Honduras de cara a la elección: la urgencia de restaurar la confianza democrática

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24 noviembre, 2025

A días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras se enfrenta a un desafío que trasciende la contienda electoral: la recuperación de la confianza en la integridad democrática. El informe preelectoral de Transparencia Electoral advierte que el proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización política, desconfianza ciudadana generalizada y fragilidad institucional en los organismos encargados de organizar y arbitrar las elecciones. Este panorama —que combina tensiones políticas, interferencias judiciales, dificultades logísticas y riesgos tecnológicos— pone a prueba la capacidad del país para garantizar un proceso creíble, pacífico y transparente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que también están en Honduras como observadores, han advertido sobre la alta conflictividad que afecta la elección. La OEA ha manifestado su preocupación por acusaciones de la Fiscalía contra una consejera electoral y dos magistrados que representan a los partidos opositores en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), encargado de dirimir los conflictos en los comicios.

El clima electoral está marcado por confrontaciones a lo interno de los organismos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TJE, exacerbados por su composición partidista. Esta dinámica no solo erosiona la autonomía de las instituciones electorales, sino que también afecta la percepción de imparcialidad y certeza sobre el resultado. El problema no es nuevo: la inestabilidad institucional que persiste desde la crisis política de 2009 y las denuncias de fraude en 2017 han dejado una huella profunda de desconfianza en la ciudadanía, que en encuestas recientes manifiesta en un 75% tener poca o ninguna confianza en el CNE.

A esta crisis institucional se suma otro factor: la interferencia de otros poderes del Estado en el proceso electoral. La judicialización de las decisiones del TJE, las acciones del Ministerio Público contra magistrados electorales y la injerencia indebida de las Fuerzas Armadas (FFAA) al solicitar copias de actas de cierre presidencial representan un riesgo directo a la autonomía del proceso. El principio de separación de poderes, esencial en toda democracia, se ve amenazado cuando las instituciones electorales son objeto de presiones políticas o judiciales en momentos de alta sensibilidad preelectoral.

El TJE, en particular, enfrenta un escenario de parálisis interna debido a la falta de consensos para resolver apelaciones, lo que podría demorar la resolución de disputas postelectorales. Esto agrava la incertidumbre, ya que la legitimidad de las elecciones no depende únicamente de la votación, sino también de la capacidad del sistema de justicia electoral para resolver los conflictos con celeridad, independencia y apego a derecho.

Otro eje crítico es el componente tecnológico, donde los avances conviven con debilidades estructurales. La incorporación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la identificación biométrica del votante y el servicio de conectividad satelital en zonas rurales representan un salto técnico relevante. Sin embargo, los procesos de contratación de estas soluciones estuvieron marcados por controversias, demoras y falta de transparencia en la publicación de los contratos.

El simulacro nacional del 9 de noviembre confirmó que la complejidad tecnológica del sistema requiere ajustes urgentes. El ejercicio —en el que se logró transmitir el 35,7% de las actas proyectadas y conectar el 23,7% de los dispositivos biométricos desplegados— expuso fallas en la conectividad, en la integración del sistema y en la capacitación del personal técnico. Si bien el simulacro cumplió su función diagnóstica, los resultados muestran que el riesgo operativo de cara a la jornada electoral sigue siendo alto.

Otro tema que empaña el proceso es la debilidad en la fiscalización del financiamiento político. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como “Unidad de Política Limpia”, enfrenta una seria limitación presupuestaria debido a la inacción del Congreso Nacional, que no aprobó los fondos solicitados. Al 4 de noviembre, solo el 43% de los candidatos obligados se había acreditado formalmente ante la UFTF, un indicador preocupante de incumplimiento en materia de transparencia financiera.

La falta de recursos y de cumplimiento normativo debilita la capacidad de control sobre el uso de fondos públicos y privados en campaña, generando incentivos perversos para el financiamiento opaco o ilícito. Esta situación “erosiona la equidad en la competencia electoral” y limita la posibilidad de sancionar irregularidades en tiempo real.

El contexto político no puede entenderse sin reconocer el impacto de la polarización y la violencia electoral. En los meses previos al proceso se han registrado cinco asesinatos de candidatos, lo que refleja la persistencia de un clima de intimidación e inseguridad. La polarización también se manifiesta en el discurso político: los principales partidos —Libre, Nacional y Liberal— han recurrido reiteradamente a acusaciones de fraude anticipado, una práctica que degrada la confianza pública y genera condiciones propicias para la conflictividad postelectoral.

Esto enfatiza la urgencia de fortalecer la independencia de los organismos electorales y protegerlos de presiones externas. El respeto a la autonomía institucional debe ser un compromiso compartido por todos los poderes del Estado. La observación internacional cumple un papel fundamental como mecanismo de acompañamiento técnico y como resguardo frente a posibles vulneraciones a la transparencia. No obstante, el éxito del proceso dependerá, en última instancia, de la responsabilidad y cooperación de las autoridades nacionales.

Para que el proceso electoral llegue a buen puerto el CNE y el TJE deben superar la lógica de veto partidario y priorizar el consenso en la toma de decisiones; el Congreso Nacional debe garantizar los recursos presupuestarios que permitan el funcionamiento autónomo de las instituciones; y el Ministerio Público debe abstenerse de acciones o declaraciones que puedan interpretarse como interferencias políticas.

Aunque el proceso electoral se está desarrollando bajo tensiones políticas, tecnológicas e institucionales, también ofrece una oportunidad histórica para reconstruir la confianza. La observación electoral juega un papel esencial para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Los hallazgos del informe de Transparencia Electoral, así como los pronunciamientos e informes previos del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no deben interpretarse como una condena, sino como un llamado a la acción: aún hay margen para corregir, ajustar y consolidar los avances técnicos que se han alcanzado.

Si las autoridades logran garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del TREP, fortalecer la autonomía del TJE y dotar de recursos a la Unidad de Política Limpia, el 30 de noviembre podría representar un punto de inflexión en la historia democrática hondureña. Por el contrario, si las tensiones institucionales y los discursos de desconfianza prevalecen, el país corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de crisis y deslegitimación que han marcado su pasado reciente.

Fin de ciclo: el MAS cede el poder tras veinte años de hegemonía en Bolivia

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Salvador Romero Ballivian

24 noviembre, 2025

Después de haber ganado cuatro elecciones presidenciales consecutivas con mayoría absoluta, el Movimiento Al Socialismo (MAS) sufrió una severa derrota. Más que una alternancia, el relevo marca el final de un ciclo político de dos décadas de hegemonía del MAS (2005 – 2025). El ganador de la inédita segunda vuelta, Rodrigo Paz, asume la presidencia en noviembre.

El proceso tuvo dos actos. En la primera vuelta, mientras un dividido MAS salió seriamente debilitado y con un electorado dispersado en varios caminos, tres opositores ocuparon los primeros lugares. Inesperadamente, se aventajó el senador tarijeño Rodrigo Paz (32.4%), hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). También clasificó a la segunda vuelta el expresidente Jorge Tuto Quiroga (26.7%) por Alianza Libre. Tercero llegó otra figura de la oposición, Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad (19.6%). La Asamblea Legislativa, elegida en simultáneo, dio extensa mayoría de escaños a las tres formaciones.

Para el resultado convergen numerosas crisis. La degradación socioeconómica se tornó evidente para la población, por el desabastecimiento de bienes, como la gasolina o el diésel, la devaluación de hecho de la moneda en más del 100% y las presiones inflacionarias. El resultado tradujo el agotamiento del modelo extractivista por el paulatino agotamiento del gas sin que el litio tome la posta, un déficit fiscal exacerbado y un marco desfavorable para el sector privado. El deterioro redujo la popularidad gubernamental a menos del 10%; incubó un ambiente propicio para la protesta, incluso de los movimientos sociales afines al MAS. Además, forzó al presidente Luís Arce (MAS) a desistir de buscar la reelección, tras incumplir la promesa de la campaña de 2020 de retornar a la prosperidad de los gobiernos de Evo Morales (2006 – 2019), beneficiados por la bonanza de los precios de los productos de exportación.

A lo anteriormente mencionado, se añadió el cisma del MAS. Su jefe histórico, el expresidente Morales, sufrió una decisiva derrota jurisdiccional a manos del gobierno: la inhabilitación de su candidatura por el Tribunal Constitucional. Esta institución dio luz verde a sus postulaciones en 2014 y 2019. En 2023, le impidió competir nuevamente por la presidencia por haber ocupado dos veces el cargo. Tras fracasar en el intento para revertir la sentencia, no buscó una candidatura sustituta, sino que amenazó violentamente al proceso con la quema de papeletas, antes de modificar la estrategia al final de la campaña, cuando pidió el voto nulo, que le otorgó una presencia indirecta en la papeleta. Esa opción alcanzó un inusual 19.9% de sufragios, concentrada en municipios rurales y alta población indígena, pero desprovista de representación institucional. Sin su respaldo, naufragó hasta la candidatura del hasta entonces presumiblemente delfín de Morales, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez (8.5%), y la del gobierno dirigida por el ministro Eduardo del Castillo (3.1%). Como consecuencia, Morales quedó como único líder visible del MAS, que si bien como partido se ha vuelto políticamente marginal, permanece relevante como movimiento sociopolítico.

La segunda vuelta, al igual que la primera, registró una muy elevada participación (87%). Aunque enfrentó a dos fórmulas opositoras, ofreció una imagen inesperada, inscrita sobre una antigua división de la geografía y la sociología electoral de Bolivia. La distribución del voto mostró contrastes muy marcados: cada candidato ganó con amplitud en sus bastiones, y hubo pocas zonas de presencia equilibrada.

Paz incluso estiró su ventaja de la primera vuelta y venció con holgura (54.9%). Se apoyó sobre los departamentos occidentales y centrales, con los puntales de La Paz y Cochabamba. Recibió el apoyo de las zonas rurales, indígenas, campesinas, mineras, y de los barrios periféricos urbanos. De esta manera, sumó a los votantes que respaldaron las dos candidaturas surgidas del MAS, así como a quienes votaron nulo en la primera ronda. Morales no dio consigna y los sufragios nulos se contrajeron a 4.6%, cercano al nivel habitual de 3%.

De esta manera, Paz terminó de reagrupar a los electores del MAS, aunque sin acuerdos con la estructura del partido. La pauta territorial y social de su voto se inscribió en una tradición de izquierda, superpuesta, por lo tanto, a la del MAS. Empero, las cifras abultadas no ocultan un lazo frágil entre la candidatura y ese electorado popular, que la utilizó para dotarse de voz y voto en la competencia electoral. Todavía debe ponerse a prueba en el ejercicio del poder.

Por su parte, Quiroga reunió el voto de la oposición clásica al MAS (45%), sin desbordar esa frontera. Su coalición política, Alianza Libre, triunfó en las prósperas y conservadoras regiones orientales, con un pivote en Santa Cruz, en las clases altas y medias urbanas, en especial de las capitales departamentales. En ese sentido, el vínculo entre Quiroga y la base fue más estrecho y militante que el constatado para el binomio contrario. La distribución geográfica y sociológica de Alianza Libre recordó a la que obtenía en su momento el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) o la de Podemos que lideró el mismo Quiroga en 2005.

Pese a la comodidad del resultado, hubo intentos por desconocer su legitimidad, que calaron en los sectores más férreos de Alianza Libre. Se diluyeron ante las conclusiones de la observación electoral internacional y el pronto reconocimiento de la victoria de Paz, tanto dentro como fuera del país.

Ahora, el gobierno de Paz enfrenta retos severos e inmediatos, de difícil resolución. Probablemente el campo más sencillo sea el parlamentario, pues cuenta con una Asamblea abierta a respaldarlo y encontrar acuerdos de largo plazo. Igualmente, la reorientación de la

política exterior ocurrirá pronto y sin sobresaltos, con un alejamiento de los aliados del MAS, como Venezuela, Cuba o Rusia. Más exigente será la recomposición del tejido institucional que otorgue solidez al Estado de derecho y calidad a la democracia.

Sin embargo, los desafíos mayores y urgentes se sitúan en el ámbito socioeconómico ya que las proyecciones del Banco Mundial anticipan, al menos, dos años de recesión lo cual ante las expectativas de soluciones prontas y con bajo costo social generan una ecuación de extrema complejidad. El desafío estriba menos en las fórmulas técnicas que en la implementación de una hábil gobernabilidad que evite el colapso ante una eventual resistencia social, a cuya cabeza Morales procuraría colocarse. El desenlace decidirá el éxito de la gestión de Rodrigo Paz, de la democracia y la estabilidad del país.

La abstención: del poder del pueblo a la servidumbre voluntaria

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Ariel Sribman Mittelman

23 noviembre, 2025

En las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina, donde la participación era obligatoria, concurrió a las urnas el 68% del padrón electoral. 68%. Exactamente la misma proporción que votó en Cuba en noviembre de 2022. Es decir que una elección democrática como la argentina tuvo el mismo poder de convocatoria que unos comicios en una dictadura como la cubana. Esto debería inducir a alguna reflexión sobre la democracia. Y lo hace. El problema es que induce siempre a las mismas reflexiones fáciles, que además no fomentan debate alguno porque repiten aquello en lo que todo el mundo ya está de acuerdo.

¿Qué hay detrás de una participación tan baja? Unos meses antes de las elecciones, cuando Argentina llevaba ya siete convocatorias electorales con muy baja concurrencia, el periodista Claudio Jacquelin presentaba tres explicaciones: la falta de atractivo de las elecciones legislativas y de la oferta de candidatos; el malestar con la política; y la difícil situación económica.

¿Qué significa “falta de atractivo de las elecciones legislativas”? ¿Acaso las elecciones deben ser atractivas? ¿No es suficientemente atractivo elegir a los representantes del pueblo? ¿O esperamos que la participación democrática sea atractiva como lo es un concierto de nuestra banda favorita?

La afirmación del “malestar con la política” es aún más pasmosa. La democracia existe precisamente para echar a los gobernantes cuando generan malestar. Por lo tanto ¿cuál es la lógica según la cual uno se abstiene de echar a los gobernantes porque generan tal malestar? Es como instalar una alarma contra ladrones y, cuando éstos se meten en nuestra casa, apagarla porque el ruido nos molesta.

Por otra parte, si se pretende castigar con el sufragio, ¿no es más expresivo el voto en blanco o nulo? Mientras que la abstención puede interpretarse como desinterés o pereza, el voto en blanco o nulo muestra claramente que se ha hecho el esfuerzo de acercarse a las urnas y no se ha encontrado un solo candidato convincente. El voto en blanco, y no la abstención, fue precisamente la estrategia de la líder progresista argelina Zoubida Assoul para protestar contra las elecciones “de trámite” en Argelia en 2024.

La abstención puede ser una forma válida de manifestar rechazo contra el régimen político, desde luego. Pero es una forma válida cuando ese sistema no ofrece una alternativa democrática, como en el caso de Cuba. Eso hizo la oposición al régimen en las mencionadas elecciones de 2022: “Esperamos que haya un alto nivel de abstención para decirle no a la dictadura”, explicaba la activista cubana Carolina Barreiro. Mediante la abstención se protesta contra el régimen no democrático, no contra los candidatos de una democracia.

No es un fenómeno exclusivo de América Latina. En la mencionada Argelia, la participación cayó de 74% en 2009 al 40% en 2019. Y a nivel mundial, en 2024 el promedio de participación en elecciones se situaba en el 62%, 10 puntos por debajo del promedio de 2004. De hecho, en junio de este año Giorgia Meloni llamó a la abstención en un referéndum, y efectivamente se salió con la suya: apenas un 30% de los italianos habilitados fue a votar, cuando se necesitaba que votara el 50% más uno del padrón para que la elección tuviera validez. En lugar de hacer campaña por el voto “no”, Meloni hizo campaña por el no voto. El secretario general de un sindicato promotor del plebiscito, Maurizio Landini, reconoció que la alta abstención dejaba a las claras la crisis democrática que vive Italia.

Para no contentarnos con explicaciones fáciles hay que asumir que la democracia no es lo que creíamos. Al menos no como la entendemos ahora. Democracia es, literalmente, el poder del pueblo. Nada más. No significa que el poder del pueblo sea irrenunciable, inalienable. Nada en la palabra “democracia” implica que ese poder del pueblo sea inmanente. El poder, si no se ejerce, no es. Si el pueblo no ejerce su poder, renuncia a él. Deja de tenerlo. Y si no hay poder del pueblo, naturalmente no se puede hablar de democracia.

¿Habrá vacío de poder, entonces? ¿Dejará la democracia su lugar a la anarquía? Desde luego que no: alguien ocupará y ejercerá el poder al que el pueblo renuncia. No sabemos exactamente quién, ni qué hará con ese poder. Lo que sabemos con certeza es que no será democracia.

Existen distintas formas para referirnos a regímenes no democráticos: dictadura, autocracia, autoritarismo. Todas ellas comparten una connotación que resulta cómoda, en tanto eximen al pueblo de toda responsabilidad: un dictador, un autócrata, un tirano secuestra el poder. Pero la verdad no tolera semejante distorsión. Cuando el pueblo renuncia a ejercer su poder es su propia responsabilidad, y el régimen que se instaura lleva un nombre muy distinto, acuñado por el filósofo francés Étienne de La Boétie en el siglo XVI: servidumbre voluntaria.

El triunfo del enojo: cómo La Libertad Avanza capitalizó la frustración social en Argentina

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José Norte Sosa

22 noviembre, 2025

La política es la gestión de las expectativas, pero, sobre todo, la administración de las emociones colectivas. Las elecciones legislativas en Argentina han arrojado un resultado que, a primera vista, parece una contradicción flagrante: La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una victoria contundente con el 40.7% de los votos a nivel nacional, imponiéndose en 15 de las 24 provincias, incluyendo los cinco distritos electorales de mayor peso (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza). Sin embargo, un análisis de escucha social de 15,000,500 interacciones en la semana previa a la elección, revela una atmósfera social dominada por la frustración. Tras filtrar las menciones con carga emocional clara, el 71.4% de ellas eran de «enojo».

¿Cómo se explica esta paradoja? La respuesta no está en la negación de uno de los dos datos, sino en su integración. El oficialismo no ganó por cambiar el humor social, sino por demostrar ser el único actor capaz de representar y capitalizar las distintas facetas de ese enojo.

La arquitectura de la fractura: los dos electorados digitales

El análisis del dataset no mostró un debate, sino dos universos paralelos que explican la composición del 40.7% obtenido:

El primero es el Archipiélago de la Convicción (19.4% de «Alegría»). Este segmento, aunque minoritario en la conversación total, es el núcleo duro del oficialismo. Sus palabras clave (gracias, fuerza, vamos, libertad) denotan un voto identitario y épico. Es una base electoral que no está evaluando la gestión coyuntural, sino defendiendo el proyecto cultural. Este 19% es el «piso» leal que LLA consolidó como propio.

El segundo es el Continente del «Enojo» (71.4% Dominante). Aquí reside la clave de la elección. El «Enojo» no es un bloque monolítico. El análisis semántico de este clúster revela una frustración sistémica. Las palabras clave (país, gente, mierda) se mezclan no solo con críticas a @jmilei, sino también con un profundo rechazo a los actores tradicionales: macrismo y kirchnerismo aparecen prominentemente.

Este «Enojo» es, por tanto, el “voto bronca” de 2023 que, dos años después, sigue activo. Es la fatiga cívica ante las consecuencias de la gestión, pero también la memoria de por qué se votó por un cambio disruptivo.

La Batalla por el «enojo»: cómo se construyó el 40.7%

La reciente elección fue una disputa por la propiedad de ese 71% de «enojo». Los resultados provisorios nos dicen cómo se dividió. La posición (Fuerza Patria, ~34%), logró capturar una porción significativa de ese enojo, la más crítica con la gestión actual, pero fue incapaz de aglutinarlo todo. Fracasó en presentarse como una alternativa viable para el votante enojado con el sistema en su conjunto. Mientras que el triunfo de LLA se explica por una suma de fuerzas. Su 40.7% es la adición del 19% que representa el voto «alegría» (su base leal e identitaria) y el 21% del voto «enojo» (el «enojado pragmático»).

El oficialismo ganó porque logró convencer a una porción mayoritaria de ese electorado frustrado de que, a pesar de las dificultades de la gestión, la alternativa (el peronismo y sus aliados) seguía siendo la causa original de ese enojo. LLA revalidó su mandato al seguir siendo percibido como el instrumento de castigo contra la «casta», aunque ahora él mismo sea parte del poder.

Un mandato condicionado

Esta amplia victoria de todas maneras no es un «cheque en blanco». No es una aprobación de la gestión, sino una renovación del mandato de ruptura. El gobierno no ha vencido al mal humor social; simplemente ha demostrado que la oposición tradicional tampoco puede capitalizarlo.

El oficialismo ha ganado la guerra de narrativas al lograr que el «enojo» por la gestión (el «voto consecuencia») sea menor que el «enojo» al establishment (el «voto bronca»). Pero el 71% de frustración sigue latente. El gobierno ha ganado la elección, pero el plebiscito sobre el humor social sigue abierto, y será el verdadero desafío de cara a 2027.

La presencia estratégica de Rusia en Centroamérica

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César Eduardo Santos

21 noviembre, 2025

La presencia de Rusia en Centroamérica, como en el resto de América Latina, descansa en un entramado de operaciones de influencia que trascienden la cooperación económica. Se trata de un esfuerzo sistemático por desplegar mecanismos de comunicación estratégica, cooptación de élites e incidencia en sectores sensibles. A través de estos, Moscú procura ampliar su margen de acción en el hemisferio occidental con recursos comparativamente limitados.

Dicha estrategia responde a una lógica de reciprocidad geopolítica frente a una región que el Kremlin percibe como la expansión de la OTAN en sus antiguos espacios de influencia. Es un gesto de contrapeso simbólico en lo que Rusia considera el “extranjero cercano” estadounidense.

Estas operaciones selectivas encuentran su principal soporte en la guerra informativa y los medios de propaganda rusos, particularmente Russia Today y Sputnik. Su presencia se extiende desde el Triángulo Norte hasta Panamá. A ello se suma la cooperación con sus aliados autocráticos en el continente, especialmente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este último, bajo el régimen Ortega-Murillo, se ha consolidado como un centro logístico de la proyección rusa en el istmo, articulando funciones de propaganda, espionaje, inteligencia y entrenamiento militar de baja intensidad.

Nicaragua: un enclave militar ruso

La cooperación militar entre Rusia y Nicaragua se remonta a los años de la Guerra Fría, cuando cerca del 90% del equipo bélico del país provenía de la extinta Unión Soviética. Tras el colapso soviético, los vínculos se atenuaron. Recobraron fuerza con la llegada de Vladimir Putin al poder y, sobre todo, con el retorno de Daniel Ortega a la presidencia en 2007. Desde entonces, Managua se ha convertido en el socio más estrecho de Moscú en el hemisferio occidental, bajo una relación que contempla asistencia técnica, presencia militar y transferencia de inteligencia.

En 2013, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, visitó Managua para inaugurar el Centro de Entrenamiento Marshal Zhukov, destinado a formar a oficiales nicaragüenses bajo la doctrina de la “guerra híbrida”. A su alrededor, se erigió una red de cooperación que incluye el centro topográfico de Managua —vinculado al sistema satelital GLONASS— y programas de instrucción en vigilancia y control de la oposición interna. Las fuerzas armadas rusas, con acceso directo a información de seguridad local, consolidaron así un canal privilegiado de influencia en la estructura de defensa nicaragüense.

Uno de los aspectos más sensibles de esta relación es, pues, el centro de espionaje instalado en la base de Mokorón, al sur de Managua. De acuerdo con investigaciones periodísticas, allí operan exclusivamente oficiales rusos con acceso al software SORM-3 y a un sistema de radiolocalización que permite interceptar comunicaciones diplomáticas, embajadas y redes internas del propio régimen. La instalación, complementada por antenas distribuidas en nueve puntos del país, refuerza el dispositivo satelital ruso. Funciona como una estación avanzada de recolección de señales en América Central.

A esto debemos sumar un acuerdo de cooperación militar firmado en 2022 por el gobierno de Ortega. Este autoriza el ingreso temporal de tropas, buques y aeronaves rusas al territorio nicaragüense, bajo la justificación de “labores humanitarias y de combate al narcotráfico”. La iniciativa permite la rotación periódica de contingentes militares rusos, consolidando la posición de Nicaragua como el principal punto de apoyo logístico de Moscú en el continente.

Semejante alianza ha alcanzado un nuevo hito. El ejército nicaragüense participó en los ejercicios conjuntos Západ-2025, realizados en septiembre pasado en Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado. Durante un encuentro en Moscú, el ministro ruso de Defensa, Andréi Belousov, agradeció personalmente al general Julio César Avilés por este gesto, reafirmando la “amistad y confianza mutua” entre ambas naciones.

Los Západ-2025, maniobras ruso-bielorrusas que movilizaron a más de cien mil efectivos, se desarrollaron en un contexto de renovada tensión con la OTAN. Y coincidieron con incursiones aéreas rusas en territorio polaco y estonio. Más que un ejercicio rutinario, replicaron los patrones tácticos de las operaciones previas a la invasión de Ucrania en 2022, proyectando la narrativa de un Kremlin sitiado. En este marco, la presencia nicaragüense tuvo un valor político y simbólico significativo. Reforzó su alineamiento con Moscú y legitimó, desde el hemisferio occidental, la estrategia militar y discursiva del régimen de Putin.

Asistencia simbólica

Como en el resto de América Latina —exceptuando a las dictaduras revolucionarias— los intercambios militares con Rusia son ciertamente limitados. En Centroamérica, más allá de Nicaragua, los vínculos de Moscú se han caracterizado por una ambigüedad estratégica. Hay, en todo caso, una disposición a mantener canales de diálogo y cooperación técnica con gobiernos que, sin romper con Washington, buscan diversificar su política exterior en materia de seguridad.

En este marco, las administraciones de Xiomara Castro en Honduras y Nayib Bukele en El Salvador han reducido su cooperación con Rusia al plano estrictamente diplomático. Pero no sin ofrecer gestos simbólicos de alineamiento. Ambos gobiernos, por ejemplo, se abstuvieron o votaron en contra de resoluciones críticas a la invasión rusa de Ucrania en organismos multilaterales, lo que denota una cautelosa convergencia con Moscú.

El caso salvadoreño ilustra el punto. En 2013, San Salvador firmó un acuerdo con el Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia para el suministro de armas ligeras y entrenamiento policial en la lucha contra el narcotráfico. En 2019, ambas naciones suscribieron un nuevo convenio intergubernamental. Esta vez, para el intercambio de información y cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Fue descrito por el embajador Efrén Bernal Chévez como “un instrumento para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación”. Sin embargo, estos marcos nunca se tradujeron en ejercicios militares conjuntos ni en asistencia sostenida.

Algo similar ocurrió en Guatemala. En 2010 el entonces presidente Álvaro Colom viajó a Moscú para adquirir armamento ruso destinado, según la versión oficial, a combatir el narcotráfico y crimen organizado. Aunque el acuerdo marcó un precedente en la cooperación técnica, el vínculo se diluyó en la siguiente década, coincidiendo con el progresivo acercamiento del país centroamericano a Estados Unidos.

En conjunto, estas experiencias reflejan la estrategia de Moscú de cultivar vínculos de baja intensidad con gobiernos dispuestos a recibir asistencia simbólica, sin desafiar abiertamente la hegemonía estadounidense en la región.

Espacio de resonancia política

La cooperación militar de Rusia en América Latina es, en términos materiales, insignificante. Pero estratégicamente, es funcional, como señala un reporte del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo. Su presencia no busca equilibrar el poder hemisférico, sino proyectar una imagen de alcance global y sostener alianzas políticas con regímenes afines.

En un escenario dominado por la asimetría, Moscú utiliza la simbolización militar y la retórica multipolar para desafiar la hegemonía estadounidense y sostener su influencia mediante recursos mínimos. La región, y en especial Nicaragua, funciona como un espacio de resonancia política más que como un frente de despliegue efectivo.

_{*Texto publicado originalmente en Diálogo Político}

Elecciones 2025: los dos ejes de la política chilena

Por

Isabel Castillo

20 noviembre, 2025

La competencia electoral en Chile ha estado marcada en los últimos años por la presencia simultánea de dos dimensiones: el tradicional eje ideológico izquierda-derecha y un segundo eje de carácter populista, que puede describirse como pueblo-élite o política tradicional versus anti-establishment. Ambos son fundamentales para entender los resultados de la primera vuelta presidencial y de la elección legislativa del 16 de noviembre.

En el eje ideológico, el ciclo anterior mostró el predominio de la izquierda más radical sobre la centroizquierda tradicional, tendencia que se reafirmó este año con el triunfo de la comunista Jeannette Jara como candidata de ese sector. En la derecha, se confirmó la crisis de los partidos de Chile Vamos y el ascenso de la derecha radical encabezada por José Antonio Kast y el Partido Republicano. A nivel presidencial, Kast avanzó a segunda vuelta como favorito, mientras que Evelyn Matthei —representante de la derecha tradicional— quedó quinta con apenas 12,5% de los votos. Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, obtuvo un 14%, que sumado al 24% de Kast consolida el avance de las llamadas “nuevas derechas”.

Más drástica aún fue la derrota de la coalición Chile Vamos. El Partido Republicano se transformará en la primera fuerza de la Cámara de Diputados, al obtener 31 de los 155 escaños —42 si se incluyen sus socios de lista—, mientras que la coalición consiguió solo 34. Su partido más liberal, Evópoli, incluso deberá disolverse al no alcanzar el mínimo legal de votos o escaños. Este reordenamiento confirma el cierre del ciclo político dominado por los actores de la postransición, aunque queda por ver si la tendencia se mantendrá.

El eje populista o anti-elite también emergió fortalecido en esta elección. Diversos estudios han destacado su importancia, visible en el aumento de candidaturas independientes a nivel local —casi un tercio de los alcaldes electos en 2024— y en la elección de la Convención Constitucional de 2021, donde las listas de independientes lograron cerca de un tercio de los escaños.

La introducción del voto obligatorio con inscripción automática, aplicado por primera vez en comicios generales, potenció aún más este eje. Ello incorporó a un segmento de votantes menos interesado en política y con menor compromiso democrático. Según un análisis de Decide Chile, estos electores se habrían inclinado mayoritariamente por Franco Parisi. Con casi un 20% de los sufragios y al frente del Partido de la Gente, Parisi se convirtió en la sorpresa de la jornada. Aunque ya había obtenido el tercer lugar en 2021 con 12,8%, volvió a ser subestimado por las encuestas, probablemente porque parte importante de su electorado no participa en sondeos.

Parisi es el candidato más abiertamente populista del panorama chileno: un outsider sin experiencia en cargos públicos que, durante la campaña, acuñó el lema “ni facho ni comunacho” para desmarcarse de las principales opciones. Su discurso apunta a representar a la clase media y a situarse “abajo”, con la gente, antes que en una ubicación ideológica. Fundado pocos meses antes de la elección de 2021, el Partido de la Gente eligió entonces seis diputados, aunque todos terminaron renunciando. Tampoco tuvo buenos resultados en las elecciones locales de 2024. En 2025, en cambio, consiguió catorce diputados. Dado que muchos de ellos no tienen trayectoria política ni un perfil ideológico definido, es incierto cómo actuarán en la Cámara. Su apoyo será crucial para que las derechas alcancen los 4/7 necesarios para reformas constitucionales. Aunque su comportamiento legislativo resulta impredecible, electoralmente parecen canalizar el descontento y la frustración hacia la clase política.

En la elección parlamentaria, el voto obligatorio se reflejó en un histórico 20% de sufragios inválidos, el doble que en 2021. Ya sea por rechazo a los partidos, la complejidad de las papeletas o el desconocimiento sobre el sistema político, este fenómeno ayuda a explicar por qué a los partidos tradicionales —tanto de izquierda como de derecha— les fue relativamente mejor en la parlamentaria que en la presidencial. Todo indica que el voto obligatorio reforzará la alternancia en el poder que ha caracterizado las elecciones presidenciales en los últimos quince años.

De la inteligencia a la sabiduría artificial: la IA y los Pueblos Indígenas de América Latina

Por

Jon Subinas

20 noviembre, 2025

América Latina es una de las regiones más diversas del mundo con más de 800 Pueblos Indígenas que suman en torno al 8 % de la población de la región. Según el Banco Mundial esta población soporta graves carencias, ya que más del 40 % sufren pobreza relativa y una falta de reconocimiento cultural, un insuficiente acceso a instancias decisorias, unido a una gran discriminación. Estos desafíos se extienden al acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), donde las brechas digitales y la escasa representación de contenidos indígenas perpetúan desigualdades, lo que evidencia la necesidad urgente de procesos de descolonización digital y de inclusión de estas cosmovisiones en el desarrollo tecnológico.

Saberes ancestrales y territorios vitales para la sostenibilidad ecológica

Los Pueblos Indígenas disponen de un amplio y diverso acervo cultural con una multiplicidad de lenguas, conocimientos ancestrales, y tradiciones que se traducen en soluciones de salud, alimentación, y agricultura, entre otras. Y a su vez, incluyen formas de relación armónica con el ambiente en una coyuntura de una profunda crisis ecológica. Estos gestionan o tienen derechos sobre territorios que ocupan una cuarta parte de la tierra y estos territorios contienen el 37 % de las tierras naturales que quedan en todo el mundo, con un tercio de los paisajes forestales intactos del planeta.

A su vez, el declive de la biodiversidad es mucho menor que en otros lugares, y la probabilidad de que estos territorios se dediquen a la agricultura intensiva es mucho más baja, al igual que cuentan con menores focos de deforestación. En términos de vida, más de 2500 especies de mamíferos tienen más del 10 % de sus hábitats dentro de estos territorios indígenas. Por lo tanto, si bien los Pueblos Indígenas enfrentan diversas carencias, también poseen conocimientos, prácticas y saberes ancestrales que resultan esenciales para la sostenibilidad ecológica y la preservación de la vida, constituyendo así un patrimonio ambiental de gran relevancia.

La brecha digital agudiza la desigualdad

En relación a las TIC los Pueblos Indígenas se encuentran con varias barreras como es la brecha de conectividad, el deficiente acceso y uso de herramientas digitales, la presencia de sesgos algorítmicos, y la falta de soberanía de datos. A esto se suma la baja presencia indígena en la creación de contenido dentro de estas tecnologías.

Según el informe de la UNESCO “Inteligencia Artificial centrada en los Pueblos Indígenas: Perspectivas desde América Latina y el Caribe” (2023), estos sistemas tienden a reproducir ontologías y epistemologías coloniales, ya que amplifican conocimientos, saberes y prácticas dominantes, pero no incluyen los saberes indígenas, por lo que se concluye que es fundamental un proceso de descolonización y de apropiación local.

El informe de la UNESCO no solo destaca el predominio de ontologías y epistemologías dominantes, sino que también describe una acusada falta de lenguas. En esta línea, en el estudio de la organización Who´s Knowledge? (2022) se relata cómo solo 500 de las más de 7000 lenguas que se hablan en el mundo están representadas en internet. Es decir, algo menos del 7 %, quedando un extenso camino por recorrer para incluir esta enorme cantidad de lenguas que hoy en día no están presentes en la red.

En la actualidad se están desarrollando iniciativas que pretenden superar las barreras que tienen los Pueblos Indígenas en la inteligencia artificial y hay movimientos y organizaciones que ya están trabajando por incorporar estas cosmovisiones. Podemos destacar organizaciones como Tierra Común o el Movimiento de las Tecnologías Alineadas, que están trabajando por introducir estas perspectivas, desde un enfoque proactivo, no solo crítico, incluyendo esta diversidad cultural en la inteligencia artificial. Otras iniciativas que trabajan en esta línea son la International Work Group for Indigenous Affairs o la Alianza Global de los Datos Indígenas (GIDA).

Estos movimientos describen un enfoque que podríamos describir como un tránsito de un modelo de inteligencia artificial a un modelo de sabiduría artificial. En el caso de los Pueblos Indígenas, la sabiduría acoge un elemento que no está tan presente en la inteligencia, como es la capacidad de resolver problemas en función de una historia, de un acervo cultural y de un territorio, un concepto diferente al de inteligencia que evoca capacidades abstractas para resolver problemas complejos. Ese tránsito a la sabiduría artificial tiene un gran potencial para la preservación de las identidades indígenas y para la conservación de un patrimonio cultural y ecológico.

Otro aspecto destacable de estos enfoques es que posibilitan democratizar la inteligencia artificial, permitiendo incluir una diversidad de voces que no estaban presentes. Así, esta sabiduría artificial acogería la posibilidad de aprovechar el acervo de conocimiento ya que las tecnologías se deben adaptar a la sociedad y a su demos. Siguiendo el sentido etimológico de demos, este no solo atiende a un pueblo, sino que es un concepto que incluye una dimensión territorial, ya que los demos en la Antigua Grecia eran los distritos territoriales locales, siendo estos una de las bases de la organización política.

A nivel regional, El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y el International Development Research Centre (IDRC) apoyan el proyecto “Fortalecimiento de la Red de Investigación e Innovación sobre y con Pueblos Indígenas” que trabaja por consolidar una red regional de proyectos locales por medio del conocimiento, la formación y el diálogo intercultural con las comunidades indígenas en políticas públicas, tecnologías emergentes, y derechos. Este proyecto busca dar protagonismo a estas comunidades y a sus mujeres, como portadoras clave de conocimientos ancestrales que se enfrentan a múltiples barreras.

En definitiva, con el objeto de afrontar los grandes retos de sostenibilidad de la biosfera y recuperar saberes con un gran valor cultural, se debe incluir a los Pueblos Indígenas como sujetos de conocimiento y no solo como objeto de estudio, dándoles un espacio en la construcción de contenido e incorporando sus saberes al acervo de conocimiento mundial.

Las claves de la victoria del “No” en Ecuador

Por

María Villarreal | Leonardo Magalhães

19 noviembre, 2025

El domingo 16 de noviembre, Ecuador celebró una consulta popular y un referéndum constitucional. Fue la séptima votación en apenas dos años, pero no una más. En el país, hoy gobernado por Daniel Noboa, el paquete de reformas sometido a votación implicaba un giro de 180 grados: convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas y eliminar la financiación estatal a los partidos políticos. En las cuatro preguntas ganó el “No” de forma contundente, con porcentajes entre el 53% y el 61%. Las iniciativas más rechazadas fueron la sustitución de la Constitución vigente y la posibilidad de instalar bases militares extranjeras. Pero más allá de los números, ¿qué mensaje deja esta victoria rotunda del “No”?

En un país, antes considerado un oasis de calma, pero que hoy se ha convertido en el más violento de la región, la victoria del «No» en el referéndum y consulta popular del pasado fin de semana sorprendió a quienes leían el escenario ecuatoriano como un simple referéndum sobre la popularidad de Daniel Noboa. El presidente aún cuenta con altas tasas de aprobación, pero un análisis profundo de los datos de la opinión pública, como la encuesta nacional de IPSE Global realizada en octubre, revela que el resultado fue la crónica de una derrota anunciada, y el desenlace de una tensión acumulada en un electorado dividido entre el temor al crimen y el miedo a un poder sin límites.

Noboa llegó a la presidencia con un mandato claro: restaurar el orden en un país asediado por el narcotráfico. Su respuesta, declarando un «conflicto armado interno» y aplicando una política de «mano dura» con una masiva militarización, resonó con un clamor popular. Aunque se han obtenido algunos logros, sobre todo en la incautación de drogas, el creciente autoritarismo y la estrategia de mano dura del gobierno han provocado crecientes violaciones a los derechos humanos y no han sido capaces de resolver los problemas estructurales de la ciudadanía. Por ello, pese a que los ecuatorianos apoyan las políticas de mano dura, rechazan la bukelización del país y, sobre todo, no están dispuestos a firmar un cheque en blanco y a entregarle poder total al presidente. La encuesta reveló, por ejemplo, que un 61.5% de la población general ya siente que el país es gobernado mediante «decisiones autoritarias que violan las leyes». Este temor latente a una forma de hacer política basada en el poder sin contrapesos fue el motor del «No».

El pueblo ecuatoriano, en un acto de sofisticación política, diferenció la acción del gobierno de la estructura del poder. Le entregó a Noboa una espada para combatir al crimen, pero se negó a darle la pluma para reescribir las reglas del juego democrático.

La agenda virtual del gobierno versus la agenda real del ciudadano

El gobierno de Noboa cometió un error de cálculo fundamental: se mostró excesivamente optimista y creyó que su agenda era la agenda del pueblo. A pesar de contar con ingentes recursos públicos y apoyo mediático, tuvo una estrategia comunicacional confusa y explicó que sólo ofrecería los detalles de su proyecto constitucional para el país en un futuro próximo. Sin embargo, mientras el presidente proponía un debate constitucional para rediseñar el marco político del país, la ciudadanía estaba anclada en preocupaciones mucho más inmediatas. La encuesta realizada por IPSE Global reveló que un 86.3% de los ecuatorianos siente el impacto del aumento del costo de vida, especialmente en alimentos y transporte. La economía, y no la arquitectura del Estado, era su principal angustia.

Además, la campaña del «Sí» subestimó el apego a la actual Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 con más del 63% de los votos. La Constitución es garantista en materia de derechos y representa un marco en la agenda ambiental, al ser la primera en el mundo en incorporar los Derechos de la Naturaleza. El apoyo a la actual Carta Magna fue mayoritario en diversos colectivos, especialmente entre las mujeres. Con un 70.1% de evaluación positiva de la Carta Magna entre el electorado femenino, ellas se erigieron como las grandes guardianas del orden institucional vigente. El «No» tuvo un rostro de mujer, defendiendo derechos y un marco legal que sienten como propio.

Incluso la propia base electoral del presidente no era un monolito. Nuestro dato más revelador fue que casi la mitad de sus votantes (48.1%) no tenía una opinión negativa de la Constitución actual. Apoyaban al presidente, pero no necesariamente su proyecto de reforma total, demostrando que la lealtad al líder no implicaba una adhesión ciega a su agenda. Además, si bien en Ecuador se acepta y se reconoce la relevancia de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, los ciudadanos asumen que este proceso tiene límites y rechazan mayoritariamente la instalación de bases extranjeras en el país: el No a esta pregunta obtuvo el 60.85% de los votos en el referéndum y consulta popular.

Gobernabilidad en la cuerda floja

Los resultados de la reciente votación dejan a Noboa en una posición de extrema vulnerabilidad a mediano plazo. Su legitimidad depende casi exclusivamente de su éxito en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta es una guerra de desgaste. Como muestra un informe reciente de Crisis Group, la violencia en el país aún es mayoritaria y se ha transformado, con el aumento de la extorsión y los secuestros, mientras que la fragmentación de las grandes bandas criminales crea nuevas y sangrientas disputas.

Si la percepción de seguridad se deteriora, el capital político de Noboa se evaporará. Sin la bandera de la seguridad, y habiendo fracasado en su intento de acumular más poder, su gobierno corre el riesgo de convertirse en una administración sin propósito ni herramientas.

El «No» ha fortalecido a una oposición diversa y ha dotado de nuevas herramientas a los poderes Legislativo y Judicial para que actúen como un contrapeso firme. Cualquier intento de gobernar por decreto o de desafiar los límites institucionales —un camino de alto riesgo similar a las crisis institucionales vistas en otros países de la región como Perú—, podría activar la desconfianza de la mayoría de la población ecuatoriana y precipitar una crisis de gobernabilidad.

Pese a las múltiples crisis que atraviesa el país, la victoria del “No” dejó claro que ideas y conceptos como democracia, soberanía, derechos humanos y medio ambiente siguen teniendo un valor central para los ecuatorianos, quienes exigen un gobierno efectivo —más allá de las promesas— capaz de atender sus problemas cotidianos. La crisis de seguridad no solo requiere medidas de combate contra el crimen organizado, sino también reformas estructurales en justicia, sistema penitenciario, políticas sociales, cooperación internacional, control de armas y financiamiento del crimen. Al mismo tiempo, desafíos como la pobreza, el desempleo y el deterioro de los servicios de salud y educación no pueden seguir siendo relegados.

El mercado laboral regional: crecimiento que no formaliza, recesión que precariza

Por

Andrés Abril Arteaga | Karla Meneses Bucheli | León Padilla

19 noviembre, 2025

Los países de la región se caracterizan por ser economías pequeñas y abiertas, lo que hace que su crecimiento esté fuertemente condicionado por el nivel de actividad económica global, en particular por Estados Unidos, China y la Unión Europea, que concentran cerca del 70% del comercio total de la región. Algunos estudios demuestran que, si el mundo crece 1%, la región lo hace de forma proporcional. Esta particularidad plantea múltiples desafíos para gestionar los acontecimientos externos, al tiempo que evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y productiva de la región.

La respuesta de los países de América Latina a los cambios en el entorno internacional tiende a ser desigual o asimétrica. Cuando factores externos impulsan el crecimiento regional —como el aumento en los precios de los commodities— se observan mejoras en las condiciones económicas de la población. Sin embargo, cuando estos factores externos inducen una recesión, sus efectos suelen ser más profundos y prolongados que los de los períodos de bonanza, lo que refleja una mayor vulnerabilidad.

Esta asimetría puede explicarse por: estructuras productivas poco diversificadas y, en algunos casos, dependientes de los commodities y de la volatilidad de sus precios; concentración comercial en pocos socios; debilidad institucional; bajo encadenamiento productivo y rezagos en infraestructura y tecnología; y un alto grado de informalidad laboral.

Entre la formalidad y la sobrevivencia laboral

El mercado laboral en la región se caracteriza por una marcada dualidad en la estructura del empleo que se refleja en la coexistencia de dos perfiles opuestos. Por un lado, el empleo formal, que concentra en promedio al 48,7% de los trabajadores y se asocia con mejores condiciones laborales y salariales, así como con mayores niveles de productividad. Y, por otro lado, el empleo informal representa en promedio el 51,3% del total y, en contraste, ofrece condiciones precarias, con ingresos y beneficios laborales inferiores a los del sector formal.

En épocas de expansión, el empleo formal crece mientras disminuye el informal. Por el contrario, en períodos de desaceleración económica ocurre lo contrario: el empleo formal se contrae, aumenta la informalidad y el desempleo. Es decir, el empleo informal opera tanto como un sector de supervivencia —al ofrecer una alternativa inmediata de ingresos ante la pérdida del empleo formal en contextos donde los seguros de desempleo son poco eficaces— como una puerta de acceso al mercado laboral, dado que exige menores requisitos de productividad para quienes inician su vida laboral.

En el caso del desempleo, suele mantenerse prácticamente inalterado independientemente de la fase del ciclo económico, ya que la mayor parte del ajuste se concentra en la dualidad del empleo. Por ejemplo, durante el principal periodo de auge económico de América Latina y el Caribe en lo que va del siglo (2004–2006), con un crecimiento promedio anual del 4,7%, la tasa de desempleo fue del 7,6%. En contraste, en el periodo de menor expansión —sin considerar la pandemia de Covid-19— entre 2014 y 2016, con un crecimiento promedio de apenas 0,46% anual, el desempleo registró una tasa similar (7,7%).

Por ello, no resulta sorprendente que varios países latinoamericanos presenten tasas de desempleo relativamente bajas, incluso inferiores a las de algunas economías desarrolladas. En promedio, entre 2000 y 2024, la tasa de desempleo en América Latina fue del 7,7%, mientras que en la Unión Europea alcanzó el 8,7%. Esta aparente estabilidad no refleja una situación de pleno empleo, sino más bien un escenario de dualidad laboral que requiere un análisis bajo una óptica distinta.

Un estudio realizado por la Universidad de las Américas (UDLA) para 16 países de América Latina encontró que el empleo asalariado —en su mayoría formal— no reaccióna ante los aumentos de la demanda externa. Una posible explicación es la combinación de altas regulaciones y baja eficiencia del mercado laboral: los procesos de contratación son lentos y costosos, lo que lleva a las empresas a evitar incorporar personal en épocas de bonanza y optar, en cambio, por aumentar las horas de trabajo.

Por el contrario, cuando la demanda externa se reduce, sí se observa una caída del empleo asalariado. Esto confirma que los periodos de crisis afectan con mayor fuerza, generando despidos en empleos de calidad y profundizando la precariedad del mercado laboral en la región. Además, el estudio identificó que el empleo por cuenta propia —en su mayoría informal— responde de forma desigual a los ciclos externos: aumenta con mayor fuerza y persistencia durante las crisis que lo que se reduce en los períodos de bonanza.

Una dinámica similar se observa en el desempleo, aunque con menor intensidad y una respuesta más tardía. Esto evidencia que las recesiones externas deterioran las condiciones del mercado laboral en la región con mayor profundidad y duración que los períodos de expansión logran mejorarlas.

Por lo tanto, las buenas condiciones económicas no logran traducirse en mejoras sostenidas del empleo. El trabajo asalariado no aumenta debido a diversos factores estructurales de la región, como la estructura productiva, la normativa laboral, la baja acumulación de capital humano y las estrategias empresariales de contratación, entre otros. Sin embargo, cuando las condiciones empeoran, se produce una marcada precarización laboral, reflejada en la reducción del empleo asalariado y el aumento del trabajo por cuenta propia. Además, esta precarización no solo afecta la calidad del empleo, sino también su cantidad. Con el tiempo, incluso el trabajo por cuenta propia resulta insuficiente para sostener económicamente a los hogares, lo que lleva a que muchos trabajadores terminen atrapados en el desempleo.

Diversificación y formalización: pilares para un futuro mejor

Estos hallazgos evidencian que América Latina necesita con urgencia repensar su forma de enfrentar los ciclos económicos globales. En el plano de las políticas públicas, resulta esencial avanzar hacia reformas estructurales que acompañen la trayectoria laboral de las personas con educación, estabilidad y protección efectiva. Esto implica fortalecer los sistemas educativos como principal herramienta para mejorar la empleabilidad y las oportunidades a lo largo de la vida laboral; simplificar trámites y modernizar los mecanismos públicos que faciliten la creación de empresas y la contratación; revisar la carga y complejidad tributaria que limita la formalización; y consolidar mecanismos de protección social —como seguros de desempleo más eficientes— que permitan a los trabajadores enfrentar los periodos de crisis sin verse obligados a recurrir a la informalidad.

Además, es indispensable fomentar un entorno de inversión competitivo y potenciar las industrias más productivas, aquellas capaces de diversificar la estructura económica y reducir la dependencia de unos pocos sectores o mercados externos. Sin una institucionalidad más sólida y una estrategia de desarrollo clara y de largo plazo, la región continuará atrapada en esta dinámica de crecimiento efímero y retrocesos profundos.

En este marco, el sector privado debe asumir un rol más activo en la transformación del mercado laboral. Es fundamental que las empresas apuesten por la formalización, no solo como una obligación legal, sino como una inversión estratégica en productividad, estabilidad y bienestar para sus trabajadores. En contextos de crecimiento, resulta igualmente importante que las compañías puedan responder con mayor agilidad al aumento de la demanda, evitando estructuras rígidas que limiten la contratación y la expansión sin descuidar las garantías del trabajador.Impulsar la capacitación laboral, la digitalización y la innovación empresarial es clave para facilitar esta transición hacia un entorno más competitivo y sostenible. En síntesis, la región debe romper con la inercia de reaccionar tarde y con costos sociales elevados ante las crisis externas. Solo así será posible construir un mercado laboral más resiliente, productivo y capaz de transformar los períodos de bonanza en crecimiento sostenido que mejoren la calidad de vida de la población.

Escenarios de violencia en México

Por

Carlos Barrachina

18 noviembre, 2025

La mayoría de los mexicanos han naturalizado la violencia en sus vidas. Se cuidan mínimamente, pagan extorsiones y tratan de no meterse en problemas. Otros muchos, que no pueden o no quieren pagar las imposiciones protestan con miedo, algunos pierden la vida o ven desaparecer familiares. Y otros, son obligados a entrar en la lógica criminal y acaban sufriendo las consecuencias.

Comprender la violencia en México exige una mirada más allá de las cifras nacionales, ya que cada municipio refleja dinámicas propias donde confluyen factores sociales, políticos y criminales que moldean realidades contrastantes. Para dimensionarla adecuadamente, es necesario analizarla desde el nivel local, donde se observa cómo coexisten, dentro de una misma entidad federativa, territorios con alta conflictividad, zonas bajo control criminal y regiones en las que la presencia del Estado es apenas perceptible. En el caso mexicano, esta complejidad se manifiesta en cuatro escenarios distintos de violencia, que reflejan la diversidad de contextos y desafíos que enfrenta el país.

Cuatro escenarios de la violencia

El primer escenario de violencia es el que se presenta en municipios con una gran presencia del Estado y del crimen organizado, en dónde el índice de asesinatos es muy alta y supera tasas de 60 por cada cien mil habitantes, superando en diferentes años tasas de 100. Municipios con más de medio millón de habitantes como Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) superan las 1,000 muertes violentas al año, mientras que Cancún (Quintana Roo), Acapulco (Guerrero), Celaya o Irapuato (Guanajuato) tienen cifras que varían de 500 a 800 homicidios al año. Entre los municipios que tienen menos de medio millón de habitantes destacan Playa del Carmen, Tulum (Quintana Roo) o Cajeme (Sonora), entre otros.

El segundo escenario corresponde a la mayoría de las áreas urbanas, que se mueven en tasas de homicidios que varían de 10 a 30 por cada 100.000 habitantes. No se superan en general los 200 homicidios al año, y éstos se concentran especialmente en las áreas marginales de las áreas metropolitanas de ciudades como Guadalajara y Monterrey, o como delegaciones de la Ciudad de México como Iztapalapa o Cuauthémoc entre otras.

El tercero se encuentra en zonas en las que la presencia del Estado no es fuerte o constante, y en dónde la dinámica de enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado provoca que las tasas de homicidios superen los 50 por cada cien mil habitantes. Este contexto se encuentra especialmente en áreas rurales de municipios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y más recientemente en diferentes municipios de Sinaloa y Tabasco.

Finalmente, el cuarto escenario es aquél donde el crimen organizado tiene el control del territorio y el Estado no tiene presencia efectiva. En estos espacios hay índices moderados y bajos de violencia homicida, pero se presume un importante número de desaparecidos y los ciudadanos están sometidos al control social y político de los delincuentes. Ello sucede especialmente en Tamaulipas, Veracruz, y espacios del sureste mexicano como Tabasco, Chiapas, Campeche y las comunidades rurales de Quintana Roo.

¿Un Estado fallido?

En el caso de los dos primeros escenarios, la importante presencia del Estado hace que no sea adecuado señalar la debilidad estatal, sin embargo, es muy claro que la respuesta del Estado ha sido claramente ineficiente para controlar la violencia. Hasta el momento, las diferentes estrategias de gestión de la inseguridad han fracasado en México.

En cuanto al tercer y cuarto escenario, se puede abrir el debate sobre si en estos casos podemos hablar de un Estado fallido y en cómo se debe fortalecer el mismo para recuperar la gobernabilidad democrática efectiva. La falta de policías profesionales, bien pagados y confiables a nivel local, y la apuesta por una respuesta militarizada a la violencia hace que sea muy difícil gestionar estas situaciones ya que no hay presencia ni inteligencia efectiva sobre el territorio.

El cuarto escenario es particularmente muy delicado porque demuestra que los indicadores de homicidios no son determinantes para saber si el crimen organizado tiene el control efectivo sobre la población. Y sin un conocimiento profundo del terreno, es muy difícil saber si estamos ante una zona libre de violencia o ante una zona controlada por grupos de la delincuencia organizada.

Persistencia de la violencia

La violencia ha persistido a lo largo de los años en amplias zonas del país y se traslada de forma puntual según estalla algún conflicto o se llega a algún pacto. Se encuentra presente en toda la geografía nacional pero para ser interpretada debe analizarse con atención el nivel local. Los esfuerzos de las autoridades para maquillar las cifras de homicidios a lo largo del país, no logran ocultar su importante dimensión e impacto, que además, se complica con el aumento de los desaparecidos que en 2015 no llegaban a los 4,200 y en 2024 superaron los 13,200.

Las interrogantes para los próximos años se centran en conocer si la estrategia de la actual administración de Claudia Sheibaum dará resultados (hasta el momento no se visualiza un cambio en la tendencia) y cuáles son los efectos de las leyes antiterroristas aprobadas por Estados Unidos.

¿Qué pasará si Estados Unidos fuerza a que se dejen de pagar extorsiones bajo el argumento de que las mismas suponen una colaboración con actividades terroristas?

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