El rezago de las ciudades latinoamericanas para atraer inversiones

José de la Torre Ugarte
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El rezago de las ciudades latinoamericanas para atraer inversiones

El 50% de la población mundial vive en zonas urbanas. Quizá parezca poco, pero al caer en cuenta de que ese dato del Banco Mundial oculta enormes disparidades regionales, nuestra imagen mental cambia. Países como Perú y México tienen alrededor del 80% de su población congregada en entornos urbanos, mientras que casos extremos como el de Uruguay sobrepasan el 90%.

Conforme nos acercamos al año 2025, en nuestra región, el mundo urbano crecerá a ritmo del 11%, mientras que el rural, al 1%. Estamos en un momento en el que las condiciones de vida en estos entornos, marcados por los profundos procesos de digitalización y cambios en la realidad laboral producidos por la pandemia de la COVID-19, representan una oportunidad para adaptarse a nuevas formas de vida. Se trata de nuevos formatos laborales impulsados por el crecimiento de industrias desterritorializadas, ya sean del tipo start-up o de empresas consolidadas, que buscan talento en todo el mundo.

La competitividad entre ciudades para atraer inversiones

Con procesos electorales municipales en diferentes países de América Latina, un asunto de vital interés para los futuros alcaldes es cómo convertir la ciudad latinoamericana en un hub que atraiga talento y permita impulsar la nueva economía de emprendimiento digital. En este contexto, un asunto clave en la búsqueda de esta transformación son los indicadores de éxito, aspecto muchas veces olvidado en cualquier gestión edil.

Según el city competitiveness index, de la consultora KPMG, una buena forma de comparar las localidades es distribuyendo la competitividad de una ciudad en términos de dimensiones. Salta a la vista que Brasil y México son los únicos países considerados en el estudio, y su principal dimensión sobresaliente es el costo de la mano de obra.

Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y São Paulo son mucho más baratas al contratar que cualquier otra ciudad de, por ejemplo, Norteamérica, como Quebec, Vancouver o Toronto en Canadá. México y Brasil cuentan, además, con ciudades donde el costo para contratar personal calificado, en promedio, es menos de la mitad.

Las ciudades latinoamericanas, por otro lado, están muy por detrás de Norteamérica en otros aspectos relevantes como el pago de impuestos. En São Paulo, por ejemplo, los impuestos promedio para montar una operación empresarial son incluso superiores a los de Nueva York. Asimismo, las ciudades mexicanas son considerablemente más caras al momento de pagar impuestos que las ciudades canadienses, y están muy igualadas a ciudades de Estados Unidos como Chicago y Portland.

En el costo de la energía y las utilidades, los latinoamericanos tampoco somos competitivos. En São Paulo el costo de la electricidad y el agua es más alto que en Nueva York, por ejemplo, y Guadalajara es más cara que Seattle. En costos de transporte, esta asimetría respecto a ciudades del norte se hace más marcada, debido a los altos costos de transportar bienes en la región.

Este año, México y Perú tuvieron elecciones subnacionales. De estos dos países, solo México figura en el referido ranking de competitividad en ciudades. Sin embargo, llama la atención que una ciudad como Lima, capital de Perú, de más de 11 millones de habitantes, no pueda ofrecer al mundo alguna dimensión específica que le otorgue un ángulo de competitividad. El virtual alcalde elegido, Rafael López Aliaga, se viralizó en campaña por el eslogan “Lima, potencia mundial”. Nada más alejado de la realidad. Habría que consultarle cuáles serán los indicadores que abordará para cumplir con esa visión.

Las ciudades norteamericanas y europeas están entre las más competitivas del mundo en la actualidad y es probable que conserven su ventaja hasta 2025, a pesar de las preocupaciones sobre el envejecimiento de la población, infraestructura, endeudamiento y crecimiento lento.

Es poco probable que América Latina cambie esta situación, más allá del costo de contratación de personal, si es que no emprende proyectos público-privados para obtener mejoras en otros aspectos deseados por empresas para contratar en nuestras ciudades. En este marco, llama la atención que algún alcalde proponga, por ejemplo, un programa ambicioso de capacitación en habilidades de programación u otros afines, junto con la cooperación del Gobierno nacional o con empresas privadas interesadas en generar condiciones para una mejora de las capacidades de la mano de obra local, más allá de un beneficio específico de una de ellas.

Escapar de la trampa de los ingresos medios implica cambiar la base sobre la cual se asienta la economía de nuestras ciudades. Esa base son las habilidades de nuestra población económicamente activa, que debería ser formada en las habilidades que el mundo actual requiere como la programación, la automatización de procesos mediante algoritmos, el desarrollo de inteligencia artificial, entre otras. La tarea es inmensa y el tiempo pasa, lo cual nos aleja de la ventana de oportunidad para mejorar nuestra posición.

Chile, el espejismo de un país plurinacional 

Victor Tricot
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Chile, el espejismo de un país plurinacional 

La derrota del apruebo en el plebiscito fue aplastante e inapelable. El 63% de los chilenos se opuso a la propuesta de texto constitucional que la Convención Constitucional había elaborado durante casi un año. El mal trabajo de la Convención, la soberbia de sus integrantes, los errores y horrores de algunos convencionales, las fake news, la ideología o las políticas identitarias son algunas de las razones que se han argüido para explicar, utilizando una jerga futbolera, la derrota por goleada del apruebo. Sin embargo, sectores de la clase política, abierta o soterradamente, apuntan señalan el reconocimiento de la plurinacionalidad y una supuesta excesiva ambición de los representantes de los pueblos indígenas, quienes lograron asentar con éxito sus demandas en el texto, como uno de los factores importantes de la derrota. Siguiendo con la analogía, “jugaron como nunca, y perdieron como siempre”.

Lo anterior se torna más relevante, teniendo en cuenta que incluso en zonas de mucha población indígena ganó el rechazo a la propuesta. Así, cabe preguntarse, ¿qué pasará con las demandas y la representación indígena? Muchas de estas eran parte del texto plebiscitado.

El proceso nació preñado de ilusión. Por primera vez en más de doscientos años de historia republicana de dominación y colonialismo, los pueblos indígenas gozarían de representación propia. Aquella quimera del siglo XX de lograr y tener voz propia en los asuntos que les conciernen se volvía real. Empero, fue un espejismo efímero, un fugaz anhelo que pende hoy de un hilo, ya prácticamente cercenado desde la raíz.

La Convención Constitucional tuvo 17 constituyentes indígenas, siete mapuches, dos aimaras y un rapanuí, diaguitas, changos, atacameños, quechuas, collas, kawéscares y yaganes: todos elegidos a partir de escaños reservados. Es decir, el Estado chileno, reconociendo la desprotección y desigualdad al obtener la representación propia, otorgó a los pueblos indígenas la certeza de poder participar en la instancia democrática más relevante en décadas, siendo, pues, protagonistas, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces, con voz y voto propios.

Pero para ser más precisos, sin la lucha activa del propio movimiento indígena, nada hubiese sido posible. Visto en retrospectiva, esta representación podría parecer como una apertura de la clase política hacia las demandas de los pueblos indígenas. No obstante, una mirada más pausada evidencia que el proceso por el cual se llegó a los escaños reservados replicó las dinámicas en cuanto a la forma en la que se han llevado a cabo las políticas públicas sobre los pueblos indígenas. En otras palabras, de arriba hacia abajo, se trata de políticas indigenistas que han reemergido con posterioridad a la derrota electoral de la propuesta.

Pese a ello, los 17 escaños fueron aprobados y demostraron que, a pesar de las diferencias o divisiones que pudiesen existir entre ellos, fueron capaces de agenciar acuerdos tanto internos como externos. Pudieron ubicarse en todas las comisiones de la Convención, aunque al comienzo solo los querían en una comisión ad hoc y llegaron a posicionar a la doctora mapuche Elisa Loncon como presidenta de la Convención durante los primeros seis meses.

De esta manera, los constituyentes indígenas plasmaron en el texto algunas demandas históricas de los pueblos indígenas sobre el territorio, los recursos naturales, los derechos colectivos y, por supuesto, el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Jugaron de visita y obtuvieron un resultado beneficioso.

Esto no pasó desapercibido para la derecha. Representando parte medular de la campaña en contra de la propuesta constitucional, quienes se oponían al texto argumentaban que los indígenas tendrían privilegios, que la Constitución era indigenista (usando el término de manera malintencionada) y una serie de razonamientos directamente falaces y racistas.

Antes de las elecciones, hubo quienes hablaron del brexit chileno. Sin embargo, pareciera que se pudiese afirmar que se asemejó más al referéndum de independencia de Escocia de 2014, donde la campaña contra la independencia también se basó en argumentos falaces. Pese a lo anterior, resulta completamente imposible explicar la magnitud de la derrota tan solo por la campaña de desinformación. Son múltiples los factores que lo pueden explicar, y el indígena, sin duda, es uno de ellos, porque remite al racismo instalado en parte importante de la sociedad chilena. Ideología racializada e impuesta por las clases dominantes.

Con el triunfo arrollador del rechazo, la defenestración a lo que representa la plurinacionalidad y lo indígena ha sido prácticamente transversal. Desde la delectación de la derecha chauvinista y extrema hasta argumentaciones más sosegadas de la izquierda tradicional, todos remiten a una conclusión similar: restar poder e influencia a los pueblos indígenas en una potencial nueva instancia constituyente, y retrotrayendo todo avance al statu quo de dominación colonial y racial decimonónico. 

Las propuestas que se están debatiendo para otro eventual proceso constituyente reflejan lo anterior, ya sea restando escaños a los representantes indígenas o simplemente eliminándolos, como lo hace la propuesta de la derecha conservadora. Esto da cuenta de que las élites de los partidos en las negociaciones culpan de la derrota a la actuación de los representantes indígenas. Algunos incluso han ido más allá, exigiendo autocrítica y que debiesen pedir perdón por lo sucedido. Asimismo, para una posible nueva Constitución, ya se habría descartado la plurinacionalidad

Independientemente del descaro de este tipo de afirmaciones, el análisis acerca del papel de los convencionales indígenas debe hacerse, pero este debe ser constructivo y real, alejado del ataque personal interesado que puebla los medios tras el plebiscito. Pero, sobre todo, la caza de brujas en busca de un forzado mea culpa no es conducente a nada, sino que representa solo un capítulo más en la irredargüible relación de dominación y racismo.

Volviendo a la analogía futbolera, el que deban pedir disculpas por su actuación es tan absurdo como exigirle a Uruguay que le pida perdón a Brasil por ganarle de visita en el Maracaná en 1950, siendo minoría y con el público en contra. Y en el caso de los representantes indígenas, además jugando con reglas impuestas.

Petro, victorias tempranas y nubarrones en el horizonte

Jaime Tenjo
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Petro, victorias tempranas y nubarrones en el horizonte

El nuevo gobierno de Colombia del presidente Gustavo Petro, de tendencia centro-izquierda, intenta desarrollar una agenda muy amplia, pero se enfrenta a múltiples problemas. En sus primeras semanas logró construir una coalición amplia en el Congreso y consolidó una mayoría que en este momento le garantiza la aprobación de los proyectos de ley que presente. Sin embargo, no se sabe qué tan sólida es esta coalición y qué tan capaz de sobrevivir al debate de propuestas difíciles.

La primera prueba de fuego que afronta es la reforma tributaria que tiene como meta recaudar aproximadamente 4.5 billones de dólares, y para ello se ha planteado cuatro objetivos. En primer lugar, busca eliminar o disminuir una larga lista de privilegios tributarios que hacen que la tasa efectiva de tributación sea mucho menor a la nominal. Por otro lado, busca aumentar la progresividad de los impuestos de manera importante, incluyendo impuestos a las ganancias ocasionales y a los dividendos de las empresas (por lo cual se le ha acusado de introducir doble tributación) y haciendo que las regalías de las explotaciones mineras (especialmente del petróleo) no se puedan descontar de las ganancias para efectos de liquidación de impuestos de las empresas.

Además, se busca establecer sobretasas impositivas temporales al sector financiero y a los altos precios internacionales de los productos minerales (petróleo y carbón). Y, por último, fortalecer la DIAN (oficina de impuestos) para disminuir la evasión de impuestos.

La coalición de gobierno logró (con facilidad) su aprobación en el primer debate, pero posiblemente para hacerse con la aprobación definitiva en noviembre tendrá que negociar algunos puntos con varios grupos políticos y con los empresarios que han sido muy críticos a la reforma. Posiblemente el Gobierno hará que la reforma pase, pero es seguro que las relaciones con el sector productivo y financiero van a verse afectadas. De lograrse esta aprobación, sin tener que hacer demasiadas concesiones, el nuevo estatuto tributario será un cambio muy importante con respecto a lo que tradicionalmente se había hecho en Colombia.

Un segundo propósito prioritario del gobierno de Petro es la implementación del acuerdo de paz. Este proyecto, al que el gobierno anterior le dio una prioridad muy baja, es otro asunto de difícil manejo. Fundamentalmente requiere una reforma agraria integral que es probable que sea costosa (por esa y otras razones la reforma tributaria es tan necesaria). En Colombia ha habido varios intentos frustrados de emplear este tipo de reformas (lo que, según algunos, contribuyó a crear un clima propicio al desarrollo de movimientos guerrilleros).

Tradicionalmente la industria ganadera se ha opuesto de manera radical a este tipo de reformas. Sin embargo, la semana pasada la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) firmó un acuerdo con el presidente Petro y la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, por medio del cual se compromete a venderle al Gobierno tres millones de hectáreas de tierra productiva a fin de que este ejecute los programas de reforma agraria integral. El plan del gobierno incluye proveer de tierra a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y a los campesinos pobres, dentro de un marco que incluye asistencia técnica, crediticia y de provisión de bienes públicos.

A pesar de estos (y otros) significativos éxitos tempranos del Gobiernos, también hay nubarrones en el horizonte. Falta claridad sobre el contenido de otra serie de reformas propuestas. Por ejemplo, una de las promesas era la reforma del sistema de salud, pero aún no se conoce un borrador de proyecto de reforma. La ministra, Carolina Corcho, ha hablado de reformar las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), entidades, en su mayoría, privadas, que constituyen el elemento básico del sistema y que reciben los recursos del Gobierno para proveer los servicios de salud a la población. Alrededor de esta reforma se han tejido una serie de suposiciones que el Gobierno no ha aclarado aún y que han generado temor en ciertos sectores. Es importante mencionar que, aunque el sistema de salud tiene muchos problemas, en comparación con otros servicios de países de la región siempre sale calificado como uno de los mejores.

Incertidumbre similar existe con respecto a una prometida reforma laboral cuyos elementos básicos no se han aclarado tampoco. Lo mismo sucede con relación a la reforma pensional que el presidente (y otros candidatos) mencionaron durante la campaña. Según el presidente, lo que se quiere es garantizar a todo colombiano mayor de 65 años una pensión mínima de medio salario mínimo (un poco más de 110 dólares mensuales a la tasa de cambio actual). Esto claramente ha creado muchas expectativas que, de no cumplirse, podrían convertirse en un importante pasivo político para el Gobierno durante sus últimos años.

En términos de política energética, las declaraciones del presidente y de algunos ministros han sido contradictorias. El objetivo es “descarbonizar la economía”, transitando al uso de energías limpias, pero no está claro cómo se piensa hacer. Se ha hablado de terminar o limitar la exploración de gas y petróleo, pero existe el peligro de que, a largo plazo, el país termine importando estos recursos al no poder desarrollar con suficiente rapidez fuentes limpias de energía. Además, se tendrían que sacrificar las exportaciones de petróleo, que constituyen, de lejos, la principal fuente de divisas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha desmentido que se piense limitar la exploración petrolera.

Finalmente, el contexto económico nacional y mundial limita de manera notoria la capacidad de maniobra del Gobierno. Los altos niveles de inflación (que en Colombia está en niveles superiores al 11% anual) han forzado al banco central a elevar las tasas de interés, lo cual seguramente tendrá efectos sobre el crecimiento económico.

Los altos niveles de endeudamiento del Gobierno, junto a las altas tasas de interés mundiales y la importante devaluación del peso colombiano, han encarecido el servicio de la deuda externa pública y privada. Esto ha agravado el déficit fiscal que ya era alto, como resultado de la pandemia de la COVID-19 durante los años 2020-2021.

Aunque las tasas de crecimiento del PIB fueron relativamente altas en 2022, para el año entrante se pronostica una caída considerable en el crecimiento y hay quienes hablan de la posibilidad de una recesión.

Dentro de este preocupante contexto económico, surgen muchas dudas sobre la capacidad que el nuevo gobierno tendrá para aplicar las costosas reformas que ha propuesto. La reforma tributaria es un punto importante a favor, pero no es suficiente.

¿Xenofobia hacia los brasileños del nordeste? No, llámalo racismo 

Sofía Cavalcanti Zanforlin
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¿Xenofobia hacia los brasileños del nordeste? No, llámalo racismo 

Nada nuevo bajo el sol. En cada elección, los votos del nordeste brasileño son señalados como el resultado del asistencialismo cuando no de la estupidez o el analfabetismo. En la portada de la revista Veja de 2006, por ejemplo, aparecía una mujer negra del nordeste con su tarjeta de votación y con la frase: ella puede decidir las elecciones. Lo que llama la atención hoy es el uso del término xenofobia para definir el rechazo hacia el nordestino en artículos y reportajes que circulan en las redes.

En Brasil, el racismo es un principio fundador del proyecto de nación. El final del siglo XIX y el principio del siglo XX estuvieron influenciados por las teorías eugenésicas y naturalistas de mejora racial, la búsqueda de «blanqueamiento» de la población mestiza brasileña, y la adopción de modelos urbanos y nuevos parámetros económicos. Es allí donde radica el atraso económico y social del noreste brasileño.

En este texto quiero hacer hincapié en las nociones que dividen el país en arcaico/moderno, la primera representada por la región nordeste y la segunda centrada en las regiones sureste y sur.

En su crítica al eurocentrismo, Ella Shohat y Robert Stam demuestran, a través del análisis de las imágenes del cine de Hollywood, que vivimos dentro de una lógica que consagra la representación del europeo blanco como estética normativa y como cuna de valores considerados, en el seno del imaginario eurocéntrico occidental, símbolos de mejora civilizatoria, como la racionalidad, la lógica y la cultura formal letrada. Siguiendo este pensamiento, las sociedades colonizadas siguen siendo representadas hegemónicamente desde el lugar de la alteridad, siendo posible identificar en estas imágenes restos de racismo, jerarquización social y prejuicios culturales.

En una investigación publicada en 2008, analicé diversas producciones cinematográficas del eje Río de Janeiro-São Paulo bajo esta perspectiva crítica. El trabajo mostró la permanencia de un posicionamiento hegemónico que traslada los vicios de la mirada construida a lo largo de una jerarquía eurocéntrica sobre los márgenes y periferias de Brasil. Esto significa que el cine nacional operaba, con algunas excepciones, según los mismos parámetros de Hollywood.

Fue así como nos acostumbramos a las asociaciones rápidas. El Nordeste brasileño es una región única y compacta, sin distinciones socioculturales entre sus estados miembros, prácticamente sin rastro de urbanidad, desvinculada de los valores de la modernidad, habitada por seres exóticos y rurales, a veces representados bajo el sello del cangaceiro-integrantes de bandas armadas fuera de la ley desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930- o en la imagen de personas subnutridas y raquíticas, en alusión a las crisis alimentarias y hambrunas que han afectado históricamente a la región-, ambos víctimas fáciles de la compra de votos.  

Recuperaciones históricas y trabajo de comunicación

El Nordeste brasileño representó el desarrollo económico en los primeros momentos de la colonización. La producción se basaba en grandes propiedades en manos de colonos dispuestos a explotar el monocultivo y la mano de obra esclava. En esa época, la emigración europea a los ingenios azucareros no era muy atractiva, a diferencia de lo que empezó a ocurrir tras el auge de la minería y más tarde con la economía cafetera.

La centralización de las decisiones políticas en el sureste del país, seguida del inicio de la industrialización, confirmó la desigualdad regional. La descalificación de un excedente de mano de obra proveniente principalmente del contingente esclavo, impregnada de prejuicios racistas y basada en los discursos oficiales, sugería la inferioridad racial, no sólo del negro, sino también del mestizo.

Fue también en esta época que se consolidaron los ideales de progreso y desarrollo en Brasil, representados por Euclides da Cunha en su obra Os Sertões de 1902. La obra es considerada por Albuquerque Jr. un hito, ya que es el inicio de la búsqueda de nuestros orígenes en el sentido de entender lo que constituiría lo nacional y la aprehensión de un territorio prácticamente inexplorado y un pueblo poco conocido, el sertão y los sertanejos. Según Albuquerque Jr. «en Euclides aparece el par de opuestos que impregnará el discurso sobre nuestra nacionalidad: el paulista frente al sertanejo».

A finales del siglo XIX y principios del XX, bajo la influencia de las teorías eugenésicas y naturalistas, se buscó el «blanqueamiento» de la población mestiza brasileña, a través de la adopción de modelos urbanos y nuevos parámetros económicos. Con el inicio del Estado Novo, dirigido por el presidente Getúlio Vargas, se percibe el auge del discurso de la conquista y de la domesticación, cuando la nación es convocada a “marchar contra el atraso”, para alcanzar la unidad, tanto territorial como racial. 

Así, entre las décadas de 1920 y 1940 se multiplican los informes de viajes de exploración a los llamados «rincones del país». Estos relatos comenzaron a difundirse en periódicos como O Estado de S. Paulo, por ejemplo, y así se inició la construcción de la imagen de un Nordeste considerado como alteridad nacional, como lo pintoresco y lo diferente. Además, el tema de la migración, resultado del empobrecimiento regional, adquiere fuerza, y el migrante del nordeste, pobre y mestizo en su mayoría, representa una molestia que contrasta notablemente con el inmigrante europeo.

Es en este contexto que tienen lugar los debates en torno a la identidad nacional, en un claro desplazamiento y sustitución de modelos, en busca de aquello que, según Marilena Chauí, nos haría plenos o desarrollados: «la identidad de Brasil, construida en la perspectiva del atraso o del subdesarrollo, está dada por lo que le falta, por la privación de aquellas características que lo harían pleno y completo, es decir, desarrollado.

Atraso, progreso e imaginación: ¿es el nordestino un extranjero?

El mapa electoral de la región del Nordeste parece ser hoy más el resultado de la aplicación de políticas públicas emancipadoras que de la permanencia del asistencialismo. Políticas sociales como el Bolsa familia y la inversión en educación han transformado el contexto nordestino en las últimas décadas y han hecho que esta población esté mucho más atenta, ya que tienen la realidad y la historia como parámetros de comparación.

Por lo tanto, es inadecuada la denominación de xenofobia al prejuicio contra el nordeste y sus habitantes. En primer lugar, por su etimología. Xeno se refiere al extranjero. Nordestino, si aceptamos el neologismo, es una creación nacional discursiva e imaginaria anclada en las jerarquías raciales y en la permanencia de la dicotomía entre atraso y progreso. En segundo lugar, al asociar el término xenofobia a un grupo de población nativo, estamos inventando nuevos términos y vaciando una lucha fundamental. Basta con ubicar el prejuicio contra los nordestinos como una expresión racista para darnos cuenta de lo que siempre nos ha afectado: el racismo y sus derivaciones.

¿América Latina quedará relegada a la periferia también del metaverso?

Ariel Sribman Mittelman
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¿América Latina quedará relegada a la periferia también del metaverso?

La gran revolución de los próximos años ya tiene nombre: metaverso. América Latina tiene la necesidad de subirse al tren a tiempo y en una posición conveniente para no quedar relegada a la periferia del nuevo mapa, tal como le ocurrió repetidamente en el pasado.

Si en el ámbito de la producción material se distingue la primera revolución industrial de la segunda, en el de la producción digital también. Conviene distinguir las diferentes etapas: la primera digitalización en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, la concepción de internet en los setenta y ochenta, la masificación desde los noventa hasta mediados de los 2000, y el florecimiento de los smartphones, las redes sociales y el comercio electrónico durante los últimos quince años. En este marco, el metaverso posiblemente supondrá la entrada en una etapa mucho más transformadora de nuestro modo de vida.

El metaverso es la fusión del mundo real con el virtual mucho más allá de lo hoy conocido. Si hasta ahora habíamos incorporado algunas aplicaciones virtuales a nuestro universo material, el metaverso consistirá en el proceso inverso: seremos nosotros quienes nos integraremos en espacios virtuales multidimensionales de realidad aumentada.

Los desafíos son incontables y recorrer algunos de los que enfrenta América Latina nos dará una idea de la dimensión del asunto y, por lo tanto, de la dimensión del esfuerzo que deben realizar los países de la región si no quieren quedar relegados a la periferia del universo virtual.

El desarrollo del metaverso está de momento en manos privadas y todo parece indicar que así seguirá siendo. Se trata de empresas que serán aún más poderosas tanto por su poder económico como por la cantidad y calidad de información que manejarán sobre los ciudadanos, sobre otras empresas y sobre los propios Estados, y con una gran capacidad de influencia sobre sus Gobiernos, agencias, organizaciones civiles y demás actores e instancias de decisión pública.

Es de sobra conocido lo que ocurrió en América Latina en los ochenta del siglo XX cuando se fomentó que grandes conglomerados privados transnacionales operaran bajo regulaciones mínimas de los Estados. Es sabido, por lo tanto, que la regulación es esencial. Y no solo para América Latina: Europa misma se está enfrentando ya al reto de legislar sobre el metaverso. De hecho, la iniciativa no la están tomando los países individualmente, sino la Unión Europea. Cuanto antes tomen nota de esto los mecanismos de integración regional latinoamericanos, mejor.

El poder de las empresas que operen el metaverso es solo un ámbito de los muchos que requerirán legislación. Porque no solo ellas podrán aprovechar y eventualmente abusar de sus ventajas. Y es que no se puede prever las oportunidades que el metaverso abrirá, por ejemplo, en el ámbito de la política. ¿Se crearán partidos políticos virtuales? ¿Se apelará a un pueblo virtual? ¿Habrá procesos deliberativos en espacios multidimensionales? ¿O quizá candidatos hologramas, dirigidos por algoritmos?

Desde el punto de vista ciudadano, ¿cómo se protegerá su identidad si su carácter (semi)virtual hace posible el hackeo de sus propios cuerpos y la alteración remota de sus voluntades? ¿A qué formas de ciudadanía virtual tendrán derecho? ¿Quiénes quedarán fuera de tal ciudadanía y en virtud de qué criterios? ¿Cómo se articularán en un espacio virtual las cuestiones que ni siquiera se han podido ordenar correctamente en el mundo material?

Cabe prever que América Latina no irá (al menos inicialmente) a la vanguardia de la innovación, por una sencilla cuestión de path dependence tecnológico. En consecuencia, deberá importar de los países vanguardistas tanto la tecnología como las reglas que la gobiernen, y deberá adaptar esas normas a sus circunstancias. ¿Valdrán los principios europeos, estadounidenses, chinos o rusos como fundamento ético, moral y legal para la sociedad virtual latinoamericana?

La cuestión no es menor: la denuncia del colonialismo espiritual, ideológico, intelectual de Occidente (como centro) sobre América Latina (como periferia) ha marcado el discurso de la región durante décadas. Malo sería que en el futuro, pese a la advertencia, América Latina vuelva a importar y a imitar unos códigos éticos y legales extranjeros de los que acabe renegando con tono victimista pasado el tiempo.

En el plano de la política nacional y regional, se espera que el metaverso genere una gran cantidad de puestos de trabajo. Pero lo hará en los países donde las empresas desarrolladoras decidan instalarse: lo que en la jerga se llama metacountries, “países meta”. ¿Cuál será el primer metacountry latinoamericano? ¿Generará, esta nueva oportunidad, alguna cooperación o competencia entre los países de la región? Por otro lado, al tiempo que se crean esos empleos, mayoritariamente para ingenieros de software, es probable que la tecnologización elimine empleos tradicionales. ¿Cómo se prepararán los Estados latinoamericanos para hacer frente a ello?

En lo que respecta a la política internacional, el metaverso nos sumirá en la virtualidad, pero los datos que le dan sustancia circulan a través de cables físicos. Se trata de inmensas arterias tendidas sobre el lecho de los mares, espejo en las profundidades oceánicas de las dinámicas geopolíticas de tierra firme. La lógica es conocida desde la Antigüedad: controlar el paso de una vía estratégica es una fuente de poder geoestratégico invalorable. Los ejemplos abundan: los estrechos de Bósforo y Dardanelos para cruzar del Mediterráneo al mar Negro; los canales modernos, como el de Suez, o en América Latina, el de Panamá.

Lo mismo se aplica a los datoductos que llevan la información digital de una punta a la otra del mundo. La competición está en marcha y es, como el propio metaverso, multidimensional: qué empresa privada los construye, qué Estado está detrás, por qué motivos abren o cierran el grifo de bytes, qué capacidad tiene cada país para seguir funcionando si un Estado rival obstruye los tubos en su poder. Y hay más, porque la piratería, más antigua que el Bósforo, tiene su adaptación al contexto digital: los cables submarinos son infraestructuras sensibles geoestratégicamente, sujetas a riesgo de espionaje y sabotaje.

América Latina debe tomar decisiones, pero carece de potencia científico-tecnológica y económica para tender su propio cableado. ¿A empresas de qué origen confiará el despliegue de las fibras que la mantengan conectada? ¿Qué garantías tendrá para asegurar la privacidad de los ciudadanos y el Estado?

El metaverso se acerca a toda velocidad. No hay tiempo que perder. Lo que Ortega y Gasset ordenó a los argentinos, ordénese ahora a los gobernantes de toda la región: latinoamericanos, a las cosas.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Migración, fronteras y política fronteriza en Colombia

Allison B. Wolf
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Migración, fronteras y política fronteriza en Colombia

El 1 de marzo de 2021, el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos (ETPMV), que concede a los migrantes venezolanos que vivían en Colombia desde el 31 de enero de 2021 o antes, el derecho a solicitar el Estatuto de Protección Temporal hasta por diez años. Esta protección regulariza a estas personas y le da acceso a la economía formal, a la asistencia sanitaria y a la educación pública. En febrero de 2022, el 96% de los 2,5 millones de venezolanos que, según estimaciones residen en Colombia habían solicitado esta protección.

Más allá de la importancia de esta acción —Colombia puede (y debe) ser alabada por hacer más por esta población desplazada que cualquier otra nación—, refleja una narrativa errónea basada en la idea, tanto en los círculos académicos como del activismo, de que, si simplemente abrimos las fronteras y regularizamos el estatus de las personas, se logrará la justicia migratoria. 

El problema es que las fronteras no son muros o puertas que pueden abrirse o cerrarse a capricho. Tratar a los inmigrantes con justicia requiere algo más que simplemente abrir las fronteras y relajar los requisitos de admisión. Esto queda claramente demostrado por el hecho de que incluso con el Decreto de Protección Temporal (ETPMV) en vigor, innumerables inmigrantes venezolanos en Colombia siguen sufriendo diversos tipos de injusticias migratorias. 

En el caso colombiano debemos reimaginar la naturaleza de las fronteras y lo que la política fronteriza debe implicar. Desde la promulgación e implementación del ETPMV, los migrantes venezolanos han continuado enfrentando injusticias simplemente por su nacionalidad y estatus migratorio. El Departamento de Medicina Legal informa que entre enero y mayo de 2022, 367 migrantes venezolanos fueron asesinados en Colombia. Según Amnistía Internacional, la violencia de género contra las mujeres venezolanas refugiadas en Colombia aumentó en un 71% entre 2018 y 2021 y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, encontró que el 24% de las mujeres venezolanas han experimentado discriminación o trato injusto debido a su género, condición migratoria y nacionalidad.

El Barómetro de Xenofobia, reportó que los casos de xenofobia antivenezolana han aumentado en 2022. Durante los primeros cinco meses de este año, la tasa de incidentes reportados aumentó de 9% a 12%. Los migrantes venezolanos también siguen teniendo dificultades para encontrar trabajo (a pesar de que ahora tienen permiso legal para hacerlo), incluyendo al 43% de estos que cuenta con un título universitario. Esto debido a que actualmente muchos empleadores exigen documentación adicional. 

Por otro lado, incluso cuando encuentran trabajo, los migrantes venezolanos siguen recibiendo salarios más bajos, trabajan en condiciones desfavorables y siguen siendo objeto de trata de personas, trabajo sexual y otros abusos por parte del crimen organizado y otros grupos. Según International Crisis Group, «en la industria de la construcción… un empleado colombiano puede ganar hasta 70.000 pesos colombianos (17,5 dólares) al día, mientras que a un venezolano se le pagan unos 30.000 pesos (7,5 dólares), incluso si tiene una cualificación similar». Y Colombia Reports señala que «se estima que el 16% de la población sin hogar de Colombia es venezolana y muchos de los migrantes describen sus condiciones de vida como ‘miserables e inhumanas'».

Estos datos no son un indicativo de que el Programa de Protección Temporal esté fallando —no es así—, estas cifras simplemente demuestran que no es suficiente. El hecho de que las injusticias migratorias sigan impregnando las vidas y experiencias de tantos venezolanos en Colombia demuestra al menos dos puntos. En primer lugar necesitamos dejar de ver la justicia migratoria como sinónimo de fronteras abiertas y segundo, necesitamos empezar a reimaginar la naturaleza e importancia de las fronteras para empezar a hacer mejores políticas migratorias.

Tenemos que dejar de ver las fronteras como muros, límites o puertas que separan poblaciones y territorios que pueden abrirse o cerrarse a capricho de un gobierno. Las realidades empíricas en Colombia y en todo el mundo muestran claramente que esto no es cierto y que los migrantes, los solicitantes de asilo y los desplazados, cruzarán las fronteras si necesitan hacerlo.

No se trata simplemente de que las fronteras abiertas o cerradas no afecten realmente a los flujos migratorios, sino que esta realidad demuestra que tenemos el enfoque equivocado cuando se trata de fronteras y política fronteriza. Debemos dejar de centrarnos en lo que son las fronteras y las políticas fronterizas y centrarnos en lo que hacen las fronteras y las políticas fronterizas, que es promover o impedir la justicia.  En otras palabras, la cuestión no es si debemos mantener las fronteras abiertas o cerradas, sino cómo utilizar las fronteras y la política fronteriza para promover la justicia. 

El aumento de la militarización de las fronteras no es un problema por el simple hecho de intentar mantener las fronteras cerradas. Es un problema (entre otras razones) porque promueve la violencia y aumenta los peligros a los que se enfrentan los migrantes, los solicitantes de asilo y los desplazados al cruzar, ya que se les obliga a utilizar rutas no autorizadas o precarias donde quedan expuestos a enfermedades, violencia y a la muerte a mano de delincuentes y bandas que los roban, violan o explotan para el tráfico de personas y la captación/servidumbre. 

Muchos reclaman una mayor presencia del Estado en forma de policía para mantener la seguridad de las ciudades y de los migrantes, junto con un aumento de los servicios sociales como clínicas médicas, escuelas y servicios de comunicación.  Es decir, muchos argumentan que la ausencia del Estado en las regiones fronterizas (aparte de la presencia militar) abandona a los migrantes y provoca más injusticias.

La cuestión, pues, no es si las fronteras deben estar abiertas o cerradas, sino qué hacen y cómo podemos cambiar las políticas en las regiones fronterizas para promover la justicia.  Y tomar este camino, ayudará no sólo a los venezolanos en Colombia, sino que también orientará mejor a las naciones de toda América sobre cómo construir políticas fronterizas que realmente ayuden a los migrantes a mejorar sus condiciones de vida.

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La nueva “ola rosa” latinoamericana y las relaciones con China

Leandro M. Bona
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La nueva “ola rosa” latinoamericana y las relaciones con China

Las recientes elecciones en Colombia ratificaron una tendencia que se viene manifestando en América Latina desde 2018: el retorno o la llegada al poder de Gobiernos progresistas, de una nueva «ola rosa» latinoamericana. A pesar de este cambio político, las dificultades económicas que América Latina enfrenta desde mediados de la década pasada están lejos de superarse. Las tendencias a la concentración del ingreso y el aumento de la pobreza, que se habían revertido durante la “ola rosa”, regresaron potenciadas por los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. En este marco, la integración regional y el papel de China en la región son dos desafíos fundamentales.

Una “segunda ola rosa”, bajo el signo de la moderación

Desde el 2018, con la victoria de Andrés López Obrador en México, ha emergido una “nueva ola rosa”, que se completa con la llegada al poder de Gobiernos progresistas en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, Colombia y, posiblemente, Brasil en lo próximo.

Hasta el momento, este segundo ciclo muestra una diferencia con respecto a la experiencia anterior: sin las condiciones externas positivas de principios de siglo y bajo la herencia de una estructura productiva desintegrada, los Gobiernos no parecen encarar grandes proyectos transformadores.

En efecto, más allá de la reducción de la pobreza y las mejoras distributivas del ciclo 2002-2015, las modalidades de generación del excedente, sobre todo la extracción de rentas primarias o la intensificación de actividades de bajo valor agregado, débiles en encadenamientos productivos e innovación tecnológica, se mantuvieron prácticamente inalteradas. Sí se modificó de manera parcial la apropiación de ese excedente a través de mejoras en los ingresos salariales directos e indirectos y, menos intensamente, su destino, ya que la fuga de capitales dio un salto desde la crisis de 2008.

En una situación externa y desfavorable, los Gobiernos de este segundo ciclo progresista enfrentan el doble desafío de hacer lo que ya hicieron —mejorar la distribución del ingreso y ampliar derechos— y, a la vez, hacerlo distinto, y no solo incidir en cuanto a la apropiación del excedente, sino también en lo referente a su generación.

Hasta el momento, dadas las circunstancias, ha primado la moderación en materia económica a través de políticas monetarias y fiscales prudenciales, después del shock de gastos durante la pandemia. Sí aparecen en agenda modificaciones en el sistema tributario para dotarlo de mayor progresividad. En tanto, las aspiraciones para modificar la matriz productiva parecen haberse archivado ante una apuesta por la intensificación de las actividades extractivas primarias.

La necesidad de divisas conspira entonces contra la redefinición de los mecanismos de obtención de esos recursos. No solo la intensificación de actividades primario-extractivas tiene la desventaja de conllevar menores entramados productivos locales o regionales que otras tareas, sino que además ha sido cuestionada por su impacto ambiental. En esta tendencia se vuelve de mayor importancia la presencia de China, la potencia ascendente que más invierte en ellas.

Los desafíos de la integración y la potencialidad de China

En esta perspectiva abierta por los Gobiernos progresistas, reemerge la apuesta por la integración. La recreación de los organismos de coordinación que fueron apartados durante el periodo de Gobiernos conservadores aparece como una primera respuesta. También, la novedad de México como una potencial pieza central. Sin embargo, aún prima la descoordinación entre países, aspecto que se vio de manifiesto en las estrategias frente a la pandemia.

El desafío de la integración se enlaza, geopolíticamente, en un contexto en el que China y su capacidad de inversión, financiamiento y despliegue comercial marcan un nuevo escenario. La iniciativa de la Franja y la Ruta, hecha por Pekín, suma 21 países latinoamericanos. Sin embargo, esta posibilidad surge en un momento en el cual la propia China ha decidido no otorgar préstamos a la región desde 2020 ante su propio proceso de desaceleración económica y la creciente rivalidad con Estados Unidos.

Si bien la iniciativa de la Franja y la Ruta podría abrir oportunidades para el desarrollo de infraestructura en la región, requiere una estrategia coordinada en la que se potencien complementariedades regionales. Nuevamente se podría alinear el escenario político. ¿Habrá una estrategia común esta vez?

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* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Las posibles coaliciones frente a las elecciones de México de 2024

Ernesto Hernández Norzagaray
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Las posibles coaliciones frente a las elecciones de México de 2024

Con respecto a las próximas elecciones presidenciales de México, de 2024, las diferentes facciones políticas comienzan lentamente a mover fichas. En este contexto, ¿qué detendría a la facción del PRI dirigida por Alejandro “Alito” Moreno a compartir fórmula electoral con el partido oficialista Morena?, ¿o que la mancuerna de PAN-PRD recompusiera la coalición de “Va por México” con el partido Movimiento Ciudadano y la facción del PRI liderada por el senador Miguel Ángel Osorio Chong?

Nada, desde una elemental teoría de juegos. Morena necesita reforzar su coalición en lo federal, pues ha venido a menos desde 2018 —aunque esté ganando gubernaturas y municipios— y el PRI, que está en caída libre, necesita un aliado poderoso que le permita recuperarse. Sería la culminación del Primor —así se denomina una unión informal del PRI y Morena— que tiene detrás el flujo constante de priistas al partido oficialista donde actualmente ocupan cargos de primer nivel.

Además, vista esa alianza en términos de rendimiento electoral, para Morena podría representar un mayor margen de victoria en 2024, incluso, superior al obtenido con sus aliados en los comicios de 2018.

La coalición “Juntos haremos historia” de Morena, PT y PES obtuvo en la elección presidencial de 2018 más de 30 millones de votos. Pero en 2021 sufrió una reducción cercana a los ocho millones. El PRI, por su parte, perdió entre 2018 y 2021 poco menos de un millón de votos.

En este marco, Morena necesita los votos del PRI, pues en el hipotético caso de una coalición Morena-PRI-PVEM-PT-PES, si sumáramos la votación de 2021, estaríamos hablando de unos 31 millones de votos, un aumento de un millón en comparación con los obtenidos en 2018. Y si la política electoral es sumar, no hay obstáculos políticos ni ideológicos para que Morena y el PRI de Alito Moreno vayan en una gran coalición a los comicios de 2024. Por el contrario, hay incentivos para hacerlo.

¿No será este el acuerdo que trae el presidente Andrés López Obrador a través del secretario de Gobernación al dirigente del PRI, luego de que los diputados priistas avalaran la ampliación constitucional para la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública?

En 2018, la coalición encabezada por el PAN y el PRI obtuvo 8 millones de votos menos que la coalición vencedora de López Obrador. Y en las elecciones intermedias de 2021 perdieron otros casi dos millones y medio. La caída de los partidos de esta coalición —y también de la de enfrente— podría explicarse porque en las elecciones intermedias existe regularmente una reducción de la participación.

Enrique Alfaro —gobernador de Jalisco y alto dirigente del partido de centroizquierda, MC—, al saber de la “traición” de Alejandro “Alito” Moreno y la virtual salida del PRI de la coalición de “Va por México”, afirmó inmediatamente que había condiciones para abrir conversaciones con los dirigentes del PAN y el PRD a fin de estudiar una coalición para los próximos comicios. Sin duda, son altos los incentivos para mostrar un rostro renovado y tomar distancia del PRI de Alito.

En 2018 la coalición “México al Frente”, que aglutinó al PAN, PRD y MC, y llevó al panista Ricardo Anaya como candidato, alcanzó unos doce millones y medio de votos, muy lejos de lo obtenido por la coalición victoriosa “Juntos haremos historia”.

En 2021 los caminos se bifurcaron y MC decidió competir solo, mientras el PAN y el PRD formaron una nueva coalición junto al PRI, llamada “Va por México”. El PAN alcanzó casi nueve millones de votos, y el PRD, casi dos, mientras que el MC logró convertirse en la cuarta fuerza política con tres millones y medio. Juntos estos tres partidos hubiesen alcanzado 14 millones de votos, solamente cinco millones menos que “Juntos haremos historia”.

En este contexto, la salida de la facción del PRI de Alejandro “Alito” Moreno de la coalición “Va por México” no solo debe verse en clave de traición, sino también teniendo en cuenta su peso específico. La política en tiempos de pragmatismo se basa siempre en cálculos de votos. Por ello, en un contexto de mucha competitividad, como se avizoran las próximas elecciones de 2024, la jugada de amenazar al dirigente del PRI con quitarle los fueros para que sea juzgado y enviado a prisión podría ser parte de la estrategia.

Más allá de especulaciones, si todo sale como calcula Morena, su coalición obtendría de nuevo la Presidencia de la república, y el PRI lograría más representación de lo que tiene actualmente. Eso dependerá de las negociaciones.

En conclusión, una eventual coalición reconfigurada será probablemente más atractiva que competir por separado. Y un buen candidato presidencial con un programa que enarbole la defensa de las instituciones democráticas, la crítica a la política económica y la lucha contra la inseguridad sería comprado seguramente por muchos ciudadanos inconformes con la gestión obradorista, y refrendaría el voto dividido, expresado en las pasadas elecciones.

Brasil: ¿fin de la ilusión del «paréntesis bárbaro»?

Fabián Echegaray
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Brasil: ¿fin de la ilusión del «paréntesis bárbaro»?

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva asuma su tercer mandato como presidente del Brasil en enero de 2023 será tentador pensar (para quien lo ve desde afuera) que el gobierno de Jair Bolsonaro, con sus radicalismos promilitares y cuestionamientos a la democracia, el pluralismo y la autonomía de las instituciones, no pasó de un breve desvío de ruta.

La hipótesis del “paréntesis bárbaro” lavará las conciencias a pesar de sus tragedias como la vuelta de la hambruna para 33 millones de brasileños o los casi 700 mil muertos por la COVID-19, en parte, fruto del desinterés, cuando no la negación del Gobierno. Esa hipótesis servirá para razonar que la sociedad nunca abandonó sus pretensiones progresistas, tan solo intentó medios diferentes para el mismo fin.

En definitiva, en lugar de revertirse como pretendía Bolsonaro, se fortaleció el consenso público valorizando la igualdad de género y el empoderamiento femenino, la defensa del medio ambiente y los negocios responsables, y la independencia del poder judicial y otras instituciones estatales profesionales como el Sistema Único de Salud o la Vigilancia Sanitaria. ¿Recuperó Brasil su Camelot vivido entre 1994 y 2016, y tan luego perdido?

Las manifestaciones sociales y culturales de estos años y el equilibrio electoral, dados los recientes comicios, rompen la ilusión de que los años de Bolsonaro fueron una anormalidad de la cual rápidamente se sale. El orden político cristalizado revela muchos legados que condicionarán la manera de hacer política y los resultados políticos que influirán en el rumbo de la sociedad. Uno de ellos es la radical moralización de la vida pública y actuación política. Otro, el congelamiento de la renovación de liderazgos políticos actuales.

Moralización radicalizada. La credencial moralista es históricamente la palanca de los outsiders para su éxito en política. Aprovechando denuncias de corrupción, personajes alejados de los partidos tradicionales llegan al poder prometiendo limpieza y dignidad (fue el caso de Bolsonaro, pero también el de Quadros y el de Collor de Mello en Brasil en el pasado). Pero al reducir la actuación pública de líderes y sus decisiones a problemas de carácter personal, esa moralización radicalizada excede temas de sobornos y propinas para incluir desvíos comportamentales como prejuicios sociales, incorrección política o incontinencia verbal.

La simplificación de autoridades o liderazgos en ángeles y demonios desde la influyente lectura evangélica, fruto de su masiva presencia legislativa y su cooptación de medios de comunicación, refuerza ese moralismo interpretativo. Con el moralismo exacerbado, mueren las pretensiones secularizadoras centradas en la substancia de los proyectos y el progreso palpable de sus resultados.

Esa perspectiva deberá moldear la representación del conflicto: la derecha acusando al gobierno de Lula de corrupción y anticristianismo; la izquierda acusando a la oposición de misógina, odiadora o intolerante a las minorías. El emocionalismo subyacente a esas lecturas es un verdadero escollo para retomar la pauta y la mentalidad modernizadora que caracterizó al Brasil posdictadura.

Liderazgos oxidados. El encarcelamiento de Lula por casi 600 días congeló la renovación de liderazgos en la centro-izquierda junto con la obstinación del líder petista. Así, el único partido de peso, anclado en la militancia ciudadana y la progresión de carreras políticas más allá del patrocinio estatal, el Partido de los Trabajadores (PT), aún depende de su fundador de 40 años atrás. Otros partidos en el abanico izquierdista repiten esa oxidación de sus líderes (Ciro Gomes, hoy en el PDT, antes en el PSB y en el PPS, entre otros partidos). Casos como el PSOL ampliaron sus fuentes de reclutamiento y renovación de élites a partir de vínculos con movimientos sociales y entidades civiles, pero sin llegar a avanzar hacia la cúpula del poder.

La antigua oposición al PT, centrada principalmente en el PSDB, desintegró su dirigencia al perder conexión con las demandas de la sociedad y ensimismarse en un eterno internismo, pulverizando la proyección de sus líderes y estimulando la salida de otros como Gerardo Alckmin, cuatro veces gobernador de São Paulo y actual candidato a vicepresidente de Lula. A la derecha del arco político tampoco se renovaron las vanguardias partidarias profesionales, ajenas al Estado.

El propio Bolsonaro (propuesto como outsider) es un ejemplo de ello, con sus 27 años de diputado federal antes de ser elegido presidente. Empatados, sin una narrativa moderna común para conducir a los brasileños hacia una tierra prometida, Brasil llegará al año 2023 con menos optimismo y más descreimiento en comparación con el primer Gobierno petista del inicio de siglo. La hipótesis de haber superado un breve “paréntesis bárbaro”, seguido por la retoma de la promesa y vocación modernizadoras del Brasil, puede ser tan reconfortante como equivocada.
*Este texto fue publicado originalmente en Clarín, Argentina

¿Cómo seguirá Chile su búsqueda de una nueva Constitución?

Cristian Quiroz
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¿Cómo seguirá Chile su búsqueda de una nueva Constitución?

Tras los contundentes resultados del plebiscito constitucional en Chile, el presidente de la República y los dirigentes de los partidos políticos declararon la intención de continuar con un proceso de cambio constitucional. Ante este contexto, ¿cuál será el camino para elaborar y ratificar una nueva Constitución?

Si bien el resultado del rechazo fue categórico y la ley 21200, que estableció el proceso, indicaba que, de ganar dicha opción, se mantendría vigente la actual Constitución, Chile debe llevar adelante un nuevo proceso constituyente.

Hay que tener en cuenta que los plebiscitos no fueron un suceso, sino parte de un proceso y, por tanto, no pueden ser asumidos de manera aislada o parcial, sino con un enfoque sistémico. Esta mirada nos lleva a perseverar en la búsqueda del bien común, de la valoración del diálogo y de los mecanismos democráticos como modelos de resolución de conflictos y de construcción de una sociedad plural. Un sistema en el que la Constitución sea la base para que el Estado pueda hacerse cargo del papel que la propia comunidad le otorga, y resguardando los derechos y deberes de las personas, sectores e instituciones.

Por tanto, la decisión de continuar con el proceso de elaboración de una nueva Constitución le asiste solo a la ciudadanía. En tal sentido, no se puede olvidar que aquí no se trata de un tema meramente jurídico, sino que es esencialmente político. Esto, dado el consenso político en torno a redactar una nueva carta magna. Sin embargo, hay diferencias respecto a la realización o no de un nuevo plebiscito, o del mecanismo por utilizar para dicho propósito.

Algunas de las ideas que han surgido son la creación de una comisión de expertos, propuesta por la coalición de partidos de centroderecha y derecha, Chile Vamos. Otra idea es que la responsabilidad recaiga en el propio Congreso Nacional, como lo han propuesto sectores de centro, y los partidos Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad apoyan la idea de convocar a otra convención. El presidente, por su parte, ha planteado que la nueva Constitución sea elaborada por una Convención y un comité.

Más allá de las diferentes premisas, hay que tener en cuenta que concentrar la redacción de la nueva Constitución únicamente en un comité de expertos, como ha sido promovido por algunos sectores políticos conservadores, y en contraposición a una nueva convención, puede implicar riesgos que afecten la legitimidad, sobre todo, dados los eventuales contenidos vinculados a las élites que no respondan a las expectativas ciudadanas mayoritarias. La ecuación entre estallido, plebiscito de entrada y plebiscito de salida sigue siendo un componente que debe leerse con atención antes de tomar la decisión de cómo continuar el proceso.

Es verdad que un nuevo plebiscito de entrada puede resultar agotador para una población que ha enfrentado más de diez elecciones en los últimos tres años. Sin embargo, debido a que la ley N.º 21200 no estipulaba un nuevo proceso, el nuevo cronograma debería partir con un plebiscito para refrendar el contar o no con una nueva Constitución, y una segunda consulta sobre el mecanismo por utilizar.

En cuanto al mecanismo por usar, dadas las experiencias previas y el contexto actual, contar con un mecanismo de “corredacción o bicameral” podría ser una alternativa por evaluar. Se trataría de dos entidades: por un lado, un comité de expertos nombrados (en un número por determinar) por diferentes organismos como el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, la red o agrupación de centros de estudios y organizaciones sindicales y gremiales, entre otros. Este comité sería el responsable de proponer un borrador. La segunda entidad sería una Convención elegida de manera directa por la ciudadanía, de acuerdo a los actuales distritos. Esta sería la responsable de incorporar, ratificar o modificar contenidos al borrador propuesto por el comité.

Ambos órganos de corredacción deberían sentar sus acuerdos sobre la base de los dos tercios de sus integrantes, y ambas instancias deberían considerar criterios de paridad de género y de representación proporcional de pueblos indígenas.

Un punto clave que se podría incorporar tiene relación con la participación activa de la sociedad en el proceso constituyente. Esto no puede estar solo circunscrito a los aspectos electorales: deben existir mecanismos que permitan una incorporación sustantiva de las personas en la redacción y discusión del texto. Y, finalmente, el borrador de Constitución aprobado por la Convención debería ser sometido a plebiscito nacional y con participación obligatoria.

Una alternativa de esta naturaleza permitiría mantener la delegación del poder constituyente en una Convención, incorporaría variables político-técnicas de expertos a través del comité, promovería la participación ciudadana y radicaría la aprobación o el rechazo en el constituyente. Y es que la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia no pueden ser pasados por alto según los intereses de las mayorías transitorias. En otras palabras, es preocupante la defensa u objeción al voto obligatorio o a un nuevo plebiscito en función de la proyección electoral de una u otra alternativa.

El sistema democrático chileno saldrá fortalecido en la medida que pueda encauzar institucionalmente las demandas sociales. De ahí, la relevancia de entender la redacción de una nueva Constitución como el inicio de una nueva etapa inmersa en un contexto más amplio, en el que la ciudadanía debe ser la protagonista y en el que no puede percibirse como un fracaso del sistema el triunfo de una u otra alternativa. El plebiscito de salida fue una ganancia de la democracia chilena. La responsabilidad de continuar un proceso oportuno, coherente y legítimo es un desafío para el Gobierno, los congresistas y los partidos políticos.

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