No disparen contra la ciencia

Por

23 diciembre, 2025

“La ciencia argentina es un eterno déjà vu”, comentaba alguien en las redes y recordé un libro que leí cuando era estudiante en los años 90: Disparen contra la ciencia. De Sarmiento a Menem, nacimiento y destrucción del proyecto científico argentino de Nuñez y Orione. Al revisarlo casi treinta años después, la repetición se hizo evidente. Entre sus páginas conservaba un recorte de Clarín donde Mario Albornoz, un referente en política científica, y Gregorio Klimovsky, reconocido epistemólogo, advertían sobre la inminente fuga de cerebros. Un pronóstico cumplido con creces: sangría de talentos, desfinanciamiento institucional y desvalorización del conocimiento son ya rasgos persistentes de la historia científica reciente de Argentina.

En los noventa, la frase “que se vayan a lavar los platos” de Domingo Cavallo sintetizó el desprecio oficial hacia la ciencia. Aquella fue la respuesta del entonces ministro de Economía a una investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) frente a los reclamos por mejores salarios. Hoy esa lógica vuelve recargada: la motosierra de Milei amenaza con arrasar con todo aquello que huela a pensamiento crítico. El “disparen contra la ciencia” ya no es una metáfora sino una consigna que se repite -por convicción o indiferencia- entre quienes ven a la ciencia como un lujo y no como un derecho.

Pero este deterioro no surge de la nada. Como muestra el físico argentino Diego Hurtado en “La ciencia argentina, un proyecto inconcluso (1930-2000)”, la historia científica del país estuvo atravesada por crisis políticas, vaivenes económicos y quiebres democráticos que frenaron cualquier intento de construir un proyecto estable. Aunque Argentina tiene tradición y talento científico, también arrastra una larga lista de oportunidades perdidas.

Un patrón que se repite

Sin embargo, el problema no es exclusivo de Argentina. A escala global la ciencia atraviesa una crisis de legitimidad que se profundizó tras la pandemia de COVID. El negacionismo climático presente desde la administración de George W. Bush -que incluyó el retiro de EE. UU. del Protocolo de Kioto- el negacionismo sanitario de Bolsonaro -para quien el COVID era apenas una gripezinha– y el reciente llamado de Trump a que las embarazadas eviten el paracetamol por un supuesto vínculo con el autismo, son apenas algunos ejemplos.

Durante la pandemia esta lógica se mostró con crudeza: teorías conspirativas, curas milagrosas, ataques a la salud pública y campañas antivacunas no surgieron solo desde los márgenes. En muchos casos fueron amplificados o incluso promovidos por los propios gobiernos. Ese clima de sospecha evidenció un fenómeno más profundo: el descrédito por el conocimiento experto y la dificultad creciente para integrar la evidencia científica en las decisiones sociales y políticas. Esta forma de violencia simbólica contra la investigación se globalizó y hoy afecta, con intensidades distintas, tanto a las instituciones científicas más consolidadas como a los sistemas más frágiles.

En América Latina, los ataques recientes contra instituciones científicas, organismos de investigación y programas universitarios tampoco son hechos aislados sino parte de una tendencia global que convierte a la ciencia y a la universidad pública en adversarios ideológicos. Los motivos pueden variar, pero el mecanismo se repite. Desfinanciamiento de los organismos estatales, deslegitimación de investigadores y universidades, alianzas con lobbies y think tanks que alimentan la desinformación y la colonización del debate público mediante narrativas de sospecha: “la ciencia miente”,” los expertos se equivocan”, “la evidencia es opinable”.

Como advierte el sociólogo Castelfranchi, estos actores entendieron algo que gran parte de la política tradicional tardó en vislumbrar: moldear el sentido común sobre la ciencia es una herramienta de poder. Por eso invierten en campañas digitales, producen contenidos emocionales y erosionan deliberadamente la confianza en la evidencia empírica. En contextos de miedo, inestabilidad o incertidumbre sus discursos anticiencia encuentran un terreno fértil.

Qué ciencia para qué sociedad

Llegados a este punto, cabe señalar que en Argentina y en el mundo el debate sobre la política científica suele quedarse en la superficie -presupuesto sí o no, investigadores sí o no- cuando el problema es más profundo. Como advirtió el físico y novelista Charles Percy Snow en la célebre conferencia Las dos culturas en 1959, seguimos pensando al conocimiento en compartimentos estancos, como si las ciencias y las humanidades habitaran mundos distintos. Así, las ciencias duras se celebran por su productividad, mientras que las sociales o exploratorias se desestiman por “inútiles”, una fractura que persiste y limita nuestra capacidad de leer una realidad cada vez más compleja.

Sin embargo, algunos hechos parecen cuestionar esa dicotomía. El streaming científico del CONICET durante la expedición del Schmidt Ocean Institute lo mostró claramente: una campaña oceanográfica de 21 días transmitida en vivo por YouTube y Twitch reunió casi 18 millones de visualizaciones entre julio y agosto de este año. Millones siguieron el hallazgo de 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada a una profundidad de 3.900 metros. Lo que muchos hubieran tildado de “lujo” se convirtió en un acontecimiento científico y comunicacional que acercó la investigación al público y fortaleció la confianza en el conocimiento. Cuando la ciencia se cuenta de otra manera, conmueve. Y cuando conmueve, importa.

Por eso, en un contexto global saturado de mensajes anticientíficos, limitarse a defender “la ciencia” resulta insuficiente. La pregunta incómoda -y urgente- es otra. ¿Para qué y para quién se produce el conocimiento? No alcanza con mostrar indicadores y reclamar fondos. Necesitamos un horizonte distinto: una ciencia digna, entendida como una ciencia orientada al bien común, que reconoce su responsabilidad social, dialoga con saberes locales, escucha a las comunidades y enfrenta problemas concretos como la soberanía alimentaria, la desigualdad energética, el cambio climático o la salud pública.

La trayectoria del médico y biólogo molecular Andrés Carrasco lo muestra con claridad. Sus investigaciones sobre los efectos del glifosato en embriones de anfibios le valieron el rechazo y el descrédito de sectores económicos y políticos, pero su postura ética ante las presiones corporativas inspiró la creación, en 2014, del Día de la Ciencia Digna (16 de junio), por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Su caso revela que la ciencia no debería medirse solo en papers, sino también en principios y compromiso social. Como advertía el matemático Oscar Varsavsky en “Ciencia, política y cientificismo” en 1969, es necesario repensar un modelo de producción científica en el que muchos investigadores adaptados al “mercado científico”, se desvinculan del significado social y político de su trabajo.

Sin políticas estables, financiamiento sostenido y condiciones laborales dignas no hay futuro para la ciencia en la región. Pero tampoco alcanza con eso. Así como mostró el streaming del CONICET, el mundo científico necesita sumar a sus reclamos la decisión de narrarse a tiempo y en público. Cuando la ciencia no cuenta sus hallazgos, sus dilemas y su relevancia social, otros ocuparán ese espacio con relatos de sospecha, miedo y conspiraciones.

Disparar contra la ciencia no sólo debilita instituciones, sino que erosiona nuestro horizonte común. Decir hoy “No disparen contra la ciencia” debe ir más allá de una defensa corporativa: implica recuperar su dignidad, superar dicotomías, integrar saberes y devolverle al conocimiento su función más urgente. Orientarnos en un mundo que necesita imaginar otros futuros posibles más allá de catástrofes o escapismos interplanetarios.

El declive de la política antiinmigrante de Trump

Por

Gabriel Pastor

22 diciembre, 2025

La política antiinmigrante de Donald Trump marcó un giro drástico en la gestión fronteriza. Hacia el final de su primer año en la Casa Blanca el apoyo inicial de la opinión pública hoy empieza a mostrar signos de desgaste.

Una parte de la ciudadanía —que se percibe amenazada, con razones o sin ellas— empieza a trazar un límite ético: apoya el mayor control migratorio, pero rechaza la persecución del inmigrante cuando implica vulnerar garantías mínimas o degradar su condición humana.

Rechazo a los métodos extremos

Una encuesta de Harvard-Harris, conocida el mes pasado, muestra que un 44% de los estadounidenses aprueba en general la gestión de Trump. Representa una caída de ocho puntos porcentuales con relación a la misma medición de febrero pasado, el mes siguiente de la asunción a su segundo mandato, y de dos puntos respecto a setiembre.

La aprobación de Trump ahora está por debajo del 50% en todos los temas clave, aunque obtiene sus mejores valoraciones en lucha contra el crimen e inmigración, 49% y 47%, respectivamente.

Aunque el respaldo a sus acciones en control migratorio se mantiene por encima de su aprobación general, empieza a mostrar un declive.

Tras un pico inicial por encima del 55%, el apoyo se estabilizó en torno al 50% y luego retrocedió. Esta fotografía sugiere una opinión pública que, en líneas generales, valora el retorno de control tras una etapa percibida como caótica o desbordada bajo la administración demócrata, pero que a la vez rechaza los rasgos más duros del enfoque republicano.

En ese sentido, la gestión migratoria de Trump podría estar comenzando a ser vista como cercana a un estado policíaco en materia de arrestos y deportaciones. La sociedad está marcando límites frente a los procedimientos más extremos. Que la tensión central no esté en el objetivo, sino en mecanismos concretos cuestionados por la falta de garantías básicas, revela el malestar de fondo con el estado de cosas que Trump heredó y que una parte del electorado consideraba insostenible.

Un control razonable

El termómetro social puede estar marcando un fuerte respaldo al éxito del control en los pasos de frontera calientes en los límites con México, donde el gobierno estadounidense ha logrado avances significativos, con sus niveles más bajos en 50 años.

Y esta percepción ciudadana a favor del control migratorio razonable no nace solo del miedo, la inseguridad o la manipulación. Surge de un proceso largo, profundo y transformador que la política fue incapaz de prever y conducir.

Es justo reconocer que el presidente demócrata Joe Biden intentó sin éxito avanzar en una ley de amplio alcance sobre inmigrantes que sufrió la parálisis de la polarización, incluso en su propio partido.

El látigo verbal del presidente no surge de la nada. Responde a un clima que empezó a tomar forma en los años 90, cuando muchos creyeron que el fin de la Guerra Fría y la expansión del libre comercio abrían la puerta a una prosperidad casi garantizada.

Chivo expiatorio

El cambio en la estructura económica dejó oxidado el cinturón industrial tradicional y expuso a millones de trabajadores a una competencia feroz, acelerada por China y por una revolución tecnológica que alteró tanto la producción como el imaginario social del trabajo.

Estados Unidos, aun siendo la cuna del desarrollo tecnológico, vio cómo se erosionaba el polo fabril del Medio Oeste. Los impactos económicos, sociales y culturales que terminaron repercutiendo en la política. Ese declive no fue leído a tiempo por las élites políticas, que durante años subestimaron su carga simbólica.

En ese contexto, los inmigrantes pobres e indocumentados —atraídos por la promesa de oportunidades y por la imagen de un país próspero y libre— se volvieron el blanco más fácil para explicar el deterioro económico y un malestar social más amplio. No fueron la causa de esos problemas, pero quedaron en el centro de un conflicto que mezcla frustración económica, ansiedad cultural y la falta de un rumbo claro en la principal potencia del mundo.

Trump ha sabido capitalizar la incertidumbre y el desasosiego que dejaron los cambios económicos y culturales. No necesitó probar causalidades ni desplegar datos. Le alcanzó con activar un marco emocional. Su retórica antiinmigrante convierte el desánimo de comunidades estancadas en una certeza simple y poderosa: el indocumentado como explicación y amenaza.

En ese sentido, el presidente no descubrió el malestar, pero sí lo amplificó con precisión. No persuadió con argumentos, sino que ordenó una experiencia ya moldeada por temores previos. Su fortaleza estuvo en transformar una inquietud difusa en un relato nítido y movilizador.

El delincuente y el jardinero

También hay que decir que, si las encuestas leen bien el clima social, la ciudadanía empieza a cuestionar el enfoque más extremo de su presidente. Como sintetizó un editorial de The Washington Post al describir las críticas que comienza a aflorar, “los estadounidenses ven la diferencia entre detener a un violador y deportar al jardinero del barrio que paga impuestos”.

En cualquier caso, es razonable sostener la necesidad de controles migratorios. Tanto por el funcionamiento del estado de derecho como por la convivencia democrática, la transparencia económica e incluso por razones éticas. Un país gobernado por la ley puede enfrentar efectos corrosivos si decide mirar hacia otro lado ante los 14 millones de extranjeros sin papeles que tenía EEUU en 2023, récord necesario de atender.

La cuestión de fondo no es controlar o no, sino cómo hacerlo sin convertir un problema real en una cruzada que fracture a la sociedad. Y ese es el poderoso mensaje que está enviando la opinión pública al gobierno republicano.

El punto medio entre ejercer el control fronterizo con firmeza, pero no perseguir a una maestra en Chicago hasta las propias instalaciones del edificio educativo. Y por ello, es probable que los ciudadanos rechacen el anuncio de Trump de “detener permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”. La expresión del presidente respondía al reciente ataque a dos guardias nacionales —uno murió y otro fue herido— por parte de un exmilitar afgano y excolaborador de la CIA, refugiado en EEUU.

La ciudadanía parece empezar a decir que proteger la frontera no exige desconocer la dignidad de quienes ya forman parte de la vida económica y social del país.

Son jardineros y plomeros, trabajadores agrícolas y de la construcción. Son quienes sostienen hoteles, cocinas y servicios, quienes tienden las camas y limpian las habitaciones. La retórica política que justifica las acciones antiinmigrantes puede omitirlo, pero la economía y la vida cotidiana lo recuerdan cada día.

_{*Texto publicado originalmente en Diálogo Político}

La indefensión del ciudadano: la puerta de entrada a las peores violaciones de derechos humanos en Cuba

Por

Michael Lima Cuadra

21 diciembre, 2025

La primera vez que escuché el término derechos humanos, en la década de los 80, cursaba octavo grado en la escuela secundaria básica Guerrilleros de América, en La Habana. Lo escuché clandestinamente, a través de la señal de onda corta de Radio Martí, en las voces de Gustavo y Sebastián Arcos Vergnes, fundadores del Comité Cubano de Derechos Humanos. Aquella poderosa idea cambió el curso de mi vida. Moldeó mi conciencia política, alimentó mis preguntas sobre el sistema totalitario que me rodeaba y me impulsó a cuestionar los pilares del marxismo que el régimen exigía aceptar sin vacilación.

Ese descubrimiento tuvo un precio. Para cuando terminé la secundaria, mi “expediente acumulativo” —el registro usado para medir la “combatividad” ideológica y la lealtad de un estudiante— ya contenía más de dieciséis actas por “diversionismo ideológico”. El régimen utilizaba esa etiqueta para castigar cualquier comportamiento, preferencia o actitud considerados contrarios a los valores oficiales. Bastaba mencionar un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos para recibir un señalamiento. Ese expediente, convertido en arma política, me vetó de manera permanente el acceso a la universidad. Fue entonces cuando comprendí una verdad fundamental: la indefensión en Cuba comienza en el aula, donde el Estado controla la educación para impedir la aparición de ciudadanos libres.

Lo que más me impresionó del concepto de derechos humanos fue su premisa esencial: que poseemos dignidad inherente y derechos inalienables por el simple hecho de ser humanos, unos derechos superiores a cualquier ideología o narrativa de soberanía nacional. Esta visión contrastaba radicalmente con la del régimen cubano, cuyo diseño político reduce a los ciudadanos a una masa sin voz, destinada únicamente a obedecer los intereses del Partido Comunista. El ideal del “Hombre Nuevo” exigía disolver al individuo en lo colectivo y renunciar al propio juicio. Este diseño ideológico no es accidental: es la primera piedra angular de la indefensión estructural.

Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, cabe recordar que esta indefensión deliberadamente construida —y perfeccionada durante más de seis décadas— ha permitido algunas de las peores violaciones documentadas en el hemisferio. Paradójicamente, fue la delegación cubana encabezada por el diplomático Guy Pérez-Cisneros —embajador ante la ONU de 1948 a 1951, durante el breve periodo democrático constitucional de Cuba— la que ayudó a redactar el preámbulo de la Declaración Universal que afirma que los derechos humanos solo pueden ejercerse plenamente bajo el imperio de la ley. Hoy, Cuba encarna exactamente aquello contra lo que una vez advirtió.

Tras las protestas prodemocracia del 11 de julio de 2021, los niveles de vigilancia y control social alcanzaron niveles inéditos en décadas. En 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó más de 200 actos represivos en un solo mes, y datos verificados por Prisoners Defenders basados en hallazgos de un grupo de trabajo de la ONU mostraron que Cuba ha tenido más detenciones arbitrarias confirmadas que cualquier otro país del mundo desde 2019. La represión masiva no es un accidente: es la consecuencia previsible de un sistema donde la indefensión judicial es absoluta.

Los cubanos viven bajo un sistema en el que el Estado actúa simultáneamente como juez, policía y verdugo. La ausencia de un poder judicial independiente elimina el debido proceso y normaliza la arbitrariedad. Cuando no hay justicia, el abuso deja de ser la excepción y se convierte en la norma.

El informe Tortura en Cuba (2022), elaborado por catorce organizaciones de la sociedad civil, muestra que los funcionarios del Ministerio del Interior —incluyendo a agentes de la Seguridad del Estado— gozan de total impunidad. Los tribunales militares cierran habitualmente investigaciones mediante sobreseimientos definitivos, blindando a quienes emplean violencia arbitraria. El caso del teniente Yoennis Pelegrín Hernández—cuya bala mató al joven Diubis Laurencio Tejeda e hirió a otros cinco manifestantes en La Güinera—es emblemático: fue absuelto por “legítima defensa” y, según un activista cubano, simplemente trasladado a otra unidad.

Esa misma lógica impregna el Código Penal de 2022, que contiene 32 disposiciones que criminalizan derechos fundamentales como la expresión, la reunión y la asociación. Los decretos 35 y 370 asfixian las voces de los ciudadanos en las redes sociales. Sin libertades civiles, los cubanos están legalmente indefensos ante el Estado.

La indefensión también agrava la crisis humanitaria del país. Tras el huracán Melissa —que afectó a 45.000 viviendas y dejó a más de 700.000 personas necesitadas— el Estado impuso barreras, monopolizó donaciones y, como ha hecho durante décadas, siguió negándose a registrar a ONG independientes capaces de asistir a los más vulnerables. En Cuba, incluso el hambre tiene que pasar primero por el filtro del control político.

La represión también se manifiesta en la vida cotidiana, particularmente en el trabajo. Amnistía Internacional documentó en 2017 que hacer simples comentarios críticos o tener amistades con disidentes bastaban para que enfermeras, trabajadores sociales y guías turísticos fueran despedidos y vetados políticamente, impidiéndoles volver a trabajar. El resultado es el ostracismo o el exilio. Sin libertad económica, el ciudadano queda completamente sujeto al chantaje político del Estado, especialmente porque el Estado sigue siendo el principal empleador del país.

En el ámbito político, la indefensión es total. La Constitución declara el socialismo “irrevocable”, el Partido Comunista es el único partido legal y, durante veinticinco años, figuras de la oposición que intentaron postularse en elecciones municipales han sido hostigadas, detenidas o incluso asesinadas, como en el caso de Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y autor del Proyecto Varela, que buscaba introducir reformas democráticas en la Constitución. Sin mecanismos electorales genuinos, la indefensión se convierte en destino.

La indefensión estructural del pueblo cubano —legal, política, económica y social— es la raíz de todas las violaciones de derechos humanos que sufre el país. Cuando los ciudadanos carecen de tribunales independientes, prensa libre, sociedad civil autónoma y elecciones competitivas capaces de sustituir a quienes detentan el poder, quedan completamente expuestos a la arbitrariedad estatal. Esta indefensión no es incidental: es la piedra angular del control autoritario. Incluso ha influido en regímenes aliados como el de Venezuela, cuyas estructuras de seguridad han adoptado métodos de vigilancia y represión inspirados en el modelo cubano, como documentó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (2022).

Aun en este contexto de control absoluto, la indefensión no ha extinguido la voluntad de cambio. Desde el 11 de julio de 2021 hasta el reciente llamado de José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, a organizar marchas y poner grafitis por el Día de los Derechos Humanos, el cubano ha demostrado que donde hay poder hay resistencia.

En este contexto, la reciente visita a Cuba de la relatora de la ONU Alena Douhan reveló un peligroso malentendido. Al atribuir las violaciones de derechos humanos sufridas por los cubanos a las sanciones de Estados Unidos, mientras aparentemente evitaba reunirse con activistas y víctimas, su valoración desvía la atención de la verdadera fuente de los abusos. El Informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba (2025) muestra que solo el 3 por ciento de los cubanos culpa al embargo de sus problemas, mientras que el rechazo al desempeño del gobierno ha alcanzado el 92%. No son las sanciones externas las que encarcelan a manifestantes, niegan visitas familiares, imponen aislamiento prolongado o someten a los presos políticos a torturas físicas y psicológicas: es el propio régimen.

Mientras que los ciudadanos en toda América Latina pueden movilizarse, formar partidos y elegir gobiernos, los cubanos siguen atrapados en un sistema diseñado para impedir cualquier forma de cambio. Y mientras ese sistema permanezca intacto —sin imperio de la ley, justicia independiente ni libertades civiles— la represión, la pobreza y la crisis humanitaria seguirán siendo inevitables.

La verdadera solución no reside en diagnósticos complacientes que repitan la narrativa del régimen, sino en devolver a los ciudadanos cubanos lo que les ha sido arrebatado: derechos, protección, libertad y la posibilidad genuina de construir su propio futuro. Apoyar la legítima aspiración del pueblo cubano a vivir en democracia no es un gesto político. Es un imperativo moral universal.

Una oportunidad estratégica: la recta final del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Por

Ramón Casilda Béjar | Ignacio Bertesaghi

20 diciembre, 2025

El Acuerdo entre el Mercosur y la UE entra en su recta final. Entre el 16 y el 19 de diciembre los Estados europeos votarán en Bruselas con las nuevas salvaguardas reforzadas y luego se prevé la aprobación en el Consejo de la Unión Europea por mayoría cualificada, pese a la oposición de Francia y Polonia. Si esto se cumple, el 20 de diciembre se realizará la firma oficial en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú; y finalmente, en el primer trimestre de 2026, el Parlamento Europeo deberá ratificarlo. A su vez, los países del Mercosur —salvo Bolivia y Venezuela, que no integran la negociación— deberá enviarlo a sus respectivos parlamentos y a medida que cada Estado lo ratifique podrá activar el acuerdo. ¿Pero que beneficio traerá el acuerdo para los países sudamericanos?

El primer beneficio para el Mercosur es claro: mayor acceso y competitividad exportadora. El acuerdo reducirá de manera significativa los aranceles europeos para productos agroindustriales, alimentos procesados, carnes, frutas, aceites, café, etanol y biocombustibles. Muchos de esos aranceles llegarán a cero, lo que permitirá una expansión sustancial de las exportaciones de países que ya cuentan con ventajas comparativas consolidadas. Los consumidores europeos demandan productos de calidad, trazables y sostenibles, y allí los productores sudamericanos pueden posicionarse con fuerza.

En este contexto, el reforzamiento de controles sanitarios y fitosanitarios no debería interpretarse como un obstáculo insalvable. La agricultura sudamericana ha demostrado una notable capacidad de adaptación tecnológica, y estos requisitos pueden funcionar como estímulo para mejorar estándares y sistemas de trazabilidad. Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros, ya incorporaron agricultura de precisión, manejo integrado de plagas y tecnologías de baja emisión. Cumplir con las exigencias europeas no solo abrirá puertas comerciales, sino que fortalecerá la reputación de la región en materia de sostenibilidad y calidad alimentaria. Y es que la diversificación de destinos de exportación es clave en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y disrupciones logísticas.

El segundo aspecto beneficioso es el impulso que el acuerdo puede dar a la competitividad industrial de los países del Mercosur. Si bien algunos sectores industriales temen que la apertura hacia Europa genere presiones competitivas, el acuerdo establece cronogramas de desgravación extensos que evitan grandes impactos. Este período de transición constituye una oportunidad para modernizar procesos productivos, incorporar nuevas tecnologías y atraer inversiones europeas interesadas en aprovechar las ventajas energéticas, logísticas y de recursos naturales de la región.

La industria automotriz, química, farmacéutica, metalmecánica y de bienes de capital podría verse revitalizada por la llegada de inversiones orientadas a integrar cadenas de valor transnacionales. Europa necesita proveedores confiables y mercados con estabilidad macroeconómica y regulatoria. Si el Mercosur logra consolidar un clima de negocios más previsible, el acuerdo puede convertirse en un motor de inversión extranjera directa que fomente empleos calificados y transferencia tecnológica.

El tercer beneficio —y quizás uno de los menos visibles en el debate público— es la modernización institucional que el acuerdo exige. La armonización con estándares europeos implica mejoras en áreas como normas técnicas, propiedad intelectual, comercio digital, logística, transparencia regulatoria y compras públicas. Estos cambios no son meros requisitos formales: pueden generar una mejora real en el funcionamiento del Mercosur al reducir la fragmentación normativa interna y disminuir los costos de hacer negocios. La estabilidad y previsibilidad que aporta el alineamiento regulatorio es un activo central para cualquier estrategia de desarrollo de largo plazo.

Un cuarto punto de relevancia es el reposicionamiento geopolítico del Mercosur. En las últimas décadas, el bloque sudamericano ha quedado rezagado, limitando su poder de influencia. El acuerdo con la Unión Europea permite romper este estancamiento y enviar al resto del mundo una señal de apertura y voluntad de integración. Para los países del bloque, es una forma de insertarse en un sistema comercial que se está reconfigurando a gran velocidad y donde quedarse al margen implica perder oportunidades irreversibles.

En este contexto, la cláusula de entrada en vigor bilateral introduce un dinamismo novedoso dentro del Mercosur. Ya no será necesario que todos los países avancen al mismo ritmo. Cada Estado podrá activar la parte comercial una vez que su parlamento lo ratifique. Esto evita que las dificultades políticas internas de un país paralicen al conjunto y, al mismo tiempo, incentiva a cada gobierno a acelerar sus procesos internos para no quedar rezagado frente a sus propios socios.

Un quinto beneficio aparece en la agenda ambiental. Aunque algunas críticas señalan que las exigencias europeas son demasiado estrictas, estas pueden convertirse en una ventaja estratégica. Los mercados internacionales avanzan rápidamente hacia regulaciones ambientales más rigurosas, y los países que logren adaptarse primero estarán mejor posicionados. El Mercosur podría mostrar liderazgo regional al demostrar que su producción es capaz de cumplir con estándares exigentes. Esto abriría también la puerta a financiamiento verde y a proyectos de innovación vinculados a bioeconomía, energías renovables y manejo sostenible de recursos naturales.

El acuerdo también puede contribuir a mejorar la cohesión política interna del Mercosur. Los últimos años estuvieron marcados por tensiones entre gobiernos sobre la apertura externa, la flexibilización del bloque y la coordinación de políticas internas. El hecho de que todos los presidentes hayan confirmado su asistencia a la firma del 20 de diciembre es una señal de que aún es posible construir consensos mínimos. La integración externa, si se gestiona adecuadamente, puede convertirse en un punto de unión en lugar de conflicto.

Finalmente, el acuerdo ofrece una oportunidad única para reactivar la integración intrarregional, que en las últimas décadas ha perdido dinamismo. El acceso preferencial a la UE puede incentivar la coordinación productiva entre los propios países del Mercosur, especialmente en sectores donde existe complementariedad natural. La industria automotriz entre Argentina y Brasil, la cadena cárnica y agrícola entre Uruguay y Paraguay, o la logística fluvial compartida son casos donde la integración regional puede fortalecerse si la demanda europea actúa como motor externo.

En resumen, aunque aún restan pasos formales decisivos —la votación europea, la firma en Foz de Iguazú y la ratificación parlamentaria en 2026— los beneficios potenciales para el Mercosur son demasiado significativos como para dejarlos pasar. El acuerdo no está exento de desafíos, pero ofrece una plataforma de modernización económica, institucional y geopolítica que puede definir el lugar de la región en las próximas décadas. En un escenario global en reordenamiento, el Mercosur necesita decisiones estratégicas que lo proyecten hacia el futuro. Este acuerdo, si finalmente se concreta, es una de ellas.

De Boric a Kast: expectativas, realidades y límites de un cambio profundo

Por

Germán Campos-Herrera | Rodrigo Cuevas Ossandón

19 diciembre, 2025

La reciente elección presidencial en Chile, arrojó resultados nítidos y difíciles de relativizar. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se impuso con el 58,17% de los votos, frente al 41,83% obtenido por Jeannette Jara del Partido Comunista. No sólo fue una victoria en términos porcentuales, sino también territorial: Kast ganó en las 16 regiones del país, alcanzando su mayor respaldo en Ñuble, con cerca del 70%, y su menor votación en la Región Metropolitana, con algo más del 53%. Con este resultado, se trató de una victoria poco frecuente en la política chilena reciente.

En términos absolutos, el resultado fue histórico. Más de 7,2 millones de personas votaron por Kast, convirtiéndolo en el presidente más votado de la historia del país. Sin embargo, este dato debe leerse con cautela. La combinación de inscripción automática y voto obligatorio amplió de manera estructural el padrón electoral, por lo que el récord no expresa necesariamente un nivel de adhesión excepcional, sino también un cambio institucional profundo en las reglas del juego democrático. Aun así, la magnitud del respaldo obtenido no puede ser minimizado.

Este comportamiento electoral se explica, también en parte, por un clima social marcado por demandas persistentes de seguridad, orden público y control migratorio. Estos temas dominaron la campaña presidencial y terminaron inclinando la balanza a favor de una candidatura que ofrecía respuestas simples a problemas complejos. De este modo, más que una adhesión ideológica, el voto por Kast parece expresar en un primer análisis, un descontento por el desempeño del gobierno del presidente Boric.

Chile en perspectiva

La política chilena de las últimas dos décadas ha estado marcada por un movimiento pendular entre proyectos de centroizquierda y centroderecha desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, seguido del primer gobierno de Sebastián Piñera, las segundas administraciones de ambos expresidentes y la elección de Gabriel Boric. Aunque el país ha oscilado entre expectativas de reforma y demandas de estabilidad, este péndulo ha adquirido una regularidad consistente en el tiempo.

De todas formas, el estallido social de 2019 marcó un punto de inflexión. Expresó un profundo malestar acumulado y abrió una ventana de oportunidad para transformaciones estructurales. La elección de Boric en 2021 fue leída, en ese contexto, como el inicio de un nuevo ciclo político, más participativo, inclusivo y reformista. Sin embargo, el rechazo al proyecto constitucional en 2022 y la posterior derrota electoral de su sector muestran los límites de una agenda de cambio que no logró consolidar consensos amplios ni ofrecer certezas en el corto plazo.

En este sentido, el péndulo chileno no sólo refleja alternancia ideológica, sino también la capacidad —o incapacidad— de los gobiernos para traducir expectativas en resultados concretos. El gobierno de Boric, tensionado entre su impulso transformador y las restricciones institucionales, terminó priorizando la administración por sobre la reforma, dejando una sensación de promesas incumplidas.

La campaña de Kast, por su parte apostó por una narrativa más directa y menos ambigua. Seguridad, migración y orden público fueron los ejes de un discurso que conectó con un electorado cansado de diagnósticos complejos y soluciones de largo plazo. No obstante, ese mismo énfasis abre interrogantes relevantes: ¿hasta qué punto esas promesas son sostenibles sin una mayoría parlamentaria sólida? ¿Qué ocurre cuando las soluciones “simples” chocan con la complejidad del diseño e implementación de políticas públicas? Parte importante de los problemas del gobierno de Boric se originaron en una brecha demasiado amplia entre expectativas y capacidades reales. Kast no debe olvidar esta lección cuando ocupe el Palacio La Moneda desde el 11 de marzo de 2026.

Primeros desafíos del gobierno de Kast

El contexto regional tampoco es sencillo para el futuro presidente. En América Latina se observa un avance de gobiernos de derecha en un escenario de fatiga frente a proyectos de cambio profundo de la izquierda. En política exterior, el escenario presenta desafíos adicionales. La relación con Argentina y la proyección estratégica sobre la Antártida adquieren relevancia en un contexto de competencia global. Asimismo, el interés renovado de Estados Unidos en América Latina, motivado en gran parte por la expansión de la influencia china, abre oportunidades y riesgos. Para Chile, el desafío será equilibrar relaciones, aprovechar espacios de cooperación y resguardar su autonomía estratégica, evitando alineamientos automáticos que puedan tensionar su política exterior de largo plazo.

A ello se suma un clima político regional polarizado. Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, calificando el triunfo de Kast como un avance del “fascismo”, ilustran una retórica que puede dificultar el diálogo político y la cooperación regional.

En el plano interno, Kast enfrentará un Congreso que se encuentra fragmentado —aunque con mayoría relativa—, sumado a un electorado con altas expectativas. Su primer año de gobierno — luna de miel legislativa— será decisivo para avanzar en acuerdos que le permitan mostrar resultados que satisfagan a su electorado base. Seguridad, migración y crecimiento económico son los temas que concentrarán la atención pública y que requerirán más negociaciones que imposiciones.

En suma, el tránsito de Boric a Kast no marca simplemente un cambio de signo político. Refleja los límites del cambio profundo y los riesgos de prometer orden y seguridad sin atender la complejidad social y económica. El desafío del nuevo gobierno será gobernar un país más amplio y más exigente. El péndulo volvió a moverse, pero su próximo giro dependerá de la distancia entre expectativas y realidades que el próximo presidente establezca.

Si la narrativa no alcanza, es momento de revisar la gestión

Por

Juan Francisco Camino

18 diciembre, 2025

En la última consulta popular, los ecuatorianos votaron mayoritariamente en contra de las propuestas de reforma propuestas por el presidente Noboa. Si bien pueden existir varias lecturas, la respuesta principal es que la gestión de un gobierno es fundamental para el éxito o fracaso en los ejercicios de democracia directa.

La historia nos ha dado varios ejemplos. En la campaña presidencial de 1992 en Estados Unidos, James Carville, consultor político estadounidense, acuñó la frase “es la economía, estúpido” para explicar que, en el éxito electoral, poco o nada importan las ideologías o los resultados de las encuestas, sino más bien, son los resultados que la gente percibe en el día a día, su situación económica y si sus necesidades son satisfechas.

En Ecuador, el escenario previo a la consulta daba la impresión de que la mesa estaba servida para el ejecutivo: a octubre el presidente tenía una aprobación de 53% (en medio de un paro nacional), aumentaron las ventas de bienes y servicios un 8.4% y hubo una recuperación del 21.6% del sector de la construcción con respecto al año anterior. A nivel político, el ejecutivo tiene el control del parlamento con 66 legisladores de su bancada más 11 aliados que le ha permitido aprobar las reformas constitucionales que se sometieron a consulta y la aprobación de 3 leyes en tiempo récord (18 días). Y como si fuera poco, el gobierno se ha apuntado la recaptura de dos líderes de las bandas criminales “Los Choneros” y “Los Lobos”: Adolfo Macías y Wilmer Chavarría en el contexto de inseguridad que vive el país.

Las encuestas arrojaban un escenario completamente favorable en todas las preguntas planteadas por el gobierno: eliminación de la prohibición de establecer bases miliares extranjeras en el país; eliminación del fondo para financiar a los partidos políticos; reducción de congresistas de 151 a 73; y convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución. Las encuestas preelectorales anunciaban que la votación afirmativa a las reformas del gobierno oscilaba entre el 53% al 62%.

Lo que el gobierno nacional y las encuestadoras no observaron ni entendieron es que más allá de esta narrativa, las fotografías, los anuncios y los encuentros entre el presidente Noboa y la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, lo que la gente espera del Estado y de quienes lo administran es una adecuada gestión para solucionar sus problemas cotidianos.

Hasta octubre, se han registrado 7.349 muertes violentas a nivel nacional, siendo el indicador más alto en ese período de tiempo hasta la actualidad. La salud pública acusa una crisis profunda desde inicios del 2025: no solo existe un desabastecimiento de medicamentos elementales, también se ha denunciado la ausencia de servicios de limpieza en casas asistenciales, falta de servicios de seguridad y hasta la falta de alimentación para pacientes en los hospitales estatales.

Los datos de ejecución presupuestaria en lo que va del 2025 reflejan serios problemas de gestión gubernamental. El economista Jairon Merchan publicó a través de su cuenta de la red social X el detalle de cómo el gobierno ha manejado sus finanzas, y apenas el 58.42% del presupuesto destinado para este año fue ejecutado a la fecha de realización de la consulta. Por grupo de gasto, el pago de la deuda pública, los bonos y transferencias directas y otros pasivos son los que han movilizado la gestión del gobierno nacional. En contraparte, apenas el 4% se ha ejecutado en infraestructura y bienes de larga duración.

Si bien pueden existir más variables que contribuyen al análisis, la ecuación es simple: es la atención de demandas lo que sostiene el apoyo específico del sistema político, tal como lo ha teorizado David Easton desde hace más de 60 años. Lamentablemente el gobierno ecuatoriano ha desplazado a un segundo o tercer lugar su gestión, y ha caído en la vorágine actual de la comunicación política, en la cual la política se ha vuelto en un mero concurso de marketing y de imposición de narrativas, donde los llamados a administrar lo público como manifestación de la voluntad general se han convertido en actores donde se preocupan más por el ángulo de la foto, si la luz de la cámara se posa sobre el líder dándole un primer plano o que cada palabra dicha no se salga de un guión prefabricado y corto.

Como lo dijo uno de los voceros no oficiales del gobierno, el político Antonio Ricaurte: “todo es imagen, todo el tiempo, y el presidente Noboa tiene una estrategia brillante, ya que no se muestra, ni se viste ni habla como un político tradicional… y no estoy hablando de si eso es bueno o malo, para eso están los inteligentísimos, yo solo hablo de imágenes y comunicación política, de lo que se tiene que hacer, porque en la vida y en política sirve únicamente y exclusivamente la estrategia y la comunicación política”.

Parece que Ricaurte no entiende lo que el ciudadano de a pie sí: no se comunica lo que no existe. Y si no hay una gestión pública que sostenga una narrativa, esta se convierte en un castillo de naipes que se derrumba ante el primer sacudón, tal como le ha sucedido al gobierno ecuatoriano. Parece que aún no se entiende la famosa frase de Carville ni se ha revisado la segunda parte de la misma estrategia que llevó a Clinton a la presidencia: “no te olvides del sistema de salud”, mostrando así que más allá de las ideologías, del debate del tamaño del Estado, de la discusión democracia vs autoritarismo o incluso de las “estrategias deslumbrantes de comunicación”, lo que le importa al ciudadano es como el Estado resuelve sus problemas del día a día.

Si el gobierno ecuatoriano no lo entiende, vale la pena recordarle el adagio popular: “cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar”. Dicho de otra forma, cuando veas que tu pueblo te ha dejado de respaldar, gobierno, es hora de gestionar.

COP30: ¿Quién tiene acceso a la información necesaria para afrontar la crisis climática?

Por

Matheus Ribeiro Pereira

18 diciembre, 2025

La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), celebrada en la ciudad de Belém, en plena selva amazónica, podría pasar a la historia por algo que va mucho más allá de las negociaciones técnicas sobre emisiones y objetivos internacionales. La conferencia finalmente puso sobre la mesa el debate sobre el acceso a la información, la alfabetización digital y los derechos informativos de las comunidades marginadas.

Esto no es poca cosa. Durante décadas, las conferencias sobre el clima han abordado la ciencia, la economía, la geopolítica y las transiciones energéticas, pero rara vez han abordado la pregunta que define la vida de millones de personas: ¿quién tiene realmente acceso a la información necesaria para afrontar la crisis climática?

En los documentos aprobados, especialmente la Declaración sobre la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático y el texto final, conocido como el Grupo de Trabajo Mundial, la ONU reconoce que la desinformación, el negacionismo, los ataques a la ciencia y la desigualdad en el acceso a la información son temas centrales de la agenda climática contemporánea.

Este movimiento es importante porque legitima, a escala internacional, algo que investigadores y comunicadores comunitarios saben desde hace mucho tiempo: el cambio climático tiene mayor impacto donde la información llega menos. Al admitir esto, la COP30 da un paso simbólico importante, reconociendo que la información también es una herramienta para la supervivencia.

La solución queda en manos del voluntarismo de los gobiernos

Pero el entusiasmo inicial pronto choca con la dura realidad política: a pesar de citar temas cruciales, la COP30 lo hace mediante verbos tímidos sin fuerza normativa, como: alentar, apoyar, invitar y promover. No hay obligaciones, plazos, monitoreo, financiación ni objetivos vinculantes. La ONU describe el problema con precisión, pero deja la solución en manos del voluntarismo de los gobiernos.

Esta brecha no es un detalle; produce consecuencias concretas y profundamente desiguales. Cuando un documento global no determina acciones prácticas, el impacto de esta ausencia no se distribuye equitativamente. Al contrario, la carga recae precisamente sobre quienes ya viven en primera línea de la crisis climática.

La Conferencia sobre el Clima menciona a los pueblos indígenas, las poblaciones negras, las mujeres, la infancia, los migrantes y las comunidades locales. Pero nombrar no es lo mismo que priorizar, y mucho menos garantizar la acción. Al no transformar este reconocimiento en políticas operativas, estas poblaciones siguen estando subrepresentadas, ya no por omisión total, sino por una inclusión superficial. La ONU habla de ellas, pero no desde su perspectiva.

Las favelas latinoamericanas, especialmente las brasileñas, son un crudo retrato de esta brecha entre el discurso y la realidad. Estos territorios, marcados por la ausencia del Estado y las persistentes desigualdades, concentran a algunos de los grupos más afectados por la crisis climática: mujeres, niños, población negra, migrantes y personas mayores. Es en estos espacios donde la desigualdad de la información se hace aún más evidente.

Hablar de «acceso a la información» en regiones que coexisten con internet inestable, teléfonos celulares limitados, falta de computadoras y plataformas públicas inaccesibles no es solo un desafío técnico, sino un desafío político.

Estos son los que identifico como desiertos de información: lugares donde los flujos de información son escasos, interrumpidos o distorsionados; territorios donde el conocimiento científico sobre el clima llega demasiado tarde o simplemente no llega. Donde la alerta de lluvia intensa se pierde entre una señal débil, una aplicación que no se abre y datos meteorológicos escritos en un lenguaje que no se adapta a la vida cotidiana.

Manteniendo los privilegios

La ausencia de medidas prácticas expone la lógica que Bruno Latour (2020) ya había identificado: la desinformación y la falta de políticas públicas no son accidentales; funcionan para mantener los privilegios. Cuando la ONU evita comprometerse con mecanismos vinculantes, refuerza la perversa simetría de la crisis climática, en la que quienes menos contaminan siguen siendo los más afectados, y quienes más contaminan siguen decidiendo el ritmo de las respuestas globales.

En definitiva, la COP30 repite un patrón clásico de las negociaciones multilaterales: avanza en el discurso, pero deja la práctica para después. Un «después» que nunca llega para quienes viven al borde de la supervivencia.

Esta distancia entre lo declarado y lo hecho mantiene una brecha entre los principales negociadores internacionales y las poblaciones de los territorios. La norma avanza, el lenguaje se sofistica, los documentos se multiplican, pero la vida en las comunidades periféricas sigue marcada por la falta de infraestructura, una red eléctrica estable, saneamiento, conectividad y políticas territoriales sólidas. Se habla mucho de resiliencia, pero poco de las condiciones materiales e informativas que la hacen posible.

La COP30 abrió un debate importante y necesario: reconoció que la información es un instrumento para la justicia social y climática. Sin embargo, aún vivimos en un mundo donde la velocidad del discurso internacional es infinitamente mayor que la de las políticas públicas. El riesgo es que la COP30 pase a la historia como una reunión importante más que habló de inclusión, pero que no incluyó en la práctica a quienes más sufren la crisis climática. Y sin acción inclusiva, no hay justicia climática posible.

María Corina Machado: un Nóbel de la Paz controvertido

Por

Antonio Rando

17 diciembre, 2025

Recientemente, tras vivir en clandestinidad durante dieciséis meses a causa de la persecución del gobierno venezolano, María Corina Machado volvió a hacer acto de presencia en Oslo ―aunque no llegó a tiempo― para recibir el Premio Nobel de la Paz. Sus méritos por la democracia en Venezuela son innegables. El Comité Noruego esgrimió criterios como la lucha por los derechos democráticos, una transición “justa y pacífica”, el coraje civil y la unificación de la oposición, usando herramientas de paz. Sin embargo, el discurso confrontativo de Machado y su aliados internacionales dejn dudas sobre la coherencia entre sus méritos y la vía pacífica que, en teoría, le hizo acreedora del galardón

Un perfil político que desborda el mero activismo

Machado carece de toda traza conciliatoria preceptiva para aglutinar a todas las sensibilidades del país. La nómina de opositores idóneos e igualmente fogueados en la lucha por las libertades cuenta en Venezuela con figuras como Gerardo Blyde (artífice del Acuerdo de Barbados entre gobierno y oposición) o Manuel Rosales. Ambos han sido diana del madurismo y llevan en su ADN ―y este aspecto es decisivo― el gen negociador, atributo que no derrocha Machado.

Y es que el chavismo ―por más que pese a sus detractores― cuenta con muchos adeptos y sigue manteniendo una significativa capacidad de movilización. Es imposible, por consiguiente, construir un país nuevo sin su concurso. Por añadidura, la sociedad venezolana se encuentra profundamente polarizada y quizá lo último que necesita es una figura que divida aún más como Machado; más aún si se tienen en cuenta sus afinidades políticas.

Dejándose querer en Europa

Machado ha basculado de una tendencia conservadora (liberalismo/neoliberalismo europeo) a frecuentar a la ultraderecha global. En 2024 se acercó al proyecto iberoamericano de extrema derecha Iberosfera, del partido español Vox. Y a partir de febrero de 2025 Machado se posicionó de forma más nítida, al participar en “Europa Viva 25”, la cumbre de los Patriots for Europe (PfE) celebrada en Madrid. Los Patriotas son una constelación de formaciones ultraderechistas europeas, muy potentes en el Europarlamento. En dicho foro, Machado y Milei fueron los invitados estelares convocados por Santiago Abascal (Vox). Al PfE pertenecen partidos como el Fidesz de Viktor Orbán, la Agrupación Nacional —RN— de Marine Le Pen y Jordan Bardella, el Partido por la Libertad —PVV— del holandés Geert Wilders, o la Liga―Lega— de Matteo Salvini, entre otros, con el Likud de Benjamin Netanyahu como observador.

A la convención ―cuyo lema “Make Europe Great Again”, deja poco espacio a la imaginación― concurrió lo más granado de la extrema derecha del continente, avezados líderes en el desguace de las democracias europeas. La narrativa de los ponentes ahondó en la vieja letanía de victimismo ultranacionalista. Sus bestias negras son instituciones globales multilaterales como la ONU, la OMS o el TPI, así como la Unión Europea y los musulmanes.

Machado agradeció la invitación al foro y se congratuló del “despertar de las sociedades europeas y de que estas valoraran la libertad, insinuando un retroceso de la democracia en Europa. No faltó su júbilo ―compartido por los presentes― por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Mientras que con Netanyahu la relación es larga: en su momento le felicitó por sus “acciones decididas” en la “guerra” en Gaza y ha prometido trasladar la embajada de Venezuela en Israel a Jerusalén, lo que conculcaría el derecho internacional.

Intervencionismo estadounidense o cómo restaura una democracia vía autoritarismo

Machado apuesta decididamente por la vuelta a las viejas políticas intervencionistas del Tío Sam en América Latina propugnadas por Trump, a quien considera la mejor oportunidad de “cambio” en Venezuela y portador de una actitud valiente en su política hacia el país.

La líder venezolana valora como “absolutamente correcta” la estrategia caribeña de EE.UU., incluidos los asesinatos extrajudiciales de supuestos narcotraficantes en el Caribe lo cual contraviene la Declaración de DD.HH.. Paralelamente, seduce a Trump con el acceso al petróleo venezolano y asegura milmillonarias oportunidades de negocio para EE.UU.

Retórica belicista y llamamientos a la intervención “internacional”

Años antes, en 2018, Machado invocó el artículo 187 de la constitución venezolana para solicitar “una misión internacional de paz”, esgrimiendo la “responsabilidad de proteger, aplicada, por ejemplo, en Kosovo en 1998-1999”. También, apeló al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), instrumento defensivo de la Guerra Fría, para montar una coalición internacional que llevara a cabo una “Operación de Paz y Estabilización” en Venezuela, con una fuerza multinacional aliada regional.

Tras el inicio del segundo mandato de Trump, Machado ha hecho continuas alusiones a la inminente caída de Maduro, al pronto advenimiento de la “libertad” o sus planes detallados “para las primeras 100 horas y los primeros 100 días de transición”. También ha prometido que Venezuela “pronto será el mayor aliado de EE.UU. en la región”.

Cuando el río suena, agua lleva

Las señales no son escasas. Trump ha declarado a Maduro como terrorista, ha cerrado el espacio aéreo venezolano y ha desplegado la flota estadounidense en el Caribe, acciones que constatan, al menos, intimidación militar. Machado, por su parte, apela a las “acciones del presidente Trump” y a las fuerzas armadas venezolanas a apoyarle. Y aunque evita hablar de invasión, su asesor Pedro Urruchurtu considera que Maduro no es derrocable sin el uso de la fuerza.

Tras recibir el premio, Machado convirtió a Oslo en un atril político con los llamamientos nada velados a la intervención estadounidense, el apremio a unas “acciones” de Trump “decisivas”, o la afirmación de que “Venezuela ya está invadida por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles de la droga” y que “el 60% de la población trabaja” para estos últimos.

El premio Nobel de la Paz no encaja, desde luego, con alguien quien, como María Corina Machado, proyecta un discurso decididamente agresivo. La premiada no destila fraternidad, sino invasión de un país por otro en aras de una supuesta pugna por democracia, legitimando así la agenda del nuevo monroísmo de la Administración Trump. Sus herramientas son artilugios, pues, de guerra, no de paz.

México: la crisis del campo

Por

Ernesto Hernández Norzagaray

17 diciembre, 2025

En la última semana de noviembre, miles de transportistas y productores agrícolas abandonaron comunidades, parcelas, cultivos, oficinas y bodegas para exigir mayor seguridad en las carreteras, precios de garantía competitivos en los granos —especialmente maíz— y agua del sistema de presas para lograr sus objetivos. Se instalaron con sus vehículos y maquinaria pesada en las principales carreteras, casetas de cobro y oficinas aduanales, colapsando la movilidad desde Chiapas hasta Baja California, mientras sus dirigentes dialogaban con las autoridades políticas y agrícolas.

Luego de un llamado a sentarse en mesas de negociación para buscar una salida a los problemas de seguridad y del campo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha comprometido a mejorar la seguridad en las rúas y a los agricultores les ha dicho que no se cuenta con dinero público suficiente para mejorar los precios de garantía por tonelada de maíz para hacerlo competitivo frente a los productores estadounidenses, que reciben subsidios y surten una parte al mercado mexicano.

Pero ¿qué hay detrás de las demandas de los productores agrícolas? ¿Por qué cada tanto tiempo estalla el problema agrícola sin que se vea una salida a este problema, que afecta no solo a los productores sino, a través de la inflación, a la mesa de los mexicanos? ¿Es verdad, como dice un eslogan propagandístico cargado de símbolos milenarios, que “sin maíz, no hay país”?

Primero: más del 70% de las unidades de producción tienen menos de cinco hectáreas, que están atomizadas e impiden economías de escala, acceso a crédito y comercialización competitiva.

Segundo: el país importa entre el 40% y el 45% de sus granos, especialmente maíz amarillo, con el que se produce la tortilla y que es indispensable en la mesa mexicana.

Tercero: los costos de producción y la baja competitividad por los precios de los insumos utilizados que se fijan en los mercados internacionales de granos.

Cuarto: el cambio climático y la constante degradación de los recursos naturales, producto de sequías prolongadas, desertificación, inundaciones, heladas y plagas, además de pérdida de suelo fértil por sobreexplotación, erosión y mal uso en la distribución del agua.

Quinto: falta de financiamiento público por la desaparición durante el gobierno de López Obrador de la llamada Financiera Rural, que otorgaba créditos blandos y muchos de ellos a fondo perdido.

Sexto: inseguridad, por la presencia del crimen organizado en regiones agrícolas donde, a través de la extorsión, el despojo y el llamado cobro de piso, está provocando una migración forzada a los centros urbanos, que son incapaces de brindar trabajo, vivienda y servicios públicos, lo que genera verdaderos cuellos de botella y problemas de marginalidad y delincuencia.

Séptimo: por el perfil de las unidades de producción, existe una desarticulación de cadenas de valor con la venta directa de sus productos frecuentemente a los grupos criminales o a los poderosos intermediarios, que terminan obteniendo la mayor parte de los beneficios. Un ejemplo lo daba un campesino refiriéndose al maíz: “Nos compran a 4 pesos el kilo de maíz y el kilo de tortillas vale 26”.

Y último: políticas públicas para el campo inconsistentes por los cambios sexenales, programas clientelares y falta de continuidad. Además, con la llegada del gobierno de la 4T se dieron apoyos directos al productor en lugar de inversiones públicas de largo plazo, lo que significa ausencia de incentivos para la innovación y promoción de una agricultura tecnificada, como sucede en países con mayor visión.

Frente a este escenario de crisis, las opciones reales significarían revertir los problemas estructurales y eliminar los cuellos de botella que están presentes en los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas, lo que significa un cambio de política pública.

Primero: garantizar que las actividades del campo se desarrollen sin la presencia del crimen organizado, que, como ya señalamos, sangra a los agricultores en las etapas de producción, distribución y comercialización, y que también son sujetos de extorsión, secuestros y pago de piso.

Segundo: la crisis exige contar con un Sistema Nacional Agroalimentario de largo plazo al margen de vaivenes políticos sexenales, lo que con el gobierno de la 4T se ve difícil por la falta de voluntad y liquidez.

Tercero: la definición de cultivos estratégicos, zonas agroecológicas y metas de autosuficiencia de alimentos.

Cuarto: favorecer la reconversión productiva y agricultura de precisión reorientando las zonas improductivas hacia cultivos de mayor valor agregado a través de drones, sensores, riego inteligente o semillas mejoradas, además de incentivos fiscales para la adopción de tecnologías de punta.

Cinco: reestablecer y financiar una banca rural que otorgue créditos blandos, garantía para pequeños y medianos productores y seguros agroclimáticos accesibles.

Sexto: estimular la organización de productores agrícolas a través de cooperativas, sociedad de producción rural, incluso clústeres agroindustriales, además de centros de acopio, enfriamiento y una logística administrativa de productores.

Séptimo: inversión público-privada para mejorar la infraestructura estratégica rehabilitando los distritos de riego, la tecnificación del riego por goteo y caminos rurales de calidad.

Por último, hay que combatir la intermediación para garantizar precios justos al productor y el consumidor final, lo que llama a fortalecer constantemente el Estado de Derecho y eliminar debilidades del actual sistema agroalimentario del país.

En fin, la crisis del campo mexicano exige una revolución agrícola. Solo teniendo voluntad política y una estrategia integral para el campo será posible lograr la autosuficiencia alimentaria, combatir los lastres políticos y, sobre todo, que no sean necesarios los bloqueos de carreteras, tomas de casetas de cobro para hacerlo sustentable y servir a la economía nacional.

¿Cómo se entiende el triunfo de Kast?

Por

Juan Carlos Arellano

16 diciembre, 2025

El resultado de la última elección presidencial celebrada este domingo en Chile, sin duda, admite múltiples interpretaciones. El candidato de la derecha conservadora, perteneciente al Partido Republicano, obtuvo un 58,1 % de los votos, un resultado contundente que se replicó en todas las regiones del país y que resulta inédito en la historia electoral de la derecha. En contraste, la candidata Jeannette Jara, del Partido Comunista y respaldada por un amplio espectro de partidos de izquierda, alcanzó el 41,8 %.

Lo primero que emerge es que se trata de la primera vez, desde el retorno a la democracia, que un candidato de derecha obtiene una victoria de esta magnitud. Es cierto que las segundas vueltas tienden a crear mayorías artificiales; sin embargo, en las dos anteriores victorias electorales de la derecha, en 2010 y 2017, con el triunfo de Sebastián Piñera, representante de una derecha más liberal y crítica de la dictadura, no hubo un resultado cercano al de esta elección.

Este resultado electoral, sumado a los distintos procesos electorales ocurridos desde 2019, constituye un síntoma más de una reconfiguración del clivaje político en Chile. Esta explicación realza la dimensión política y agencial del clivaje por sobre las dimensiones sociales, sosteniendo que estos se “construyen políticamente”.

¿Qué significado tiene esta elección en el proceso político chileno?

Una de las ideas que comenzó a instalarse es que estos resultados, tanto los de las elecciones parlamentarias como los de la primera vuelta presidencial y la elección de Kast como presidente, expresan la configuración de un nuevo clivaje político, desplazando el eje democracia–autoritarismo instalado desde fines de los años ochenta y que ordenó la discusión política hasta 2010.

Existen interpretaciones como la del politólogo David Altman que sugieren la posible configuración de un nuevo clivaje. Me adhiero a esta lectura a partir de un cambio de época en la sociedad chilena y en sus vaivenes electorales, junto con la emergencia de ideas orientadas a definir los problemas públicos y reducir la incertidumbre de actores y electores. Este proceso también se expresa en el surgimiento y reordenamiento de las fuerzas partidarias, a partir de nuevos diagnósticos políticos difundidos por distintos agentes.

La noción de clivaje político fue desarrollada en el caso chileno por los expertos Torcal y Mainwaring (2003) para analizar los legados posautoritarios del sistema de partidos, particularmente el eje entre opositores y defensores del “régimen de Pinochet” (1973–1990). Estos autores agregan que los clivajes no solo derivan de divisiones sociales, sino que también son moldeados por la agencia política.

Los cambios ocurridos en las décadas de los ochenta y noventa transformaron profundamente a la sociedad chilena. El proceso de modernización reconfiguró el Estado y su relación con el mercado, redujo la pobreza y fortaleció una clase media, pero distante del Estado. Paralelamente, se modificaron comportamientos sociales, privilegiando el consumo y el individualismo, debilitando el tejido social y los vínculos con los partidos, y favoreciendo en ciertos sectores valores más posmateriales e identitarios.

Este proceso alteró los horizontes de expectativa de la ciudadanía, que, pese a experimentar mejoras materiales, comenzó a manifestar signos de fatiga social y malestar. La educación, presentada como la principal vía de movilidad social, se transformó en uno de los grandes triunfos y también decepciones del modelo, según diferentes interpretaciones. Las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 fueron señales tempranas de este agotamiento.

El diagnóstico sobre la crisis del “modelo neoliberal”, surgido desde el movimiento estudiantil de 2011, constituyó el sustento ideológico sobre el cual se consolidó el Frente Amplio como nuevo actor político relevante, hasta alcanzar la Presidencia en el período 2022–2025. Este diagnóstico apuntó al modelo económico heredado de la dictadura y promovió una agenda de reformas estructurales, apoyando al segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) y, posteriormente, interpretando el estallido social de octubre de 2019 como un cuestionamiento integral al orden económico y político.

Sin embargo, la violencia asociada al “estallido social” (2019) y el impacto del fenómeno migratorio calaron profundamente en amplios sectores de la sociedad. La propuesta de la Convención Constitucional apoyada por el Presidente Gabriel Boric no logró incorporar adecuadamente estas preocupaciones y tendió a interpretar el malestar como una suma de demandas identitarias, lo que derivó en su rotundo rechazo en el plebiscito de 2022.

Por el lado de la derecha, la respuesta inicial fue limitada. La derecha tradicional, pese a alcanzar la Presidencia en 2018, sostuvo un discurso predominantemente tecnocrático que perdió capacidad explicativa tras la crisis de octubre de 2019. José Antonio Kast, escindido de la conservadora UDI, articuló desde 2017 un proyecto político alternativo, fundando el Partido Republicano, crítico de las reformas impulsadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y de las políticas identitarias, bajo una narrativa de decadencia institucional con ribetes morales.

Este marco discursivo, inicialmente inmaduro -evidenciado en la derrota de Kast en la campaña presidencial de 2021 y en el fracaso de la segunda propuesta constitucional liderada por los republicanos en 2023- fue afinándose con el tiempo y ganó resonancia en un contexto marcado por la inseguridad, la migración y el estancamiento económico. En esta elección, Kast logró imponer un encuadre que desplazó el relato de la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, centrado en brechas sociales, amenazas a los derechos y riesgos autoritarios.

Parafraseando al investigador y filósofo estadounidense George Lakoff, el discurso de Kast apeló a la figura de un “padre estricto” que promete restablecer el orden perdido frente a una izquierda que ofrece una “familia protectora” a la incertidumbre social de las familias chilenas. Este resultado muestra que Kast logró agenciar un conjunto de ideas que reordenaron a la derecha en torno a la noción de una “crisis del Estado”, cuya solución se plantea en términos de “esfuerzo”, “libertad” y “orden”.

Así pues, las transformaciones estructurales, el “estallido social” y los procesos constituyentes configuraron un período en el que se intensificó la discusión sobre los cambios sociales y valóricos de la sociedad chilena, conformando el marco dentro del cual se fue moldeando políticamente un nuevo clivaje. El inédito éxito de Kast sugiere que, al menos por ahora, fue quien logró agenciarlo con mayor eficacia. Sin embargo, no está exento de riesgos, pues la narrativa de la decadencia deberá dar paso al reconocimiento de un Chile socialmente más complejo y a la construcción de un horizonte de futuro para su sector.

1...293031...259 Página 30 de 259

Latinoamerica 21Una región, todas las voces