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Elecciones en Bolivia: economía en crisis y democracia a la baja

Antes de escribir este texto, he esperado más de tres horas para cargar el tanque de gasolina de mi coche. En Bolivia escasean el diésel y la gasolina, pero también los dólares y el apoyo a la democracia. Existe un tipo de cambio oficial y otro paralelo como consecuencia de la crisis cambiaria, lo que ha llevado a que muchos productos de la canasta familiar e importados hayan subido más del 50%; el mal humor se ha incrementado. En este contexto el apoyo a la democracia está bajando lo cual es preocupante de cara a una nueva elección.

Según el Informe de la Fundación Milenio 2024, el déficit fiscal sigue expandiéndose; la deuda pública se incrementó el 12,1 % del PIB en 2023. Además, la producción de gas sigue en retroceso, y si bien la tasa de ocupación permanece alta, el mercado laboral está lastrado por la precarización de los puestos de trabajo y un acelerado aumento del cuentapropismo. Y lo preocupante es que la percepción de la población de que existe una crisis e incertidumbre va en aumento, afectando la confianza de las empresas y otros actores económicos. A todo ello se suma el veto a la exportación de carne bajo el pretexto de garantizar la producción para el consumo interno. Bajo este contexto, la democracia en Bolivia pierde apoyo, como en gran parte del mundo.

En este marco, de cara a las elecciones generales del 17 de agosto, más de una docena de precandidatos a la presidencia prometen resolver la crisis económica y sacar al MAS del gobierno. Pero parece que sus ideas están más centradas en los debates superficiales que en los temas estructurales como el riesgo a caer, aún más, en el autoritarismo.

Según el Latinobarometro 2024, en Bolivia el apoyo a la idea de que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” ha perdido cuatro puntos entre 2023 y 2024. En contraste, la idea de que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” aumentó tres puntos entre los años referidos. Esta es una señal preocupante teniendo en cuenta la crisis de representatividad de los partidos políticos y la desconfianza con un posible fraude electoral.

Además, la sensación de cercanía con algún partido político en Bolivia, según el mismo informe, es uno de los más bajos en América Latina: 21% frente al 62% en Uruguay. Con respecto a la representación parlamentaria, 8 de cada 10 personas siente que este no los representa políticamente y 9 de cada 10 cree que las elecciones son fraudulentas.

El pobre manejo económico del MAS (Evo Morales y Luis Arce durante casi dos décadas) está dejando al país en un mar de deudas y con cinturones de pobreza. Y el sometimiento político de las instituciones democráticas (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral y Poder Judicial) ha desinstitucionalizado al Estado

En este contexto, el realineamiento ideológico de los precandidatos opositores (fragmentados) a la presidencia tras la erosión de los partidos políticos tradicionales es un síntoma del momento actual. Por ello, muchos coinciden en su narrativa agresiva hacia el establishment (MAS) y en favor de las privatizaciones. El reajuste económico desde la perspectiva de la derecha y evitar que la izquierda política continúe en el poder, es el nuevo credo de una parte de la población. La dimensión socio-económica predomina sobre la política-institucional.

El realineamiento ideológico de las precandidaturas presidenciales entre la centro derecha y la derecha radical está condicionado por propuestas económicas: disminución del número de empleados públicos, reducción del déficit fiscal, libre comercio, industrialización del litio (empresas de EEUU), quitar la subvención a los hidrocarburos, cerrar las empresas estatales deficitarias, seguridad jurídica para la inversión privada (nacional e extranjera). En resumen, privatizar y acercarse a Trump.

Por otro lado, Evo Morales, aunque ya no es parte del partido oficialista, pretende postularse (mediante otra sigla partidaria) pero su candidatura oficial no es segura porque constitucionalmente no puede. Además, el ex presidente tiene un caso abierto por posible trata de personas con agravante, por la acusación de haber mantenido una relación íntima con una adolescente en 2015, cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.

La escasez de diésel, gasolina y dólares ha condicionado una agenda de cambios socioeconómicos que los diversos precandidatos de la centro derecha y derecha radical (fragmentados) buscan capitalizar electoralmente con propuestas económicas que tienen diferentes estilos, pero con el mismo deseo político: sacar al MAS del gobierno. Si bien tienen el viento ideológico a su favor, todavía no consiguen un barco político que los unifique.

El tema ausente de esta agenda de cambios es el bajo apoyo a la democracia. Y esto es abono para el surgimiento de nuevos populismos que prometan un futuro paradisíaco con el objetivo de atornillarse al poder.

Ecuador en la encrucijada: dos candidatos, una nación polarizada

El pasado 9 de febrero Ecuador celebró la primera vuelta de las elecciones generales en un contexto marcado por una creciente ola de violencia y una profunda polarización política. Al frente de la Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral, supervisamos este proceso electoral y ofrecimos una visión objetiva de los acontecimientos que lo rodearon.

Ecuador ha enfrentado serios desafíos en seguridad. La expansión del narcotráfico y el crimen organizado ha elevado los índices de violencia, lo que ha situado al país en una posición delicada en términos de seguridad ciudadana. Esta situación ha generado incertidumbre y desconfianza entre la población, cosa que ha afectado al clima electoral.

La polarización política se ha intensificado, con dos figuras principales emergiendo en el escenario electoral: el presidente en funciones, Daniel Noboa, y la exlegisladora de izquierda Luisa González. Estos dos candidatos representan visiones opuestas para el futuro del país, lo que exacerba las divisiones existentes y refleja la fragmentación del electorado ecuatoriano.

Ecuador, ubicado en la región noroccidental de América del Sur, posee una posición geoestratégica de gran relevancia. Su acceso al océano Pacífico lo convierte en un punto clave para el comercio internacional y las rutas marítimas. Además, su proximidad al Canal de Panamá y su pertenencia a la cuenca del Pacífico le otorgan un papel destacado en las dinámicas comerciales y geopolíticas de la región.

Históricamente, Ecuador ha mantenido una política exterior orientada hacia la defensa de su soberanía y la promoción de la integración regional. Es miembro fundador de organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y participa activamente en iniciativas que buscan fortalecer la cooperación y el desarrollo en América Latina.

En el contexto actual, la posición geopolítica de Ecuador adquiere una dimensión adicional debido a las tensiones globales y regionales. La competencia entre potencias como Estados Unidos y China por la influencia en América Latina coloca a Ecuador en una situación en la que sus decisiones políticas y económicas pueden tener repercusiones más allá de sus fronteras.

En términos comerciales, Ecuador ha diversificado sus relaciones internacionales. Según datos del Banco Central del país, durante el período 2016-2023 las exportaciones acumuladas de enero a noviembre de Ecuador a China han sido, en promedio, de USD 2.844 millones. Por su parte, en 2023 el comercio no petrolero entre Estados Unidos y Ecuador dejó un saldo favorable de 1.474 millones de dólares.

Además de Estados Unidos y China, otros socios comerciales destacados de Ecuador incluyen la Unión Europea, Rusia y Colombia, con quienes mantiene intercambios comerciales significativos en diversas áreas.

La reelección de Donald Trump en 2024 ha redefinido las relaciones de Estados Unidos con América Latina. La administración Trump ha adoptado políticas más confrontativas, enfocándose en temas como la migración, el comercio y la seguridad. Estas políticas han generado tensiones con varios países de la región, incluyendo a Ecuador.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la imposición de aranceles y medidas comerciales restrictivas a naciones que, según la administración Trump, no cooperan en temas migratorios o de seguridad. Aunque Ecuador no se ha visto directamente afectado por medidas similares, la posibilidad de enfrentar sanciones comerciales ha influido en las decisiones gubernamentales y en el debate político interno.

Además, la creciente influencia de China en América Latina ha sido motivo de preocupación para la administración Trump. China ha incrementado sus inversiones en la región, y se ha convertido así en un socio comercial clave para varios países. Ecuador, en su búsqueda de diversificar las relaciones económicas, ha fortalecido sus lazos con China, lo que podría generar fricciones con Estados Unidos en el marco de la política exterior de Trump.

A pesar de las tensiones y desafíos mencionados, la jornada electoral del 9 de febrero transcurrió sin incidentes mayores. La participación fue notable, con más del 83% de los votantes acudiendo a las urnas, lo que refleja el compromiso cívico de la población en momentos críticos para la nación. Es importante destacar que en Ecuador el voto es obligatorio, lo que contribuye a una alta tasa de participación electoral.

Aunque nuestra misión no se desplegó al interior del país, observamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desempeñó eficazmente su labor, proporcionando información oportuna y veraz, lo que fortaleció la confianza en el proceso electoral.

Los resultados preliminares indicaron un empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González con aproximadamente el 44% de los votos. Esta estrecha diferencia confirmó la necesidad de una segunda vuelta, programada para el próximo 13 de abril.

Es relevante destacar que, aunque Noboa lideró ligeramente en los primeros conteos, González superó las expectativas, especialmente en regiones donde el correísmo había tenido menor influencia en elecciones anteriores. Este desempeño subraya una posible reconfiguración del mapa político ecuatoriano.

Daniel Noboa ha buscado estrechar lazos con la administración de Donald Trump. Asistió a la investidura de Trump en enero de 2025 y ha manifestado su intención de fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos. Además, ha adoptado políticas comerciales similares a las de Trump, como la imposición de aranceles del 27% a importaciones mexicanas, buscando impulsar la manufactura local y alinearse con las estrategias comerciales estadounidenses.

Por su lado, Luisa González es considerada la heredera política del expresidente Rafael Correa. Durante su carrera política ha ocupado diversos cargos en su administración y ha mantenido una estrecha relación con él. Aunque esta asociación le ha brindado una base sólida de apoyo, también ha sido objeto de críticas debido a los casos de corrupción asociados al gobierno de Correa. González ha defendido la gestión de su mentor, calificando las acusaciones como persecución política, y ha prometido continuar con las políticas de la Revolución Ciudadana en caso de ser electa.

La segunda vuelta se perfila como un desafío significativo para ambos candidatos. Noboa deberá defender su gestión en un contexto de críticas por su enfoque de mano dura en seguridad y acusaciones de autoritarismo. Por su parte, González enfrentará el reto de ampliar su base electoral más allá del correísmo, buscando alianzas con otros sectores políticos y sociales.

La posición del movimiento indígena, representado por Pachakutik y su líder, Leonidas Iza, será determinante. Su apoyo podría inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato, convirtiéndolos en actores clave en la definición del próximo gobierno. Tanto Noboa como González necesitarán forjar alianzas y acuerdos políticos con diversas fuerzas políticas. 

¿Cómo Suriname llegó a la secretaría general de la OEA?

La elección del canciller de Suriname, Albert Ramdin, como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por aclamación unánime refleja con claridad lo que los Estados miembros esperan de su gestión: un armador de consensos que devuelva el diálogo a la organización y evite la fragmentación en un contexto de incertidumbre global.

Albert Ramdin no es un reformista ni un líder carismático. Es un operador diplomático con vasta experiencia en la gestión de conflictos y la administración de organismos multilaterales. Su trayectoria en la OEA, CARICOM y como ministro de Relaciones Exteriores de Surinam le ha otorgado un profundo conocimiento del funcionamiento institucional y sus limitaciones. Así se convirtió en una opción idónea para tiempos de crisis.

Sin embargo, el perfil técnico y la tendencia a priorizar la estabilidad sobre el cambio pueden generar dudas sobre la capacidad de Ramdin para revitalizar la OEA. En este momento, la organización enfrenta cuestionamientos sobre su relevancia.

Con un presupuesto cada vez más limitado y una creciente fragmentación en la región, su gestión deberá centrarse en evitar la parálisis institucional más que en liderar un proceso de transformación. Lo segundo podría reivindicar una vez más la imagen de la OEA como un foro de diálogo con poca capacidad de incidencia real.

Apuesta por la estabilidad

La elección de Ramdin responde a una estrategia clara: consolidar un liderazgo pragmático que brinde estabilidad en un contexto regional difícil. En este marco, el surinamés, con una trayectoria consolidada en la mediación y construcción de acuerdos, emergió como la opción más confiable frente a alternativas más disruptivas. La alternativa era el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien proponía una reestructuración profunda del organismo en la búsqueda de su resignificación.

En un escenario marcado por tensiones regionales y restricciones presupuestarias, una figura del Caribe se apunta como apuesta por la prudencia. La prioridad será optimizar lo que ya existe en la OEA. En ese sentido, Ramdin representa una garantía de gestión eficiente en tiempos de crisis.

El respaldo del bloque del Caribe fue clave para posicionar a Ramdin, asegurándole 14 de los 18 votos necesarios y una campaña con mayor soltura. Más adelante, la decisión de apoyo de Brasil resultó decisiva, articulando el respaldo de un bloque de países progresistas que terminó por inclinar la balanza. Este giro también influyó en otros gobiernos que se sumaron a la corriente mayoritaria.

Sin embargo, reducir este proceso a una cuestión ideológica sería un error, ya que no explicaría el respaldo de Estados Unidos y sus aliados, cuyo apoyo terminó por consolidar el resultado. Aunque cada bloque tuvo razones distintas para votar al surinamés, todos coincidieron en un punto: el consenso, el diálogo y la búsqueda de soluciones.

Contrastes y geopolítica

A diferencia de su predecesor, Luis Almagro, cuyo liderazgo fue marcado por una postura confrontativa y personalista, Ramdin adopta un enfoque más discreto y negociador. Su manejo de temas sensibles como Venezuela, Nicaragua y Cuba sigue esa línea. En lugar de asumir posiciones tajantes, promete delegar el poder de decisión a la Asamblea General y a los órganos especializados, rescatando su función original como espacios de deliberación. Esta estrategia, sin embargo, será su mayor desafío, pues sus críticos la interpretan como un signo de inmovilismo ante crisis democráticas en la región.

Otro punto controversial de su elección fue el respaldo de China a su candidatura, a pesar de que Pekín solo funge como observador sin derecho a voto. No obstante, el apoyo de Estados Unidos en la Asamblea disipó la idea de que la elección respondía a una disputa geopolítica. Esto fue reafirmado por Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump. Descartó cualquier trasfondo estratégico para China y subrayó que, para Washington, Ramdin es un interlocutor confiable y Surinam un aliado clave.

El desafío de Albert Ramdin

Los países de la región optaron por asegurar una conducción sin giros abruptos ni apuestas inciertas. A pesar del apoyo unánime, el desafío de Ramdin no será menor. Deberá demostrar que la OEA sigue siendo un espacio relevante para la cooperación hemisférica.

Sus esfuerzos estarán centrados en preservar el funcionamiento del organismo sin grandes reformas estructurales, priorizando la estabilidad sobre la transformación. Más que liderar un cambio radical, su reto será evitar el declive de la OEA y reafirmarla como un foro útil para la gobernanza regional en tiempos de polarización y crisis.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Integrando saberes por la conservación de la biodiversidad amazónica

La Amazonia es el bioma de los superlativos. El bosque tropical más grande del mundo, a menudo descrito como uno de los ecosistemas más diversos del planeta, todavía es un territorio en gran parte desconocido para la ciencia. Sin embargo, mucho de lo que es “desconocido” para los investigadores académicos es profundamente familiar para los pueblos tradicionales, como las comunidades ribereñas, los pueblos indígenas y los recolectores de caucho, que acumulan conocimiento ecológico sobre los ecosistemas que habitan. Este conocimiento se manifiesta en la identificación de especies, en la gestión sostenible de los recursos naturales y en la comprensión de las interacciones ecológicas. Muchas de estas prácticas contribuyen a la conservación de la biodiversidad al evitar la explotación depredadora y promover la regeneración natural de áreas degradadas.

Los pueblos tradicionales desempeñan un papel esencial en la defensa de sus territorios y recursos naturales contra actividades ilegales, como la deforestación y la minería. Estos garantizan la gestión sostenible de los recursos naturales y participan activamente en las políticas ambientales, reforzando la importancia de los conocimientos tradicionales para la conservación de la Amazonía. Por lo tanto, pensar en un futuro sostenible requiere un diálogo de saberes sin jerarquías, para fortalecer las complementariedades.

Esta relación, sin embargo, enfrenta desafíos. Para muchos habitantes de las riberas de los ríos, la llegada de científicos puede ser recibida con sospecha, especialmente cuando sus conocimientos se tratan como secundarios. El conocimiento que acumulan sobre los ciclos del agua, la fauna y la flora a menudo se considera meramente empírico. Los investigadores, por otra parte, a menudo carecen de la formación necesaria para integrar este conocimiento. Sin embargo, cada vez hay más investigaciones que demuestran que esta integración es esencial para mejorar las estrategias de conservación.

Hay ejemplos concretos que muestran cómo esta integración puede ser fructífera. El tapir enano (Tapirus kabomani), descubierto oficialmente por la ciencia en 2013, era conocido desde hacía siglos por las poblaciones locales. Lo mismo ocurrió con los peces ornamentales del Xingu y con los hongos utilizados en la cestería yanomami. La gestión comunitaria del pirarucu (Arapaima gigas) es otro ejemplo: a partir de la observación directa de los peces que emergen para respirar, se permitió desarrollar un método de conteo preciso para garantizar una pesca sostenible. Esto ha permitido la recuperación de poblaciones silvestres y ha generado beneficios sociales como la generación de ingresos, seguridad alimentaria y fortalecimiento de la organización social.

Cómo aunar distintos saberes desde la perspectiva de una científica ribereña

Para Maria Cunha, una de las autoras de este artículo que deambula entre los mundos de la ciencia y el extractivismo — práctica tradicional que consiste en la recolección sostenible de recursos naturales, como frutas, semillas, resinas y peces, para consumo personal, comercio o uso industrial —, la relación entre los habitantes de las comunidades ribereñas y los científicos académicos está marcada por una dinámica compleja de intercambio de conocimientos, desafíos de entendimiento mutuo y procesos de reconocimiento de conocimientos tradicionales.

Esta interacción se da en territorios donde el conocimiento empírico, construido a partir de la experiencia directa con el entorno natural, se encuentra con el conocimiento científico sistematizado. Para los habitantes ribereños, el territorio no es sólo un espacio físico, sino un lugar de pertenencia y construcción de identidad. Cada río, arroyo, bosque y ciclo del agua conlleva significados culturales y prácticos. El conocimiento sobre las técnicas de pesca, las prácticas de gestión de la tierra y el uso de plantas medicinales se transmite de generación en generación, y se basa en la observación cuidadosa de los ciclos naturales.

Cuando los científicos académicos ingresan a estos territorios, el encuentro puede ser al mismo tiempo enriquecedor y desafiante. Para muchos habitantes de las riberas de los ríos existe una percepción inicial de distancia, ya sea por el uso de un lenguaje técnico o por el enfoque metodológico que, a veces, desconoce los saberes locales. Y cuando este conocimiento tradicional es negado o subestimado, muchos habitantes de las riberas de los ríos se sienten invisibles. Pero sus experiencias y conocimientos acumulados durante generaciones no deben considerarse irrelevantes, pues han asegurado una coexistencia armoniosa con la biodiversidad durante siglos y milenios.

Este sentimiento de desvalorización puede generar desconfianza, resistencia e incluso cierto aislamiento en relación a los investigadores, creando barreras que dificultan compartir información valiosa sobre el territorio, el uso sostenible de los recursos naturales junto con la dinámica de la vida local. El impacto emocional de esta negación va más allá de la frustración: afecta el orgullo comunitario, la autoestima colectiva y el sentido de pertenencia.

Por otra parte, cuando los científicos demuestran un interés genuino en aprender, escuchar e integrar este conocimiento en sus estudios, surge un ambiente de intercambio mutuo, donde los conocimientos académicos y tradicionales se complementan, formando una poderosa confluencia, como diría el pensador Nego Bispo. Se crea así un espacio donde la ciencia no sólo observa, sino que también escucha, comprende y valora las voces locales.

Así, los habitantes de las riberas dejan de ser vistos como simples objetos de estudio y pasan a ocupar el papel de protagonistas en la producción de conocimiento, reafirmando la importancia de sus prácticas, narrativas y modos de vida. En este patrimonio se enriquecen tanto los científicos como las comunidades, construyendo puentes que respetan la diversidad de conocimientos y fortalecen el compromiso con la preservación cultural y ambiental de los territorios.

A pesar de los avances, aún existen desafíos relacionados con la asimetría de poder entre académicos y comunidades, además de la necesidad de un mayor reconocimiento institucional del valor de los conocimientos locales. Es fundamental que las instituciones académicas respeten y fortalezcan este conocimiento, reconociéndolo como parte esencial de la construcción del conocimiento científico. Es fundamental que el abordaje se realice de manera que los miembros de la comunidad comprendan la dinámica como una forma de fortalecer y agregar valor a lo que ya saben.

Incluso de manera no intencional, el acto de investigar puede reproducir prácticas colonizadoras cuando se apropia del conocimiento sin considerar los impactos sobre quienes lo comparten. Pregúntese siempre: ¿Mi investigación empodera o silencia? ¿Valorar o invisibilizar? Estas preguntas son fundamentales para construir un diálogo que siente las bases de una buena relación entre ambas partes, pues el conocimiento de los territorios es posiblemente el ingrediente principal para una Amazonía más justa y sostenible.

El conocimiento tradicional como base para la conservación

La conservación en la Amazonía sólo será efectiva si incluye a las comunidades locales como protagonistas. Esto significa integrarlos activamente en los procesos de toma de decisiones y de gestión territorial. Las experiencias exitosas de gestión comunitaria demuestran que la conservación no es sólo una cuestión ambiental, sino también social y cultural.

Es esencial superar el estereotipo de que las comunidades son meros guardianes pasivos de la biodiversidad. Son agentes activos, portadores de tecnologías sociales fundamentales para equilibrar el uso sostenible y la preservación. Valorar estas prácticas fortalece tanto la conservación como la justicia social y la equidad. Para muchos investigadores la conservación es resultado de proyectos, pero la Amazonía nos enseña que debe ser una forma de vida. La protección de la biodiversidad está estrechamente vinculada a la calidad de vida local.

Ante los crecientes desafíos, integrar el conocimiento tradicional y científico es una necesidad. Invertir en asociaciones que amplifiquen las voces de la comunidad es esencial para garantizar que la conservación sea colaborativa. Después de todo, no hay forma de preservar la Amazonía sin las personas que la habitan.

La popularidad (potencialmente frágil) de Javier Milei

El carisma y el liderazgo personalista son aspectos comunes de la política contemporánea. Ahora bien, ambos comparten una característica: son potencialmente inestables. Inicialmente representan un “economizador” para la gente a la hora de construir una preferencia política. No tienen que estar muy informados o identificados con un espacio político en particular, para contar con una opinión sobre las diferentes opciones políticas, sino que alcanza con construir una “imagen” sobre los líderes. Por ejemplo, en la Argentina es común escuchar “soy mileista”, “soy macrista”, “soy cristinista” (también en su forma negativa “no soy…”). Y cada uno de estos referentes han sabido explotar sus respectivas cualidades desde las cuales transmitir su carisma.

De esta manera, un líder personalista y carismático, no solo lidera su espacio político de manera incuestionable, sino que aparenta tener cierta cualidad que, a ojos de sus seguidores, lo diferencia del resto y lo hace políticamente atractivo. El problema es que la rápida popularidad que puede ganarse de esta manera, también puede perderse con la misma velocidad. Básicamente esto ocurre cuando el líder termina fracasando en aquello que prometía. Ahí se pierde liderazgo, se pierde el carisma y se gana en oposición. Todo esto puede pasar muy rápido.

La rápida construcción de un liderazgo

Javier Milei no solo representa un líder carismático, sino que lidera un espacio personalista construido y centrado en su imagen (La Libertad Avanza). Con una personalidad estridente apareció en los medios de comunicación antes de lanzarse a la política como un “outsider” en 2021. Dos años después se transformó en presidente de la Argentina. Y lo hizo “sin un partido”. Lo hizo gracias a lo que representaba su figura: algo diferente a lo conocido (en crisis). Como muchos decían, era una suerte de salto al vacío.  

Milei ganó la presidencia en una coyuntura favorable para que un líder como él obtuviera la victoria. Una crisis económica sumada a una insatisfacción generalizada con “la casta” y la consiguiente retracción electoral de las fuerzas políticas tradicionales, implican un combo que sienta las bases para que un “outsider” tenga expectativas electorales. Milei supo aprovechar esta situación y ganó.

Esa personalidad disruptiva, alejada del “establishment” y bajo la promesa de resolver los problemas económicos (él se suele presentar como un especialista en crecimiento económico con o sin dinero), fue una novedad para un electorado que en gran parte buscaba algo nuevo. Para muchos esa “diferencia” representó la razón del voto. Eso nos lleva al siguiente punto.

Los diferentes tipos de votantes de Milei

En términos de lo anterior, podemos decir que la popularidad y victoria de Milei estuvo alimentada por diferentes razones: enojo ciudadano, la búsqueda de algo diferente y también apoyo genuino a las ideas libertarias que el primero ha representado. A estos factores hay que sumarle el voto antiperonista (especialmente presente en el balotaje de 2023).

El punto es que todos estos factores pueden relacionarse (en tendencia) con grupos diferentes de votantes. La clave de entender esto, está en que el núcleo duro (es decir el votante estable que no va a defeccionar ante un fracaso) de Milei solo está asegurado en uno de ellos: quienes efectivamente piensan como él. Aquellos que en las redes dicen “es exactamente lo que voté”.

¿Qué significa lo anterior? Si aceptamos esta distribución del voto mileista, podemos concluir que una gran proporción de su base electoral tiene un componente volátil. Esto implica que, salvo aquel grupo vinculado al núcleo duro, el resto puede tranquilamente el día de mañana dejar de acompañar al liderazgo de Milei.

Las potenciales implicancias de lo anterior para la (¿frágil?) popularidad de Milei

De acuerdo a datos del Directorio Legislativo, el nivel de aprobación de Javier Milei se ha mantenido relativamente estable en la Argentina, transformándolo en uno de los presidentes de América Latina con mayor tasa de aprobación.

Hay una serie de factores que han ayudado a esta continuidad pero dos de particular importancia el económico y el político. El primero se vincula a lo que ha sucedido con la inflación. Durante 2024 la inflación ha ido bajando progresivamente, siendo este uno de los factores que el gobierno ha utilizado como bandera de victoria en cada declaración pública. A nivel político, se destaca la ausencia de alternativas competitivas en una oposición en crisis. Hoy en día no existe un “referente” que pueda competir en igualdad de condiciones con Milei. Este último sigue siendo, como vimos recién, muy popular. Seguramente la baja de la inflación haya ayudado.   

El resultado económico y la carencia de alternativas competitivas en la oposición, favorece entonces la persistencia de la popularidad del liderazgo carismático y personalista de Milei. Esta es la foto actual. Pero el escenario es como el de un castillo de naipes: sólido hoy, pero frágil mañana. Que se caiga un naipe (la economía), puede llevarse por delante otros (como la popularidad de Milei y la no competitividad de la oposición).

¿Qué ocurriría si la inflación volviera a dispararse? ¿Qué ocurriría si las preocupaciones de la ciudadanía abandonan la inflación y pasan a inclinarse más a aspectos macroeconómicos como el consumo en un contexto de ajuste y restricción presupuestaria? Estos son sólo ejemplos ilustrativos de cimbronazos económicos que pueden desafiar la actual popularidad del presidente de la Argentina. Y esto podría ocurrir rápidamente, porque su popularidad se nutre ampliamente de una ciudadanía descontenta, que podría también sumar a dicho enojo a Milei si no se cumplen sus expectativas.

Las imágenes y la volatilidad

El caso de Milei es ilustrativo de varias facetas de la política contemporánea a nivel mundial. Representa un liderazgo personalista, carismático y con tintes populistas, que emerge a partir de un contexto de crisis.

Estos elementos no hacen más que agregar ingredientes a la ya conocida política centrada en imágenes abstractas. Esta generalidad construida décadas atrás desde la televisión, hoy se crea también desde las redes sociales.

Pero las imágenes son volátiles: hoy me gusta lo que veo, mañana tal vez ya no. Milei, como otros líderes mundiales construidos desde el carisma y el personalismo, se enfrenta a esta encrucijada. Su popularidad se sostiene en el éxito y en la persistencia de este último. En la Argentina eso significa que la economía se recupere y se estabilice en el tiempo. La política contemporánea no acepta traspiés. Esto último es sinónimo de rápida impopularidad y de generación de una ventana de oportunidades para la oposición. 

La irrupción de nuevos liderazgos ante la crisis de autoridad

La política global está viviendo un cambio de paradigma. La sociedad se horizontalizó al romper con los moldes tradicionales y reconfigurar la manera en que los electores se relacionan con el poder. Desde hace algunas décadas, las personas están librando, sin notarlo, una guerra contra la autoridad. No se trata de un enfrentamiento explícito contra un monarca, la policía o el ejército. Son las “autoridades”, en términos generales las que ya no tienen el incuestionable rol de dirigir a la sociedad, decirles cómo, cuándo o dónde hacer o dejar de hacer. El principio de autoridad está en crisis y para sobrevivir en este nuevo escenario, los liderazgos políticos necesitan transformarse.

Esto puede verse en el ámbito de la religión con la crisis de las otrora masivas expresiones de fe y la emergencia de nuevas y descentralizadas (o sin una autoridad única) religiones. Como explica el filósofo Charles Taylor en A Secular Age, la gente no ha dejado de creer, sino que ha puesto en duda aquella autoridad y prédica que antes era incuestionable. Se produjo lo que él llama una “super-nova espiritual”, una explosión en la que las personas buscan nuevas alternativas de creencias y profesar su fe.

Como resultado, en las últimas décadas cada vez más creyentes se vinculan con distintas vertientes evangélicas, adoptan creencias sincréticas que combinan elementos de distintas tradiciones religiosas, o incluso se identifican como «espirituales pero no religiosos», reflejando así una fragmentación y diversificación del panorama religioso contemporáneo. Según estudios de Latinobarómetro, el catolicismo ha disminuido en la región casi 30 puntos entre 1995 y 2024, mientras que el los evangélicos se han triplicado en el mismo periodo.

En el ámbito político, los partidos ya no son autoridad para los electores ni los líderes dueños de los votos. El politólogo Peter Mair analiza en Rulling the Void parte de este proceso que vive occidente. Las estructuras partidarias se han divorciado de los electores, replegándose, según Mair, a tener solo una función burocrática y un componente exclusivamente de élite política. Como dice Mair, la era de los partidos ha pasado y los políticos gobiernan, pero no representan.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó al Palacio Nacional con Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) creado por él apenas 7 años antes y terminando así con la inevitabilidad que históricamente representaron el PRI y, en menor medida, el PAN en la selección y apoyo electoral en México. En Francia, Emmanuel Macron fundó La République En Marche! en 2016, sin una estructura partidaria tradicional, y en menos de un año ganó la presidencia francesa. Su éxito mostró cómo los partidos establecidos (socialistas y republicanos) habían perdido la capacidad de movilizar y retener el voto del electorado.

Una experiencia similar fue la de Mauricio Macri en Argentina, aunque su camino con el PRO tardó casi 10 años y requirió integrar una coalición con el centenario partido UCR y la Coalición Cívica. Perfeccionando la técnica, Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación con una coalición de partidos creada hacía menos de 2 años, sin institucionalidad partidaria real. Los electores no votan por partidos; los votos no son de los dirigentes.

En el ámbito económico, la autoridad está siendo cuestionada y formatos descentralizados como los que posibilita la blockchain están siendo explorados. En 2008 nació Bitcoin como una respuesta a la crisis internacional que expuso la incapacidad de los gobiernos en estabilizar la economía y abstenerse de la constante emisión monetaria que, junto a otros factores, genera inflación. Hoy es la criptomoneda con mayor capitalización del mercado. En pocos años, el uso de esta criptomoneda, y otras, será tan común como lo es hoy pagar con QR o contactless en cualquier comercio de barrio.

El éxito reside en que, mientras que el dólar, el peso, el real o cualquier moneda sujeta a la decisión política de emisión se depreciará tarde o temprano, el Bitcoin en particular, se apreciará porque su emisión está limitada y ninguna autoridad puede cambiar sus reglas. En países con alta inflación como Argentina y Venezuela, la adopción de criptomonedas ha crecido porque la gente desconfía de las políticas monetarias de sus gobiernos. Además de Bitcoin, hay plataformas como Ethereum que permiten préstamos y transacciones sin bancos, reforzando la tendencia hacia la descentralización económica. En 2021, Nayib Bukele, el primer presidente milennial de Latinoamérica, implementó el Bitcoin como moneda de curso legal y creó la reserva estatal en dicha moneda. Se estima que El Salvador ha obtenido una ganancia del 120% en sus reservas de Bitcoin alcanzando aproximadamente 600 millones de dólares.

En el ámbito de la comunicación, la autoridad de los periodistas y los medios tradicionales como el periódico, la radio y la televisión han perdido relevancia al momento de la formación de la opinión pública. Según la encuestadora Gallup, mientras que 7 de cada 10 estadounidenses decían en 1970 confiar mucho o bastante en los medios noticiosos, en 2024 la cifra apenas alcanzó a 3 de cada 10 y rondó el 25% entre los menores de 30 años. Internet y las redes sociales le permitieron a los usuarios hiper fragmentar el consumo de información, generando una selección casi individualizada de lo que consumen, cuándo y dónde.

Sin embargo, como explica la teoría del flujo de comunicación en dos pasos del sociólogo Paul Lazarsfeld (en The Peolple´s Choice), la opinión pública se sigue moldeándo a través de figuras influyentes que actúan como mediadores de la información. En lugar de periodistas y medios tradicionales, hoy ese rol lo ocupan streamers, podcasters y creadores de contenido digital como Joe Rogan en Estados Unidos, que interpretan y amplifican las noticias para sus audiencias. La inteligencia artificial generativa está llevando el consumo de información a un nuevo nivel, permitiéndole a cada persona ordenar qué contenido, en qué formato y con qué características quiere consumirlo. En pocos años alcanzará con tipear un prompt para que el software nos dé, a cada uno, un contenido único y exclusivo.

A través de redes sociales o plataformas digitales, los nuevos liderazgos políticos se saltan las estructuras tradicionales, como los partidos o los medios, y logran establecer un contacto casi íntimo con sus seguidores. Prescinden de los medios o periodistas para conectarse con las audiencias. Tienen Twitch, Instagram y Facebook. Pueden crear sus propios contenidos, comunidades y dinámicas comunicacionales sin la intervención del CEO de un medio, la gentileza de un periodista o la necesidad de un productor. El que decide qué ver es cada uno de los usuarios y alcanza un leve scrolleo para silenciar a cualquier político.

La comunicación ya no pasa por portavoces, sino que es el propio líder quien se muestra “en carne y hueso”, hablándole a cada una de las personas sin intermediarios. Esto refuerza la idea de cercanía y la sensación de que el líder es uno de nosotros, sintiendo, escuchando y hablando como si estuviera con nosotros. Es cierto que previo a su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei recorrió como pocos candidatos los sets televisivos. Sin embargo, su llegada a los electores, nivel de conocimiento y atracción no se explica por la televisión, sino por los cautivantes shorts de YouTube, la redifusión que hacían cuentas secundarias como “El Peluca Milei”, que reproducía con leves ediciones sus intervenciones en la televisión, y los propios posteos de él en sus cuentas.

La crisis del principio de autoridad alienta a transformaciones en los nuevos liderazgos. Muchos de ellos han entendido que el poder hoy se gana y se conserva por medio de la disrupción, la emoción y la comunicación directa. Son líderes que se presentan como el cambio mismo, el portavoz de nuestras emociones y el amigo que nos habla sin filtros. La política, en su esencia, ha cambiado.

Quizás es momento de preguntarnos si estos nuevos estilos de liderazgo, tan audaces y cercanos, lograrán también transformar nuestras sociedades o si, al final, resultarán ser simplemente una cara más de un sistema que sigue buscando su camino en tiempos de incertidumbre.

Más allá de las cuotas de género: construir paridad desde el poder

María Elena Wapenka, ex diputada en Paraguay, considera que las cuotas de género fueron una herramienta fundamental para que las mujeres pudieran acceder a la política en un sistema tradicionalmente dominado por hombres. Para ella las cuotas son un medio eficaz en el incremento de la representación femenina, ya que permiten que las voces de las mujeres sean escuchadas en los procesos de toma de decisiones, algo que antes era casi imposible debido a las barreras estructurales. Considera que, sin las cuotas, muchas mujeres seguirían siendo excluidas del sistema político porque son una herramienta que permite equilibrar el poder y fomentar la equidad en un sistema patriarcal y, aunque no sean perfectas, dan respuesta a la discriminación histórica.

Patricia Bullrich, por otro lado, ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina, ha manifestado su desacuerdo con la implementación de cuotas de género, argumentando que estas medidas pueden ser percibidas como una forma de discriminación inversa y que la igualdad debe lograrse a través del mérito y la competencia.

Ambas posturas están llenas de matices y el debate sigue siendo una cuestión importante en la política global. Las críticas se centran en la idea de que, en algunos casos, pueden resultar en una representación de mujeres que no tienen suficiente respaldo popular o experiencia, lo que podría reforzar estereotipos de que las mujeres solo acceden a esos espacios por su género, no por su capacidad. 

¿Ha sido efectivo el sistema de cuotas para cambiar cifras de participación de las mujeres en el poder?

La experiencia mundial, y en particular en nuestro continente americano, muestra la efectividad de las cuotas, ya que aparentemente y en principio hay diferencias numéricas en la presencia femenina entre aquellos sistemas políticos donde se contemplan y los que no. Es común hoy afirmar que sí han sido exitosas en el sentido de incrementar más o menos rápidamente la presencia femenina en los espacios en los cuales se aplica, toda vez que contribuyen a crear “masa crítica” para la introducción de temáticas femeninas que se considera que aparecen cuando hay entre un 30% y un 40% de presencia femenina.

La democracia paritaria en América Latina y el Caribe aún está lejos de cumplirse, con una participación femenina en la toma de decisiones del 30% en promedio. A pesar de avances en leyes de cuotas y reformas constitucionales en varios países, los sistemas políticos patriarcales siguen limitando la igualdad. La representación de mujeres en gabinetes ministeriales es del 28,7%, y la paridad se alcanza solo en Chile y Costa Rica. En Parlamentos nacionales, la participación es del 34,9%, con una proyección de 40 años para alcanzar la paridad. Según el Foro Económico Mundial, la región ha cerrado el 74,3% de su brecha de género, destacando mejoras en empoderamiento político y oportunidades económicas.

Pero la realidad sigue siendo que muy pocas mujeres llegan al poder, poquísimas se mantienen (por lo general ocupan cargos hiperfeminizados con poca influencia) y casi ninguna logra incorporar perspectiva feminista en las políticas públicas y en las acciones de gobierno que logren cambiar las condiciones de las mujeres. 

Todos los informes y reportes y hasta el sentido común racional resaltan lo bien que nos iría como sociedad si las mujeres participaran y tomaran más decisiones. Pero las cifras revelan que las mujeres seguimos siendo excluidas de todos los espacios de poder. Los avances son lentos y tienen retrocesos. La situación de las mujeres se está negociando permanentemente. No hay cambios estructurales, solo mujeres masculinizándose para aferrarse al poder. La verdad es que todos los días, en todo momento, los derechos de las mujeres se pasan por alto, se amenazan y se socavan. 

Paridad como nueva bandera

Recientemente, en octubre de 2024, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) aprobó la Reglamentación General 40, que pone en la paridad 50-50 el foco principal. En palabras del Comité, no alcanzar la paridad impedirá a los Estados y a la comunidad internacional abordar eficazmente los urgentes retos nacionales, regionales y mundiales, en particular los relacionados con la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico, el cambio climático y los avances tecnológicos como la inteligencia artificial.

Lo definen como crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Hacia mayo de 2023, en ninguno de los 17 se habían alcanzado, especialmente el número 5, Igualdad de Género, que está por detrás de lo esperado a nivel global. La RG 40 establece que todas las desigualdades se agravan debido a la discriminación estructural y las desigualdades sexistas existentes, tanto en lo público como en lo privado.

Con esta recomendación, no se apela a la transitoriedad o la discriminación positiva, la paridad pasa a ser un principio universal y permanente. Es un reclamo que el feminismo radical tiene tiempo haciendo: “Sin paridad no puede haber democracia”, “La paridad es un derecho constitutivo de la democracia”. 

Este principio busca una verdadera igualdad de oportunidades y de participación entre los dos géneros, ya que garantizaría equidad total, transformación estructural a través del cambio de las dinámicas de poder y equilibrio de liderazgo a partes iguales de forma sostenible y duradera. 

Sin embargo, lograr la paridad puede ser complejo, ya que representa una meta más ambiciosa. No solo implica cambiar las leyes, implica transformar profundamente las estructuras de poder y la mentalidad social. No se trata solo de cambiar números, sino generar un cambio cultural que debe atravesar tradiciones patriarcales profundamente arraigadas que limitan la aceptación de la igualdad de género.

En lo personal estoy convencida que la paridad es una lucha por un derecho similar al del sufragio. No es una concesión de los partidos políticos ni las juntas directivas ni los mandatarios cuando eligen su gabinete, es un derecho político.

¿Cómo hacer para que la paridad sea sustantiva y no solo formal?

Para cambiar esta situación se precisa una transformación estructural de los roles y responsabilidades de género en las esferas pública y privada, de modo que se fomente un contexto en el que mujeres y hombres puedan conciliar de forma igualitaria sus obligaciones y competencias profesionales y sus responsabilidades familiares y otras responsabilidades de cuidados, por ejemplo mediante una nueva organización del trabajo y la reconfiguración de los conceptos de productividad, monetización y economía del cuidado.

Según la CEPAL, la experiencia de los países donde la paridad ha sido efectiva (México, Chile, Argentina, por ejemplo) se ha dado por la incidencia articulada de diferentes actores: “las propias mujeres políticas, organizadas en coordinaciones intra e interpartidarias; los órganos de contralor electoral comprometidos con la promoción de la igualdad de género; partidos políticos y dirigentes aliados que muestran un compromiso real con la paridad de género en los espacios de decisión política, y la vigilancia y denuncia de los casos de incumplimiento desde el movimiento social feminista”.

En muchos casos, se podrían combinar las dos estrategias: comenzar con cuotas de género para generar representación y visibilidad inmediata mientras se trabaja paralelamente para construir la paridad a largo plazo, garantizando que, una vez que se logren avances, las estructuras políticas y sociales sean capaces de sostener una verdadera igualdad de género.

Si bien algunos pueden argumentar que las cuotas no resuelven todos los problemas, como la representación auténtica o la calidad de la participación, es innegable que abren puertas y visibilizan el talento femenino en un entorno históricamente dominado por hombres.

La agenda feminista es la agenda de la igualdad, no de la inclusión. No se trata de encajar en este sistema patriarcal que valora lo masculino por encima de lo femenino, sino diseñar otro en el que mujeres y hombres vivamos en igualdad de condiciones. Por ello urge un gran acuerdo nacional en torno a la paridad, donde Estado, partidos políticos, sector privado y sociedad civil se comprometan a facilitar las condiciones para que más mujeres lleguen al poder.

¿Es Trump una nueva fortaleza de China?

Suponiendo que las posiciones de Trump en las primeras semanas de su administración, en lugar de ser ocurrencias efímeras, reflejen una nueva ruta para Estados Unidos, ¿tendrán un impacto en las perspectivas económicas de China?

Antes de abordar esa pregunta, se debe prestar atención a las fortalezas estructurales de China, entendiendo por “estructurales” aquellas que no dependen de factores externos. Hay al menos seis de esas a su favor. Primero, el gran tamaño de su mercado interior, lo que garantiza bajos costos promedio de producción y, por lo tanto, precios relativamente bajos, para productos de alta tecnología y para la industria pesada, caracterizados por altos costos de entrada, tamaños mínimos de planta relativamente grandes y economías de escala. Por lo tanto, tenga o no acceso a los mercados externos, las empresas chinas pueden producir a precios competitivos incluso en los sectores más complejos y de gran escala.

En segundo lugar, la relación ahorro/PIB de China —en torno al 45%— es muy superior al nivel que prevalece en la mayoría de las economías occidentales (por ejemplo, la de Estados Unidos es de alrededor del 18%) y a la media mundial (27%). Esto dota a China de un amplio margen para aumentar el consumo sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica. Frente a las guerras comerciales, esta circunstancia podría facilitar la mitigación del impacto sobre el PIB de la caída de las exportaciones.

En tercer lugar, China ha invertido históricamente en educación de alta calidad. Esto ha dado como resultado una fuerza laboral altamente productiva y adaptable. Además, una población educada facilita aceptar restricciones presupuestarias, comprender la trascendencia de renunciar a las aspiraciones de corto plazo por objetivos estratégicos nacionales de largo plazo y sopesar el conjunto de factores contradictorios que deben tenerse en cuenta al elaborar políticas de desarrollo; todo ello alimenta altos niveles de cohesión social, un factor crítico para la tasa de inversión y el crecimiento del PIB.

En cuarto lugar, desde la antigüedad China cultivó un apetito especial por el conocimiento y soluciones tecnológicas a problemas de producción. China inventó la pólvora, los relojes mecánicos, la brújula, la imprenta, el papel, entre otras herramientas, mucho antes de que el resto del mundo siquiera las imaginara. Después de las reformas de 1979, sustantivas asignaciones presupuestarias destinadas al R&D han fortalecido ese apetito por la ciencia y han permitido al país competir codo a codo con Occidente en varios sectores de alta tecnología.

En quinto lugar, en lo que respecta únicamente al crecimiento económico, el sistema político chino tiene fortalezas que no se encuentran en otros países. Por un lado, las autoridades chinas son pragmáticas —no ideológicas— a la hora de elegir e implementar políticas económicas (“lo que importa es que el gato atrape ratones, no su color”, decía Den Xiaoping, responsable de los cambios a partir de 1979). Por lo tanto, cuentan con toda la gama de herramientas microeconómicas, fiscales y monetarias para materializar sus objetivos. Por otro lado, el sistema de partido único garantiza no solo la estabilidad social sino también la continuidad de objetivos, estrategias y políticas, todo lo cual alienta al capital privado a invertir y asumir riesgos en proyectos complejos de largo plazo.

Finalmente, desde 1839 hasta 1945 China sufrió ataques, invasiones y derrotas por parte de las potencias occidentales y algunos vecinos asiáticos. Esos 106 años de agresión, conocidos en la narrativa China como el Siglo de la Humillación, están en las entrañas de la psique china, dotando de una alta prioridad la unidad, la autoprotección y la fortaleza nacional; todo ello allana el camino hacia el trabajo duro, el sacrificio, el espíritu empresarial y la armonía social. Esto no solo facilita el trabajo del gobernante Partido Comunista, que jugó un papel clave en el cese de esa Humillación, sino que también se suma como una contribución positiva a la competitividad de la economía.

Occidente podría optar por materializar su animosidad contra China, causada principalmente por temores económicos, con guerras arancelarias destinadas a detener su progreso, ignorando así que estos factores histórico-estructurales dotan a ese progreso de su propia dinámica y autosostenibilidad. Sí, la relación exportaciones-PIB de China es relativamente elevada; asciende a casi un 18%. Pero si los aranceles redujeran sus ventas externas en un 20%, a un 14,4% del PIB (un evento muy improbable), el consumo local podría fácilmente compensar esa caída en la demanda agregada, con una reducción correspondiente de la relación ahorro-PIB de 3,6 puntos porcentuales, llevándolo a alrededor del 41%, todavía muy por encima de las tasas de ahorro promedio de Occidente. En ese escenario, el impacto de los aranceles en el PIB sería mínimo —si es que lo hubiera—, al tiempo que mejoran el consumo y la calidad de vida dentro de China.

Por otro lado, el presidente Trump podría, sin quererlo, estarse convirtiendo en un jugador clave para Team China. Parece haberse embarcado en una cruzada para hacer enemigos de amigos y hacer amigos de países profundamente desacreditados ante los aliados occidentales de Estados Unidos.

Los recortes en los presupuestos de ayuda internacional están borrando cualquier esperanza de que hubiese la más mínima coherencia de parte del cristianismo proclamado por buena parte de su base política y de que el capitalismo estadounidense no fuera depredador, al tiempo que causa estragos en muchos países y grupos de personas que se beneficiaron de esa ayuda.

La expulsión forzosa de migrantes y su envío a países que ya enfrentan serios problemas de pobreza y desempleo, pero que ante los chantajes en temas comerciales se ven obligados a aceptarlos, evidencia cero respeto por los derechos humanos y una alarmante predisposición a utilizar el poderío económico para hacer imposiciones unilaterales.

Un resurgimiento de la imperialista Doctrina Monroe del siglo XIX (América para los americanos) y del Destino Manifiesto (derecho de los Estados Unidos a expandir su territorio) está dañando las relaciones con Dinamarca, Palestina, algunos países árabes, Canadá, Panamá y México y se está convirtiendo en una advertencia para el resto del mundo.

Sus prácticas comerciales mercantilistas-proteccionistas y sus amenazas contra amigos y enemigos se interponen en el camino de reglas multilaterales legalmente vinculantes y de tratados comerciales bilaterales, todos los cuales fueron promovidos —si no impuestos— durante décadas por el mismo país que preside. Por ejemplo, la vinculación de la política comercial (y sanciones personales, ya ejecutadas contra dos diputadas costarricenses, simplemente porque opinan que a Huawei debe permitírsele participar en la licitación para el desarrollo de la tecnología 5G) a la lucha geopolítica de Estados Unidos contra China traiciona tajantemente uno de los principales argumentos propagandísticos que se utilizaron para promover el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR): que la aprobación del acuerdo blindaría totalmente las relaciones comerciales de la geopolítica y los cambios de gobierno en EE. UU.

Más que simplemente impresionar o asustar, como vaquero decidido y valiente jineteando el poder (imagen que quizá busca), Trump podría estar llevando a muchas personas en el mundo a tener dudas sobre la sinceridad, los valores y las verdaderas intenciones de los Estados Unidos. Habrá muchos líderes que hoy se preguntan si no sería mejor fortalecer los vínculos con una China ansiosa por relaciones comerciales guiadas simplemente por precios y calidad que con unos Estados Unidos mercantilistas y extorsionadores, dispuestos a utilizar cualquier medio para lograr sus fines. 

Por lo tanto, podría ser que Trump, con sus anuncios y decisiones, estén mejorando las perspectivas de la economía china y su percepción general por el resto del mundo, complementando así los factores estructurales que ya juegan a favor del gigante asiático.

¿Cómo afrontarán los líderes centroamericanos las políticas de Trump?

El incremento de las deportaciones provenientes de los Estados Unidos y la potencial clausura de los programas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) tendrá repercusiones importantes en las economías de Centroamérica. Esto, además, provocará la interrupción de los programas enfocados en reducir el desempleo, la violencia y la corrupción, impulsando aún más la migración ¿Qué pueden hacer los líderes en Centro América para enfrentar esta situación?

¿Qué está en juego en Centroamérica?

Las políticas de Trump hacia Centroamérica impactarán directamente a varios de los factores que fomentan la migración. El desempleo, la pobreza y la violencia en los países centroamericanos afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes, y son precisamente estos quienes en años recientes representan la mayor parte de las personas migrantes.

La deportación de ciudadanos centroamericanos también tendrá un gran impacto. En 2024, Guatemala recibió entre siete y ocho vuelos de retornados a la semana y este número se espera que incremente a entre 9 y 11 vuelos, alcanzando 92,000 personas al año. Esto generará un incremento repentino en la fuerza laboral en países donde lo que falta son oportunidades económicas. El desempleo en Centroamérica en 2023 era del entorno del 7% pero con unas condiciones laborales marcadas por una gran precariedad.

Este aumento en el número deportaciones, a su vez, se traducirá en una disminución de remesas desde los Estados unidos. De acuerdo al Banco Mundial, en 2022 las remesas representaban el 19% del producto interno bruto de Guatemala y más de una cuarta parte del de Honduras. Y aunque la disminución de las remesas no fuera demasiado significativa, el peso de estas al producto interno es desproporcionado y representa gran parte de los gastos en comida, salud, servicios básicos y educación de muchas personas. Para el quintil más pobre de centroamericanos casi el 50% de sus ingresos vienen de las remesas.

Este ciclo negativo de las políticas de Trump, se cierra con la eliminación de los programas de la agencia USAID. Estos programas no solo son fuentes de financiamiento, sino que también han sido fuentes de conocimientos técnicos y han ayudado a mejorar las capacidades de las naciones.

Si bien las medidas implementadas por los Estados Unidos tienen en vilo a los países centroamericanos, no son nuevas. Durante el primer mandato de Trump, la región vivió los efectos de la reducción del apoyo técnico y económico y uno de los impactos más significativos fue la clausura de la CICIG y MACCHI, organizaciones que trabajaron efectivamente para desarticular las redes de corrupción en Guatemala y Honduras. La eliminación de estas organizaciones fue un impulso para que la corrupción continuara succionando los recursos económicos de estos países.

¿Quién podrá llenar estos vacíos?

En este contexto, los líderes centroamericanos deben considerar la posibilidad de acercarse a nuevos aliados. Sin embargo, ¿puede el aumento de comercio con otras naciones activar la economía y suplantar los ingresos de las remesas? ¿existen alternativas reales a la cooperación estadounidense?

China es una alternativa debido a sus intereses geopolíticos y económicos en la región. Sin embargo, Centroamérica no cuenta con los recursos naturales de hidrocarburos y minerales que tiene Sudamérica y que tanta atracción han generado. Además, Guatemala y Belice continúan apoyando a Taiwán, lo cual bloquea la posibilidad de estrechar sus relaciones con China. Mientras que los lazos comerciales entre Nicaragua y la potencia asiática son fuertes y paulatinamente se están desarrollando con Honduras y El Salvador. Sin embargo, desde una perspectiva centroamericana, el alineamiento con China podría ser un arma de doble filo, ya que podría desatar la furia del presidente estadounidense activando un alza en los aranceles de productos de exportación hacia Estados Unidos.

Otros socios que podrían ser relevantes a futuro son la Unión Europea e India, sin embargo, de momento su peso sigue siendo limitado y no hay miras de un cambio sustancial en el mediano plazo.

La cooperación internacional es otro de los actor fundamental para la región. Las agencias de cooperación de la Unión Europea, Japón y Taiwán, el equivalente de USAID, están presentes en la región, pero se enfocan en temáticas diferentes. La Comisión Europea ayuda en la asistencia humanitaria ante los desastres y respuestas a epidemias (dengue), mientras que agencias nacionales como la Cooperación Española trabaja en educación e integración regional y la GTZ de Alemania se enfoca en la gobernabilidad, derechos humanos, medio ambiente y sustentabilidad económica. El JICA de Japón entre otros temas siste en la integración económica, conservación de los recursos naturales y desarrollo agrícola y la agencia ICDF de Taiwán, que solo trabaja con Guatemala y Belice, se enfoca en salud, transporte, educación y proyectos de agricultura.

Si bien estos programas son importantes, su volumen no es comparable con el del gobierno de Estados Unidos. Mientras que en 2024 la Unión Europea otorgó US$ 31 millones a Centro América y México, en Estados Unidos, el rubro para la asistencia hacia Centroamérica en la propuesta del presupuesto para el 2025 era de US$ 638 millones. Por lo tanto, es claro que no será fácil que los países de la región puedan sustituir con rapidez los potenciales recortes que impondría la administración de Donald Trump a la región.

En conclusión, el estrés causado por la reducción de la asistencia, la contracción de las remesas y el aumento repentino de la población empujará a las naciones centroamericanas a buscar nuevas soluciones. En el corto y mediano plazo, las alianzas entre los gobiernos y el sector privado y el incremento de la participación de otras agencias de asistencia pueden ser de ayuda.

Sin embargo, es importante que los líderes de los gobiernos de la región empiecen a entablar nuevas alianzas comerciales para mejorar las condiciones de vida de sus países en el largo plazo sin depender de los vaivenes de la potencia del norte. Y también deberían recordarle a la administración Trump cuales son las causas de la migración de centroamericanos hacia su país.

Los cárteles: “organizaciones terroristas” en México

Llegó lo largamente anunciado en la tribuna política estadounidense. El Registro Federal de Estados Unidos designa a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras e, ipso facto, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro lo oficializan. 

Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Abuelo y Unidos. Estamos hablando que, sumados, todos estos grupos del crimen organizado están en los 32 estados de la federación. Y la mayoría de ellos con conexiones internacionales. 

O sea, la designación no es menor, sino de la mayor relevancia para las relaciones entre Estados Unidos y México. Así que resulta importante la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sostenido una línea de argumentación basada en la “soberanía y no injerencia extranjera”, en la apuesta discursiva de “colaboración y cooperación” entre las dos naciones. 

Si bien existen los contactos institucionales y los acuerdos entre los responsables políticos de la seguridad en los dos países, los ejercicios estadounidenses están en los aviones, drones y navíos militares que cruzan tierra, aire y mar, lo que podría ir más allá de esas mesas de negociación; es más, ya va más allá, ya sea porque son parte de los acuerdos o por motu proprio estadounidense.

Ante todo, por las características de la estrategia de la administración de Estados Unidos, que parece operar en el mundo sin pedir permiso y sometiendo a las naciones a presiones militares y arancelarias que dejan poco margen de movimiento a los líderes políticos que responden no solo, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, a los principios de su proyecto político, sino a las fuerzas de la narcopolítica que se han construido a lo largo de décadas, como demuestran las investigaciones académicas del sociólogo Luis Astorga y decenas de investigaciones periodísticas. 

Y que están, incluso, en su propio movimiento político. No basta que la presidenta diga que está en sintonía con el gobierno estadounidense en la lucha contra las ahora “organizaciones terroristas”, sino que hay que pasar a la acción cumpliendo la ley. Ante todo, porque el artículo 139 del Código Penal federal define y sanciona los actos de terrorismo. Esta disposición describe un retrato hablado del terrorismo en curso todos los días: “Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…”

Esta norma ha sido letra muerta durante muchos años, los años en los que el crimen organizado ha pasado de ser una actividad menor de un grupo de rancheros del Triángulo Dorado (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a llegar a convertirse en organizaciones consolidadas y con conexiones internacionales. 

Y en ese punto es donde estamos. Sheinbaum sabe que la narcopolítica, como la ha definido el propio Trump en varios discursos, es estructural, lo que llama a pasar del discurso arrebatado a un discurso sereno, racional, bueno para las dos naciones. 

Porque proceder abruptamente sería desastroso para los equilibrios internos tanto políticos como económicos e, incluso, sociales. Y por eso hace falta una estrategia gradual para desmontar estructuras criminales que están causando cada año cientos de miles de víctimas en Estados Unidos y México. 

Se habla en medios más o menos informados que podría caer el gobernador de Sinaloa, quien estaría detrás de la detención y traslado a territorio estadounidense del capo Ismael El Mayo Zambada, lo que ha provocado una guerra de siete meses entre las facciones del Cártel de Sinaloa que ha causado miles de muertes y desapariciones forzadas; también que los estados de Sinaloa, Durango y Tamaulipas podrían ser clasificados como narcoestados, lo que implicaría, además de una novedad en las escalas de clasificación institucional, una política pública específica, sin precedente en algún país con este tipo de problemas estructurales. 

Y, todavía más, actuando en el ámbito de la “colaboración y cooperación”, está el ataque en la doble vertiente de los grupos generadores de violencia y los operadores financieros. 

Bien administrado es una oportunidad, no sin riesgos, para un gobierno que está anclado al ideario e intereses del expresidente López Obrador, que para muchos mexicanos sigue siendo quien mueve la cuna en el mandato de Claudia Sheinbaum. 

La pregunta que se hacen es si la presidenta querrá y podrá desprenderse de ese tutelaje o si la administración Trump terminará rebasándola con incursiones militares unilaterales, abiertas o clandestinas, como lo prevé la clasificación emitida y certificada por el Registro Federal y los Departamento de Estado y el Tesoro estadounidenses. El reloj exige definiciones prontas.