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Medios, política y clientelismo: una relación de amor y odio

Leonardo Magalhães
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Medios, política y clientelismo: una relación de amor y odio

La relación entre los medios de comunicación y la política en América Latina es fundamental en la historia reciente de nuestro continente. La mayoría de los países latinoamericanos tienen características políticas, sociales y mediáticas muy similares que parecen haber sido guiadas por una cultura política de matriz similar.

Países como Brasil, Argentina y México, entre otros, son estados federales con régimen presidencial; tienen poblaciones mestizas, forzadas o debido a migraciones históricas y recientes; han sido gobernadas por regímenes autoritarios por décadas; han pasado por procesos de transición democrática a finales del siglo XX; y tienen un sistema de medios concentrado.

Para entender este escenario y la medida en que se ha ido transformando el papel del periodismo, la autonomía de sus profesionales y los temas de regulación por parte del Estado, es necesario, en primer lugar, tener en cuenta la creciente concentración del mercado de los medios en la región, así como su (todavía) fuerte dependencia de la financiación pública. Lejos de considerar la información como una mercancía, un sistema de medios sujeto a la lógica del juego político, que utiliza la financiación pública como moneda de cambio para obtener una cobertura mediática favorable, nunca podrá dar vida a un periodismo verdaderamente independiente.

Observando las transformaciones a lo largo de los siglos XX y XXI, podemos afirmar que vivimos en culturas políticas basadas en el autoritarismo, baja participación política, desigualdad social y clientelismo por parte de empresas que, contradictoriamente, se declaran liberales en la economía pero que no han encontrado fórmulas para prosperar sin recurrir a la financiación pública.

La concentración de los medios, dependientes de la inversión pública, suprimieron la formación de un mercado libre, orientado al público y que cumpliera la función social del periodismo independiente.

Un sistema mediático concentrado como el de Brasil, Argentina y México, por citar a los líderes regionales, en un contexto de post-transición democrática, donde se produjo un mayor grado de pluralismo político sin que ocurriera lo mismo con los medios, generó un desequilibrio de poder entre el sistema político y mediático. La concentración de los medios, dependientes de la inversión pública, suprimieron la formación de un mercado libre, orientado al público y que cumpliera la función social del periodismo independiente. Las nuevas élites políticas elegidas por la vía electoral mantuvieron algunas prácticas que inhibieron un mercado de medios plural, libre y competitivo, así como un periodismo más profesional, reproduciendo la misma lógica autoritaria de los regímenes que los habían dominado décadas atrás.

Se puede decir que, debido a su naturaleza de negocios de patrocinio, los intereses de los grandes grupos no responden únicamente a intereses estrictamente mediáticos, y mucho menos periodísticos. La noticia es tratada como mercancía y el trabajo del periodista es precario, lo que le obliga a comportarse como un «funcionario» prescriptivo que necesita estar políticamente alineado con esto o aquello para no perder su trabajo. En los medios de comunicación locales, la situación es aún más preocupante, siendo muy común la acumulación de puestos trabajando de asesor en gabinetes y en redacciones a la vez.

Sin embargo, no es necesario adoptar un ideal de periodismo anglosajón que, aplicado en nuestro contexto, tiende a posicionar a América Latina en una situación de déficit en cuanto a la independencia de los medios y la calidad de la democracia. Cada contexto cultural tiene sus peculiaridades y prácticas consolidadas. Pero cuando los periodistas exigen más independencia es necesario utilizar como parámetro analítico el ideal del papel de la prensa como un «papel de guardián», en el sentido de considerar al periodista como alguien que investiga e informa al público críticamente sobre la política, ejerciendo su trabajo con total independencia.

En esta línea, las redacciones necesitan dar autonomía y apoyo institucional al profesional, incluso cuando la situación es análoga a la lucha entre Goliat y el gigante. Casos reconocidos deben servir como ejemplos del modus operandi del periodismo en América Latina. Un buen ejemplo es el caso Watergate, un escándalo político de 1974 en Estados Unidos que culminó con la dimisión del entonces presidente Richard Nixon. Otro caso es el de Vaza-Jato en Brasil, que sacó a la luz la corrupción del Ministerio Público en la Operación Lava-Jato, así como los excesos del ex juez Sérgio Moro, ahora Ministro del Gobierno de Bolsonaro, que excedió su imparcialidad y se comportó como parte del procesamiento del ex Presidente Lula.

Entre los siglos XX y XXI, hemos pasado de un modelo inhibido en su labor informativa por regímenes políticos autoritarios a otro en el que, de diferentes maneras, los grupos políticos, económicos y el crimen organizado ejercen una fuerte presión sobre la independencia de una prensa más profesionalizada, pero aún clientelista en su relación con el Estado.

Si bien aún existen preocupaciones, se pueden observar avances. En la última década han surgido algunos factores que están configurando una nueva ecología mediática, en la que la facilidad de acceso a los medios de producción y difusión del conocimiento por parte de periodistas y ciudadanos, ha contribuido al nacimiento de modelos alternativos e independientes, más cercanos al ideal del periodista investigador. Paradójicamente, por otro lado, la falta de sistemas de control social, basados en la credibilidad consolidada de los profesionales de los medios de comunicación, ha dado lugar a aberraciones como los negocios y la práctica política de difundir «información de dudosa credibilidad». A pesar de las numerosas críticas que se han hecho a los grandes medios de comunicación en las últimas décadas, han sido los principales muros de contención contra las noticias falsas por su credibilidad a pesar de su continua caída.

En los últimos años han surgido nuevos medios de comunicación, algunos con una verdadera vocación investigadora, algo poco frecuente y beneficiosa para el sistema de medios. A la vez, nuevos medios alternativos se han alineado con los intereses de los gobiernos y partidos, produciendo noticias que, en lugar de informar, entumecen al lector-ciudadano.

Aún existen muchas incertidumbres sobre el futuro del periodismo en América Latina, especialmente sobre su capacidad de (auto)financiación, sus modelos organizativos y su relación con los públicos. No está claro cómo el uso masivo de las redes sociales, por ejemplo, afectará la forma en que el material periodístico estará disponible en el futuro. Lo que no se puede perder de vista es la necesidad de debatir qué periodismo queremos y tener la voluntad de (re)construirlo.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Al Capone y El Chapo: el fracaso de la Prohibición

José Ramón López Rubí
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Al Capone y El Chapo: el fracaso de la Prohibición

El narcotraficante Joaquín Guzmán fue condenado a prisión perpetua en Estados Unidos. Muchos celebraron. Yo no veo el gran beneficio social de la sentencia, aunque no prefiero que El Chapo esté libre. Lo que prefiero positivamente: que las drogas sean legales y, por tanto, no aparezcan “chapos”. O “capones”.

Muchas veces se critica a “la izquierda” (como si fuera un monolito) por no ser realista y no seguir la evidencia para hacer leyes y políticas públicas. Ciertamente hay izquierdas o supuestas izquierdas –México hoy- que no son amigas de los datos y la ciencia. Pero también hay derechas reacias a abandonar sus preferencias públicas contradichas por análisis científicos. En temas como la desigualdad, el sexo, las mujeres y las drogas. El reciente Informe Mundial sobre Drogas de la ONU puede resumirse en que la Prohibición “disfunciona”, pero las derechas iliberales o antiliberales no aceptan alternativa. Así protegen esa disfunción, el hecho de que prohibir no elimina ni controla la producción, no impide el acceso, no desincentiva el consumo y sí viola libertades, pudre dinero público e incentiva la corrupción y la violencia. México sigue hundiéndose en la violencia, desatada por el escalamiento de la “guerra contra las drogas”, y esas derechas siguen siendo prohibicionistas –el presidente López Obrador, como en los casos del aborto y el “matrimonio gay”, queda unido a la derecha nacional en su cerrazón ante el fracaso de la Prohibición.

El encarcelamiento de Guzmán no es tan buena noticia porque:

1. No desaparece, agota, cierra ni reduce el negocio narco. Porque la condena no hace nada de eso contra la Prohibición, que es la causa del negocio. La Prohibición continúa, indiferente a la suerte personal del Chapo.

2. No era el único líder narco. Y su lugar será ocupado. Porque el negocio seguirá ahí, mientras siga la Prohibición. Es la cabeza de la Hidra.

3. Desde su nueva cárcel no podrá operar en el mercado pero otros lo harán por él. Muchos otros seguirán haciendo lo que hacían, dentro o fuera de la organización del Chapo, y quizá más violentamente para aumentar su reputación y afianzar su posición. Si estuviera en México, encarcelado continuaría su operación, que es exactamente lo que pasa con todos o casi todos los narcos en las prisiones mexicanas. Es un acento local del fracaso de la Prohibición y la “guerra”. Encarcelar a los narcos en países como México es ocioso y Estados Unidos nunca podrá procesarlos a todos.

4. El caso Chapo puede fortalecer la creencia en el supuesto valor de la Prohibición: crea el espejismo de que “sí sirve” o de que podemos vencer a los narcos y las drogas con Derecho Penal y simple “aplicación de la ley” punitiva. ¡Tremenda ilusión! La única forma de vencer a los narcos aplicando la ley es si la ley aplicada no representa Prohibición…

el narco tal cual lo conocemos sólo existe si, paradójicamente, una ley dice que no puede existir

Entendamos que el narco es un tipo especial de delito. Diga lo que diga la ley, diferentes tipos de robo y asesinato siempre existen y existirán; el narco tal cual lo conocemos sólo existe si, paradójicamente, una ley dice que no puede existir o quiere que no exista. Los prohibicionistas no entienden lo que entendió Capone sobre sí mismo: que su madre institucional-económica era la Prohibición. La máxima expresión delincuencial-criminal de Capone se dio con y por la Ley Volstead. En las propias palabras del capo en una entrevista poco recordada (Liberty, octubre 17, 1931):

“Los legisladores pasaron la decimoctava enmienda. Hoy hay más gente bebiendo alcohol en los lugares clandestinos que la que antes de 1917 cruzaba en cinco años las puertas de todos los locales del país. Eso es lo que la gente piensa del respeto a la ley. Y de todos modos, la mayoría de esas personas no son malas. No pueden llamarse criminales, aunque técnicamente lo sean”.

“La Prohibición me parecía, y me sigue pareciendo, una ley injusta. En un sentido, llegué naturalmente a la ilegalidad y supongo que ahí permaneceré hasta que la ley sea derogada”.

“Mientras la ley siga vigente y quede alguien dispuesto a romperla habrá un lugar para gente como yo, que descubre que depende de ella que se mantenga la llave abierta. A los que no respetan nada les aterroriza el miedo. Por eso he basado mi organización en él”.

Sin merecer apología por ello, Capone pudo reconocer cabalmente las causas externas de su éxito “profesional” y el papel básico y principal de la Prohibición en ellas.  

En 1931 fue sentenciado a 11 años de prisión por evasión fiscal. La Ley Volstead fue derogada en 1933. Esta medida, no el encarcelamiento de Capone, resolvió el problema del contrabando total de alcohol + contrabandistas violentos. La Prohibición del alcohol fue un fracaso social, la Prohibición actual también lo es. Lo debido y necesario es que las drogas sean reguladas abiertamente por el Estado, con participación y vigilancia de la sociedad.

Nuevas sanciones a Venezuela ahorcan, pero no matan

Ricardo Aceves
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Nuevas sanciones a Venezuela ahorcan, pero no matan

La principal preocupación de Estados Unidos es el Eje del Mal y luego el Club de Naciones Hostiles. En ese primer grupo, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, incluyó a Venezuela en su paso por Lima. El pasado 6 de agosto tuvo lugar en la capital peruana la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que contó con la participación de 59 países y 3 organismos internacionales, y básicamente se discutió lo que se haría el “día después” de la caída del régimen de Nicolás Maduro.

No obstante, el día anterior Estados Unidos se robó las miradas cuando su presidente firmó una orden ejecutiva para poner a Venezuela en una especie de cuarentena económica al bloquear todos los activos que el gobierno de Maduro tiene en ese país. Son las medidas más contundentes hasta el momento y la mayor amenaza al Gobierno chavista, ya que se trata de todos los activos, incluyendo los de Pdvsa, que ya habían sido bloqueados previamente. La sanción comprende, además, medidas de segundo orden como la prohibición a todo país, empresa o particular a hacer negocios con la república bolivariana o arriesgarse a ser sujeto de sanciones y restricciones para hacer negocios en Estados Unidos.

Se trata de una situación similar al embargo a Cuba desde comienzos de los sesenta y a algunas de las medidas aplicadas a Irán y a Corea de Norte. Nicolás Maduro, por su parte, se apresuró a tildar la medida de “terrorismo económico” y prometió resistir los embates extranjeros o internos que lo quieren ver fuera del poder. Esta situación se ha dado en medio del fracaso de las negociaciones entre representantes del régimen y una facción del equipo de oposición de Juan Guaidó, considerado por varios países como el presidente legítimo de Venezuela.

El principal escollo para la negociación fueron los plazos de abandono del poder»

El objetivo de estas mesas de diálogo que se han hecho en Barbados y que han sido organizadas por Noruega era establecer una posible salida negociada a través de elecciones anticipadas pero con garantías. Sin embargo, el principal escollo para la negociación fueron los plazos de abandono del poder. Mientras Maduro se negaba a abandonar el poder en los meses previos a unos posibles comicios, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos se oponían a que se mantuviera en el puesto, al tiempo que se celebraran las elecciones, debido a una posible manipulación de las elecciones.

Así que, nuevamente, nos encontramos en un punto muerto y, aunque estas nuevas sanciones económicas añaden presión al régimen, su deseado efecto devastador en la economía no se cumplirá, pues la analogía sería picar con un palo a un animal moribundo para que reaccione. Si bien las medidas privarán a Venezuela aún más de moneda extranjera, su aparato productivo está casi desmantelado y los escasos bienes que circulan en el país no causan más que la actual hiperinflación. Además, su efecto político no hará más que exacerbar las existentes tensiones y crear otros enfrentamientos.

Los asistentes a la Conferencia de Lima, entre los que se encontraban representantes de la oposición venezolana, reconocieron que la tarea más importante y más difícil será la masiva reconstrucción del aparato productivo del país, comenzando por la petrolera Pdvsa. Venezuela está sentada en las mayores reservas del mundo, pero su producción se ha reducido a menos de un millón de barriles diarios, unos dos tercios de la producción petrolera que el país tenía en el año 2000. La verdadera tragedia venezolana, sin embargo, no está en la destrucción de su aparato productivo, sino en el éxodo de más de 4 millones de venezolanos al extranjero.

La política exterior de Brasil, en el diván

Carlos Milani
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La política exterior de Brasil, en el diván

En psicoanálisis, el sofá sirve para que el sujeto piense su identidad, trabaje las imágenes que desea proyectar, cambie los roles que quiere desempeñar en el mundo y madure como sujeto adulto. El sofá conecta el yo del sujeto, y desde el psicoanálisis hasta los asuntos internacionales, sirve para comprender la identidad y los papeles que desempeña el sujeto en las relaciones políticas, económicas, socioculturales y geoestratégicas globales. Este no es un artículo teórico, es un intento de enfocarme en la coyuntura crítica que vive un sujeto en particular: Brasil. Sin embargo, debo decir que me baso principalmente en el supuesto de que las élites tienen un papel esencial para pensar este sujeto que es el Estado y su política exterior. Y estas élites como constitutivas del sujeto pueden orientar su acción hacia una vida adulta de autonomía relativa, o más bien hacia una relación infantilizada de dependencia de un tutor perenne. Por ello, la construcción de consensos entre los miembros de la élite es una condición fundamental para una proyección de poder internacional.

¿Cuál ha sido la imagen de Brasil en los últimos años y cómo ha cambiado desde el juicio político de Dilma Rousseff? Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), Brasil lideró la creación de nuevas instituciones de integración regional, defendió las relaciones sur-sur, fomentó iniciativas multilaterales y coaliciones internacionales como el Foro IBSA, el grupo BRICS , así como las cumbres afrosudamericana y árabe-sudamericana.

La identidad que ese Brasil proyectaba se basaba en tres pilares: un enfoque en América del Sur, sin descuidar la solidaridad con otros países en vías de desarrollo; el buen desempeño económico y una ambición política para adaptarse a la gobernanza global; y la construcción de una democracia relacionada con la inclusión social y el reconocimiento de los derechos de las minorías. Una socialdemocracia del sur, consagrada en los principios de la Constitución de 1988. En cuanto a la política exterior, Brasil desempeñó un papel clave en la conexión de la política interna con la ambición de insertarse en un contexto global en el que su imagen se benefició gracias a las mejoras sociales, políticas, institucionales y económicas.

Cuando el vicepresidente Michel Temer asumió, luego de un controvertido impeachment contra Rousseff, la identidad del país comenzó a cambiar. El nuevo gabinete fue el primero totalmente blanco, rico y masculino desde la nueva democratización. Las prioridades de política exterior se concentraron en nuevos acuerdos comerciales bilaterales, la realineación de Brasil con Occidente (Estados Unidos y Europa), la apertura del Mercosur y el aislamiento de Venezuela. La octava cumbre BRICS terminó sin resultados relevantes para Brasil. En las Naciones Unidas, ratificó el Acuerdo de París en 2016 y el Pacto Mundial sobre Migración en 2018; sin embargo, con la solicitud de ingreso en la OCDE, Brasil se desvió de la solidaridad sur-sur y el previo multilateralismo globalista.

Durante el gobierno de Temer, muchas de las decisiones fueron obstaculizadas por la inestabilidad política, los escándalos de corrupción que no se detuvieron, las bajas tasas de crecimiento, el aumento del desempleo, las tensiones interestatales, el arresto de Lula y el resurgimiento de la violencia en el campo y las ciudades, lo cual ha marcado la crisis institucional y política del país bajo su mandato.

En octubre de 2018, el candidato de extrema derecha ganó las elecciones. Paradójicamente, Jair Bolsonaro se mostró como un político antisistema en un intento de separarse de la política tradicional, a pesar de su larga carrera política. Su campaña movilizó las redes sociales de manera innovadora y explotó el uso masivo de noticias falsas. Pero en lo que va de su mandato ya han surgido tensiones dentro de la coalición compuesta por militares, segmentos del sistema judicial, Iglesias neopentecostales y extremistas de derecha. Estos han defendido prioridades estratégicas divergentes en el desarrollo de infraestructura, integración económica, seguridad social y reforma de pensiones, política exterior, transparencia y políticas anticorrupción. Además, se han implementado políticas de conservadurismo moral formalmente para recuperar el sentido de autoridad política, para limpiar la esfera pública dentro de una narrativa que tiende a socavar los derechos de las minorías y la visión pluralista de la democracia. Los adversarios políticos (particularmente los izquierdistas e intelectuales) son representados como el enemigo.

¿Cómo puede interpretarse una transformación de política exterior tan profunda?»

¿Cómo puede interpretarse una transformación de política exterior tan profunda? Hoy en día, la identidad internacional de Brasil y los roles proyectados en los asuntos internacionales pueden estar sufriendo un cambio radical y alejarse de lo que fue una democracia participativa. A partir del énfasis en una política exterior que rompe con la noción de inserción internacional autónoma, hasta ahora el Gobierno ha representado la continuidad del golpe institucional de 2016 y ha intensificado el regreso de los militares a posiciones gubernamentales clave; la alineación con Washington y otros Gobiernos de derecha en Colombia, Hungría, Israel o Italia; el abandono de una política exterior autónoma en América del Sur; la adopción de narrativas religiosas y mitológicas para interpretar los problemas internacionales contemporáneos como el cambio climático, la migración, la intervención militar y el papel de la ONU; y la construcción de un régimen democrático solamente en la pantalla del televisor.

Para comprender este cambio, introduzco el concepto “dilema de graduación” (Carlos R. S. Milani, Leticia Pinheiro y Maria Regina Soares de Lima, 2017). Las potencias de segundo nivel y no nucleares (como Brasil) enfrentan un dilema cada vez que sus élites tienen que elegir entre un desarrollo autónomo o dependiente; en términos de seguridad, entre band-wagon y balance; cuando se crea una política multilateral, entre alianzas tradicionales y coaliciones innovadoras y flexibles (como el Foro IBSA o el grupo BRICS); en términos geopolíticos y en el campo de la cooperación al desarrollo, entre un énfasis en norte-sur o en las relaciones sur-sur. Para ello, se deben asumir variables como las percepciones, interpretaciones y encuadres de lo internacional por parte de la élite, que no convergen necesariamente con los papeles nacionales y ambiciones internacionales.

La cohesión entre Gobierno y élites (grupos empresariales, sindicatos, medios de comunicación, la Academia y los movimientos sociales) es condición sine qua non para un proceso de graduación exitoso. Una de las grandes fallas de los gobiernos del PT fue descuidar esta dimensión. Por ejemplo, ¿debería Brasil hacer hincapié en las relaciones sur-sur y un orden mundial multipolar en su política exterior (años PT) o apostar por su acercamiento con Occidente bajo la hegemonía estadounidense (política actual)? La opinión pública general y la mayoría de las élites tienden a ser más favorables a la segunda opción. ¿Por qué Brasil debería cooperar con Haití y Guinea-Bissau, cuando todavía hay tantas necesidades a escala nacional? ¿Cuáles son los beneficios de una política exterior de solidaridad sur-sur?

Desde la inauguración de la república en 1889, los brasileños han estado expuestos a una tradición autoritaria y a una política exterior centrada en la cooperación con los países occidentales. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la democracia prosperó hasta que en 1964 fue interrumpida por un golpe militar. Tanto en 1964 como en 2016, las élites pusieron en riesgo la democracia para no lidiar con reformas estructurales, políticas sociales y los drásticos niveles de desigualdad. Vincular las variables internas con los desafíos regionales y globales es una herramienta analítica clave para abordar el «dilema de la graduación» como una contribución conceptual para comprender lo que está pasando en Brasil.

¿Cuál es la relación entre el dilema de la graduación y el sofá? El golpe ha sido históricamente la alternativa elegida por las élites para evitar los dilemas que el sofá puede causar en la graduación del sujeto. El dilema en el caso de Brasil está vinculado a una crisis de identidad, y parece que las élites temen los posibles efectos transformadores del sofá. Cuando los brasileños blancos se encuentran en el extranjero y se les pregunta «¿cuál es su origen?», generalmente responden: «Soy de origen alemán (o italiano, japonés, eslavo, español o portugués)». Esta  es una de las marcas de identidad brasileñas, aunque genéticamente casi todos son africanos y amerindios.

Otra autoimagen reconstruida a través del sofá implicaría aceptar a Brasil como una nación “arcoíris” y, así, renunciar al poder que niega el pluralismo en la sociedad. Sin embargo, el escenario actual muestra que la riqueza histórica, cultural y religiosa de siglos de formación nacional debe dar paso a un proyecto neoconservador cuya viabilidad dependerá tanto del apoyo nacional como internacional.

Ante el rechazo a enfrentar los desafíos del sofá, una posible situación podría ser la necesidad de Brasil de redefinir su pertenencia al grupo BRICS. ¿Se retirará Brasil de los BRICS al suspender su participación en Unasur? Algunos ministros de Bolsonaro ya han expresado que los BRICS deberían apartarse de la geopolítica y centrarse en la inversión y el comercio, pero ¿cómo afectará esto al grupo? ¿Cómo evaluarán China y Rusia tal cambio? Otra posibilidad sería un cambio del propio BRICS. Si Brasil ya no encaja, ¿Turquía podría transformar los BRICS en TRICS? En el futuro cercano iremos viendo si finalmente se confirman estas transformaciones en la geopolítica y la economía política del mundo.

Las leyes no son todo: el déficit de mujeres en la política

Santiago Basabe
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Las leyes no son todo: el déficit de mujeres en la política

Uno de los principales déficits de las democracias de América Latina es la minoritaria presencia de mujeres en las distintas arenas de toma de decisión política. Si bien lo dicho no hace sino reproducir lo que ocurre en otros espacios, como los cargos de dirección empresarial o las plazas de docencia e investigación universitaria, la escasa participación femenina en cargos públicos llama a un debate más profundo del que, en ocasiones, se suele producir. Aunque la reforma institucional, reflejada en leyes de cuotas o de paridad, es clave, la discusión no puede iniciar y terminar allí. Hay pasos más profundos para reducir las asimetrías citadas, y en esa dirección podrían orientarse las agendas que la investigación científica ha creado, las reformas de políticas públicas y las demandas de las organizaciones cívicas que defienden los derechos de las mujeres.

En efecto, existe evidencia empírica que da cuenta de que los distintos mecanismos de acción afirmativa no son suficientes. En primer lugar, incluso en países en los que las leyes de cuotas o de paridad han alcanzado mayor desarrollo, como Argentina o Ecuador, hay un punto de inflexión a partir del hecho de que la presencia de mujeres en las legislaturas no avanza. La única forma de resolver este estancamiento, desde lo institucional, sería establecer una norma que disponga poner en el primer lugar de las listas a candidatas. Aunque, aparentemente, esta salida es la más eficaz para enfrentar el problema, tensiona seriamente mediante principios elementales de la democracia moderna. Por ello, quizás el desafío, hoy por hoy, no tiene que ver solo con el incremento en el número de legisladoras, sino también con la mejora en la calidad de la representación de los intereses de las mujeres. Aunque en dicha dimensión las actitudes machistas vuelven a ser una traba enorme, las salidas ya no están prioritariamente en el nivel institucional, sino que desbordan a otras aristas de la vida política.

Si quienes designan candidatos son hombres, difícilmente la presencia de mujeres en política presentará mejores resultados»

La democratización interna de los partidos políticos, en el sentido de mejorar el acceso de mujeres a cargos de decisión, es una de esas aristas. Solamente cuando la presencia femenina mejore en dicha dimensión, la cantidad de legisladoras superará el umbral que ahora se evidencia. Solamente cuando dicho paso sea efectivo, la calidad de la representación de las mujeres en las legislaturas irá en aumento. Basta una ligera revisión de las agrupaciones políticas de América Latina y sus dirigentes para evidenciar que las secretarías ejecutivas o direcciones nacionales son espacios esencialmente masculinos. Luego, si quienes designan candidatos son hombres, difícilmente la presencia de mujeres en política presentará mejores resultados. Aunque en esta parte se podría argumentar que una respuesta al problema está en la modificación del diseño institucional que atañe a la vida interna de los partidos, en el fondo, la posibilidad del cambio tiene que ver con una reforma estructural, educativa y cultural, en la que lo normativo podría incluso pasar a segundo plano.

A lo dicho hay que agregar que la mayor presencia femenina en cargos clave en los partidos políticos no solo fomentará la reducción de asimetrías cuantitativas y cualitativas en la arena legislativa, sino también el incremento de mujeres en otros espacios de toma de decisión política. Un ejemplo lo constituyen las alcaldías o gobernaciones municipales, en las que las leyes de cuotas o paridad no aplican por tratarse de cargos uninominales. Al respecto, resulta alarmante no solo que el porcentaje de alcaldesas latinoamericanas no supere el 20%, sino que también su participación se concentre en ciudades de menor densidad poblacional. Otro buen ejemplo está en los gabinetes ministeriales y las altas cortes de justicia, pues son espacios en los que la designación no está mediada por la elección universal, sino por la decisión política de las élites. Al respecto, la evidencia empírica hallada da cuenta de que en la gran mayoría de los países de América Latina la presencia de ministras o juezas supremas/constitucionales no solo es mínima, sino que está concentrada en ministerios o campos jurisdiccionales de menor impacto político.

Si bien las reformas institucionales son importantes para reducir las asimetrías en la representación política de mujeres y hombres en América Latina, circunscribir la discusión a dicho espacio corre el riesgo de estancar el debate y la consecución de resultados óptimos. Tanto la designación de mujeres en el primer sitial para elecciones plurinominales como la inclusión de candidatas para los cargos uninominales tiene que ver con un cambio estructural en la concepción de la política y de quienes deciden en los partidos políticos. En ese espacio, precisamente, es donde la región ha avanzado menos. Si quienes designan candidatos o inciden sobre la designación de ministros o jueces siguen siendo prioritariamente hombres, las probabilidades de que en esos espacios contemos con más mujeres descienden considerablemente.

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Las leyes no son todo. Sin embargo, mientras el foco de atención continúe solo en esa dimensión, el déficit cuantitativo y cualitativo de representación de mujeres en la política latinoamericana seguirá siendo una de las grandes deudas del régimen democrático.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

El Amazonas, en peligro

David Castells-Quintana
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El Amazonas, en peligro

Durante las últimas semanas han salido a la luz datos que deberían ser más que preocupantes para todos los latinoamericanos. Y es que estos informes muestran la rapidez con la que estamos arrasando uno de nuestros tesoros más valiosos: la selva amazónica. Según datos satelitales, manejados por MAAP, de la Organización Amazon Conservation, se han deforestado en los últimos 17 años más de 4,2 millones de hectáreas en la región amazónica (sin incluir Bolivia), y los últimos años han sido particularmente duros. Esto demuestra que los países “amazónicos” (Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y las Guayanas) se encuentran lejos de alcanzar sus propios compromisos de frenar la deforestación, como señala el Reporte de la iniciativa The Dialogue: Neraing the Tipping Point: Drivers of Deforestation in the Amazon Region.

La deforestación del Amazonas, el famoso “pulmón” del planeta, el mayor bosque tropical lluvioso del mundo, se explica, como es de esperar, por el crecimiento demográfico y económico que requiere cada vez más recursos naturales. La agricultura, en especial la extensiva en tierra, que desafortunadamente es la que ha caracterizado a nuestro continente, es la principal responsable de que el Amazonas mengüe sin parar.

Pero detrás de la acelerada deforestación de los últimos años de nuestra mayor y más preciosa selva, también se encuentran factores de la coyuntura sociopolítica de nuestro continente. Según el artículo How to save the Amazon rain forest, publicado en el New York Times, un ejemplo del desastre es Colombia, donde varias de sus regiones muestran los mayores niveles de deforestación reciente.

De acuerdo a los datos satelitales, la deforestación en el país se ha triplicado desde 2015 y se concentra en zonas que hasta hace poco tiempo estaban en manos de las FARC. Con la “liberación” de dichas zonas, la agricultura y la extracción ilegal maderera se han disparado, lo que representa una consecuencia del proceso de paz en el segundo país con mayor biodiversidad del mundo.

Con Bolsonaro en el poder, la protección medioambiental ha pasado a un segundo plano»

Brasil es el país con mayor diversidad, precisamente debido a su mayor área amazónica. Por infortunio, con Bolsonaro en el poder, la protección medioambiental ha pasado a un segundo plano, y el país parece despreciar lo que es su mayor activo. Ante las alarmas recientes de deforestación, el presidente nacional-populista ha recurrido, al igual que Donald Trump, a la negación y a las acusaciones de falsedad, una de las estrategias más poderosas de nuestro tiempo.

La realidad es que la acelerada deforestación del Amazonas es una catástrofe en toda regla. Como advierte el reporte previamente mencionado, la destrucción de los bosques lluviosos no es lineal. Al generar casi la mitad de su propia humedad, la selva amazónica requiere un tamaño mínimo. Sin embargo, la desaparición de los bosques está alcanzando un punto de inflexión a partir del cual la selva podría empezar a colapsar en sí misma por la falta de capacidad para mantener su humedad.

De esta manera, se pondría en peligro a al menos 30 millones de personas de más de 400 etnias que tienen lenguas y cultura propia y un escaso o nulo contacto con el resto de la civilización, lo que condenaría a estas culturas al olvido. Además, la destrucción de dicho ecosistema, donde habitan al menos el 10% de las especies animales y vegetales conocidas de la Tierra (pueden llegar a ser el 30% según varios expertos), está haciendo peligrar a una gran multitud de especies.

El problema es de tal magnitud que, partiendo de algunos expertos, hemos llevado la tasa de extinción de especies a los niveles más altos que se han registrado en la historia del planeta. Así, vivimos actualmente la sexta extinción masiva, la cual tiene altas probabilidades de convertirse en la peor. Y si la situación no fuera lo suficientemente grave, con la deforestación de las selvas tropicales (deforestación que contribuye hasta un 25%, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero) también estamos disminuyendo nuestras ya escasas oportunidades de hacer frente al calentamiento global, la mayor (y si no hacemos nada, tal vez la última) amenaza que afrontamos como humanidad.

Lo que queda claro es que nuestras decisiones, tanto como consumidores como votantes, tienen más repercusión de la que creemos. Proteger nuestro futuro y el de las demás especies debería ser una de nuestras prioridades y un argumento suficiente para replantearnos el devenir político de nuestra región. 

El caso Assange

Julio Echeverría
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El caso Assange

En junio de 2012, ingresó a la Embajada ecuatoriana, de Londres, un Julian Assange envuelto en un halo de heroicidad como la persona que destapó información secreta de los Estados Unidos. En esta se mostraban violaciones de los derechos humanos y de la libre determinación de los pueblos, las cuales fueron perpetradas mediante operaciones militares o de manejo diplomático.

Siete años más tarde, el ciberactivista, golpeado física y psicológicamente por el largo encierro, enfrenta condiciones más difíciles que las que forzaron su solicitud de asilo. Cumple prisión por haber violado la libertad condicional en el Reino Unido, y Estados Unidos pide su extradición, pues es acusado de diecisiete delitos contra la seguridad. Estos podrían significar penas de prisión que rebasan de largo su expectativa de vida.

Pero el deterioro de Assange no se reduce solamente a su salud o a su condición legal, sino que también se refiere, en lo fundamental, al eclipsamiento de su imagen inicial, la del hacker en búsqueda de transparencia frente a los ocultamientos del poder y su sustitución por el activista que realiza operaciones de incidencia política (esto, en una trasnochada recuperación de las lógicas de enfrentamiento propias de la guerra fría).

¿Cómo explicar la metamorfosis de Assange, quien pasó de ser baluarte de la libertad de información y expresión a promotor de la posverdad?»

Assange y Wikileaks irrumpieron en la escena mediática del mundo mediante el surgimiento de una nueva plataforma para la sociopolítica planetaria que antes no existía: la del enfrentamiento entre tecnología y soberanismos. La aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación planteaba la posibilidad de un acceso directo a fuentes de información que antes estaban blindadas o protegidas por las soberanías estatales nacionales; la tecnología podía ponerse al servicio de los derechos humanos, muchas veces «sacrificados» por las necesidades de la «razón de Estado».

¿Cómo explicar la metamorfosis de Assange, quien pasó de ser baluarte de la libertad de información y expresión a promotor de la posverdad, que utiliza la información resultante de sus operaciones de hackeo para desestabilizar regímenes e interferir en asuntos internos de otros Estados, como lo hizo en el conflicto catalán, impulsando la idea del independentismo, o alineándose con los servicios secretos rusos en su ataque a la candidatura demócrata de Hillary Clinton? ¿O su coincidencia, por no decir identificación, con la estrategia geopolítica de Vladímir Putin, dentro de lo que fue la estrambótica relación con el régimen de Rafael Correa, quien lo alojó o recluyó, como quiera vérsele, en la Embajada ecuatoriana de Londres?

Assange no es un espía que está al servicio de un Estado enemigo, como seguramente quiso verlo Correa, sino la materialización de la capacidad de interpenetración ofrecida por las actuales tecnologías de información. Su presencia expresa las nuevas lógicas de la política contemporánea: un filtrador de información cuya motivación responde a la percepción de que las libertades de los ciudadanos han sido o pueden ser violadas, pero también de quien usa la información con fines contrarios a la transparencia informativa y a la defensa de derechos.

El caso Assange, como en su momento el caso Snowden, advierte sobre la contingencia y vulnerabilidad en la que se reproducen las sociedades contemporáneas, una complejidad que exige conceptos y aprestamientos institucionales que vayan más allá de explicar el fenómeno como operación de espionaje a la integridad de los Estados. En el periodismo puede ser legítimo el uso de filtraciones para poner a disposición de la ciudadanía aquella información que sea sobre la conducta de sus Gobiernos, cuando estos la ocultan a nombre de la seguridad nacional. La defensa de Assange de que estaba actuando como periodista, cuando descubrió y expuso información militar y diplomática, pone en juego en este caso, efectivamente, los temas de la libertad de expresión y del oficio del periodismo. Conviene al interés público acceder a información relevante que evidencie violación de derechos o exponga a actores públicos y privados en casos de corrupción, aunque los procedimientos utilizados puedan presentar desafíos éticos al ejercicio de la carrera.

Sin embargo, no solo los Estados son blanco del escrutinio informático. La realidad de los individuos está construida cada vez más sobre la circulación de informaciones, lo que les vuelve vulnerables a la observación de su privacidad por parte de los Estados o de otros poderes discrecionales. Las tecnologías de la información evolucionan a pasos agigantados; procesan una masa de información cada vez mayor, lo que conduce a identificar tendencias de conducta de los ciudadanos, sobre las cuales se puede incidir después, reforzando la conducción (manipulación) de preferencias en los ámbitos del mercado, pero también de la política y de la configuración de valores y de significaciones sociales.

Mas allá de la imagen de Assange como el Robbin Hood de la nueva era comunicacional-tecnológica, el caso evidencia la presencia de nuevos actores y nuevas lógicas de incidencia política que giran en torno a las tecnologías de la comunicación, a su utilización para condicionar conductas y comportamientos políticos, pero, sobre todo, a su capacidad potencial de romper toda barrera que quiera interponerse para resguardar la información con la que se reproducen las lógicas del poder.

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¿Nuevo régimen mexicano?

José Ramón López Rubí
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¿Nuevo régimen mexicano?

Solo por existir un gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sus partidarios, e incluso muchos de sus críticos, hablan del “nuevo régimen”. Si tomamos en serio los conceptos, y las distinciones entre ellos, la conclusión es otra. Hagamos un análisis tan preciso, claro, breve y sencillo como sea posible.

Para empezar, un gobierno y el régimen político son entidades diferentes, aunque algunos Gobiernos pueden ser efectos (directos) de un cambio de régimen o la causa de que un régimen cambie. El régimen de México no cambió en 2018 para que ganara AMLO ni ha cambiado en 2019 porque él haya ganado la Presidencia. Se están dando cambios en el régimen; no ha habido un cambio de régimen. Este segundo tipo de cambio ya había ocurrido, es la transición (por definición general, se trata del cambio de un régimen a otro) del autoritarismo de la hegemonía del PRI a la democracia de baja calidad y no consolidada del pluripartidismo electoral. Un cambio que el presidente y sus seguidores niegan, unos, por ignorancia, y otros, por conveniencia para su propia “épica”.

Si gobierno y régimen no son lo mismo, el segundo incluye o contiene al primero, que, a su vez, es distinto del Estado. Un gobierno, así sea el federal, no es el Estado. El régimen se correlaciona institucionalmente con la estructura estatal, y los gobiernos legales y constitucionales no pueden existir completamente separados del Estado y el régimen. Este, además, comprende tres sistemas: el sistema de gobierno, el de partidos y el electoral, o si no, solo hay más que un partido de Estado o no hay elecciones, los mecanismos formales e informales equivalentes para el acceso, distribución y abandono del poder. Para que cambie el régimen, en el sentido de cambio de régimen, tienen que cambiar esencialmente los tres o, cuando menos, dos de esos (sub)sistemas.

El presidencialismo priista dejó de existir, salvo como cultura o aspiración parcial»

1. ¿Ha cambiado el sistema de gobierno presidencial? ¿O ha dejado de ser presidencial el sistema de gobierno mexicano? La referencia tiene que ver con el presidencialismo como opuesto institucional formal del parlamentarismo, no con el fenómeno de la concentración metaconstitucional de poder en el presidente cuando era jefe del PRI hegemónico. El presidencialismo priista dejó de existir, salvo como cultura o aspiración parcial. El presidencialismo como la opción de “no parlamentarismo” es lo que estaba antes del régimen del PRI, lo que estaba y está en la Constitución y, por tanto, es lo que sigue existiendo.

En México, y no solo ahora, no hay parlamentarismo ni semipresidencialismo, tampoco un presidencialismo informal/metaconstitucional como el del llamado priato. Lo realmente nuevo, de hoy, por parte de López Obrador, es otro “estilo personal de gobernar” (Daniel Cosío Villegas dixi), un estilo presidencial que es presidencialista. Y es que AMLO encarna un código político-cultural propio del presidencialismo autoritario, de la época del PRI hegemónico en que ocurrió su formación como político. Ese régimen (las instituciones formales e informales fundamentales) murió, pero no la cultura que formó y protegió. López Obrador es un ejemplo.

2. Sigamos: ¿es Morena un partido hegemónico? ¿Ha cambiado el sistema de partidos? No y sí: ha cambiado porque no es más el sistema de tres partidos o “de dos partidos y medio” que existió por muchos años, pero no cambió a sistema de partido hegemónico. Como este punto lo he demostrado aquí mismo, paso a otra cuestión: ¿es partido de Estado? Si lo fuera, no existiría otro partido legal, o ningún otro partido sería relevante en ningún sector relevante. Sin embargo, Morena “ni siquiera” tiene la “aplanadora” legislativa que algunos ven. Sí tiene, precisamente, una “aplanadora” para reformas legales, pero no para reformas constitucionales, ya que carece de la mayoría calificada o el 66% de los asientos congresionales. Es un dato de la mayor importancia que no debe ser relegado.

Hay que insistir en lo que debería ser obvio: un partido de Estado controla al Estado. A todo o casi todo el Estado. Puede ser, circularmente, que quien controla el aparato estatal controla al partido estatal que exista. López Obrador tiene el control de Morena, pero ni el uno ni la otra tienen el control de todo el Estado. Morena no es el partido del Estado mexicano, es el partido del gobierno federal actual. El partido de López Obrador no es ni hegemónico ni estatal, porque, entre otras razones, depende de otras fuerzas para reformar o sustituir la Constitución. Y también se trata de fuerzas ajenas a la coalición del binomio AMLO-Morena. Ningún partido de Estado, así como tampoco uno hegemónico, sufriría tal dependencia sobre la decisión constitucional.

Si alguien “leyó” que Morena no es mucho más fuerte que otros partidos mexicanos de este siglo y que “todo está bien” con su poder, no se dijo eso. Morena sí tiene más poder que esos partidos; y su poder, si bien no hegemónico, significa riesgos y reales posibilidades de instaurar alguna versión de autoritarismo electoral. Es decir, no democracia, pero sí elecciones; elecciones sin la democracia como medio y fin (si hay democracia, hay elecciones, pero no porque haya elecciones, siempre hay democracia). Un régimen autoritario electoral es un régimen político con sistema electoral no democrático por no libre ni competitivo. ¿Regresaremos a algo similar? Es la gran pregunta, ya que no se ha dado ese regreso; depende de varios factores, como los resultados de la elección intermedia de 2021.

El sistema de partidos mexicano está pasando por un estado líquido: no ha transcurrido tiempo suficiente y, por tanto, tampoco experiencia para que el partido obradorista ocupe una posición más o menos definitiva o estable y sepamos cuál es o va a ser. La materia Morena (que no es la materia Oscura ni Lumínica de las creencias extremistas) no tiene aún estado sólido. Y podría pasar del líquido al gaseoso: Morena tiene un agudo problema de institucionalización, una fuerte dependencia de AMLO como figura personal, y el presidente no es un hombre joven… Ni su popularidad será eterna. López Obrador es Aquiles con un partido-movimiento, y por eso él es para su organización-masa tanto la fuerza como la debilidad. A mediano plazo, “el talón” de López Obrador es Morena por culpa del mismo AMLO. 

3. Por último, ¿hemos cambiado de sistema electoral? No, incluyendo la mezcla “mecanísmica” de mayoría relativa y representación proporcional, aunque pareciera que al obradorismo le gustaría transformarlo. Hay intenciones y propuestas muy cuestionables para ello. Pero, hasta el momento, las elecciones no solo siguen, sino que también siguen siendo razonablemente democráticas, federalmente hablando (tal como lo eran antes de que ganara la presidencia López Obrador). Si el presidente y su partido buscan un cambio morenista de régimen político, esto es, no solo un cambio de régimen, sino un cambio pro-Morena, pondrán el acento en el espacio electoral; así: lanzar propuestas de reforma, avanzar en su mediatización, competir en medio del sistema electoral de este momento en las elecciones que correspondan, aumentar su poder electoral, y una vez que se haya conseguido el poder suficiente (relativo a la transformación de la Constitución), cambiar de sistema electoral. Está por verse si lo logran.

Resumiendo, ha cambiado el sistema de partidos, pero no hay un cambio ni transicionalmente suficiente ni políticamente definitivo; no han cambiado en esencia (tampoco en su forma legal definitoria ni en el fondo último) los sistemas de gobierno y electoral. Puesto de otro modo, si hubo cambio de sistema de partidos, pero no cambio de sistema electoral ni cambio de sistema de gobierno, tenemos uno de tres o dos cambios necesarios para el cambio de régimen. Tampoco ha cambiado la forma del Estado: no ha pasado de federal a central o unitario, aunque el federalismo sí está bajo ataque… Entonces, no ha cambiado el régimen: este año no hemos visto ni estamos viendo otra transición. O no aún.

Hay cuatro grandes falsedades políticas sobre el siglo XXI mexicano al día de hoy: falso que antes de AMLO había democracia, pero ahora no; falso que antes de AMLO no había democracia y ahora sí; falso que los mexicanos estemos viviendo bajo un nuevo régimen autoritario y falso que lo hagamos bajo uno nuevo y democrático. Esa moneda, con sus dos caras “transicionales”, sigue en el aire.

¡Que renuncien los candidatos marginales en Bolivia!

Jorge Dulon
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¡Que renuncien los candidatos marginales en Bolivia!

Hace algunos días, el expresidente de Bolivia y ahora exaspirante a la Presidencia, Jaime Paz Zamora, renunció a su candidatura, esbozando, una vez más, una de sus frases que casi siempre se graban en la memoria colectiva de los bolivianos: “Me encontré con un muro de hielo y con una visión de la política del siglo pasado”. Esto pasó al querer conformar su lista para candidatos para el Congreso boliviano.

El exmandatario adujo que deseaba liderar un proceso de renovación de la política. Por tanto, propuso que en las listas para diputados y senadores existiera la mayor cantidad posible de jóvenes y de gente “nueva”.

Lamentablemente, el estatuto del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que lo invitó para que fuera candidato, no permitía “semejante transgresión”. Por eso, lo tradicional se impuso a los deseos del exjefe del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Tras dicha renuncia, las repercusiones no se hicieron esperar. Por una parte, algunos voceros del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno, minimizaron, de manera algo prepotente, el hecho, y dijeron que Paz era un candidato marginal en la carrera electoral y que el hecho no había merecido ni siquiera un análisis y, menos aún, una evaluación política por parte del partido de gobierno.

Si Ortiz otorgara tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones, incluso en primera vuelta»

En la oposición, la situación fue diferente. Los candidatos que todavía tienen resultados por debajo del 5% en las encuestas (MNR, Tercer Sistema, UCS, PAN Bol) quedaron en una situación incómoda, ya que fueron sujetos de la controversia. En las redes sociales y en diferentes espacios, los analistas y la opinión pública, en general, recomendaron que los marginales deberían seguir el ejemplo de Paz, es decir, renunciar a sus candidaturas y apoyar al candidato que tiene las mejores opciones de ganarle a Evo Morales.

Sin embargo, hubo incluso posiciones un poco más radicales que pedían encarecidamente al candidato Oscar Ortiz de la “alianza” Bolivia Dice No, tercero en las encuestas con un 8%, que desista de su candidatura y que apoye al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. El argumento era aún más contundente. Si Ortiz otorgaba tal señal de desprendimiento, Mesa podría ganar las elecciones, incluso, en primera vuelta, y obtener, así, un requisito indispensable para gobernar con tranquilidad que tiene que ver con los dos tercios en el Congreso.

Al parecer, estos dos argumentos de la oposición traducirían una verdadera señal de unidad para recuperar la democracia y luchar contra la impunidad existente en delitos de corrupción, contrabando, violencia, inseguridad y narcotráfico. Pero siendo realistas, pensar que el tercero decline con respecto a su candidatura es casi imposible, ya que ha quedado claro que, si bien Ortiz sabe que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones nacionales, desea asegurar espacios de poder en el Parlamento para pavimentar el camino hacia una nueva candidatura en las elecciones del 2025.

No obstante, sin perder la esperanza de que Ortiz recapacite y renuncie a su candidatura, existe una alternativa adicional para negociar alguna posibilidad de alianza viable que permita conseguir una figura diferente de alternancia en el poder y que los bolivianos puedan retornar a la posibilidad de respetar el Estado de derecho y de recuperar la democracia. Las organizaciones políticas opositoras podrían realizar pactos y, de esta manera, priorizar la elección de asambleístas uninominales, por circunscripción en todo el país, teniendo en cuenta que dichas diputaciones también son elegidas por voto popular.

En efecto, cada organización política opositora, según su nivel de representatividad y legitimidad, podría proponer candidatos uninominales en circunscripciones estratégicas en donde garanticen su victoria. Así, se podría asegurar una bancada opositora fuerte y responsable que lleve a desarrollar un buen trabajo legislativo, pero que, además, sea representativa de todo el país y de todas las corrientes políticas opositoras. En definitiva, se lograría un nivel de fiscalización coherente y consistente con lo que necesita Bolivia actualmente: cero tolerancia a la impunidad de algunos poderosos y, sobre todo, recuperar la moribunda democracia.       

Lava Jato y Arroz Verde: corrupción sistémica en A. L.

Julio Echeverría
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Lava Jato y Arroz Verde: corrupción sistémica en A. L.

Dos situaciones han reabierto el tema de la corrupción en América Latina, el caso Lula, en Brasil, y el caso Arroz Verde, en el Ecuador; ambos develan la existencia de fuertes vínculos de corrupción entre operadores políticos, Gobiernos y empresas, hasta el punto de definir una verdadera estructura sistémica de corrupción regional. 

El caso Lula reaparece en la escena político-mediática a partir de las denuncias que involucran al actual ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, el juez que develó la más grande trama de corrupción de los últimos años que comprendía a la empresa Odebrecht y a las más altas figuras de la política brasileña. El exjuez habría usado su cargo para ejercer influencia sobre los fiscales que seguían el caso Lula, dirigiendo, a su vez, sus intervenciones hasta que se imputara y condenara a ocho años y diez meses de prisión al expresidente.

La acusación a Moro impugna el proceso que condenó al expresidente, mas no desmonta las evidencias sobre la existencia de la megatrama de corrupción develada por el caso Lava Jato.

El caso Arroz Verde, en Ecuador, devela, por su lado, la existencia de una trama de corrupción que reproduce la misma lógica de Lava Jato»

Lava Jato evidenció la base institucional de la trama de corrupción, en la que las campañas políticas del partido de gobierno eran financiadas por empresas contratistas del Estado, que luego eran favorecidas con contratos amañados. El caso Arroz Verde, en Ecuador, devela, por su lado, la existencia de una trama de corrupción que reproduce la misma lógica de Lava Jato: aceitar campañas políticas para luego cobrar favores mediante la contratación pública.

Sin embargo, añade otros elementos que la vuelven aún más grave: la utilización de recursos públicos, esto es, del mismo Estado, para financiar las campañas de los operadores políticos que se encuentran en las esferas del Gobierno. Así, la corrupción apuntaba a consolidar la reproducción de verdaderas castas en el poder e impedir la alternancia democrática.

Pero ¿qué se hizo y qué se dejó de hacer bajo el amparo de esta lógica sistémica de corrupción? ¿Cuál ha sido el costo para América Latina, más allá de las colosales cifras que fueron a parar a los bolsillos de los operadores políticos o a las campañas electorales de sus partidos?

Seguramente América Latina perdió toda una década en la que sus finanzas estaban alimentadas por el elevado precio de las materias primas en un proceso de intensificación y aceleración de la economía global. Si se observa con una relativa distancia, América latina estaba ingresando en una especie de segunda acumulación originaria de capital en algunos casos y en su segunda industrialización en el caso del Brasil. Lula no solamente lideraba un programa exitoso de redistribución mediante la dinamización del gasto interno, sino que también se fortalecía como líder regional de un programa de inversiones masivas que, bien dirigidas, hubieran podido transformar la infraestructura del subcontinente.

Pero las intenciones se quedaron en eso. Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) no supieron aprovechar la coyuntura internacional para transformar efectivamente las relaciones de poder en el Brasil y en el resto de América Latina; el pragmatismo lulista le impidió emprender en una verdadera tarea de transformación e innovación tecnológica y productiva; prefirió no afectar las correlaciones de poder y del manejo de la economía; se convirtió en intermediario de colosales procesos de transferencia de rentas.

En esa línea se entiende la configuración de un verdadero modelo sistémico de corrupción, del cual Lula terminaría siendo su principal operador. Se produjo para ello una sofisticada arquitectura político-financiera, una articulación estrecha entre el Estado brasileño como gran negociador con sus pares, los otros Estados latinoamericanos, para lo cual se predispuso toda su diplomacia con Lula a la cabeza, quien fungía como el gran lobista.

Se conformó, así, una estructura de acuerdos políticos entre Estados, que se apoyaba en operaciones de compra de voluntades a actores en funciones de gobierno, para lo que se interpuso la llamada oficina de estructuración de Odebrecht que gestionaba este tipo de operaciones.  

El más grave daño irrogado por la trama de corrupción liderada por Lula en el caso Lava Jato y por Correa en el caso Arroz Verde, respectivamente, además del despilfarro de los recursos públicos, es el debilitamiento de la capacidad de control sobre la gestión pública y la configuración de instituciones dóciles frente al poder arbitrario y discrecional de líderes neopopulistas. En el caso de Ecuador, esto se volvió patente en la conformación del quinto poder, instancia dirigida a canalizar la participación ciudadana en el control del poder político, pero que se convirtió en instrumento privilegiado del poder presidencial, pues este podía controlar a quienes debían controlarlo.

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