¿Cuánto cuesta el kilo de pan? La percepción de la realidad en el mundo político

Camilo Filártiga   |   Gastón O. Alvear Gómez
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¿Cuánto cuesta el kilo de pan? La percepción de la realidad en el mundo político

La dramaturga alemana Theresia Walser publicó su obra «Soy como ustedes, me encantan las manzanas» en la que retrata la vida pública y privada de tres primeras damas, incluyendo a Imelda Marcos, esposa del dictador filipino Ferdinand Marcos, quien gobernó entre 1965 y 1986. 

La obra explora la percepción que estas mujeres tenían de sí mismas y la desconexión con la realidad de sus respectivos países, encapsulada en la anécdota famosa de los 3,000 pares de zapatos de Marcos mientras Filipinas cruzaba una crisis económica. Este tema de desconexión y distorsión de la realidad no es exclusivo de épocas pasadas o figuras exóticas; es una constante en la política contemporánea, especialmente en nuestra región.

Una pregunta habitual en las entrevistas a políticos, ya sean candidatos o autoridades electas, es sobre el costo de vida de los ciudadanos. Las respuestas a menudo revelan una notable desconexión con la realidad de gran parte de la población. Este fenómeno se conoce como «sentido de la realidad,» que se refiere a la capacidad de una persona para percibir y comprender objetivamente el mundo que la rodea, basándose en hechos concretos en lugar de percepciones distorsionadas por prejuicios, ideologías o deseos personales.

Ligado a esta falta de sentido de realidad, se encuentra otro concepto: la «obstinación doctrinaria.» Este término se refiere a la inflexibilidad ideológica y emocional de ciertos políticos, quienes defienden una determinada doctrina o ideología incluso cuando existen evidencias claras que sugieren lo contrario. Esta obstinación impide la búsqueda de soluciones pragmáticas y la cooperación con otros actores políticos, afectando la efectividad y credibilidad de la clase política.

La ausencia de sentido de realidad y la obstinación doctrinaria se manifiestan especialmente durante épocas electorales. Es común ver a políticos ofreciendo soluciones simplistas a problemas complejos, sin considerar las implicaciones prácticas o los recursos necesarios. También se observa una desconexión con las preocupaciones diarias de los ciudadanos, priorizando disputas partidistas o la imagen pública sobre la resolución de los verdaderos desafíos que enfrenta la sociedad.

En América Latina, hemos sido testigos de ejemplos claros de esta desconexión. Durante la pandemia del COVID-19, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió a la enfermedad como una «gripecita» en medio de una crisis sanitaria global. En Chile, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera en 2019, el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo, afirmó en un programa radial que las personas iban a los consultorios médicos a «hacer vida social.» Ese mismo año, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al celebrar una variación de 0.0 en el Índice de Precios del Consumidor, invitó a los «románticos a regalar flores» ya que su precio había descendido un 3,7%. Estas declaraciones, aunque anecdóticas, reflejan una falta de conexión con la realidad que resulta preocupante.

Sin embargo, es en Venezuela donde la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana se hace más evidente. El régimen de Nicolás Maduro ha construido narrativas para intentar justificar los estragos que su gobierno ha causado en el país, negando lo que es evidente para cualquier observador imparcial: que Venezuela se encuentra bajo un régimen autoritario que oprime las libertades fundamentales de su pueblo. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, la comunidad internacional cuestionó seriamente la percepción que tiene Maduro y sus adherentes sobre la situación del país y los resultados electorales frente a la realidad vivida por los venezolanos.

Para abordar estos problemas, los propios políticos y partidos pueden tomar medidas concretas. En primer lugar, es crucial fomentar el diálogo y el debate constructivo, reconociendo que la ideología puede ser la base de las propuestas políticas, pero entendiendo que el adversario puede tener visiones válidas y diferentes. La colaboración y la cooperación son fundamentales para negociar y llegar a acuerdos que realmente mejoren la vida de las personas.

En segundo lugar, es necesario invertir en proyectos de desarrollo político, pensamiento crítico y análisis de datos para comprender mejor los problemas complejos. Esto permitiría a los políticos diseñar políticas más efectivas y alineadas con la realidad. Finalmente, se debe promover una cultura del aprendizaje, donde se reconozca que los políticos pueden cometer errores y aprendan de ellos para adaptarse a nuevos contextos. Este enfoque no solo mejorará la calidad de las decisiones políticas, sino que también aumentará la confianza pública en las instituciones democráticas.

En conclusión, la falta de sentido de realidad y la obstinación doctrinaria no solo afectan a los políticos, sino también a la sociedad en general y, en última instancia, a la calidad de la democracia. Esta reflexión busca destacar la importancia de estar conscientes de nuestra realidad y la de quienes nos rodean, entendiendo que la política es un trabajo conjunto y que la democracia, como ideal, no debe ser abandonada.

Lo que ocurre en Venezuela debe servir de lección para nuestros países, sobre la manera en que vemos y hacemos política. Mientras más nos alejemos de la realidad y nos cerremos en nuestras propias ideologías, mayor será la desconfianza hacia la política y la desafección con la democracia.

México, el viaje al precipicio autoritario

Ernesto Hernández Norzagaray
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México, el viaje al precipicio autoritario

El pasado 2 de junio se celebraron elecciones constitucionales en México para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión, además de casi una decena de gobiernos estatales, congresos locales y miles de alcaldías. Los estudios socioterritoriales del voto realizados por Willibald Sonnleitner en el Colegio de México arrojaron que el apoyo de los votantes, si bien mayoritariamente favorecieron a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, no fue unánime, como lo demuestra que esta suma de anagramas alcanzó el 56% ante el 44% que obtuvo la oposición PRI-PAN-PRD, organizada en la coalición Fuerza y Corazón Por México, y el partido Movimiento Ciudadano, que compitió solo. Desde entonces se han acumulado cinco momentos cruciales que nos llevan a justificar el título de este artículo. 

Al día siguiente de las elecciones

Cuando todavía no había resultados definitivos del Instituto Nacional Electoral (INE), Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, convocó a la prensa para anunciar inopinadamente cómo quedaría integrado el Congreso de la Unión bajo el sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional, señalando que la coalición de su gobierno, Sigamos Haciendo Historia, de acuerdo a una interpretación gramatical no literal, sistemática y funcional del artículo 54 constitucional, había obtenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estaba a tres votos de lo mismo en la Cámara de Senadores.  

Aprobación del INE 

Siete de los once consejeros electorales del INE votaron en la dirección de lo que la Secretaria de Gobernación había anunciado y la resolución la controvirtió la oposición ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde cuatro de los cinco magistrados electorales refrendaron lo que habían acordado la mayoría de los consejeros electorales. Los magistrados desecharon ipso facto los recursos de reconsideración que la oposición había interpuesto en contra de la sobrerrepresentación del oficialismo.  

Reformas constitucionales 

Con esa sentencia definitiva se instaló la Cámara de Diputados con 364 legisladores oficialistas y 136 de la oposición y, en ese momento, se puso en marcha la aprobación de las 20 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador, entre las que destaca la del Poder Judicial, que pretende sustituir el sistema meritocrático por el de la elección popular directa de jueces, magistrados y ministros, lo que ha provocado un paro nacional y movilizaciones masivas en todo el país de empleados y funcionarios judiciales, estudiantes y académicos, además de segmentos de la sociedad civil organizada en la Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional.  

Reacción internacional 

Esto ha provocado, además, reacciones en contra del gobierno de Estados Unidos y los grandes medios de comunicación internacional por el daño que provoca en las reglas del juego del Tratado de Libre Comercio, en la ONU por su significado para las instituciones de la democracia y en los riesgos de la instalación de un sistema dictatorial.   

Eso ha significado un triple efecto negativo en términos políticos, económicos y jurídicos que ha provocado una devaluación del peso del orden del 15% desde el día de las elecciones constitucionales.   

No obstante, los trabajos de la reforma judicial continuaron y ya es ley constitucional. Para ello han logrado los votos que les faltaban en el Senado de la República para tener la mayoría calificada, proviniendo dos de ellos del PRD y otro más del PAN mediante presiones y amenazas sin necesidad de pactar con la oposición. 

Alineamiento de Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que habrá de tomar posesión de su cargo el 1 de octubre, está plegada a la postura de los jacobinos de Morena y aliados encabezados por el presidente López Obrador. Y en ningún momento se ha salido del guión contra el Poder Judicial y, en especial, contra ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sostenido una posición indeclinable de defensa de la Constitución.  

En suma, instituciones fundamentales de la transición a la democracia están bajo amenaza, y con ello las bases de sustentación de un largo periodo de estabilidad social, económica y política, y se puede entrar en un cambio de régimen o, mejor, llevar a restablecer el modelo de sistema de partido hegemónico priista sin oposición que permaneció buena parte del siglo XX.

Ecuador y China: De la diplomacia exploratoria al TLC

Valeria Puga Álvarez
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Ecuador y China: De la diplomacia exploratoria al TLC

Hasta hace un poco más de dos décadas, el intercambio comercial entre Ecuador y China distaba de los volúmenes actuales. Según el Banco Central del Ecuador, en 2002 las exportaciones al país asiático apenas bordeaban los 24 millones de dólares y las importaciones se elevaban por los 290 millones. Hoy esas cifras, contrastan con el rol protagónico que juega China en la economía ecuatoriana como principal socio comercial no petrolero y como primera fuente de financiamiento externo bilateral.

Para la estrategia china, Ecuador no era un actor prioritario al lado de economías como las de Brasil, Argentina y México. Por ello, resulta peculiar que de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que China ha firmado hasta el momento con países de la región, ninguno sea con los estados objetivo, sino con economías medias y menores, como las de Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.

Para China, los TLCs son instrumentos complementarios al sistema multilateral de comercio, afines a sus propósitos de “apertura al exterior y aceleramiento de las reformas internas”. Así, China ha encontrado en el comercio, y no en la seguridad o en la política, su terreno fértil para ampliar sus relaciones con países de histórica influencia estadounidense como Ecuador.

Consenso ecuatoriano y pluralismo profundo chino

El nexo entre Ecuador y China ha ido in crescendo, a la par que el gigante asiático ha ascendido como potencia mundial, sobre todo, económica desde 2010. Se trata de una asociación sólida que, a pesar de los cambios en la orientación política de los gobiernos ecuatorianos, ha logrado sostenerse en dos pilares importantes: el reconocimiento del principio de una sola China por parte de Ecuador y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales.

Si bien esta continuidad refleja el “espíritu geopolítico de la época”, también es el resultado de la convergencia entre la consolidación de un consenso pragmático, a nivel nacional, de que no se puede prescindir de China como socio privilegiado comercial y el precepto armonizador chino de “pluralismo profundo” se fundamenta en “el establecimiento y desarrollo de relaciones entre países con diferentes sistemas sociales”, más allá de lógicas antagónicas.

El concepto de “pluralismo profundo” tiene sus raíces empíricas en la doctrina de “coexistencia pacífica”, vigente en la diplomacia china hace 70 años. Este principio contrasta con el acento universalista de la política exterior estadounidense, que tiende al binarismo confrontativo y es mucho más dependiente de la orientación política del gobierno de la contraparte.

Esta diferencia de aproximaciones ha sido evidente en Ecuador, que después del gobierno del presidente Rafael Correa, se ha realineado con EUA y su agenda, y ha limitado su cooperación con China a lo comercial, intentando apartarse de lo financiero y lo político.

Las bases normativas del TLC

Para dar cauce al vigente Tratado de Libre Comercio (TLC) fue necesario el ingreso del país asiático a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, el establecimiento de una nueva política de diversificación económica y comercial por parte de Ecuador en 2007, y la deliberada adopción de China de una estrategia de acercamiento a América Latina en 2008.  Estos tres eventos configuraron el campo normativo básico para la posterior profundización de los vínculos transaccionales entre ambos países.

La crisis económica y financiera de 2008, que afectó sobre todo a EEUU y a Europa, dejó un importante espacio de maniobra política para que tanto China como América Latina fortalecieran sus relaciones. El primer libro blanco de la política china para la región coincidió con el “giro a la izquierda” en varios países, mayormente de Sudamérica, que intencionalmente optaron por diversificar sus relaciones con socios no tradicionales y antihegemónicos como China.

En el caso de Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2020, estableció como objetivo la ampliación de las relaciones económicas del país con socios de la Cuenca del Pacífico como China, Japón e India. Aquello significó no solo una intensificación comercial, aunque asimétrica, entre China y Ecuador, sino el intento del forjamiento de un nexo conducente a la consolidación de un orden posamericano.

Además, implicó para el gobierno de Rafael Correa, una fuente de financiamiento de un modelo propio de desarrollo, el del “Buen Vivir”. Esta convergencia política, comercial y financiera contribuyó a que China elevara su nexo con Ecuador a “Asociación Estratégica” en 2015, lo que se tradujo, según el Banco Central del Ecuador, en un pico de las exportaciones ecuatorianas al gigante asiático.

Aunque la base de esta asociación se constituyó, en gran medida, alrededor de la agenda compartida de “defensa de los intereses comunes de los países en vías de desarrollo” y de “construcción de un mundo multipolar”, sentó los marcos técnicos para la exploración de “la complementariedad de la economía y del comercio bilateral”.

A pesar del leve peso geopolítico del Ecuador y del tamaño de su economía, el país andino tuvo un rol pivote en el acercamiento de China a la región, a través de su gestión como miembro del cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), de su presidencia pro tempore del organismo y su fomento en la construcción del Foro China-CELAC. Tanto la visita de Xi Jinping, como el elevamiento de la asociación, supusieron un reconocimiento tangible a estos oficios diplomáticos.

Las relaciones comerciales con China, una política de Estado

Si bien la llegada de Lenin Moreno al poder significó un giro político tectónico frente a la administración de Rafael Correa, no prescindió del crédito chino, ni revirtió el rumbo de las relaciones comerciales. En 2018, adhirió al Ecuador, a la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” , a pesar de haber retornado al realineamiento con Washington.

Posteriormente, la firma del TLC con China el 10 de mayo de 2023, bajo la presidencia de Guillermo Lasso, y su ratificación durante el gobierno de Daniel Noboa el 7 de febrero de 2024, confirmaron la consolidación de un consenso pragmático entre las élites políticas y económicas, así como entre sectores de productores agrícolas e importadores de estrato medio sobre el irreversible nexo comercial con China.

Perspectivas

El TLC con China se ratificó con un total de 76 votos de 137. Si bien existe un optimismo generalizado alrededor de las ganancias que se puedan derivar de éste, sobre todo en el rubro de las exportaciones no petroleras, que podrían aumentar entre USD 3000 y USD 4000 millones en los próximos años, queda la cuestión de si el Acuerdo puede ser, más bien, un incentivo para la persistencia del patrón primario-exportador del Ecuador.

Desde una lectura objetiva, es pertinente dimensionar a los TLCs como un instrumento comercial y regulador de normas, perfectible y renegociable en el tiempo, y no como un fin en sí mismo, ni como un reemplazo de las políticas que le corresponden establecer al Estado. Ciertamente, en la era de la economía del conocimiento y la inteligencia artificial, subsiste, en ciertos sectores, la preocupación de cambiar la matriz productiva, aunque ese asunto ya no es parte sustancial, ni eje del ejercicio gubernamental actual.

En el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral de 2016, China expresaba su disposición de “(…) fomentar su cooperación hacia la transferencia tecnológica con el objeto de ayudar al Ecuador a acelerar su proceso de industrialización y elevar su capacidad de desarrollo independiente”. En el TLC, se recoge en algunos objetivos, como los de cooperación económica, el fomento a la transferencia tecnológica en áreas de interés mutuo. Sin embargo, corresponde al Estado establecer la política pública que garantice un saldo favorable para el país y aprovechar, inteligente y redistributivamente, el TLC, así como el vínculo que se ha forjado con China en estos 44 años.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

El Salvador: Un “accidente” mata a tres incómodos “amigos”

Dardo Justino Rodríguez
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El Salvador: Un “accidente” mata a tres incómodos “amigos”

Suelen decir que nadie muere en la víspera… aunque en El Salvador de Nayib Bukele, parece que algunas muertes son tan oportunas que permiten dudar del dicho y pensar que alguien tuerce los destinos y adelanta sus finales.

Tres personajes íntimamente ligados a acciones poco claras del gobierno de Bukele, se transportaban el pasado 9 de septiembre junto a otras 6 víctimas, en un helicóptero que cayó en un sector de Pasaquina, La Unión. La aeronave cayó luego de haber recibido en la frontera El Amatillo al ex gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI), implicado en el desfalco de hasta 35 millones de dólares, Manuel Coto Barrientos. Coto fue entregado por las autoridades hondureñas, que lo habían apresado tras una alerta roja al intentar cruzar a Nicaragua. Las otras dos muertes oportunas para la administración de Bukele, son la del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y la del subdirector de Inteligencia Policial, Douglas Omar García Funes.

El financista que sabía demasiado

Manuel Alberto Coto Barrientos, ex presidente de la cooperativa COSAVI, era un mago de las finanzas, al punto que hizo desaparecer unos 35 millones de dólares de las arcas de esa institución. COSAVI está intervenida desde el mes de mayo de este año y bajo investigación de la Fiscalía por defraudación a la economía pública.

Si bien su pedido de captura internacional estuvo oficialmente fundamentado en la supuesta estafa, lo cierto es que este “genio” de las finanzas sabía demasiado respecto de las andanzas non sanctas de diputados y alcaldes del partido oficialista Nuevas Ideas, fundado por Bukele para acceder nuevamente a la presidencia con una sigla propia.

En un país como El Salvador, actualmente administrado por una familia y algunos compinches sin escrúpulos, tener cierta información suele ser peligroso. Y cuando estallan los escándalos, el peligro es aún mayor.

Un jefe policial con una oscura historia

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, fue durante años la cara visible de la represión desatada por el régimen de Bukele, amparada legalmente en el régimen de excepción, con el cual se justificaron y se justifican las atrocidades cometidas contra la población civil, involucrada o no, en actos delictivos.

Este era uno de los principales acusados por campesinos y ciudadanos pobres cuya inocencia no puede ser probada debido a un sistema judicial y policial corrompidos. Entre otras complicidades, se le acusa del homicidio de una mujer policía y una larga lista de violaciones a los Derechos Humanos, según organizaciones internacionales.

Con su fallecimiento, el presidente Bukele puede tomar aire sin riesgos de resfríos, pues puede señalar al jefe policial muerto como el único, o al menos principal, responsable de las capturas indiscriminadas, las corruptelas policiales, las torturas y las violaciones a los derechos de los detenidos, fueran o no culpables de algún delito.

Un policía con doble juego

Aunque el subdirector de Inteligencia Policial, Douglas Omar García Funes, fue entronizado en el cargo por Nayib Bukele, venía siendo observado por la DEA desde el gobierno de Elías Antonio Saca González (2004-2009), por sospechas de ser un activo protector de los carteles del narcotráfico, labor en la cual se valdría de elementos corruptos de la Unidad de Reacción Policial.

En este caso, el gobierno de Bukele se ha librado de un potencial chivo expiatorio en el hipotético caso de que a organismos internacionales se les ocurriera profundizar en las complicidades estatales con el negocio narco.

Muy buena suerte la del presidente Bukele, que, en un solo acto, ha visto desaparecer de su futuro, tres sombras que podían haberle generado problemas implicándolo, junto a gran parte de su círculo íntimo, con el narcotráfico y otros negocios poco claros. Un oportuno accidente que quite del camino a tres embarazosos compinches no se da todos los días, pero el presidente parece tener mucha suerte cuando se trata de mantener las impunidades.

Sobre la estrategia para superar la crisis venezolana

Enrique Gomáriz Moraga
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Sobre la estrategia para superar la crisis venezolana

Maduro cuenta todavía con una reducida base social de apoyo; según los resultados de los pasados comicios, le vota un cuarto de los electores, lo que significa una rotunda derrota electoral, pero la capacidad de movilizar gente, sobre todo de militantes encuadrados en destacamentos de choque. También se apoya en unos poderes fácticos (mandos institucionales y cúpula militar) mínimamente cohesionados, sobre todo ante la incertidumbre que supondría la caída del régimen. Por otra parte, disfruta de la herencia ideológica de la fundación del chavismo. Y tiene el apoyo externo de gobiernos autoritarios, de mayor (China y Rusia) y de menor cuantía (Irán, Corea del Norte). La conclusión que se obtiene de este examen es que la caída del régimen de Maduro no es un asunto precisamente fácil.

Por eso, la identificación de los factores de su debilitamiento tampoco es sencilla. Pero antes de avanzar en ello, conviene descartar algunos extremos. En primer lugar, resulta torpe y nociva la idea de que, cuanto más suave sea el trato con el régimen, más posibilidades hay de una transición democrática. Una aceptación suave del gobierno de Maduro conduce inexorablemente a su prolongación en el tiempo. De igual forma, en su extremo opuesto, el rechazo formal -sin más- de su régimen, tampoco permite superar la crisis. Incluso puede conducir a su enquistamiento. Es necesario que el rechazo político vaya acompañado de actuaciones concomitantes.

Si se descarta igualmente una solución violenta, solo queda por delante la perspectiva de una negociación forzada. En tal sentido, no estoy seguro de que sea apropiada la imagen que propone el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, de que Venezuela es hoy un narcoestado. Sobre todo, si se asocia con lo sucedido con Noriega en Panamá. Calificar el régimen de Maduro como un narcogobierno es reducir mucho la naturaleza de su autocracia. Pero, además, la operación quirúrgica que se practicó en el país del istmo es de un riesgo inasumible en el caso de Venezuela.

Ciertamente, la perspectiva de una negociación política debe de hacerse desde una posición de fuerza. La base irrenunciable de esa estrategia debe consistir en la exigencia de respetar la trasparencia de las anteriores elecciones, a partir de la comprobación de las actas de mesa. Mientras esa exigencia no se cumpla, no debe haber aceptación plena de la actual presidencia de Maduro.

Esa es la línea roja que mantiene la oposición interna y debe ser el parámetro para los gobiernos democráticos en América y Europa. Estos últimos deben complementar su acción impulsando medidas sancionadoras que se correspondan con esa posición de principios. Desde luego, medidas que deben ser graduables y dirigidas con precisión. Por ejemplo, las sanciones discutidas en el entorno del Gobierno de Biden que afectaría a altos mandos del régimen chavista, tienen la virtud de afectar la cohesión de los poderes fácticos, sin constituir un ataque nacional contra Venezuela.

Sin embargo, todas estas actuaciones firmes, deben formar parte de una perspectiva de negociación. Incluso si esa negociación no fuera de corto plazo: reconocimiento de la derrota electoral y garantías de no represalia. Si tal negociación no fuera posible, también habría que plantearla a mediano plazo: volver a realizar elecciones en uno o dos años más. Lo que resulta decisivo es que la puerta de salida y acceso para una negociación debe de quedar abierta a los ojos de los cuadros chavistas y toda la población venezolana. También debe quedar claro que se trata de una negociación consistente y no un artilugio para mantenerse en el poder o lo contrario: para provocar una inmediata caída del régimen.

En este contexto, también pueden producirse “tiempos fuera”, que signifiquen algún tipo de concesión mutua. A ello responde la salida de Venezuela de Edmundo González, el candidato opositor ganador de las pasadas elecciones, para acogerse al asilo político en España. Como afirma la opositora Corina Machado “estaba en riesgo su seguridad personal” y con su salida se muestra los límites del aparato represivo del régimen. Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Maduro se desprende de una papa caliente que le quemaba las manos. Desde luego, ambas partes tratarán de sacar rédito político del penoso hecho, pero si se mantienen con firmeza en sus posiciones, la salida de González no rompe decisivamente el equilibrio de fuerzas actualmente existente.

Ciertamente, esta estrategia orientada hacia una negociación forzada, requiere de mucha coordinación dentro y fuera del país, y de una mano con buen pulso para elegir las medidas que se correspondan con la situación, ni muy conciliatorias (del estilo de Rodríguez Zapatero) ni muy pasadas de tono (como proponen algunos venezolanos en el exilio). Insistiendo, además, en algunas lecciones que se desprende del análisis comparado de otros procesos de democratización: que nadie puede sustituir a la ciudadanía venezolana a la hora de elegir una estrategia atinada y que hay que prestar especial atención a los acontecimientos inesperados.

Un Ecuador fragmentado irá a las urnas 

César Ulloa
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Un Ecuador fragmentado irá a las urnas 

En febrero de 2025 Ecuador volverá a las urnas para celebrar elecciones generales, en las cuales se elegirán un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. Es un ciclo atípico, pues antecede a este proceso la muerte cruzada o disolución de la Asamblea que se produjo por decreto ejecutivo en la administración del expresidente Guillermo Lasso en mayo de 2023 y que adelantó las elecciones para un periodo corto. Daniel Noboa fue electo para asumir la primera magistratura y ahora también es candidato. Para ese momento, el nuevo gobierno asumió la peor crisis de inseguridad de la historia democrática, desempleo y fragilidad institucional. Los problemas siguen siendo los mismos de cara a un nuevo sufragio.

Para estas elecciones, 17 organizaciones políticas están habilitadas para presentar candidaturas. Al momento, 16 binomios aceptaron sus postulaciones. Esta cifra resulta extrema si se considera el tamaño de la población, cercano a los 18 millones de habitantes. En este mismo escenario, el país sigue con el arrastre de contar con 290 agrupaciones con registro electoral para inscribir candidaturas locales. Por tanto, el número de aspirantes al poder excede vertiginosamente a los que se eligen para las distintas dignidades. 

Esta situación histórica genera dos fenómenos anómalos para una democracia saludable: fragmentación y volatilidad. En otras palabras, hay un exceso de postulantes, mientras que, por otra parte, los electores no votan por la misma tienda política entre cada elección; en definitiva, no hay fidelización ni ideología, más bien se ha exacerbado la personalización política, los outsiders y el populismo. Otro problema que se agudiza es que los partidos seleccionan a sus candidatos por fuera de los partidos, pues así lo posibilita el artículo 94 del Código de la Democracia. Es decir, no se necesita ser afiliado a un partido para ser candidato. 

Partidos sin candidatos propios

Este contexto pone en discusión la misma realidad de las tres últimas elecciones: partidos sin candidatos y también candidatos sin partidos. Pese a que la Ley Electoral de Ecuador posibilita la inscripción de alianzas, solo se ha registrado una después del intento fallido de los movimientos y partidos de izquierda para sellar un acuerdo programático que incluyera un plan de gobierno y la confección de las listas para el binomio presidencial y la Asamblea. Por primera vez, la Revolución Ciudadana (RC) liderada por el expresidente Rafael Correa busca aliados y reconoce que no tiene la fuerza electoral después de haber perdido por dos ocasiones las presidenciales. Ahora, la RC se junta con un movimiento pequeño, Reto.

Las izquierdas llegan a esta elección más fragmentadas que en ocasiones anteriores, pues varios cuadros disidentes del correísmo corren por cuenta propia, además que el movimiento indígena va solo con el líder de los dos últimos ciclos de protesta nacional como alternativa, Leonidas Iza. Para el caso de las derechas, ocurre lo propio pero sin mayor fragmentación. El tradicional Partido Social Cristiano y el partido del presidente Noboa ADN van por cuerdas separadas, pese a que al inicio del gobierno actual fueron aliados, así como con el correísmo en la Asamblea.

Encuestas: las primeras radiografías

Las encuestas coinciden en los cuatro primeros lugares en intención de voto. La radiografía del momento ubica al presidente candidato, Daniel Noboa, en primer lugar. Le siguen el correísmo de la RC con Luisa González, después Jean Topic, quien se presenta por segunda ocasión, y, en cuarto lugar, el líder indígena Leonidas Iza. Entre el primero y segundo lugares hay un margen que va de los 8 a los 10 puntos, pero ninguno se alzaría con la presidencia en una sola vuelta. Dado que en Ecuador se elige en el mismo día también a los asambleístas, es posible que se conforme un legislativo fragmentado, debido al número de partidos que inscribieron candidatos a nivel local y nacional. Pasamos de una Asamblea de 137 a 151 curules.

En esta contienda, el leitmotiv será una vez más correísmo versus anticorreísmo, pues no se vislumbra todavía una tercera fuerza política como alternativa. La inexistencia del centro político se acentúa. Bajo estas condiciones, el presidente Noboa pretende embanderar el anticorreísmo, y además suma en su caja de mensajes la idea de representar la nueva generación política y un gobierno de mano dura contra la delincuencia y la corrupción. Por el otro lado, se le indilga al actual mandatario improvisación, inexperiencia, una suerte de exceso de juventud para afrontar los problemas más severos y que giran en torno a la inseguridad, el crimen organizado, la narcopolítica y la crisis energética.

En esta contienda, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en la anterior elección enciende las alertas respecto de cómo se desarrollarán las campañas electorales, más aún cuando la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, ha presentado evidencias en varios juicios, algunos con sentencias en firme, acerca del entramado entre política y narcotráfico. La narcopolítica es un tema importante en la lid, pues pone en discusión el financiamiento de la política, las relaciones del narco con la justicia y también su conexión con los partidos políticos.

Entre otros hechos, a diferencia de las anteriores elecciones, la paridad es una realidad y se expresa en la conformación del binomio presidencial hasta las listas para la Asamblea en las dignidades provinciales y nacionales, asimismo la cuota de jóvenes. Esto ha exigido a los partidos y movimientos que reformulen sus procesos de democracia interna en términos de incorporar a mujeres y jóvenes a la vida política. Habrá que ver si la norma, más allá de su aplicación, refuerza el trabajo de las organizaciones políticas en las escuelas de formación de cuadros como establece el Código de la Democracia.

Salud pública: la clave para el futuro de la región

José Julio Villalba
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Salud pública: la clave para el futuro de la región

En América Latina y el Caribe la salud no debería ser un lujo: se trata de un derecho humano que todos los estados deben garantizar. ¿Por qué es tan crucial? La realidad es que la salud de una población refleja su desarrollo económico y social. Es esencial que ciudadanos, profesionales de salud y gobernantes participen en un diálogo constante sobre los sistemas de salud. Este diálogo es imprescindible para reconocer nuestros logros, enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que nos esperan.

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

En las últimas décadas hemos visto avances significativos en salud pública. La cobertura de vacunación ha aumentado, la mortalidad infantil ha disminuido y el acceso a la atención médica ha mejorado. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? Según Julio Frenk, un experto destacado en sistemas de salud, un sistema exitoso no solo debe ofrecer atención médica de calidad, sino también estrategias efectivas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Estos logros demuestran que, cuando se invierte en salud pública, los resultados pueden ser impresionantes.

¿Cuáles son los desafíos que aún enfrentamos?

La desigualdad en el acceso a la atención médica sigue siendo un problema grave: muchas comunidades vulnerables aún enfrentan barreras significativas para recibir atención adecuada. ¿Por qué sucede esto? La falta de recursos y una infraestructura insuficiente son factores clave. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Los sistemas de salud deben ser flexibles y resilientes para superar estos obstáculos. Es crucial que tomemos medidas concretas para asegurar que todos, sin importar su estatus económico o ubicación, puedan acceder a servicios de salud de calidad. 

¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades?

Invertir en salud pública no se trata solo de bienestar, sino también de desarrollo económico. ¿Por qué es esto tan importante? Una población saludable es más productiva. Disminuir la carga de enfermedades reduce los costos de tratamiento y fortalece una fuerza laboral activa y capacitada. Un sistema de salud bien diseñado puede impulsar el desarrollo económico, generando beneficios significativos para toda la región. Además, enfocarse en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud no solo evita enfermedades costosas, sino que también mejora la calidad de vida, lo que promueve el desarrollo económico.

¿Qué deben hacer los gobernantes?

Los gobernantes deben entender que priorizar la salud pública es crucial para construir sociedades justas. ¿Por qué es tan vital? Un sistema de salud eficiente no solo mejora la vida de las personas, sino que también fortalece la cohesión social y económica. Para lograr esto, los sistemas de salud deben integrar atención médica con estrategias de cambio climático y producción de alimentos sostenibles. Las políticas públicas deben enfocarse en mejorar el acceso y la calidad de la atención médica, así como en crear un entorno saludable. De esta manera, los gobernantes pueden asegurar un futuro más equitativo y próspero para toda la región. 

¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros?

La responsabilidad de mejorar la salud pública no recae solo en los gobiernos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los ciudadanos deben estar informados y comprometidos con la prevención de enfermedades y el autocuidado. Debemos exigir a nuestros gobiernos políticas y servicios que prioricen la salud. Además, el personal de salud juega un papel vital; debe estar bien capacitado y ser proactivo en educar a la comunidad sobre prácticas saludables. La colaboración entre ciudadanos y profesionales de salud es esencial para construir sistemas de salud más sólidos y efectivos. 

Salud pública: la base para un futuro próspero en Latinoamérica y el Caribe

La salud pública es mucho más que un simple asunto médico; es el cimiento sobre el cual se construye un futuro económico sólido y un bienestar general. Para los jóvenes de nuestra región, entender este concepto es fundamental, ya que la salud pública afecta directamente a nuestra calidad de vida y el porvenir de toda la comunidad. El dinero dedicado a salud pública no es un gasto, sino una inversión en un futuro más saludable, equitativo y próspero. 

Cada uno de nosotros, ya sea como ciudadano, profesional de la salud o gobernante, desempeña un papel crucial en la creación de un sistema de salud que asegure el bienestar y el desarrollo sostenible para las generaciones venideras. ¿Qué acciones tomarás para contribuir a este esfuerzo? La participación activa y el compromiso de todos son necesarios para fortalecer nuestros sistemas de salud.

Hezbollah y sus actividades ilícitas en América Latina

Henry M. Rodríguez
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Hezbollah y sus actividades ilícitas en América Latina

Hezbollah, el grupo militante chií libanés, ha mantenido una presencia en América Latina desde la década de 1980 utilizando la región como base para la recaudación de fondos y operaciones terroristas. ¿Cómo operan y cómo se puede abordar esta problemática?

La infraestructura financiera de Hezbollah en América Latina se sostiene sobre actividades ilícitas como el narcotráfico, la falsificación y el contrabando. Estas actividades generan ingresos significativos y proporcionan un medio para el lavado de dinero. Al mismo tiempo, el grupo se integra en sectores económicos legítimos, utilizando empresas fachada y asociaciones comerciales para ocultar sus operaciones ilegales.

El especialista en terrorismo Emanuele Ottolenghi, senior fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirma que “la presencia de Hezbollah en la región ha sido facilitada por la diáspora libanesa, que proporciona una red de apoyo cultural y financiero”. Lugares como la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se han convertido en focos de actividad para Hezbollah, con consecuencias directas para la seguridad de estos países.

Ottolenghi también señala que el grupo cuenta con apoyo desde las comunidades de su diáspora global para construir redes de lavado de dinero e invertir recursos a través de su iniciativa Dawa Global, que mantiene la lealtad de la diáspora y su apoyo concreto. Estas inversiones incluyen fondos para mezquitas, escuelas, centros culturales, movimientos de jóvenes y asociaciones de beneficencia. La organización envía clérigos, instructores y maestros para liderar estas instituciones, garantizando el adoctrinamiento de las comunidades y su continua lealtad.

Este sistema ha facilitado que algunas comunidades estén culturalmente alineadas con los objetivos de Hezbollah. Se trata de una estrategia multifacética que asegura un flujo constante de recursos y apoyo, y le permite operar con relativa impunidad en la región. Como apunta Ottolenghi, la infraestructura social que sostiene a Hezbollah es fuerte y su influencia es cada vez más expansiva.

La universidad que exporta la Revolución Islámica

El régimen iraní comenzó a ganar terreno en América Latina poco después de la Revolución Islámica de 1979. En 1983, el clérigo Mohsen Rabbani fue enviado a Argentina para dirigir la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, marcando el inicio de una influencia profunda en la región que culminó con el atentado de la AMIA en 1994. Tras regresar a Irán, Rabbani estableció el sistema de adoctrinamiento más organizado del régimen en el extranjero, con América Latina como su principal objetivo a través de la Universidad Al-Mustafa, fundada en 2007 en Qom por orden del Líder Supremo Ali Jamenei.

Con un presupuesto anual de 74 millones de dólares, la Universidad Al-Mustafa se ha convertido en un centro de difusión de la ideología del jomeinismo. La institución entrena a clérigos de todo el mundo para propagar la ideología chiíta revolucionaria y sirve como principal centro de reclutamiento y formación para conversos extranjeros. Un departamento específico dedicado a América Latina, el Instituto Cultural Islámico Americano, dirigido por Mohsen Rabbani, selecciona discípulos y distribuye textos en español y portugués. Esta estructura asegura un flujo constante de recursos y mantiene la lealtad de las comunidades mediante inversiones en mezquitas, escuelas y centros culturales.

IranWire  resalta que la estrategia de Al-Mustafa es metódica: con un generoso paquete de incentivos financieros, se atrae a estudiantes internacionales, quienes reciben apoyo económico para sus estudios en Irán y en sucursales en el extranjero. Un gran porcentaje de ellos son latinoamericanos, que luego se encargan de propagar las doctrinas de la Revolución Islámica, creando centros culturales y partidos locales alineados con Hezbollah. Las actividades de Al-Mustafa, que incluyen reclutamiento para milicias extranjeras, han llevado a sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., que advierte sobre su papel en la estrategia global de Irán para exportar su ideología y extender su influencia.

No solo se trata de adoctrinamiento. Hezbollah ha sido señalada como responsable de diversos ataques en América Latina, siendo los más conocidos los perpetrados en Argentina durante la década de los 90. 

Operaciones financieras y criminales

La creciente amenaza que representa Hezbollah en América Latina está vinculada a sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Según resalta la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), a través de operaciones como Project Cassandra y Operation Cedar, se ha revelado la profundidad de la participación de Hezbollah en el crimen organizado, utilizando redes complejas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades internacionales, la operatividad de Hezbollah en América Latina sigue siendo robusta, con incidentes recientes en Brasil que han demostrado su capacidad de planificar ataques terroristas. La colaboración con cárteles de drogas en América Latina ha fortalecido sus capacidades logísticas y financieras, una problemática agravada por la falta de designación como organización terrorista en varios países de la región.

Precisamente, la Triple Frontera se ha convertido en un epicentro del lavado de dinero para Hezbollah. Allí, el grupo aprovecha la porosidad de las fronteras y la debilidad de los controles financieros para blanquear millones de dólares anualmente, utilizando empresas fachada, casas de cambio y casinos para lavar dinero proveniente de actividades ilegales, como el narcotráfico y las extorsiones.

Por su parte, para fortalecer sus redes financieras, Hezbollah ha establecido vínculos con cárteles de drogas mexicanos y grupos terroristas locales, como las FARC en Colombia, colaboraciones que facilitan el tráfico de drogas y armas. De este modo, utilizan rutas de tráfico de drogas ya establecidas en América Latina para transportar cocaína y metanfetamina hacia Europa y Medio Oriente. Las ganancias de estas acciones son incalculables para la organización.

En Venezuela, al mismo tiempo, ha incursionado en la minería ilegal, explotando minas de coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de componentes electrónicos. Esta actividad, otra de las sustanciosas fuentes de financiación de la organización en la región, se beneficia de la corrupción y la falta de control estatal en Venezuela para explotar ilegalmente recursos naturales, según lo expuso la ONU en un informe.

Desafíos y respuestas

La capacidad de los países latinoamericanos para combatir eficazmente las actividades de Hezbollah se ve limitada por la falta de designación del grupo como organización terrorista en muchos países de la región. Solo Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay la han designado oficialmente como una organización terrorista, y esta falta de consenso regional ha dificultado la implementación de políticas efectivas y coordinadas para combatir la influencia del grupo y sus actividades ilícitas en América Latina.

Por tanto, es imperativo que los países de América Latina fortalezcan sus capacidades de aplicación de la ley para detectar, detener, desmantelar y disuadir las operaciones criminales y financieras. Esto incluye mejorar la formación y los recursos de las fuerzas de seguridad y la inteligencia, así como fomentar la cooperación entre las agencias de seguridad de diferentes países.

El cumplimiento de la política criminal local y regional en torno al lavado de activos y la financiación de grupos terroristas puede ser otra fórmula viable para contrarrestar la amenaza de Hezbollah en la región. En la medida en que los países trabajen juntos para crear un frente común contra estas actividades ilícitas, implementen leyes más estrictas y aseguren que se apliquen de manera efectiva, será posible establecer mecanismos de control y sanción que puedan disuadir las operaciones de esta organización y cerrar los canales financieros y logísticos que sustentan sus actividades terroristas.

Si bien Hezbollah ha establecido una presencia robusta en América Latina, utilizando la región como base para financiar sus operaciones globales y llevar a cabo ataques terroristas, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades locales de aplicación de la ley son esenciales para contrarrestar esta amenaza. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado se podrá enfrentar eficazmente la amenaza que representa Hezbollah en la región, garantizando así una mayor seguridad y estabilidad en América Latina.

Una radiografía sociológica de Venezuela tras 25 años de chavismo

Santiago de Oviedo
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Una radiografía sociológica de Venezuela tras 25 años de chavismo

El cuadro socio-demográfico de Venezuela, que se ha ido modificando en los últimos 25 años por la devastadora obra del chavismo, nos ayuda a entender el comportamiento de los venezolanos, incluyendo el destierro hacia España del presidente electo, Edmundo González Urrutia (EGU). Esta devastación ha producido varios fenómenos como el empobrecimiento de la clase media; la emigración de millones de venezolanos -muchos jóvenes- con el consiguiente envejecimiento de la población; el nacimiento de nuevos ricos al amparo de la corrupción; la dependencia creciente de los pobres del asistencialismo del gobierno; y el surgimiento de la clase militar como casta privilegiada.

Hagamos un poco de historia

El grueso de la oposición al chavismo desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 la compone la clase media. Todo empezó con aquel primer movimiento en 2001 bajo el lema “con mis hijos no te metas” contra la reforma de la educación. Siguió con el levantamiento de los empleados gerenciales de PDVSA en 2002, quienes sufrieron despidos, persecución y humillaciones. Después con la derrota de Chávez en el referéndum constitucional de 2007 (“victoria de mierda”, la calificó el fallecido mandatario). Y continuó con los jóvenes que salieron a protestar en 2007 (año del cierre de la televisora RCTV) y 2017 contra las políticas de censura, hambre, y represivas de Maduro. La clase media se echó ese peso encima con su trágico saldo de asesinados, presos y exiliados.

Se estima que unos ocho millones de venezolanos han dejado el país (casi un 27% de la población) desde que Chávez llegó al poder, con un aumento exponencial bajo el gobierno de Maduro. Las diferentes olas migratorias son el síntoma de un descontento generalizado que atraviesa a todos los grupos sociales.

El resultado electoral del 28J

Una mayoría de electores, harta de la pésima gestión de gobierno, la represión y la corrupción durante la nueva etapa del chavismo encabezada por Maduro votó por un cambio. El 29 de julio una primera reacción indicaba descontento ante lo que ya parecía un abierto fraude perpetrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Provenientes de los barrios de Petare, la gran zona pobre del este de Caracas, los venezolanos más afectados caminaron por avenidas para protestar por el robo del resultado electoral.

En varias partes del país, jóvenes y no tan jóvenes tumbaron estatuas de Chávez y destruyeron pancartas gigantes con el rostro de Maduro. Miles fueron apresados y acusados de terrorismo e incitación al odio, entre ellos, cientos de menores de edad. Una veintena de personas perdieron la vida durante las protestas.

Después vinieron algunas concentraciones pacíficas convocadas por María Corina Machado (MCM) en Caracas y en algunas ciudades del interior del país. El régimen de Maduro desplegó a guardias nacionales y policías, y sacó a sus simpatizantes motorizados para impedir el paso de los protestaban. La campaña represiva ha seguido, ahora enfocada en apresar a dirigentes opositores.

En este clima de terror, las convocatorias de MCM ya no son tan masivas. En los barrios populares el sistema de control social a través del llamado “poder comunal” y los comités de alimentación CLAP que distribuyen comida subsidiada, ha tenido un impacto en la campaña de miedo. Los “sapos” (soplones) han estado muy activos acusando a vecinos que fueron testigos electorales y a quienes expresan descontento por el fraude.

La “normalidad” bajo Maduro

La mermada clase media, que todavía representa el corazón de la débil protesta contra el robo electoral, tiene que volver a sus labores para sobrevivir. Otros piensan en salir del país, lo que ya se comienza a ver en las fronteras con Colombia y Brasil. El desgaste físico y psicológico ha sido brutal para quienes tenían esperanzas de que las presidenciales del 28 de julio abrirían las puertas a una transición democrática. Los pobres, más dependientes de los subsidios y dádivas del régimen de Maduro, y muchos más expuestos al sistema de delación y vigilancia de los comisarios chavistas, no tienen otra opción que ir pasando por el aro de la “normalidad”.

La base de consumo que soporta la actividad económica depende mucho de varios factores que se han ido instalando bajo el amparo y los intereses de personas cercanas al régimen y sus cómplices. No hay que olvidar el papel de la legitimación de capitales en la economía venezolana. Si bien no es posible cuantificarlo -pues ese dinero no pasa por los controles fiscales-, es obvio que muchos comercios y servicios funcionan como lavadoras de dinero proveniente de la corrupción y del delito (tráfico de droga, venta ilegal de oro, tráfico de personas, entre otros).

Una clase de nuevos ricos, asociados directa e indirectamente con el estamento político-militar dominante, invierte y consume en un país que se ha convertido en un coto cerrado del que no pueden salir sin ponerse a riesgo de ser arrestados por sus vínculos con el crimen y las violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, ha surgido una nueva clase media, compuesta de funcionarios medios del aparato burocrático chavista en un contexto donde el Estado se ha convertido en el principal empleador del país. Allí se encuentra el núcleo duro del apoyo a Maduro en las recientes elecciones (parte del 30% de los votos que obtuvo). Aunque sus salarios no son altos, sus posiciones en el enjambre “revolucionario” les da acceso a las migajas que dejan los grandes negocios que se hacen al amparo de los jerarcas del gobierno. A su manera y con sus posibilidades, esta clase media emergente también contribuye a la apariencia de una normalidad económica.

La clase militar y los “apellidos”

En la nueva estratificación de la sociedad venezolana hay que incluir a la clase militar, especialmente a la cúpula del alto mando y otros oficiales superiores. La Fuerza Armada Bolivariana es, además del aparato represivo de Maduro, una fuente de ingresos para militares de todos los rangos. Los de arriba tienen acceso a los grandes negocios que pasan por las aduanas, contratos de compras de armas, venta legal e ilegal de oro, y el narcotráfico. La aspiración de muchos oficiales medios es ascender y llegar a cargos más altos para poder obtener su trozo del pastel. La minoría de oficiales y suboficiales que no ha aceptado la corrupción en el ejercito están presos, han muerto torturados o se han ido del país.

Tampoco se puede obviar el papel de los “apellidos” (así los llama Maduro) de las familias tradicionalmente ricas. Algunos optaron por convivir con el régimen e integrarse a sus políticas, como Alberto Vollmer (Ron Santa Teresa) y Horacio Velutini (presidente de la Bolsa de Valores de Caracas). Otros, como los Cisneros, han seguido haciendo negocios en Venezuela con un perfil más bajo. Mantienen el canal de televisión Venevisión, mermado en rating y con una cuidadosa política informativa que no moleste al Gobierno.

Los llamados “bolichicos”, muchos de “buenas familias” de la rancia burguesía, han tenido que instalarse fuera del país después de que se enriquecieron en operaciones multimillonarias, especialmente con la compra de plantas de generación eléctrica. Otros se han convertido en flamantes empresarios de medios de comunicación al servicio de la propaganda chavista.

Y el multimillonario venezolano más famoso de todos, el dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, ha logrado expandir las marcas de su corporación por el mundo debido a la inmensa diáspora venezolana. Algunos ricos se han hecho más ricos gracias al chavismo, ya sea por asociarse con él o por haber explotado económicamente las consecuencias del chavismo. Es el socialismo del siglo XXI en su apogeo.

Las paradojas revolucionarias 

El chavismo ha terminado por reivindicar a una dirigente política que viene de clase alta caraqueña, como lo es MCM. Contra todo pronóstico, después de un intenso trabajo en el terreno, ganó las primarias de la oposición y logró convencer a la mayoría que había una oportunidad de cambiar la situación el 28 de julio. Una mujer blanca, rica, que no representa a la mayoría de las venezolanas, pobres y mestizas, supo conectarse con la gente y transferir sus votos a un desconocido como lo era el diplomático retirado Edmundo González Urrutia (EGU).

Durante la campaña electoral, las figuras de MCM y EGU contrastaron con un Nicolás Maduro que comunicó la imagen de un hombre de pueblo. MCM, una mujer de hablar claro y duro, con un acento típico de clase pudiente, ha sido frontal en su discurso como lo hizo en su momento en la Asamblea Nacional ante el propio Hugo Chávez en 2012, a quien acusó directamente de ladrón por sus expropiaciones. Mientras que EGU es un hombre de hablar pausado, que camina lentamente y mide sus palabras.

Por otra parte, Maduro, el desaforado “revolucionario”, quiso asumir la imagen de un bravo gallo de pelea (“gallo pinto”), pero sus fracasos como gobernante y la corrupción de su régimen lo mandaron al foso electoral. Los venezolanos optaron por un cambio para salir de la trampa chavista, pero el gran esfuerzo de movilización y de organización para defender los votos no se ha traducido todavía en un regreso a la democracia. Más bien ha reforzado el comportamiento tiránico del régimen.

La mayoría de la oposición, hoy compuesta de una clase media disminuida y pobres, ha optado por la espera arropada por el miedo. Después de tantos muertos y presos, el bravo pueblo (como menciona el himno nacional venezolano) ha preferido la cautela. Y probablemente será todavía más cauteloso después del destierro del presidente electo EGU. Sin embargo, hay un dicho venezolano que advierte a quien se cree triunfante desde el abuso y la arbitrariedad: “te espero en la bajadita”. Todo lo que sube, cae.

*Debido a la situación política en Venezuela, el autor ha decidido publicar el texto bajo un seudónimo

¿Una inteligencia artificial al servicio de nuestras democracias?

Lucía Bosoer
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¿Una inteligencia artificial al servicio de nuestras democracias?

Las oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA) y sus impactos en las más variadas áreas de la actividad humana son motivo de debates en todas partes del mundo. Los países latinoamericanos no están al margen de la ola. En Chile se ha presentado una propuesta de ley que busca regular la IA y fomentar su desarrollo ético y responsable; la Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo en el cual advierte que la IA no puede sustituir a un juez; y el nuevo Plan Brasilero de IA prevé la inversión de 4.100 millones de dólares hasta 2028 para desarrollar infraestructura tecnológica propia.

En Argentina, la IA también viene adquiriendo cada vez mayor relevancia en la discusión política. En mayo el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos y se reunió con algunos de los empresarios tecnológicos más poderosos del mundo. A su regreso, el presidente sostuvo que quiere convertir a la Argentina en el cuarto polo de IA a nivel global, junto con China, Estados Unidos y Europa. Las ventajas que tiene Argentina, según él, son recursos humanos calificados, energía disponible y las bajas temperaturas que se necesitan para refrigerar los grandes centros de datos.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad argentino anunció la creación de una Unidad de IA destinada a “la prevención, detección, investigación y persecución del delito”. La nueva Unidad de IA tendría entre sus funciones vigilar las redes sociales, sitios de Internet y otras aplicaciones, procesar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real mediante reconocimiento facial y analizar datos históricos de crímenes a través de algoritmos de aprendizaje automático.

¿A contracorriente?

Según la resolución del Ministerio de Seguridad, en muchos países que están a la vanguardia en la integración de estas tecnologías, la IA se emplea con estos fines. Lo que la resolución olvidó u omitió señalar es que estas mismas funciones también están siendo prohibidas por algunos de los mismos países que menciona. La ley de IA que acaba de ser aprobada por la Unión Europea, por ejemplo, prohíbe el uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos con fines de seguridad, salvo en determinados contextos muy bien detallados.

También en la Argentina, en el ámbito parlamentario, la Cámara de Diputados de la Nación organizó en junio una Cumbre Regional de Parlamentarios sobre IA para “crear marcos regulatorios apropiados y promover la innovación responsable, protegiendo al mismo tiempo los derechos y valores fundamentales”. La Cumbre sirvió de antesala para los diversos proyectos de ley relacionados con la regulación y promoción de la IA que comenzaron a discutirse en el mes de agosto.

El hecho de que la discusión sobre el desarrollo de la IA y su impacto en la sociedad haya llegado al ámbito parlamentario podría ser una buena noticia, en tanto y en cuanto la coloca bajo la órbita de la deliberación democrática. Lo inquietante es que el debate esté siendo impulsado con cierta premura y superficialidad por un pequeño grupo de líderes y funcionarios públicos, sin incluir a sectores más amplios de la ciudadanía y sin fomentar las negociaciones y consensos previos que requiere un tema de este calibre.

Las limitaciones de la visión libertaria

Al igual que en muchos otros ámbitos, el gobierno argentino postula que para crear un entorno favorable al desarrollo de la IA en el país se debe evitar cualquier tipo de intervención estatal. Sin embargo, la idea de que la regulación va en contra de la innovación, particularmente en el campo de las tecnologías digitales, es bastante simplista. Hoy en día la mayor parte de los especialistas coincide en que la regulación, entendida de manera amplia, bien diseñada y en el momento oportuno, sirve de incentivo a la innovación, entre otras razones porque proporciona mayor certeza sobre las reglas de juego.

Si partimos de la base de que algún tipo de regulación es necesaria, la pregunta entonces ya no sería si regular o no, sino cómo regular una tecnología que es mucho más compleja (y a la vez mucho menos abstracta) de como se la suele plantear. Luego de una primera fase en la que los gobiernos prefirieron dejar la regulación en manos de las empresas tecnológicas, hoy la mayor parte de los países entiende que la autorregulación no funciona si no se la acompaña por algún tipo de intervención estatal.

Décadas de un entorno digital desregulado permitieron que unas pocas empresas acumularan un poder sin precedentes en la historia. Vivimos en un mundo en el que la capitalización bursátil combinada de los principales gigantes tecnológicos es mayor al PIB de algunos de los países más ricos del mundo y que de continentes enteros. Se trata de un poder económico que se sustenta en la creciente extracción, acumulación y procesamiento de enormes cantidades de datos. Pero también de un poder político que surge de la importancia cada vez mayor del mundo virtual en tanto arena en donde se dirimen las cuestiones públicas; y es este poder el que le permite a Elon Musk, por ejemplo, comportarse a nivel internacional como auténticos jefes de Estado.  

El avance de la IA sobre todos los ámbitos de nuestras vidas no es, como muchos afirman, algo inevitable a lo que haya que “acoplarse”. La manera en la que se desarrolle y se despliegue esta tecnología dependerá de la dirección que se le quiera dar. Esta dirección la pueden elegir las juntas directivas de unas pocas empresas que dominen el mercado global, o bien la ciudadanía, sus representantes políticos y las instituciones democráticas, incluyendo y canalizando las voces de la sociedad civil, las inquietudes de medios de comunicación, periodistas e investigadores del ámbito académico, y los intereses del sector privado involucrados, entre otros actores fundamentales.

Crear un entorno favorable para la IA puede significar proveer ventajas comparativas para que las grandes compañías tecnológicas encuentren un espacio ideal en donde expandir sus operaciones, o bien desarrollar las políticas públicas y los marcos de gobernanza necesarios para orientar ese desarrollo tecnológico hacia prácticas que sirvan al bien común. Pensar la IA en el ámbito de nuestras democracias implica, en definitiva, dar lugar a un debate abierto, inclusivo y plural sobre la tecnología y el modo en que la entendemos y queremos que impacte en nuestra sociedad.

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