El encuentro presidencial en Brasilia y la recomposición de la Unasur

Después de casi una década, los jefes de Estado de 11 países se han reunido en Brasilia, con el propósito de reiniciar el diálogo regional, revisar la agenda de cooperación y establecer las bases programáticas e institucionales de una renovada Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Este mecanismo de consulta y concertación al más alto nivel político-diplomático fue creado entre 2008 y 2011. Pero luego de una época de desarrollo, dicho mecanismo perdió dinamismo y a partir de 2019 tuvo que enfrentar un período de estancamiento y crisis que casi lo llevó al colapso.

Es indudable que la ausencia de diálogo entre líderes políticos para tratar asuntos de interés intrarregional ha sido contraproducente. Hay numerosos aspectos que precisan soluciones regionales y nacionales como la infraestructura económica, el desarrollo social, la promoción de la sustentabilidad ambiental, la generación de ciencia, tecnología e innovación, la lucha contra ilícitos transnacionales, la transición energética, la aplicación de seguridad cooperativa, los flujos migratorios, derechos humanos y ciudadanía, y la inserción internacional soberana, por citar algunos. 

La Unasur se caracteriza por su naturaleza intergubernamental. Ello presupone que, frecuentemente, los acuerdos entre los gobernantes son decisivos y el trabajo de los secretarios generales normalmente queda bajo supervisión de los mandatarios y cancilleres de los miembros plenos. De esta manera, se infiere una limitada cesión de soberanía de los Estados en favor de la institucionalidad supranacional.

Así, la polarización ideológica de los últimos años en varios países y entre dirigentes de la región ha terminado aumentando las tensiones y la credibilidad de este mecanismo. Ello fue especialmente grave en Brasil, un Estado pivote y principal potencia de América del Sur. En otras palabras, es bastante evidente que hubo insuficiente desarrollo institucional, falta de liderazgo y limitaciones financieras durante la primera década de la Unasur.

En tal contexto, la convocatoria del Gobierno de Brasilia y la voluntad política de los demás mandatarios para participar en la reunión al más alto nivel (independientemente de sus respectivas orientaciones y preferencias político-ideológicas) ha sido, sin duda, una alentadora noticia. Oficialmente, en la actualidad, la Unasur está solo integrada por 7 de los 12 países suramericanos, como miembros plenos. En tal sentido, una de las primeras tareas del encuentro fue procurar el restablecimiento de la participación de los no miembros.

El presidente brasileño y anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, es un político experimentado y uno de los pocos fundadores de la Unasur aún en funciones. Más allá de los eventuales intereses y beneficios marginales para Brasil en términos de liderazgo y prestigio entre los dirigentes del continente y del sur geopolítico, el actual mandatario brasileño ha demostrado una considerable y persistente disposición a invertir recursos político-diplomáticos para avanzar hacia la integración regional. Ello incluye asumir riesgos, cuestionamientos y críticas tanto de sectores y personas de cada país como del exterior, principalmente en lo concerniente a la interlocución con dirigentes controversiales de otros países.

La agenda de la reunión en Brasilia ha sido puntual y circunspecta. Se trató de un primer paso para retomar un proceso prácticamente paralizado en el último quinquenio. A partir de ahí, se aspira a que esta nueva etapa de la Unasur sea guiada por una renovada institucionalidad, el pragmatismo, la trascendencia y una constructiva convivencia entre Gobiernos de diferentes orientaciones políticas e ideológicas. Vale subrayar que, desde la perspectiva de la calidad de la democracia, esto último no podría admitir la coexistencia con regímenes políticos autoritarios, híbridos o iliberales en la contemporaneidad.

En el plano hemisférico y global, es recomendable una articulación más eficaz y eficiente entre la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ya que este último es el principal mecanismo de consulta y concertación del conjunto de las 33 naciones latinoamericanas y caribeñas. En consecuencia, la Unasur debería continuar contribuyendo e interactuando con el foro político-diplomático macrorregional evitando la duplicación de esfuerzos y competencias.

En otras palabras, es necesario reafirmar que la integración se debe basar en el diálogo y la concertación latinoamericana. Todo ello, en un contexto global turbulento, competitivo, pospandémico y confrontativo tanto en el eje geopolítico norte-sur como en el este-oeste.  

En suma, no queda más que dar la bienvenida a una Unasur transformada y centrada en el fomento de la paz, la democracia y el desarrollo de las naciones suramericanas. La reunión de mandatarios demuestra, nuevamente, que existe voluntad política, identidad colectiva e intereses concretos para retomar esta agenda que reúne a representantes de más de 400 millones de personas. Estamos hablando de doce países que, más allá de sus diferencias subregionales, comparten valores, memorias y afinidades electivas, desde el Caribe hasta la Patagonia, y desde Galápagos hasta el Atlántico.

Día Mundial del Medio Ambiente: a 50 años de su creación

Coautora María Inés Carabajal

Debido a los efectos negativos en la salud de la población humana (y demás seres) que se empezaron a evidenciar en los años sesenta, en 1972 se iniciaron las primeras conversaciones internacionales acerca del medio ambiente en la conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, también denominada Cumbre de la Tierra. El mismo año, el Club de Roma elaboró un estudio para analizar las repercusiones de la actividad económica vinculada a la guerra fría en el “medio ambiente humano”. En aquel reporte se mencionó por primera vez que el crecimiento puede tener  límites y se pusieron sobre la mesa los problemas relacionados con la población, la tecnología, los recursos naturales y el medio ambiente.

A partir de esta primera Cumbre de la Tierra, el interés de la comunidad internacional sobre la contaminación y sus efectos en la biósfera fue creciendo. En diciembre del mismo año, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), con el objetivo de establecer una agenda ambiental global, a fin de incorporar la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, y en 2015 las Naciones Unidas adoptó 17 objetivos globales de Desarrollo Sostenible para enfrentar la pobreza, proteger el planeta y lograr paz y prosperidad. 

La ONU define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.  Y para contribuir en las tareas del Pnuma, en 1973 se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente

Resultados a la fecha y desafíos

A lo largo de los últimos 50 años, los desafíos ambientales nos han puesto ante una encrucijada como nunca antes en la historia de los seres humanos. La naturaleza está dejando de ser ese espacio seguro para la vida en la tierra, y la huella humana en el planeta nos ha llevado a una crisis sin precedentes, marcada por el Antropoceno, el cambio climático, la polución y la pérdida de biodiversidad, entre otras importantes transformaciones. 

En los últimos años, los informes del panel de expertos sobre el cambio climático han advertido de la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para aplacar el aumento de la temperatura y las consecuencias que esto puede traer. La comunidad científica, a su vez, viene alertando desde hace décadas sobre estos procesos, especialmente sobre la necesidad de hacer cambios en los estilos de vida, los cuales deben basarse en el desarrollo, crecimiento y ampliación, y buscar patrones de consumo más responsables. 

Sin embargo, estos mensajes no han calado en las esferas políticas con el grado de responsabilidad, compromiso y la urgencia necesarios. Por ello, a 50 años de la creación del día del ambiente, es fundamental que la humanidad amplíe la imaginación y la disposición para pensar de manera colectiva algunas alternativas para el desarrollo actual.      

Paradigmas emergentes para repensar la crisis ambiental 

Los desafíos actuales no pueden ser abordados bajo las mismas perspectivas y prácticas que nos han traído hasta acá. Por lo tanto, abrirnos a paradigmas de vida alternativos se torna necesario. 

En este sentido, han ido surgiendo diferentes propuestas en el seno de las comunidades indígenas y por parte de quienes habitan los territorios más aislados, que son quienes encabezan los reclamos por justicia climática, social y ambiental. Debemos considerar estas perspectivas como propuestas legítimas, a fin de transformar nuestro vínculo con la naturaleza y las formas de habitar el planeta. 

El sistema capitalista, a lo largo de su historia, ha mantenido una relación utilitaria con la naturaleza, y el planeta ha sido una fuente de extracción de recursos naturales donde el precio es definido por el mercado. Esto es evidente en América Latina, donde la colonización ha traído una lógica de comoditización de la tierra, de sus componentes e incluso de las comunidades humanas que la habitan. 

La discusión sobre el valor/precio de la naturaleza es cada vez más predominante en las arenas de la diplomacia internacional, donde se debate cuáles son los mejores caminos para evitar el avance de los seres humanos sobre la naturaleza. Sin embargo, para muchos pueblos indígenas, originarios, campesinos y locales, la naturaleza es sujeto de derechos no solo porque sostiene nuestra vida, sino también porque su cuidado es parte de vínculos de reciprocidad y armonía entre las comunidades y la Madre Tierra

Estos avances son evidentes en las Constituciones de Bolivia y Ecuador, que partiendo de marcos institucionales y jurídicos, buscan transformar los marcos ético-políticos y dan cuenta de otras formas de relacionarse con la Madre Tierra, las cuales se basan en la interconexión, la interdependencia y el respeto. 

Ante la crisis ambiental que atravesamos, estas perspectivas toman una mayor relevancia y es urgente incluirlas, a fin de abrir un nuevo horizonte de posibilidades para repensar la forma como habitamos el mundo. Estas propuestas, básicamente, demandan abordar las necesidades reales de los pueblos, considerando una dimensión territorial para mantener la vida en todas sus expresiones, para avanzar hacia una justicia ambiental y social. También se busca ampliar los liderazgos e incluir a sectores históricamente excluidos y sus visiones indígenas/originarias como la de Madre Tierra, que tienen raíces en una percepción del mundo, en la que predomina el equilibrio entre los humanos con la tierra.

A 50 años del día del ambiente y ante una crisis ambiental cada vez más evidente, entendemos que las respuestas a los problemas ambientales deben considerar las propuestas partiendo de los territorios y de las comunidades y grupos históricamente excluidos, y que la crisis se debe abordar en cuanto a su dimensión política de justicia. Muchos de estos temas serán analizados en el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI), la reunión transdisciplinaria más grande del mundo que se hará en junio en Panamá.

María Inés Carabajal es profesora y doctora en Antropología, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). STeP Fellow en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Es especialista en las dimensiones humanas del clima y el cambio climático en el Antropoceno.

El papel de la juventud indígena en la conservación de la biodiversidad

En las comunidades que habitan el Abya Yala se viene gestando, desde hace décadas, la reconstitución de los territorios de los pueblos indígenas y los procesos de reconocimiento de los modelos de vida ancestrales. Desde la declaración de tierras comunitarias de origen (TCO) (tierras de propiedad comunitaria) y la titulación colectiva de tierras con la que pasaron a denominarse territorios indígenas originarios campesinos (TIOC), hasta el reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas, estos procesos se han ido haciendo en los diferentes países partiendo de la experiencia de los líderes indígenas, sobre todo los mayores de 35 años. Por ello, en la actualidad se viene cuestionando el papel (o la falta del papel) de la juventud indígena en los procesos de reconstitución y en los espacios de diálogo y debate.

El cambio climático y la conservación de la biodiversidad

Como parte de las COP y otros espacios de investigación, negociación y decisión se viene evidenciando el factor clave que tiene el involucramiento de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y las acciones ante la crisis climática. Esto, debido a que su modelo de vida tiene como esencia el interrelacionamiento respetuoso con su entorno.

De hecho, los principales protagonistas de la lucha por la conservación, preservación y defensa del medioambiente son los pueblos indígenas que, en muchos casos, son perseguidos y asesinados.

Sin embargo, en un contexto latinoamericano, atravesado por el colonialismo, el racismo y la discriminación e inferiorizacion de lo nativo y ancestral, el que las juventudes indígenas encarnen un papel activo para incidir en la reconstitución de los pueblos indígenas y su protagonismo en el respeto y la defensa del medio ambiente es todo un reto. De hecho, el rol de este sector de las comunidades en la reconexión con el conocimiento comunitario local y la revalorización de los saberes ancestrales es un asunto que está en debate.

Y es que el autorreconocimiento es un paso inicial para la juventud indígena. Tanto desde la individualidad hasta desde lo familiar, comunitario y colectivo, es necesario que los jóvenes puedan superar los prejuicios y revaloricen y sientan orgullo de su pueblo, sus valores, creencias y cultura. La concertación, partiendo de lo colectivo, es esencial para la construcción de una sociedad comunitaria que reproduzca e interrelacione las prácticas y conocimientos como parte del modelo de vida.

Diálogos intercientíficos

En este contexto, la interculturalidad o la búsqueda de la concertación y el relacionamiento respetuoso tiene como objetivo la transformación constructiva del conflicto (entendido como la expresión de las necesidades y la oportunidad de cambio), teniendo como herramientas la gestión de emociones, supuestos y poder. Así, la interculturalidad se convierte en una de las herramientas fundamentales para el entendimiento de la diversidad y la construcción de sociedades más justas.

En este marco, la búsqueda de soluciones a las diferentes crisis que aquejan a nuestras realidades pone sobre la mesa la necesidad de un enfoque transdisciplinario, donde las disciplinas científicas (o ramas de la ciencia occidental-céntrica) puedan dialogar y concertar mediante un conocimiento más general.

El conocimiento validado por la Academia tiende a ser privilegiado y elitista, y a discriminar a los demás conocimientos que no cumplen estrictamente con los parámetros de la Academia y son considerados inferiores o erróneos. Sin embargo, la experiencia de algunos académicos o pueblos indígenas da pie a la búsqueda de la validación de los conocimientos locales. De hecho, algunas experiencias aisladas han demostrado la riqueza del interrelacionamiento del conocimiento local y la ciencia occidental.

Espacios de diálogo

El Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI), la reunión transdisciplinaria más grande del mundo para la comunidad global de sostenibilidad, será un espacio de diálogo entre los conocimientos locales y la ciencia académica con un enfoque transdisciplinario.

Este es un espacio, por lo tanto, para el debate sobre el papel de la juventud indígena en los procesos de reconstitución de los territorios indígenas originarios y su relacionamiento con otras cosmovisiones para poder afrontar las diferentes crisis que se viven, con más intensidad, en sus territorios. Los conocimientos, que permitan encaminar sus acciones, son claves, por lo que es fundamental fomentar la complementariedad intercultural. En conclusión, uno de los retos más grandes para la conservación de la biodiversidad es que la juventud indígena tenga la disposición a escuchar, partiendo de la sabiduría ancestral de los pueblos del Abya Yala, para desarrollar una diplomacia intercientífica que les permita alcanzar los tres saberes (saber, saber ser y saber hacer) para el encuentro con el Vivir Bien (sumaj kausaysumaj kamaña), Vivir Sabroso y Vivir Bonito (k´acha kausakunapaq).

El fin de la emergencia sanitaria tensa la frontera sur estadounidense

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la suspensión del Título 42, que garantiza (al servicio de fronteras estadounidense) la posibilidad de impedir la entrada de inmigrantes en el país. Con la justificación de proteger a la población de los riesgos de la pandemia de la COVID-19, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han impedido la entrada al país de millones de latinoamericanos en los últimos dos años por la frontera sur. La suspensión de la medida está siendo vista como un factor potencial para una crisis migratoria.

Los grandes flujos de migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades de vida no son recientes. A lo largo de los años, miles de personas han abandonado México, Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como otros países de la región, debido a dificultades económicas, falta de oportunidades e incluso porque huyen de la persecución política.

El expresidente Donald Trump, que gobernó Estados Unidos durante cuatro años, ascendió a la jefatura del país con una propuesta bastante polémica. Su gobierno planeaba construir un muro en la frontera con México para evitar la migración ilegal. El presidente republicano también anunció que aumentaría la burocracia para los latinoamericanos que solicitaran la ciudadanía estadounidense, lo que fue apoyado por varios grupos políticos nacionalistas.

Aunque no se construyó el muro, sí se emprendió un cambio importante en la política migratoria con respecto a Estados Unidos. En marzo de 2020, el presidente Trump estableció el llamado Título 42 que autorizaba la deportación inmediata de cualquier persona que intentara ingresar ilegalmente a suelo estadounidense. Dicha medida se justificaba por el contexto pandémico que se vivía en ese momento. Según el Gobierno, sería necesario extender las barreras fitosanitarias al país, a fin de evitar la propagación del virus COVID-19, que ya se encontraba en un grado muy fuerte.

El mismo año en que se promulgó el Título 42, el presidente Biden ganó las elecciones, para lo que se basó en un discurso de atención a los inmigrantes latinos. El intento de convergencia entre la Casa Blanca y una política migratoria más suave se vio representado incluso en la composición de la lista presidencial. Biden mantuvo a su lado en la disputa electoral a Kamala Harris, exsenadora por California e hija de inmigrantes.

Pero en la práctica, el presidente demócrata se ha mantenido muy estricto en relación con la entrada de inmigrantes latinos en su país. De acuerdo con las autoridades migratorias, alrededor de 2,8 millones de personas han sido deportadas de Estados Unidos sin posibilidad de solicitar asilo, una de las disposiciones contenidas en el Título 42.

Esta medida migratoria, de tipo restrictivo, sin embargo, expiró el 12 de mayo de 2023, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que se había superado la peor fase de la pandemia.

Estados Unidos y los países latinoamericanos tienen una preocupación justificada por el retraso de tres años para los que solicitan entrar en el país. Para evitar incidentes, el presidente Biden ha desplazado a la frontera mexicana a más de 24.000 agentes de inmigración, incluyendo a policías federales y a militares, que, según el Pentágono, solo ayudan a mantener el orden en las zonas con aglomeraciones de gente.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha ofrecido a ayudar a acercar a los países latinoamericanos y a Estados Unidos para evitar una situación caótica. En los estados del norte de México, en particular, se están congregando miles de personas, esperando el momento adecuado para cruzar a Estados Unidos. También hay una acumulación de población en el estrecho de Darién, que une a Colombia y a Panamá, un denso espacio selvático que cruzan los migrantes que viajan desde Suramérica hasta Centroamérica.

El procedimiento para la legalización de latinos en Estados Unidos sigue siendo riguroso y se aplican sanciones a quienes permanecen ilegalmente en el país.

Organizaciones internacionales especializadas en derechos humanos han presentado informes que señalan una serie de violaciones de los principios internacionales y han denunciado violencia, asesinatos, violaciones y otros crímenes cometidos contra inmigrantes que se encuentran en el proceso de la búsqueda de asilo en Estados Unidos.

Las próximas semanas serán muy delicadas ante un posible caos migratorio de personas procedentes de diferentes países de América Latina y el Caribe en busca de una nueva vida en suelo americano.

Brasil y la creciente violencia en las escuelas

El creciente número de casos de violencia en las escuelas de Brasil pone de manifiesto el abandono en el que se encuentran las escuelas y la comunidad escolar. Al buscar ayuda, ambas descubren que el problema es multifacético, pero una de sus raíces es la propagación -principalmente online- de una ideología basada en la masculinidad, el individualismo y la supuesta superioridad donde se legitima el uso de la violencia para alcanzar objetivos ideológicos. 

En 2023, dos sucesos conmocionaron al país. Desde principios de la década de 2000 hasta abril de este año, se registraron al menos 24 ataques contra escuelas. Doce de ellos ocurrieron en el 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, como señala un informe sobre ataques a las escuelas en el país

Dos elementos deben ser destacados. En primer lugar, la violencia en las escuelas no es cualquier violencia, forma parte de lo que se denomina extremismo violento y el componente ideológico es clave. En segundo lugar, la familia no es la única institución responsable de la educación, y es que la escuela no puede centrarse únicamente en la formación académica, sino que también debe ser un lugar para el desarrollo de valores.

En la violencia a las escuelas, existe una fuerte conexión con motivaciones ideológicas extremistas y los ataques son planificados. Como afirma la investigadora Telma Vinha de la Universidad Estadual de Campinas, los ataques no son inesperados. La persona que comete los actos, generalmente varón, joven, blanco, heterosexual, pasa por un proceso de radicalización en el que se le hace creer que debe buscar la realización personal por encima de todo y que su expresión identitaria y sus ideas son superiores a las de otras personas. Es este proceso de radicalización el que puede conducir al extremismo violento.

Los discursos masculinistas, racistas, supremacistas, xenófobos, de intolerancia religiosa y antidemocráticos impregnan los pensamientos y validan los comportamientos de estos jóvenes que se radicalizan. Se trata de discursos de odio hacia cualquier grupo minoritario que, a medida que avanzan en la conquista de sus derechos, son percibidos como amenazas por quienes se mueven en el entorno promotor del extremismo violento

Hay en estos jóvenes un sentimiento de injusticia social sobre sí mismos y también de falta de pertenencia y la escuela se asocia a veces a estos sentimientos. Además, la escuela es una institución importante en la sociedad, que da visibilidad a la ideología que se quiere promover, por lo que a menudo se convierte en objetivo. 

Es en la búsqueda de una solución a los problemas que perciben como causantes de sus sentimientos de injusticia social y falta de pertenencia cuando los jóvenes pueden verse inducidos al odio, especialmente aquellos que son más vulnerables por formar parte de entornos familiares autoritarios o haber sido víctimas de acoso escolar. Este fenómeno se ve potenciado por factores como unas relaciones interpersonales ya contaminadas por el discurso del odio o por un escenario político que fomenta el descrédito en las instituciones y en los valores de un Estado democrático de derecho, entre otros. 

Una década de radicalización

En Brasil, no se puede disociar esta radicalización del avance de la extrema derecha. En 2013, las protestas iniciales contra el aumento de las tarifas de autobús, pronto ganaron otras motivaciones y grupos más vinculados a la derecha se fortalecieron, como el Movimento Brasil Livre (MBL). En las elecciones de 2014, bajo el clima de escándalos de corrupción, el discurso de odio comenzó a ser más explícito, especialmente contra los grupos favorecidos por las políticas afirmativas de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), como la población negra e indígena, con las cuotas raciales en las universidades, y la población de clase baja, con el programa Bolsa Família. Es importante destacar que el machismo institucional estuvo presente durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff (2010 – 2016). 

Bajo la defensa de una moral que podría ser corrompida por otro mandato de izquierda, también han ganado visibilidad iniciativas como el Movimiento Escuela Sin Partido, activo entre 2004 y 2019. Según Human Rights Watch, estas iniciativas han dejado un legado de leyes y amenazas a los docentes a partir de la supuesta lucha contra el «adoctrinamiento». 

En 2014, también surgió con fuerza el debate en torno a la «ideología de género». Así, la extrema derecha, abrazando agendas conservadoras y sentimientos antisistema, se fortaleció y se convirtió en una opción para parte de la población descontenta con el escenario entonces vigente. La falta de regulación de Internet y la apropiación de los recursos digitales que ofrecen los medios y redes sociales han permitido la gran propagación de la ideología de extrema derecha. 

Promover la paz mediante la educación en derechos humanos

Para combatir la cultura del odio y la violencia, es necesario actuar a partir de lo que sugieren la educación en derechos humanos y la cultura de paz. La educación en derechos humanos, como política pública en Brasil, sugiere que educar sobre, con y para los derechos humanos es un camino para alcanzar el respeto a las diferencias y la convivencia en un ambiente democrático, donde todas las personas viven con dignidad. La cultura de paz, a su vez, puede ser entendida como un conjunto de acciones que reconoce y acoge los conflictos, buscando transformarlos por medio del diálogo y de la no violencia. 

En las escuelas, la promoción de la convivencia en espacios heterogéneos es fundamental para la construcción de estrategias que erradiquen y prevengan la radicalización de los jóvenes. Buscar soluciones a la violencia en las escuelas a través de la militarización o de mecanismos de seguridad como en EE.UU., es simplista y no es sostenible.

La construcción de la paz basada en los derechos humanos y comprometida con la acogida de los conflictos, la gestión de las emociones y el diálogo, tiene más posibilidades de perdurar, porque pone a las personas en el centro del análisis y la búsqueda de soluciones. Y la escuela, si cuenta con el apoyo del Estado, de las familias y de la sociedad, tiene el potencial de ser un lugar de refugio y no un objetivo.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: aproximando personas para superar la violencia en las escuelas, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, acceda a: https://apoia.se/reconectar_escolas

¿Los prisioneros tienen derecho a votar?

El derecho al voto es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Es el medio por el cual los ciudadanos pueden expresar su voluntad y participar activamente en el proceso de toma de decisiones políticas. Aunque este derecho está garantizado por las Constituciones de los países, su efectividad para personas privadas de libertad (PPL) depende del país.

En 2018, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicana SUP-JDC-352/2018 estableció que los privados de libertad tienen derecho a votar en las elecciones, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Esta sentencia fue un paso importante para garantizar el derecho al voto de este sector de la población. Los requisitos básicos tienen que ver con demostrar la identidad, estar inscrito en el padrón electoral y, además, que no se encuentren sentenciados, esto es, que sean personas que se hallan privadas de libertad y sujetas a un juicio.

De ahí que el Instituto Nacional Electoral (INE), acatando la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, aplicó una prueba piloto en cinco entidades federativas. Posterior a ello, para el proceso electoral 2021-2022, pudo realizarse en un centro penitenciario de Hidalgo.  

Para el proceso electoral ordinario en donde se eligieron gubernaturas de los estados de Coahuila y Estado de México, el INE instrumentó un mecanismo para garantizar la participación, pero los resultados fueron contrastantes. Mientras en el Estado de México pudieron participar 4.518 personas en 73 centros de votación, el estado de Coahuila tuvo una convocatoria de 8 votantes en un centro de reclusión.

Para garantizar la transparencia del proceso, en las elecciones del Estado de México participaron 76 observadores en 20 centros de reclusión, donde se destacó la presencia internacional de Transparencia Electoral que integró una delegación de expertos, incluyendo a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para las Américas y el Caribe.

Así, es importante destacar que el INE cuenta con la capacidad de instalar centros de votación para garantizar a todas las personas el derecho al voto. Es imposible ver este derecho sin el compromiso institucional de diferentes instancias, tanto electorales como gubernamentales, donde las instancias de Control Penitenciario desempeñan un papel primordial al garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión.

Uno de los principales desafíos para los encarcelados en México es la falta de acceso a la información y a los materiales que permitan garantizar el voto con base en la información. De hecho, aunque se hicieron esfuerzos para que los reclusos pudieran contar con algunos factores para el razonamiento del voto, es importante que haya más insumos, propiciar la comparación de propuestas, el debate y la distribución de propaganda, de manera que las personas en prisión preventiva puedan contar con mayores elementos al votar.

A escala internacional, los países tienen diferentes regulaciones con respecto al derecho de los encarcelados a votar. Por ejemplo, en países de América Latina como Argentina y Uruguay, los privados de libertad tienen derecho a votar en las elecciones, independientemente del delito que hayan cometido. Además, estos países han establecido medidas para garantizar el acceso efectivo a este derecho, como la instalación de mesas de votación en las cárceles. Mientras en Brasil, los condenados por delitos graves, como homicidio y tráfico de drogas, no pueden votar mientras cumplen su condena.

En Estados Unidos, el derecho de los encarcelados a votar varía según el estado. Algunos de estos permiten que los reclusos voten mientras están en prisión, al tiempo que otros solo les permiten votar una vez que han sido liberados de la prisión y han completado su libertad condicional. Mientras tanto, en algunos países como Noruega y Suecia, a los encarcelados siempre se les ha permitido votar, ya que se considera un derecho humano básico que no debe ser quitado como resultado de una condena penal.

En conclusión, si bien México tiene regulaciones en vigor que permiten a los encarcelados ejercer su derecho al voto, todavía hay retos que deben abordarse para garantizar que sus votos sean libres y justos. A pesar de la sentencia del Tribunal Electoral mexicano, aún se necesitan medidas efectivas, a fin de garantizar el acceso a este derecho.

Es importante que las autoridades electorales y penitenciarias hagan un análisis comparativo de las experiencias en otros países y puedan emplearse medidas, a fin de que las PPL cuenten con elementos suficientes para emitir un voto razonado, en condiciones seguras, donde el funcionariado electoral, partidos políticos y observadores electorales puedan atestiguar este importante ejercicio de participación.

Liderazgo y partidos, una relación tortuosa

Carlos Pineda, hasta hace poco el candidato a la presidencia en Guatemala con mayor intención de voto, expresó su sorpresa por el hecho de que el partido por el que se presentaba, Prosperidad Ciudadana, desistiera de apoyarlo en su apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Sin ocultar su frustración por quedarse fuera de las elecciones del próximo 25 de junio por una sentencia judicial, aseguró que desconocía a “qué jugaba el partido”. El presidenciable insistió en que siempre dijo que no era parte del partido y que no entendía el comportamiento de sus miembros.

Las relaciones entre liderazgo y partidos son un asunto añejo en política que se exacerba en los regímenes presidencialistas. La elección presidencial directa por la ciudadanía desdibuja la función intermediadora que desempeñan los partidos en los regímenes parlamentarios que, sin embargo, se mantiene sólidamente en otros avatares. Los partidos en el congreso desempeñan papeles relevantes en el proceso legislativo, en nombramientos de cargos de nivel superior y en tareas de control del gobierno. Existe, por consiguiente, un juego en diferentes ámbitos que, en el caso del candidato frustrado Pineda, provoca perplejidad por entender que el libreto no transcurre como querrían que fuera.

La liza política actual de un buen número de países latinoamericanos presenta un modelo de juego en el que el liderazgo mayor, asumido por la figura presidencial, se impone irrestrictamente frente a los condicionantes partidarios. La voluntad presidencial grava cualquier supuesta veleidad del grupo y no entiende que haya reglas o estrategias que puedan limitarla. Ahora bien, el juego articulado posee cierta complejidad y establece hoy tres modelos que conllevan implicaciones diferentes

El primero sigue la pauta vigente en México y en El Salvador donde sus presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, que en la actualidad cuentan con los índices de aprobación popular más altos de la región, manejan de manera vertical a sus respectivos partidos creados por ellos mismos. Como señala el prestigioso medio El Faro, el partido salvadoreño Nuevas Ideas es “una marca, una creación, para admirarse y venerarse a sí misma”. Constituye una manifestación de iniciados que tiene a Bukele como “pináculo, sustentada en lealtad absoluta y fiducial, en dónde la negligencia se califica como impiedad”. Cada día se producen más de cien videos en YouTube que promocionan e impulsan la imagen del presidente y que atacan y destruyen todos los obstáculos, con una alta tasa de eficiencia en función de reproducciones y vistas. Valoración que sirve para López Obrador quien, además, puesto que no puede ser reelegido, se dispone en los próximos meses a controlar su sucesión en el seno de su formación, Morena, cuya función es parecida a la de Nuevas Ideas.

República Dominicana, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela siguen una senda similar, aunque el desempeño democrático no esté presente en los dos últimos. El Partido Revolucionario Moderno, el Movimiento al Socialismo, LIBRE, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela, respectivamente, son los instrumentos de actuación política de Luís Abinader, de Luís Arce, aún con serios problemas de control interno, del matrimonio formado por Xiomara Castro y Mel Zelaya, de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro. Todos ellos estuvieron en el momento fundacional del partido que hoy es instrumento primordial del ejercicio de su poder.

El segundo dibuja un escenario donde el presidente logra articular una coalición sobre la base de su magro partido con éxito incierto en función de los asuntos que deben salir adelante. Es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay. En ellos, una variable fundamental se relaciona con la madurez y consolidación del sistema de partidos para mantener una estabilidad mínima en términos de gobernabilidad del sistema. Uruguay destaca por su alta institucionalidad que, no obstante, no impide la existencia de ciertas tensiones en la misma. Paraguay, es también una excepción por la longevidad del gobernante y preponderante partido colorado.

Colombia es un caso interesante donde el equilibrio inestable se está deshaciendo puesto que el Partido de la U, con 11 senadores y 15 representantes, ha decidido salirse oficialmente de la coalición legislativa del Gobierno de Gustavo Petro y declararse independiente. Una decisión que llega poco después de que el Partido Conservador, con 15 senadores y 25 representantes, hiciera lo mismo y se alejara de la amplia coalición construida por Petro durante los primeros meses de su mandato y que le había permitido aprobar la reforma tributaria y la ley de paz total, entre otras.

El tercer modelo lo definen los presidentes de Costa Rica, Ecuador y Perú que ni han alcanzado a tener capital político propio ni cuentan con un partido con fuerza significativa en el Congreso. Mientras estos dos últimos han sufrido crisis muy serias, que han supuesto la convocatoria de elecciones con el escenario abierto de interinidad en la presidencia de Guillermo Lasso y el reemplazo del presidente Pedro Castillo por la vicepresidenta Dina Boluarte, en Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves languidece sostenido únicamente por la hasta ahora sólida naturaleza del sistema político costarricense.

Se trata de modelos que evidencian la heterogeneidad de la política en la región en torno a un juego tortuoso cuya naturaleza, frente a aspectos de carácter institucional, entroniza talantes individuales en los que el narcisismo y la incompetencia tienen amplia factura. La política se centra casi exclusivamente en la actuación de personas concretas con una pulsión desatada por el poder y deja fuera los comportamientos rutinizados que configuran las instituciones. Por ello, no debiera resultar extraño que quienes detentan el poder, o están próximos, intervengan en un juego diferente al del resto. El suyo.

En México la independencia judicial está bajo acecho

Hace tiempo que las relaciones entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes Ejecutivo y Legislativo de México se han tensado, afectando la independencia judicial. Desde que la ministra Norma Piña se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte, la presión del Palacio Nacional no ha cesado. Las disputas empezaron el 5 de febrero, Día de la Constitución, cuando la ministra no se puso de pie en el momento en el que se presentó el presidente. Tras el incidente, el mandatario recalcó: No era necesario, pues es un poder autónomo y que, tal vez, estaba cansada”. Pero días después afirmó: “La ministra está ahí por mí”. El comentario fue tomado como una agresión y suscitó diferentes críticas.

Al asumir el cargo, la nueva presidenta afirmó que “la Corte hablará a través de sus sentencias”, lo cual ha venido ocurriendo. Hasta este punto, el disgusto del presidente con el máximo tribunal permite ver el funcionamiento de pesos y contrapesos. Actualmente, en México el oficialista Morena tiene la mayoría simple en el Congreso de la Unión y ocupa la Presidencia. Sin embargo, la Corte, encabezada por Norma Piña, ha dado muestras de ser un contrapeso a leyes que lastiman la democracia o violan los derechos humanos.

La Corte, hasta el momento, ha cumplido con sus funciones de árbitro entre poderes, pero esto no ha sido un camino fácil, pues, con estas decisiones, se ha vuelto un objetivo de la Presidencia que ha profundizado y radicalizado sus ataques contra los ministros.

El 18 de abril, la Corte declaró que el decreto que pasaba la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, era inconstitucional. Esta fue una de las reformas clave del presidente y, al ser declarada inconstitucional, Andrés Manuel López Obrador acusó, sin pruebas hasta la fecha, que Piña quiso negociar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ante estos incidentes, simpatizantes del Gobierno se han manifestado en la sede del Poder Judicial para pedir la renuncia de la presidenta, a quien señalan de traición a la patria.

Después de que el oficialismo aprobó en el Congreso el “Plan B” para una reforma electoral, la oposición impugnó su contenido y las violaciones al proceso legislativo y, con esto, lo llevó hasta la Suprema Corte. Finalmente, el ministro de la Corte, Javier Laynez, otorgó la suspensión indefinida, por lo que se frenó la reforma. A continuación, López Obrador lo tildó de “alteza serenísima” y lo acusó de no ser electo por el pueblo y de no ser un representante popular. Recordemos que el sistema judicial mexicano se caracteriza por tener un sistema basado en méritos y, para la designación de magistrados electorales y ministros, el Senado es la autoridad encargada. Sin embargo, el rechazo al “Plan B” ha llevado a la radicalización del oficialismo contra la Corte.

El 7 de mayo, un día antes de que el ministro Alberto Pérez Dayán presentara al pleno el proyecto para invalidar la segunda parte de esta reforma, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó al máximo tribunal a que el ministro ponente no votara (para ello, argumentó que no era lo suficientemente independiente). Esta parte de la reforma electoral también fue, finalmente, invalidada con nueve votos a favor y dos en contra.

Al día siguiente, el presidente dedicó gran parte de su conferencia radial matutina a descalificar a la Suprema Corte y señaló a sus ministros de corruptos. Además, avisó que un mes antes de que se termine su mandato, si su partido alcanza la mayoría calificada en el Congreso, enviará una iniciativa para que los jueces sean electos por voto popular. Esto, de concretarse, sería no solo un ataque al sistema judicial, sino a la propia democracia mexicana.

De momento, los manifestantes (influenciados por un discurso radicalizado) se mantienen fuera de la sede de la Corte y han intensificado sus protestas con insultos y acusaciones. Además, el discurso ha penetrado en el Congreso y ciertos senadores y diputados del oficialismo acusan a la Corte de buscar sustituir al Legislativo en sus funciones.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, amenazó con que hay varios mecanismos para que los ministros de la Corte rindan cuentas, como las comparecencias y el juicio político. Mientras tanto, el propio partido acusa a la Corte de fraguar un lawfare, término utilizado para hablar de un golpe de Estado blando a través de decisiones judiciales en contra de un presidente o personaje político.

En definitiva, el objetivo de la radicalización de la retórica del partido gobernante hacia el Poder Judicial es allanar el terreno para justificar la reforma judicial y, con ella, hacer campaña, y, por otro lado, erosionar la independencia del sistema judicial y, así, alinearlo a la órbita presidencial.

Sin duda, las relaciones entre estos poderes continuarán tensándose, ya que la Corte aún no ha analizado la primera parte del “Plan B”. En caso de invalidarla, probablemente el asedio y la campaña de desprestigio y persecución contra las y los ministros se profundizará.

Las temperaturas alcanzarán niveles récords en los próximos cinco años 

Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que es probable que “las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos cinco años”, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y al fenómeno natural de El Niño. Según el informe, entre 2023 y 2027 la temperatura media anual podría superar en 1,5 °C los niveles preindustriales, y probablemente sea el período más cálido desde que se tiene registro. Este dato no se refiere al umbral de 1,5° establecido en el Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, ha encendido las alarmas por los efectos que podría ocasionar. El calentamiento afectará a todas las regiones del mundo, pero de manera desigual: las poblaciones más vulnerables y con menos recursos, que paradójicamente son las que menos han contribuido al cambio climático, son las que más sufren y sufrirán las consecuencias.

En marzo de 2023 se publicó el informe síntesis del sexto reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y su mensaje es contundente: las medidas que, hasta el momento, han adoptado los países no son suficientes para evitar las repercusiones del cambio climático que ya estamos viviendo.

Sin embargo, todavía hay esperanza. Si se reducen las emisiones de los GEI y se emplean medidas efectivas y urgentes no solo se pueden reducir las pérdidas y daños para los seres humanos y la naturaleza, sino que también es posible garantizar un futuro habitable para todos. Para que esto sea posible, la acción climática debe centrarse en la justicia, el desarrollo resiliente y la equidad.  

El informe del IPCC explica de qué manera la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Y teniendo en cuenta que en la última década la temperatura se ha incrementado un 1,1 grados Celsius por encima de los valores preindustriales, aún si todos los países cumplieran sus compromisos climáticos, no sería suficiente para evitar que se sobrepasen los 1,5 grados.

La continua quema de combustibles fósiles, los sistemas energéticos insostenibles o los cambios en los usos del suelo y la deforestación en todo el mundo están causando eventos climáticos extremos más frecuentes y fuertes. Si bien los países desarrollados han tenido una mayor responsabilidad en acelerar el cambio climático, son los países menos desarrollados los que más sufren las consecuencias. Por ello, la idea de justicia climática es un eje central sobre el cual hay que crear medidas de adaptación y mitigación que estén integradas, a fin de lograr un desarrollo resiliente.

Hacia la justicia climática: la centralidad del financiamiento

El concepto de justicia climática destaca la dimensión ético-política del cambio climático y cómo las desigualdades sociales y económicas se encuentran en el corazón del problema. Tan importante se ha tornado este concepto que en marzo de este año la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución para pedir la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las responsabilidades jurídicas de los Estados, que, por “acción u omisión”, afectan el clima.

Esto tiene varias implicaciones. Por un lado, las que están vinculadas al financiamiento que los países más vulnerables necesitan para enfrentar el impacto de los cambios en el clima. En este punto se ha hecho un gran avance en la COP27, gracias al acuerdo histórico para la creación de un fondo de “pérdidas y daños” que apoye a los países en vías de desarrollo. Este fondo apunta a compensar a los países que ya están sufriendo los impactos negativos tanto en lo que se refiere a pérdidas económicas (bienes, infraestructura, actividades productivas) como no económicas a los cuales no es posible asignar un valor como la migración climática, la pérdida de biodiversidad de la que dependen las poblaciones locales o de aspectos simbólicos o del acervo cultural que generan los vínculos comunitarios.

Este fondo de financiación recaerá sobre los países desarrollados por sus responsabilidades históricas, aunque aún no se han definido los mecanismos de empleo, funcionamiento y las modalidades de pago de las compensaciones. Las negociaciones llevarán tiempo, tomando en consideración que los países desarrollados son renuentes a aceptar la responsabilidad como emisores históricos. De momento, para avanzar en la ejecución del fondo, 24 países trabajarán conjuntamente, a fin de acordar qué países deben contribuir, cómo será distribuido el financiamiento o cuáles serán los instrumentos, entre otros factores.

Otro aspecto central es la necesidad de avanzar en la ejecución de medidas que estén orientadas hacia un “desarrollo resiliente al clima”, que articule de manera integral acciones de adaptación y mitigación con miras al desarrollo sostenible, teniendo como objetivo la interdependencia de los sistemas sociales y naturales. Cada país cuenta con distintas capacidades y oportunidades para llevar a cabo medidas de desarrollo resiliente al clima, pero claramente los países vulnerables necesitarán mayor financiamiento, transferencia de conocimiento, tecnología y acuerdos que estén basados en la cooperación internacional.

El último aspecto de la justicia climática que resalta el informe es el fortalecimiento de la participación social, la equidad y la revalorización del conocimiento de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en la toma de decisiones a escala local y nacional. Cumplir con las agendas y planes nacionales requiere el fortalecimiento de la producción de conocimiento local y la realización de políticas públicas que incluyan la voz de estas comunidades. Este desafío va de la mano del desarrollo de enfoques transdisciplinarios que construyan puentes de legitimidad y confianza entre la ciencia, la política y la sociedad.

La promoción de espacios de encuentro transdisciplinarios, transnacionales e innovadores se torna fundamental para la acción transformadora. Un ejemplo es el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI) que se hará en junio en Panamá. Esta es la reunión trandisciplinaria más grande del mundo, en la que se buscará intercambiar ideas y fomentar un espacio de colaboración mediante la congregación de líderes mundiales, encargados de tomar decisiones en sectores gubernamentales, de la sociedad civil, financiadores e innovadores para pensar ideas y acciones transformadoras, que se basen en los desafíos de la sustentabilidad.

Como alertan los datos de la OMM y los reportes del IPCC, la acción climática debe acelerar el paso si queremos evitar que los riesgos relacionados con el clima se agraven aún más a futuro. Estamos a tiempo y hay una puerta de esperanza.

Paralizados ante la desinformación

La desinformación no es un fenómeno reciente pero su crecimiento exponencial sí está correlacionado con el aumento del uso de internet y la masificación de las redes sociales. En este marco, vale aclarar que la desinformación se refiere a la difusión de información deliberadamente falsa, engañosa o sesgada, especialmente cuando la suministra un gobierno, sus instituciones o los líderes con la intención de influir en la política y opinión pública. El término mal informar (información errónea o incorrecta) es otra cosa. Este se diferencia de la desinformación en que es «intencionalmente neutra»: no es deliberada, simplemente es errónea. Y finalmente, la desinformación se diferencia de la propaganda en que siempre se refiere a algo que no es cierto, aunque a veces se use como propaganda.

Al momento de mapear cómo se configura la desinformación en la cabeza de los latinoamericanos, necesitamos entender en qué contexto se manifiestan sus percepciones y actitudes. Para ello, el “social listening” permite entender la conversación espontánea que circula por las redes sociales en base al tema y el nivel de afectación.

Los hallazgos del último estudio de la red de empresas WIN (Worldwide Independendent Network) en Latinoamérica en redes sociales indican que la desinformación crece significativamente durante momentos disruptivos, de crisis o de acontecimientos con alta demanda de información.

La pandemia, cuando la población estaba ávida de información respecto a las vacunas o a las medidas de bioseguridad, o la guerra entre Rusia y Ucrania, las crisis políticas y los procesos electorales son ejemplos de estos momentos. Y es que, a mayor demanda de información, menos tiempo para confirmar la veracidad de la información, la fuente o incluso para desmentirla.

El estudio, llevado adelante en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay da cuenta de que en muchos casos se suele usar la reputación de universidades o de medios de comunicación tradicionales para darle un halo de veracidad a esa noticia falsa. Y estas, se viralizan aún con mayor rapidez cuando se trata de personajes controversiales o cuando se busca infundir temor y caos.

Atentos pero vencidos por la inercia

Las noticias falsas están presentes en el día a día de las personas. Sin embargo, la mayoría se siente confiada en poder reconocerlas, aunque no está instalado el hábito de chequear la información a la que se accede. Según el estudio, donde se consultó a 6.049 personas de estos ocho países, seis de cada diez brasileños y algo menos de ecuatorianos consideran que todos los días se encuentran con noticias falsas. En Latinoamérica, esta percepción suele ser alta.

En este marco, algo más de la mitad de los argentinos (55%) y mexicanos (53%) sienten cierta confianza en poder reconocer fake news. Sin embargo, a pesar de la alta exposición a la desinformación, más de la mitad de los latinoamericanos rara vez o nunca verifica la fuente o precisión de la información a la que está expuesto.

Pero si la ciudadanía se siente acosada por la manera sesgada y desfigurada de relatar la realidad y se preocupa, pero por otro lado no se esfuerza en protegerse, ¿a quién delega esa función?

Más que lavarse las manos o resignarse a convivir escépticamente con la desinformación, los latinoamericanos parecen esperar que determinados actores tomen el liderazgo y se conviertan en los validadores y fuentes confiables para editar o- al menos- educar sobre las versiones problemáticas de la realidad derivada de las noticias falsas. La escuela es un de esos potenciales líderes, así como las entidades de “fact-checking” que se dedican a verificar la autenticidad de la información en redes sociales y medios de comunicación.

La academia (colegios y universidades) son otro potencial aliado. Siete de cada diez encuestados manifiesta confiar en la información proveniente de esta fuente y casi seis de cada diez los reconoce como los actores que mayor esfuerzo realizan en combatir la desinformación.

Sin embargo, aunque la academia es el actor que más confianza genera, también se le atribuye cierta responsabilidad en desinformar, con cierta distancia de la televisión, los medios tradicionales, los políticos, el gobierno y los motores de búsqueda de internet. Esto revela una crisis del sistema político cuyos actores son parte de este fenómeno de desinformación.

Las autoridades políticas como parte del problema

Los políticos y gobiernos sufren de una profunda desacreditación informativa. Apenas un 27% de latinoamericanos confía en la información brindada por su gobierno. Y la antigüedad de la gestión pareciera hacer mella en el crédito otorgado a los gobernantes, ya que los gobiernos entrantes tienen mayor credibilidad que aquellos con varios años de gestión.

El panorama es peor en el caso de los políticos ya que solo el 14% de los latinoamericanos confía en la información que difunden. De hecho, gran parte de los encuestados señalaron a los políticos y los gobiernos como los principales responsables de difundir desinformación al público, solo superados, en algunos casos, por la televisión y los periodistas.

Algunos países ven una salida en la legislación. Tal es el caso de Brasil, donde además de intentar regular, se han creado comisiones legislativas de investigación. Pero mientras quienes regulen sean percibidos como los menos confiables y responsables de desinformar, difícilmente se lograrán resultados.

Por ello, más allá de los esfuerzos por legislar al respecto, la toma de conciencia de esta problemática y los esfuerzos para reforzar conductas ciudadanas que impulsen al receptor de la noticia a comprobar la veracidad de la información, antes de compartirla, es clave para minimizar el impacto de las noticias falsas.