la región a posicionarse junto a EE. UU. y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o, por lo contrario, junto a los Brics y, con ello, a China y a Rusia. Esta polarización internacional obliga a América Latina y a la UE a pronunciarse a favor de uno u otro lado, sin buscar un enfrentamiento con China, que es el segundo socio comercial de ambas regiones. Este delicado equilibrio ha alterado la agenda europeo-latinoamericana: por un lado, causó un alejamiento mutuo y, por el otro, un menor compromiso para construir una comunidad de valores.

Si este proyecto estaba en construcción, a partir de la guerra en Ucrania ha comenzado a desarticularse por diferencias de fondo. Aunque solo cuatro países (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua) se abstuvieron en la votación de las Naciones Unidas para condenar la invasión de Rusia, las interpretaciones son divergentes. Brasil y México rechazaron las sanciones contra Rusia y el apoyo militar a Ucrania.

Las razones evidentes: las intervenciones militares de EE. UU. y la injerencia en asuntos internos creó una aversión casi unánime contra estas acciones unilaterales no consagradas por el Consejo de Seguridad. Otra razón es la creación de la zona de paz en América Latina. Un tercer motivo sería la lejanía geográfica, y un cuarto, la creciente cooperación con China que reclama neutralidad y presentó un plan de paz que algunos países apoyan.

Contrario a la lectura de que China sea solo un actor económico en la región, su ascenso también implicó una mayor afinidad política. Sudamérica, con Brasil a la cabeza, concentra sus relaciones económicas en China como efecto de los Brics y de la cooperación sur-sur que promueve el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otras cosas, para conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

La Cumbre Celac-China, prevista para 2024, afirmaría una creciente presencia e influencia política y cultural del país asiático en una región tradicionalmente dependiente de EE.UU. Desde 2006 se crearon institutos Confucio en 23 países latinoamericanos, y el presidente Xi Jinping realizó 13 visitas a la región. Cuba, Nicaragua y Venezuela (países sancionados por EE.UU.) han tenido como aliados principales a China y a Rusia.

Rusia mantiene estrechas relaciones con Cuba y Venezuela, pero, aparte del grupo de países “rebeldes”, Brasil, e incluso México, han demostrado cierta afinidad con China y mantienen relaciones con la Rusia de Vladímir Putin.

La estrecha cooperación entre Sudamérica y China contrasta con una visión mucho más distante por parte de la UE que mantiene el diálogo y la cooperación con China, país al que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tildado de “rival sistemático y competidor económico”, pero también como un socio de cooperación del que no hay que “desacoplarse”.

Esta relación ambigua contrasta con la abierta hostilidad entre la UE y Rusia, y las relaciones, antes calificadas de estratégicas, que merecieron dos cumbres anuales, están en un punto cero, pues han estado marcadas por las sanciones y la amenaza nuclear del presidente Putin frente a la OTAN.

Reconstruir el consenso en temas internacionales en los que antes existía una mayor convergencia sería un objetivo importante de la Cumbre UE-AL-Caribe en 2023. La guerra en Ucrania ha obligado a una lectura más “realista” de la política exterior de la UE que se evidenció en el reclamo de Josep Borrell de que la UE aprenda el juego del poder duro.

Del lado latinoamericano, la creación de los Brics y su desarrollo posterior en las últimas dos décadas han cambiado el posicionamiento geopolítico de la región que, por interdependencias económicas, asimétricas con China, y un mayor compromiso político con Rusia, ha supuesto un mayor distanciamiento de Europa y EE.UU. La comunidad de valores liberales continúa, pero se ha debilitado frente a los nuevos desafíos internacionales.

Reactivar el consenso en torno al poder blando y los valores liberales, reforzando el multilateralismo, la búsqueda de paz entre Ucrania y Rusia, el desarrollo sostenible o la creación de bloques regionales, es una necesidad para recuperar los fundamentos de las relaciones entre América Latina y Europa.

La cumbre de 2023 debería dar algunas respuestas a este desafío. Ello implica un cambio de perspectiva por parte de la UE que, en vez de percibir a América Latina como un asunto español o un receptor de fondos, debería darse cuenta del peso que suponen 33 países con los que se pueden construir consensos mucho más difíciles de alcanzar que con otras regiones.

Solo un diálogo más sincero que reconozca las diferencias e intente construir consensos puede evitar el declive de la tradicional afinidad de valores que marcaba la diferencia de América con otras regiones como África o Asia.

La desigualdad en educación superior no se acaba con la gratuidad

La educación superior en Chile ha experimentado un proceso de expansión durante las últimas décadas, duplicando su matrícula entre 1990 y 2020. La educación superior nunca había sido tan masiva y diversa como lo es en la actualidad: alberga cerca de 1.3 millones de estudiantes, en 132 instituciones vigentes, en donde 7 de cada 10 estudiantes corresponden a la primera generación de sus familias con acceso a la universidad. Si bien estas cifras muestran una historia de éxito, su contracara son los indicadores de permanencia y titulación. La tasa de deserción en el primer año bordea el 30%, la duración real de los programas excede entre 2 y 4 semestres su duración nominal (en promedio), y hoy se titulan 20% menos de estudiantes que antes de la pandemia.

Estos datos nos invitan a pensar en qué medidas las políticas públicas de expansión de la educación superior han sido efectivas en reducir la desigualdad en este nivel educativo. Chile ha sustentado la expansión de la educación superior sobre políticas públicas de financiamiento cuyo objetivo era debilitar (o eliminar) las barreras económicas de acceso y permanencia, relegando a otras limitantes a ser resultas a través del mérito y el esfuerzo personal. De esta manera, con la reforma de 1981, se buscó aumentar la oferta de educación superior a través de la creación de un “mercado educativo”: era posible aumentar rápidamente la matrícula permitiendo el ingreso de proveedores privados y, así, para no comprometer el gasto público.

En un segundo momento, ya en la década de 1990 y con la oferta ya asegurada, el objetivo fue fidelizar la demanda por educación superior. La estrategia elegida fue la creación del sistema de becas y créditos estudiantiles, con el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado como protagonistas. Posteriormente, cuando la matrícula se acercó al millón y oferta y demanda parecían aseguras, se promulga la política de gratuidad destinada a cubrir los costos de matrícula y arancel del 60% de los/as estudiantes provenientes de los hogares más vulnerables del país.

En resumen, el debate sobre la desigualdad en educación superior ha quedado atrapado en lo económico o en la abstracción de la necesidad de mejorar la calidad. Si bien es innegable que las políticas de financiamiento sí han generado nuevas oportunidades para grupos históricamente excluidos de la educación superior, éstas no han sido exitosas en reducir la desigualdad por origen social. Si antes provenir de un hogar socioeconómicamente desaventajado implicaba una alta probabilidad de no ingresar a la educación superior, hoy es más probable que ingrese, pero las posibilidades se abren sólo a un cierto tipo de educación superior. ¿Por qué?

Evidencia reciente muestra que la desigualdad de acceso se ha mantenido estable o que, incluso, ha podido aumentar si consideramos el tipo de programa o institución a la cual se ingresa. En Chile, el origen social – es decir, las características socioeconómicas del hogar de origen – influye significativamente en las oportunidades educativas a las que tenemos acceso. Más aún, los orígenes sociales importan tanto antes como después de la implementación de las políticas de expansión.

La literatura en estratificación educativa  demuestra que las políticas de expansión han tenido un diferencial sobre el origen social. Por un lado, sí han sido capaces de reducir el efecto de los recursos económicos en el acceso general a la educación superior (por ejemplo: el ingreso o los bienes del hogar). Sin embargo, gran parte de dicho efecto se concentra en las instituciones menos selectivas (universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica), sin afectar mayormente a las universidades más prestigiosas.

Por otro lado, estas políticas no han sido capaces de reducir el efecto de los recursos socioculturales (por ejemplo: el nivel educativo de los padres) en el acceso si consideramos tanto el acceso general como a distintos tipos de instituciones. De esta manera, las nuevas oportunidades de acceso se estratifican o jerarquizan de acuerdo al logro educativo del/a jefe/a de hogar, el conocimiento del sistema universitario de primera mano, y las redes de contactos. Todas ellas brechas que son difícilmente remontables sólo a través del mérito y el esfuerzo personal.

Si bien es posible argumentar que las políticas de financiamiento sí han sido efectivas en cumplir su objetivo de reducir las barreras económicas de ingreso, este efecto es limitado y de corto plazo. Las tasas de deserción y titulación dan cuenta de su agotamiento. Sin embargo, el debate en torno a la desigualdad en educación superior se sigue concentrando en el financiamiento.

Sin desmerecer la importancia de resolver problemas como el endeudamiento estudiantil, se requiere pensar en políticas públicas que no sólo busquen revertir la reforma de 1981, sino que también aborden las transformaciones posteriores. En esa dirección apunta el debate público sobre las brechas acumuladas en los niveles educativos inferiores, las cuales no se limitan a los resultados de pruebas estandarizadas. Estas diferencias van desde redes sociales más fuertes entre los más privilegiados, bajas expectativas entre quienes provienen de los grupos más vulnerables y en donde se legitiman las diferencias en el logro académico como éxito o fracaso individual.

Para finalizar, tanto el debate político como académico sobre desigualdad en educación superior no debiese seguir limitándose a lo económico, depositando la solución en medidas como la gratuidad. Es preciso debatir sobre herramientas de apoyo docente y bienestar estudiantil, áreas cuya gestión hoy recae en la capacidad que cada institución tiene para hacerse cargo.

Se requiere de más y mejor investigación que no sólo desglose la desigualdad en diferencias numéricas, sino que se considere las experiencias y percepciones de desigualdad de quienes hoy transitan por este nuevo escenario en educación superior. Se necesitan datos que nos permitan comprender mejor, no sólo las brechas generales, sino que también las brechas institucionales, sectoriales, de género y regionales que se (re)producen en educación superior.

La desigualdad en educación superior no se acaba con la gratuidad; menos aún sólo con el mérito y el esfuerzo individual.

Las consecuencias de la desinformación en la sociedad

Así como los problemas vinculados a la economía, la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico aparecen en lo más alto de las prioridades de la gente, para casi tres cuartas partes de los latinoamericanos la desinformación también es un problema importante para su país.

En la era de la información, en la que la mayoría de la gente tiene acceso a una cantidad casi ilimitada de contenidos, uno de los desafíos más importantes es la desinformación y las noticias falsas. Este problema se ha potenciado con el uso de las redes sociales y diferentes plataformas digitales que permiten la rápida difusión de información sin filtros ni verificación.

Pero si bien son numerosos los estudios que analizan el fenómeno de la desinformación desde la perspectiva de la “oferta”, es decir, que se centran en la forma en que se divulga información falsa, son escasos los que analizan qué pasa al otro lado de esa ecuación, a la “demanda”, es decir, qué le pasa a la ciudadanía.

A pesar del aparente desinterés del asunto, este es un tema central para las personas, e incluso, puede llegar a tener implicancias para la salud física. Así lo afirma el estudio de la red de consultoras WIN Latinoamérica, que fue realizado en ocho países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú).

El ejemplo más patente es la gran desinformación que se vivió en algunos países con relación a las vacunas durante la pandemia del COVID, particularmente en Brasil y Colombia. Y no es menor el impacto de la desinformación en la salud mental, especialmente tomando en cuenta que algunos países de la región están por sobre el promedio global en padecimiento de estrés como Ecuador, Perú y Argentina. Según este estudio, para la mitad de la población, la desinformación ha sido causante de ansiedad y estrés en sus vidas.

La percepción de la desinformación como amenaza no se limita al plano personal o de equilibrio mental de tipo individual. Existen otras consecuencias que están vinculadas con la difusión de noticias falsas. La desinformación es para ocho de cada diez latinoamericanos entrevistados una amenaza para la democracia, y para tres cuartas partes de las personas, esta puede llegar a ser un trampolín para debilitar la credibilidad del proceso electoral.

También, enlazada con la desestabilización de la democracia, para la amplia mayoría de las personas la desinformación aumenta la polarización en la política. Sociedades “agrietadas” como la argentina y la brasileña se alinean claramente con esa percepción, aunque llegan a ser superadas por otras como la colombiana y la mexicana. Ello cuestiona la dirección de causalidad de esa conexión entre falsificación de la verdad y radicalización política.

¿Es la falta de apego a la objetividad noticiosa lo que gatilla la polarización o (al contrario) son los contextos agrietados los que alimentan el caldo de cultivo para una industria de la desinformación?

El estudio también muestra que los latinoamericanos tienden a ver el problema como complejo y multicausal, y no les tiembla el pulso cuando tienen que señalar responsables. Lo que vemos es que son múltiples y variadas las fuentes de la sociedad, que han sido desacreditadas como informantes confiables. Pero entonces, ¿en dónde depositan los latinoamericanos su confianza? El estudio revela que la mayoría lo hace en personas o grupos informales como la familia, los amigos y gente como ellos.

Por un lado, este dato tiene sentido si se toma en consideración que las instituciones tienen cada vez menos credibilidad en la región. Aunque, por el otro, es bastante irónico, ya que, en realidad, dichas instituciones se informan a través de las mismas fuentes que uno. Por lo tanto, hay un lleva y trae de información no verificada.

En este contexto crítico, cabe destacar el esfuerzo de varios grupos de periodistas que han ido surgiendo en la región y en el mundo, y que trabajan en red para promover la verificación de la cantidad de datos que circulan en un mundo tan interconectado como el de hoy. Y es que la desinformación se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes del momento y supone un reto para toda la sociedad. Por ende, es fundamental que trabajemos de forma colaborativa para mitigarla.

En última instancia, abordar la desinformación y las noticias falsas requiere un enfoque amplio que implique a individuos, Gobiernos, educadores, empresas de medios y plataformas de medios sociales. Todos tienen un papel que desempeñar en el fomento de una cultura de la veracidad y la responsabilidad de contenidos.

El espacio marítimo brasileño, sostenible y responsable del 20% del PIB, carece de inversiones

La Amazonía es mundialmente conocida por su importancia en recursos naturales, económicos y culturales. Con el objetivo de llamar también la atención sobre la relevancia de la zona costera brasileña, la Marina de Brasil adoptó el término «Amazonía Azul», para surfear sobre este reconocimiento de la selva.

El espacio marino-costero brasileño es diverso y representa alrededor del 20% del PIB nacional. Solo el sector de la pesca artesanal emplea a cerca de un millón de personas, a lo que se suman los puestos en los sectores del turismo, puertos y transporte. Sin embargo, la economía del mar tiene poca inversión en comparación con la agroindustria, cuya contribución al PIB es poco mayor que la marina, pero tiene altas emisiones de gases de efecto invernadero. 

Brasil posee la segunda mayor extensión de manglares del mundo. Estos sistemas son esenciales para aplacar el cambio climático, preservar la biodiversidad, mantener las poblaciones de peces y para la replantación de zonas degradadas, lo cual puede contribuir al secuestro y almacenamiento de carbono.

La costa brasileña también tiene un importante potencial para la generación de energía renovable, incluyendo la energía eólica, solar, la de las corrientes marinas y de las olas. A pesar de que Brasil es signatario de acuerdos internacionales para la sostenibilidad, como el Acuerdo de París, ha tomado medidas contradictorias al subastar varias áreas marinas para la exploración petrolera. Asimismo, la solicitud de licencias para la exploración petrolera en una zona profunda, adyacente al arrecife de coral en la desembocadura del río Amazonas, ha acarreado conflictos y desacuerdos internos en el Gobierno Federal.

CO₂ y plásticos

La quema de petróleo es una de las principales causas del aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, que afecta al clima global y a la temperatura del océano, y puede agravar fenómenos extremos, que se derivan de El Niño y La Niña, como sequías, lluvias muy fuertes con inundaciones y otros desastres naturales. 

El océano produce la mayor parte del oxígeno disponible en la atmósfera, es fuente de alimentos, regula el clima mundial, inspira cultura y espiritualidad, genera empleo, alberga una biodiversidad única, es fuente de sustancias medicinales y el medio de transporte de más del 85% del comercio internacional de mercancías. Sin embargo, su sostenibilidad se ve amenazada por las emisiones de CO₂ y la producción de otro contaminante omnipresente: el plástico.

El plástico es un material de bajo coste que en las últimas décadas ha pasado a utilizarse en todo el mundo de forma masiva. La producción mundial de plástico superó los 460 millones de toneladas en 2019, y menos del 10% se recicló. La producción de plástico genera más del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que supera las emisiones de Brasil, y contribuye al cambio climático. La contaminación por plástico ya causa daños a la vida marina, la pesca y el turismo, con un coste global de al menos 8.000 millones de dólares anuales en daños a los ecosistemas marinos.  

En Sudamérica, Chile y Uruguay son los países que encabezan las políticas públicas para reducir los plásticos de un solo uso. Mientras tanto, en Brasil el tema no figura en el orden del día del Congreso nacional. Hace más de 15 años que un proyecto de ley para regular el uso de bolsas plásticas espera la acción de los diputados, además de decenas de otros proyectos sobre el problema.

Por otro lado, el Plan de Incentivo a la Cadena del Plástico (PICPLAST), iniciativa de la mayor productora de resina de las Américas y de la Asociación Brasileña de la Industria del Plástico, ya invirtió 20 millones de reales en acciones y programas de capacitación y mejora de la imagen del plástico. 

Un estudio encargado por PICPLAST mostró que solo el 23% de los residuos plásticos posconsumo en Brasil se reciclaron en 2020. Brasil es el cuarto productor mundial de residuos plásticos y ha generado más de 11 millones de toneladas al año.

Un cambio de política hacia la economía circular del plástico es clave para superar la contaminación. Además de reducir los costes en daños sociales y medioambientales, puede conllevar beneficios económicos, fortaleciendo toda la cadena de reciclaje y creando oportunidades de empleo y negocio, especialmente para aquellos que se adapten rápidamente y abracen el cambio de forma proactiva.

Microplásticos

Los microplásticos primarios, de hasta 5 milímetros de tamaño, se producen y añaden intencionalmente a los productos de consumo, y casi siempre se convierten en contaminantes. Productos cotidianos como la pasta de dientes, los exfoliantes, el maquillaje y el esmalte de uñas pueden contener hasta un 90% de microplásticos. Estas partículas son responsables de una parte de la contaminación de los océanos. 

El aumento de microplásticos en la naturaleza supone una amenaza para la salud humana y la biodiversidad. En el agua, estas partículas pueden albergar patógenos e incrementar la propagación de enfermedades, así como entrar en la cadena alimentaria al llegar a nuestras comidas.

Los microplásticos primarios son contaminantes que ya no se pueden fabricar. Pero esto requiere un compromiso con las políticas públicas y acuerdos sectoriales, a fin de eliminar su adición intencional en los productos de consumo y, con ello, evitar que se filtren a la naturaleza como contaminantes. 

La triple crisis planetaria, que incluye la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, requiere medidas globales coordinadas, que abarquen acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los ecosistemas y la biodiversidad e invertir en tecnologías sostenibles y cambiar la contaminación.

En junio, unos 2.000 científicos y empresarios de la sostenibilidad mundial se reunirán en el Congreso SRI2023, a fin de debatir soluciones y acciones prácticas para ejecutar la sostenibilidad.

China y el triángulo del litio en América del Sur

Coautor Sergio Cesarin

El Triángulo del Litio está compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, esta región alberga las mayores reservas de litio a nivel mundial. Este mineral es clave para la transición en el sector energético y por esta razón las potencias tecnológicas se encuentran en una franca competencia por firmar contratos de inversión para explotar esta materia prima fundamental en la economía del futuro por sus múltiples aplicaciones en las industrias electrónica y automotriz.

En este contexto, China lleva más de una década explorando oportunidades para extraer este mineral y por ello ha firmado acuerdos con los tres países que integran el citado triángulo suramericano. Ante la presión competitiva china, potencias tecnológicas como Estados Unidos y Alemania ponen de manifiesto su preocupación y quieren recuperar terreno mediante la obtención de concesiones de exploración y explotación invirtiendo en proyectos sostenibles que modifiquen las preferencias de actores gubernamentales por empresas – estatales y/o privadas – chinas sobre el ansiado “oro blanco”.

Las inversiones chinas en cadenas de valor de minerales esenciales en regiones como América Latina, son preponderante, sobre todo en la producción de energía limpia (paneles solares), el desarrollo de tecnologías aplicadas a nuevos procesos productivos en micro y nano electrónica, telefonía celular (baterías de teléfonos móviles) y sostener su competitividad en el contexto de una revolución en marcha en el sector automotriz (vehículos eléctricos). Por ello, las proyecciones indican que la demanda global de litio se multiplicará por 40 durante las próximas dos por lo que contar con reservas y explotarlas puede significar ganancias millonarias. Entre los años 2017 a 2023 el precio del litio aumentó de 10.000 a 70.000 dólares por tonelada.

En la actualidad, Argentina (21,5%), Bolivia (23,7%) y Chile (11,1%) concentran el 60% de las reservas mundiales conocidas, por lo tanto, el triángulo del litio tiene un alto valor geoestratégico. Si bien es posible hallarlo en otras regiones y países como Australia e incluso China, las reservas son de menor cuantía y calidad. No obstante, al año 2022 y aunque no lidera el ranking de yacimientos, el mayor productor de litio fue Australia (52%), seguido de Chile (25%), China (13%) Argentina (6%) y otros 4%.

En este contexto, surge la “opción china” como importante fuente de inversiones. Argentina y Bolivia concentran gran parte de las reservas triangulares, sin embargo, no cuentan con tecnologías apropiadas para su exploración, extracción y procesamiento industrial, motivo por el cual actores extra regionales como China, Estados Unidos, países de la Unión Europea, e incluso India, tratan de acceder a este recurso estratégico.

¿Qué rol juega China en este juego competitivo?, En primer lugar, aun cuando ocupa el tercer puesto como productor mundial es líder mundial en refinación y el principal comprador de litio, clave para conservar su primacía como productor de autos eléctricos y baterías. En segundo lugar, en su proceso de reconversión tecno-industrial, el “triángulo del litio” forma parte de una planificación estratégica que la impulsa a convertirse en líder mundial en segmentos de altas tecnologías (plan Made in China 2025) y para ello necesita contar con recursos estratégicos, gran parte de ellos ubicables en Cono Sur latinoamericano.

Esta compleja estrategia, requiere la coordinación entre empresas privadas, el gobierno chino, bancos y universidades para el logro de concesiones mineras y contratos de comercialización. Completan este cuadro de mutuo interés por parte de China y los países suramericanos, los esperados aportes en capitales de inversión, tecnologías, créditos y capacitación.

En estos proyectos impulsados por China, un punto importante son las demandas de los gobiernos subnacionales por el cuidado del medio ambiente (eco friendly projects) y el respeto por los intereses de las comunidades locales (pueblos originarios, campesinos, población local en general) ya que los yacimientos se encuentran en zonas donde residen comunidades indígenas y de alta pobreza como el sur de Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina.

En este contexto, las inversiones en unidades de explotación pueden impulsar el desarrollo de regiones periféricas y atrasadas mediante subsidiarias inversiones en infraestructura (centrales eléctricas, redes de agua), transporte, puertos, escuelas, e institutos de capacitación para el personal.

Finalmente, cabe destacar que Chile es el segundo proveedor mundial de litio y el 90% de las exportaciones tienen a Asia por destino, siendo China el mercado que absorbe la mayor parte. En Argentina, si bien participan Estados Unidos, Japón y Australia en su explotación y comercialización, firmas chinas son las más activas en la búsqueda de proyectos en diferentes provincias como Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Y en Bolivia, depositaria de las más grandes reservas mundiales controladas por el Estado, China firmó recientemente el primer convenio para la explotación del litio en las salinas bolivianas en un contexto de presiones externas e internas.

Ante este panorama surge una pregunta, ¿el triángulo del litio podrá romper con la “maldición de las materas primas” en América Latina? En teoría los actuales gobiernos en Bolivia, Chile y Argentina, tienen la necesidad de contar con empresas estatales (nacional o provincial) responsables de extraer el litio y generar alianzas (joint ventures) con contrapartes estatales y/o privadas de China, Estados Unidos o potencias europeas. Pero también deben garantizar la transferencia de tecnología, capacitación de personal, la comercialización conjunta del recurso, la protección del medio ambiente y, fundamentalmente, la participación local en la generación de valor mediante la producción local de insumos, y productos.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Sergio Cesarin es Coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en Buenos Aires. Master of Arts de la Universidad de Pekín.

Lo que la política debe encarar en materia ambiental

Los problemas en materia ambiental están en directa relación con un sistema de vida basado en el crecimiento constante. Si bien la academia hace décadas advierte que ya alcanzamos los límites del uso de recursos en el planeta, el aumento en el consumo sigue siendo la medida del éxito.

La fragilidad de nuestro entorno solamente aparece en los titulares cuando se produce una catástrofe o una interrupción en el suministro. Apenas se logra restaurar la «normalidad», volvemos a olvidar la crisis y sus posibles aprendizajes. Sin embargo, los sacudones no se van a detener.

Política y conflictos ambientales

Es ineludible repensar los modelos de desarrollo de nuestras sociedades e incorporar la materia ambiental a la agenda política. Está documentada la afectación de ecosistemas indispensables para la vida humana, y se prevén eventos climáticos extremos más frecuentes y más intensos. A largas sequías seguirán inundaciones, como se puede apreciar, por ejemplo, en regiones de Italia. Aumentará la frecuencia de los enfrentamientos por el acceso al agua escasa, como sucede en México. Las explotaciones de recursos como el litio requerirán de enormes cantidades de energía y agua. La política no debería correr detrás de los problemas. Aparecerán conflictos que no podrán ser solucionados con parches. Es necesario anticipar las crisis que vendrán.

Los partidos políticos deben llamar los problemas por su nombre y trabajar en estrategias sostenibles para enfrentarlos. Habrá crisis del agua, se agotarán recursos considerados infinitos y nuevas pandemias serán posibles. Si los problemas no son encarados a tiempo desde la institucionalidad política, si los partidos democráticos no son capaces de liderar, las propuestas autoritarias y populistas ganarán apoyo.

Claves para una política ambiental

Algunas claves para los partidos políticos y su aproximación a una gestión ambiental responsable:

Gestión del riesgo
El cambio climático se manifiesta con fenómenos climáticos extremos. Esto no debería ser una sorpresa. No es viable proponer políticas basadas en una disponibilidad de los recursos y una estabilidad climática que no existirán en el futuro. Los partidos políticos deben incorporar los escenarios de riesgo y de escasez como parte de su oferta electoral. El ahorro en la utilización de agua y energía debe ser parte de sus planes de gobierno. Para trabajar estos temas en forma sólida se recomienda incluir referentes en el tema.

Costos ambientales
La necesidad de internalizar los costos ambientales de los emprendimientos económicos no es una novedad. A medio siglo de la Conferencia de Estocolmo, ningún partido político puede desconocer los principios del desarrollo sostenible. El enfrentamiento entre economía y ambiente es estéril. No tiene sentido un emprendimiento que mejora el PBI a costa de daños en el ecosistema sobre el que se realiza. El desafío para los partidos políticos es congeniar la creación de actividad y empleo con la preservación de los servicios eco sistémicos de los que dependemos. Por ejemplo, la preservación de los humedales y los bosques ribereños no es una actividad idealista, sino que es parte de la planificación estratégica de la gestión de los recursos hídricos.

Transición energética
La energía proveniente de combustibles fósiles no es viable a mediano plazo. Los Acuerdos de París comprometen a los Estados con una dramática reducción de emisiones de gases invernadero. Esto implica un sostenido esfuerzo en el cambio de la infraestructura y también en los hábitos de consumo. En un futuro no lejano ya no será posible utilizar vehículos con estos combustibles fósiles. Profundizar y acelerar la transición energética es parte ineludible de la agenda política.

Ciudadanía
Los partidos deben evitar la promesa fácil basada en falsos supuestos. El mundo será crecientemente complejo y disruptivo. El cambio climático provocará la aparición de enfermedades que afectarán cultivos y a las personas. La mayor ocurrencia de eventos extremos pondrá a prueba costosas infraestructuras, por ejemplo, debido al aumento del nivel del mar. Estas situaciones exigen un intercambio maduro con la ciudadanía y no alcanza con votantes y consumidores. Se requiere de ciudadanos conscientes en el uso de los recursos, en particular, del agua y la energía. Los partidos deben alentar esta actitud y deben habilitar el debate constructivo entre los intereses a corto plazo y la responsabilidad respecto a las generaciones futuras.

Diálogo con la ciencia
Para poder implementar políticas sostenibles es necesario tener en cuenta el conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas. No es posible ni se espera que cada político sea especialista en temas ambientales y de energía. Por eso, el diálogo con la academia debe ser parte de la rutina de comisiones partidarias dedicadas al tema. El diálogo con la ciencia, a los efectos de acercarse a una política basada en evidencia, debe ser parte de la formación de los dirigentes políticos jóvenes. Esto aplica también a la actividad legislativa, que debe comprender siempre la participación de especialistas.

Los partidos políticos son indispensables para la democracia. El avance del populismo y los liderazgos carismáticos no son una opción. Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión.Sin embargo, los partidos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. No es éticamente aceptable implementar políticas a costa de los que vendrán luego. Por ello, el desafío es grande, no hay tiempo que perder.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

Desconfianza y polarización en América Latina

¿Qué distingue a la polarización actual? ¿Por qué es el término de moda para describir la coyuntura política latinoamericana y global? ¿Es estructural o pasajera? Pero, sobre todo, ¿qué efectos tiene en la vida cotidiana de las personas?

No es un secreto que las “instituciones de la democracia representativa” están en crisis. Son muchos los que han analizado sus causas y propuesto explicaciones al porqué presidentes, Congresos, policías, cortes de justicia y partidos políticos están en los últimos lugares de confianza entre la ciudadanía.

La agencia mundial de comunicación Edelman Trust Barometer 2023 distingue cuatro tendencias que conducen a la polarización: preocupaciones económicas, desequilibrio institucional, división de clases y lucha por la verdad.

En cuanto a lo económico, el estudio indicó que el 93% de los encuestados considera que la principal preocupación es perder el empleo. Aunque su estudio se enfocó en Argentina, Brasil, Colombia y México, el resultado se puede extrapolar al resto de la región. Mientras tanto, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Panorama laboral 2022, señaló que actualmente uno de cada dos trabajadores de la región es informal.

En cuanto al desequilibrio institucional, más de la mitad de los encuestados considera que las instituciones gubernamentales son una fuente de información falsa y engañosa. A reserva de profundizar en el significado de “desconfianza”, este dato nos revela que, más que una crisis de representación, la democracia vive una crisis de legitimidad. La diferencia no es baladí: la primera se resolvería, entre otros aspectos, con una reforma a las modalidades de participación, pero la segunda implica un deterioro del sistema.

En democracia, confiamos (a través del voto) a otros la labor de representar, defender y fomentar nuestros intereses y necesidades. Una crisis de legitimidad implica preguntarnos: si perdemos la confianza en aquellos representantes, ¿sigue siendo necesario el voto para elegirlos?

Evidentemente el voto sigue siendo necesario, pero si la crisis de la democracia representativa es síntoma de una enfermedad más profunda, no es casual que, como lo han mostrado otras mediciones, los latinoamericanos cada vez estemos más dispuestos a renunciar al voto a cambio de bienestar material y seguridad personal.

Así, llama la atención que los medios de comunicación ocupen el segundo lugar de desconfianza entre los encuestados y que los periodistas se sitúen en el penúltimo lugar. A luz de estos resultados, debemos preguntarnos por qué las personas no se sienten identificadas o proclives a confiar en ellos. ¿Será que, a pesar de la proliferación de noticias falsas en redes sociales, estas reflejan emociones ausentes en aquellos medios?

Para restaurar la confianza en la conservación del empleo, los Gobiernos y los medios de comunicación, hay mucho por hacer. Es fundamental entender el impacto de la desconfianza en el día a día de los latinoamericanos.

Según el Edelman Trust Barometer 2023, casi la mitad de los encuestados desconfía de los ciudadanos de su país y de la gente de su comunidad. Para el 65% de los encuestados, el efecto más grave de la desconfianza es la violencia en las calles. La educación, por su parte, no parece ser la solución, ya que casi tres de cada cuatro piensan que la falta de civismo y de respeto mutuo es el problema más grave.

Con relación a la convivencia entre personas con ideas opuestas, la encuesta muestra que apenas tres de cada diez ayudarían a otra con la que no estuvieran de acuerdo y solo dos de cada diez estarían dispuestas a vivir en el mismo vecindario. Pero quizá el dato más preocupante es que el 60% de los sondeados está de acuerdo con la siguiente afirmación: “Nuestro país está más dividido hoy que antes”.

Al analizar el fenómeno de la polarización, solemos hacerlo partiendo de las palabras y las acciones de quienes gobiernan y la forma en que estas dividen a los ciudadanos, un fenómeno que llamaría polarización vertical. Sin embargo, no debemos olvidarnos de su otra cara: la polarización horizontal. Esta tiene a la desconfianza como su base emocional y a través de ella miramos al otro. No obstante, ese otro no es el extranjero, el ejército enemigo o el ofensor de la patria: el otro es nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, la persona que viaja a nuestro lado en el transporte público.

Si la tendencia se sigue acentuando, la democracia terminará por derrumbarse y no lo hará por una fuerza externa, sino por la desconfianza hacia nosotros mismos como sociedad.

El legado de Saavedra Lamas, el primer Premio Nobel latinoamericano

Carlos Saavedra Lamas, ilustre jurista, académico y político argentino contribuyó de forma significativa a la paz mundial y al desarrollo de una tradición latinoamericana de derecho internacional en defensa de la seguridad, justicia, y del rechazo del uso de la fuerza. Hombre de múltiples talentos, el Dr. Saavedra Lamas se lució como canciller en la década de 1930, un periodo complicado para Argentina y América Latina. Su labor para la conclusión del Pacto Antibélico de 1933, y su fundamental mediación en la guerra del Chaco de 1935 le merecieron el premio Nobel de la Paz en 1936 siendo el primer latinoamericano en obtener tal reconocimiento.

Su figura y la actualidad de su legado no se recuerdan tanto como correspondería. Algunas similitudes entre la década de los Treinta y el día de hoy subrayan la relevancia de sus aportes. La crisis económica internacional caracteriza a ambas épocas. Al fracaso de Wall Street en los años Treinta corresponden las secuelas de la crisis financiera de 2008 y del Covid-19 hoy. Al autoritarismo de Italia, Alemania y Japón en los Treinta corresponde el de regímenes como Rusia y China hoy. Un multilateralismo en crisis caracteriza a ambas épocas, con la Sociedad de la Naciones entonces y la ONU hoy paralizadas frente a anexiones y agresiones. Y la reconfiguración del rol de Estados Unidos, incierto entre el aislacionismo y el liderazgo internacional, define tanto a los años 30’ como a la actualidad.

Las relaciones con Estados Unidos y Europa

Frente a escenarios tan abrumadores, Saavedra Lamas propuso una gestión diplomática basada en principios morales firmes y una política exterior pragmática y jurídicamente sólida. Muchos son sus aportes para una colocación internacional eficaz y coherente de América Latina. Por ejemplo, Lamas sostuvo una posición crítica pero realista hacia Estados Unidos. Nunca aceptó el panamericanismo como una expresión unilateral que pretende confundir las diferencias entre los países latinos y el anglosajón.

A la vez, reconoció la necesidad de instaurar consultas diplomáticas regulares y dentro de un marco de normas estables. Ambos principios fueron acogidos en la posguerra, con el Tratado Interamericano de asistencia recíproca de 1947 y la Organización de los Estados Americanos de 1948. Estos principios servirían hoy para el relanzamiento del diálogo y de la coordinación en las Américas.

También la relación con Europa fue valorada pero no idolatrada por Saavedra Lamas. El siempre concibió el acercamiento a Europa como un camino de dos vías. Acercar Europa a América Latina y llevar América Latina hacia Europa conllevaría a una fecunda armonización, tanto de valores como de intereses. Eso nos hace pensar en la cercanía de valores entre los dos continentes, un tema cuestionado hoy por la guerra en Ucrania y la situación de la democracia, de los derechos humanos y del estado de derecho en América Latina. En la visión de Saavedra Lamas de los años 30’, un acercamiento a Europa reequilibraría la influencia de Estados Unidos. En 2023, con la próxima Cumbre UE-CELAC en julio, un entendimiento euro-latinoamericano sería un tema muy actual, también con referencia a la asertiva presencia china a nivel internacional.

Paz y seguridad en teoría y en la práctica

En el tema de paz y seguridad internacional, Saavedra Lamas propuso una lectura de múltiples factores. Él entendió la paz en un marco de interdependencia internacional, con una dimensión tanto geográfica como temática. No concebía a América Latina como un continente separado del resto del planeta. Tal vez, el presidente Lula de Brasil debería leer los escritos de Saavedra Lamas antes de opinar sobre el conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo, el canciller argentino subrayaba la interconexión de la paz con factores como desarrollo, eliminación de barreras al comercio, y educación. Esta es una visión anticipada de los modernos estudios de paz. Además, crear organizaciones como la ONU no es suficiente sin el compromiso moral y la lealtad solidaria que se prometieron en el momento de su creación. Esta es una lección para todos los líderes mundiales, el Sr Putin in primis.

El Dr. Saavedra Lamas fue también un protagonista de la práctica de la paz. No solo incorporó a Argentina a la Sociedad de las Naciones, sino que fue el principal promotor del Pacto Antibélico de 1933 y el mediador clave en el conflicto del Chaco (1933-35). En ambos casos, hay lecciones para el presente.

El Pacto Antibélico estableció el principio de condenar cualquier guerra de agresión. Desde entonces, esto ha sido una piedra miliar de la tradición latinoamericana de política y de derecho internacional hasta 2022. El 2 de marzo de ese año, Bolivia, Nicaragua, Cuba y El Salvador se abstuvieron en la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión rusa de Ucrania. El 25 de marzo, Brasil, Bolivia, El Salvador y Honduras se abstuvieron en una resolución parecida en la OEA. Además, el Pacto Antibélico introdujo, como novedad en la época, el principio del no reconocimiento de arreglos territoriales conseguidos por medio de la fuerza. ¿Lo sabía Lula al ofrecerse para una mediación que podría reconocer las conquistas territoriales violentas de Rusia?

La resolución de la guerra del Chaco aporta dos grandes lecciones. La primera es que para una negociación exitosa son necesarias una fuerte determinación y una aguda capacidad para leer los momentos. Mientras uno de los beligerantes no quiera negociar seriamente, hay alta posibilidad de fracaso. La segunda es como dar seguimiento a la paz. Para ejecutar los acuerdos del Chaco, Saavedra Lamas y el Grupo Mediador presidido por él mismo, instituyeron una fuerza internacional para separar los ejércitos en guerra y luego desmovilizarlos. Eso no solo era una anticipación del sistema de Peacekeeping de la ONU, sino que señala un reto para la paz en Ucrania y otros conflictos como Siria y Sudán del Sur: ¿quién estaría dispuesto a financiar y enviar tropas para monitorear futuros acuerdos de paz? Cualquier plan mediador debe prever este desafío también.

El Dr. Carlos Saavedra Lamas fue un hombre adelantado para su tiempo. Sus principios y su actuación por la paz, la seguridad y la prosperidad internacional proporcionan lecciones que vendrían muy útiles a los líderes latinoamericanos y mundiales de hoy.