La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural

Jesús Tovar
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La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural

En medio del espectáculo más pulido, comercial y estadounidense por excelencia –el Super Bowl–, un puertorriqueño vestido como un vendedor ambulante de Harlem se subió a un auto destartalado y, sin pedir permiso, tomó el micrófono. No vino a asimilarse o a sonreír, ni tampoco para agradecer la oportunidad. Vino a montar una barriada completa en medio de una cancha de futbol americano, a servir copas en una tiendita, a recordar las manos sangrantes de la zafra y a hacer perrear a 134 millones de personas. Bad Bunny no solo ofreció un show; detonó un acto de insubordinación cultural perfectamente coreografiado, un manifiesto político envuelto en reggaetón que dejó al descubierto las heridas de una América Latina migrante y desató la ira predecible de una derecha en plena ofensiva geopolítica y doméstica.

Este no fue un mero entretenimiento. Fue la punta de lanza de una batalla por la hegemonía, en el sentido más gramsciano del término. Mientras Donald Trump y sus cómplices vociferan con el mayor desprecio en redes sociales, millones de latinos, desde abuelos en Miami y Chicago, hasta jóvenes en California y Nueva York se reconocían en cada detalle de esa escenografía. El mensaje fue claro y confrontacional: esta es nuestra historia, esta es nuestra música, este es también nuestro país, y no necesitamos su aprobación para cantar y bailar, para existir.

Del perreo a la sinfonía urbana: la evolución artística de un género marginal.

Durante décadas, las élites culturales –incluyendo muchas dentro de la propia América Latina– despreciaron el reggaetón. Se les tachó de simples, repetitivos, vulgares, limitados a expresiones sexuales explícitas y prendas ostentosas. El show de Bad Bunny elevó el lenguaje del callejón a una épica visual y sonora. No abandonó el perreo; lo puso a dialogar con la historia.

El momento más sublime y político fue la transición. Mientras las coristas bailaban salsa en un elegante descapotable rojo, Bad Bunny, en el centro, imponía un ritmo cavernoso y percusivo. No era una mezcla; era una conversación generacional con la salsa, ese género creado por migrantes caribeños y puertorriqueños en los barrios neoyorquinos de los 70. El reggaetón es el nieto rebelde, digital y callejero. Juntos en ese escenario, dibujaron un linaje ininterrumpido de resistencia sonora. Fue la respuesta artística a una pregunta nunca hecha: “¿De dónde viene esto?”. El reggaetonero dijo desafiante: de nosotros. De nuestra capacidad de crear belleza en la adversidad.

Este salto cualitativo no es inocente. Demuestra que artistas que nacieron en los barrios marginados de San Juan en Puerto Rico o de Panamá tienen la capacidad, la complejidad y la profundidad para crear y recrear musicalmente sus vivencias pasadas y presentes en el mero centro del imperio y contar, desde ahí, su propia versión de la historia. Ya no es la música que suena casualmente en la fiesta; es la música que da sentido a la celebración.

La casita, la tiendita y la zafra: el diccionario visual de la migración

Cualquier latino que haya crecido en una ciudad estadounidense reconoció instantáneamente ese escenario. No era una fantasía; era la memoria colectiva hecha escenografía. La casita puertorriqueña con sus tejas y colores: no es una cabaña pintoresca, es el sueño de la casa propia, el núcleo de la familia extendida, el pedazo de la isla reconstruido en el Bronx o en Orlando.

Las sillas plegables de metal: el mueble universal de las fiestas en el garaje, del cumpleaños de la abuela, del niño que se duerme a las 3 a.m. mientras los adultos siguen bailando. Es la silla de la comunidad fácil de acomodar y mover porque el espacio interior es pequeño, pero las ganas de hacer fiesta son muy grandes.

El poste de luz en la esquina del barrio, el testigo de los juegos infantiles, los amores furtivos y las conversaciones hasta tarde. El punto de referencia en un mapa emocional. Un poste que se apaga cada semana por la incompetencia de las autoridades.

La tiendita de Toñita: este fue un detalle nuclear. Toñita, dueña del “Toñita’s Sports Bar & Grill” en el barrio Williamsburg de Brooklyn, es una leyenda viva. Su negocio, por décadas, ha sido mucho más que un bar: es un centro comunitario, una oficina de asistencia social no oficial, un refugio. Verla allí, sirviéndole un trago a Bad Bunny, era canonizar la figura de la matriarca comunitaria, la que sostiene la red invisible que el sueño americano desconoce e ignora.

La zafra: el golpe más duro y poético. Los hombres con machetes, el sudor y el esfuerzo agrícola. Es el recuerdo del origen, de la explotación colonial que forzó migraciones masivas. Una letra que parecía decir: “Antes de que nuestro ritmo llenara tus estadios, nuestras manos llenaron tus tazas de azúcar”.

Y luego, la culminación: el desfile de banderas. No solo la puertorriqueña, sino las de toda América Latina. El mensaje era una bofetada a la idea de “América” como propiedad exclusiva de un país. Este continente tiene muchos nombres, muchas historias, y todas ellas están aquí, caminando por un campo de futbol americano. Es la reclamación de un hemisferio entero dentro de las fronteras del que se apropió su nombre.

La rabia del poder: por qué Trump y su corte reaccionaron con odio visceral

Las reacciones no se hicieron esperar. Donald Trump, en su plataforma Truth Social, lo calificó de “horrible” y “la peor actuación de la historia”. Comentaristas de Fox News hablaron de “basura”, “vulgaridad” y un “ataque a los valores americanos”. No criticaron la afinación o la coreografía (una crítica estética legítima). Su ataque provino de sus entrañas, cargado de adjetivos ácidos y un desprecio que delataba pánico.

¿Por qué este miedo? Porque entendieron el mensaje mejor que nadie. Bad Bunny no estaba pidiendo un lugar en la mesa. Estaba sacudiendo la mesa y mostrando que millones ya estaban sentados en ella, comiendo su propia comida, hablando su propio idioma. El show fue un acto de hegemonía en tiempo real: la toma del símbolo supremo del deporte comercial estadounidense para narrar una historia contraria a la del “Make America Great Again”. Una historia de diversidad, de resistencia migrante, de orgullo racial y de alegría como arma política.

La reacción iracunda prueba que el golpe fue certero. Gramsci diría que la “trinchera” cultural fue asaltada con éxito. No es una guerra de tanques, es una guerra de significados. Y en esa noche, el significado de “americano” se amplió violentamente, y a algunos reaccionaron por poderosas razones.

Abuelos perreando: la expansión del público y la emoción colectiva

Un mito se derrumbó: que el perreo es solo para la generación Z. Las cámaras captaron a madres, padres y abuelos moviéndose y agitándose en las gradas. En casas por todo el continente, familias enteras cantaron “Tití Me Preguntó” y reconocieron la casita de la abuela a través de las imágenes de la más sofisticada tecnología.

La emotividad desatada no era por la fama de Bad Bunny, sino por el acto de reconocimiento. Por primera vez en un escenario de ese calibre, la experiencia migrante latina no era el chiste, el estereotipo o el fondo exótico. Era el protagonista absoluto, con toda su textura: la nostalgia, el esfuerzo, la comunidad, la fiesta como catarsis. Ese llanto era la sorpresa de sentirse visto en plenitud, sin filtros ni pedir disculpas. El reggaetón, así, completó su ciclo: de música de cuarto oscuro a himno generacional transversal, capaz de unir a la diáspora en un solo grito de pertenencia.

Más allá del show: el amanecer de una narrativa

¿Constituye esto una narrativa alternativa a la de Trump? Creo que va más allá; es su antítesis en “tiempo real” y su mayor pesadilla. Todo ello por diversas razones, cada una de las cuales puede ser ampliamente debatida y enriquecida:

Esta narrativa genera una respuesta emotiva poderosa. Mientras Trump moviliza con el miedo y la nostalgia de un pasado blanco imaginario, esta narrativa moviliza con el amor, la alegría combativa y la nostalgia de un origen real y compartido. Además abarca un tiempo histórico, conecta el pasado agrícola colonial, el presente urbano migrante y proyecta un futuro de unión latino-americana (las banderas). Una epopeya en 12 minutos.

Este discurso fue también decodificable al instante para su comunidad: cada símbolo era una palabra en un idioma que 63 millones de latinos en EE.UU. entienden perfectamente. No hubo necesidad de traducción. Y a su vez, provocó una reacción del adversario: la furia de la derecha es el certificado de autenticidad de su poder disruptivo.

Finalmente, definió el campo de batalla. De un lado, el nacionalismo excluyente, blanco y nostálgico. Del otro, el archipiélago latino diverso, mestizo, multicolor, que proclama que “el amor es más fuerte que el odio”, el lema final que deslumbró en las grandes pantallas del estadio.

El halftime show de Bad Bunny fue mucho más que un concierto. Fue la toma de la Bastilla cultural. Demostró que la verdadera fuerza no está siempre en el poder político formal, sino en la capacidad de contar la historia que millones viven. Y esa historia, contada a través del arte de la música y la danza es imparable. Esta batalla por la hegemonía se presenta como decisiva en una guerra que empezó con fuerza a inicios de este siglo, y que una década antes la había anunciado Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones.

De modelo humanitario a filtro migratorio: el papel contradictorio de Brasil en la protección de los refugiados

João Carlos Jarochinski Silva   |   Gisela P. Zapata
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De modelo humanitario a filtro migratorio: el papel contradictorio de Brasil en la protección de los refugiados

La crisis política, social y económica en Venezuela ha provocado el mayor desplazamiento en la historia reciente de América Latina. Millones de personas han abandonado el país en los últimos 10 años en busca de protección, trabajo y condiciones de vida básicas. En respuesta, los gobiernos latinoamericanos han adoptado una amplia gama de programas de regularización migratoria, que a menudo han recibido elogios internacionales por su apertura y solidaridad. Sin embargo, existen importantes limitaciones y riesgos emergentes en el diseño e implementación de estas políticas.

Una investigación del Grupo de Investigación CAMINAR muestra que la mayoría de los programas de regularización creados en respuesta al desplazamiento venezolano se basan en medidas temporales diseñadas específicamente para esta población y, con frecuencia, desvinculadas de las leyes migratorias vigentes. Estos programas suelen otorgar permisos de residencia por períodos limitados, que van de dos a diez años, sin garantizar la estabilidad a largo plazo lo que refuerza la incertidumbre jurídica en lugar de resolverla.

Otra vía para la regularización es el acceso a la condición de refugiado. En teoría, esta ofrece mayor protección y seguridad a largo plazo. Sin embargo, en la práctica, pocos países de la región han aplicado la definición ampliada de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena a los venezolanos, a pesar del amplio reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que se producen en el país. Además de las causas contenidas en la Convención de Ginebra de 1951, esta contempla a ‘las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público’.

Brasil destaca como una excepción

En 2019, Brasil adoptó un procedimiento simplificado para reconocer a los venezolanos como refugiados. Esta decisión estuvo condicionada por factores políticos, como la oposición geopolítica de Bolsonaro al régimen de Nicolás Maduro, así como por consideraciones prácticas: reducir la creciente acumulación de solicitudes de refugio y evitar que las barreras documentales impidieran a muchos venezolanos acceder a regularización. Esta política ha continuado incluso después del restablecimiento parcial de las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de las preocupaciones de que la aplicación de la definición ampliada pudiera ser revocada para este caso.

Debido a la Operación Acogida, una respuesta humanitaria a gran escala centrada en la recepción y la reubicación interna, el enfoque de Brasil ha sido aplaudido internacionalmente y presentado como un modelo para la región. Sin embargo, esta imagen positiva esconde contradicciones. El estatus de refugiado no se ha convertido en la principal vía de acceso para los venezolanos (solo alrededor del 20% lo han obtenido) y las recientes prácticas para acceder al refugio chocan cada vez más con la reputación del país como líder en protección internacional.

Brasil ha adoptado recientemente una serie de medidas administrativas que restringen el acceso al sistema de refugio, en particular para los ciudadanos no venezolanos. El fallecimiento del ghanés Evans Osei Wusu en 2024, tras enfermarse mientras esperaba la autorización para entrar a Brasil en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, expuso graves problemas de derechos humanos en estos espacios de entrada en el país. En lugar de fortalecer los mecanismos de protección, el Estado ha recurrido cada vez más a la exigencia de visados ​​y otras barreras administrativas que impiden a algunas personas incluso solicitar refugio en el país. 

Estas medidas pueden justificarse como herramientas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito o contrabando de inmigrantes. Sin embargo, en la práctica, tienden a penalizar a las mismas personas que deberían proteger. El impacto ha sido drástico: en 2025, las solicitudes de asilo en el Aeropuerto de Guarulhos se redujeron un 94 % en comparación con el año anterior.

Otra tendencia preocupante es el requisito de patrocinio privado para los visados ​​humanitarios. Aunque inicialmente fue elogiado como una política innovadora y humanitaria, este mecanismo transfiere cada vez más la responsabilidad del Estado a otros actores. Las personas que huyen de contextos de grave inestabilidad pueden ahora depender de patrocinadores para acceder a protección, lo que socava la idea del refugio y las visas humanitarias como derechos y no como favores. Este enfoque plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil con la consolidación de una Política Nacional coherente sobre Migración, Refugio y Apatridia.

Estos acontecimientos son preocupantes por sí solos, pero se vuelven aún más alarmantes al analizarlos en un contexto regional y global más amplio. La migración y el refugio se han politizado cada vez más, especialmente tras el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. En todo el continente americano, el debate público actual y las medidas políticas difuminan cada vez más la distinción entre migrantes y refugiados, presentan la movilidad humana como una amenaza o una «invasión» y dan prioridad a la contención y la expulsión en detrimento de la protección. También existe un riesgo creciente de que el desplazamiento venezolano se instrumentalice en las próximas elecciones, con narrativas migratorias que se movilizan para alimentar el miedo, las agendas de securitización y la polarización política.

En este nuevo escenario, el uso generalizado de esquemas de regularización temporales y extraordinarios merece un análisis crítico. Históricamente, estas medidas han servido a menudo como herramientas de regularización migratoria, pero, en este contexto, también pueden generar sistemas de información digital detallados que posteriormente pueden utilizarse para la vigilancia, la exclusión o la deportación, como sugieren las recientes declaraciones del presidente electo de Chile. Esto es particularmente peligroso en un contexto donde el respeto al derecho internacional se cuestiona abiertamente. 

Cuando los programas de regularización son discrecionales, temporales y están poco arraigados en la ley, ofrecen poca protección contra cambios repentinos de la política. El discurso anti inmigratorio se ha radicalizado, atacando no solo a los recién llegados, sino también a quienes han vivido durante años en los países de destino, a pesar de muchas veces ser provenientes de lugares que no garantizan los derechos humanos.

La investigación de CAMINAR muestra que los programas extraordinarios de regularización siguen siendo generalizados en América Latina y que muchos migrantes entran y salen de la situación de regularidad migratoria en virtud de las decisiones estatales. Sin embargo, en las condiciones actuales, esta inestabilidad adquiere un nuevo significado. Permisos vencidos o cambios unilaterales en las normas de regularización pueden convertir rápidamente a migrantes «regulares» en sujetos de deportación, debilitando el principio de no devolución y abriendo la puerta a retornos forzados. En este sentido, América Latina parece estar llegando a un punto de inflexión crítico. La regularización migratoria, antes enmarcada como una herramienta de protección e integración, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de identificación, control y, finalmente, expulsión.

En este contexto, las contradicciones de Brasil son especialmente decepcionantes. El país cuenta con una tradición política progresista en el tema, una sólida credibilidad internacional y un compromiso de larga data con los derechos humanos, el refugio y la protección de las poblaciones desplazadas. Sus políticas y prácticas son relevantes no solo a nivel nacional, sino también como referentes regionales en un momento en que el derecho a solicitar refugio se encuentra bajo creciente presión. 

Por lo tanto, las autoridades brasileñas deben tener en cuenta que enfrentan una responsabilidad histórica: garantizar la coherencia entre el discurso y la práctica, y evitar que los refugiados y otras personas desplazadas forzosamente se conviertan en una víctima más de la tendencia tecnofascista que hoy caracteriza las relaciones internacionales. En un entorno internacional cada vez más hostil, defender el refugio no es solo una obligación legal, como también una decisión política con profundas consecuencias para el futuro de la región.

Perú: ¿un país polarizado?

Carlos Ugo Santander
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Perú: ¿un país polarizado?

En el debate público latinoamericano, el término “polarización” se ha convertido en una palabra que aparentemente lo explica todo, desde una crisis institucional, la agresividad en un debate, la débil aprobación a la gestión de un gobierno, hasta la incapacidad de construir acuerdos. Si bien Perú es un país conflictivo, marcado por la desconfianza y la indignación, eso no equivale a que sea un país polarizado. En términos analíticos, la experiencia peruana se parece menos a una sociedad estructurada en dos campos estables y más a una arena fragmentada, personalista y volátil, donde la competencia se organiza por momentos, no por clivajes definidos.

En ciencia política, polarización no es sinónimo de “conflicto”, tampoco equivale a los sobresaltos propios de una crisis, la retórica como estrategia de comunicación de un político o la crispación típica de una campaña electoral. La polarización puede distinguirse en dos dimensiones:  la polarización ideológica que se da entre grupos políticos relevantes, con debilitamiento del centro y alineamientos relativamente coherentes en torno a ideas o políticas y la polarización afectiva que es la hostilidad o aversión hacia el otro bando, que deja de percibirse como actor legítimo para pasar a ser una amenaza moral o existencial.

Tras una investigación cualitativa, vía grupos focales, realizada en julio de 2025 y de cara a las próximas elecciones presidenciales, conviene analizar las dos dimensiones de la polarización en Perú. Cualquier país puede tener una sin la otra o puede tener ambas, tanto de manera estable o de forma intermitente (como estallido social). La polarización, para ser tal, debe ordenar el sistema político de modo regular ya que en el sentido opuesto se expresa la fragmentación, el consenso, la resiliencia, el desalineamiento, la antipolítica, el antipartidismo, el personalismo o el simple conflicto.

En esa perspectiva, la evidencia cualitativa y las encuestas electorales recientes revelan que en Perú no existe polarización ideológica que estructure el sistema de partidos como tampoco existe un comportamiento electoral de manera consistente en el tiempo. Hay debates sobre “modelo económico”, “Estado”, “seguridad” o “moral pública”, pero suelen expresarse de forma cruzada, sin producir dos bloques programáticos estables. La autoubicación izquierda–derecha no organiza una competencia partidaria duradera porque la institucionalización es débil y los partidos son frágiles, por lo que es difícil predecir de manera consistente el voto. A esto se suman las fugaces alianzas legislativas, el transfuguismo, los cambios de etiquetas, la mimetización de los liderazgos y cruces de un campo a otro.

En un país polarizado ideológicamente, la disputa se vuelve relativamente predecible, en dos campos que agregan demandas, forman coaliciones reconocibles y compiten con cierta continuidad. En Perú, ocurre lo contrario, no hay partidos consistentes, o institucionalizados: lo que sí hay es una extraordinaria oferta de candidaturas, vehículos electorales, facciones, y listas improvisadas. El resultado es la dispersión y la fragmentación parlamentaria, no una división binaria estable.

Esto no significa ausencia de conflicto ideológico, sino que la ideología no logra convertirse en un eje que ordene durablemente identidades, organizaciones y lealtades. Y sin ese eje, la polarización ideológica pierde su condición principal: la capacidad de estructurar y orientar la acción política.

Perú sí muestra signos de polarización afectiva. Dada la baja mediación partidaria, los rechazos se vuelven intensos hacia figuras, instituciones, símbolos o etiquetas, muchas veces más fuertes que cualquier adhesión positiva. En ese sentido, Perú puede experimentar picos de polarización afectiva, pero no como clivaje social estable, sino como mecanismo de campaña y de crisis, centrado en liderazgos e instituciones más que en partidos.

En las segundas vueltas, es frecuente que la disputa se organice más por el “anti” que por el “pro”, así surge comúnmente la retórica antiestablishment, anticomunismo, anticorrupción, anticaviares, antifujimorismo y como algunas décadas atrás lo era el antiaprismo. Esa lógica evidencia que los peruanos son empujados emocionalmente en un cierto momento electoral hacia un antagonismo que puede ser intenso pero frágil, porque depende de quién sea el rival, de qué escándalo domine la semana y de qué coalición mediática se articule coyunturalmente.

Perú puede parecer polarizado por el volumen del ruido, ya sea por insultos o deslegitimación, pero no es polarizado en el sentido estructural del concepto. Lo que domina es un patrón de negatividad política, adhesiones frágiles y rechazos duros. Y ese patrón, lejos de fortalecer identidades programáticas estables, tiende a debilitar la representación y a erosionar la confianza en las instituciones. Perú no presenta, de manera persistente, polarización ideológica estructurante; lo que exhibe es fragmentación y volatilidad, con episodios de polarización afectiva personalista que se activan en coyunturas electorales y crisis institucionales.

El drama de una sociedad fragmentada es cuando el conflicto no produce agregación, sino descomposición. En democracias con polarización programática, la tensión puede ser alta, pero el sistema logra ordenar la competencia en dos o tres polos reconocibles, reglas de alternancia, coaliciones estables. En Perú, con frecuencia la tensión produce lo contrario, proliferación de actores, bancadas que se rompen, partidos que se disuelven, y gobiernos sin mayoría que dependen de transacciones cortas y defensivas, que pueden derivar hacia dinámicas autoritarias o iliberales sin estar polarizado. Esta combinación hace que la promesa autoritaria sea seductora incluso sin polarización estructural, en la apuesta de que “alguien ponga orden”, “que acabe con los políticos”, “que gobierne sin trabas”.

La crisis no se explica porque “dos mitades irreconciliables” se enfrentan. Se explica porque múltiples minorías con baja disciplina y alto incentivo al veto convierten al Estado en un campo de obstrucción. La política se vuelve una suma de bloqueos, no una confrontación binaria de proyectos. No es “guerra de facciones”; es “guerrilla institucional”.

Este patrón de fragmentación es funcional al modelo neoliberal porque impide construir una mayoría programática estable capaz de disputarlo. Sin partidos consistentes y sin lealtades duraderas, la política se organiza por escándalos y vetos; y así, lo estructural queda fuera de la agenda o se decide por inercia tecnocrática. El modelo no se sostiene por consenso, se sostiene por ausencia de una coalición capaz de reemplazarlo.

Los obstáculos de la agenda regional de cuidados desde una mirada feminista

Susana Reina
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Los obstáculos de la agenda regional de cuidados desde una mirada feminista

En los últimos años, la agenda de cuidados ha dejado de ser una demanda sectorial del movimiento feminista para convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de América Latina, en respuesta a las profundas desigualdades que atraviesan la Región. Sin embargo, su avance concreto sigue siendo limitado y lento.

Países como Uruguay, con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, mostraron que es posible construir institucionalidad específica, ampliar servicios y reconocer derechos. En Argentina, Chile, Panamá, Colombia y México, los debates sobre sistemas de cuidados, planes nacionales y reformas legales evidencian un cambio cultural y político significativo que nos da esperanzas. Asimismo, los consensos regionales impulsados desde la CEPAL y otros espacios multilaterales han contribuido a consolidar un marco común que reconoce el cuidado como un pilar del desarrollo sostenible.

Sin embargo, estos avances conviven con fuertes asimetrías, ya que la cobertura sigue siendo limitada, la calidad de los servicios desigual y la sostenibilidad financieramente frágil. El riesgo es que la agenda de cuidados quede atrapada en declaraciones progresistas sin capacidad real de transformar la vida cotidiana de millones de personas.

Desde una mirada feminista, los obstáculos que enfrenta esta agenda no son fallas de diseño ni problemas de implementación aislados. Antes bien, son el reflejo de un modelo económico, social y cultural que se sostiene sobre la explotación invisible del trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente y casi en exclusivo, por mujeres.

Analizar estos obstáculos es clave para entender por qué el cuidado, aun siendo indispensable para la sostenibilidad de la vida y de la economía, continúa ocupando un lugar marginal en las prioridades políticas.

El obstáculo fiscal

Uno de los principales límites para el desarrollo de sistemas integrales de cuidados es la persistente restricción fiscal. En América Latina, los debates presupuestarios suelen presentar el cuidado como un gasto prescindible, especialmente en contextos de crisis económica o ajuste. Esta mirada ignora que el cuidado ya se financia, pero de manera desigual.

En efecto, cuando el Estado no invierte, el costo se traslada directamente a los hogares y, dentro de ellos, a las mujeres. Como advierte Oxfam en el informe Tiempo para el cuidado (2020), esta combinación de desigualdad extrema y sistemas tributarios regresivos limita estructuralmente la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado.

El obstáculo institucional

Otro freno estructural es la fragmentación institucional de las políticas de cuidado. En muchos países de la región, estas políticas se encuentran dispersas entre distintos ministerios, programas y niveles de gobierno, sin una autoridad rectora clara ni una estrategia integral. Esta fragmentación debilita la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado y genera fuertes desigualdades territoriales. Sin institucionalidad sólida, la agenda de cuidados corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que busca combatir.

El obstáculo cultural

Uno de los obstáculos más persistentes es el orden cultural patriarcal que naturaliza el cuidado como una responsabilidad femenina. Informes de Oxfam muestran que las mujeres realizan más del 75% del trabajo de cuidados no remunerado y dos tercios del trabajo remunerado de cuidados, y que esta carga limita su acceso al empleo y al bienestar.

Esta idea, profundamente arraigada, sigue organizando tanto las expectativas sociales como las decisiones políticas. El cuidado se presenta como una extensión “natural” del rol de las mujeres y no como un trabajo socialmente necesario que debe ser reconocido, redistribuido y valorado. Esta naturalización tiene consecuencias materiales: limita la autonomía económica de las mujeres, condiciona su participación en el mercado laboral y refuerza ciclos de pobreza y dependencia.

Mientras el cuidado siga siendo visto como un asunto privado y femenino, la corresponsabilidad social y de género (un pilar central de la agenda regional) seguirá siendo más un discurso que una realidad.

El obstáculo laboral

En las ocasiones en que el cuidado se remunera, lo hace mayoritariamente en condiciones precarias. El trabajo de cuidados remunerado en hogares, centros comunitarios o instituciones está marcado por bajos salarios, informalidad, escasa protección social y débil reconocimiento profesional. Esta precarización afecta sobre todo a mujeres pobres, migrantes y racializadas, reproduciendo desigualdades dentro del propio sector.

Este no es un problema secundario. Sin condiciones de trabajo decente, la expansión de servicios de cuidado se convierte en un nuevo nicho de explotación. La agenda de cuidados solo será transformadora si incluye derechos laborales, formación, estabilidad y protección social para quienes cuidan.

El obstáculo político

Finalmente, la agenda regional de cuidados enfrenta como obstáculo político central, la falta de voluntad política sostenida y las resistencias conservadoras. Aunque el cuidado aparece en algunos discursos oficiales y compromisos internacionales, suele perder prioridad frente a agendas consideradas más productivas o estratégicas. En contextos de avance de fuerzas neoconservadoras y antifeministas como el que estamos viviendo en la actualidad, el cuidado es incluso deslegitimado como una demanda ideológica.

Esta falta de voluntad se traduce en presupuestos insuficientes, institucionalidad débil y ausencia de liderazgo político. Sin una disputa explícita por el sentido del cuidado como derecho y como infraestructura social, la agenda corre el riesgo de quedar atrapada en declaraciones simbólicas sin capacidad real de transformación.

El cuidado como disputa feminista por la igualdad

La Agenda Regional de Cuidados propone reconocer el cuidado como un derecho humano (el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado) y como una responsabilidad social compartida. Esto implica romper con la idea de que el cuidado es una obligación privada, femenina y gratuita, confinada a los hogares y sostenida mayoritariamente por mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, racializadas y migrantes.

Los obstáculos que enfrenta la agenda regional de cuidados no son accidentales. Todos los aquí descritos expresan un modelo que sigue descansando en la desigual distribución del tiempo, del trabajo y del poder. Desde una mirada feminista, avanzar en esta agenda implica mucho más que crear nuevos servicios, supone cuestionar las prioridades económicas, redistribuir recursos, transformar normas culturales y disputar poder.Colocar el cuidado en el centro no es una concesión ni un lujo en tiempos de crisis. Es una condición necesaria para construir sociedades más igualitarias, democráticas y sostenibles. Por ello, la agenda de cuidados es, en esencia, una disputa feminista por la vida y enfrentar sus obstáculos es parte fundamental de la lucha contra las desigualdades estructurales en América Latina.

El mapa de los alineados: ¿cómo está la relación entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos?

Ángel Arellano
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El mapa de los alineados: ¿cómo está la relación entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos?

El nuevo mapa político de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y América Latina revela un cambio de paradigma que no se veía desde los años más crudos de la Guerra Fría. El escenario actual, marcado por una polarización con escasos matices, describe una región que ha dejado de ser un bloque geográfico para convertirse en un tablero de ajedrez donde Washington ha decidido mover sus piezas con una velocidad y pragmatismo renovados. Bajo la actual administración de Donald Trump, la política exterior hacia el continente ya no se mide en términos de cooperación multilateral, sino en control de recursos estratégicos, seguridad fronteriza y lealtades ideológicas.

El eje del Sur: Argentina

El dato más disruptivo es la consolidación de Argentina como el principal referente de Estados Unidos en la región. Con un apoyo financiero de 20 mil millones de dólares y una alineación total entre los presidentes, el país austral ha pasado de la ambivalencia a ser el portaaviones ideológico de la Casa Blanca en el Cono Sur.

Esta relación no es solo simbólica; es una apuesta estratégica que busca desplazar los ejes de poder tradicionales (México y Brasil) y establecer un contrapunto a la influencia china en el Atlántico Sur. Encuentra además un apoyo estratégico con la sintonía del gobierno de Paraguay, el único país latinoamericano invitado a la Cumbre por la Paz en Medio Oriente, un espacio de alta significación para la política exterior de Estados Unidos.

En un lugar similar se encuentra Bolivia, que, tras la llegada del nuevo presidente de derecha, prioriza un acercamiento con Estados Unidos a contrapelo de la histórica sociedad del Movimiento al Socialismo con regímenes como el de Venezuela o Cuba.

El caso de Perú merece una mención aparte. El impulso para designarlo como Aliado Principal No-OTAN eleva al país andino a un nivel de asociación militar y tecnológica superior, similar al que ostentan potencias fuera de Europa. Esto, sumado al alineamiento de Ecuador en temas de seguridad y presencia de tropas extranjeras, sugiere la creación de un nuevo corredor de seguridad en el Pacífico liderado por Washington.

Grandes economías

En contraste, Brasil, clave en la estrategia de disminuir la dependencia regional de China, se encuentra en una posición de rivalidad. Aunque las sanciones a los jueces de la Corte Suprema por el juicio contra Jair Bolsonaro se han retirado y se negocia un alivio arancelario para minerales críticos, la relación está marcada por la desconfianza. La Casa Blanca entiende que no puede ignorar a Brasil en el andamiaje del vínculo entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por eso, ha decidido tratarlo como un competidor comercial difícil más que como un socio natural.

De acuerdo a la Nueva Estrategia de Seguridad de 2025, Estados Unidos ven a México como un socio bajo presión, no un enemigo ni un aliado modelo. México es pieza central para la defensa del territorio, la lucha contra carteles, la contención migratoria y el control regional, pero se exige más cooperación, resultados concretos y carga compartida. Los intercambios con la presidenta Claudia Scheinbaum así lo han mostrado en 2025. 

Venezuela y Colombia

El escenario más dramático se vive en el Caribe. La captura de Nicolás Maduro y la presión ejercida sobre el régimen de Venezuela marca un hito histórico. La administración Trump no solo ha tomado el control del flujo comercial de petróleo, sino que ejerce una tutela directa sobre las acciones del gobierno encargado para provocar el desmontaje del chavismo. Este movimiento envía un mensaje inequívoco al resto del continente: la soberanía tiene límites cuando se cruzan las líneas rojas.

Colombia, históricamente el aliado más consecuente de EE. UU. en Sudamérica fue descertificada por sus magros resultados en la guerra contra las drogas. Además, las tensiones ganaron relieve tras el discurso del presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York pidiendo a los soldados estadounidenses no participar en el conflicto de Gaza. Esto dejó al gobierno colombiano en una posición de extrema vulnerabilidad, intentando reorganizar una relación que lucía irreconciliable. Sin embargo, la reciente visita del colombiano a Washington ayudó a aliviar las tensiones. 

Mano dura en el Caribe

La categoría de enemistad está colmada por Cuba y Nicaragua, regímenes autocráticos socialistas que cuentan con el rechazo de la administración Trump, especialmente en el caso de La Habana, donde el impacto de la presión sobre Venezuela ocasiona efectos importantes.

En República Dominicana, la Casa Blanca encuentra un socio estratégico. Mantiene una relación estrecha, profundamente cooperativa que comparte la estrategia de contención de Haití, donde Estados Unidos tiene un vínculo marcado por la crisis del colapso estatal y el condicionamiento de recibir asistencia humanitaria si coopera en la lucha contra el crimen. Finalmente, Jamaica es un aliado estratégico relevante ante el incremento del crimen en la zona. 

Centroamérica: filtro estratégico

Para la Casa Blanca, Centroamérica es hoy un filtro migratorio y un muro contra la influencia de China.

Guatemala, a pesar de estar bajo un gobierno de izquierda, ha emergido como pieza clave por su firme postura pro-Taiwán y pro-Israel. Mientras que El Salvador es el aliado y embajador ideológico en la región bajo una lógica de seguridad transaccional: apoyo político a cambio de detención de deportados y cooperación en seguridad. En esa línea, se da por descontado que el cambio de gobierno de Honduras (con la reciente llegada de Nasri Asfura, quien fue explícitamente apoyado por Trump) se sume a esa línea.

Panamá, tras superar fricciones por el control del Canal a principios de 2025, se reintegró al bloque de aliados estratégicos. Con esto se aseguró que la vía interoceánica permanezca bajo una supervisión favorable a los intereses estadounidenses. Costa Rica por su parte, mantiene su estatus de aliado pragmático.

En cuanto a Belice, en octubre de 2025 firmó el Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, permitiendo que algunos solicitantes de asilo que llegan a EE. UU. sean trasladados a Belice para procesar sus solicitudes. 

El pragmatismo de la izquierda

Es notable la performance de neutralidad que mantienen países como Chile y Uruguay o de alianza estratégica como Suriname y Guyana. Esos cuatro tienen gobiernos de izquierda. En estos casos, la administración Trump parece haber optado por un dejar hacer, permitiendo que las relaciones fluyan por canales estrictamente comerciales, siempre y cuando no se conviertan en obstáculos para la agenda de seguridad estadounidense. Chile, a pesar de las tensiones arancelarias, ha logrado mantener un diálogo pragmático que protege sus exportaciones. Y Uruguay, ha optado por una relación pragmática con miras a no tensionar el vínculo.

En el caso de Suriname un país con potencial petrolero y gasífero, el Comando Sur de Estados Unidos mantiene visitas constantes para fortalecer la cooperación militar contra el narcotráfico y para contrarrestar el influjo chino. Por su parte, Guyana es un socio estratégico crítico cuya importancia reside en su capacidad de suministrar energía y su posición geográfica clave frente a las tensiones regionales como la crisis con Venezuela.

Conclusión

Este nuevo mapa es el retrato de una América Latina fragmentada. La estrategia de Estados Unidos ha pasado de la diplomacia del apretón de manos a la diplomacia de la condicionalidad. Esto ha quedado suscrito en la Nueva Estrategia de Seguridad 2025 que redefine la política exterior estadounidense y pone el vecindario como prioridad máxima con un enfoque de poder duro, contención de actores externos (especialmente China), control de migración, combate a carteles y fortalecimiento de aliados.

Quienes se alinean reciben financiamiento y mejoría en su estatus militar y comercial. Por otro lado, quienes disienten enfrentan sanciones, descertificaciones o, en el caso excepcional del régimen venezolano, la intervención directa. En este nuevo orden regional, la neutralidad es cosa de pocos y la alineación se convierte en la moneda de cambio para la estabilidad económica. América Latina ha vuelto a ser el escenario principal de una doctrina de seguridad nacional estadounidense que no admite zonas grises.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Costa Rica: ¿Está naciendo la Tercera República?

Enrique Gomáriz Moraga
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Costa Rica: ¿Está naciendo la Tercera República?

El primer discurso de la nueva presidenta de Costa Rica, Leura Fernández, ha sido sintomático: muestra tanto el propósito central del proyecto continuista, como su propia percepción de las dificultades para impulsarlo cabalmente. Su intervención tenía dos motivos colaterales. El primero, de obligado cumplimiento, agradecer al presidente saliente por haber iniciado un cambio estructural del país. El segundo, que muestra su propia sensibilidad política, responder a las críticas de autoritarismo que se han repetido en los medios políticos y periodísticos durante la campaña.

“¡Democracia, democracia, democracia!” repetía la nueva mandataria al iniciar su discurso de victoria. Pero era una afirmación bastante polisémica. Podría referirse al consistente apoyo popular de su victoria electoral, que le permitiría continuar el proyecto iniciado por su antecesor, o bien aclarar que lo llevaría a cabo sin forzar los contrapesos institucionales, el pecado de que le acusan desde la oposición. Aunque también es posible que fuera una combinación de ambas cosas, algo que se aclarará con el tiempo.

El propósito central del proyecto continuista fue emitido por doña Laura con toda rotundidad: proclamó que “este es el final de la Segunda República”, la que se inició después de la guerra del 48 y ha durado hasta hoy. Se trata de un cambio “profundo e irreversible”. Así que, esta victoria electoral refleja el nacimiento de un nuevo modelo sociopolítico. “¡Hoy nace la Tercera República!, exclamó.

Es decir, el cambio de modelo tiene ya una denominación clara (la III República). Pero cabe preguntarse sobre dos supuestos decisivos: ¿Qué causas justifican ese considerable cambio? Y, sobre todo, ¿será posible implementarlo en su cabal dimensión?

Podría argumentarse que la propia victoria electoral, de enormes proporciones, después de los fuertes cuestionamientos hechos al presidente saliente, sería suficiente justificación del radical cambio propuesto. Pero eso no explicaría las razones profundas que están detrás del éxito del continuismo. Distintos observadores, Sergio Ramírez entre ellos, afirman que eso tiene que ver con el drástico cambio de la sociedad tica: la Costa Rica pacífica y segura ya no existe. Habría que agregar: tampoco la Costa Rica poco desigual.

¿Y ese deslizamiento hacia la inseguridad y la desigualdad, fue inevitable? ¿Qué ha impedido al sistema político costarricense evitar ese negativo cambio?

Mi percepción es que ello procede de una disrelación entre el cambio sociopolítico real y la cultura política imperante. Desde una óptica positiva, puede afirmarse que hay proyectos políticos que pueden morir de éxito. Eso es lo que ha sucedido con el modelo político surgido de la guerra civil del 48 (denominado cómo la Segunda República). Es indudable que ese sistema, de tendencia socialdemócrata, ha sido un modelo exitoso que estableció las bases económicas y políticas para consolidar la democracia más estable de la región.

Sin embargo, los cambios profundos de la sociedad no fueron absorbidos a tiempo. La confirmación del paso de una sociedad rural a una urbana, el impacto de las crisis mundiales, la radical modificación del modelo productivo, la aparición de dos esferas de consumo, así como los propios defectos de la cultura política, entre otros fenómenos, impidieron absorber cabalmente los cambios. También hay que consignar que la forma de hacer política establecida no carecía de defectos. Por ejemplo, la tendencia a evitar el disenso con franqueza.

En otros países centroamericanos se suele decir que si hay algo difícil es saber lo que realmente piensa un tico. La inclinación a dar respuestas sobre la base de decir lo que el interlocutor espera oír, tenía efectos políticos efectivos. Las encuestas sobre confianza mutua han mostrado que esa confianza era considerablemente baja, incluso comparándola con la de otros países centroamericanos. Y creo que la ruptura con ese estilo ha sido un dividendo para Rodrigo Chaves.

El problema en que, mientras se daban los cambios sociales profundos, la inclinación en la cultura política mayoritaria ha sido la de insistir en los rasgos del antiguo modelo exitoso. Ello ha propiciado una creciente separación entre los operadores de esa nostalgia sistémica y el malestar del país profundo. Algo que estalló con la victoria de Rodrigo Chaves en las elecciones pasadas constató esa situación.

La atropellada presidencia de Chaves ha reflejado tanto su desconocimiento del sistema institucional, como la resistencia que le han presentado los nostálgicos del anterior modelo exitoso. Pero la rotunda victoria electoral de su continuadora, muestra que, pese a las frecuentes faltas de corrección del mandatario saliente, el país profundo sigue dándole su apoyo.

No obstante, el cambio hacia a III República no está en absoluto garantizado. El planteamiento Chaves ha consistido en reducir o eliminar muchos de los contrapesos institucionales que impiden a Costa Rica adaptarse al mundo actual. Y ese es el fundamento de su queja acerca de que, en realidad, al interior de esos contrapesos se refugian los nostálgicos del viejo modelo desactualizado, que, en la práctica, no le han dejado gobernar. La respuesta de sus opositores es que Chaves ha buscado la destrucción de los contrapesos institucionales que afianzan la democracia.

Este dilema refleja el desafío de la nueva presidenta respecto al avance hacia la Tercera República. Por un lado, existe la percepción de que es necesario reformar el Estado. De hecho, desde hace tiempo la reforma del Estado ha sido una frecuente reflexión académica y política. Para muchos especialistas, la II Republica ha tratado de enfrentar la alta desconfianza mutua mediante una creciente tendencia a los controles administrativos, algo que ha sido percibido por el país profundo como un entramado obstaculizador, que solo beneficia a la burocracia y las élites. Por ello, el discurso de Chaves de que hay que salir de ese entrampamiento ha recibido un apoyo social tan considerable. Desde luego, sus críticos le acusan de querer librarse de toda traba para impulsar una gobernanza autoritaria.

Pero más allá de las intenciones, cabe la pregunta de si la transformación hacia la III República es efectivamente posible. Desde el plano legislativo, la nueva presidencia encara tres opciones. La primera, tratar de usar las leyes ordinarias (para lo cual tiene mayoría suficiente) para producir cambios institucionales profundos. La única certeza que proporciona esta opción es que la corte constitucional tendrá un trabajo exhaustivo dada la cantidad de recursos y denuncias que le lloverán. La segunda, acudir a la iniciativa legislativa popular, recogiendo firmas para una Constituyente. Este proceso supondría una lucha política enconada a lo que se podrían sumar diferencias agudas con Rodrigo Chaves. Y la tercera, que habría de suceder en el arco parlamentario, supone la negociación con Liberación Nacional, la única fuerza que sumada a la bancada oficialista sumaría la mayoría cualificada necesaria para alcanzar una reforma constitucional. Una negociación difícil porque el PLN se encuentra presionado por el resto de los opositores progresistas al oficialismo y podría salir fracturado de esa negociación.

En suma, se perfilan dos escenarios por delante. Establecer con claridad si es posible un cambio estructural del sistema político, que hoy el oficialismo denomina III República, sin que ello suponga un abandono de los parámetros básicos de la democracia. Y saber si ello es posible en las complejas condiciones políticas en que se encuentra la nueva presidenta, frente a fuerzas políticas opositoras nutridas por un intenso resentimiento y bajo la mirada fiscalizadora del presidente saliente.

Capitalismo verde: ¿solución ecológica o nueva dependencia?

Leonardo Granato   |   Juan Camilo Arias
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Capitalismo verde: ¿solución ecológica o nueva dependencia?

La transición energética debe ser comprendida desde una perspectiva multiescalar, que abarque el complejo juego de intereses globales e internacionales que en ella convergen. Por ello, primero debemos situar la cuestión en un plano más amplio, el del orden mundial capitalista y las profundas desigualdades que lo constituyen, para luego recuperar la cuestión de los riesgos en torno de la dependencia externa.

¿Un capitalismo verde como alternativa a la crisis?

La situación mundial actual es de emergencia ecológica. Sin embargo, esta emergencia es una de las múltiples dimensiones de una crisis más amplia que afecta al propio orden capitalista globalizado, neoliberal, financiarizado y fósil. Lo que venimos viendo es una transformación de este orden en varios sentidos, entre ellos en sentido “verde”. Y esa transformación expresa un momento de adaptación, de acomodación del sistema con vistas a su reproducción.

En el centro de este giro verde se encuentra la transición energética que, en tanto expresión de la articulación de gobiernos, fondos de inversión, big techs y energéticas para la generación de fuentes de energía renovable, busca contribuir al fortalecimiento de un capitalismo que, desde 1970, a pesar del cada vez mayor desarrollo científico-tecnológico, se encuentra en una fase marcada por la tendencial de caída de la tasa de ganancia.

Esta tendencia ha sido agravada en las últimas décadas por los efectos prolongados de la crisis económico-financiera de 2008, la crisis sanitaria del Covid-19, conflictos bélicos como los de Ucrania y Gaza y los reiterados golpes de mano que viene asestando EE.UU. al orden internacional. Es decir, el deterioro económico, que ha puesto en evidencia las desigualdades de la globalización neoliberal, viene acompañado de una crisis medioambiental que se profundiza a cada segundo. Ante esto, algunos de los debates que se vienen proponiendo en el mundo occidental, como el Green New Deal, plantean que es posible llegar al desacoplamiento entre el crecimiento económico y el deterioro del medio ambiente a través (entre otros aspectos) de la transición hacia una matriz energética.

Esta transición se viene defendiendo como una “solución inevitable” ante el calentamiento global, que el año pasado batió récords y superó las previsiones. No hay duda de que la crisis climática afecta al mundo, pero la emergencia ecológica no se limita solo al cambio climático. En este sentido, no podemos pasar por alto el hecho de que, tal y como se plantea hoy en día, esta transición energética prioriza las dimensiones productiva y tecnológica en detrimento de transiciones ecosociales más amplias que favorezcan transformaciones estructurales.

O sea, más allá de pensar cómo producimos la energía y las fuentes alternativas (que es lo que prevalece bajo la perspectiva hegemónica), el desafío está en entender dónde y cómo la energía es consumida, así como los aspectos urbanísticos, culturales y alimentarios, más allá del tecnológico necesario para una transición justa. A través de defender la idea de una transición energética “neutra”, “técnica”, “despolitizada” y “desideologizada”, la narrativa hegemónica crea una falsa ilusión de “solución verde”. Una que no cuestiona los patrones de consumo y producción, ni el desplazamiento de los costos de la transición a los países del Sur, destinados a proveer las materias primas necesarias para el desarrollo tecnológico del Norte.

América Latina: ¿nuevo traje y misma dependencia?

Aunque los países de la región no representan ni el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, soportan la presión extractiva de los recursos naturales estratégicos y la sobreexplotación de la mano de obra, lo que refuerza la especialización productiva, la deforestación, la pobreza y la devastación socioambiental. Por lo tanto, lo que hay es una transición corporativa, tecnocrática y neocolonial.

Y es por medio del extractivismo exportador y de la dependencia tecnológica y financiera que esta transición garantiza el mantenimiento de las tradicionales condiciones de subordinación de la periferia latinoamericana. En lo que respecta al extractivismo exportador, las grandes potencias siguen tratando los territorios latinoamericanos como “zonas de sacrificio”. Estos se disputan, mediante inversiones o préstamos orientados a la explotación y exportación de recursos naturales, el acceso a “minerales críticos” esenciales para la producción de baterías e imanes de alto rendimiento, utilizados en vehículos eléctricos, torres eólicas y robótica industrial, pero también para tecnología militar avanzada y la explotación petrolera.

Si bien se considera que América Latina es un receptor privilegiado de financiamiento externo “verde”, que puede en alguna medida impactar positivamente las economías locales, hay que ser consciente del riesgo que implica el control de los recursos energéticos por parte de grupos y capitales extranjeros, así como la expansión de la frontera extractivista y de sus impactos socioambientales. Y lo que la experiencia viene mostrando es que faltan salvaguardas o mecanismos por parte de los Estados para proteger a las comunidades tradicionales y originarias de las empresas.

Además, hay una gran ausencia de transferencia de tecnología o de contratos que garanticen inversiones en desarrollo científico-tecnológico. Lo que hay es capacitación del personal que utilizará la tecnología importada. Y al pago de regalías por la tecnología importada se suman los préstamos para infraestructura y equipamiento. Por medio de esos préstamos, los países latinoamericanos acumulan deuda y avanzan hacia la austeridad fiscal, lo que a su vez limita la capacidad de los Estados para formular e implementar agendas sociales y climáticas más ambiciosas.

En suma, el debate y la reflexión en nuestra región deben ampliar sus horizontes más allá de la cuestión de subir al tren y aprovechar la demanda externa vinculada a la construcción de un supuesto capitalismo verde. Se deben discutir las vulnerabilidades, en términos de aceleración de la devastación ecológica y de dependencia externa. Pero también las oportunidades de desarrollar proyectos nacionales de autonomía estratégica a largo plazo que, en la medida de las posibilidades, se articulen regionalmente. Las salidas, hoy más que nunca, deben pensarse sobre bases integradas, soberanas, populares y justas.

Cuando la ideología sustituye a la política económica: de Trump a Noboa

León Padilla
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Cuando la ideología sustituye a la política económica: de Trump a Noboa

Desde su primera presidencia, Trump ha promovido una agenda caracterizada por decisiones unilaterales, el uso recurrente de aranceles como instrumento de presión política y una lectura ideológica de las relaciones internacionales que desplazó criterios técnicos, multilaterales y de planificación económica de largo plazo. Este patrón se ha intensificicado en su segundo mandato con los impases con gobiernos europeos y latinoamericanos que han respondido a diferencias ideológicas explícitas más que a evaluaciones técnicas de política económica o comercial. 

En América Latina, esta lógica se tradujo en restricciones migratorias y financieras contra gobiernos políticamente distantes, y en confrontaciones directas con líderes como Lula da Silva o Gustavo Petro. Sin embargo, otros países con problemas estructurales comparables —incluida la expansión del narcotráfico— quedaron al margen por su alineamiento con Washington. Ecuador es un caso ilustrativo: pese al deterioro de la seguridad interna, el avance del crimen organizado y que se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína a nivel mundial, no ha enfrentado represalias significativas.

Pero esta lógica confrontacional no se ha limitado a la política exterior estadounidense. En América Latina, este tipo de manejo ha comenzado a incorporarse en la conducción de la política económica y exterior de países como Argentina y Ecuador. En el caso ecuatoriano, el reciente impasse diplomático y comercial con Colombia resulta particularmente ilustrativo de esta dinámica. 

En este contexto, el gobierno de Noboa muestra cómo una estrategia guiada por el cálculo político de corto plazo puede reproducir patrones ya observados en la política exterior estadounidense bajo Donald Trump, con mayores riesgos cuando se trasladan a contextos institucionalmente más frágiles y económicamente dependientes.

El “Trump ecuatoriano” y la política de la confrontación

Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa ha mostrado rasgos de gestión política análogos al estilo de Donald Trump. Uno de ellos es la búsqueda sistemática de responsables externos o institucionales frente a problemas de gobernabilidad y ejecución de políticas públicas. En diversas ocasiones, el Ejecutivo ha atribuido a la Corte Nacional de Justicia y a otros organismos del Estado la falta de avances en seguridad y reformas clave, mediante señalamientos públicos a jueces y funcionarios.

Este patrón no es nuevo. Durante su primer mandato, Ecuador protagonizó uno de los episodios más delicados en materia de derecho internacional de su historia reciente: la irrupción en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Más allá de las controversias judiciales en torno a Glas, el hecho implicó una transgresión a los principios de la Convención de Viena y derivó en un deterioro significativo de la relación bilateral con México. Posteriormente, el gobierno ecuatoriano anunció medidas comerciales y arancelarias que profundizaron el distanciamiento diplomático y generaron costos evitables. 

Este estilo volvió a manifestarse recientemente en la relación con Colombia. El 20 de enero el presidente Gustavo Petro declaró que Glas debería ser excarcelado por razones humanitarias y de salud —una afirmación percibida como una injerencia en asuntos internos—, y la respuesta del gobierno de Noboa fue anunciar un incremento arancelario del 30% a las importaciones colombianas. La medida fue justificada por la supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, los impactos de actividades ilícitas en la frontera y un persistente déficit comercial bilateral. No obstante, la coincidencia temporal entre estas justificaciones y el impase diplomático sugiere una reacción política más que una evaluación técnica integral.

La decisión resulta particularmente delicada si se considera que Colombia es uno de los principales socios comerciales y un proveedor estratégico de energía eléctrica para Ecuador. Durante los últimos dos años, las importaciones de electricidad desde Colombia han sido determinantes para mitigar la crisis energética ecuatoriana, en un contexto de condiciones climáticas adversas y limitada inversión en nuevas fuentes de generación. Pese a esta interdependencia, el conflicto escaló rápidamente: Colombia anunció el 22 de enero aranceles recíprocos y la suspensión o revisión de las ventas de energía a Ecuador, una medida que, de concretarse, tendría efectos inmediatos sobre la actividad productiva, los costos empresariales y el bienestar de los hogares. 

Todo esto ocurre en un contexto de resultados mixtos de la gestión de Noboa. En el plano económico se registran avances como la reducción del riesgo país —el nivel más bajo en una década—, el crecimiento de las exportaciones no petroleras, señales de reactivación en la construcción y mejores perspectivas de crecimiento del PIB. Sin embargo, estos resultados contrastan con desempeños claramente desfavorables en seguridad. Las cifras preliminares de homicidios de 2025 sugieren un nuevo deterioro, con una tasa estimada entre 49 y 51 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de su historia reciente, reflejando la profundización del crimen organizado y el narcotráfico.

La comparación entre el Estados Unidos de Donald Trump y el Ecuador de Daniel Noboa revela un patrón común: cuando la ideología sustituye a la política económica y la confrontación reemplaza a la cooperación, los costos terminan siendo económicos, institucionales y sociales. En el caso estadounidense, el tamaño de su economía le permite absorber parte de estos costos y, eventualmente, contar con mayores márgenes para corregir el rumbo. En economías pequeñas y dependientes como la ecuatoriana, en cambio, los márgenes de error son mucho menores y las consecuencias más inmediatas. 

Replicar una lógica de poder, presión y alineamientos ideológicos en una región históricamente tratada como “patio trasero” no fortalece la soberanía ni la seguridad económica. Por el contrario, debilita la cooperación regional, aumenta la vulnerabilidad externa y compromete logros recientes.

Más allá de liderazgos confrontativos, Ecuador —y América Latina en su conjunto— requiere estrategias de política exterior y económica basadas en el pragmatismo, la planificación y la integración, incluso cuando existen diferencias ideológicas, tal como lo mostró el proceso de integración económico y político europeo.

La seguridad no empieza en los tribunales

Juliana Montani
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La seguridad no empieza en los tribunales

Tras dos homicidios aberrantes realizados por menores en Argentina, el Gobierno de Milei incluyó por decreto en las sesiones extraordinarias la revisión del régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. El año que terminó nos mostró cómo distintos líderes han apelado al reflejo punitivo como propuesta de campaña. Donald Trump, Javier Milei y José Antonio Kast hicieron del aumento de las penas una bandera de gestión. 

El argumento no es falso. La legislación es imprescindible para definir qué conductas acepta o rechaza un Estado. La probabilidad de ser detenido por la policía aumenta el costo de delinquir. Y una justicia independiente del poder político y presiones sectoriales es condición básica para la seguridad jurídica y personal. Pero llevado al extremo, el enfoque punitivo tiene costos: atenta contra los derechos individuales y políticos.

Foucault describió utópicas sociedades hipervigiladas. Hay casos reales y cercanos de pacificación con mano dura, como el de Nayib Bukele en El Salvador, y también regímenes donde el brazo armado no sirve a la justicia sino al liderazgo político como en Venezuela, Corea del Norte, Rusia y China.

Además de la afectación de derechos, el fortalecimiento coercitivo del Estado tiene sus propios límites estructurales. Mayor patrullaje y penas pueden reducir el delito, pero no bastan: deja fuera otras políticas públicas y acciones de la sociedad civil. La cuestión relevante es, más allá de cuán severo debe ser el castigo, cuál es la forma más eficiente de prevenir.

El sistema penal llega tarde

Confiar solo en la voluntad individual para elegir caminos virtuosos es un acto de fe miope e imprudente. El delito no sucede en el vacío; se inscribe en historias personales, trayectorias escolares, familias, barrios, trabajos posibles e imposibles, estigmas acumulados y falta de oportunidades. Cuando el sistema penal entra en escena, ya es tarde: hubo víctimas y daño.

La evidencia comparada muestra que en los países con menores niveles de delito (Japón, Noruega, Países Bajos, Finlandia), la seguridad no se concibe como una emergencia sino como una política pública de largo plazo. Muchas cárceles se cierran porque no son necesarias al haber políticas e instituciones que se anticipan: educación temprana, salud mental, urbanismo, empleo, redes comunitarias y una policía profesional. La seguridad no se logra endureciendo penas, sino reduciendo las condiciones que propician la delincuencia. 

Hay experiencias alternativas a la lógica penal clásica que modelan caminos donde múltiples actores se involucran. Los modelos de justicia restaurativa buscan superar tanto la expropiación del conflicto por parte del Estado como el foco en castigo o rehabilitación centradas solo en el infractor. Tienen en cuenta a la víctima, al daño causado, y al tejido social. 

En España, la Fundación Unblock trabaja con jóvenes presos o en riesgo de exclusión. Su presidente, Carlos Trenor, afirma que “Cuando se sale de una prisión, se es el mismo, pero más viejo. En muchos casos, se empeora. Así no se protege ni a las víctimas, ni a los contribuyentes, ni a los mismos condenados.” Por ello, en Unblock se busca acompañar a quienes egresan de la cárcel para reconstruir su autoestima, romper el rótulo de “exdelincuente” y sacar a las persona de los circuitos que la empujan a reincidir. El programa cuesta menos que un año de cárcel y logra lo que el encierro rara vez consigue: reduce la reincidencia y genera efectos preventivos que se multiplican sobre el entorno del condenado.

Desde Mar del Plata, el Programa Gaia, desarrollado en la Unidad Penitenciaria de Batán, propone un abordaje multidimensional de la conducta ilícita. A partir del análisis de juicios orales, testimonios y pericias, la jueza Mariana Irianni identifica con frecuencia un trauma fundante detrás de la repetición delictiva. El trabajo terapéutico y psicoeducativo del programa ha disminuido la violencia entre quienes cumplen condena de cárcel. Sin comprender el origen del daño, la reincidencia no es una anomalía: es una consecuencia previsible.

Contra toda intuición

Los delitos de alto impacto en los que se apalanca la propuesta reactiva y punitiva dominan el imaginario público, sin embargo, no representan la mayoría de los casos que saturan la justicia. En el gran abanico de delitos y faltas menores, hay amplio margen para intervenir antes de que el daño escale.

Pero incluso en contextos de violencia extrema, hay programas que exhiben éxito pacificador donde el aparato punitivo falla. Tras un intento de homicidio en la Hacienda Ron Santa Teresa en Venezuela, nació – de forma insólita debido al contexto nacional- el Proyecto Alcatraz, que combina deporte, formación laboral y acompañamiento, con el cual se logró desarmar once bandas delictivas y bajar los homicidios en el municipio de Revenga, según datos locales, de 147 cada 100 mil habitantes a solo dos. Andrés Chumaceiro, el COO de la Hacienda, traza un paralelo sugerente: “Hacer buen ron exige tiempo, maestría y paciencia; transformar biografías también. No hay varita mágica: hay un regreso difícil a la comunidad, pero reconfigurando al entorno y permitiendo que quien delinquió se perdone” es posible avanzar.

La ley es imprescindible, la cárcel es necesaria y si bien apostar exclusivamente por el castigo trae una sensación de seguridad inmediata, empobrece el debate y solo posterga el problema. Una hacienda venezolana, una fundación en Madrid y una unidad penitenciaria en Mar del Plata comparten un hilo común: la criminalidad disminuye cundo diversos actores de la sociedad interactúan con el sistema penal y se sienten responsables del resultado.

Ante la demanda de seguridad, los gobernantes tienen la oportunidad de explorar y sincerar las causas, admitir que la problemática sobrepasa al sistema carcelario y policial e invitar a la política, a la sociedad civil, al sector privado y fundaciones a trabajar coordinadamente. Prevenir el delito requiere tiempo, inversión y corresponsabilidad, y los resultados no siempre coinciden con el siguiente calendario electoral. La seguridad no se decreta, se construye.

La epidemia de soledad llegó a Brasil

Fabián Echegaray
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La epidemia de soledad llegó a Brasil

Uno de los clichés más asociados al pueblo brasileño entre latinoamericanos y extranjeros es su supuesta alegría de vivir y un carácter extremamente fiestero y gregario. Pero ¿qué sucede cuando son los propios brasileños quienes cuestionan esas creencias?

Una encuesta inédita de la consultora Market Analysis, realizada sobre una muestra representativa de 1.000 adultos, revela que algo más que uno de cada tres brasileños (un 35,2%) se siente solo siempre o muy a menudo. A esta cifra se añade otro 6% que no sabe expresar cómo se siente al respecto, una ausencia de opinión que, en el caso de sensaciones negativas (como la soledad y el abandono), suele interpretarse como un indicio de emociones pesimistas. En conjunto, ese 41% de personas que experimentan un malestar afectivo ante una situación frustrante vinculada a la soledad muestran una vulnerabilidad y fragilidad incompatibles con el cliché de alegría, liviandad y cordialidad existencial tradicionalmente atribuido al pueblo brasileño. 

Los cientistas sociales ya cuestionaban el mito de Brasil como sociedad cordial, sociable y emocionalmente integrada a partir de las estadísticas de violencia social o de profunda desigualdad y discriminación. Hoy se agrega a esa crítica un plano más subjetivo e intimista: la substantiva quiebra psicológica del sujeto, que exhibe su aislamiento como un desgarro moral y existencial. Ya no se trata del individuo abruptamente extraído de su contexto rural o local y masificado en una multitud solitaria como la descrita por David Riesman a inicios del siglo XX. La soledad hoy reinante no es un mero retrato de la cotidianeidad que acompaña a la persona, sino un estigma que construye una identidad negativa, desmoralizada y paralizante.

Demografía de la soledad

La soledad es considerada hoy la nueva epidemia mundial, especialmente en el Norte desarrollado, una situación que ha impulsado la creación de ministerios y oficinas gubernamentales específicas en países como el Reino Unido, Japón y España. Unos sondeos realizados en más de 142 países por el instituto Gallup en 2023 indicaban que, en promedio, un 23% de los adultos consultados se habían sentido involuntaria e incómodamente solos el día anterior. En Estados Unidos, algunas encuestas revelaron que entre 2019 y 2024 el porcentaje de personas que se sentían socialmente abandonadas pasó del 31% al 53%. De hecho, ya en 2023 el director general de Salud Pública de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, declaró la soledad una plaga en su país, y poco después la Organización Mundial de la Salud (OMS) la instituyó como “una amenaza a la salud global”. 

La globalización de la soledad, que se extiende hasta geografías como la brasileña, obedece en parte a la lógica estructural que la predetermina: el fenómeno tiende a agravarse primero y con más intensidad entre los sectores económicamente periféricos, lo que deja al descubierto una relación directa entre menos ingresos y más propensión a sentirse desconectado afectiva y socialmente del resto de la sociedad. En Brasil, la sensación de soledad es el doble (aproximándose al 47%) entre quienes pertenecen a los estratos más bajos de la pirámide social (clases C2/D/E) que entre los ciudadanos que se encuentran en la cima de dicha pirámide (clase A). A la precarización económica se le agrega la fragilidad emocional y social. 

La mayor exposición a la soledad de grupos específicos, como las mujeres (11 puntos porcentuales más que los hombres) o quienes tienen un nivel de educación menor, revela que las vulnerabilidades se sobreponen. Sin duda, la sobrecarga de tareas entre las mujeres reduce drásticamente las posibilidades de vida social más allá de las obligaciones cotidianas. En el caso de quienes tienen baja escolaridad, la temprana concentración en compromisos de sobrevivencia y reproducción material básica eliminan oportunidades de diversificar sus redes e interlocuciones sociales.  

A diferencia de lo que muestran algunos estudios prepandemia, también hay brechas etarias muy significativas. Recientes sondeos conducidos por la asociación sin fines de lucro American Association of Retired Persons (AARP), que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 50 años, identifican a la población de más de 45 años como una de las más afectadas por la exclusión social y afectiva. Sin embargo, en Brasil quienes más padecen esa sensación son los jóvenes, lo cual anticipa un futuro sombrío de generaciones emocionalmente desconectadas y socialmente atrofiadas. En términos de soledad, la brecha entre los que tienen entre 18 y 24 años y los que tienen 65 o más es ¡del 50%!: ese sentimiento afecta al 45% de los más jóvenes versus al 30% de los más viejos.  

¿Qué causa la epidemia de soledad?

Los análisis sociológicos ayudan a entender el contexto, pero no dan información sobre la narrativa individual que las personas construyen para dar sentido a su situación. Esa narrativa suele explicar la soledad en función de fallas personales o de circunstancias que escapan del control individual. 

Como ilustra el estudio de AARP antes mencionado, el debilitamiento de los lazos comunitarios y del compromiso cívico contribuye a ese desarraigo; se trata de causas sistémicas. Pero también sabemos que el uso excesivo de tecnologías de información y entretenimiento, la fractura del orden familiar y el consumismo material como forma de expresarse y relacionarse con otros condicionan el grado de aislamiento individual. En Brasil, las causas de la soledad se atribuyen mucho más al sistema (61% de los consultados) que a las elecciones individuales (26%).  

¿Qué genera la epidemia de soledad?

La sensación de exclusión afectiva y abandono social ha estado históricamente asociada al deterioro de la salud personal (menor expectativa de vida, daños neurológicos, mayor consumo de drogas y remedios, hábitos no saludables, tendencias depresivas y suicidas, etc.). Algunos optimistas reconocen ciertos paliativos como derivación positiva de la soledad, tales como la adopción de una familia multiespecie con animales y plantas en casa o la exploración curiosa de compañías virtuales ofrecidas por la inteligencia artificial. Sin embargo, no siempre se trata de soluciones que conduzcan a una efectiva integración social, sin mencionar sus costos financieros, no siempre asumibles entre quienes suelen proceder de las clases con menores recursos.

Los potenciales efectos negativos de la soledad no acaban aquí. Así como Riesman advertía en su estudio sobre la “muchedumbre solitaria”, la masificación de la soledad se vincula a la anomia colectiva, la radicalización política y el fanatismo y la desconfianza generalizada. De hecho, el estudio de Market Analysis indica que los brasileños que se sienten solos también se sienten más inseguros, se adhieren menos a la democracia, son más pesimistas, admiten tener menos control sobre su vida digital y el tiempo que le dedican, y viven su conectividad de manera conflictiva y abrumadora, como una carga o fuera de su control.  

Con legiones de personas que se encuentran solas de manera involuntaria y viven con incomodidad su aislamiento social y afectivo, Brasil participa con un peso significativo en uno de los fenómenos más desconcertantes de nuestra era: la implosión emocional de generaciones basada en su tristeza y sensación de abandono afectivo, en lugar de una explosión participativa y creativa basada en su aspiración de mejorar la sociedad y el planeta.

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