Una región, todas las voces

Tras la pandemia: el riesgo de un tsunami autoritario

Pese a que la pandemia impone urgencias impostergables, también conlleva implicaciones geopolíticas y sociales.

La pospandemia dará lugar a una acentuación de las tendencias de cambio en el orden internacional que son anteriores a la COVID-19, con secuelas en la profundización de la crisis de la globalización y de la gobernanza mundial, de la capacidad de respuesta multilateral y del reacomodamiento internacional de las relaciones de poder. La transición hacia un nuevo orden mundial estable será prolongada, eventualmente impredecible y no se concretará a corto plazo, de manera que estaremos sumergidos en un entorno internacional de gran inestabilidad e incertidumbre.

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la fase pospandemia el comercio internacional se reducirá entre un 13% y un 30%; la recesión afectará tanto a las economías más desarrolladas como a las más vulnerables, y la recuperación económica solo se vislumbra para 2021, lo cual abre serios interrogantes sobre la globalización y plantea una serie de posibilidades: una “despedida de la globalización” (como lo califica The Economist), bajo la presión de las fuerzas aislacionistas y proteccionistas en diferentes países; una globalización que será aprovechada por China al recuperarse de la recesión económica, o dos procesos de globalización paralelos pero interconectados, como plantean algunos analistas de EE. UU., en donde los mecanismos de gobernanza global del sistema liberal internacional convivirán con una serie de organismos impulsados por China.

En cualquiera de estas situaciones, China acentuará su participación e influencia en los diferentes organismos multilaterales tanto en los ya existentes como en los que están en gestación, pero probablemente respetando la normatividad liberal del orden económico internacional, tal como lo hizo con su ingreso en la OMC.

Los valores del liberalismo económico que puedan asumir y respetar algunos Estados no necesariamente incluirán las normas internacionales del orden ‘occidental”

Sin embargo, los valores del liberalismo económico que puedan asumir y respetar algunos Estados no necesariamente incluirán las normas internacionales del orden “occidental” que están vinculadas a la democracia solidaria en la protección de refugiados, a los derechos humanos en general, a la intervención humanitaria o a la responsabilidad de proteger, que entran en colisión con una concepción autoritaria, “iliberal” y basada en el control y monitoreo (digital) de los ciudadanos por parte del Estado.

La profusa “diplomacia sanitaria” impulsada por Pekín recientemente, no puede ocultar el manejo tardío, centralizado y nada transparente de la pandemia en China ni desdibujar el papel de un Estado que responde verticalmente a las directivas del partido único, independientemente de su eficacia.

Pero quizás el mayor desafío de los potenciales nuevos escenarios de la globalización y de un orden mundial en tránsito entre la bipolaridad y la multipolaridad sea el del papel de la ciudadanía organizada (diversa e independiente, que ha podido afrontar la crisis y apuntalar la labor del Estado en un marco democrático). Restringir y limitar el papel de la sociedad civil y de los medios independientes ha causado demoras letales en el combate contra la pandemia de la COVID-19 y una dependencia de burocracias estatales rígidas y verticales para hacer llegar respuestas complejas a situaciones de crisis. Llevar estas restricciones y limitaciones al ámbito internacional no solo implicará el fin del llamado “multilateralismo complejo”, sino también el ocaso de una participación efectiva de la sociedad civil en el desarrollo de una agenda de defensa y promoción de los bienes públicos mundiales.

*Texto publicado originalmente en el diario Clarín, Argentina

Foto de Hadock en Foter.com / CC BY-NC-SA

Trump y la mentira fascista

En una pandemia que Donald Trump constantemente ninguneó, y en estos días de protesta y de malestar civil en Estados Unidos, el caudillo de la Casa Blanca no hizo más que avivar las llamas del incendio que surgió a partir del asesinato de un ciudadano afroamericano, George Floyd, por parte de un policía de Minneapolis.

En realidad, las protestas por este asesinato implican una condena clara de la política de mano dura y el racismo estructural que ha existido históricamente en el país del norte, pero Trump lo explicó a partir de la mentira de una conspiración de izquierda, una acción de antifascistas radicalizados que incluso usan a ancianos que se golpean a propósito la cabeza contra el piso.

Trump agregó que Floyd estaba contento en el cielo por la situación económica y social del país: “Con suerte, George esté mirando hacia abajo en este momento y esté diciendo que lo que está sucediendo en nuestro país es algo grandioso… Hoy es un gran día para él. Es un gran día para todos… Hoy es un gran, gran día en términos de igualdad”.

Esta forma de deformar la realidad tiene un precedente en la historia de la mentira fascista. Trump está utilizando esta crisis para impulsar su marca de autoritarismo y ubicarse no como un funcionario electo, sino como un líder que posee la verdad y cuya autoridad es «total».

La mentira y la propaganda han sido una herramienta poderosa para los líderes autoritarios en el pasado, pero estos líderes consideraban que sus mentiras representaban una verdad última y trascendental»

La mentira y la propaganda han sido una herramienta poderosa para los líderes autoritarios en el pasado, pero estos líderes consideraban que sus mentiras representaban una verdad última y trascendental. De hecho, el propagandista fascista más famoso, el líder nazi Joseph Goebbels, a menudo es citado erróneamente diciendo que repetir mentiras era fundamental para el nazismo. Goebbels nunca dijo eso. Esta cita errónea ha llevado a una imagen de líderes fascistas como plenamente conscientes del alcance de sus falsedades deliberadas.

La relación entre las verdades percibidas y las mentiras en el nazismo es más complicada que eso. Cuando Goebbels dijo que Hitler lo sabía todo y que era «el instrumento naturalmente creativo del destino divino» no solo quiso adular a su jefe. En realidad, creía en sus mentiras. ¿Goebbels se mentía a sí mismo o creía en una forma de verdad que trascendía la demostración empírica? Ambas cosas son ciertas. Para los fascistas como Goebbels, el conocimiento era una cuestión de fe y, especialmente, una fe profunda en el mito del líder fascista. Creían en una verdad que trascendía los hechos.

En las décadas de 1930 y 1940, los fascistas de todo el mundo vieron la verdad encarnada en mitos antisemitas, así como en mitos de un pasado dorado que iba a ser restablecido y acrecentado, lo que el filósofo judío alemán Ernst Cassirer llamó «un mito planificado».

Los fascistas planearon políticas concretas para remodelar el mundo de acuerdo con las mentiras fascistas. Por ejemplo, si las mentiras antisemitas declaraban que los judíos eran inherentemente sucios y contagiosos y, por lo tanto, debían ser asesinados, los nazis crearon condiciones en los guetos y campos de concentración donde la suciedad y la enfermedad generalizada se hicieron realidad. Los prisioneros judíos hambrientos, torturados y radicalmente deshumanizados se convirtieron en aquello que los nazis habían planeado para ellos y, en consecuencia, fueron asesinados.

En su búsqueda de una verdad que no coincidiera con el mundo experimentado, los fascistas concibieron lo que vieron y no les gustó como falso.

Hitler, y también Goebbels, creían firmemente que lo que decían era cierto. En 1942, Goebbels escribió en su diario privado que «la esencia de la propaganda es la simplicidad y la repetición».

Por supuesto, simplemente repetir mensajes de propaganda puede ser increíblemente peligroso, en especial, cuando estos no se basan en hechos, sino en mito e ideología.

Cuando Trump miente repetidamente sobre el virus de la COVID-19 y su fortaleza al enfrentar a los manifestantes, el presidente también está creando un sentido sagrado de la «verdad», de su propia grandiosidad e invencibilidad. En 2018, Trump les dijo a sus seguidores que «lo que estás viendo y lo que estás leyendo no es lo que está sucediendo». Según esta mentalidad, lo que el líder dice y hace es más importante que los hechos, la ciencia e incluso las propias percepciones de los seguidores sobre el mundo. Lo mismo hace Jair Bolsonaro en Brasil con su deformación de la realidad de la pandemia y la negación de la ciencia.

Trump y Bolsonaro creen que su opinión es superior a la de los médicos y científicos. Trump no usa máscaras para protegerse a sí mismo y a los demás de la COVID-19, y junto a Bolsonaro, hablan de curas de fantasía y exigen que todos sigan sus falsedades como si fueran verdades. Aún más peligroso, ignoran precauciones de salud pública para favorecer una reapertura económica, como si la economía se pudiera encender como un interruptor de luz mientras miles mueren diariamente por el coronavirus.

Millones están desempleados, argumentan, no debido a una amenaza legítima para la salud y el esfuerzo de mitigación doloroso pero necesario, sino porque sus enemigos políticos lo están castigando al insistir en cierres, órdenes de quedarse en casa y reaperturas graduales.

Al reemplazar la realidad, al insistir en milagros, enemigos fantasmas y curas dudosas, en resumen, repitiendo puntos de propaganda dañinos que niegan o minimizan la propagación de la pandemia, deforman la realidad de las protestas contra el racismo y culpan a otros por el dolor económico resultante, Trump y Bolsonaro se hacen eco de lo que hizo Goebbels y, como él, creen en sus propias mentiras. Los resultados ya son parte del registro histórico y son catastróficos.

Foto de Johnny Silvercloud en Foter.com / CC BY-SA

¿Una agenda globalista para diezmar la población mundial?

Desde hace algunos años las calles de las principales ciudades latinoamericanas vienen siendo el escenario de multitudinarias manifestaciones para denunciar y detener un supuesto plan macabro que pretende, entre otras cosas, diezmar la población mundial, subvertir la naturaleza humana mediante mentiras anticientíficas, adoctrinar y corromper a la infancia, acabar con las libertades civiles, destruir a la familia y desmantelar la dignidad humana. Se trata de marchas en contra de una Agenda globalista autoritaria que impone una presunta “Ideología de Género”. El relato sobre tal imposición es capaz de movilizar personas de una amplia variedad de estratos de la población, y aunque no se pueda afirmar que todas ellas estén al tanto de los motivos para los que son sacadas a la calle, sí es posible sostener que lo hacen comprometidas con una cruzada moral por la vida, la niñez y la familia. Esta cruzada ha de ser librada en América Latina, el último baluarte en pie, toda vez que en las democracias del llamado Primer mundo esta batalla ya está perdida.

La amplia capacidad de convocatoria de estos movimientos anti Ideología de Género depende de que sus reivindicaciones no sean políticas sino morales, pero mirando con atención comprobamos que los artífices de tales marchas y denuncias son plataformas vinculadas a potentes lobbies políticos y a organizaciones religiosas con representación parlamentaria. Varios de estos foros de la familia, organizaciones provida y colectivos por la defensa de los hijos han logrado trascender fronteras; hoy las democracias latinoamericanas experimentan la construcción de redes transnacionales de movilización que van conquistando amplias cuotas de poder dentro de los diversos sistemas nacionales. Como toda manifestación ciudadana, éstas también son una demostración de fuerza, lo que se traduce en votos, no siempre puestos a disposición de proyectos democráticos. Basta recordar cómo este discurso fue definitivo para el rechazo del llamado Plebiscito por la Paz en Colombia o para la elección del presidente Bolsonaro en Brasil.

Resulta bastante singular la composición del bando que acusa la existencia de una Ideología de Género. Bajo este paraguas se dan cita tanto los sectores más conservadores de la sociedad cercanos a la iglesia católica y a las denominaciones protestantes, como los sectores más liberales que abogan por la reducción del estado y su no intromisión en las relaciones sociales y familiares. Las alianzas aquí no se tejen en términos de derecha/izquierda. Los promotores teóricos de este movimiento propagan el discurso virulento, catastrofista y polarizador que tanto gusta en las redes sociales. Pastores evangélicos, ultracatólicos militantes o locuaces anarcocapitalistas, hasta hace poco desconocidos, han logrado gran predicamento mediático a cuenta de sus encendidas arengas en contra de la Ideología de Género. Y como los algoritmos no entienden de justicia sino de clicks, no se ha dudado en utilizar el miedo, la exageración, la tergiversación y la manipulación teórica.

Llama la atención cómo opera el relato de la ʹconstrucción del enemigoʹ por parte de estos actores y su capacidad de incluir fenómenos muy distintos y a veces incompatibles en un gran bloque monolítico que llaman “Lobby de género”. En éste queda incluido todo lo que huela a feminismo, los colectivos LGTBIQ+, quienes abogan por el control de la natalidad o por la descriminalización del aborto, las personas que luchan por erradicar la violencia machista, las que pretenden educar en la no discriminación, y la llamada Nueva Izquierda. En esta narrativa también son adversarios los mass media, las Naciones Unidas, los gobiernos que han aprobado leyes a favor de la igualdad o de salud sexual y reproductiva, o políticas públicas contra la discriminación y, por supuesto, los magnates George Soros y Bill Gates. El enemigo entonces es una gran variedad de cosas que conforman lo que se ha bautizado como “Dictadura global de género”. Así, en la lógica de la cruzada, toda persona que luche contra una dictadura queda redimida por el halo de la legítima resistencia a la opresión. 

La consecuencia más peligrosa de esto es la gran polarización social que se está consiguiendo mediante una versión simplificada de la realidad, fácil de digerir para la persona bien intencionada y poco informada, pero que mete en el mismo saco fenómenos muy diferentes, demonizando luchas históricas por la justicia social. Según esta versión, reconocer derechos de las minorías equivale a aplastar los de las mayorías, ya que se considera que la mera igualdad formal ante la ley es suficiente y que las voces por la igualdad real y efectiva no son más que cantos de adoctrinamiento e ingeniería social.

Este escenario de polarización toma la forma de una auténtica guerra cultural.

Este escenario de polarización toma la forma de una auténtica guerra cultural. Pero hay que reconocer que, en buena parte, esta guerra fue declarada como reacción al surgimiento, en el seno del propio feminismo, de las teorías deconstructivas de género que entronizan en el centro de su pensamiento a la inconsistente dicotomía naturaleza/cultura y convierten la política de la sexualidad en política de las identidades de género, radicalizando y desenfocando las posturas de los movimientos sociales por la igualdad. Este activismo se decantó por una actitud más beligerante que disidente, retando con sus formas a las fuerzas más reaccionarias de nuestras sociedades. El desafío fue aceptado y la herejía declarada; el durmiente ha despertado. Hoy, las tesis filosóficas sobre el sistema sexo/género son sacadas de contexto y adulteradas para azuzar el miedo frente a la descomposición social y antropológica y, paradójicamente, este clima de confrontación pone en riesgo las justas conquistas históricas del movimiento feminista.

Quienes entran en la batalla para defender tales conquistas suelen enrocarse en una estrategia discursiva equivocada: limitarse a negar que exista cosa tal como una “Ideología de Género” y afirmar que lo que suscriben es una “perspectiva de género”. Esta estrategia implica entrar al juego de la polarización y sólo consigue que un debate social tan importante termine relegado al plano meramente terminológico. Pues, aunque aquel rótulo haya sido acuñado para caricaturizar al enemigo, desmontarlo exige presentar una definición de “ideología”, pero el actual estiramiento conceptual del término hace que esa defensa acabe siendo necesariamente ideológica. Y es que resulta paradójico que, tanto ultraconservadores como ultraliberales, los dos mayores rivales de Marx, terminen acogiéndose precisamente a la noción marxista de ideología como “falsa conciencia” para denostar a su enemigo. Sin embargo, la generalización de esta emotiva palabreja puede ser aprovechada para despojarla de sus connotaciones peyorativas y polarizadoras.

A mi juicio, los movimientos por la igualdad bien podrían apropiarse de la expresión Ideología de Género para resignificarla, como hicieron en los noventa con en término queer (marica). De lo contrario, seguirán enzarzados en infructuosas batallitas dialécticas perdiendo oportunidades de oro para explicar a las sociedades latinoamericanas que la defensa de la igualdad y la no discriminación es algo valioso en sí mismo. Mientras eso no suceda, la narrativa apocalíptica de una oscura agenda para diezmar la población mundial seguirá ganando adeptos que pondrán sus votos al servicio de los fines que sus movilizadores decidan.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de Felipe Cárdenas-Támara en Foter.com / CC BY-NC-ND

Trump & Twitter, Trump vs. Twitter…

¿Son Twitter y Facebook simples plataformas o verdaderos medios de comunicación? ¿Pueden circular e intervenir en ellas libremente y en igualdad de condiciones un laburante y un magnate, una organización secreta y una asociación civil, una simple ciudadana y el presidente de un país? ¿O se trata de una esfera social que reproduce las desigualdades existentes, con entramados ya establecidos por los que circulan quienes orientan el tránsito y quienes transitan en ella en autos blindados sin identificación, entes anónimos y gente de a pie con nombre y apellido?

¿Se está rompiendo el encantamiento de Donald Trump con la plataforma que tanto contribuyó a catapultarlo a la Casa Blanca?»

La respuesta es simple: ocurren todas esas cosas a la vez. Con eso se ha topado el presidente de los Estados Unidos, que, tras escoger a Twitter como principal herramienta de comunicación para librarse de medios y periodistas, se ha encontrado ahora con otros contratiempos y frenos. La empresa resolvió colocarles semáforos y carteles de advertencia a sus mensajes cuando estos se salen de quicio, cosa que ocurre con frecuencia. ¿Se trata de decisiones editoriales o de reglas de juego para limitar abusos? ¿Se está rompiendo el encantamiento de Trump con la plataforma que tanto contribuyó a catapultarlo a la Casa Blanca?

El presidente reaccionó a su manera y firmó una orden ejecutiva para poner trabas a uno de los pilares de internet desde 1996: las redes sociales o los comentarios en un blog no pueden ser denunciados por lo que escriban los usuarios. Adujo cercenamiento de la libertad de expresión, pero Trump no es cualquier ciudadano, y su “apropiación” del instrumento como vehículo oficial para anunciar decisiones, divulgar datos, opinar lo que se le antoje, insultar o hacer campaña electoral tiene precisamente la característica de no admitir la “repregunta” de un periodista en conferencia de prensa o el control que supone su difusión en un medio de comunicación.

Es el presidente y la audiencia, sin intermediarios. Pero ocurren avatares que pueden convertir el sueño del líder populista de la era digital 2.0 en una pesadilla. Por ejemplo, cuando las redes sociales difunden las imágenes de un homicidio racista cometido por un policía se rompe el espejo de la realidad virtual y la gente se lanza a las calles en protestas como hace décadas no se veía en los EE. UU. Se produce entonces lo que Ernesto Calvo y Natalia Aruguete explican en su libro Fake news, trolls y otros encantos (siglo XXI) como “la activación en cascada de una comunidad interconectada”. La imagen de George Floyd acaso pueda más que mil fake news en la batalla de las narrativas.

*Texto publicado originalmente en diario Clarín, Argentina

Catálogo Foto de Livro en Foter.com / CC BY


Episodio relacionado de nuestro podcast:

El daño antropológico brasileño

El concepto daño antropológico resulta interesante para comprender el pasado inmediato y el presente político y sociocultural de un país. Fue utilizado por el sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui para referirse al drama político y cultural de su país, como forma de caracterizar la identidad y los valores adquiridos en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder. Lo tomó prestado, en realidad, del historiador cubano Luis Aguilar León, que en su libro Reflexiones sobre Cuba y su futuro lo define asociado al miedo al cambio y la represión, la desesperanza, el servilismo y el desarraigo generados por lo que ha sido la intervención estatal en las relaciones sociales y la psiquis de los habitantes de la isla desde los años de 1960.

Un tipo de daño antropológico ha quedado al descubierto en Brasil en los últimos meses, en la medida que fue avanzando una estrecha relación entre la pandemia del Coronavirus y las particularidades de la vida política cotidiana. Podría pensarse que el virus llegó en un mal momento, que el país no terminaba de adaptarse a un presidente como Bolsonaro, a su gabinete ministerial y a sus escándalos diarios en torno a su familia y amigos. Recientemente, viejos aliados como su Ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, y dos ministros de Salud Pública han renunciado evidenciando una conflictividad política que trasciende las circunstanciales funciones públicas. El gobierno, y el propio Bolsonaro, han ido perdiendo la adhesión de muchos de sus electores, mientras otros se arraigan aún más a su discurso y accionar. 

Los brasileños han vivido este atípico año 2020 como una reedición del 2016 y las grandes desavenencias políticas. La conflictividad política y social se ha trasladado a las instituciones del Estado, a las tensiones entre el Supremo Tribunal Federal y el Poder Ejecutivo, a los intentos de silenciamiento de la Policía Federal, a la gestión de los gobernadores estaduales, al papel adquirido por la Fuerzas Armadas y al juego político oscilante del Congreso. Con los ánimos crispados, los brasileños todavía parecen estar bajo los efectos de la resaca de un ciclo político que se resiste a concluir.

En marzo, mientras ciertos sectores políticos venían construyendo un discurso defensivo bajo la tesis de la inminencia de un golpe de Estado, las imágenes de la caótica situación en Italia y España con centenares de muertes diarias por el Covid-19 comenzaban a preocupar a la población. Los medios de comunicación parecían anticipar la tragedia que se viviría fundamentalmente en amplias regiones de San Pablo y Río de Janeiro, y en el norte y nordeste de uno de los países más desiguales del mundo, con 210 millones de habitantes, y un sistema de salud y de protección social con problemas estructurales históricos.

Desde el inicio, el gobierno federal no comprendió el fenómeno o simplemente se valió de él para desarrollar una nueva disputa de narrativas que generó incertidumbre y temor en la población,

Desde el inicio, el gobierno federal no comprendió el fenómeno o simplemente se valió de él para desarrollar una nueva disputa de narrativas que generó incertidumbre y temor en la población, prolongando así el clima de conflictividad como una estrategia de sobrevivencia política. Mientras los ministros de salud y los gobernadores se han inclinado por el aislamiento social, Bolsonaro se ha dedicado a cuestionar dichas medidas. El desenlace esperado fue una inercia colectiva de la población, y la leyenda “quédese en casa” que debía ser internalizada como forma de defensa ante el virus, se convirtió fundamentalmente en un mantra de oposición política al gobierno Bolsonaro, lo cual tuvo sus consecuencias prácticas.

La sociedad brasileña se vio en una disputa que asociaría sus conflictos políticos con la nueva realidad impuesta por el Coronavirus. Cualquier mínima relativización a la estrategia del aislamiento social sería vista como un acto político, y éste, en sintonía con la figura de Bolsonaro. A la inoperancia y ausencia de su liderazgo, se sumó el discurso un tanto apocalíptico sobre la inminencia de un golpe por parte de la oposición. Esta politización en torno a las respuestas sanitarias, sociales y económicas a la pandemia, llevó a que médicos, epidemiólogos e investigadores prefirieran el ostracismo a un eventual escrache público en medio de un clima social hostil, dejando así a la sociedad brasileña privada de un debate abierto y democrático.

El país se privó de reflexionar por qué las muertes con Coronavirus se producen en esas regiones, y cómo en el desarrollo de una pandemia intervienen múltiples factores como el medio ambiente, la demografía, la psicología, el urbanismo, la sociología, la genética, además de la biología. También en qué medida las carencias en infraestructura médica y de formación académica podrían explicar la triste marca de fallecidos.  O temas como la corrupción y los desvíos de dinero público que podrían haber sido utilizados para la compra de insumos y hasta la construcción de hospitales de campaña.

A falta de un debate publico, el miedo llevó a la sociedad brasileña a aislarse como medida de protección. Esto provocó consecuencias económicas y psicosociales enormes, así como el costo de vidas humanas que por temor al contagio en hospital falleció sin acceder siquiera a atención médica. Los brasileños, inmovilizados por el pánico generado por los datos difundidos por los medios de comunicación, apenas se plantean que todo esto pueda ser cuestionado.

El aislamiento social dejó en evidencia el daño antropológico brasileño y la vigencia de un ciclo político que mantiene prisionero a una sociedad que parece más adepta al conflicto ideológico y político que al compromiso con la realidad. Hay un aire de resignación en la población y luego de tres meses de aislamiento, quedarse en casa no parece ser una solución práctica y legítima para quienes ya han perdido demasiado.

Foto de jeso.carneiro en Foter.com / CC BY-NC

La dimensión geopolítica del acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo entre el Mercosur y la UE es criticado como proyecto neocolonial o tratado vampiro. Desde esta perspectiva, después de la firma del acuerdo la UE explotará y exprimirá a los países del Mercosur. Es cierto que el acuerdo producirá ganadores y perdedores en ambos lados, pero según un estudio de la London School of Economics (comisionado por la UE), se ampliará el comercio en general y aumentará la prosperidad en ambas regiones, aunque de manera modesta. Es importante aprovechar las oportunidades y no solo referirse a los riesgos. Los cuerdos comerciales no impiden una política gubernamental proactiva para mejorar la competitividad de las empresas nacionales (incluyendo más fondos para la ciencia  y el desarrollo de nuevas tecnologías) y para promover sus exportaciones; especialmente cuando el acuerdo otorga largos períodos de transición a ciertas industrias.

Es necesario superar el parroquialismo nacional, tanto en América del Sur como en Europa, y mirar el acuerdo desde una perspectiva geoeconómica y geopolítica. América del Sur y Europa deben posicionarse en un mundo marcado por una confrontación cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos. Hay que defender el multilateralismo y un sistema international basado en normas y reglas vinculantes para todos (por ejemplo, en el área de comercio y estándares medioambientales). Los estados sudamericanos tienen que cooperar para tener una voz en la política internacional y para defender su autonomía. El Mercosur necesita el anclaje externo de la UE, de lo contrario, existe un mayor riesgo de que el bloque económico se desmorone.

La UE no es el socio comercial más importante y comprador principal de materias primas del Mercosur, sino China. Esto es especialmente cierto para la carne de vaca y productos agrícolas como la soja, cuyo cultivo se vincula con la deforestación en la Amazonia. China es también el principal exportador de productos industriales que compiten con los productores nacionales en los países del Mercosur. El ex presidente uruguayo José «Pepe» Mujica, uno de los lideres intelectuales de la izquierda latinoamericana, ha reclamado repetidamente que Europa debe equilibrar la influencia de China en América Latina y ha respaldado explícitamente el acuerdo Mercosur-UE.

El acuerdo permite que la UE se afirme geoeconómica y geopolíticamente en América del Sur contra China y Estados Unidos para defender un sistema de comercio mundial abierto y basado en reglas.

La UE es el segundo socio comercial más importante del Mercosur, por delante de los Estados Unidos. Y las empresas europeas son los inversores extranjeros más importantes de la región. El acuerdo permite que la UE se afirme geoeconómica y geopolíticamente en América del Sur contra China y Estados Unidos para defender un sistema de comercio mundial abierto y basado en reglas. El acuerdo permite que se apliquen normas medioambientales europeas en América del Sur, al menos para los productos que se exportan a la UE.

Los acuerdos comerciales pueden además proporcionar una palanca política que se debe utilizar cuando es necesario. Es más fácil proteger la selva amazónica si Brasil y los otros países del Mercosur forman parte de un acuerdo que incluye un compromiso para implementar las medidas del Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (incluyendo una reducción de la deforestación). El acuerdo facilita la expansión y profundización de las redes de protección ambiental entre América del Sur y Europa, y permite perforar el reclamo de una soberanía absoluta sobre el medio ambiente en territorio nacional. La protección del medio ambiente y el comercio no son mutuamente excluyentes. Europa tiene peso como potencia comercial, y la UE tiene un poder de gestión que debería usar. Pero desde una perspectiva europea, también hay límites claros para un acuerdo. Si un gobierno se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales o destruye su sistema democrático no habrá acuerdo con ese país.

Foto de la Casa de América en Foter.com / CC BY-NC-ND

Racismo en Estados Unidos ¿un punto de inflexión?

La tormenta perfecta necesaria para poner en discusión el racismo estructural que afecta los fundamentos de la democracia ciudadana de los Estados Unidos ha comenzado. Las políticas racistas, discriminatorias, y violentas del gobierno de Trump ya habían provocado masivas manifestaciones que dese el año 2017 hasta comienzos del 2019 contabilizaron 27 millones de estadounidenses en las calles según un estudio de Harvard.

Este alto grado de oposición política fue testigo, en los últimos meses, de cómo una enfermedad ponía de rodillas al país mas poderoso del planeta: 25 millones de desempleados, un sistema sanitario ineficiente y colapsado que resultó en la muerte de 115,000 personas. Con una proporción desmedida de muertes afroamericanas, —1 de cada 2,000 de la población total— solo se necesitaba otro acto trágico de injusticia social para detonar una total ebullición.

Durante las ultimas tres semanas la sociedad estadounidense ha sido protagonista de una masiva movilización social a nivel nacional cuyos niveles de participación y protesta no habían sido registrados desde 1968. El detonante fue la muerte por sofocamiento de George Floyd por parte de agentes de la policía de la ciudad de Minneapolis. Floyd fue solamente el ultimo en una seguidilla de afroamericanos asesinados por la policía, en los últimos dos meses, en varias ciudades de Estados Unidos por fuerzas policiales.

Aunque las demostraciones han sido ampliamente pacificas, actos de vandalismo y saqueos, asimismo como la toma de comisarias en varias ciudades, desencadenó el despliegue de la guardia nacional en 25 estados y la imposición del toque de queda en Nueva York, Atlanta, Chicao, Filadelfia, Washington DC, Los Ángeles, Minneapolis, Boston, Austin, Dallas, Denver, entre otras, hasta por una semana en ciertos casos.  

parecería que se estaría produciendo un quiebre coyuntural en lo que concierne a la necesidad de acabar con el racismo estructural en el accionar policial y en el sistema jurídico criminal.

Como todo evento sociopolítico, las manifestaciones por la muerte de George Floyd deben ser analizadas como parte de procesos históricos con continuidades y rupturas. En este contexto, y teniendo en cuenta las reacciones de amplios segmentos de la sociedad, los medios, e institucionales estatales, parecería que se estaría produciendo un quiebre coyuntural en lo que concierne a la necesidad de acabar con el racismo estructural en el accionar policial y en el sistema jurídico criminal.

Intentemos, primero, entender si estas protestas verdaderamente son un punto de inflexión. El efervescente racismo de la brutalidad y violencia policial no es un fenómeno nuevo. Si bien los afroamericanos representan el 13% de la población total de los Estados Unidos, ellos representan el 40% de las muertes extrajudiciales (en ciudades como Baltimore o Chicago el porcentaje se eleva a 75-90%), el 70% de las detenciones, el 30% de los arrestos, y el 50% de los convictos. En perspectiva, uno de cada 1,000 afroamericanos es asesinado por la policía (a diferencia de uno de cada 5,000 blancos), y uno de cada tres negros es encarcelado alguna vez a lo largo de su vida, mientras que en el caso de los blancos solo uno de cada 17 es encarcelado. Estas cifras no surgieron a partir del 2017, el racismo es tan antiguo como los Estados Unidos, pero su incidencia en el sistema jurídico-policial creció desde los 70s-80s, disparándose durante la administración Clinton en los 90s, incluso después de una disminución abrupta en delitos violentos, luego de reformas penales y de seguridad.

La organización Black Lives Matter, que ha liderado las recientes protestas, emergió en 2013-2015 para dar fin a la impunidad policial luego de una serie de matanzas de afroamericanos por parte de agentes de seguridad. Aunque BLM tomo cierto protagonismo en 2016, sus iniciativas no habían llegado a resonar a nivel nacional. Eso cambió en las ultimas tres semanas con demostraciones de miles de personas en mas de 2,000 ciudades, en todas las urbes de mas de 50,000 habitantes, y con una participación multicultural y hasta mayoritariamente blanca. La movilización por Floyd es diferente por que ha logrado aprovechar del descontento anti-Trump de los últimos tres años – que aglomera Demócratas liberales y progresistas, e incluso Republicanos moderados- energizado por el desastre sanitario y económico durante la pandemia.

La enorme participación blanca a nivel nacional es lo que también diferencia estas movilizaciones de las anteriores protestas anti-raciales de 1919, 1943, 1955, 1960-68. En todas aquellas, la población afroamericana, en su gran mayoría, era quien tomaba las calles. Inclusive, a diferencia de los saqueos de Detroit de 1968 y de Los Angeles de 1992, los actos vandálicos de estas semanas fueron perpetrados en zonas de alto poder adquisitivo, como Soho y Beverly Hills, y dirigidos contra marcas de lujo, en vez de en barrios afroamericanos o zonas comerciales de clase media baja. De esta forma, estas protestas podrían ser enmarcadas junto con las que tuvieron lugar en Francia, Canadá, Chile, Líbano, Hong Kong y otros, durante 2019, que, si bien tuvieron diferentes orígenes, reflejaban déficits democráticos en cuanto a la igualdad socioeconómica, la representación política, y la inclusión racial.

La identidad misma de los Estados Unidos como un país desarrollado y democrático está en juego. Si bien la segregación legal fue eliminada en 1964-1965, la socioeconómica y policial persiste hasta nuestros días. La sociedad estadounidense necesitó a Trump y una pandemia para darse cuenta.

Foto de Lorie Shaull en Foter.com / CC BY-SA

Leer la globalización para entender la pandemia

El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el COVID-19 era oficialmente una pandemia: se había alcanzado la “propagación mundial” de la nueva enfermedad. El virus, surgido de la mezcolanza de fluidos animales en un mercado de Wuhan, se había contagiado de vaya a saber qué bicho a probablemente un comerciante, y de este a otro, o a un cliente, o quizá a un proveedor para rápidamente esparcirse entre los recovecos de la ciudad china. A su paso, el novel virus dejó una estela de enfermos que enfermaron a nuevos enfermos que desbordaron la metrópolis y se esparcieron en buses, trenes y barcos por la superficie de la tierra. Sin embargo, fue el avión, —auténtico agente globalizador del virus— quien en un abrir y cerrar de ojos polinizó el planeta de coronavirus. En semanas la enfermedad apareció en pequeñas poblaciones de la selva amazónica, el desierto del Sahara o la tundra siberiana. Sin embargo, el virus no avanzaba homogéneamente por el mundo. Como si se tratara de una superposición cartográfica, el mapa de la pandemia más bien reproducía a grandes rasgos la geografía de la globalización.

prestar atención a su relación estructural con la globalidad es una buena forma de entender la pandemia.

La globalización es un fenómeno que se basa en el aumento continuo de la interconexión entre países, regiones y ciudades del mundo. Y el avance de este proceso —en construcción— es medido por el Índice de Globalización de KOF, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que evalúa las dimensiones económicas, políticas y sociales de la globalización. En este sentido, la propagación del virus refleja en cierta medida la dimensión social de la globalización, cuyas principales características son la movilidad y la densidad de población. Y si bien existen infinidad de factores que alteran el comportamiento de la propagación como las políticas públicas, la infraestructura, las formas de vida, la economía, el clima, la geografía o el azar, prestar atención a su relación estructural con la globalidad es una buena forma de entender la pandemia.

Bélgica, por ejemplo, líder absoluto del índice de mortalidad por COVID-19 con 83,9 fallecidos cada 100.000 habitantes, es año a año una fija en el podio de los países más globalizados. Los cinco países más globalizados del mundo —Suiza, Países Bajos, Bélgica, Suecia y Reino Unido— se encuentran, según datos de la Universidad John Hopkins actualizados al 7 de junio, entre los diez países con mayores índices de mortalidad. Y si se prefiere, los diez países con mayores índices de mortalidad se encuentran entre los 23 más globalizados.

La globalización, sin embargo, si bien es un fenómeno que atañe a los países en su conjunto, es un proceso que afecta particularmente a los grandes centros urbanos. Estados Unidos, por ejemplo, con una extensión continental y una población de más de 300 millones de habitantes presenta una enorme heterogeneidad interna que se ve reflejada en la incidencia de la globalización y, por lo tanto, en la propagación del virus. Los estados de Nueva York y Nueva Jersey acumulan más del 40% de los fallecidos de Estados Unidos por el COVID-19 a pesar de representar juntos menos del 10% de la población. Esto se debe a que la ciudad más globalizada del mundo (según el Global Cities Index de ATKearney), Nueva York y su área metropolitana que se extiende entre ambos estados, ha sido el principal foco del virus a nivel global.

Según un artículo de la revista médica The Lancet, al 24 de abril las más elevadas tasas de mortalidad acumulada a los 30 días del inicio de la epidemia se habían dado en Nueva York, con 81,2 muertos cada 100.000 habitantes, la Comunidad de Madrid con 77 muertos, Lombardía donde se encuentra la globalizada Milán con 41,4, Île-de-France, conocida como la región parisina con 26,9 y el Gran Londres con 23 muertos cada 100.000 habitantes. Entre estas metrópolis se encontraban las tres ciudades más globalizadas del mundo: Nueva York, Londres y París.

En una comparación más amplia, el coronavirus ha trazado una frontera sanitaria entre los países de Europa Occidental y los mucho menos afectados del centro y este de Europa que presentan interconexiones considerablemente más débiles. África por su parte, la región menos preparada para contener la pandemia, tenía todos los boletos para ser devastada por la enfermedad. Sin embargo, según el Centro de Prevención de Enfermedades de la Unión Africana (CDC), en el continente menos globalizado del planeta se contabilizaban al 8 de junio en el entorno de las 5.000 muertes y los 200.000 contagios. Números semejantes a los de Perú.

En el caso de África, su estructura demográfica es uno de los factores manejados para explicar la contención del virus hasta el momento, así como una mayor resistencia debido a una exposición histórica a virus similares. Pero existen más factores que influyen en la propagación del virus como el orden cronológico de la pandemia que permitió a los gobiernos de los países menos globalizados contaran con más tiempo para implementar políticas públicas. Mientras que el no-liderazgo de gobernantes populistas y negacionistas de la enfermedad como Trump y Bolsonaro probablemente facilitó la dispersión del virus.

América Latina, con una enorme heterogeneidad social, se encuentra en una situación donde en un país como Brasil coexisten tribus amazónicas no contactadas y una megalópolis como San Pablo que se encuentra entre las 42 ciudades más globalizadas del mundo. Las enormes desigualdades socio-económicas de la región, que se traducen en índices de conectividad drásticamente distintos entre territorios, hace de América Latina una región más impredecible desde el punto de vista de la circulación del virus.

Sin embargo, la situación actual reafirma las tendencias globalistas del coronavirus en América Latina. Las megalópolis como San Pablo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá o Santiago de Chile, con altos índices de globalidad, representan los principales focos de la pandemia en la región. Y Guayaquil, la primera ciudad latinoamericana en verse desbordada por la enfermedad, si bien no clasifica entre las más globalizadas, es el segundo mayor puerto del pacífico y la urbe más poblada de Ecuador, país de origen de la mayor comunidad de emigrantes latinoamericanos en España, uno de los principales focos mundiales y con quien Ecuador mantiene un enorme flujo.

El coronavirus no es un indicador matemático, simplemente se mueve con las personas por lo que en cierta medida representa la movilidad humana, uno de lo indicadores de la globalización. Es verdad que con el tiempo nuevos focos podrían superar los existentes. África podría llegar a ser el pronosticado desastre y la región amazónica, que ya se encuentra entre las regiones más afectadas de América Latina y menos conectadas, convertirse en el epicentro mundial del coronavirus. Sin embargo, el orden cronológico de la expansión del virus SARS-CoV-2 es inamovible y permanecerá allí para recordarnos la importancia de leer la globalidad para entender la pandemia.

Foto de fneitzke en Foter.com / CC BY-NC-SA

COVID-19: crisis económica y social

En 2019, el PIB de América Latina creció 0,1%, y tuvo una reducción de 0,1% en América del Sur y en México. A finales de 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó en su balance preliminar sobre la región que estimaba un incremento del PIB de 1,3% para el 2020. De esa manera, se sumaban siete años (2014-2020) de bajo crecimiento y con una reducción del PIB por habitante de 3,7%. Considerando que no ha habido mejoras en la distribución del ingreso y que las inversiones en infraestructura y en los servicios públicos son insuficientes, el resultado de los últimos años fue un empeoramiento de la situación social (y crisis) de gran parte de la población.

El desempeño económico de la región sucede en un contexto de continuación de las reformas estructurales y de las políticas económicas que fueron construidas a partir de la austeridad y el principio de consolidación fiscal, lo cual garantizaba la apertura de los mercados financieros de los países de la región y beneficiaba a los tenedores de deuda pública.

La ejecución de políticas económicas, distanciadas de las propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los organismos financieros multilaterales, y que fueron realizadas por varios Gobiernos a partir de los años 2003-2005, quedaron atrás. Argentina es un ejemplo del alcance del cambio. El gobierno de Mauricio Macri (desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019) ejecutó un retorno a los mercados internacionales de capital, para lo cual realizó una política económica según las recomendaciones del FMI que llevó a que la economía registrara un bajo crecimiento que desembocó en una recesión desde finales de 2017. El peso argentino tuvo devaluaciones sucesivas. En diciembre de 2015, un dólar estadounidense equivalía a 12.9 pesos y, en noviembre de 2019, a 59.9. La deuda externa creció notablemente hasta el punto de que la deuda pública pasó del 13,9% del PIB durante el comienzo del período al 43% en diciembre de 2019. Esto sucedía en medio de un deterioro de la infraestructura, la destrucción de las instituciones de seguridad social y el aumento de la desigualdad social y la pobreza.

La situación es semejante, aunque bajo otras condiciones, en gran parte de los países latinoamericanos. En Brasil se busca modificar el régimen laboral y destruir algunos avances sociales, mientras que, en otros países como México, se aspira a continuar con las reformas estructurales. El desempeño de las economías durante el periodo que abarca desde el 2014 hasta el 2019 ha sido el peor desde 1950, ya que, según datos de la Cepal (informe especial sobre la COVID-19, n.° 2, de abril de 2020), el PIB regional registró un crecimiento de 0,4%. Y eso que fueron décadas de un débil crecimiento económico que incluyen la crisis de la deuda externa y la década pérdida, a lo cual se sumó la apertura financiera y la integración a los mercados financieros globales que llevaron a sucesivas crisis monetarias, de tipo de cambio y bancarias, y con recesiones y caídas en el ingreso de la población.

Algunos países tuvieron (durante breves lapsos) un comportamiento diferente, que comprendió un crecimiento sostenido y la creación de instituciones sociales que impulsaron el bienestar social y generaron mejoras en el ingreso de diferentes sectores de la población. Sin embargo, se ha mantenido la ejecución del proyecto, orientado hacia la integración de los mercados de capital de los países en la dinámica de los mercados globales, la máxima flexibilización laboral y la mercantilización absoluta de las instituciones de seguridad social. En este contexto, se presenta la pandemia de la COVID-19, cuyas consecuencias se estiman en una reducción del PIB para este año que son de más del 5%.   

La COVID-19 ha desnudado el modelo económico actual, que está basado en mantener los beneficios de un reducido grupo de financieros y rentistas»

La COVID-19 ha desnudado el modelo económico actual, que está basado en mantener los beneficios de un reducido grupo de financieros y rentistas que no permite el crecimiento sostenido y, menos, la disminución de la desigualdad social. En 2010 el gasto promedio en salud de los Gobiernos centrales de América Latina fue de 1,9% del PIB. En los años siguientes no hubo aumentos importantes y en 2019 los gastos representaban el 2,3% del PIB. El pago de los intereses de la deuda pública, por su parte, tuvo un crecimiento mayor y pasó de 1,7% en 2010 a 2,6% del PIB en 2019. Si se suman los gastos por pago de capital, en varios países como México la cifra es mayor a la inversión pública. Este fue el contexto que llevó a que en 2019 los movimientos sociales de varios países plantearan la necesidad de cambios estructurales. Tanto en Chile como en Colombia se hicieron señalamientos expresos contra un sistema social afincado en el mantenimiento de la desigualdad. En Ecuador se objetaron las decisiones del Gobierno que son contrarias a la institucionalidad construida en años previos. En Argentina, Macri fue derrotado en las urnas y un año antes, en México, triunfó Andrés Manuel López Obrador.

A la fecha, gran parte de los países ha tenido considerables salidas de recursos financieros, y con una fuerte depreciación de sus monedas y una notable inestabilidad financiera. Han disminuido las exportaciones, tanto de materias primas como de manufacturas, y no hay pistas de cuándo llegará la recuperación. Por ello, no es posible establecer la dimensión de la recesión y, menos, su duración. En todo caso, el mayor desafío para los países es encontrar un nuevo modelo en lugar de retomar la normalidad, dado que esa normalidad es la que ha llevado a la desigualdad social y no genera condiciones para un crecimiento económico continuo.

Foto de Oiluj Samall Zeid en Foter.com / CC BY-NC-ND


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Perú sin oxígeno

El Ministro de Salud ha anunciado recientemente la necesidad de importar oxígeno para atender el COVID-19. Ni la rápida reacción del presidente Vizcarra decretando cuarentena y cierre de fronteras con menos de cien casos detectados ni las medidas económicas han sido suficientes para contener hasta ahora el COVID-19. La enfermedad ha escalado. Lima, con un tercio de la población del país, es la ciudad más afectada dentro del Perú y la séptima ciudad con mayor cantidad de casos detectados en el mundo. El Perú ocupa a la fecha, el noveno lugar de los países con mayor registro de casos, con un número de pruebas que pasa el millón, se ubica en el número quince en letalidad, de acuerdo con la información del  portal web del John Hopkins University and Medicine.

El presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional a nueve días de haberse detectado el primer caso de COVID-19. Días más se impuso el toque de queda a nivel nacional. El presidente Vizcarra asumió la vocería del ejecutivo desde el primer día. Las medidas se dieron con una alta aprobación de la ciudadanía. La popularidad del Presidente ha sido superior a la de sus antecesores desde que asumió la presidencia. Según Ipsos, la aprobación del mes de mayo bordea el 80%. Al lado del presidente Vizcarra, su joven y popular Ministra de Economía, María Antonieta Alva, asumió los retos de responder con un plan de estímulo fiscal que, a la fecha representa el 14,4% del PBI del país. La atención de la emergencia abarcó transferencias directas de poco más de 100 dólares a las familias en condición de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, pronto el bono se extendió también a trabajadores independientes. Otras medidas se dirigieron a brindar soporte a las empresas y sostener  la cadena de pagos de la economía. Para ello se creó el Fondo de Apoyo Empresarial a la pequeña empresa, así como el programa Reactiva Perú a fin de garantizar créditos para que las empresas cumplan con sus responsabilidades económicas y así garantizar que no se quiebre la cadena de pagos.

la rápida reacción no evitó que la fragilidad de los servicios de salud, infraestructura deficiente, entre otros problemas estructurales se vayan evidenciando en las semanas siguientes.

No obstante, la rápida reacción no evitó que la fragilidad de los servicios de salud, infraestructura deficiente, entre otros problemas estructurales se vayan evidenciando en las semanas siguientes. Las filas para cobrar los bonos de manera presencial, los mercados de barrio, así como las estaciones de tren eléctrico fueron lugares de concentración de personas y focos de contagio que no fueron previstos ni controladas oportunamente. A ello debe agregarse la informalidad. Según el Instituto Peruano de Economía, ocho de cada diez trabajadores independientes y casi la mitad de los dependientes trabajan en informalidad. Para la mayoría, había que salir a trabajar para generar ingresos.

En Lima, más de un millón de personas ha perdido su trabajo. De acuerdo con Ipsos, cuatro de cada diez peruanos se ha quedado sin trabajo y no recibe ingresos, mientras que uno de cada diez está aplicando el teletrabajo. A modo de ejemplo, el sector construcción ha tenido una retracción de 96% respecto del año pasado y de 93% respecto de febrero. Con ello, se ha proyectado una fuerte contracción en la economía y un consecuente incremento de la pobreza. El coronashock, como ha denominado el economista Carlos Ganoza al impacto económico de la pandemia, debe ser atendido. Frente a este escenario, la decisión ha sido ampliar la cuarentena con normas de una nueva convivencia y reactivar la economía por fases.

Como ocurre en otros países, las situaciones de crisis privilegian el rol protagónico del presidente. Los sistemas de pesos y contrapesos exigen el control de otros órganos del Estado, principalmente el del Congreso. El presidente Vizcarra gobernó sin Congreso, después de haberlo disuelto el 30 de setiembre pasado. El nuevo Congreso fue elegido en enero y se instaló al día siguiente de la declaratoria del estado de emergencia, en cuarentena. En estos casi tres meses el Congreso ha delegado facultades legislativas al Ejecutivo en dos ocasiones, pero también ha archivado proyectos remitidos con carácter de urgencia y ha aprobado por insistencia una polémica norma que suspende en pago de peajes a cargo de una concesionaria.

Así, en relaciones que se tornan tensas por momentos, con un Ejecutivo sin partido ni grupo parlamentario, el Perú combate la pandemia y prepara elecciones generales para el próximo año. Este año, por primera vez, se llevarían a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias con voto preferencial; pero, a causa del COVID–19, el Congreso ha aprobado un dictamen para suspenderlas. A cambio, los organismos electorales proponen elecciones internas cerradas con un voto por militante, por internet. Otra reforma que deberá debatir el Congreso sobre la marcha es la aplicación de la paridad y alternancia para las elecciones de 2021, en las que ni el Presidente ni los congresistas pueden ser reelectos. Con renovación política y protocolos especiales por la pandemia, Perú celebrará las elecciones del bicentenario. El oxígeno llegará para atender a las personas enfermas, las reformas políticas para oxigenar la democracia.

Foto de hernanpba en Foter.com / CC BY-SA