China, el próximo dueño del interruptor en América Latina

Paolo Benza
-
0
China, el próximo dueño del interruptor en América Latina

De todas las empresas que China compró, entera o parcialmente, en América Latina entre 2017 y 2021 (por 44.400 millones de dólares), el 71% son del sector eléctrico. La cifra, que habla por sí sola, le pertenece al Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston (BU). Y ojo: la diferencia con el interés que tuvieron las corporaciones del resto de los países por el rubro, que fue de solo 7%, es abismal.

La nueva apuesta de China en este lado del mundo es bastante clara: convertirse en el dueño de la luz. Una parte importante de ese camino ya ha sido pavimentada gracias a desembolsos multimillonarios, pues más que construir plantas o redes desde cero, los chinos prefieren entrar con activos consolidados. Para ello, han aprovechado los espacios que dejaron las empresas europeas —que ahora priorizan otros mercados— y el ocaso de firmas vinculadas al escándalo de corrupción Lava Jato.

Así, la potencia asiática ha convertido a sus compañías estatales en voraces compradoras. Según la base de datos de BU, China ha entrado al sector eléctrico chileno con diez operaciones de M & A; con otras diez, al mexicano; con tres, al peruano, y con nada menos que 112, al brasileño. Esto es únicamente en el negocio de generación (la gran mayoría son hidroeléctricas). Otra historia —una más reciente— se está escribiendo en el eslabón final de la cadena: la distribución.

El negocio eléctrico

La distribución eléctrica es, en términos sencillos, el negocio de conectar la luz al usuario final. Está a cargo de empresas que compran energía a las generadoras y luego cobran el recibo de los consumidores. En Chile, una estatal china compró hace tres años las operaciones de Chilquinta Distribución y luego, de la Compañía General de Electricidad (CGE), la principal empresa del sector en su país. Con ello, llegó a controlar más de la mitad del reparto en el mercado sureño. En Brasil, que tiene un potencial eléctrico gigantesco, se calcula que la participación china en transmisión y distribución ha avanzado hasta el 12%.

Pero lo que parece ser una estrategia aplicada como espejo en distintos países del continente llegó en Perú a su momento cumbre en abril. Allí, la estatal China Southern Power Grid anunció la compra de los activos de la italiana Enel Distribución, con lo que el 100% del reparto de electricidad de Lima Metropolitana (10 millones de habitantes) y más de la mitad del territorio del país quedarán en manos de firmas que controla el Partido Comunista chino (PCCh). El otro distribuidor de la capital peruana, Luz del Sur, pertenece a la también estatal china Yangtze Power desde 2019.

¿Qué hay detrás de ese “apetito energético”? Primero, una inteligente mirada financiera. En la mayoría de los países, el negocio de repartir electricidad a hogares y pequeñas empresas (lo que se conoce como mercado regulado) es rentable casi por naturaleza. No hay que competir por la venta final, porque las zonas de reparto están separadas, y el precio lo pone el organismo supervisor con la consigna de asegurarle un margen de beneficio a la compañía. Rara vez la gente consume menos electricidad que antes.

Apetito energético

Por eso, tiene todo el sentido el que los préstamos de Gobierno a Gobierno (la estrategia que China venía usando para ampliar su influencia en América Latina) hayan pasado a segundo plano frente a las inversiones directas en empresas eléctricas. Aquellos ofrecen un panorama de retorno más que dudoso. De hecho, muchos países del sur global están en riesgo de default y China es su primer acreedor. En cambio, en agosto del 2022, las acciones de compañías eléctricas en Perú eran una de las pocas alternativas de inversión financiera (4 de 267) que rendían más que la inflación. 

Pero las inversiones en electricidad no son moco de pavo. Para comprar una represa o una distribuidora se necesita mucho dinero, el que las estatales chinas han acumulado durante años de bonanza económica. El punto es que, tras pagos de diez cifras y en dólares, difícilmente estén dispuestas a solo sentarse a esperar que goteen las ganancias. En Perú, específicamente, asoman riesgos claros a mediano plazo. ¿Quién podrá decir no a una exigencia de la potencia asiática?

Cuando Yangtze Power compró Luz del Sur, el regulador peruano de la competencia, Indecopi, puso como condición que esa distribuidora no pueda comprar energía a generadoras vinculadas a su grupo económico sin una licitación supervisada. Esto, debido a que su matriz, la China Three Gorges, también es dueña de la tercera mayor hidroeléctrica del país (Chaglla) y de otras más pequeñas. Probablemente, Indecopi ponga una condición similar para la compra de Enel. ¿El detalle? Esta prohibición aplica solo hasta 2030.

Inversiones gigantes

Hasta entonces pasarán dos cosas: vencerán algunos acuerdos de suministro que tiene Luz del Sur con las generadoras para obtener la energía que reparte al mercado regulado y también los contratos de más de 1500 clientes libres con distintos proveedores de electricidad. En Perú, los clientes libres son empresas de fuerte consumo (mineras, cementeras, fábricas, malls, etc.) que no están obligadas a conectarse a la red general. Pueden comprar la energía, si les conviene, directamente a las generadoras.

A ello se suma que —como detalló la revista Semana Económica— Three Gorges y Yangtze Power tienen un fuerte plan a corto plazo para aumentar su capacidad de generación hasta triplicar su participación en ese segmento. Y se espera que grandes jugadores que compiten con ellos, como Kallpa, vendan y salgan del país. Se viene una reconfiguración en el sector y los chinos tienen las fichas bien posicionadas para aprovecharla. ¿Tienen una aspiración monopólica?

El gran riesgo es que, a partir del 2030, Luz del Sur les compre sin filtros a las hidroeléctricas chinas y, así, les cierre parte del mercado regulado a las demás generadoras. Si decide jugar en pared con la nueva dueña de Enel (cuya matriz, al final, la controla el mismo Gobierno), el cierre sería extremo. Ello les daría, además, una posición mucho más fuerte para “robar” los clientes libres. Podría, en el peor de los casos, desaparecer las fuentes de generación energética que no estén en manos chinas.

Actores del mercado eléctrico

Para evitar estos riesgos, que son graves, es que el mercado eléctrico se separa entre quienes producen la energía, quienes la transportan y quienes la conectan al usuario. La operación de empresas chinas, tanto en generación como en distribución, es algo que no se debió permitir desde el principio en Perú. Y hoy que Indecopi tiene la potestad de bloquear el que China Southern Power Grid adquiera Enel debería hacerlo.

Porque la realidad es que la planificación centralizada, con competencia “de mentiritas” y trato de favor hacia las empresas estatales, está en el ADN de las compañías públicas chinas. Si bien en su país no opera un sistema económico comunista en el sentido académico del término, al final del día las matrices y sus subsidiarias se alinean —porque son lo mismo— con la estrategia del PCCh. Y, tal como en siglos pasados corporaciones británicas y estadounidenses exportaron el capitalismo al mundo, es esperable que las firmas de la potencia asiática traten también de operar en América Latina con su propia lógica, estándares y prácticas.

En el fondo, el gran riesgo es terminar dándole el control casi total del interruptor de la luz a una potencia global, cuyas empresas estatales operan hoy como buques insignia de su modelo económico y de sus ambiciones geopolíticas. ¿Qué capacidad de negociación tendrán en un escenario como ese —que no parece tan lejano, si vemos al Perú como paradigma de la región— las instituciones de los países latinos para defender sus intereses nacionales o para plantarle cara a China?

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

Guatemala celebra unas elecciones fabricadas por el “sistema”

Rogelio Núñez
-
0
Guatemala celebra unas elecciones fabricadas por el “sistema”

Este domingo Guatemala celebra unas elecciones presidenciales decisivas para su propia historia como nación y que, a la vez, son estratégicas desde un punto de vista subregional. A escala interna, está en juego la pervivencia de un sistema que ha funcionado como una alianza informal, forjada por una heterogénea mezcla de intereses corporativos y una parte de la clase política. Estos han manejado los engranajes institucionales del país, con el objetivo de proteger sus intereses y evitar el acceso al poder de figuras que pusieran en peligro las bases del modelo. Esta alianza (informal) se creó para hacer frente a las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que estuvieron cerca de derribar el sistema cuando en 2015 un caso de corrupción acabó con el gobierno de Otto Pérez Molina.

Desde entonces, esta alianza, heterogénea y con múltiples intereses, a veces no concordantes, ha conseguido mantener su hegemonía. Esto se logró apoyando a candidatos que no pusieran en peligro su control, como Jimmy Morales entre 2016 y 2020, quien se encargó de eliminar la misión de la Cicig, que ponía en riesgo los intereses de los grupos dominantes, y Alejandro Giammattei entre 2020 y 2024.

Estos grupos han podido configurar una base de partidos que han dado sustento a los Gobiernos. Sobre todo, la Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres, y Valor, de Zury Ríos, dos fuerzas teóricamente rivales, pero que, en los hechos, han cogobernado el país con los diferentes oficialismos desde 2008.

Además, el control de las instituciones judiciales y electorales le ha permitido la exclusión en las elecciones a los candidatos amenazantes para el sistema, como Thelma Aldana en 2019 y Roberto Arzú, Thelma Cabrera y Carlos Pineda en 2023.

Así, el sistema ha conseguido que, para estos comicios de 2023, las dos candidatas prosistemas como Zury Ríos (hija del dictador Efraín Ríos Montt) y Sandra Torres (ex primera dama de Álvaro Colom y figura dominante en aquella administración) no tengan rivales antisistema como Arzú, Cabrera o Pineda. Solo deben enfrentar el ascenso de una figura como Edmond Mulet, que no pone en riesgo el control de los grupos de poder, más allá de sus propuestas de tinte más reformista.

Este 25 de junio se confirmará, en primer lugar, la preeminencia del voto de castigo al oficialismo. El partido Vamos, del presidente Giammattei, presenta como candidato a Manuel Conde, que acabará tercero o cuarto. Es toda una tradición guatemalteca que el partido oficialista no logre repetir victoria. Pero, si bien se trata de un voto de castigo al oficialismo, no lo es a la “alianza”, ya que la segunda vuelta enfrentará a Ríos y a Torres, o, en todo caso, a Mulet, frente a una de ellas.

Como siempre ha sucedido en Guatemala desde 1985, habrá segunda vuelta. Más aún, debido a la gran fragmentación política, ya que hay 22 candidatos presidenciales. Todo apunta a que Torres estará en esa segunda vuelta, dado que goza de un suelo electoral muy sólido. Pero, debido al rechazo que arrastra, que ya le impidió ganar en el balotaje de 2015 y 2019, quien se enfrente a la ex primera dama, probablemente se convertirá en el próximo mandatario.

A corto plazo, la gobernabilidad parece asegurada pese a que va a surgir un legislativo muy fragmentado. Ríos y Torres llevan cogobernando el país y forjando pactos clientelares con terceras fuerzas desde 2008. Y Mulet es un hombre que conoce el sistema, está en la política desde los noventa y se ha rodeado de figuras prosistema en su nuevo partido, Cabal.

Sin embargo, la gobernabilidad a medio y largo plazo se perfila más compleja. La institucionalidad (partidos, Congreso y, sobre todo, órganos judiciales) está herida de muerte en su legitimidad al haber sido cooptada por los intereses corporativos. Existe, sin duda, un gran malestar social que no ha podido canalizarse en esta campaña. Arzú trató de liderar la desafección, pero al quedar fuera, Carlos Pineda, un candidato malhablado, populachero, que se movía muy bien en las redes y un empresario hecho a sí mismo, se alzó con ese “voto bronca”. En un mes pasó del 10% a liderar las encuestas con entre el 25% y el 30% y a situarse como favorito para derrotar en la segunda vuelta a figuras que encarnan al sistema como Ríos y Torres.

Sacar a Pineda de la carrera electoral ha evitado a corto plazo el triunfo de un antisistema, pero ha dejado un pozo de frustración y un caladero de votos. Sobre todo, entre la creciente clase urbana y joven, que va a seguir buscando candidatos contrarios al establishment para la próxima elección.

Dada la deriva que atraviesa Centroamérica, lo que ocurra en Guatemala puede abonar los procesos que vive actualmente la subregión. América Central ha visto en el último quinquenio como emergía una dictadura (Nicaragua), el desliz de un régimen hacia métodos y prácticas autoritarias (El Salvador) y la penetración de un Estado por el narcotráfico hasta lo más elevado de la institucionalidad (Honduras), mientras que en los dos países de mayor desarrollo (Panamá y Costa Rica) se deterioran los pilares de sus modelos.

Si en Guatemala se consolida el actual sistema, que expertos como Daniel Haering tildan de “semidictadura corporativa”, el país cae en manos de un aspirante a Nayib Bukele o seguirá el camino de otras naciones centroamericanas hacia un fuerte y progresivo deterioro de sus instituciones democráticas, lo cual podría poner en peligro las libertades.

Inteligencia artificial: ¿deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?

Marcelo Halperín
-
0
Inteligencia artificial: ¿deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?

El último salto de la inteligencia artificial (IA) suele ilustrarse adjetivándola como IA “generativa”. Ya no se limita a un tipo de software o programación disponible mediante algoritmos, esto es, procedimientos lógicos que están orientados hacia la obtención de resultados a los que se llega recurriendo a estructuras secuenciales, selectivas, y que prevén ciclos de repetición. Ahora el software incorpora un salto “generativo”, es decir, una capacidad de aprendizaje que lo habilita para producir respuestas o instrucciones novedosas, más allá de las previstas.

¿Hasta dónde puede llegar semejante desacoplamiento? Abundan las conjeturas futuristas. Pero lo cierto es que, debido a la mencionada innovación, los dispositivos dotados de IA (potenciada por los ingentes avances en el desarrollo de la memoria y en la velocidad para el procesamiento de datos) pueden hacer contribuciones notables en innumerables áreas.

Simultáneamente, la IA generativa trae consigo serias amenazas en distintos órdenes. Hay numerosas investigaciones que argumentan la sustitución progresiva de actividades laborales en los más diversos sectores a manos de dispositivos automatizados.

Sin embargo, deben advertirse otros daños que afectarían a la población en general, aunque de manera más difusa e imperceptible. La IA, y más aún con su modalidad generativa, interviene sin necesidad de recurrir voluntariamente a ella, de modo que las personas pueden ser manipuladas por motivos tanto comerciales como de control social.

En una reciente carta abierta titulada “Pause Giant AI Experiments: An Open Letter”, reconocidos investigadores fueron lapidarios. “La IA avanzada podrá representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo” (…) “En los últimos meses los laboratorios de IA han entrado en una carrera fuera de control para desarrollar y aplicar mentes digitales cada vez más poderosas, sin que sus creadores las puedan entender, predecir o controlar de manera fiable…”. De ahí que los firmantes lleguen a formularse preguntas tan acuciantes como: “¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?”.

Ante tal nivel de incertidumbre, la carta reclama la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad, transparencia, robustez y confiabilidad de los sistemas de IA. Además, se propone a todos los laboratorios de IA que suspendan durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas más potentes que el GPT-4.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿alcanzarían los seis meses de suspensión para frenar la feroz carrera que vienen librando las corporaciones? ¿Y qué valores o finalidades altruistas se impondrían finalmente?

Difícilmente, prevalecerían tales valores o finalidades cuando en su propio quehacer muchos investigadores dan muestras de mesianismo tecnocrático. En el libro Infocracia, su autor, Byung-Chul Han, recuerda que Alex Pentland, exdirector del Human Dynamics Lab, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), escribió: “Si tuviéramos un ‘ojo divino’, una visión global, podríamos lograr una verdadera comprensión del funcionamiento de la sociedad y tomar medidas para resolver nuestros problemas”.

La UE señala el camino para una normativa multilateral

Debido a los riesgos que conlleva la IA, pareciera que se impondrá un orden disciplinario internacional, algo difícil teniendo en cuenta el carácter vertiginoso de las transformaciones tecnológicas. De ahí las alertas, pero también el enfoque prudente de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se “establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión”. El reglamento fue aprobado por el Parlamento el 14 de junio de 2023 y ahora se ha abierto la instancia de negociación con  los Estados miembros.

Al calificar a la IA según distintos niveles de riesgo y contemplando varias hipótesis de excepción y de transitoriedad, la iniciativa de la UE se plantea como ensayo germinal de una futura normativa multilateral o plurilateral en la materia.

Uno de los principales aspectos considerados por la UE y que merecería especial atención de los Gobiernos latinoamericanos es el funcionamiento global de la economía digital y que ahora cabalga sobre la IA generativa. Como es sabido, a partir de la producción y suministro de contenidos, los programas operan en red al funcionar y actualizarse, remitiendo a bases de datos a través de flujos transfronterizos que suelen ser administrados en la nube. Un reducido número de corporaciones transnacionales (big tech) tiende a concentrar el capital generado por estos negocios.

En consecuencia, la incipiente regulación de la UE toma debida nota sobre la posible localización extraterritorial de los proveedores. Así, el reglamento también se aplicará a proveedores y usuarios de sistemas de IA establecidos en un tercer país, cuando la información de salida sea usada en la UE.

Del mismo modo, los países en vías de desarrollo deberían proteger a los usuarios localizados en sus territorios frente a operaciones que hubieran sido prohibidas o restringidas a los proveedores de dichas ofertas tecnológicas en los países industrializados. Ahora bien, ¿cómo hacerlo?

Hasta tanto algún ordenamiento multilateral o plurilateral quede formalizado, parece abrirse una etapa de transición. En este tiempo las regulaciones nacionales o subregionales adoptadas por los países latinoamericanos tendrían que apuntar a concertaciones con Gobiernos de países industrializados. Esto se haría mediante acuerdos de reconocimiento mutuo sobre procedimientos de evaluación de conformidad a los reglamentos establecidos para operaciones de IA consideradas de alto riesgo.

De tal modo, se inhibirían las operaciones transfronterizas que pretendieran introducir en los mercados latinoamericanos proveedores de software de IA generativa cuando el nivel de riesgo fuese inadmisible en los países de origen.

No es suficiente con regular

Ya es posible imaginar cómo se traspasaría el umbral de los mecanismos de defensa psíquica frente a la digitalización de la mente humana (mind uploading) al articularse los contenidos mentales y los dispositivos digitales. En el mismo sentido, la nueva generación de la robótica procura integrar el comportamiento de las personas con las que interactúan los dispositivos mediante sensores, según experimentos de empresas como Embodied y Alphabet (matriz de Google).

Pero sin la pretensión de hurgar en el futuro próximo, habría que repasar lo que viene ocurriendo desde hace algunos años. La lógica digital tiene por objeto alinear las funciones cognoscitivas con el funcionamiento de los dispositivos digitales. Es decir, la mente de miles de millones de personas ya ha sido “digitalizada”, cercenando, con ello, el pensamiento lógico socrático y dialéctico y, por extensión, el pensamiento crítico.

No es novedad que el entrenamiento destinado a instalar la lógica digital está auspiciado por las mismas big tech en su carácter de proveedoras de contenidos. Su objetivo consiste en promover consumos masivos ejecutando programas concebidos desde plataformas virtuales que fijan opciones dicotómicas: aceptación o rechazo.

Las comunicaciones electrónicas forman parte del habla y, en tal sentido, cobra particular relevancia la relación asimétrica entre el usuario apremiado para definirse y cada opción que se le presenta frente al dispositivo. El experto en seguridad informática, Patrick Wardle, afirma en este sentido: “Siempre pienso en los teléfonos como nuestra alma digital”.

Cuando se aconseja poner mayor énfasis en las iniciativas educativas habría que advertir que ya no es cuestión de promover una mayor alfabetización digital, porque de eso se ocupan con eficiencia los proveedores de dispositivos y de contenidos. Se trata de concebir políticas educativas que promuevan el desarrollo del pensamiento lógico socrático y dialéctico y, por extensión, del pensamiento crítico.

En este punto, los Gobiernos latinoamericanos tienen por delante un desafío que no deberían soslayar.

AMLO camufla la elección interna oficialista

Ernesto Hernández Norzagaray
-
0
AMLO camufla la elección interna oficialista

El pasado 11 de junio, el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se reunió en la Ciudad de México para legitimar el mecanismo mediante el cual se elegirá al candidato a la Presidencia de la república en las elecciones que se celebrarán el 2 junio de 2024. El mecanismo aprobado es el de una encuesta nacional sobre la que no se ha dado información técnica (pregunta, muestra, estratos, medio). Eso sí, ya el oficialismo lo ha calificado de mecanismo “democrático”, aunque comprende singularidades que distan de serlo.

La primera obligación que tienen los aspirantes es separarse de sus cargos (incluyendo los de elección popular) para que el 16 de junio se presenten ante las instancias partidarias y firmen los compromisos que tienen que ver con el ideario de lo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ofrecido como Gobierno de “continuidad con cambio”.

Entre el 16 de junio y el 27 de agosto los aspirantes deberán recorrer el país para seguir dándose a conocer y promover el voto a su favor en la encuesta que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena habrá de hacer en septiembre. Esto, sin duda, es una campaña anticipada, ya que la fecha establecida constitucionalmente para el inicio de las campañas de las elecciones internas para todos los partidos es a finales de noviembre.

Aún más dudas generan el financiamiento de esta segunda fase de “precampaña” que parte en medio de eventos promocionales en todo el país, pero sin que se haya aclarado la procedencia del dinero invertido ante la autoridad correspondiente, lo que significa técnicamente desventajas entre los aspirantes.

En las resoluciones del Consejo Nacional de Morena se establecen unas reglas del juego que cada uno de los participantes deberá asumir para llegar a buen puerto a finales de agosto. Al menos tres de estas son discutibles desde el punto de vista democrático, ya que se reduce a los aspirantes a simples propagandistas de la llamada cuarta transformación.

En primer lugar, se evitarán los debates públicos y polémicas entre los aspirantes, cuando el debate es indispensable en todo ejercicio democrático. Otra de las reglas, quizás la más escandalosa, llama a evitar los “medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen”, es decir, los medios críticos, lo que resulta inaudito en clave democrática, dado el derecho a saber de los ciudadanos.  

Y, finalmente, otra de las medidas establece que después del 27 de agosto los candidatos deben suspender sus actividades y no pueden llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Es decir, los aspirantes a la candidatura no podrán confrontar entre sí, con el objetivo de que no se pueda desafiar al alfil del presidente, Claudia Sheinbaum.

A pesar de que se busca que la aspiración a la nominación presidencial no se traduzca en una lucha abierta, no están definidas las sanciones para quienes osen violar este proceso de promoción. Solo se menciona que quien así lo hiciere, “más allá de beneficiar a los aspirantes, les hará perder la confianza del pueblo”.

Durante el último tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de exponer públicamente a los cuatro aspirantes y de demostrar su respaldo. Y es que el presidente ha cubierto prácticamente todo el espacio político de su formación, y los aspirantes han estado a su sombra, de manera que sus capacidades y su visión de país ha quedado obnubilada por su narrativa preelectoral.

Dos de los candidatos ejercieron cargos electos que constitucionalmente son irrenunciables, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considerada el alfil del presidente, y el excoordinador de la facción morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Los otros dos candidatos ejercen cargos delegados, como el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Además, a último momento se han sumado a la lista de aspirantes, y por el lado de los aliados electorales, el senador y peso pesado del partido Verde, Manuel Velasco Coello, y el polémico diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quienes, para sostenerse, deben ser propuestos por sus partidos.

En definitiva, el mecanismo de consulta no se puede separar de lo que hasta ahora ha sido un proceso bajo control del presidente López Obrador, quien actúa como el “gran elector” de la interna morenista. Por ello, hay posibilidades de una ruptura, lo que significaría el fracaso del mecanismo aprobado por los consejeros morenistas y prevalecería la incertidumbre democrática.

Junio de 2013: la gran revuelta plebeya en Brasil

José Maurício Domingues
-
0
Junio de 2013: la gran revuelta plebeya en Brasil

Las gigantescas manifestaciones de junio de 2013 en Brasil cumplen 10 años y a muchos les cuesta entenderlas. Algunos, por interés propio y ceguera política, persisten en tesis absurdas sobre su apertura al fascismo y a supuestas guerras híbridas. Otros pretenden definir las bases de estas manifestaciones a partir de las clases sociales, en nuestro marxismo cotidiano, propugnado incluso por un buen número de analistas liberales. Otros señalan correctamente la pluralidad de puntos de vista y de reivindicaciones que estaban presentes en las redes sociales y en las calles. Por último, las movilizaciones populares antes y después de ese mes amplían el foco de análisis. Junio de 2013 fue, en efecto, muchas cosas. Lo que suele faltar es una interpretación política del fenómeno, uno de esos raros momentos de la historia en que las masas se ponen en movimiento de forma autónoma.

La democracia liberal es intrínsecamente un régimen mixto. Es democrática, pero también oligárquica. Algunos, en sus albores, quisieron concebirla como dirigida por una «aristocracia de espíritu» electiva. Otros subrayaron cómo una capa superior de políticos tendría la tarea de domar el carácter democrático del sistema. Inicialmente reacio a la democracia, el liberalismo se fue democratizando a lo largo del siglo XX. Paradójicamente, ello se produjo en gran medida a través de grandes organizaciones, partidos de masas, sindicatos y asociaciones, controlados por oligarquías internas, que sin embargo canalizaron el deseo popular de participación, apoyándose en el voto, pero más allá de él. Fuerzas sociales centrípetas, basadas en identidades tradicionales o en hechos materiales, ya sea la religión o la pertenencia a una clase obrera numerosa y concentrada, facilitaron la construcción de este tipo de organización.

Brasil participó en este proceso, en el que la democracia se democratizó sin perder sus elementos oligárquicos fundamentales. En el régimen post-militar, la democracia se profundizó, tardíamente en relación a otros países, evidenciando, por otro lado, un carácter mucho más oligárquico del sistema.

A partir de los años 70, se observa un fuerte retroceso del elemento democrático de la democracia, con la estatización de los partidos y un progresivo cierre del sistema político. También se fueron disolviendo las fuerzas centrípetas, con cambios en el mundo laboral que lo hicieron más fluido y la pluralización de las identidades sociales, religiosas, de género, etc. Las fuerzas centrífugas han pasado a predominar. Se perdió la conexión paradójica y virtuosa entre las grandes organizaciones y la participación popular. Los partidos y los políticos prestaron cada vez menos atención a la población, que se siente cada vez más excluida y ve cada vez más a los políticos como agentes interesados. Brasil siguió en la misma dirección, agravada por los problemas anteriores.

La de 2013 fue la gran revuelta plebeya de la historia brasileña. También fue simultánea a otras que estallaron en todo el mundo, poniendo al sistema político radicalmente en jaque. Este sistema fue luego consumido por luchas intestinas y tuvo que enfrentar el embate del poder judicial. Pero poco a poco se recuperó y creó mecanismos para bloquear cualquier amenaza a su reproducción. Se ha vuelto aún más oligárquico, como demuestra la apoteosis del «Centrão» fisiológico.

A pesar de sus características oligárquicas duras y excluyentes, en las que la parte dominante de la izquierda está profundamente imbricada desde hace mucho tiempo, aunque sea como el ala más débil, el sistema político brasileño es liberal democrático, con espacio para la participación y la influencia popular. El bolsonarismo, siguiendo el ejemplo de la dictadura militar, quiso mantener su núcleo oligárquico y combinarlo con la dictadura de un solo actor, apoyado por las Fuerzas Armadas. Fracasó, pero la amenaza de la desdemocratización pende sobre nosotros.

Corresponde a las fuerzas democráticas tomar conciencia de que sólo más democracia puede neutralizar las tendencias regresivas y la cizaña de la oligarquización. Por eso es tan importante mirar el legado de 2013 desde una perspectiva positiva. Para la oligarquía política ocurre, por supuesto, lo contrario. Sin embargo, sólo en su propio detrimento puede la izquierda rechazar la plebeyización de la política e ignorar la necesidad de reinventar las fuerzas de participación y su propia organización para abrir una vía más al proceso de democratización de la modernidad política. Tarea difícil, pero imprescindible.

La diversidad cultural también es biodiversidad

Laila Sandroni
-
0
La diversidad cultural también es biodiversidad

Una comunidad ribereña a orillas del río Amazonas ha dejado de consumir tortugas debido a su escasez. Las comunidades indígenas del desierto de Atacama, en Chile, reorientaron sus relaciones con los recursos hídricos debido a la creciente escasez de agua para mantener e incluso crear zonas de gran biodiversidad. Mientras que en Bolivia, mujeres de varias comunidades locales, indígenas y no indígenas, se reúnen para intercambiar experiencias y semillas para superar la pérdida de biodiversidad en sus sistemas alimentarios. ¿Qué tienen en común? Sus dinámicas culturas vivas siguieron los cambios en sus territorios. Adaptaron sus prácticas cotidianas para preservar el entorno mediante la presencia y el cuidado.

El Marco Mundial para la Biodiversidad de Kumming-Montreal, resultado de la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (CDB), es considerado un intento histórico de seguir protegiendo los ecosistemas del mundo. El acuerdo aboga por aumentar el número y la extensión de las zonas protegidas en todo el planeta, con un ambicioso objetivo: tener bajo la categoría de Parques y otras zonas protegidas el 30% de la superficie terrestre y marina total de la Tierra para 2030. El nuevo marco presenta objetivos más audaces y avances en la integración de la biodiversidad en la política y la toma de decisiones a escala mundial.

Sin embargo, el problema es que el marco se centra en la implantación de más áreas protegidas, como los Parques Nacionales, dando poca prioridad a lo que debería estar en el centro de las políticas de conservación: la diversidad cultural y la reparación histórica. Las Áreas Protegidas de Uso Sostenible abordan parte del problema, pero a menudo no sitúan a las poblaciones locales en el centro de la escena.

Aunque «los pueblos indígenas y las comunidades locales» se citan 10 veces en distintas partes del texto, la mención contempla su inclusión en políticas que suelen protagonizar otros actores e instituciones -como las grandes ONG conservacionistas internacionales- y no su papel clave para hacer el mundo más diverso, biológica y culturalmente. La meta 3 del informe, reconoce que los derechos territoriales de las comunidades indígenas y tradicionales deben respetarse, pero no perseguirse. No se menciona el apoyo al desarrollo de marcos institucionales para el reconocimiento cultural o las reivindicaciones territoriales como aspectos críticos para promover la diversidad de la vida en la Tierra.

En el caso de las tierras indígenas, aunque queda mucho por hacer para aplicar y reconocer adecuadamente esos territorios, los marcos jurídicos están mejor establecidos. Tras las luchas de los líderes indígenas por impulsar esta agenda, incluso en los debates mundiales sobre conservación, las instituciones jurídicas multinacionales y nacionales han avanzado.

Peor es el caso de las poblaciones locales no indígenas. Las salvaguardias legales de sus relaciones específicas con el medio ambiente son mucho más frágiles, y sus prácticas cotidianas en el cuidado de los bosques más biodiversos del mundo pasan desapercibidas.

En América Latina hay una gran riqueza cultural de formas de relacionarse con el medio ambiente, algo que también ocurre en muchas partes de África y Asia. Se trata de pastores, seringueiros, comunidades ribereñas, pescadores tradicionales y mujeres, campesinos, pantaneiros, quilombolas y muchos otros con una sólida cultura basada en el lugar que abarca su entorno vital. Son poblaciones marcadas por legados históricos particulares, como la diáspora africana y otras formas de colonialidad, que han desarrollado formas propias de vivir y sobrevivir en su entorno. A lo largo de los años, se han adaptado constantemente, creando territorios de vida, gestionados y protagonizados por personas con la naturaleza.

Al observar los contextos materiales del sur, queda claro que reconocer a las poblaciones locales en los proyectos de conservación para delimitar más Parques, Reservas y otras áreas protegidas no es suficiente para desarrollar una conservación ambientalmente eficaz y culturalmente justa. Por lo tanto, debemos plantearnos qué significan los esfuerzos de conservación inclusiva.

Se profundizará sobre estos temas durante el Congreso de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad (SRI2023) que se celebrará este mes en Panamá en la sección titulada «Compromiso de las partes interesadas para una conservación transdisciplinar e inclusiva». Es de esperar que de allí surja una serie de recomendaciones sobre la inclusión en los esfuerzos de conservación para contribuir a que las poblaciones indígenas y no indígenas se conviertan en protagonistas de la solución para detener la pérdida de biodiversidad, y no sólo en algo que se contemple al margen de las principales áreas de conservación restrictivas.

La riqueza de las soluciones disponibles producidas por esos pueblos es vital para cualquier camino que avance hacia un mundo más sostenible poblado por culturas y ecosistemas diversos. Sin embargo, de momento esfuerzos como los de las comunidad ribereña a orillas del río Amazonas, de los indígenas de Atacama o las mujeres bolivianas siguen siendo en gran medida invisibles en los debates sobre cómo detener la pérdida de biodiversidad a escala mundial.

Las elecciones judiciales y el frágil Estado de Derecho boliviano

Nataly Vargas Gamboa
-
0
Las elecciones judiciales y el frágil Estado de Derecho boliviano

La sujeción a la norma en sentido estricto ha sido una tarea pendiente en Bolivia desde su independencia. Bolivia ocupa la tristísima posición número 130 del índice global de Estado de Derecho. The Economist cataloga sistemáticamente a Bolivia como un régimen híbrido en el índice de la democracia, es decir, no es una democracia. Al parecer, el desenvolvimiento del país en cuestión de respeto a los derechos humanos, independencia judicial, lucha contra la corrupción, respeto a la oposición y libertad de prensa, entre otros, es igual de sobresaliente que su desempeño futbolístico.

Pocas cosas se han mantenido constantes en el país de los movimientos sociales y las rupturas políticas, una de ellas es su sistema de justicia en el que abundan los interinatos, la incertidumbre en el nombramiento de las altas magistraturas, las designaciones cuestionadas de jueces y fiscales y las deficiencias del sistema penal boliviano. Cambiando dos o tres líneas, el informe de la CIDH de 2009 bien podría perfectamente estar describiendo la situación actual del país en 2023. A saber, el proceso de selección de magistrados para los más altos tribunales de justicia está, como siempre, sumido en una preocupante incertidumbre a la que la población ya es indiferente.

Después de haber sido convocado el 27 de marzo de 2023, el proceso de selección de magistrados fue anulado en dos ocasiones, con acusaciones de parcialización, por acciones constitucionales que, casualmente, fueron a parar a manos de magistrados que buscan postularse a tribunales distintos (una estrategia para burlar la prohibición de repostulación), dejando patente una suerte de cambalache judicial. El pasado día 18 de mayo la cámara de diputados declaró en cuarto intermedio el debate para reencauzar el proceso de selección de magistrados, después de semanas de paralización porque su primer vicepresidente había ordenado preparar la cena… volvieron a sesionar el 24 de mayo aprobando una ley para reducir plazos, pero la continuidad del procedimiento todavía depende del Tribunal Constitucional.

Algo parecido sucedió el 2022 con la selección del Defensor del Pueblo. No hubo acuerdo para una convocatoria transparente y la mayoría oficialista se impuso el 18 de marzo de 2022. El oficialismo y la oposición dilataron hasta el cansancio la designación del nuevo defensor. Parecía que el oficialismo no tendría la capacidad de imponer un candidato al no contar con dos tercios de los votos camarales y se forzaría un consenso. No obstante, el 23 de septiembre de 2022 el oficialismo finalmente logró designar a su candidato aprovechando la ausencia masiva de la oposición que se encontraba celebrando las fiestas de Santa Cruz.

Sin embargo, lo más preocupante del proceso de selección del Defensor del Pueblo, no fue el resultado, sino el camino. Entre medio, una Sala Constitucional le otorgó la potestad al Presidente del Estado de pasar por sobre la Asamblea Legislativa en caso de no existir consenso y designar al defensor por Decreto Presidencial. Aunque esto no aconteció, los fundamentos expuestos en la sentencia podrían ser usados para la designación de otras autoridades, como el contralor o, inclusive, los altos magistrados. 

Estoo es parte de una jurisprudencia constitucional al servicio del poder de turno. No basta si no recordar la Sentencia 0084/2017 que posibilitó la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, incluido la del presidente Evo Morales, contraviniendo lo expresado por la constitución. Aunque la Corte IDH desahució la reelección indefinida en su Opinión Consultiva OC-28/21, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, manteniendo vigente a la reelección indefinida dentro de la jurisprudencia.

El Estado de Derecho está profundamente lesionado por la falta de independencia, instrumentalización, ausencia de debido proceso, uso abusivo de prisión preventiva y obstáculos al acceso a la justicia. Bolivia marca todas esas casillas desde la conformación de sus débiles tribunales en democracia, si bien es cierto, con algunos momentos célebres en los que la presión popular jugó la carta ganadora (el Juicio a García Meza y la devolución de curul de diputado a Evo Morales). 

La evaluación general, sin embargo, es negativa. El Informe 2021-GIEI advierte que se necesitan implementar reformas profundas en el sistema de justicia. Bolivia cuenta con una población carcelaria que triplica con creces la capacidad de su infraestructura con más de 70% de presos sin sentencia. Ello es consecuencia de la falta de independencia de jueces y fiscales, así como de la utilización política del sistema judicial.

El problema de fondo parece ser la importación de un sistema de pesos y contrapesos que no se adecuó jamás a las características propias de América Latina. Reflexiones como “la pesadilla” de Linz o “el desastre” de Ackerman, además de la suma de un Poder Electoral que no ha terminado de cuajar, predijeron el caos de un sistema que carece de capacidad para controlar al poder, en el que casi todo tiende a un autoritarismo descafeinado. Ministros y otras altas autoridades son investigados y detenidos por corrupción, abogados y otras autoridades “se caen” de edificios de más de diez pisos y el narcotráfico descuella.

Las amenazas desde el ejecutivo son también preocupantes. El ministro de justicia amenaza a jueces, fiscales y políticos con procesos y condenas a diestra y siniestra. En lo que va del año 2023 ya amenazó al líder de la oposición Carlos Mesa con que deberá rendir cuentas a la justicia y también sugirió al Tribunal Constitucional la destitución de dos de sus magistradas. El ministro de gobierno no pierde la oportunidad de exhibir públicamente a todo quien haya sido aprehendido a pesar de haber recibido por ello reprimenda de HRW por violar la presunción de inocencia. ¿Quizá deba reconocérseles la honestidad de hacer público el juego de extorsiones y amenazas que siempre se había hecho en secreto?

El desánimo generalizado de la población no muestra un futuro esperanzador en Bolivia. Las elecciones judiciales no parecen llegar a buen puerto. No sólo la dilación del Legislativo sino también el bombardeo desde el Tribunal Constitucional hacen temer unas designaciones de magistrados por Decreto Presidencial. Lo más triste del caso es que es tan grave el posible desenlace de un Ejecutivo todopoderoso que inclusive el cuoteo de magistrados por el Legislativo y la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos parece no ser el peor destino.

¿Cómo afecta la inseguridad a la popularidad del presidente?

Julian Borba
-
0
¿Cómo afecta la inseguridad a la popularidad del presidente?

¿Puede la sensación de inseguridad ciudadana hacer colapsar la credibilidad de un presidente? O, por el contrario, la percepción de violencia bajo control, en un contexto de seguridad que está aumentando, ¿podría fortalecer el prestigio de los gobernantes? ¿O solo cuentan los éxitos y fracasos en el terreno económico para entender la popularidad o impopularidad del Ejecutivo en nuestra región?

Según encuestas de opinión pública, los votantes latinoamericanos están inmersos en el pesimismo. El estudio Latinobarómetro muestra que la proporción de las personas insatisfechas con la democracia pasó de poco más de la mitad en 2008 a tres de cada cuatro personas en 2020. Las razones son conocidas. Con la excepción de 2020 y 2021, cuando el mundo estaba inmerso en la pandemia de la COVID-19, todos los sondeos muestran que para los latinoamericanos el principal problema es la situación económica, especialmente el desempleo y los bajos salarios, y le siguen la delincuencia y la corrupción.

Concretamente en el tema de la seguridad ciudadana, el 38% de los latinoamericanos dice vivir en lugares donde hay crimen organizado, grupos armados, narcotraficantes o «pandillas», y más de la mitad dice cambiar sus horarios por miedo.

Desde hace algún tiempo, la inseguridad y la sensación de amenaza o violencia inminente se ha convertido para los gobernantes en una amenaza a su autoridad, comparable con la devaluación del poder que causan la inflación y otras incertidumbres económicas. ¿Qué impacto puede tener entonces la centralidad del problema de la falta de seguridad y previsibilidad de la integridad física y patrimonial en la evaluación de los gobernantes?

El impacto que tiene tanto la sensación de inseguridad como la experiencia objetiva del delito en la opinión pública con respecto a los presidentes latinoamericanos es, según los estudios, demoledor. De ahí, las posturas de “mano dura” y decisionismo controlando la percepción de amenaza y transmitiendo una sensación pública de orden que buscan imprimir los gobernantes.

Una cuestión clave para determinar este efecto es el grado de asignación constitucional de la responsabilidad de mantener el orden y controlar la delincuencia, que puede ser exclusiva del Gobierno nacional o compartida. Sería natural esperar que la popularidad de los Gobiernos nacionales, con responsabilidad exclusiva en materia de seguridad, se viera más afectada por los sentimientos de vulnerabilidad personal o patrimonial y la sensación de victimización. En otras palabras, los votantes tenderían a castigar o a recompensar más a quienes ocupan cargos en contextos en los que su responsabilidad en materia de seguridad pública es clara.

Esta sospecha va más allá de la consideración académica en la medida en que puede moldear radicalmente los destinos de un Gobierno, ya que la percepción de su capacidad ―o incapacidad― para construir una noción generalizada de control puede representar la diferencia entre su supervivencia o caída y ―más aún― entre la conformidad o no con el funcionamiento de la democracia.

Encuestas como LAPOP, realizadas antes del estallido de la COVID-19, indicaban que casi la mitad de los latinoamericanos entrevistados decía sentirse inseguro y, en algunos países, este contingente llegaba al 67%, como en el caso de Panamá en 2016. En tanto, el promedio regional de victimización afectó a uno de cada cuatro latinoamericanos, aunque en países como México, Honduras y Brasil este porcentaje superó los 30 puntos.

¿Cuánto explican ―entonces― estas sensaciones la tremenda variación en la popularidad presidencial que encontramos en el periodo prepandémico entre mandatarios, capaz de oscilar desde un nivel tan extremadamente bajo como apenas el 10% para el entonces presidente Michel Temer en Brasil en 2016 hasta un extremo increíblemente alto con más del 70% de aprobación para el gobierno presidido por AMLO en México en 2018?

Los análisis de la relación entre estas medidas demuestran la fuerte dependencia de la capacidad de gobernar con la sensación de seguridad de la población. Los ciudadanos que se sienten inseguros, pero también aquellos que declararon haber sido víctimas de la delincuencia en los últimos meses, tienden a presentar evaluaciones más negativas de sus respectivos mandatos.

Más específicamente, la inseguridad lima la aprobación presidencial en un 24%, pulverizando, así, las facultades de mando y dirección del presidente. La experiencia como víctima tiene un impacto menor (ya que está menos extendida que la percepción de riesgo y peligro) y reduce en un 13% la credibilidad de los Gobiernos de turno.

Estos resultados se agudizan cuando la atribución de responsabilidades al presidente por la inseguridad es muy clara. La diferencia del peso de la inseguridad en la credibilidad de un gobernante entre un país, donde el mantenimiento del orden público se concentra exclusivamente en el Ejecutivo nacional frente a otro donde esta facultad se comparte con las administraciones estaduales o municipales o con los poderes Legislativo y Judicial, puede llegar a ser del 15%. Es el costo de una percepción de riesgo difundida.

La campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 popularizó la expresión «¡es la economía, estúpido!». La creencia entonces era que los vaivenes del apoyo político, incluyendo la popularidad del presidente durante su gestión, dependían en gran medida del éxito o el fracaso en el terreno del bienestar material y financiero. 

Este supuesto se importó pronto a América Latina. Sin embargo, los resultados de los estudios antes mencionados ofrecen una perspectiva que va más allá. En otras palabras, la actuación del Gobierno en cuestiones económicas como la inflación y el desempleo son fundamentales, pero insuficientes, para explicar el estado de ánimo del electorado. En el contexto latinoamericano, marcado por alarmantes indicadores de violencia y criminalidad, la acción gubernamental en materia de seguridad pública no puede ser descartada para entender el rumbo de la gobernabilidad.

No en vano algunos líderes políticos, desde Jair Bolsonaro hasta Nayib Bukele, han cosechado altos dividendos electorales con sus discursos de ¡orden público!

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

La ciencia transdisciplinaria es fundamental para alcanzar la sostenibilidad

Fany Ramos Quispe
-
0
La ciencia transdisciplinaria es fundamental para alcanzar la sostenibilidad

Coautores Camellia Kodia, Jihye Hwang, Rebecca Barnes

Con frecuencia, las personas más vulnerables y afectadas por el cambio climático no son incluidas o consideradas al construir y priorizar proyectos de investigación y agendas científicas. Pero para afrontar el cambio medioambiental del mundo, en diferentes sectores ha surgido un enfoque de la ciencia transdisciplinaria que trasciende las líneas disciplinarias. Este enfoque pretende cocrear conocimiento científico con la participación de las diferentes partes interesadas y afectadas en y por el problema a través de procesos colaborativos.

La ciencia transdisciplinar (TD) busca el esfuerzo integrado de científicos de diferentes campos, incluyendo organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pueblos indígenas y comunidades locales, industrias, empresas y todas las partes interesadas y afectadas. Y el objetivo es crear soluciones conjuntas y diversas que puedan aplicarse a la realidad y generar conocimiento amplio, integral e inclusivo.

Así, es fundamental el papel activo y protagónico de los interesados para que, más allá de los límites académicos, puedan surgir formas alternativas de conocimiento. El objetivo de la ciencia de la TD es fomentar la confianza, la apertura y la colaboración para que académicos, profesionales y otros puedan trabajar juntos para descentralizar las fronteras académicas y cocrear conocimientos y ciencia tanto apropiados como pertinentes en función de los retos medioambientales a los que nos enfrentamos actualmente.

Aunque todavía es un campo emergente, hay buenos ejemplos de utilización de este enfoque transdisciplinar para la creación de ciencia. Las acciones de investigación colaborativa (CRA, por sus siglas en inglés), del Foro Belmont, son iniciativas internacionales cuyo objetivo es la creación conjunta de ciencia transdisciplinar, con el propósito de aportar conocimientos que permitan comprender los cambios medioambientales globales, aplacarlos y adaptarse a ellos.

El Consorcio SAM (Guiding the Pursuit for Sustainability by Co-developing a Sustainable Agriculture Matrix) y NICH-Arctic (From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal ―sub― Arctic North Atlantic) son dos ejemplos de ello.

El Consorcio SAM emplea un enfoque de TD para integrar componentes biofísicos y socioeconómicos a escala nacional, con el fin de desarrollar indicadores para medir la agricultura sostenible desde las dimensiones medioambiental, económica y social en países de todo el mundo. SAM pretende servir de plataforma para el diálogo entre los distintos interesados en la agricultura, a fin de recopilar y construir datos a escala nacional sobre los factores socioeconómicos y ecológicos para cuantificar y visualizar las repercusiones de la producción agrícola actual en su sostenibilidad futura.

iFarm, por otro lado, es una plataforma implantada en cuatro institutos y dos universidades, que permite a los estudiantes de bachillerato y licenciatura participar en investigaciones sobre agricultura sostenible, y adquirir valiosos conocimientos informáticos.

Del mismo modo, NICH-Arctic pretende explorar las interacciones entre la cultura y el medio ambiente en respuesta al cambio climático en el Atlántico Norte subártico. El proyecto investiga la posible relación entre el cambio climático y las transiciones culturales ocurridas en Nunavik, una región del norte de Canadá, e incluye disciplinas como la climatología, la arqueología y el trabajo cultural. Gracias a esta colaboración, fue posible documentar los cambios climáticos, la ocupación humana y el medio terrestre y marino en la región de Kangiqsujuaq.

A pesar de los importantes avances y resultados de la ciencia de la TD, han surgido algunos retos a lo largo de su desarrollo como las dificultades para involucrar a algunos de los interesados, debido a la falta de información, la incomprensión del problema, la necesidad de apertura para comprender los sesgos de la experiencia, el tiempo para abrir el diálogo entre el personal académico y otros, y esquemas de financiación inadecuados para permitir la participación.

Por ello, es esencial encontrar formas de animar a la gente a hablar y compartir sus ideas, perspectivas y conocimientos, porque todos son importantes para crear (conjuntamente) soluciones que funcionen para todos. Por tanto, es clave abrir más espacios, a fin de seguir creando las condiciones para que la ciencia de la TD crezca y evolucione en consonancia con la actual crisis medioambiental. 

En este contexto, el congreso SRI, que se hará en junio en Panamá, fue concebido como un evento para reunir a la comunidad de investigación sobre el cambio ambiental (en el mundo) transdisciplinario (TD) y proporcionar un espacio para investigadores transdisciplinarios y otros, con el propósito de compartir sus avances y participar en la interfaz ciencia-política-sociedad.

Ideologías: murallas al desarrollo de América Latina

Ottón Solís
-
0
Ideologías: murallas al desarrollo de América Latina

Las narrativas políticas y económicas que han caracterizado los debates en América Latina han sido profundamente contaminadas por las dicotomías de la guerra fría y sus ideologías. Con asombroso simplismo y aún después de la caída del Muro de Berlín y el evidente fracaso del radicalismo de izquierda, existen, prácticamente en todos los países, grupos que toman como referencia esa visión del mundo para azuzar a la población y, cuando han tenido oportunidad, para tomar decisiones. Existen numerosos casos en los cuales esas ideas están inspiradas en un crónico antinorteamericanismo, pero, en otras, en un convencimiento sincero de que el socialismo o el comunismo tienen las respuestas.

Cualquiera que sea la razón, esos grupos terminan condicionando el debate y dificultando el salto cualitativo a las políticas sustentadas en el estudio de los productos de la Academia y de las trayectorias de países exitosos.

Por otro lado, y también con una colosal superficialidad, en todos nuestros países hay líderes políticos y economistas, los cuales, inspirados en Friedman y Hayek (o en sus intereses económicos personales), defienden un papel para las fuerzas del mercado que ignora la recesión y recuperación de la crisis que empezó en 1929, las teorías keynesianas, los análisis de Raúl Prebisch y, sobre todo, las políticas practicadas en todo país exitoso, empezando por Estados Unidos. Por ese intento de resucitar propuestas extremas del pensamiento económico liberal, las que ya habían descollado por sus falencias, es que denominamos neoliberal a ese tipo de activismo.

Hoy vivimos un resurgente consenso económico en Estados Unidos (EE.UU.), que fortalece la participación del Estado en la economía, el proteccionismo y la selección de “champions” como sujetos de subsidios estatales.

“Resurgente”, porque la realidad es que la política económica de ese país siempre ha distado mucho de lo que predica y lo que impone o fomenta directamente (como condición para la ayuda bilateral o para la firma de tratados de comercio) o indirectamente desde los organismos internacionales.

Según el economista noruego Erik Reinert, “…desde los padres fundadores, Estados Unidos siempre ha navegado en dos mundos, el activismo estatista de Alexander Hamilton y la sentencia de Thomas Jefferson de que ‘el gobierno que gobierna menos, gobierna mejor’. Con el transcurso del tiempo y el usual pragmatismo estadounidense, esta rivalidad ha sido resuelta poniendo a los jeffersonianos a cargo de la retórica, y a los hamiltonianos, a cargo de las políticas”. El proteccionismo agrícola y la participación directa del Estado en el financiamiento y ejecución de proyectos en el campo tecnológico y muchas de las políticas del new deal que nunca fueron eliminadas son solo ejemplos de ese permanente hamiltonianismo.

Pero desde la repuesta a las dificultades del 2008, el intervencionismo del Estado se ha ensanchado con especial fuerza. Ante esa crisis, se nacionalizaron y subsidiaron bancos y fábricas de vehículos y la Reserva Federal emitió el 13% el PIB para reactivar la economía. La Reserva utilizó, como criterio para esa política monetaria, la tasa de desempleo, contrario a sus prédicas neoliberales (repetidas como dogma sagrado en la mayoría de los países latinoamericanos) sobre la inconveniencia de que los bancos centrales tomen en cuenta esa variable.

La actual etapa de profundización del intervencionismo del Estado resulta del proteccionismo nacionalista de la derecha republicana y de los compromisos sociales y ambientales de los demócratas. La supuesta amenaza de China alimenta adicionalmente ese tipo de políticas.

La estrategia de este neointervencionismo busca una profunda reforma económica por medio de la intervención del Estado, utilizando todo el arsenal de herramientas a su disposición, que son dirigidas a ciertos sectores industriales, ciertas firmas y ciertas actividades económicas, y todo ello seleccionado por entes estatales, no por las fuerzas del mercado.

El cambio que se está observando no es cualitativo, ese activismo gubernamental ha caracterizado el extraordinario desarrollo de EE. UU. y todo país exitoso. Lo resaltable son otros aspectos. En primer lugar, la dimensión fiscal (cerca de 2 trillones de dólares); en segundo lugar, el crecimiento de los sectores impactados por ese neointervencionismo y, en tercer lugar, el cuestionamiento abierto al neoliberalismo y la disposición a defender el modelo distorsionador de las fuerzas del mercado por parte de prominentes miembros del establishment de EE. UU.

Pareciera que ahora el hamiltonianismo también está a cargo de la retórica. A finales de abril, nada más y nada menos que Jake Sullivan, el asesor nacional de seguridad del Gobierno, indicó que no se puede seguir ignorando “que las dependencias económicas que se generaron durante décadas de liberalización se habían vuelto peligrosas”. Agregó que las políticas “que habían energizado el proyecto americano en los años de la posguerra (y, en realidad, en mucha de nuestra historia) se habían desvanecido. Habían sucumbido ante ideas que promovían recortes en los impuestos, desregulación, privatización y libre comercio como fines en sí mismos. Había un supuesto en el fondo de todas estas políticas: que los mercados siempre eran lo mejor para la eficiencia y la asignación de los recursos”.

Esas palabras resumen el nuevo Consenso de Washington. A estas horas del partido, cuando en términos de un crecimiento económico sostenido o de desarrollo social, la prédica neoliberal carece de logros en América Latina, es necesario que los que son adictos a mimar los sermones dictados desde el norte se percaten del Consenso prevaleciente hoy en esas latitudes. Ello facilitaría mucho el debate y la construcción de las políticas de desarrollo en nuestros países.

Lo cierto es que toda economía exitosa, ya sea de vieja data o la de Singapur, Israel, Taiwán o la de la República de Corea, ha puesto en práctica políticas pragmáticas, flexibles, eclécticas; y sus dirigentes no han sido enceguecidos por los dogmas de la izquierda radical o de la derecha neoliberal.

China misma, si bien es cierto que ha dado enormes espacios a la propiedad privada y al mercado, mantiene la presencia del Estado sobre sectores estratégicos y usa profusamente incentivos de todo tipo para lograr sus objetivos económicos y sociales. Se le podrá señalar, desde algunos círculos interesados en lo geopolítico y lo económico, por el fuerte papel del Estado en la conducción del desarrollo, pero no de ser un fracaso.

De hecho, muchas de las políticas proteccionistas de las administraciones Trump y Biden buscan contrarrestar el éxito de China, no ampliando el papel de las fuerzas del mercado, sino intensificando el papel del Estado. Se trata, a pesar de la retórica, de un reconocimiento del papel del activismo gubernamental. En fin, Estados Unidos ha decidido competir con China desconfiando en algunas áreas de “la mano invisible” del mercado y confiando en “la mano visible” del Estado, precisamente la que es más visible en China. ¡Vaya paradoja!

Quizá sería exagerado referirse a los pasos de convergencia en cuanto a la política económica de ambas potencias, como el Consenso Washington-Pekín, pero también sería errado ignorar que para competir con la “estatista” China, Estados Unidos ha decidido ampliar el papel del Estado en su economía.

Las lecciones para nuestros países son gigantescas y son los neoliberales oriundos los que primero deberían tomarlas.

En fin, el que la izquierda radical y el neoliberalismo dejen espacio para una discusión de adultos sobre las mejores políticas de desarrollo, es una condición necesaria para que América Latina dé el salto.

1...140141142...267Página 141 de 267