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Una región, todas las voces

Raíces de la resiliencia: salvaguardando los manglares del Caribe

Por
Carlos Eduardo Correa
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La región del Gran Caribe, que abarca el Golfo de México, el Mar Caribe y los Grandes Ecosistemas Marinos de la Plataforma Norte de Brasil, alberga al 26% de los manglares del planeta. Por ello, la urgencia de proteger estos frágiles ecosistemas es innegable. Entre 1980 y 2010 se perdieron en la región 7.000 km² de manglares a un ritmo de 230 km² por año. Si este ritmo continúa, los manglares podrían desaparecer por completo del Caribe en 60 años.

Los manglares son esenciales para la resiliencia climática: capturan carbono, reducen el riesgo de inundaciones y protegen la calidad del agua para las comunidades costeras. En el Caribe, constituyen una barrera crucial para las comunidades cada vez más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por la crisis climática. Además de la protección, estos ecosistemas apuntalan la seguridad alimentaria y el sustento económico de millones de personas en todo el mundo, actuando como criaderos naturales para casi 800 mil millones de peces, camarones, bivalvos y cangrejos cada año.

A menos de 100 días de que se celebre la COP30 en Belém, Brasil, la urgencia de acelerar la acción colectiva y mostrar resultados concretos nunca ha sido tan evidente. Como Embajador Global de Mangrove Breakthrough, estoy comprometido con nuestro ambicioso objetivo: movilizar 4 mil millones de dólares para proteger y restaurar 15 millones de hectáreas de manglares a nivel mundial para 2030. Más de la mitad de los 40 gobiernos nacionales y subnacionales que han respaldado la iniciativa provienen de América Latina y el Caribe, incluyendo Jamaica, República Dominicana, Cuba, México y Brasil, que ostenta la presidencia de la COP30.

Los manglares brindan un apoyo fundamental a las comunidades costeras que se encuentran en la primera línea de la crisis climática. En una región altamente vulnerable a huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos, los manglares actúan como barreras naturales vitales, protegiendo a las comunidades de inundaciones y vientos fuertes durante las tormentas, además de frenar la erosión. Además, pueden reducir la altura de las olas hasta en un 66%, proporcionando un soporte crucial para las zonas costeras a medida que sube el nivel del mar.

La protección y restauración de los manglares no solo es esencial para su propia supervivencia, sino también para la salud de los arrecifes de coral y las praderas marinas, que están funcionalmente vinculados y son igualmente vitales para la región. El Caribe alberga el 10% de los arrecifes de coral del mundo, y el ritmo actual de deforestación de manglares amenaza con devastar el funcionamiento, la pesca, la biodiversidad y la resiliencia de estos arrecifes.

Una mayor degradación de estos ecosistemas interconectados podría asestar un golpe devastador a los medios de vida que dependen de ellos. Las poblaciones de peces de manglares, de las que dependen muchas comunidades costeras, han ido disminuyendo con el tiempo. Un estudio realizado en 2020 por los Centros Nacionales de Ciencias Oceánicas Costeras reveló que la biodiversidad en una bahía de manglares en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos había disminuido entre un 30% y un 50% en comparación con tan solo unas décadas antes.

El turismo de manglares también ofrece importantes oportunidades económicas en el Caribe, una región donde esta actividad económica representa casi el 31% de su PIB. A nivel mundial, el turismo de manglares genera miles de millones de dólares de ingresos y decenas de millones de turistas cada año.

Los ecosistemas de manglares son sumideros de carbono cruciales, con la capacidad de almacenar hasta cuatro veces más dióxido de carbono que los bosques terrestres. Esta superpotencia los convierte en aliados clave para las naciones caribeñas que buscan cumplir sus objetivos climáticos nacionales e internacionales. Los países que aspiran a ser líderes climáticos ambiciosos deberían priorizar los manglares en sus políticas ambientales.

Si bien los ecosistemas de manglares del Gran Caribe han sufrido disminuciones significativas en las últimas décadas, los próximos años ofrecen una oportunidad crucial para sentar las bases de un futuro más resiliente. Tenemos un camino claro a seguir —a través de iniciativas como Mangrove Breakthrough y con la creciente voluntad política de muchas naciones— para proteger y restaurar estos bosques vitales. Los gobiernos de la región y de todo el mundo han respaldado nuestra iniciativa, al igual que decenas de instituciones financieras, ONG y organizaciones de investigación.

Para asegurar el futuro de las naciones caribeñas, debemos actuar con decisión para proteger los manglares que quedan y restaurar los que ya hemos perdido. El fracaso no es una opción. Al colaborar con organizaciones como la Asociación de Estados del Caribe para impulsar la cooperación regional, podemos adoptar soluciones basadas en la naturaleza que salvaguarden los manglares y los ecosistemas que sustentan. De este modo, sentamos las bases para una verdadera resiliencia, garantizando un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras.

Morena, Sheinbaum y la justicia electa: ¿reforma democrática o concentración de poder?

Por
Alberto Maresca
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Para el público occidental, las elecciones judiciales en México podrían sonar como una clara erosión de los valores democráticos. En particular, los principios rousseaunianos de separación de poderes, al menos desde un punto de vista filosófico, no aceptarían la elección popular de jueces y magistrados en todo el país. Teniendo en cuenta la hegemonía política que Morena, el partido gobernante, ha consolidado desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, e impulsada por la victoria de Claudia Sheinbaum en 2024, es esencial comprender la lógica detrás de este singular modelo de gobernanza democrática.

El sistema judicial vigente y los objetivos de la reforma

Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, el sistema judicial mexicano está arraigado en la tradición del derecho romano y civil, herencia del colonialismo español. En este sentido, puede afirmarse que la estructura judicial mexicana, antes de la reforma, se asemejaba plenamente a los marcos liberales predominantes en las naciones occidentales.

En materia de división de poderes, el artículo 49 de la Constitución mexicana de 1917 —nacida del periodo revolucionario— establece con claridad que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no pueden concentrarse en una sola persona. Este detalle legal es clave para afirmar que la reforma judicial mexicana no pretende distorsionar el orden constitucional por el que tanto se ha luchado y que se consolidó tras la Revolución Mexicana de 1910-1917, cuyo objetivo central fue derrocar al dictador Porfirio Díaz.

La reforma impulsada por AMLO y Sheinbaum implica una transformación acelerada de la estructura judicial. Los artículos 94 a 107 de la Constitución establecen tres niveles: la Suprema Corte, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Antes, el presidente de la República nominaba a los ministros de la Suprema Corte y el Senado los elegía. A nivel federal, los jueces locales eran seleccionados mediante exámenes organizados por el Consejo de la Judicatura Federal. Pese a su apariencia competitiva e independiente, el sistema judicial mexicano careció de verdadera autonomía durante los 79 años de gobierno del PRI y tampoco pudo escapar al nepotismo y al clientelismo.

Reticencias y cuestiones democráticas

Tras las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, la presidenta Sheinbaum defendió el experimento electoral alegando que el poder judicial mexicano padece un nepotismo endémico que genera una herencia dinástica de jueces nombrados que podría cubrir la mitad del sistema. Sus palabras cuentan con respaldo histórico y empírico: algunos estudios han encontrado correlación entre la presencia de familiares de jueces en el sistema y la baja productividad judicial, incluso en la Suprema Corte.

Cabe recordar que AMLO pudo presentar la iniciativa para autorizar la elección popular de jueces no solo por la hegemonía de Morena, sino también porque el 66% de la sociedad mexicana aprobó la medida. Sin embargo, elegir por voto popular a jueces desde tribunales locales hasta la Suprema Corte ha suscitado dudas sobre la división de poderes y las capacidades de los candidatos. Entre los requisitos para postularse destacan tener título de licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de 8/10 y, para la Suprema Corte, al menos tres años de experiencia profesional.

¿Es México el único país que elige a sus jueces?

La singularidad de las elecciones judiciales mexicanas mezcla exotismo y escepticismo, pero basta mirar al norte para relativizarla. Según la Universidad de Chicago, en Estados Unidos alrededor del 87% de los 10,000 jueces estatales enfrentan al electorado en algún momento de su carrera. Sin embargo, estas elecciones suelen estar mediadas por la dependencia de los partidos Republicano y Demócrata y sus primarias, lo que las hace menos directas que el modelo mexicano. De forma similar a México, Bolivia también elige por voto directo a miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. 

Este contexto demuestra que los mexicanos no son los únicos con el derecho de elegir directamente a sus representantes judiciales. No obstante, es posible que los contrapesos y la separación de poderes hayan cedido prioridad frente a la participación popular. En estándares europeos y occidentales, esta afirmación puede sonar como una reducción de la gobernanza democrática. Y dentro de México, las críticas han sido abundantes: votantes denunciaron confusión en las casillas debido al gran número de candidatos desconocidos.

Una valoración política

Las elecciones judiciales mexicanas no constituyen un patrón universal para comprender el rol ciudadano en la justicia a nivel global. Para interpretar la participación, es necesario considerar las características de México: diversidad étnica, gran extensión territorial —del árido norte a la costa caribeña— y una amplia gama de factores políticos, sociales y económicos que lo hacen un país heterogéneo.

A nivel nacional, solo el 13% del electorado votó, con baja participación en Chiapas —el estado más pobre— y en Sinaloa, afectado por la violencia. La elección también amplió la presencia de Morena en el poder judicial: de los 9 ministros electos para la Suprema Corte, 5 tienen vínculos directos o indirectos con AMLO y Morena. Dado que Morena ya controla el Congreso y varias gubernaturas, el riesgo para la separación de poderes es real, aunque presentarlo como una amenaza a la democracia es una lectura reduccionista de la política latinoamericana.

A pesar de la controversia, las elecciones permitieron que Hugo Aguilar, un jurista indígena, asumiera la presidencia de la Suprema Corte, algo inédito en un país históricamente poco diverso en sus cúpulas de poder. El regionalismo también influyó, y el Grupo de Puebla —una coalición de presidentes latinoamericanos de izquierda— elogió la medida para someter a jueces y magistrados a la rendición de cuentas públicas.

Si bien la etiqueta de populista puede aplicarse tanto a la motivación como a la ejecución de estas elecciones, también subraya el énfasis tradicional en la soberanía nacional, particularmente relevante en un momento complejo para la política exterior de México frente a las amenazas de la Casa Blanca de Trump.

Queda por ver si estas elecciones servirán como nuevo modelo de gobernanza para América Latina y el Sur Global o si marcarán el primer tropiezo de la administración Sheinbaum. En cualquier caso, analizarlas exige un grado considerable de relativismo cultural y conciencia del contexto político mexicano. Aunque el pueblo mexicano aprobó la creación de elecciones judiciales populares, el bajo nivel de participación revela que el entusiasmo por el principio no se tradujo en confianza en su implementación.

El tiempo dirá cuál será el legado de esta reforma y si los nuevos jueces, ahora bajo la lupa de votantes y medios, logran resultados tangibles. Por ahora, el mundo observa el intento de México por innovar el concepto de separación de poderes y ampliar la participación popular en el juego de la democracia, desafiando nociones eurocéntricas y liberales de contrapesos institucionales. Las consecuencias, positivas o negativas, de la reforma dependerán en gran medida de los resultados judiciales tangibles y de la relación de los tribunales con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Bolivia: cierre del ciclo del MAS y giro al centro político

Por
Franz Flores
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El pasado domingo Bolivia asistió a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y 130 legisladores entre senadores y diputados. Los resultados sorprendieron porque el ganador fue Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 32,1% de los votos, al que ninguna de las más de 18 encuestas daban como líder. Los favoritos Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina lograron el 26,8% y el 19,8% de los votos respectivamente. Por su parte, aunque ya anunciado pero no por eso menos sorpresivo, el MAS sufrió la más humillante de las derrotas: de ser un partido dominante durante casi 20 años, se quedó con el 3,2% de los votos y obteniendo un solo diputado. 

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Como Rodrigo Paz logró ganar la elección? ¿Cómo fue que la oposición de derecha terminó perdiendo la elección? Durante todo el proceso electoral, Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Tuto Quiroga de LIBRE, que se ofrecían como la alternativa al MAS lideraron todas las encuestas. Esto hizo que a inicios de este año se generara gran expectativa respecto a una unidad de la oposición para “hacerle frente al MAS”. Esta iniciativa terminó fracasando y la imágen de ambos políticos ante la opinión pública se vio degradada por la disputa por intereses personales que podría abrir la posibilidad al MAS de mantenerse en el poder.

Ya en plena campaña, Quiroga y Doria Medina, quienes creyeron en las encuestas y se convencieron de que irían a la segunda vuelta electoral empezaron a atacarse y en las redes sociales se desató una guerra sucia con noticias falsas y calumnias mutuas. Mientras los candidatos mencionados se desgastaban, Rodrigo Paz estuvo fuera de la disputa logrando desplegar su prédica electoral sin mayores problemas ni turbulencias. Paz, propuso capitalismo para todos, o “platita para todos”, prometiendo mas subvenciones, reducción de impuestos y aranceles. Es decir una propuesta más cercana a la izquierda estatista que a la liberal de  Tuto y Samuel.

En este sentido y dada la crisis económica, la mayoría consideró que hacen falta políticas que reactiven la economía y estabilicen el tipo de cambio, una buena parte de la clase media y pobre sintió temor ante las propuestas de shock que agravarían aún más su (precaria) situación económica. Abiertamente, tanto Quiroga como Doria Medina, tomaron como ejemplo a seguir las propuestas radicales del presidente argentino Javier Milei. Paz con una propuesta mas moderada logró captar la atención de una buena parte del electorado.

Por otra lado, en esta elección se trató de proyectar renovación. Desde la izquierda con Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, ambos menores de 40 años y provenientes del tronco del MAS. Pero mientras que a del Castillo le jugó en contra el pesado lastre de ser el candidato del mal gobierno de Arce, a Rodriguez le pesó ser un candidato al que la derecha criticaba por su cercanía a Morales, al mismo tiempo que el mismo Morales lo acusaba de traidor. Mientras que en la derecha, no se podía hablar de renovación ni de ideas nuevas: Quiroga como Doria Medina viejos son políticos que han sobrevivido al agotamiento del sistema de partidos previo al ascenso de Evo Morales en 2006 y que ofrecían una receta, ya probada, como la desestatización y la economía de mercado. 

En este contexto, quien tenía las de ganar era el binomio del PDC compuesto por Rodrigo Paz y Edman Lara. Aunque Paz es un político fogueado con 26 años de trayectoria, sobre todo como líder subnacional, en el caso del ex capitán de policía Edman Lara se trataba de un clásico outsider que, con una prédica en redes sociales, había logrado colocarse como el adalid de la lucha contra la corrupción. Lara había denunciado previamente a miembros de la institución del orden por actos de corrupción y en agosto de 2024 fue dado de baja de forma definitiva de la Policía boliviana.

De todos modos, cuando se mira los datos desde una perspectiva territorial, se percibe que la disputa política en Bolivia tiene un fuerte componente regional. El PDC -MAS en su momento- ganó en departamentos como Oruro, Potosí y La Paz, más la populosa ciudad de El Alto con un promedio superior al 45%. En cambio, Quiroga y Doria Medina tienen buena votación en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la otrora “media luna” donde un partido que viene de occidente siempre tiene problemas para llegar al electorado.

Rodrigo Paz y Tuto Quiroga definirán la elección en balotaje el 19 de octubre. El desafío para Paz radica en avanzar electoralmente sobre el departamento de Santa Cruz y los espacios urbanos más acomodados. Y para Quiroga, el reto se centra en convencer a los sectores medios y pobres, de las bondades de un modelo económico de mercado como alternativa al del MAS pero sin gran afectación a los sectores de menos ingresos. 

Luego de casi 20 años, la gente optó por clausurar el ciclo del MAS en el poder e iniciar otro que no es la de los extremos políticos, sino del centro político. Es una muy buena señal para el momento de crisis por el que atraviesa el país.

Del aguante a la resiliencia: el futuro del desarrollo en América Latina y Caribe

Por
Sabina Alkire   |   Michelle Muschett
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La trayectoria de desarrollo de América Latina y el Caribe atraviesa por una etapa de vulnerabilidad e incertidumbre sin precedentes.  Los significativos logros de décadas pasadas y la posibilidad de seguir progresando se ven amenazados por el impacto de las crecientes tensiones geopolíticas, desafíos estructurales pendientes y el incremento de crisis de distinta naturaleza —ambientales, políticas, sanitarias, tecnológicas y sociales— que se entrelazan y potencian entre sí, magnificando su impacto y desbordando la capacidad de respuesta de las instituciones. Ante este panorama, se impone una pregunta fundamental: ¿cómo proteger las ganancias en materia de desarrollo humano, al tiempo que se continúa avanzando dentro de esta nueva realidad?

La respuesta la encontramos en la propia esencia del concepto de desarrollo humano. Desde su formulación por los autores del primer Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD en 1990, los economistas Amartya Sen y Mahbub ul Haq, el foco de este concepto se centra en ampliar las capacidades de las personas para que podamos tener vidas que consideremos valiosas y significativas. No se trata solo de ingresos o bienes materiales, sino de salud, educación, participación, libertad y dignidad. Pero el desarrollo humano no es estático y puede estar sujeto a retrocesos.  Para proteger sus avances ante choques recurrentes y continuar ampliando capacidades, es esencial de dotar al desarrollo de resiliencia como requisito incondicional.

Más allá de resistir

En el contexto del desarrollo humano, la resiliencia no se reduce a resistir o aguantar los impactos sobrevenidos, ni a restablecer el estado anterior.  Es la capacidad y agencia del ser humano de disfrutar vidas valiosas de tal manera que pueda prevenir o mitigar el impacto de crisis, en su vida y la de su comunidad, y en caso dado, de poder recrear vidas valiosas y continuar prosperando.  Supone que las personas y comunidades podamos reorganizarnos, adaptarnos y seguir adelante, incluso —y, sobre todo— en medio de la adversidad. Un sistema es resiliente no porque sea inmune a los choques, sino porque sabe responder de forma efectiva, aprender de la experiencia y salir fortalecido.

Así como una casa es resiliente si, aun con materiales modestos, resiste el sismo, protege a sus habitantes y permite seguir viviendo, un sistema de salud lo es si ante una pandemia, pese a sus limitaciones, reorganiza sus recursos, moviliza a su personal, acoge voluntarios, solicita y absorbe ayuda externa, brinda apoyo psicológico, reconoce el esfuerzo colectivo y deja capacidades instaladas para enfrentar futuras emergencias. Lo esencial no es evitar todo daño -esto no sería posible-, sino reaccionar con sentido y fortalecer el sistema a partir de la experiencia. En conclusión, la resiliencia no se improvisa, se construye.

Agencia, capacidades y seguridad humana

Un desarrollo humano resiliente se sostiene sobre tres pilares fundamentales: las capacidades, la seguridad humana y la agencia. Las capacidades son las oportunidades reales que tenemos las personas para vivir una vida que consideramos valiosa: estar sanas, aprender, participar, trabajar con dignidad. La seguridad humana protege ese núcleo esencial frente a amenazas persistentes o repentinas, como el hambre, la violencia, los desastres naturales o las enfermedades. La agencia, por su parte, es la capacidad de actuar según los propios valores. No se trata solo de sentirse parte y poder elegir, sino de influir activamente en la propia vida y en el entorno: organizarse, participar en lo público, imaginar alternativas incluso en medio de la crisis.

Cuando las personas vivimos en contextos de limitación de libertades o de inseguridad —marcados por ejemplo por la violencia, la precariedad o la exclusión— nuestra agencia tiende a debilitarse. Podemos retraernos, desconfiar de los demás, desmovilizarnos o adoptar posiciones extremas. Por eso, una visión resiliente del desarrollo no puede limitarse a lo material: también debe fortalecer la confianza interpersonal y el sentido de pertenencia, el tejido emocional, relacional y cívico que nos permite actuar, decidir y reconstruir.

Un enfoque urgente para América Latina y el Caribe

La necesidad de incorporar la resiliencia al desarrollo humano es particularmente apremiante en América Latina y el Caribe. Sin una perspectiva resiliente, cada crisis puede significar pérdidas importantes de desarrollo. Por el contrario, si los agentes y actores del desarrollo integramos la resiliencia en nuestra gestión y accionar, es posible prepararnos mejor colectivamente, minimizar daños y transformar los sistemas a partir de cada experiencia.

Esto implica desde la perspectiva de la gestión pública, por ejemplo, que sus políticas públicas anticipen contextos de riesgos —como el diseño e implementación de sistemas educativos que funcionen también en contextos de emergencia; sistemas de protección social que expandan la capacidad de los hogares para sobrellevar crisis, y que tengan mecanismos preestablecidos para expandir beneficios a aquellos que son impactados, o sistemas de cuidados que faciliten la reintegración al mercado laboral. Asegurar redes de apoyo comunitario y mecanismos de ayuda mutua y, sobre todo, fortalecer las instituciones y capacidades personales y colectivas para anticipar, decidir, actuar y adaptarse.

Priorizar lo esencial, incluso con recursos escasos

La resiliencia desde la perspectiva de las políticas públicas requiere inversión, planificación y consensos en torno a una visión de largo plazo. Pero no siempre implica grandes esfuerzos presupuestarios aún en contextos fiscales limitados. La clave está en innovar y priorizar lo esencial: identificar qué capacidades deben protegerse a toda costa, qué servicios deben mantenerse incluso en crisis, qué vínculos deben fortalecerse antes de que se rompan. La innovación no es solo tecnológica. Es también social, institucional y territorial, y la región ya está aplicando instrumentos con gran potencial de escalabilidad e impacto para transformar realidades, ampliar capacidades y generar oportunidades donde antes había exclusión, como puede ser las aplicaciones innovadoras del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) o instrumentos de financiación inclusivos con impacto local.

El enfoque de resiliencia desde una perspectiva de desarrollo humano implica priorizar estratégicamente, tomar decisiones basadas en evidencia, y evitar la improvisación para garantizar impacto local y capacidad de agencia. Además, al dar un lugar explícito a la prevención, la preparación y la recuperación en la agenda de desarrollo y presupuestos públicos, los costos futuros de las crisis pueden reducirse significativamente.

Una brújula de esperanza para tiempos inciertos

El desarrollo humano resiliente protege y adapta el concepto clásico de desarrollo humano a los desafíos de hoy. Combina la mirada transformadora del desarrollo con la precaución de la seguridad humana y con el reconocimiento de las personas como agentes de su destino, aun en medio de la adversidad.

En un mundo con menos certezas, la resiliencia es una brújula ética, práctica y esperanzadora. Para América Latina y el Caribe, es también una oportunidad. No para resignarse al riesgo permanente, sino para convertir cada desafío en un punto de apoyo para sociedades más justas y cohesionadas.

El futuro no está escrito, lo construimos juntos. La resiliencia colectiva debe estar en el centro de nuestras respuestas: es clave para impulsar un crecimiento económico y prosperidad compartida; para una financiación y políticas públicas innovadoras que permitan prevenir, mitigar y reconstruir vidas tras una crisis; y para ampliar el sentido de pertinencia, aumentando la agencia y seguridad humanas. Solo desde la colaboración y la acción colectiva podremos construir un desarrollo y trayectorias de vida valiosas, dignas y resilientes para todas las personas.

Este artículo presenta un avance del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Liderazgo en el exterior, caos en el interior

Por
Lucía González Camelo
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El presidente colombiano Gustavo Petro asumió recientemente la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Como parte de este esfuerzo más amplio por posicionarse como el líder de América Latina, Petro declaró durante una reunión de gabinete que realizaría su visita oficial a China como presidente de la CELAC, y agregó: «Ahora soy dos veces presidente: presidente de Colombia y presidente de América Latina y el Caribe». Esta autoproclamada doble presidencia resume la ambición diplomática de Petro de asumir un rol de liderazgo regional. De hecho, en tan solo seis meses, Petro ha realizado dos visitas oficiales a Haití, donde prometió apoyo para combatir la violencia de pandillas y anunció la reapertura de la embajada de Colombia en Puerto Príncipe. Estos gestos diplomáticos reflejan su visión de la solidaridad latinoamericana y la cooperación Sur-Sur.

Sin embargo, mientras Petro fortalece la presencia de Colombia en el exterior, su gobierno lucha por contener la creciente crisis de seguridad en su país. Los grupos armados están recuperando fuerza, la violencia aumenta y las instituciones responsables del orden público están fragmentadas. Si bien Petro busca elevar el papel de Colombia a nivel mundial y proyectarse como un líder en América Latina, un presidente no puede liderar en el extranjero si no ejerce control efectivo en el frente interno.

Una nación en crisis

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, asumió el cargo en el 2022 con una plataforma política que prometía un cambio transformador, incluyendo un nuevo enfoque al conflicto armado interno. Un elemento central de esta agenda es la iniciativa de la «Paz Total«: una política destinada a negociar la desmovilización y la reintegración de actores armados, tanto políticos como no políticos. Sin embargo, en la práctica, la política ha enfrentado importantes desafíos de implementación y no ha logrado contener el resurgimiento de la violencia.

Desde mayo de 2025, Colombia ha experimentado una ola de ataques por parte de actores armados, principalmente disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, junto con miembros del Clan del Golfo, entre otros. Esto ha incluido ofensivas armadas en varios departamentos, carros y motos bomba, así como ataques contra civiles, policías y funcionarios públicos, entre ellos el asesinato de Miguel Uribe, candidato presidencial.

Sin embargo, la crisis va más allá de la seguridad. El gabinete de Petro ha experimentado cambios frecuentes, dejando ministerios clave sin un liderazgo consistente y fuerte. Un emblema de esta tendencia es su relación con la vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana en ocupar el cargo, que se ha deteriorado visiblemente. En otro tiempo aclamada como un fenómeno político, Márquez comentó recientemente: «Pasé de ser una heroína a una traidora», destacando su aislamiento del círculo íntimo de Petro y su creciente ausencia del liderazgo público.

Estas luchas internas también han obstaculizado su capacidad para lograr importantes victorias legislativas. Incluso su último proyecto de reforma judicial, destinado a revivir la política de «Paz Total», enfrenta críticas por su potencial reforzamiento de la impunidad.

No se puede liderar en el extranjero si no se puede gobernar en casa

Las instituciones colombianas se encuentran bajo una gran presión. El gobierno está políticamente fragmentado y no existe un marco claro para afrontar la crisis de seguridad con coherencia y autoridad. A pesar de estos desafíos, Petro ha ejercido un liderazgo activo en el exterior. Ha hecho de la cooperación Sur-Sur y la unidad regional un pilar fundamental de su política exterior. Durante la reciente cumbre de la CELAC, declaró: «Mi misión será ayudarnos a conectar a Latinoamérica y el Caribe con el mundo entero, ser un puente del mundo y ser un nosotros propio». Este comentario refleja su visión integradora del liderazgo, que busca articular la voz de la región en el escenario global. Sin embargo, su mensaje de inclusión se ve socavado por la situación interna.

Este patrón no es exclusivo de Petro. En toda América Latina, es común que los líderes busquen el liderazgo regional y reclamen ser la voz de la región en el exterior, incluso cuando la gobernabilidad interna se debilita. Si bien estos esfuerzos por fomentar la unidad y la cooperación son valiosos en una región marcada por la fragmentación y la polarización política, un gobierno que aspire a representar a América Latina a nivel global debe demostrar primero su capacidad para liderar a su población con coherencia y legitimidad.

La capacidad de Petro para liderar en el exterior se ve fundamentalmente comprometida por su incapacidad para gobernar en el país. Sin cohesión institucional y autoridad nacional, la diplomacia internacional carece de credibilidad. Abordar la crisis colombiana requerirá más que diplomacia simbólica o experimentación legislativa. Exige claridad institucional, inversión constante en el sistema judicial y aplicación efectiva de la ley.

Restablecer el orden interno requerirá más que titulares diplomáticos o liderazgos simbólicos. Requerirá una gestión clara e instituciones coordinadas, capaces de generar consenso en vez de amplificar la polarización. Un país no puede proyectar poder en el exterior mientras se desintegra en el ámbito interno. Lo que Colombia necesita no es mayor visibilidad diplomática, sino una acción coherente y sostenida en el ámbito nacional.

Orden y responsabilidad en tiempos de guerra

Por
Nicolás Albertoni
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“No basta con hablar de paz.  La declaración verbal debe ser seguida por acciones que dejen claro que esta paz debe existir no solo entre los pueblos, sino más aún —y especialmente dentro de ellos”. 

Konrad Adenauer, Discurso en el Bundestag alemán, 18 de agosto de 1961

La actual coyuntura está marcada por un retorno inesperado —aunque quizá predecible— de las viejas lógicas del poder. Guerras en Medio Oriente, rivalidades entre grandes potencias, militarización de la política internacional y una sensación creciente de incertidumbre estructural son síntomas de una nueva era de transición. En este mundo en tensión, marcado por conflictos visibles y otros más sutiles, cabe preguntarse: ¿qué principios deberían guiar la acción política? ¿Cómo responder a un entorno internacional que parece desbordar a los actores democráticos?

Una figura como Konrad Adenauer, arquitecto de la reconstrucción democrática de Alemania en la posguerra y uno de los grandes promotores del orden liberal occidental, es por estas horas un buen refugio para buscar algunas claves para leer este momento con mayor claridad. Lejos de nostalgias, su pensamiento —basado en la responsabilidad moral, el respeto al derecho internacional y el compromiso con la libertad— es hoy más vigente que nunca.

Entre Teherán y Washington: la guerra que vuelve

La escalada reciente entre Estados Unidos e Irán (por las tensiones entre Israel y Palestina tras el ataque del 7 de octubre de 2023), ha devuelto a Medio Oriente a un punto de máxima ebullición. Siempre fue una región compleja, pero ahora se ha exacerbado. El ataque de Washington a instalaciones iraníes se inscribe en una estrategia de contención ante el creciente activismo militar de Irán. Sus tentáculos —desde el Líbano hasta Yemen— han sido catalizadores del actual deterioro regional.

Sin embargo, más allá del enfrentamiento puntual, lo que está en juego es el futuro del orden internacional. ¿Las normas, los acuerdos y la diplomacia pueden seguir siendo instrumentos eficaces? ¿O el mundo se encamina hacia una nueva lógica de poder basada en la fuerza? Siguiendo la filosofía de Adenauer, se podría decir que donde no hay derechos, existe violencia, ya que la propia vulnerabilidad de derechos encarna en sí misma una forma de violencia. Y donde hay violencia, la libertad desaparece.

Desde esta óptica, las acciones unilaterales, aunque puedan parecer necesarias en términos tácticos, solo pueden ser justificadas si están orientadas a restaurar un orden de derecho. En caso contrario, refuerzan la erosión del multilateralismo y siembran el caos que los enemigos de la democracia desean aprovechar.

América Latina: una irrelevancia estratégica (¿o peligrosa?)

Mientras el mundo se reconfigura, América Latina parece caminar en dirección contraria a la historia. La región ha perdido peso estratégico, no solo en términos económicos o militares, sino —lo más llamativo— en términos de influencia política y diplomática.

Esta marginalidad no es casual. Es el resultado de una acumulación de errores: fragmentación regional, falta de visión estratégica y una progresiva renuncia al debate internacional. Lo que hay de integración regional tiene un exceso de componente político, con baja coordinación y casi nulo foco económico y comercial. Basta con ver que en la región el comercio intrarregional representa aproximadamente 15% de las exportaciones totales de la región, una cifra muy baja en comparación con otras regiones emergentes como Asia Oriental y el Pacífico, donde la cifra asciende al 50%. Por lo que no solo políticamente América Latina está ausente, económicamente ya es irrelevante.

Desde la perspectiva de Adenauer, esta actitud pasiva sería inaceptable. Él comprendía que el respeto internacional no se pide, se construye. Su política exterior —basada en principios firmes pero pragmática en la forma— buscó posicionar a Alemania como un actor confiable y activo en el mundo occidental. En su legado, hay una advertencia para la región: la neutralidad en tiempos de conflicto moral es complicidad.

América Latina, con sus democracias imperfectas, pero aún vitales, debería alzar la voz en defensa del derecho internacional, condenar sin ambigüedad las violaciones a la soberanía y participar activamente en las instancias multilaterales. No para alinearse ciegamente con ninguna potencia, sino para reafirmar su pertenencia al mundo libre.

Libertad y orden: valores occidentales bajo amenaza

Adenauer creía que la libertad no es posible sin orden, y que el orden solo puede sostenerse sobre instituciones legítimas y democráticas. Hoy, ese equilibrio está amenazado. Actores como Rusia o Irán (y su influencia en países de América Latina como Venezuela y Cuba) promueven modelos de gobernanza autoritaria que desprecian los derechos humanos, manipulan la información y utilizan la fuerza como argumento.

El peligro no es solo externo. También se manifiesta en la creciente polarización interna de muchas democracias, en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y en la facilidad con que la verdad es desplazada por la posverdad. En este contexto, defender los valores occidentales implica más que proclamas: requiere acción coherente, pedagogía cívica y compromiso sostenido.

La libertad significa también responsabilidad. Esta responsabilidad no es solo de los gobiernos. Es de las élites, de la sociedad civil, de los medios, de la academia. Es un esfuerzo colectivo por sostener un sistema que, con todos sus defectos, ha sido el más exitoso en promover la paz, la prosperidad y la dignidad humana.

La necesidad de una política exterior con principios

Para Adenauer, la política exterior debía ser extensión de los valores internos. Su europeísmo no fue coyuntural: creía en una comunidad de destino basada en la cooperación, la democracia y el Estado de derecho. Por eso promovió la reconciliación franco-alemana, la integración europea y la alianza transatlántica.

América Latina necesita esa claridad. No puede seguir atrapada entre el aislacionismo y la dependencia. Debe construir una política exterior basada en principios: defensa de la democracia, respeto a los derechos humanos, compromiso con el medio ambiente, impulso al multilateralismo. Pero también debe ser estratégica, consciente de sus intereses y capaz de articularlos regionalmente.

Esto exige profesionalizar la diplomacia, fortalecer los mecanismos de integración, invertir en capacidades analíticas y renovar la narrativa sobre el rol de la región en el mundo. El continente no debe ser espectador de la historia: puede —y debe— ser protagonista de un orden mundial más justo, si sabe ejercer con responsabilidad su libertad.

Un llamado a la acción

El mundo está en guerra. Una guerra que va más allá de los misiles y los ejércitos. Es una guerra de relatos, de modelos de sociedad, de valores. En ese combate, la neutralidad no es una virtud, es una renuncia.

La mirada de Konrad Adenauer nos recuerda que la política exterior no es un juego de poder frío, sino una herramienta moral. Que el orden no es autoritarismo, sino el marco para la libertad. Y que, frente a las crisis, la respuesta no es el repliegue, sino la acción responsable. En este sentido resulta fundamental avanzar en alianzas entre países que compartan una visión cercana del mundo (por ejemplo, basada en la democracia liberal). Adenauer decía: “Sólo quedó una vía para salvar nuestra libertad política, nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida, desarrollada desde hacía muchos siglos, y que tenía como base un concepto cristiano y humano del mundo: una firme conexión con los pueblos y países que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre estado, persona, libertad y propiedad”.

Por el lado de América Latina aparece el deber de volver al mundo. No como furgón de cola, sino como espacio de diálogo, de principios y de compromiso democrático. La historia no espera. Y la libertad, como enseñó Adenauer, siempre tiene un precio. La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo.

La alimentación en tiempos de inflación: el costo humano de una dieta inaccesible

Por
Estefanía Suárez
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La inflación alimentaria ha dejado de ser únicamente un fenómeno económico para convertirse en una preocupación urgente de salud pública. Desde la epidemiología nutricional, se reconoce como un determinante estructural de la malnutrición, con efectos visibles y alarmantes: millones de personas en el mundo comen peor, menos o, simplemente, no comen. Y eso enferma y mata.

Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, elaborado por FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 34 millones de personas en América Latina y el Caribe enfrentaron hambre en 2024. Esta cifra representa el 5,1 % de la población regional. Aunque el dato mejora respecto al 6,1 % registrado en 2020, la inseguridad alimentaria sigue presente tanto en zonas rurales como urbanas.

De igual forma, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la región afecta a una cuarta parte de la población, ligeramente por debajo del promedio mundial. Además, el número de personas que no podían costear una dieta saludable disminuyó levemente, al igual que el indicador de inasequibilidad de los alimentos saludables. Sin embargo, estos avances son frágiles frente a la presión inflacionaria, que amenaza con revertir los logros alcanzados en la región en los últimos años.

Inflación alimentaria: una presión persistente sobre la seguridad nutricional

La inflación alimentaria reciente ha agravado los riesgos para la salud nutricional, especialmente en los sectores más vulnerables. En 2024, América Latina y el Caribe registraron el costo más alto del mundo para una dieta saludable, siendo este de 5,16 dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona al día. Este dato refleja cómo el alza de precios ha restringido el acceso a alimentos frescos y nutritivos, incrementando el riesgo de emaciación infantil, retraso en el crecimiento y otras formas de malnutrición.

A medida que aumentan los costos en la cadena alimentaria de producción, transporte y almacenamiento, las dietas saludables basadas en frutas, hortalizas, legumbres y proteínas magras se vuelven inaccesibles para millones de personas. En su lugar, proliferan dietas monótonas y con alto consumo de productos procesados y ultraprocesados que son de bajo costo y escaso valor nutricional. Esta tendencia empeora los indicadores de salud pública y contribuye a la doble carga de la malnutrición: la coexistencia de desnutrición y obesidad en los mismos territorios, hogares o incluso individuos.

Malnutrición materna y desigualdad de género

La malnutrición no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres en edad reproductiva enfrentan un mayor riesgo nutricional, y la inflación alimentaria profundiza esta desigualdad estructural. En contextos de crisis, los hogares tienden a priorizar la alimentación de los varones o los hijos, relegando a mujeres y niñas a dietas más pobres, perpetuando un ciclo de desigualdad, exclusión y malnutrición femenina.

El impacto es mayor en países con alta desigualdad de ingresos, protección social débil y escaso acceso a recursos. Las mujeres rurales son especialmente vulnerables por su limitada participación en el empleo formal, acceso insuficiente a servicios de salud, escasa educación nutricional y falta de redes de apoyo comunitario. Esta situación compromete no solo su salud individual, sino también el embarazo, el desarrollo fetal, el parto, la lactancia materna y la salud infantil durante los primeros mil días de vida.

Causas estructurales de la inseguridad alimentaria

Para abordar la inflación alimentaria de forma eficaz, es esencial comprender sus causas estructurales. Entre los principales factores destacan dos eventos recientes de impacto global: la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Ambos provocaron interrupciones en las cadenas de suministro, escasez de insumos, alza de precios de fertilizantes y combustibles, y aumento de costos logísticos. Estos efectos se sintieron de forma desigual en distintas regiones, agravando las inequidades preexistentes.

A esto se suman fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones que afectan la producción agrícola y elevan los precios de alimentos básicos. En la región, estos factores se combinan con sistemas agroalimentarios frágiles, marcados por baja diversificación de cultivos, dependencia de importaciones, pérdida de variedades nativas y mercados altamente concentrados.

También influyen la falta de infraestructura, acceso limitado a agua potable, escasa educación alimentaria, poca inversión pública en nutrición y políticas agrícolas orientadas a la exportación más que al consumo local.

Estas condiciones encarecen los alimentos saludables y restringen las opciones dietéticas, favoreciendo patrones alimentarios poco saludables: dietas calóricas, basadas en productos industrializados y pobres en micronutrientes esenciales como hierro, vitamina A y zinc.

Es hora de actuar

La inflación alimentaria representa una amenaza creciente para la salud pública. No se trata solo de acceso a calorías, sino del derecho humano a una nutrición adecuada, equitativa y sostenible. Para millones de personas, cada comida implica elegir entre cantidad y calidad, alimentando un panorama preocupante de malnutrición: desnutrición, carencias de micronutrientes y enfermedades crónicas no transmisibles.

Para enfrentarla y poder prevenir futuras crisis, el informe recomienda aplicar políticas focalizadas y coordinadas. Es fundamental proteger a las poblaciones vulnerables mediante subsidios temporales o programas de protección social bien diseñados, con objetivos claros, estrategias de salida definidas y mecanismos de seguimiento que aseguren su efectividad

También es fundamental armonizar políticas fiscales y monetarias que generen un entorno económico estable. Una gestión coherente, con políticas monetarias creíbles y gasto público estratégico, puede estabilizar precios, reducir la volatilidad y fortalecer la seguridad alimentaria.

Además, se necesitan medidas estructurales y comerciales de largo plazo, con impactos sostenibles, como fortalecer reservas estratégicas de alimentos, mejorar la transparencia y competencia en los mercados, e invertir en infraestructura logística, agricultura climáticamente inteligente y sistemas de información agroalimentaria confiables.

Por último, es clave invertir en sistemas agroalimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles. Esto incluye apoyar la producción local de alimentos nutritivos, promover la diversificación agrícola, recuperar cultivos tradicionales, mejorar el almacenamiento y transporte, fomentar mercados locales, y apostar por la innovación tecnológica para aumentar la productividad sin comprometer la sostenibilidad ambiental.

La inflación alimentaria es una señal de alerta que exige respuestas urgentes, políticas integradas y compromiso multisectorial. Garantizar el derecho a una alimentación digna, segura y saludable para todos no es solo un desafío técnico, sino un imperativo ético y político inaplazable.

Bolivia: un país a punto de estallar

Por
Franz Flores
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Bolivia vive los últimos días de un proceso electoral largo, desordenado y turbulento. Si nos preguntamos en qué momento los partidos empezaron sus campañas electorales, seguramente nadie tendría una respuesta. Como nunca antes, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) han (in)definido los tiempos políticos. Desde inicios de 2024 se plantearon varias controversias judiciales que anularon la candidatura de Evo Morales y dejaron en el limbo la del Movimiento Tercer Sistema; se anuló la personería jurídica de Pan Bol y se bloqueó la postulación de un outsider como Jaime Dunn por tener deudas pendientes con el Estado pese a que la documentación emitida por la Contraloría General del Estado decía lo contrario.

Evo Morales, cuya infinitud en el cargo de presidente tuvo que ser parada en seco por una movilización ciudadana, hoy se halla refugiado en una zona del Chapare a raíz de una orden de detención por un caso de trata de personas que lo implica directamente. Empero, esto no ha impedido al líder cocalero gestar y dirigir varios bloqueos de caminos para presionar y habilitarse como candidato. Estas movilizaciones han logrado, hasta ahora, detener por más de 50 días el flujo de transporte y un daño económico incalculable. Lo peor, es que nada indica que esta lógica de lucha se vaya a detener. En definitiva, es el estilo de Morales de hacer política.

Por su parte, el TSE pasa por una profunda crisis institucional. Según los datos brindados por la encuestas de opinión pública de LAPOP, este organismo tiene apenas un 26,8% de confianza, es decir que tiene dañada el mayor de sus capitales, su credibilidad. Sus vocales protagonizan peleas internas que no parecen motivadas por la mejora del órgano electoral sino por decisiones que tienen que ver con la habilitación o no de candidatos.  Muchas veces no se ha cuidado las formas de civilidad y respeto: en junio de 2025 el vocal  del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe calificó de “burros y tan asnos”, a los que le iniciaron un juicio penal por su negativa a habilitar a los partidos Pan Bol y Frente Para la Victoria para que participen en elecciones. En días pasados, el máximo representante de este órgano, Oscar Hassenteufel, aparentemente renunció a su cargo asediado y cansado de las presiones políticas; luego de varias horas, se desmintió la noticia y se dijo que solo había pedido su licencia por enfermedad (de la cual todavía no se repone).

Si lo que dicen las encuestas tienen algún grado de certeza, la fragmentación hará saltar por los aires la estabilidad política siempre tan precaria en el país. Bolivia tiene una inflación acumulada del 39,4%, la empresa petrolera estatal YPFB no puede abastecer el mercado interno de diesel y gasolina, y existe una diferencia del 100% entre el precio del dólar oficial y el del mercado paralelo.

Por su parte, el gobierno ha renunciado a cualquier iniciativa política y da la impresión que solo espera terminar su gestión. El 8 de noviembre de este año Luis Arce entregará el mando a un nuevo gobierno que, con poco músculo político (las encuestas dan al mejor posicionado un margen de votación del 21%) tratará de asumir políticas de shock  que, si bien necesarias, generarán una ola de descontento popular que pondrán en jaque su gobernabilidad.

Hoy el país vive una suerte de fin de época, pero sin un horizonte de futuro claro. La oposición, si bien se ha hecho con la mayor parte de la preferencia electoral, no tiene una propuesta política capaz de cautivar a los sectores populares o a quienes en el pasado votaron por el MAS. Por su parte, los candidatos provenientes del tronco del MAS, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, no pueden separarse del lastre del mal gobierno de Arce y de las influencias del evismo. Rodríguez ha bajado en su preferencia electoral al 6% y del Castillo no logra superar la barrera del 3%.

¿Qué configura este panorama? Por una parte, unas elecciones administradas por un TSE cuya baja credibilidad da lugar a todas las versiones de un posible fraude. Un gobierno nacional que ha dejado de timonear su gestión estatal. Una fragmentación política que hará que cada uno de los partidos tome una parte de la torta del poder político, sin que ninguno de ellos pueda liderar una política anticrisis por su bajo nivel de legitimidad política.

Todo este panorama hace prever el estallido de un conjunto de tensiones que el proceso electoral no podrá resolver.

Democracias pervertidas

Por
Luis Pásara
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La aprobación de la reelección indefinida en El Salvador, que abre el camino para que el presidente del país, Nayib Bukele, se perpetúe en el cargo, y la pantomima mediante la cual Nicolás Maduro se ha proclamado ganador en las recientes elecciones venezolanas nos ponen de cara a lo que son realmente los regímenes políticos en la región. ¿Son democracias? Si la democracia consiste en algo más que depositar un voto periódicamente, la respuesta es no.

¿Son “democracias fatigadas”, el término con el que se propone recientemente etiquetar a estos regímenes? Pero, un momento, ¿de perseguir qué empeños se fatigaron? La fatiga sobreviene luego de un esfuerzo que usualmente permite un logro determinado pero deja exhausto al esforzado. Llamar fatiga a lo que ocurre en nuestros regímenes políticos sugiere, aunque no se lo proponga, que en algún momento estas “democracias” —las comillas son intencionadas— fueron regímenes democráticos que ahora han perdido fuerza para seguir desarrollándose como tales. ¿Fue así?

Si sometemos a pruebas relativamente simples aquello que hemos padecido en la región, los resultados suscitan muy serias dudas. Tomemos el equilibrio de los poderes del Estado. ¿En qué países de la región el poder judicial ha servido como contrapeso al ejercicio del poder por parte del Parlamento y el ejecutivo? En la Costa Rica de otra época ocurría, pero ahora no es tan claro. Ni siquiera en Uruguay —país al que usualmente se adjudica una tradición democrática sin recordar el negro periodo dictatorial entre 1973 y 1985— los jueces han estado a la altura de su función.

Tomemos un caso de mayor rango: la igualdad de derechos, un componente indiscutible de la noción de democracia. ¿Qué grado de igualdad de derechos han alcanzado los ciudadanos en nuestros países? Si no nos basta la respuesta que surja de Constituciones y leyes mentirosas y vamos a la realidad, la igualdad de derechos es una meta muy lejana en todos o casi todos los países latinoamericanos. Pobreza, niveles rudimentarios de educación y otros obstáculos formidables impiden ejercer derechos en condiciones de igualdad.

Y en los países en los que sí se han dado pasos hacia esa meta, con frecuencia ese avance ha sido posible gracias a gobiernos a los que vacilaríamos antes de etiquetar como democráticos. Pongamos dos ejemplos. Juan Domingo Perón en Argentina abrió paso a ciertos niveles de igualdad social mediante el fortalecimiento del poder sindical —al que, desde luego, cooptó y mantuvo bajo control político—. Por otra parte, un gobierno nacido de un golpe militar y un fraude electoral subsiguiente, como el de Manuel Odría en el Perú, introdujo el derecho a voto de las mujeres y estableció la seguridad social pública.

Si lo que hemos tenido difícilmente han sido algo más que regímenes en los que, durante ciertos periodos, se ha podido votar, ¿por qué sostener, pues, que estamos ante “democracias fatigadas”? Más bien, la tendencia que comprueban reiteradamente las encuestas es el crecimiento de los ciudadanos fatigados: hombres y mujeres que se declaran insatisfechos con la “democracia” que tienen, una que simplemente les permite designar periódicamente a quién frustrará sus expectativas.

En ese cansancio han surgido y se extienden las democracias pervertidas, que son regímenes que mantienen el sufragio y responden a alguna demanda social extendida al tiempo que pretenden, con buenos o malos manejos, eliminar cualquier oposición. El crecimiento del delito y la inseguridad han dado oxígeno a propuestas como la de Bukele, que, a cambio de contrarrestar la delincuencia de las maras, está extinguiendo los derechos básicos de los salvadoreños. 

El caso de Daniel Ortega, en Nicaragua, y el de Maduro son ejemplos de hasta dónde puede llegarse en formas de perversión a las que de buena fe nadie podría considerar democracias. Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no conocen límites. Ni siquiera guardan las apariencias y encarcelan sin disimulo a quien ose oponérseles. Maduro se mantiene echando mano a cualquier recurso, a costa de millones de venezolanos que han dejado el país no solo por razones políticas sino, sobre todo, económicas. Y de Cuba no resulta necesario ocuparse en este triste repaso.

Así pues, incluso en los ejemplos degenerativos de perversión, el origen no ha estado en “democracias fatigadas” sino en democracias fracasadas que no ofrecen resultados positivos para la vida de sus ciudadanos. De ahí que, junto a la insatisfacción, las encuestas detecten la pérdida de fe democrática entre los ciudadanos. Ese es el panorama.

Cuando la calidad del político es poco relevante

Por
Manuel Alcántara
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El escenario que cada vez se consolida más en la política mundial es de posdemocracia. Un término ambiguo que define un panorama incierto que integra grosso modo tres situaciones particulares en las que el pluralismo y el estado de derecho quedan cuando menos postergados. La primera es consecuencia de que la democracia constituye un tipo de régimen que tiene en su seno el germen de su propio socavamiento. La segunda se articula en torno al éxito en ciertos aspectos de diferentes modelos autoritarios. Y una tercera situación acoge realidades auspiciadas por liderazgos electos que conllevan proyectos de dominación personal con aquiescencia social.

En todas ellas se abre un espacio problemático que responde a los retos de la revolución digital exponencial con su impacto disruptivo en la sociedad, a la vez que es resultado de las dificultades históricas que padece la democracia representativa. Por otra parte, no son menos importantes las frustraciones creadas a la gente a la hora de confrontar sus problemas y de atender sus demandas. La corrupción y el progresivo imperio del crimen organizado son lacras pesadas. Pero en todas ellas pareciera existir un denominador común en torno a que las características individuales de quienes detentan el poder son poco relevantes.

El número de personas que se dedican a la actividad política o, en otros términos, cuyo oficio es la política, es elevado, aunque resulte difícil su contabilización por la propia definición de ese desempeño. Sin embargo, ello es más sencillo si el universo abordado es el de quienes ocupan la posición política más alta. En el continente americano ese cargo coincide con el de la presidencia de la república elegido directamente por la ciudadanía, con la excepción de Canadá por tratarse de un régimen parlamentario.

Dejo para otra nota un análisis donde considere aspectos relacionados con su formación y con su experiencia, tanto profesional como política, para centrarme en una reflexión de otro orden. Ahora me interesa el rendimiento de las políticas impulsadas de acuerdo con su oferta electoral y también el lenguaje y el comportamiento presidencial en sus comparecencias públicas en relación con su tono agresivo o descalificador del adversario, sin dejar de lado el contexto que configuran las relaciones con los otros poderes del estado y con el partido al que, en su caso, pertenecen o les brindó un apoyo decisivo en su elección.

En la actualidad pueden considerarse cuatro situaciones que terminan validando la tesis de la menor (o nula) relevancia de la calidad de estas personas en el desempeño de su función sabedor, en todo caso, de la dificultad de definir cabalmente el propio significado del término calidad. No obstante, puede formularse una propuesta tentativa de mínimos que recoja los aspectos señalados en el párrafo anterior. El resultado es una matriz con cuatro casillas donde pueden ubicarse como ejercicio exploratorio cuatro presidentes latinoamericanos que llegaron al poder de modo impecablemente democrático.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay desde hace seis meses, cuenta con una mayoría parlamentaria fragmentada y es líder de una coalición sólida. Mantiene un lenguaje y un comportamiento correcto en un país habituado a ello y que goza de un alto grado de madurez democrática. En cuanto al nivel de eficacia de Orsi es aceptable, con notable popularidad, claridad estratégica, posicionamiento internacional y avances tempranos en salud y educación.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala desde hace 18 meses, desarrolla un lenguaje sereno y equilibrado, así como un comportamiento respetuoso mientras que su eficacia resulta pobre en función del acoso que sufre por parte del estamento judicial y de un poder legislativo en el que su grupo político es bisoño y además está en minoría, así como por las barreras estructurales que tiene el país.

Javier Milei, presidente de Argentina desde hace 20 meses, se comporta de forma grotesca y en su discurso el insulto es una práctica habitual. Su gobierno, ajeno a toda lógica partidista, ha alcanzado buenos resultados en la estabilización macroeconómica y en la reducción del tamaño del Estado con mejoras en indicadores fiscales. Pero estos avances tienen un costo social elevado y un estilo político divisivo que ha alimentado tensiones institucionales y una percepción mixta de su eficacia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia desde hace tres años, se caracteriza por su agresividad en la comunicación y por un comportamiento que ha sido tildado de atrabiliario con frecuentes e inexplicables desapariciones y una habitual impuntualidad en actos oficiales. Si bien Petro tuvo un inicio de gobierno ambicioso con reformas sociales y fiscales, su eficacia se vio limitada por la débil gestión institucional en un escenario de clara minoría legislativa, así como con un partido muy débil, grandes escándalos y una crisis fiscal creciente. El país muestra avances en algunos indicadores macro, pero persisten graves falencias en seguridad, confianza pública e implementación efectiva de políticas públicas.

En todo caso y como coda a lo anterior concluyo poniendo la mirada en la figura del consejero del príncipe como factor determinante de la vida política actual y que se ignora con frecuencia. La relevancia de los consultores está en ascenso, pero habitualmente se olvida su presencia, y hace que la calidad intrínseca de la persona que se dedique a la política sea cada vez más intrascendente.

Valga como ejemplo el del principal asesor político del expresidente Biden, Mike Donilon, quien dijo el 31 de julio a los investigadores del Congreso que le pagaron 4 millones de dólares por su trabajo en la campaña de reelección de Biden en 2024, y que habría ganado otros 4 millones de dólares adicionales si este hubiera ganado. Donilon declaró a los investigadores, según recoge el medio Axios, que «todo presidente envejece a lo largo de sus cuatro años de presidencia, y el presidente Biden también. Pero igualmente continuó fortaleciéndose y adquiriendo mayor sabiduría como líder al enfrentarse a algunos de los desafíos más difíciles que cualquier presidente haya enfrentado jamás». El blanqueo del cliente a un alto precio para la política estadounidense, pero que enriqueció el bolsillo del consultor.

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