Brasil y la creciente violencia en las escuelas

Michele Bravos
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Brasil y la creciente violencia en las escuelas

El creciente número de casos de violencia en las escuelas de Brasil pone de manifiesto el abandono en el que se encuentran las escuelas y la comunidad escolar. Al buscar ayuda, ambas descubren que el problema es multifacético, pero una de sus raíces es la propagación -principalmente online- de una ideología basada en la masculinidad, el individualismo y la supuesta superioridad donde se legitima el uso de la violencia para alcanzar objetivos ideológicos. 

En 2023, dos sucesos conmocionaron al país. Desde principios de la década de 2000 hasta abril de este año, se registraron al menos 24 ataques contra escuelas. Doce de ellos ocurrieron en el 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, como señala un informe sobre ataques a las escuelas en el país. 

Dos elementos deben ser destacados. En primer lugar, la violencia en las escuelas no es cualquier violencia, forma parte de lo que se denomina extremismo violento y el componente ideológico es clave. En segundo lugar, la familia no es la única institución responsable de la educación, y es que la escuela no puede centrarse únicamente en la formación académica, sino que también debe ser un lugar para el desarrollo de valores.

En la violencia a las escuelas, existe una fuerte conexión con motivaciones ideológicas extremistas y los ataques son planificados. Como afirma la investigadora Telma Vinha de la Universidad Estadual de Campinas, los ataques no son inesperados. La persona que comete los actos, generalmente varón, joven, blanco, heterosexual, pasa por un proceso de radicalización en el que se le hace creer que debe buscar la realización personal por encima de todo y que su expresión identitaria y sus ideas son superiores a las de otras personas. Es este proceso de radicalización el que puede conducir al extremismo violento.

Los discursos masculinistas, racistas, supremacistas, xenófobos, de intolerancia religiosa y antidemocráticos impregnan los pensamientos y validan los comportamientos de estos jóvenes que se radicalizan. Se trata de discursos de odio hacia cualquier grupo minoritario que, a medida que avanzan en la conquista de sus derechos, son percibidos como amenazas por quienes se mueven en el entorno promotor del extremismo violento. 

Hay en estos jóvenes un sentimiento de injusticia social sobre sí mismos y también de falta de pertenencia y la escuela se asocia a veces a estos sentimientos. Además, la escuela es una institución importante en la sociedad, que da visibilidad a la ideología que se quiere promover, por lo que a menudo se convierte en objetivo. 

Es en la búsqueda de una solución a los problemas que perciben como causantes de sus sentimientos de injusticia social y falta de pertenencia cuando los jóvenes pueden verse inducidos al odio, especialmente aquellos que son más vulnerables por formar parte de entornos familiares autoritarios o haber sido víctimas de acoso escolar. Este fenómeno se ve potenciado por factores como unas relaciones interpersonales ya contaminadas por el discurso del odio o por un escenario político que fomenta el descrédito en las instituciones y en los valores de un Estado democrático de derecho, entre otros. 

Una década de radicalización

En Brasil, no se puede disociar esta radicalización del avance de la extrema derecha. En 2013, las protestas iniciales contra el aumento de las tarifas de autobús, pronto ganaron otras motivaciones y grupos más vinculados a la derecha se fortalecieron, como el Movimento Brasil Livre (MBL). En las elecciones de 2014, bajo el clima de escándalos de corrupción, el discurso de odio comenzó a ser más explícito, especialmente contra los grupos favorecidos por las políticas afirmativas de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), como la población negra e indígena, con las cuotas raciales en las universidades, y la población de clase baja, con el programa Bolsa Família. Es importante destacar que el machismo institucional estuvo presente durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff (2010 – 2016). 

Bajo la defensa de una moral que podría ser corrompida por otro mandato de izquierda, también han ganado visibilidad iniciativas como el Movimiento Escuela Sin Partido, activo entre 2004 y 2019. Según Human Rights Watch, estas iniciativas han dejado un legado de leyes y amenazas a los docentes a partir de la supuesta lucha contra el «adoctrinamiento». 

En 2014, también surgió con fuerza el debate en torno a la «ideología de género». Así, la extrema derecha, abrazando agendas conservadoras y sentimientos antisistema, se fortaleció y se convirtió en una opción para parte de la población descontenta con el escenario entonces vigente. La falta de regulación de Internet y la apropiación de los recursos digitales que ofrecen los medios y redes sociales han permitido la gran propagación de la ideología de extrema derecha. 

Promover la paz mediante la educación en derechos humanos

Para combatir la cultura del odio y la violencia, es necesario actuar a partir de lo que sugieren la educación en derechos humanos y la cultura de paz. La educación en derechos humanos, como política pública en Brasil, sugiere que educar sobre, con y para los derechos humanos es un camino para alcanzar el respeto a las diferencias y la convivencia en un ambiente democrático, donde todas las personas viven con dignidad. La cultura de paz, a su vez, puede ser entendida como un conjunto de acciones que reconoce y acoge los conflictos, buscando transformarlos por medio del diálogo y de la no violencia. 

En las escuelas, la promoción de la convivencia en espacios heterogéneos es fundamental para la construcción de estrategias que erradiquen y prevengan la radicalización de los jóvenes. Buscar soluciones a la violencia en las escuelas a través de la militarización o de mecanismos de seguridad como en EE.UU., es simplista y no es sostenible.

La construcción de la paz basada en los derechos humanos y comprometida con la acogida de los conflictos, la gestión de las emociones y el diálogo, tiene más posibilidades de perdurar, porque pone a las personas en el centro del análisis y la búsqueda de soluciones. Y la escuela, si cuenta con el apoyo del Estado, de las familias y de la sociedad, tiene el potencial de ser un lugar de refugio y no un objetivo.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: aproximando personas para superar la violencia en las escuelas, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, acceda a: https://apoia.se/reconectar_escolas

¿Los prisioneros tienen derecho a votar?

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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¿Los prisioneros tienen derecho a votar?

El derecho al voto es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Es el medio por el cual los ciudadanos pueden expresar su voluntad y participar activamente en el proceso de toma de decisiones políticas. Aunque este derecho está garantizado por las Constituciones de los países, su efectividad para personas privadas de libertad (PPL) depende del país.

En 2018, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicana SUP-JDC-352/2018 estableció que los privados de libertad tienen derecho a votar en las elecciones, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Esta sentencia fue un paso importante para garantizar el derecho al voto de este sector de la población. Los requisitos básicos tienen que ver con demostrar la identidad, estar inscrito en el padrón electoral y, además, que no se encuentren sentenciados, esto es, que sean personas que se hallan privadas de libertad y sujetas a un juicio.

De ahí que el Instituto Nacional Electoral (INE), acatando la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, aplicó una prueba piloto en cinco entidades federativas. Posterior a ello, para el proceso electoral 2021-2022, pudo realizarse en un centro penitenciario de Hidalgo.  

Para el proceso electoral ordinario en donde se eligieron gubernaturas de los estados de Coahuila y Estado de México, el INE instrumentó un mecanismo para garantizar la participación, pero los resultados fueron contrastantes. Mientras en el Estado de México pudieron participar 4.518 personas en 73 centros de votación, el estado de Coahuila tuvo una convocatoria de 8 votantes en un centro de reclusión.

Para garantizar la transparencia del proceso, en las elecciones del Estado de México participaron 76 observadores en 20 centros de reclusión, donde se destacó la presencia internacional de Transparencia Electoral que integró una delegación de expertos, incluyendo a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para las Américas y el Caribe.

Así, es importante destacar que el INE cuenta con la capacidad de instalar centros de votación para garantizar a todas las personas el derecho al voto. Es imposible ver este derecho sin el compromiso institucional de diferentes instancias, tanto electorales como gubernamentales, donde las instancias de Control Penitenciario desempeñan un papel primordial al garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión.

Uno de los principales desafíos para los encarcelados en México es la falta de acceso a la información y a los materiales que permitan garantizar el voto con base en la información. De hecho, aunque se hicieron esfuerzos para que los reclusos pudieran contar con algunos factores para el razonamiento del voto, es importante que haya más insumos, propiciar la comparación de propuestas, el debate y la distribución de propaganda, de manera que las personas en prisión preventiva puedan contar con mayores elementos al votar.

A escala internacional, los países tienen diferentes regulaciones con respecto al derecho de los encarcelados a votar. Por ejemplo, en países de América Latina como Argentina y Uruguay, los privados de libertad tienen derecho a votar en las elecciones, independientemente del delito que hayan cometido. Además, estos países han establecido medidas para garantizar el acceso efectivo a este derecho, como la instalación de mesas de votación en las cárceles. Mientras en Brasil, los condenados por delitos graves, como homicidio y tráfico de drogas, no pueden votar mientras cumplen su condena.

En Estados Unidos, el derecho de los encarcelados a votar varía según el estado. Algunos de estos permiten que los reclusos voten mientras están en prisión, al tiempo que otros solo les permiten votar una vez que han sido liberados de la prisión y han completado su libertad condicional. Mientras tanto, en algunos países como Noruega y Suecia, a los encarcelados siempre se les ha permitido votar, ya que se considera un derecho humano básico que no debe ser quitado como resultado de una condena penal.

En conclusión, si bien México tiene regulaciones en vigor que permiten a los encarcelados ejercer su derecho al voto, todavía hay retos que deben abordarse para garantizar que sus votos sean libres y justos. A pesar de la sentencia del Tribunal Electoral mexicano, aún se necesitan medidas efectivas, a fin de garantizar el acceso a este derecho.

Es importante que las autoridades electorales y penitenciarias hagan un análisis comparativo de las experiencias en otros países y puedan emplearse medidas, a fin de que las PPL cuenten con elementos suficientes para emitir un voto razonado, en condiciones seguras, donde el funcionariado electoral, partidos políticos y observadores electorales puedan atestiguar este importante ejercicio de participación.

Liderazgo y partidos, una relación tortuosa

Manuel Alcántara
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Liderazgo y partidos, una relación tortuosa

Carlos Pineda, hasta hace poco el candidato a la presidencia en Guatemala con mayor intención de voto, expresó su sorpresa por el hecho de que el partido por el que se presentaba, Prosperidad Ciudadana, desistiera de apoyarlo en su apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Sin ocultar su frustración por quedarse fuera de las elecciones del próximo 25 de junio por una sentencia judicial, aseguró que desconocía a “qué jugaba el partido”. El presidenciable insistió en que siempre dijo que no era parte del partido y que no entendía el comportamiento de sus miembros.

Las relaciones entre liderazgo y partidos son un asunto añejo en política que se exacerba en los regímenes presidencialistas. La elección presidencial directa por la ciudadanía desdibuja la función intermediadora que desempeñan los partidos en los regímenes parlamentarios que, sin embargo, se mantiene sólidamente en otros avatares. Los partidos en el congreso desempeñan papeles relevantes en el proceso legislativo, en nombramientos de cargos de nivel superior y en tareas de control del gobierno. Existe, por consiguiente, un juego en diferentes ámbitos que, en el caso del candidato frustrado Pineda, provoca perplejidad por entender que el libreto no transcurre como querrían que fuera.

La liza política actual de un buen número de países latinoamericanos presenta un modelo de juego en el que el liderazgo mayor, asumido por la figura presidencial, se impone irrestrictamente frente a los condicionantes partidarios. La voluntad presidencial grava cualquier supuesta veleidad del grupo y no entiende que haya reglas o estrategias que puedan limitarla. Ahora bien, el juego articulado posee cierta complejidad y establece hoy tres modelos que conllevan implicaciones diferentes

El primero sigue la pauta vigente en México y en El Salvador donde sus presidentes, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, que en la actualidad cuentan con los índices de aprobación popular más altos de la región, manejan de manera vertical a sus respectivos partidos creados por ellos mismos. Como señala el prestigioso medio El Faro, el partido salvadoreño Nuevas Ideas es “una marca, una creación, para admirarse y venerarse a sí misma”. Constituye una manifestación de iniciados que tiene a Bukele como “pináculo, sustentada en lealtad absoluta y fiducial, en dónde la negligencia se califica como impiedad”. Cada día se producen más de cien videos en YouTube que promocionan e impulsan la imagen del presidente y que atacan y destruyen todos los obstáculos, con una alta tasa de eficiencia en función de reproducciones y vistas. Valoración que sirve para López Obrador quien, además, puesto que no puede ser reelegido, se dispone en los próximos meses a controlar su sucesión en el seno de su formación, Morena, cuya función es parecida a la de Nuevas Ideas.

República Dominicana, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Venezuela siguen una senda similar, aunque el desempeño democrático no esté presente en los dos últimos. El Partido Revolucionario Moderno, el Movimiento al Socialismo, LIBRE, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela, respectivamente, son los instrumentos de actuación política de Luís Abinader, de Luís Arce, aún con serios problemas de control interno, del matrimonio formado por Xiomara Castro y Mel Zelaya, de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro. Todos ellos estuvieron en el momento fundacional del partido que hoy es instrumento primordial del ejercicio de su poder.

El segundo dibuja un escenario donde el presidente logra articular una coalición sobre la base de su magro partido con éxito incierto en función de los asuntos que deben salir adelante. Es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay. En ellos, una variable fundamental se relaciona con la madurez y consolidación del sistema de partidos para mantener una estabilidad mínima en términos de gobernabilidad del sistema. Uruguay destaca por su alta institucionalidad que, no obstante, no impide la existencia de ciertas tensiones en la misma. Paraguay, es también una excepción por la longevidad del gobernante y preponderante partido colorado.

Colombia es un caso interesante donde el equilibrio inestable se está deshaciendo puesto que el Partido de la U, con 11 senadores y 15 representantes, ha decidido salirse oficialmente de la coalición legislativa del Gobierno de Gustavo Petro y declararse independiente. Una decisión que llega poco después de que el Partido Conservador, con 15 senadores y 25 representantes, hiciera lo mismo y se alejara de la amplia coalición construida por Petro durante los primeros meses de su mandato y que le había permitido aprobar la reforma tributaria y la ley de paz total, entre otras.

El tercer modelo lo definen los presidentes de Costa Rica, Ecuador y Perú que ni han alcanzado a tener capital político propio ni cuentan con un partido con fuerza significativa en el Congreso. Mientras estos dos últimos han sufrido crisis muy serias, que han supuesto la convocatoria de elecciones con el escenario abierto de interinidad en la presidencia de Guillermo Lasso y el reemplazo del presidente Pedro Castillo por la vicepresidenta Dina Boluarte, en Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves languidece sostenido únicamente por la hasta ahora sólida naturaleza del sistema político costarricense.

Se trata de modelos que evidencian la heterogeneidad de la política en la región en torno a un juego tortuoso cuya naturaleza, frente a aspectos de carácter institucional, entroniza talantes individuales en los que el narcisismo y la incompetencia tienen amplia factura. La política se centra casi exclusivamente en la actuación de personas concretas con una pulsión desatada por el poder y deja fuera los comportamientos rutinizados que configuran las instituciones. Por ello, no debiera resultar extraño que quienes detentan el poder, o están próximos, intervengan en un juego diferente al del resto. El suyo.

En México la independencia judicial está bajo acecho

Sebastián Godínez Rivera
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En México la independencia judicial está bajo acecho

Hace tiempo que las relaciones entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes Ejecutivo y Legislativo de México se han tensado, afectando la independencia judicial. Desde que la ministra Norma Piña se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte, la presión del Palacio Nacional no ha cesado. Las disputas empezaron el 5 de febrero, Día de la Constitución, cuando la ministra no se puso de pie en el momento en el que se presentó el presidente. Tras el incidente, el mandatario recalcó: “No era necesario, pues es un poder autónomo y que, tal vez, estaba cansada”. Pero días después afirmó: “La ministra está ahí por mí”. El comentario fue tomado como una agresión y suscitó diferentes críticas.

Al asumir el cargo, la nueva presidenta afirmó que “la Corte hablará a través de sus sentencias”, lo cual ha venido ocurriendo. Hasta este punto, el disgusto del presidente con el máximo tribunal permite ver el funcionamiento de pesos y contrapesos. Actualmente, en México el oficialista Morena tiene la mayoría simple en el Congreso de la Unión y ocupa la Presidencia. Sin embargo, la Corte, encabezada por Norma Piña, ha dado muestras de ser un contrapeso a leyes que lastiman la democracia o violan los derechos humanos.

La Corte, hasta el momento, ha cumplido con sus funciones de árbitro entre poderes, pero esto no ha sido un camino fácil, pues, con estas decisiones, se ha vuelto un objetivo de la Presidencia que ha profundizado y radicalizado sus ataques contra los ministros.

El 18 de abril, la Corte declaró que el decreto que pasaba la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, era inconstitucional. Esta fue una de las reformas clave del presidente y, al ser declarada inconstitucional, Andrés Manuel López Obrador acusó, sin pruebas hasta la fecha, que Piña quiso negociar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ante estos incidentes, simpatizantes del Gobierno se han manifestado en la sede del Poder Judicial para pedir la renuncia de la presidenta, a quien señalan de traición a la patria.

Después de que el oficialismo aprobó en el Congreso el “Plan B” para una reforma electoral, la oposición impugnó su contenido y las violaciones al proceso legislativo y, con esto, lo llevó hasta la Suprema Corte. Finalmente, el ministro de la Corte, Javier Laynez, otorgó la suspensión indefinida, por lo que se frenó la reforma. A continuación, López Obrador lo tildó de “alteza serenísima” y lo acusó de no ser electo por el pueblo y de no ser un representante popular. Recordemos que el sistema judicial mexicano se caracteriza por tener un sistema basado en méritos y, para la designación de magistrados electorales y ministros, el Senado es la autoridad encargada. Sin embargo, el rechazo al “Plan B” ha llevado a la radicalización del oficialismo contra la Corte.

El 7 de mayo, un día antes de que el ministro Alberto Pérez Dayán presentara al pleno el proyecto para invalidar la segunda parte de esta reforma, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó al máximo tribunal a que el ministro ponente no votara (para ello, argumentó que no era lo suficientemente independiente). Esta parte de la reforma electoral también fue, finalmente, invalidada con nueve votos a favor y dos en contra.

Al día siguiente, el presidente dedicó gran parte de su conferencia radial matutina a descalificar a la Suprema Corte y señaló a sus ministros de corruptos. Además, avisó que un mes antes de que se termine su mandato, si su partido alcanza la mayoría calificada en el Congreso, enviará una iniciativa para que los jueces sean electos por voto popular. Esto, de concretarse, sería no solo un ataque al sistema judicial, sino a la propia democracia mexicana.

De momento, los manifestantes (influenciados por un discurso radicalizado) se mantienen fuera de la sede de la Corte y han intensificado sus protestas con insultos y acusaciones. Además, el discurso ha penetrado en el Congreso y ciertos senadores y diputados del oficialismo acusan a la Corte de buscar sustituir al Legislativo en sus funciones.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, amenazó con que hay varios mecanismos para que los ministros de la Corte rindan cuentas, como las comparecencias y el juicio político. Mientras tanto, el propio partido acusa a la Corte de fraguar un lawfare, término utilizado para hablar de un golpe de Estado blando a través de decisiones judiciales en contra de un presidente o personaje político.

En definitiva, el objetivo de la radicalización de la retórica del partido gobernante hacia el Poder Judicial es allanar el terreno para justificar la reforma judicial y, con ella, hacer campaña, y, por otro lado, erosionar la independencia del sistema judicial y, así, alinearlo a la órbita presidencial.

Sin duda, las relaciones entre estos poderes continuarán tensándose, ya que la Corte aún no ha analizado la primera parte del “Plan B”. En caso de invalidarla, probablemente el asedio y la campaña de desprestigio y persecución contra las y los ministros se profundizará.

Las temperaturas alcanzarán niveles récords en los próximos cinco años 

María Inés Carabajal
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Las temperaturas alcanzarán niveles récords en los próximos cinco años 

Hace unos días la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que es probable que “las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos cinco años”, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y al fenómeno natural de El Niño. Según el informe, entre 2023 y 2027 la temperatura media anual podría superar en 1,5 °C los niveles preindustriales, y probablemente sea el período más cálido desde que se tiene registro. Este dato no se refiere al umbral de 1,5° establecido en el Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, ha encendido las alarmas por los efectos que podría ocasionar. El calentamiento afectará a todas las regiones del mundo, pero de manera desigual: las poblaciones más vulnerables y con menos recursos, que paradójicamente son las que menos han contribuido al cambio climático, son las que más sufren y sufrirán las consecuencias.

En marzo de 2023 se publicó el informe síntesis del sexto reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y su mensaje es contundente: las medidas que, hasta el momento, han adoptado los países no son suficientes para evitar las repercusiones del cambio climático que ya estamos viviendo.

Sin embargo, todavía hay esperanza. Si se reducen las emisiones de los GEI y se emplean medidas efectivas y urgentes no solo se pueden reducir las pérdidas y daños para los seres humanos y la naturaleza, sino que también es posible garantizar un futuro habitable para todos. Para que esto sea posible, la acción climática debe centrarse en la justicia, el desarrollo resiliente y la equidad.  

El informe del IPCC explica de qué manera la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. Y teniendo en cuenta que en la última década la temperatura se ha incrementado un 1,1 grados Celsius por encima de los valores preindustriales, aún si todos los países cumplieran sus compromisos climáticos, no sería suficiente para evitar que se sobrepasen los 1,5 grados.

La continua quema de combustibles fósiles, los sistemas energéticos insostenibles o los cambios en los usos del suelo y la deforestación en todo el mundo están causando eventos climáticos extremos más frecuentes y fuertes. Si bien los países desarrollados han tenido una mayor responsabilidad en acelerar el cambio climático, son los países menos desarrollados los que más sufren las consecuencias. Por ello, la idea de justicia climática es un eje central sobre el cual hay que crear medidas de adaptación y mitigación que estén integradas, a fin de lograr un desarrollo resiliente.

Hacia la justicia climática: la centralidad del financiamiento

El concepto de justicia climática destaca la dimensión ético-política del cambio climático y cómo las desigualdades sociales y económicas se encuentran en el corazón del problema. Tan importante se ha tornado este concepto que en marzo de este año la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución para pedir la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las responsabilidades jurídicas de los Estados, que, por “acción u omisión”, afectan el clima.

Esto tiene varias implicaciones. Por un lado, las que están vinculadas al financiamiento que los países más vulnerables necesitan para enfrentar el impacto de los cambios en el clima. En este punto se ha hecho un gran avance en la COP27, gracias al acuerdo histórico para la creación de un fondo de “pérdidas y daños” que apoye a los países en vías de desarrollo. Este fondo apunta a compensar a los países que ya están sufriendo los impactos negativos tanto en lo que se refiere a pérdidas económicas (bienes, infraestructura, actividades productivas) como no económicas a los cuales no es posible asignar un valor como la migración climática, la pérdida de biodiversidad de la que dependen las poblaciones locales o de aspectos simbólicos o del acervo cultural que generan los vínculos comunitarios.

Este fondo de financiación recaerá sobre los países desarrollados por sus responsabilidades históricas, aunque aún no se han definido los mecanismos de empleo, funcionamiento y las modalidades de pago de las compensaciones. Las negociaciones llevarán tiempo, tomando en consideración que los países desarrollados son renuentes a aceptar la responsabilidad como emisores históricos. De momento, para avanzar en la ejecución del fondo, 24 países trabajarán conjuntamente, a fin de acordar qué países deben contribuir, cómo será distribuido el financiamiento o cuáles serán los instrumentos, entre otros factores.

Otro aspecto central es la necesidad de avanzar en la ejecución de medidas que estén orientadas hacia un “desarrollo resiliente al clima”, que articule de manera integral acciones de adaptación y mitigación con miras al desarrollo sostenible, teniendo como objetivo la interdependencia de los sistemas sociales y naturales. Cada país cuenta con distintas capacidades y oportunidades para llevar a cabo medidas de desarrollo resiliente al clima, pero claramente los países vulnerables necesitarán mayor financiamiento, transferencia de conocimiento, tecnología y acuerdos que estén basados en la cooperación internacional.

El último aspecto de la justicia climática que resalta el informe es el fortalecimiento de la participación social, la equidad y la revalorización del conocimiento de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en la toma de decisiones a escala local y nacional. Cumplir con las agendas y planes nacionales requiere el fortalecimiento de la producción de conocimiento local y la realización de políticas públicas que incluyan la voz de estas comunidades. Este desafío va de la mano del desarrollo de enfoques transdisciplinarios que construyan puentes de legitimidad y confianza entre la ciencia, la política y la sociedad.

La promoción de espacios de encuentro transdisciplinarios, transnacionales e innovadores se torna fundamental para la acción transformadora. Un ejemplo es el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI) que se hará en junio en Panamá. Esta es la reunión trandisciplinaria más grande del mundo, en la que se buscará intercambiar ideas y fomentar un espacio de colaboración mediante la congregación de líderes mundiales, encargados de tomar decisiones en sectores gubernamentales, de la sociedad civil, financiadores e innovadores para pensar ideas y acciones transformadoras, que se basen en los desafíos de la sustentabilidad.

Como alertan los datos de la OMM y los reportes del IPCC, la acción climática debe acelerar el paso si queremos evitar que los riesgos relacionados con el clima se agraven aún más a futuro. Estamos a tiempo y hay una puerta de esperanza.

Paralizados ante la desinformación

Urpi Torrado
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Paralizados ante la desinformación

La desinformación no es un fenómeno reciente pero su crecimiento exponencial sí está correlacionado con el aumento del uso de internet y la masificación de las redes sociales. En este marco, vale aclarar que la desinformación se refiere a la difusión de información deliberadamente falsa, engañosa o sesgada, especialmente cuando la suministra un gobierno, sus instituciones o los líderes con la intención de influir en la política y opinión pública. El término mal informar (información errónea o incorrecta) es otra cosa. Este se diferencia de la desinformación en que es «intencionalmente neutra»: no es deliberada, simplemente es errónea. Y finalmente, la desinformación se diferencia de la propaganda en que siempre se refiere a algo que no es cierto, aunque a veces se use como propaganda.

Al momento de mapear cómo se configura la desinformación en la cabeza de los latinoamericanos, necesitamos entender en qué contexto se manifiestan sus percepciones y actitudes. Para ello, el “social listening” permite entender la conversación espontánea que circula por las redes sociales en base al tema y el nivel de afectación.

Los hallazgos del último estudio de la red de empresas WIN (Worldwide Independendent Network) en Latinoamérica en redes sociales indican que la desinformación crece significativamente durante momentos disruptivos, de crisis o de acontecimientos con alta demanda de información.

La pandemia, cuando la población estaba ávida de información respecto a las vacunas o a las medidas de bioseguridad, o la guerra entre Rusia y Ucrania, las crisis políticas y los procesos electorales son ejemplos de estos momentos. Y es que, a mayor demanda de información, menos tiempo para confirmar la veracidad de la información, la fuente o incluso para desmentirla.

El estudio, llevado adelante en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay da cuenta de que en muchos casos se suele usar la reputación de universidades o de medios de comunicación tradicionales para darle un halo de veracidad a esa noticia falsa. Y estas, se viralizan aún con mayor rapidez cuando se trata de personajes controversiales o cuando se busca infundir temor y caos.

Atentos pero vencidos por la inercia

Las noticias falsas están presentes en el día a día de las personas. Sin embargo, la mayoría se siente confiada en poder reconocerlas, aunque no está instalado el hábito de chequear la información a la que se accede. Según el estudio, donde se consultó a 6.049 personas de estos ocho países, seis de cada diez brasileños y algo menos de ecuatorianos consideran que todos los días se encuentran con noticias falsas. En Latinoamérica, esta percepción suele ser alta.

En este marco, algo más de la mitad de los argentinos (55%) y mexicanos (53%) sienten cierta confianza en poder reconocer fake news. Sin embargo, a pesar de la alta exposición a la desinformación, más de la mitad de los latinoamericanos rara vez o nunca verifica la fuente o precisión de la información a la que está expuesto.

Pero si la ciudadanía se siente acosada por la manera sesgada y desfigurada de relatar la realidad y se preocupa, pero por otro lado no se esfuerza en protegerse, ¿a quién delega esa función?

Más que lavarse las manos o resignarse a convivir escépticamente con la desinformación, los latinoamericanos parecen esperar que determinados actores tomen el liderazgo y se conviertan en los validadores y fuentes confiables para editar o- al menos- educar sobre las versiones problemáticas de la realidad derivada de las noticias falsas. La escuela es un de esos potenciales líderes, así como las entidades de “fact-checking” que se dedican a verificar la autenticidad de la información en redes sociales y medios de comunicación.

La academia (colegios y universidades) son otro potencial aliado. Siete de cada diez encuestados manifiesta confiar en la información proveniente de esta fuente y casi seis de cada diez los reconoce como los actores que mayor esfuerzo realizan en combatir la desinformación.

Sin embargo, aunque la academia es el actor que más confianza genera, también se le atribuye cierta responsabilidad en desinformar, con cierta distancia de la televisión, los medios tradicionales, los políticos, el gobierno y los motores de búsqueda de internet. Esto revela una crisis del sistema político cuyos actores son parte de este fenómeno de desinformación.

Las autoridades políticas como parte del problema

Los políticos y gobiernos sufren de una profunda desacreditación informativa. Apenas un 27% de latinoamericanos confía en la información brindada por su gobierno. Y la antigüedad de la gestión pareciera hacer mella en el crédito otorgado a los gobernantes, ya que los gobiernos entrantes tienen mayor credibilidad que aquellos con varios años de gestión.

El panorama es peor en el caso de los políticos ya que solo el 14% de los latinoamericanos confía en la información que difunden. De hecho, gran parte de los encuestados señalaron a los políticos y los gobiernos como los principales responsables de difundir desinformación al público, solo superados, en algunos casos, por la televisión y los periodistas.

Algunos países ven una salida en la legislación. Tal es el caso de Brasil, donde además de intentar regular, se han creado comisiones legislativas de investigación. Pero mientras quienes regulen sean percibidos como los menos confiables y responsables de desinformar, difícilmente se lograrán resultados.

Por ello, más allá de los esfuerzos por legislar al respecto, la toma de conciencia de esta problemática y los esfuerzos para reforzar conductas ciudadanas que impulsen al receptor de la noticia a comprobar la veracidad de la información, antes de compartirla, es clave para minimizar el impacto de las noticias falsas.

La enseñanza secundaria y el futuro de Brasil

Camila De Mario
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La enseñanza secundaria y el futuro de Brasil

Son innumerables las batallas que libra el gobierno de Lula y una de ellas es la urgencia en torno a la derogación de la llamada Nueva Enseñanza Media, o NEM, una etapa crítica de la escolaridad que tiene múltiples funciones. Más allá de la consolidación de los conocimientos y habilidades básicas adquiridas a lo largo de los años, desempeña un papel clave para las etapas posteriores de la vida ya que actúa en la formación de ciudadanos capaces de comprometerse socialmente y de posibilitar el ingreso, tanto a la enseñanza superior como al mercado laboral. 

El NEM fue instituido por medida provisional en 2016, durante el gobierno de Michel Temer, sin consultar a la comunidad. La principal novedad de la propuesta, que comenzó a implementarse en 2021- en el Estado de São Paulo-, es la flexibilidad curricular, ya que permite a los estudiantes elegir su itinerario formativo de acuerdo con sus intereses y vocación a partir del segundo año. 

En la práctica, el NEM implementó un aumento en el número de horas y reestructuró el plan de estudios, incluyendo la oferta de formación profesional a los estudiantes. Esto puede sonar bien. Pero el problema es que las escuelas públicas no pueden cumplir los requisitos debido a la falta de estructura y de profesores. Según el Censo Escolar de 2022, el 88% de los alumnos matriculados en bachillerato están en escuelas públicas, la mayoría en escuelas estatales. 

Esta etapa de la educación en Brasil ha estado marcada históricamente por desafíos como la democratización del acceso, la tasa de abandono, la formación y cualificación de los profesores, la infraestructura de las escuelas, el número de aulas y la distribución territorial de las escuelas. 

La experiencia de São Paulo ha demostrado que el NEM ignoraba la realidad de casi el 90% de los alumnos matriculados en esta etapa. Y es que por un lado hay grandes carencias de infraestructuras, formación, eficacia y capacitación de los profesores de acuerdo con las exigencias de los itinerarios. Y por parte de los alumnos está la necesidad de trabajar, que impide o dificulta la asistencia a tiempo completo, lo cual se suma a la desmotivación ante la falta de oferta en muchas escuelas.

Esta oferta depende de la realidad de cada centro. En el caso de los centros públicos que sufren escasez de profesorado de ciencias naturales y humanidades, en ocasiones la única opción disponible para los alumnos es el itinerario profesional, que es ofertado por profesores que deberían estar impartiendo otros contenidos. 

También hay un aumento de los tiempos muertos en las escuelas, reflejo de las dificultades a las que se enfrentan para ofrecer los contenidos de los distintos itinerarios y de la sobrecarga de trabajo del profesorado. Esto también trastorna la carrera del profesor, ahora obligado a enseñar en varias escuelas para completar el horario y mantener el salario, al mismo tiempo que libera a los gobiernos de convocar nuevas oposiciones, debido a la reducción de carga de trabajo de las disciplinas que eran la base de la enseñanza secundaria. 

Una de las dificultades de la universalización de la enseñanza secundaria es precisamente la inserción precoz de los alumnos en el mercado laboral, lo que también les lleva a preguntarse por qué deben seguir estudiando. Para esta pregunta, tenemos al menos dos respuestas: la posibilidad de un aumento de los ingresos debido a la escolarización y la posibilidad de cursar estudios superiores lo cual les brinda mayores oportunidades de movilidad social. 

Pero estas posibilidades dependen de una economía estable, de un mercado laboral capaz de generar oportunidades de empleo cualificado y de la expansión y democratización de la red de enseñanza superior. Sería lógico buscar mejorar la calidad de la educación escolar y, al mismo tiempo, invertir en el desarrollo económico y social, con miras a futuro donde la sociedad sea capaz de generar riqueza y conocimiento, y se libre de la dependencia productiva y tecnológica que hoy profundiza la precariedad de las relaciones laborales, las desigualdades y las vulnerabilidades de la población. 

De momento, el NEM sigue precarizando la educación escolar y profundizando las desigualdades, pues sustituye la consolidación de conocimientos básicos por la oferta de una profesionalidad precaria, guiada por el mito del emprendimiento y dirigida a un mercado de trabajo «uberizado». Vemos escuelas que enseñan a nuestros jóvenes a producir brigadeiros gourmet, o a «hacerse millonarios». Nada en contra de ambas cosas, pero tales slogans no garantizarán, ni la entrada en la enseñanza superior ni en el mercado laboral acompañado de un aumento de los ingresos y de la movilidad social. Esto no formará trabajadores capaces de impulsar el cambio necesario para que Brasil se convierta en un país económicamente independiente.

Los discursos de formación basados en el auto-emprendedor con un tono “coach”, son un reflejo de nuestro mercado laboral actual y de las carencias del sistema educativo. En la práctica, se profundiza el abismo existente entre los centros públicos y los concertados, que pueden ofrecer a sus alumnos estas posibilidades sin tener que reducir la carga horaria dedicada a conocimientos básicos necesarios para una formación ciudadana crítica y cualificada.

En definitiva, el NEM tiene efectos perversos: desmotiva y aumenta la tasa de abandono escolar, precariza la educación de los jóvenes en la red pública, elitiza aún más el acceso a la educación superior, produce un desmantelamiento progresivo del sistema educativo al desestructurar la carrera docente, y forma mano de obra poco cualificada para un país con un mercado laboral precario y económicamente dependiente, profundizando así las desigualdades. 

Es necesario que el Gobierno revierta este proceso y que escuche a la sociedad y fomente el debate democrático sobre qué educación secundaria y qué futuro quiere.

El verdadero objetivo del acuerdo sobre la migración a través del Darién

Allison B. Wolf
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El verdadero objetivo del acuerdo sobre la migración a través del Darién

En 2021, unos 133.000 solicitantes de asilo atravesaron el peligroso Paso del Darién para llegar a Estados Unidos. En 2022, la cifra casi se duplicó y para este año se prevé que se supere los 400.000. Sin embargo, el número de solicitantes de asilo no es lo que debe alarmarnos sino el peligro que estos desesperados migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador, Cuba, Senegal, Ghana, Somalia, Guinea, Congo y muchos otros países deben soportar para llegar a Estados Unidos.

El Tapón del Darién es una zona de unos 100km de largo y 50 de ancho entre Colombia y Panamá cubierta de densa selva tropical, montañas escarpadas, vastos pantanos y ríos que con demasiada frecuencia arrastran a los emigrantes a la muerte. Además, la ruta está plagada de contrabandistas, miembros de las ex FARC y otros delincuentes que roban, violan, asesinan, secuestran y venden migrantes vulnerables a redes de tráfico de personas.

En respuesta a esta creciente calamidad humanitaria, el 11 de abril de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una declaración trilateral de los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciando un plan para «abordar la grave situación humanitaria en el Darién». El plan de 60 días pretende poner fin al movimiento ilícito de personas y mercancías a través del Darién, abrir nuevas vías legales y flexibles para los migrantes y refugiados y lanzar un plan para reducir la pobreza, mejorar los servicios públicos, crear empleo y promover oportunidades económicas y sostenibles en las comunidades fronterizas del norte de Colombia y el sur de Panamá.

El anuncio fue recibido con críticas. «Al Otro Lado», una organización que ayuda a migrantes en Estados Unidos y México, criticó la aparente falta de viabilidad del plan.  La organización Haitian Bridge Alliance tachó el plan de «aterrador» porque probablemente requerirá la militarización de la frontera colombiana y, por tanto, aumentará los peligros de la travesía. Y es que el plan perpetua la opresión a través de una mayor externalización de la política fronteriza y de inmigración de Estados Unidos.

Este es el último ejemplo de la externalización de la política de inmigración de Estados Unidos y la ampliación de su frontera para impedir que las personas lleguen a territorio estadounidense, donde pueden solicitar asilo legalmente.  Por ejemplo, en 2014 se implementó el Plan Frontera Sur para que México pudiera detener a los migrantes centroamericanos antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. 

Además, durante la administración Trump se negociaron acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras para que aceptaran a los solicitantes de asilo en ruta hacia el norte. Estados Unidos también empezó a exigir a los solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica que pidieran refugio en uno de estos países o en México antes de hacerlo en Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también implementó los Protocolos de Protección de Migrantes que exigen a los aspirantes a solicitar asilo en México esperar a que sus solicitudes sean adjudicadas y activó el Título 42, una política de salud pública, para permitir que la patrulla fronteriza expulse a los migrantes sin documentos sin procesarlos.  

La tendencia continúa con la Administración Biden. En octubre de 2022 el gobierno anunció un plan por el que se concedían 24.000 visados humanitarios a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, se inhabilitaba a los venezolanos para solicitar asilo si no entraban en Estados Unidos por un punto de entrada autorizado. Por otra parte, con la finalización del Título 42, que ha supuesto una presión adicional para que la Administración controle quién llega a la frontera (volviendo a las leyes anteriores que permiten a cualquier persona solicitar asilo en cualquier lugar en suelo estadounidense), la Administración Biden está tratando, una vez más, de evitar que la gente llegue a los EE.UU.

En conclusión, estas políticas crean, reflejan y perpetúan la opresión global que es cuando las políticas y prácticas de diferentes Estados se compaginan para frenar procesos como la migración. En primer lugar, el plan para detener la migración a través del Darién no es aleatorio ni accidental, forma parte de una red más amplia de políticas y prácticas destinadas a impedir que los solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos.

En segundo lugar, el plan pone a los migrantes venezolanos en un doble aprieto, por el mero hecho de ser venezolanos y pobres ya que, si bien la Administración está permitiendo que algunos venezolanos entren por los aeropuertos, esta no es una opción para los de bajos recursos. 

En tercer lugar, es probable que el plan aumente los peligros a los que se enfrentan los solicitantes de asilo, ya sea porque tienen que soportar la selva sin asistencia humanitaria, porque tienen que pagar a contrabandistas para que los lleven por rutas que eluden a los funcionarios o porque se encontrarán con militares que les impedirán entrar en el Darién. Como dijo el politólogo Joseph Carens, «las fronteras tienen guardias y los guardias tienen armas». En estas circunstancias, los solicitantes de asilo se enfrentan de forma sistemática a una violencia potencial desde más frentes que antes.

Por último, preocupa que Colombia y Panamá promuevan los intereses de Estados Unidos por encima de los propios. El hecho de que el electorado estadounidense sea actualmente más xenófobo hacia los migrantes latinoamericanos que hacia otros como los ucranianos, no implica que los países latinoamericanos tengan que colaborar con Estados Unidos en impedir su llegada a la frontera sur. 

Estas naciones podrían (y durante la mayor parte de la historia lo han hecho) simplemente dejar pasar a estos migrantes por sus países y ofrecerles protección. Pero el hecho de que hayan optado por no hacerlo, refleja una relación dominante arraigada en una larga historia de intervención estadounidense en la región.

Este plan no busca proteger a los migrantes de un viaje increíblemente peligroso. Así que sigamos pensando en mejores formas de ayudar a estos migrantes a construir futuros sin repetir patrones opresivos del pasado.

La muerte cruzada de la política en Ecuador

Julio Echeverría
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La muerte cruzada de la política en Ecuador

El presidente de Ecuador firmó el miércoles 17 de mayo en la mañana el decreto de disolución de la Asamblea Nacional y con ello aplicó por primera vez en el país el artículo 148 de la Constitución que fue aprobada en 2008. Este instrumento, conocido como “muerte cruzada”, está creado para desbloquear conflictos institucionales entre las funciones del Estado, en particular entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La idea de los constituyentes al redactar la Constitución fue la de blindar al presidente y evitar su posible destitución arbitraria en manos de mayorías legislativas inapelables.  

El mecanismo de muerte cruzada es una potestad del presidente de la república frente a una situación de “grave crisis política”. La caracterización de esta situación queda a juicio del presidente, y no requiere la calificación de ningún otro órgano de gobierno. Es un rasgo del hiperpresidencialismo ecuatoriano, que, sin embargo, aplica principios de una democracia parlamentaria al forzar nuevas elecciones cuando el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo obstaculiza la acción de gobierno.

La aplicación de la muerte cruzada cierra un ciclo de conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo y abre otro con la renovación de las autoridades en ambas funciones del Estado. La Constitución señala que el Consejo Nacional Electoral deberá convocar inmediatamente a elecciones de presidente y de asambleístas para que completen el tiempo que resta del periodo. De acuerdo con los plazos que corren entre la convocatoria, la elección y la designación de las nuevas autoridades, se prevé un periodo no superior a seis meses, en los cuales el actual presidente gobernará sin un órgano legislativo y podrá aprobar, por decreto, leyes de urgencia económica, pero con la previa calificación de la Corte Constitucional.

Se viene entonces un periodo en el que el Gobierno puede hacer su trabajo sin trabas o cortapisas que le pueda poner la Asamblea Nacional. Durante estos meses, el partido de gobierno y su coalición tienen la posibilidad de reconfigurar sus líneas de acción y fortalecerse con respecto a las elecciones, en las que se prevé que el actual presidente busque la ratificación de su mandato.

Las consecuencias de esta coyuntura para las otras fuerzas políticas son diferenciadas. Lo que para unos es una oportunidad, para otros es una grave afectación. Es el caso del tradicional partido de la derecha, el Partido Social Cristiano, aliado del correísmo en el enjuiciamiento al presidente, que se veía en una situación de fortalecimiento si este era destituido. El ascenso del vicepresidente a la nueva magistratura le podría haber significado el acercamiento a un gobierno posiblemente más cercano a su tendencia política.

El socialcristianismo ha salido muy mal parado de su alianza con el correísmo. En las últimas elecciones perdió la Alcaldía de Guayaquil, su histórico bastión político, pero su retroceso es notorio en todo el país y ya no es una opción para la Presidencia. Seguramente afrontará una reducción del número de representantes en la próxima Asamblea Nacional.

Los otros partidos del centro izquierda, Pachakutik e Izquierda Democrática, que parecían haber recompuesto sus filas en las últimas elecciones, también son víctimas de su acercamiento al correísmo. Las escisiones de sectores atraídos por la fuerza de la mayoría correísta en la Asamblea desarticularon todas sus proyecciones. Las figuras que estuvieron detrás de su éxito electoral (los candidatos presidenciales Yaku Pérez y Xavier Hervas) ya no militan en sus filas. La directiva de Pachakutik está en disputa y el movimiento sufre el asedio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización histórica de los indígenas, que quiere hacerse con su control total.

No es el caso de la Unión por la Esperanza (UNES), partido del correísmo, que ha liderado la estrategia del impeachment y que sale de esta coyuntura relativamente indemne. Por un lado, sufre el efecto de la destitución de la Asamblea donde había consolidado su dominio absoluto, pero, por otro lado, emerge como la fuerza mejor parada para la próxima elección. La fragmentación de la oposición puede favorecerlo en las elecciones presidenciales y legislativas. Su impugnación de la muerte cruzada ha sido tibia, ya que venía preparando sus fuerzas para unas posibles elecciones.

Si bien la muerte cruzada es un expediente constitucional y legal, su aplicación es inédita en la historia constitucional del país, lo cual genera una fuerte incertidumbre. Nuevamente la institucionalidad se pone a prueba y se ve obligada a demostrar su capacidad de contención.

Tres entidades van a ser fundamentales para la conducción de un proceso político enormemente complejo: el Consejo Electoral y la Corte Constitucional. El Consejo Electoral tiene la tarea de organizar en poco tiempo un proceso electoral transparente y eficaz, pero en un escenario político crispado. Por su parte, la Corte Constitucional, que deberá vigilar las acciones del Ejecutivo para que no rebasen los parámetros establecidos constitucionalmente ante la ausencia, en particular, de un órgano legislativo que fiscalice su desempeño, tendrá que calificar la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica a los cuales puede acudir el Ejecutivo y que se vuelven su principal instrumento de gestión y legislación. La operación de poner límites claros sin intervenir como un actor político del proceso podría consolidar a esta institución como la más importante garante de la democracia y de los derechos constitucionales.

Es previsible que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que debería caracterizarse por su apartidismo y que renovó su composición recientemente, pueda introducir turbulencias en el proceso político. Este está claramente alineado con el correísmo y ha declarado pretender sustituir a la legislatura en su tarea de fiscalización. Es muy probable que el correísmo intentará usar este organismo como pivote para recuperar el poder.

La aplicación de la muerte cruzada en Ecuador va a demostrar si es útil como válvula de escape a las tensiones políticas entre funciones del Estado, más allá de concebirse como puro blindaje del hiperpresidencialismo. Si funciona, los países de la región tendrán una importante lección que aplicar a sus propios diseños institucionales.

La catástrofe demográfica cubana

José Gabriel Barrenechea
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La catástrofe demográfica cubana

Según el Censo de Población y Vivienda, en septiembre de 2012 residían en Cuba de manera permanente 11 167 325 habitantes. La cifra oficial más actual nos la brinda el resumen Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios, 2022, de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI): 11 089 511 habitantes para el 31 de diciembre de 2022.

Desestimaremos esta última cifra, ya que solo resulta de apreciaciones de la citada institución estadística y no de un conteo exhaustivo, como lo es todo censo. Es por demás poco creíble que entre el Censo de 2012 y el final de 2022, con la tasa de mortalidad en crecimiento (de 7,9 por mil en 2012 a 9,8 por mil en 2019) y la de natalidad en caída (de 10,4 en 2016 a 8,9 en 2021), con las facilidades para emigrar que se aprobaron a partir de 2013, y que en los últimos 2 años han llevado solo a los Estados Unidos a medio millón de cubanos, la población del país solo se redujera en poco menos de ochenta mil habitantes.

Sin duda una elección más conveniente de la cifra de población más actualizada habría sido usar la aportada por el Censo que correspondía hacerse en 2022. Más el régimen cubano lo ha pospuesto para el primer cuatrimestre de 2025.

Nos queda usar las cifras del Padrón Electoral para estas últimas elecciones del 26 de marzo pasado. En Cuba el Padrón tiende a poseer una exactitud cercana a la de un censo, porque aquí los votantes son incluidos de oficio, sin necesidad de que el ciudadano lo pida, en los registros electorales de su lugar de residencia. Por demás, la necesidad del régimen de evitar los altos porcentajes de ausentismo a urnas, que son interpretados como actitudes oposicionistas, lo obliga a hacer lo que no hace al calcular la real población residente en el país: descontar a todos los que ya han emigrado sin intención de volver, y que evidentemente son mantenidos como población residente en los informes de la ONEI. Esa necesidad de mostrar altos niveles de participación lleva al gobierno a situar colegios electorales incluso en los hospitales, para que los enfermos ingresados y sus acompañantes puedan votar, o a designar a personas que lleven las boletas a las casas de quienes por una u otra razón no pueden ir por sus pies hasta las urnas.

Para calcular la población total en Cuba a partir del padrón electoral existente el pasado 26 de marzo solo necesitamos saber, además de la cantidad de votantes registrados en él, el número de menores de 16 años, o sea, del sector de personas que por edad no tienen permitido ejercer el voto, y el porcentaje de población en edad de votación que históricamente el sistema electoral cubano no registra.

El 26 de marzo, tras la actualización del Padrón posterior a las elecciones, había 8 129 321 electores registrados en Cuba. Por su parte, según el Anuario Estadístico de Cuba, 2021, para el 31 de diciembre de ese año el número de menores de 16 años era de 1 862 002. Este dato, que es el único al que podemos acceder, además de por su lejanía del 26 de marzo de 2023, es en sí problemático, al ser parte de una distribución de habitantes por edades cuya suma total resulta en el cuestionable valor de 11 113 215. No obstante, al no tener nada mejor a mano lo usaremos, aun a sabiendas de que ese valor de la población menor de 16 años está inflado. Como se verá, intentaremos al final corregir en algo el error que introduce esta cifra.

Para determinar el porcentaje de población que no es registrada en Cuba, usaremos las elecciones legislativas de 3 de febrero de 2013, porque para ese proceso electoral tenemos la cifra de población más creíble de los últimos años, la obtenida por el Censo de Población y Vivienda de septiembre del año anterior (solo median cuatro meses de distancia entre el censo y la elección): 11 167 325 habitantes. A esta cifra le restaremos el número de menores de 16 años, que según el mencionado Censo fue entonces de 2 099 457, lo cual nos deja 9 067 868 habitantes con la edad necesaria para ejercer el voto. Por último, calcularemos qué porcentaje de ese número representa el padrón electoral de las referidas elecciones nacionales, de 8 668 457: 95,59%.

Como de entonces a la fecha no ha existido ningún cambio en el sistema de registro electoral, o en general en la organización de la sociedad cubana, que explicara una variación en ese porcentaje, lo utilizaremos para calcular, a partir del Padrón correspondiente, la población con 16 años o más el pasado 26 de marzo de 2023: 8 504 363 habitantes.

Si a esta cantidad de personas con 16 años o más le adicionamos ahora el número de menores de esa edad que según el Anuario de 2021 residían de manera permanente en Cuba, a pesar de estar evidentemente inflado, tendremos una estimación (al alta) de la población real en Cuba el 26 de marzo de este 2023: 10 366 365 habitantes. Una cifra que corresponde al 93,47% de la supuesta población de la isla para tres meses antes, según la ONEI en su citado Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios, 2022.

Este último porcentaje nos permite hacer una corrección más: podemos suponer que la población menor de 16 años es igualmente un 93,47% de la registrada para el 31 de diciembre de 2021, y usar esta cifra algo menor en nuestro cálculo: 1 740 413, la cual, sumada al referido 8 504 363, nos da una estimación un poco más precisa de la población de Cuba para el pasado 26 de marzo: 10 244 776 habitantes. Se trata de una disminución de 922 549 habitantes desde el Censo de 2012.

En consecuencia, el decrecimiento poblacional en Cuba en estos trece años ha sido de un -7,62%. Comparable, en el mismo periodo (2012 a 2021), al de países como Lituania (-6,26%) o Letonia (-7,37%), y muy superior al de Japón (-1,53%). Cuba presenta un comportamiento muy parecido al de Puerto Rico (-10,21%), el país con una población mayor a 100 000 habitantes con mayor decrecimiento en el periodo.

La población actual de Cuba, según nuestros cálculos basados en el último Padrón Electoral, es la que las estimaciones de la década pasada planteaban tendría para 2050: 10,2 millones.

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