Las mujeres presidentas y primeras ministras ¿Continúa la excepcionalidad?

Varias décadas han transcurrido desde que una mujer ocupara, por primera vez, la jerarquía más alta en el Ejecutivo de un país. Fue en 1960, en Sri Lanka, donde Sirimavo Ratwatte Bandaranaike (1916-2000) llegó a ser designada como primera ministra, luego que su partido obtuviera la mayoría de los votos en el Parlamento. Esa misma década, dos mujeres más ocuparían este cargo: Indira Gandhi (1917-1984), en India, en 1966, y Golda Meir (1898-1978), en Israel, en 1969.

Cabe destacar que, las mujeres que han ocupado estos puestos, lo han logrado pese a la persistencia de los roles de género y a los prejuicios basados en la idea de que los espacios públicos, de toma de decisiones y ejercicio del poder político, no les pertenecen. Además, la ruptura del techo de cristal muestra que los obstáculos no son absolutos y que se va dando una transformación en el imaginario social, en la opinión pública, sobre las capacidades de las mujeres que, aunque parece que va a un ritmo muy lento, resulta imparable.

La llegada de las mujeres a los niveles más altos del Ejecutivo tiene efecto en la representación simbólica, incluso más que el de las mujeres parlamentarias debido a la visibilidad del cargo que ocupan. Así lo ha reconocido Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), y la mujer política latinoamericana más reconocida en el escenario mundial: “si antes las niñas me decían que querían ser doctoras, ahora me dicen que quieren ser presidentas. Eso le hace bien al país”.

Pero la ruptura del techo de cristal no implica que las mujeres en el Ejecutivo no se enfrenten a otras barreras en el ejercicio de su liderazgo político, entre las que destaca el laberinto de cristal, que se vincula con los giros, vueltas, encuentros y desencuentros por los que transitan en su mandato. Supone superar una mayor cantidad de obstáculos que los que se les presentan a los hombres políticos, algunos específicos, vinculados con el hecho de ser mujer.

Aunque quizás el mayor obstáculo que deben enfrentar las mujeres políticas es el acantilado o precipicio de cristal. Consiste, por un lado, en que se presente a mujeres a cargos de elección popular en circunscripciones donde sus partidos tienen pocas posibilidades de ganar un escaño (en no pocas ocasiones para cumplir con la cuota de género) y, por el otro, que se designen mujeres en el Ejecutivo en momentos de crisis políticas muy graves, donde se deben tomar decisiones impopulares que ponen en riesgo su liderazgo y pueden llevar a caídas abruptas.

La primera ministra británica Margaret Thatcher (1925-2013) tuvo experiencias vinculadas con el primer caso: el Partido Conservador la presentó dos veces como candidata en una circunscripción dominada por el Partido Laborista y en ambos casos perdió. Todo esto antes de ocupar el cargo de primera ministra. En relación con el segundo caso, a varias presidentas latinoamericanas designadas y no electas popularmente, les ha tocado enfrentarse a momentos particularmente convulsos desde el punto de vista político; sus actuaciones han generado rechazo del electorado y un fuerte cuestionamiento, donde se entremezclan las malas decisiones políticas (o incluso las denuncias por corrupción) y el hecho de ser mujer (Jeanine Áñez en Bolivia, Dina Boluarte en Perú por nombrar dos casos recientes).

Lo indicado en los párrafos precedentes lleva a señalar que el camino de las mujeres políticas al Ejecutivo está lleno de espinas, piedras, baches y trochas que no impiden que cada vez haya más lideresas dispuestas a superar las barreras que deben enfrentar.

¿Qué dicen las cifras?

Desde la lejana década del sesenta hasta la actualidad, poco más de 70 países (de un total de 193) han tenido a una mujer como presidenta, primera ministra, jefa de estado o de gobierno, de acuerdo con los distintos diseños institucionales existentes. En definitiva, a una mujer en los niveles más altos de toma de decisiones del Ejecutivo.

En la década de los setenta, seis mujeres lideraron los Ejecutivos en el mundo. En la década de los ochenta fueron siete. En la de los noventa se dio un salto significativo cuando veintiséis mujeres ocuparon estos cargos. La entrada del siglo XXI trajo un aumento en esta cifra que llegó a ser de treinta y siete mujeres entre 2000 y 2009, según datos de Farida Jalalzai y Mona Lena Krook de 2010. Para el año 2023, se contabilizaron un total de treinta y seis mujeres entre presidentas, primeras ministras, jefas de estado o de gobierno.

Según el mapa “Mujeres en la política: 2023” realizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, para el 1 de enero de 2023, solo 17 países, de un total de 151, tenían a una mujer como jefa de estado, lo que representa un 11,3%. En el caso de las jefas de gobierno, el mismo informe indica que hay 19 mujeres de un total de 193, lo que supone un 9,8%. Estos datos muestran que las mujeres en estos cargos constituyen un grupo minoritario y que llegar a estos niveles para las mujeres sigue siendo un hecho excepcional.

También es importante destacar que algunas de las democracias occidentales más consolidadas, como Estados Unidos y Francia, nunca han tenido a una mujer presidenta. Mientras que, en Reino Unido, con dos mujeres que han sido primeras ministras, Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019), el techo de cristal apenas se ha resquebrajado, lo que demuestran investigaciones que han concluido que, durante el mandato de May, los estereotipos de género se profundizaron si se comparan con los existentes durante el gobierno de Thatcher.

Ante esta realidad, los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) se muestran como una rara avis. En estos, las mujeres en los parlamentos representan el 45,7% del total, porcentaje que está por encima del resto de los promedios de otras regiones del mundo. A ello se le suma que, todos han tenido –por lo menos una vez– una primera ministra y en el caso de Finlandia ha tenido tres, incluida la mujer más joven en ocupar este cargo a nivel mundial, Sanna Marin, quien lo hizo a los 34 años y destacó por su buena gestión del COVID-19, principalmente por el buen uso de las redes sociales para que su mensaje llegara a la población joven.

Con la llegada de las nórdicas se cayó uno de los supuestos más frecuentes en el estudio de las mujeres en el Ejecutivo que se fundamentaba en que llegaban a ocupar estos puestos porque tenían vínculos de parentesco con un hombre político, en países que salían de periodos políticos inestables, en democracias nuevas o en períodos posteriores a una transición. También en América Latina estas hipótesis comienzan a desmoronarse.

Las mujeres presidentas y primeras ministras en América Latina y el Caribe

En nuestra región y también en el mundo, la primera mujer que ocupó el cargo de presidenta fue María Estela Martínez de Perón, en 1974, en Argentina, después de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. Pero fue Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua, la primera mujer del continente en ser electa presidenta en una votación popular.

En su momento, la candidatura de Violeta estuvo cargada de mucho simbolismo, no sólo por ser la viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por la dictadura de Somoza, sino por representar la figura de la madre que viene a unir a esos hermanos –sandinistas y contras– enfrascados en una lucha fratricida.

Hasta la fecha, ha habido catorce mujeres presidentas y tres primeras ministras (estas tres de países caribeños). De las catorce, ocho han llegado por votación popular: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Sandra Mason (Barbados), Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet (Chile), Laura Chinchilla (Costa Rica), Xiomara Castro de Zelaya (Honduras), Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Mireya Moscoso (Panamá). Las otras seis han sido presidentas provisionales, interinas o les ha correspondido constitucionalmente ocupar el puesto ante la ausencia del hombre quien ejercía la presidencia.

No se puede negar que algunas de las mandatarias tienen vínculos de parentesco con hombres políticos, en la mayoría de los casos como esposas, pero algunas han consolidado liderazgos sin la presencia de estos vínculos, como es el caso de Michelle Bachelet. Otras, como Cristina Fernández de Kirchner, con un liderazgo propio y más antiguo que el desarrollado por su esposo quien también ocupó la presidencia. 

México: la excepcionalidad en medio de la excepcionalidad

Ante este panorama donde ocupar el cargo de presidenta o primera ministra sigue siendo excepcional, y está muy lejos aún el día donde ser mujer política no implique notas periodísticas que resalten este hecho, se llega a las elecciones presidenciales de México, que se celebrarán hoy domingo y en las cuales hay pocas dudas que serán ganadas por una mujer.

Esto convierte al país azteca en una excepción en medio de la excepción. Por primera vez en un país de América Latina, las dos primeras candidaturas, aquellas con posibilidades reales de triunfo, están representadas por mujeres: Claudia Sheinbaum (Morena) y Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón).

La próxima presidenta de México impulsará la representación simbólica de las mujeres, lo que resulta una buena noticia. Ya se verá cuáles son los avances en la representación sustantiva, aquella vinculada con los intereses de las mujeres y los avances en el ejercicio de sus derechos humanos, incluido el derecho a una vida libre de violencias.

Las particularidades de las elecciones para vacantes en Cuba 

En un hecho sin precedentes por su magnitud desde la creación de los órganos del Poder Popular, el Consejo Electoral Nacional (CEN) desarrolla elecciones para cubrir puestos vacantes. Estos procesos electorales se efectúan desde febrero de 2024 y su objetivo es elegir delegados a las asambleas municipales del Poder Popular (AMPP), debido a la renuncia de quienes ocupan esos cargos. La última noticia al respecto se publicó el 5 de mayo en la cuenta oficial del CEN en la red social X.

El procedimiento para cubrir las vacancias en las AMPP es muy sencillo y se establece en la Ley Electoral de 2019. Cuando se queda vacante un cargo de delegado a las asambleas municipales del Poder Popular, salvo que se produzca en los últimos seis meses de su mandato, es cubierto para el resto de este mediante elección. Los delegados a las AMPP actuales se eligieron en 2022 hasta 2027, por lo que aún resta más de un semestre de su mandato. Las asambleas del Poder Popular de cada municipio cubano se renuevan cada cinco años.

Estas o sus presidentes convocan a los electores de la correspondiente circunscripción para que elijan un nuevo delegado. Es responsabilidad del presidente de la AMPP informar al Consejo Electoral Municipal de su decisión, y éste designa a los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción (CEC) para que realice la elección. Además, dicho consejo debe solicitar a los responsables del registro electoral la lista de los electores que deben participar en la elección. Luego de efectuarse la actualización de la mencionada lista, la CEC procede a su publicación junto con las biografías y fotos de los candidatos.

A pesar de estas previsiones, los procedimientos de cobertura de los puestos vacantes ocurridos desde enero se caracterizan por su opacidad. En primer lugar, no existen, al menos no en formato digital y abierto al público, reportes de las asambleas que debieron efectuarse para nominar a los candidatos a delegados a las AMPP. Los miembros de la CEC actuantes en la asamblea de nominación de candidatos deben confeccionar un acta en un plazo de veinticuatro horas.

En este documento se debe informar sobre el lugar, fecha y hora en que se celebró la asamblea de nominación; los nombres y apellidos de los miembros de la CEC que participaron en ella; la cuantía de electores que integran el área de nominación y la cantidad de asistentes a la asamblea; y los candidatos propuestos. También se deben exponer en el acta los nombres y apellidos del candidato nominado, la constancia de que aceptó la nominación y las firmas de los miembros de la CEC. La opacidad de estos y otros datos vulnera el derecho de todas las personas a solicitar y recibir información veraz, objetiva y oportuna del Estado.

En segundo lugar, la organización de las votaciones ha sido aún más oscura. Casi no se han realizado campañas de prensa para solicitar la participación de los electores. Tampoco se dispone de información fidedigna y verificable sobre el cumplimiento del requisito legal de publicar las biografías de los candidatos con antelación. Por último, los reportes sobre el desarrollo de las elecciones para cubrir cargos vacantes en las AMPP se concentran en las redes sociales del CNE, pero no se aportan datos sobre sus resultados.

La organización Transparencia Electoral le envió una solicitud de información al CEN el pasado 29 de febrero. Su objetivo es que este órgano publique los datos relativos a la cantidad de cargos de delegados a las AMPP vacantes, en qué municipios y provincias se registraron estas vacancias, así como los motivos que alegaron los delegados salientes para renunciar a sus puestos. De igual forma, se solicitaron los datos relativos a la ejecución del procedimiento legal para cubrir los cargos vacantes.

Si bien es cierto que las irregularidades comentadas y la falta de información son dos problemas fundamentales de la cobertura de los cargos vacantes de las AMPP, la cuestión política principal es otra. El hecho de que estos procedimientos se expandan durante cuatro meses y la posibilidad real de que se prolonguen más, denota que las autoridades cubanas tienen que enfrentar la constante salida de los delegados municipales del Poder Popular. Es posible que esto ocurra por dos causas estrechamente relacionadas entre sí.

La primera es la migración de dichos delegados. El cargo de delegado municipal del Poder Popular no es asalariado y no suele generar beneficios económicos o de otro tipo, por lo que no existen muchos incentivos para desempeñar esa responsabilidad. Más bien representa una ocupación extra que afecta la gestión del tiempo personal y la solución de los problemas individuales. De ahí que salir del país es una opción para librarse de esa realidad.

La segunda es que los delegados a las AMPP tienen muy poca capacidad de solución de los problemas cotidianos de sus electores. No es atractivo funcionar como un mero gestor de las problemáticas locales ante las instancias administrativas y empresariales encargadas de su solución, cuando es notable la incapacidad estatal para proveer servicios básicos como la recogida de basura o el suministro de agua y electricidad.

El mejor ejemplo de esto es la suspensión por segunda vez de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados municipales ante sus electores en enero de 2024. Estas asambleas se suspendieron en octubre de 2023. Por ello, es muy posible que veamos más noticias sobre la cobertura de cargos vacantes en las AMPP en los próximos meses. No parece que las autoridades sean capaces de solucionar el motivo fundamental que favorece el abandono de los cargos locales del Poder Popular: la crisis estructural del régimen político.

Milei y la ruptura de la ciencia política

La ciencia política se ha apoyado siempre, como no puede ser de otra manera, en la realidad histórica del devenir de la política. Sus desafíos intelectuales los constituyeron, y constituyen, los permanentes vaivenes que la política y los gobiernos van atravesando en la historia humana, ya que, en definitiva, la política es el arte humano de darse formas de organización. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia política es sintomático a la evolución de las formas políticas de gobierno en el proceso civilizatorio de la humanidad.

En tantos siglos de pensamiento político, la ciencia de la política ha establecido ya ciertos acuerdos —cuasi leyes— respecto a las condiciones de posibilidad que todo gobierno democrático tiene para poder avanzar en el programa que lo llevó a la victoria electoral y, de ahí, a instituirse como gobierno legítimo. Así, el acuerdo, la negociación, la mayoría parlamentaria, la producción de leyes, la conformación de gabinetes, la racionalidad administrativa y la consecución de objetivos socialmente justos y tolerables son algunas de esas condiciones que todos los manuales y tratados de la ciencia de la política establecen como el canon indiscutible para el éxito relativo de un período gubernamental.

El caso actual de la política argentina y el gobierno de Javier Milei puede pensarse también como un estado de cosas que ha desafiado, si no roto, gran parte de esos considerados básicos mainstream de la ciencia política contemporánea.

El gobierno de Javier Milei está pronto a cumplir seis meses de mandato. En ese lapso no ha podido aprobar ninguna ley en el Congreso debido a su abrumadora minoría parlamentaria pero también a su demostrada incapacidad política para gestar alianzas. El proyecto madre, la denominada Ley Bases, un conjunto de proyectos de ley que significarían una transformación estructural y cultural de la política, la economía y la vida social del país, fue presentado al Congreso, retirado, enmendado, vuelto a presentar y vuelto a retirar y enmendar, y al día de hoy su aprobación es incierta, por no decir dificultosa.

El PBI de la economía argentina observa en marzo de 2024 una caída de más de un 8% respecto a marzo de 2023. El consumo ha caído más de un 10% anual. La pobreza ha aumentado, sobre un nivel ya intolerable, más de un 10% en los últimos cinco meses. Los bancos han informado de que en los últimos tres meses se han dado de baja 275.000 cuentas salario, lo que se traduce en una caída igual de puestos de trabajo formales. En el sector informal de la economía, alrededor del 45% de la Población Económicamente Activa, la recesión económica está causando estragos.

El manejo político del gobierno aparenta ser similar a la administración de un consorcio de propietarios o de una asociación deportiva. Hay un permanente cambio de funcionarios tanto en el gabinete nacional como en las segundas y terceras líneas de la administración estatal. Esto implica una incapacidad estructural en el diseño e implementación de políticas públicas, sumamente necesarias sea por la crisis que vive la Argentina, sea por el repetido discurso del gobierno respecto a la transformación histórica que quiere generar en el país.

No obstante este panorama nada alentador, todos los estudios de opinión pública coinciden actualmente en señalar que el apoyo al gobierno de Milei —pues es vox populi entre sus seguidores que el gobierno no es de un partido sino de esa persona— es bastante similar al caudal electoral que le permitió ganar la elección presidencial: entre el 50 % y el 55 %. Ese apoyo mayoritario observa otras particularidades como ser heterogéneo en términos de la estructura social, es decir transversal en la escala de bienestar económico, de manera más pronunciada en jóvenes que en adultos mayores, más inclinado en población masculina que en femenina. En fin, datos interesantes para correlacionar con el estilo sobre todo discursivo y escénico de Milei.

Lo cierto es que la relación entre la performance del nuevo gobierno, el apoyo social que tiene y las modalidades y resultados parciales de gestión hasta ahora logrados (numéricamente casi 0) desafían, si no contradicen en algunos aspectos, los postulados básicos que la ciencia política estableció hasta ahora como condición sine qua non para un gobierno que quiera conservar apoyo social y político y así avanzar en su programa electoral.

¿En qué está la transición energética en la región?

La gravedad del momento se evidencia a diario, la magnitud de los desastres naturales aumenta año tras año afectando a vastos sectores de la población. En muchos de nuestros países la contaminación crece, al tiempo que la biodiversidad se esfuma a pasos agigantados. Los efectos del cambio climático repercuten con fuerza en toda la región, con especial énfasis en los países de Centroamérica y el Caribe (CaC), paradójicamente, aquellos que menos responsabilidad les cabe.

Avanzar el proceso de transición energética no solo generaría beneficios ambientales, sino también económicos, sociales y políticos. En momentos en que la urgencia climática llama a repensar el modelo de producción y consumo, tanto como delata la necesidad de mutar hacia una matriz energética limpia algunos países  en lugar de avanzar  retroceden. En la región conviven experiencias de transición avanzada con sueños de gobiernos que buscan convertirse en una “potencia petrolera o gasífera”.

América Latina y el Caribe (ALC), sin embargo, es una región amplia y diversa. Más allá de las contradicciones, la transición comienza a andar en numerosos países, con una generación 100 % limpia algunos gobiernos están avanzado en temas de movilidad urbana, tales son los casos de Costa Rica y Uruguay. Los bajos costos de producción que implica la generación en base a fuentes eólicas, por otra parte, ha convencido al gobierno de Chile de impulsar una serie de proyectos de producción de hidrógeno verde para su posterior exportación. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, Colombia se ha convertido en un bastión de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Brasil, por su parte, se ha convertido en uno de los destinos predilectos de los inversores ambientalmente responsables: “florecen los bonos verdes”.

Los canjes de deuda 

Considerado lo financiero, a primera vista destacan las propuestas de canje de deuda por acción climática o aquellos orientados a la conservación marina y la adaptación climática de los océanos. Ecuador viene de negociar la mayor conversión de títulos de deuda, liberando recursos para destinarlos a la conservación en las reservas marinas de las islas Galápagos. Fuertemente expuestos a los huracanes, ciclones y otros eventos extremos, los países del Caribe proponen nuevos instrumentos de financiamiento. Tal es el caso de la iniciativa Bridgetown, propuesta de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. O la propuesta presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dirigida también a países con altos niveles de deuda, con organismos multilaterales o de carácter bilateral, pertenecientes a la comunidad del Caribe.

Estos ejemplos muestran los avances producidos en la región, sea en inversiones o bien en instrumentos de financiamiento. Mientras surgen nuevos proyectos de energía solar se ponen en funcionamiento nuevos parques eólicos, y se espera que para el 2027 aumente al doble la generación de energía limpia. Pero falta, y mucho, para cumplir con las metas comprometidas. Poco se ha destinado a infraestructura de construcción de líneas de transmisión eléctrica, aspecto clave al momento de garantizar la efectividad de la transición. Según el reporte de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en definitiva, para avanzar con la transición y cumplir así con el compromiso asumido, América Latina y el Caribe necesita invertir más de 150 mil millones de dólares.

Un nuevo modelo de desarrollo

Un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible exige un esquema de financiamiento orientado al largo plazo. Alcanzar las ambiciones implica consistencia de políticas y medidas que logren orientar las decisiones de inversión con los objetivos de largo plazo. Ello implica alinear políticas (monetaria, cambiaria, fiscal) con el proceso de transformación hacia una economía resiliente y baja en carbono. En este sentido, los ministerios de Hacienda, Bancos Centrales y Supervisores Financieros pueden, con sus acciones, promover el conocimiento y la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático que afectan a la estabilidad financiera del sistema. Un grupo de países de la región vienen trabajando en esta dirección como Chile, Costa Rica, Uruguay y Brasil.

Lamentablemente el entusiasmo no es unánime. Unos discuten la transición, otros evitan hablar del tema, mientras un último grupo directamente la niega. Argentina, tras la asunción de Javier Milei, se ha convertido en la abanderada de este último grupo

Pero entre quienes discuten los senderos de transición, también abundan las contradicciones. El gobierno de Lula se presenta como abanderado de la preservación de la naturaleza, mientras Brasil se encamina a convertirse en una potencia petrolera. O el caso de México, donde el gobierno se embarca en una nueva refundación de PEMEX al tiempo que florecen las inversiones en renovables. Y también debería evaluarse la consistencia temporal de las promesas realizadas por Petro y si las reformas resisten un cambio de gobierno. Un último caso lo evidencia Venezuela, cuyo gobierno directamente evita hablar del tema.

¿Cómo funciona el financiamiento? 

Algunas propuestas resultan coherentes con la mirada de largo plazo de quienes la proponen, otras miradas reflejan un negocio financiero de corto plazo, incoherencia y que desatiende la problemática de largo plazo sobre el clima o el medio ambiente. Cabría preguntarse el sentido de entrar en un canje de deuda por clima si contemporáneamente el gobierno toma nueva deuda externa, sea pública o privada, para financiar una inversión en energías no renovables. De prosperar esta inversión, se dispararía el nivel de emisiones del país en cuestión, el cual resulta perdurable en el tiempo, comprometiendo los acuerdos originalmente asumidos.

Toda crisis impone desafíos pero abre también ventanas de oportunidad y de cambio que han sido aprovechadas por algunos países en el pasado, mientras otros se postran ante la desesperanza y los miedos. Es allí cuando aparecen los mesías, personajes oscuros que niegan el cambio climático y perpetúan a la región en el pasado. 

El factor regional en la crisis política boliviana

Hoy Bolivia vive un caos institucional porque no se sabe a ciencia cierta quién manda en el país, si Luis Arce o Evo Morales. Ellos han sesgado los poderes estatales con habilidad de carnicero y amenazan con hacer pedazos el estado de derecho. El presidente Arce, ante su debilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha decidido atrincherarse en el poder judicial y, desde ahí, levanta fiero combate con quien otrora fue su jefe y amigo. El opositor Morales, ante su debilidad en el poder judicial, se atrinchera con los suyos en la Asamblea y ordena bloquear cuanta ley venga de la Casa Grande del Pueblo, el lugar donde ahora despacha su otrora ministro estrella y ahora acérrimo enemigo.  

Pero la batalla no solo se libra en los espacios institucionales, sino que se apela al número, a la cantidad. Hoy la cosa es multitud contra multitud. La rebelión de las masas arcistas frente a la rebelión de las masas evistas. Un día el bando oficialista organiza un evento multitudinario en El Alto para demostrar su fuerza, y semana después Evo organiza otro, donde muestra que los que lo apoyan no son pocos. Onerosas demostraciones de músculo político, dirigidas a  convencer a un Órgano Electoral Plurinacional acostumbrado durante más de una década a obedecer a un solo jefe, y que no sabe cómo dar contento ahora que tiene dos. 

Empero, en esta divergencia hay algo que comparten Arce y Morales. Ambos se niegan a ver la realidad. Durante 14 años Morales vivió como un adolescente hijo de padre rico que gasta el dinero como si fuera inagotable. Por su parte, Arce vive la fantasía de creer que con pocos recursos, con mediocres funcionarios y con discursos se puede industrializar el país. Desgraciadamente, los datos condenan a Evo y contradicen a Arce: en vez de exportar productos con valor agregado seguimos en la colonial costumbre de exportar materias primas; en vez de una burocracia eficiente tenemos un estado copado por activistas salidos de la lucha callejera, y, en vez de discursos, tenemos eso, solo discursos. 

Esta pelea puede ser el inicio de un proceso de reconfiguración política que haga aparecer dos facciones del MAS ya como partidos políticos diferentes, más uno o dos partidos de oposición que competirán pero que no serán competitivos. Esta reconfiguración se cristalizará en las elecciones generales de 2025, pero hasta entonces muchos conflictos tendrá que sortear el gobierno, entre ellos el avivamiento del factor regional. Me explico.

Bolivia es un país de regiones, como bien lo calificaba el destacado historiador beniano José Luis Roca (se graduó como abogado en la USFX como el mejor de sus alumnos). En este país la gente no se identifica como boliviana exclusivamente sino como cruceña, como chuquisaqueña, como potosina, como paceña, como cochala, etcétera, es decir, que organiza sus proyectos políticos en referencia al territorio donde nació. Esta identidad es la base de la aparición de los comités cívicos, como canalizadores de las demandas locales, que pueden permanecer en hibernación por largos años pero nunca están desactivadas del todo.

El detonante de este reavivamiento serán los resultados del censo. Un instrumento creado para dotar de información estadística las políticas públicas hará explotar el tan temido regionalismo. Departamentos pobres como Chuquisaca y Potosí verán que solo fueron fuente de ingresos para el Estado por concepto de exportación de gas y minerales pero nunca destino de proyectos de desarrollo. Por su parte, Santa Cruz (un departamento próspero) se dará cuenta, por enésima vez, de que es el camión que tracciona el desarrollo del país, pero no es el que lo conduce. Para unos el agravio consistirá en ser los olvidados de las políticas estatales, para los otros será el tener el poder económico pero no el poder político. 

Es de esperar que este futuro conflicto centro-periferias derive en un cambio de la agenda política que debata las autonomías departamentales, tan necesarias para el desarrollo como útiles para detener el proceso de erosión democrática. 

Dependerá de la lucidez del liderazgo regional para lograrlo.

El post-populismo en América Latina

Si el 2 de junio la mayoría del electorado mexicano vota por Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, partido en el gobierno, o por Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora, México tendrá por primera vez una presidenta, pero ese día también entrará en su fase final el gobierno populista de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los efectos de la retirada de los liderazgos populistas?

Diversos países de América Latina comienzan a padecer las consecuencias de las herencias del populismo de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de los Kirchner en Argentina y de Jair Bolsonaro en Brasil, solo por mencionar. Si bien pareciera que el alejamiento de los líderes populistas crea mejores expectativas para el funcionamiento de las democracias, esto no necesariamente es así, pues las improntas de esos gobiernos no son fáciles de borrar. 

¿Qué es el post-populismo?

Si el populismo es un régimen político donde prima la relación vertical de un líder carismático con el pueblo prescindiendo de instituciones de mediación y en torno a un proyecto político personalista, el post-populismo está determinado por la tensión de mantener el proyecto político y por el lento e inminente alejamiento del líder, operado por algunos liderazgos satélites gestados durante la etapa madura del populismo que compiten por ocupar el lugar del líder.

Ello depende si el partido o movimiento populista se mantiene o no en el gobierno. Si continúa en el gobierno y el líder populista solo está formalmente fuera del poder, entonces los liderazgos satélites tratarán de crear un proyecto propio desde el vértice que ahora controlan, lo que requiere mayor esfuerzo de operación política para superponerse a su antecesor, pero sin romper, al menos mediáticamente, con su liderazgo.

Tal es el reto que tendrá Claudia Sheinbaum si gana la presidencia en México; Luis Arce y el MAS en Bolivia han tenido relativo éxito al tratar de reducir el liderazgo de Evo Morales y alejarlo de las grandes decisiones de gobierno, mientras que el caso negativo fue el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, que siempre tuvo como lastre el liderazgo de Cristina Fernández quien gobernó de facto. En cambio, si el proyecto populista es derrotado en las urnas, entonces el movimiento dependerá de su relativa capacidad de institucionalizarse bajo los liderazgos que se hayan gestado durante su permanencia en el poder a pesar de que sean rivales del líder populista o tenderá a diluirse hasta convertirse en un mito, como parece que puede suceder con el kirchenerismo en Argentina.

Un lugar especial ocupan los casos en los cuales el líder populista es inhabilitado o muere, pues hay tres posibles resultados. Uno, que el movimiento populista termine buscando cierto grado de institucionalización, convertirse en un verdadero partido para mantener vivo el proyecto, como sucedió con el peronismo en Argentina o con el fujimorismo en Perú. Dos, que se diluya con el tiempo hasta perder vitalidad como consecuencia de la ausencia de un liderazgo capaz de movilizar a las masas pero convirtiéndose en una especie de mito aglutinador, como sucedió con Getulio Vargas en Brasil. O tres, que los liderazgos sustitutos terminen creando un régimen autoritario bajo la idea de mantener vivo el proyecto populista a toda costa incluso contraviniendo sus principios originarios, como sucedió en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez y con el ascenso de Nicolás Maduro. 

¿Cuál es la herencia del populismo?

Los populismos tratan de modificar el statu quo previo a su ascenso al poder. Algunos tienen mayor o menor éxito en ello, pero las consecuencias por lo regular tienden a estar alejadas de las proyecciones iniciales. En el ámbito económico tienden a fomentar la concentración de la riqueza en aquellos sectores que son favorables a su proyecto político, y consecuentemente en una clase empresarial abyecta y oportunista, pero carentes de eficiencia económica en términos de mercado. Mientras el populismo está en el poder, estos sectores reciben beneficios fiscales para operar bajo la fachada de eficiencia económica, pero cuando el proyecto entra en declive, estos sectores se convierten en una carga fiscal y políticamente son difíciles de desvincular, como sucede con todas las empresas, por lo regular ineficientes, que el populismo crea o cobija bajo el Estado. 

Pero la principal herencia son las “políticas sociales” que se implementan bajo el populismo, en general diseñadas bajo una cuestionable racionalidad, improvisadas o de plano creadas “al vapor”, producto de las ocurrencias del líder populista. Estas políticas son altamente dependientes de los recursos del Estado, por lo que se convierten en la principal derrama del gasto público, debido a su ineficiencia, y acaban ampliando el déficit público, que los gobiernos terminan subsanando aumentando la deuda del Estado. Ello explica por qué la mayoría de los estados post-populistas están altamente endeudados. Solo por ejemplificar, en 2022 la deuda pública en Argentina, Bolivia y Brasil alcanzó el 80% de su PIB; en Venezuela, a pesar de que el régimen de Maduro ha escondido la información, se calcula que en el 2024 la deuda está en una situación impagable, más del 200% de su PIB, mientras que en México en este mismo año alcanzó casi el 50% respecto del PIB y las proyecciones señalan que, de seguir esta tendencia, para el 2030 será del 64%. 

El populismo, por su naturaleza antielitista, rompe los vínculos con las altas esferas intelectuales y científicas de su país, se alía con grupos resentidos con las élites porqué allí encuentra voces que, como sucede con algunos sectores empresariales, están dispuestas a defender su proyecto incluso si opera en contra de sus propios intereses. Los gobiernos post-populistas se ven forzados a reorganizar estas relaciones, porque aquel oportunismo que le sirvió al líder populista tiene límites y no puede mantenerse ante su ausencia.

¿Qué desafíos implica para la democracia?

Los gobiernos post-populistas se ven obligados a reestructurar las administraciones públicas, ya que el populismo las concibe como un botín de cargos para repartir entre sus militantes por encima de sus capacidades profesionales. Esta tarea se complica si es necesario desmilitarizar sectores de la gestión pública que algunos líderes populistas entregan a las fuerzas armadas para alejarlas del control civil y mantenerlas en la opacidad. Finalmente, uno de los retos más importantes es reponer la primacía del Estado de Derecho como componente esencial de cualquier sistema democrático. Los populistas tienden a pervertir su espíritu o de plano violar sistemáticamente la ley, y, si les es posible, modificarla a su conveniencia. Todo gobierno post-populista, sea parte o no de ese proyecto, se ve constreñido directa e indirectamente a trascender aquel que le precede, y de su éxito depende también si se recupera o no la democracia.

Vuelo hacia la libertad: los desencadenantes del reciente éxodo masivo de Cuba

En la última ronda de conversaciones sobre migración entre Cuba y Estados Unidos, convocada en Washington DC el 16 de abril de 2024, el régimen cubano recurrió una vez más a su gastado chivo expiatorio: el embargo económico estadounidense. Al atribuir el reciente éxodo masivo principalmente al embargo, el régimen se adhirió a su táctica de décadas de desviar los problemas internos hacia factores externos.

Sin embargo, esta narrativa repetitiva esconde una cruda verdad: el asombroso éxodo es una consecuencia directa de un sistema sociopolítico opresivo que sistemáticamente deja a los individuos indefensos, privándolos de cualquier medio para escapar de sus circunstancias de miseria y opresión.

Crisis humanitaria y migración masiva

Los cubanos enfrentan hoy una crisis multisistémica debido a la disminución de las exportaciones de petróleo de Venezuela desde 2019, las impopulares reformas económicas del régimen de 2020 y el impacto de la pandemia en el turismo y las remesas. Esta crisis ha provocado el colapso de la infraestructura, una disminución del poder adquisitivo, una devaluación de la moneda, un aumento vertiginoso de la inflación y una grave escasez de alimentos, medicinas y vivienda.

Como resultado, Cuba ha experimentado la mayor migración de su historia. Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aproximadamente 600.000 cubanos fueron interceptados en la frontera sur desde octubre de 2021, una cifra mayor que cualquier otro éxodo masivo en la historia de Cuba desde el inicio de las Guerras de Independencia en 1868.

Los cubanos carecen de opciones para evitar la miseria y opresión

Los cubanos abandonan la isla porque no tienen otra opción. El gobierno, que actúa como principal empleador dentro de un anticuado sistema económico de planificación centralizada heredado de la era soviética, controla estrictamente el sector de los trabajadores por cuenta propia mediante altos impuestos y multas punitivas. Los trabajadores autónomos necesitan permiso del gobierno para iniciar sus propios negocios.

Diversos estudios sugieren que desde la década de 1990 hasta la actualidad, ha sido una tendencia y práctica sistemática del régimen cubano restringir significativamente la emisión de licencias a trabajadores por cuenta propia, dejando a las personas en un estado de impotencia sujetas al control del Estado. Actualmente, existe una lista de 124 actividades operativas privadas prohibidas, que abarcan sectores económicos clave y profesiones calificadas. Además, la prohibición de organizaciones no gubernamentales que podrían abordar la pobreza, las crisis humanitarias, la desigualdad, el racismo y otros conflictos sociales en Cuba exacerba la falta de agencia del ciudadano promedio para mejorar sus circunstancias económicas.

La negativa del régimen cubano a implementar reformas económicas cruciales, como liberar las fuerzas productivas del país y permitir un mercado libre con liberalización de precios, ha intensificado aún más la crisis. Esencialmente, los cubanos comunes enfrentan limitaciones significativas y carecen de autonomía para alterar de forma independiente sus condiciones de pobreza y opresión. Ante la falta de oportunidades, los cubanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad exacerbada, lo que obliga a muchos a buscar refugio en otros países.

Si bien el régimen cubano atribuye la emergencia humanitaria y la crisis económica al embargo estadounidense, una encuesta realizada en Cuba durante el verano de 2022, que abarcó a 1.227 personas en 14 provincias, revela disparidades significativas en percepciones populares. Más del 70% de los entrevistados atribuye la responsabilidad de la crisis a la mala gobernanza y al sistema imperante, y sólo el 8% atribuye los conflictos económicos y sociales al embargo. Más de seis décadas de fabricar una narrativa que culpa al embargo por los problemas internos en Cuba ya no tiene credibilidad entre muchos cubanos.

La falta de libertad como detonante del éxodo masivo 

Es fundamental prestar especial atención a la falta de libertades como detonante fundamental que obliga a los cubanos a huir del país. A diferencia de muchos en América Latina, los cubanos carecen de la libertad de cambiar sus circunstancias. El artículo 4 de la Constitución cubana criminaliza los esfuerzos por alterar el sistema político y económico. Durante más de 65 años, a los cubanos se les han negado elecciones libres, lo que ha dado al Partido Comunista un poder indiscutible.

Además, en un país donde el Estado es esencialmente el principal empleador y donde el acceso a la educación y al trabajo está condicionado por requisitos discriminatorios de apoyo político al sistema gobernante, oponerse al régimen es una empresa peligrosa. Como lo han documentado organizaciones de derechos humanos, los efectos acumulativos de estas prácticas, junto con la ausencia de un recurso efectivo para responsabilizar a los violadores de los derechos humanos, ha añadido una sensación de desesperanza que impulsó la decisión de innumerables profesionales cubanos y personas de todos los ámbitos de la vida de huir del país en los últimos años.

La persecución por motivos políticos y la amenaza de enjuiciamiento y encarcelamiento tras la represión del 11 de julio de 2021 contra las protestas prodemocráticas obligaron a muchos a abandonar el país. Muchas personas que se unieron a estas y posteriores protestas corrieron riesgo de ser procesadas, lo que las obligó a tomar una difícil decisión entre ir a prisión o abandonar el país. Otros, que habían participado en las protestas sin ser arrestados, temían ser identificados más tarde por las autoridades en imágenes de vídeo. Al final, el miedo a la persecución ha obligado a muchos a huir.

Conclusión

El éxodo cubano está impulsado por un sistema obsoleto, continuas violaciones de derechos humanos, persecución por motivos políticos y una gobernanza ineficaz, lo que resulta en una crisis humanitaria. El estado de indefensión es una causa primaria de este éxodo, ya que los cubanos huyen ante su incapacidad para cambiar sus circunstancias. Estas condiciones de vulnerabilidad e impotencia que son los principales impulsores del éxodo, podrían aliviarse en un sistema democrático regido por el Estado de derecho, donde los ciudadanos puedan movilizarse para lograr cambios y disfrutar de libertades económicas y políticas para mejorar sus vidas.

Los gobiernos de todo el mundo deben respetar el derecho a buscar asilo político, un derecho humano fundamental según el derecho internacional. Si bien el programa de libertad condicional de Estados Unidos ha ayudado a unos 86.000 cubanos, excluye a muchas personas perseguidas políticamente sin patrocinadores estadounidenses o sin acceso a la aplicación CBP One cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Las acciones inmediatas deberían restablecer el programa de admisión de refugiados en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, como lo instan los activistas cubanos, y derogar la prohibición de asilo en la frontera. Esta prohibición, criticada por grupos como la ACLU, niega injustamente asilo a inmigrantes basándose en su método de entrada a Estados Unidos.

La deportación de cubanos, particularmente después de serles denegada sus solicitudes de asilo, viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y plantea serias preocupaciones éticas. Las leyes cubanas contra las salidas ilegales, las regulaciones restrictivas que limitan los derechos de los profesionales y los artículos del Código Penal que restringen la libertad de expresión y asociación ponen en peligro a los deportados. Los activistas deportados a Cuba se enfrentan a penas de prisión y otras medidas arbitrarias.

Un enfoque multilateral al éxodo cubano implica que Canadá y la Unión Europea se unan a Estados Unidos para imponer sanciones selectivas a figuras clave responsables de la represión, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel. La rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de la represión son cruciales. Apoyar los movimientos democráticos pacíficos dentro de Cuba e iniciativas como el proyecto de ley del 21 de marzo presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para fomentar una ciudadanía informada son pasos esenciales para crear condiciones que empoderen a las personas a exigir elecciones libres y justas, permitiéndoles elegir su sistema político preferido.

El ascenso de la familia multiespecie

A nivel social y cultural, las sociedades están enfrentando múltiples cambios que afectan los distintos órdenes de la vida. Estas transformaciones están dando lugar a nuevas maneras de concebir la planificación de la vida personal y familiar.

Un estudio global realizado por la consultora argentina Voices! indica que la mitad de las jóvenes de ese país, de entre 18 y 24, años no planea tener hijos. Por otra parte, cada vez hay más personas que viven solas.

De hecho, una de cada cuatro personas adultas padece soledad a nivel mundial. La OMS declaró a la soledad un problema de salud global, que afecta a la salud mental y, más aún, se relaciona con la mortalidad: se considera que padecer soledad impacta en la mortalidad en la misma medida que fumar 15 cigarrillos al día. Por su parte, las relaciones humanas están cada vez mediadas por la pantalla del smartphone, que a pesar de los emojis carece del fuerte aspecto físico que nos da la relación con las mascotas, acariciarlos o peinarlos.

Este escenario de cambios en la programación de la familia y de personas que viven en soledad deja espacios sin cubrir, a nivel afectivo y vincular. Estos espacios son cada vez más ocupados por los animales de compañía, los compañeros de 4 patas.

Según se desprende del censo 2022 en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires hay hoy más perros y gatos que niños menores de 14 años. Incluso si tomamos a los menores de 5 años, hay 3 perros y 2 gatos por cada niño de esta edad.

Pero las mascotas ya no son sólo animales de compañía, sino que, cada vez más, se les atribuyen cualidades antropomorfas, asignándoles características, gustos, expectativas y deseos propios de los humanos. Este fenómeno, en franco crecimiento, constituye lo que denominamos  humanización de las mascotas, las cuales pasan a tener un rol central en la vida de la persona o de la familia.

De este modo, los hábitos de las personas que consideran a estos nuevos integrantes como parte de la familia se modifican, dando lugar al desarrollo de conductas que se centran en sus compañeros peludos.

La mascota: como un hijo

Según los datos de una encuesta realizada por la misma consultora Voices!, en 2023, un 96% de las personas considera a su perro o gato como parte de su familia, y un 70% de las personas en estudio está de muy de acuerdo o algo de acuerdo con que su mascota es como un hijo para ellas.

El ingreso de este hijo a la familia se produce por diferentes razones, entre las que se encuentran el deseo de compañía personal, o para un niño, o incluso para otra mascota.

Cabe resaltar el alto porcentaje de personas que asocian el tener una mascota con la decisión de no tener hijos (o más hijos), o la tardanza del niño en llegar, o el síndrome del “nido vacío”. Al respecto, 2 de cada 10 personas con mascotas, que no tienen hijos, aceptan que incorporaron a su perro o gato para mitigar su soledad.

La mascota puede ser, incluso, la piedra fundacional de una familia, en tanto una persona sola elige a su nuevo compañero como el modo de sentir que ha formado un núcleo familiar. Este dato encuentra sustento en que el modo mayoritario de incluir a un compañero animal a la familia, o fundarla a partir de su incorporación, es la adopción. Así, el 90 % de los perros incorporados al hogar son adoptados. Y en el hecho de la adopción se manifiesta la consideración, por parte de las personas, de las necesidades afectivas que tiene el animal adoptado. En este contexto, la compra de una mascota, como objeto animal que se incorpora a la casa, cede todo su lugar al acto de acoger afectivamente a quien será el nuevo miembro de la familia o, más aún, un hijo.

La adopción cobra cada vez más importancia, hecho demostrado por la opinión de los jóvenes que fueron encuestados por Voices en el marco de la iniciativa Cultura de Dar respecto de cuáles son las acciones más efectivas para contribuir a la sociedad. Los resultados indican que, para ellos, adoptar un animal tiene más impacto que donar a ONGS. Y como correlato de esta posición, observamos que, en materia de solidaridad, los jóvenes en Argentina donan más dinero a causas relacionadas con animales que a personas en situación de calle, con discapacidades o a temas de violencia de género.

Los alcances de la humanización

Humanizar a la mascota implica atribuirles necesidades, expectativas y gustos propios de un ser humano; en consecuencia, el “perrijo” (acrónimo que junta “perro” e “hijo”, término que comienza a generalizarse) necesitará ropa, juguetes, cuidados especiales y fiestas de cumpleaños, con invitados humanos y caninos.

En el proceso de humanización, la compañía que brindan los perros o gatos es retribuida con la compañía del humano; de hecho, 9 de cada 10 cuidadores de mascotas declaran que tratan de reducir al máximo el tiempo que pasan separados de sus compañeros de 4 patas, y 4 de cada 10 no se pueden relajar pensando en su mascota, cuando salen de viaje.

Pero el vínculo humanizado no se limita al período de vida de la mascota, sino que se extiende hasta el momento de su muerte. Cada vez son más frecuentes los servicios fúnebres para animales y la posibilidad de cremación y entierro en cementerios a tal fin. Más aún, el servicio de clonación de mascotas promete la posibilidad de prolongar de manera casi indefinida la vida del compañero fallecido.

El impacto de la humanización a nivel económico y de negocios

El proceso de humanización reviste especial importancia no solo por sus implicancias en la vida personal y familiar, sino por su impacto en el mundo de los negocios. A nivel global, la industria de las mascotas mueve un volumen de 320 mil millones de dólares anuales, y se espera que para el 2030 ese monto se incremente hasta los 500

mil millones de dólares por año. El impacto, en casi todas las categorías de negocios, es cada vez más potente: alimentos gourmet, estética, indumentaria, juguetes, servicios de salud, gadgets, apps especiales, servicios de spa, psicólogos y un amplio espectro de productos y servicios direccionados a los hijos de 4 patas. Como casos más paradigmáticos de negocios basados en la humanización de las mascotas encontramos clases de yoga conjunto (Doga), guarderías de día y heladerías perrunas, denominadas “human friendly”. Incluso empresas que no desarrollan productos que tengan que ver con esta tendencia la deben tener en cuenta; por ejemplo las áreas de RRHH considerar días de licencia por enfermedad o muerte de mascota y beneficios tales como obra social y poder llevarlos al trabajo. Las oportunidades de innovación son enormes: desde aspectos arquitectónicos hasta decorativos de los hogares, pensar en pañales o toallitas femeninas, en el tratamiento de los excrementos dentro de los hogares, por nombrar algunos.

 Una tendencia que irá en crecimiento

La humanización de las mascotas no es una moda pasajera, sino una tendencia en crecimiento con raíces en los profundos cambios sociales de nuestra sociedad. Este proceso está modificando los hábitos, prioridades y el concepto de familia, haciendo que las personas vean a sus mascotas como miembros de su propia familia. Este nuevo modo de relacionarse con los animales está apenas comenzando y, sin duda, ha llegado para quedarse.

¿Qué está en juego en las elecciones mexicanas? 

Las elecciones concurrentes a las que están llamados casi cien millones de mexicanos el próximo 2 de junio no son un llamado más para renovar el poder ejecutivo y el Congreso de la Unión, sino una convocatoria sustantiva para dirimir en las urnas el dilema entre democracia y autocracia.  

En efecto, estas elecciones serán diferentes porque hay dos proyectos incompatibles de país. Uno de ellos se ha venido construyendo por la vía de pactos legislativos y ha hecho posible la desaparición del sistema de partido hegemónico priista y el diseño de democracia representativa, que ha derivado en una nueva distribución del poder y alternancias de todos colores.   

Con ello, se han creado organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros, encargados, de acuerdo con la politóloga Silvia Inclán, “de funciones destinadas a desmonopolizar el poder, especializar, agilizar, independizar, vigilar y controlar funciones del Estado”.   

En tanto, el otro proyecto es su antítesis política, con todo y lo erosionado que pudiera estar el sistema institucional democrático. Lo suyo es el debilitamiento o desaparición de los organismos autónomos. Y eso se corona con la amenaza que se cierne sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Estas elecciones concurrentes federales y estatales son decisivas tanto para las instituciones de la democracia que defiende la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, que postula como candidata presidencial a la senadora con licencia Xóchilt Gálvez, como para el proyecto autocrático de la llamada Cuarta Transformación, impulsado por la coalición Juntos Hacemos Historia, de los partidos Morena, PT y PVEM, que postulan como candidata presidencial a Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.   

Y hay un tercer candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal con licencia del partido Movimiento Ciudadano (MC), que para muchos observadores por su desempeño opera como comparsa del oficialismo.   

El antecedente electoral de ambas coaliciones y el partido MC son las elecciones intermedias federales de 2021, en las que Morena y aliados obtuvieron 21.025.742 votos, con una pérdida de 9.087.741 votos respecto a los obtenidos en la elección presidencial de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente electo apabullando a la hoy oposición. Por su parte, en 2021 toda la oposición junta, incluidos los votos de MC, alcanzó 22.314.441 votos. Es decir, hay una diferencia de 1.288.699 votos a favor de esta coalición opositora.   

Estas cifras contrastan sorprendentemente con los resultados de la mayoría de las encuestas de intención de voto, que le dan una ventaja holgada a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia.  

La pregunta es: ¿qué pudo haber ocurrido entre 2021 y 2024 para que los ciudadanos se vuelquen a apoyar ahora a la coalición oficialista y a su candidata presidencialista?   

A la vista, si bien los niveles de aprobación del presidente López Obrador rondan el 60 por ciento, gracias en mucho a los programas sociales asistencialistas, la evaluación de las principales políticas públicas (educación, seguridad, salud, empleo) lo reprueba, lo que hace inconsistentes los resultados de las encuestas, excepto una de ellas, la de la empresa Massive Caller, que hace sondeos diarios y da como resultado un empate técnico entre las dos candidatas presidenciales.   

En esa casa demoscópica ambas rondan un 40 por ciento en la intención de voto, mientras que al candidato presidencial de MC le otorgan un distante 7 por ciento de preferencia.  

Al cerrar este texto, Luis Donaldo Colosio Riojas —hijo del excandidato presidencial priista homónimo asesinado en 1994 y alcalde con licencia de Monterrey—, una de las figuras más icónicas y visibles de MC y candidato por Nuevo León al Senado de la República, llama al candidato Jorge Álvarez y a Xóchilt Gálvez para que quien vaya en tercer lugar de intención de voto se sume al segundo para “derrotar a Morena”, lo que introduce un elemento inesperado en el cierre de las campañas presidenciales.  

Si esto no ocurriera en los próximos días, es probable que una franja del electorado emecista que no ve con posibilidades de éxito a Álvarez Máynez salga a sufragar “útil”, es decir, en la lógica de: “Si a mi candidato preferente no le alcanza para ganar, mi voto lo otorgo a quien está más cerca de mi idea de país”.   

Esto ya se ha expresado precautoriamente en el estado de Jalisco, gobernado por MC, donde aparecen vistosos espectaculares llamando a votar la fórmula Xóchilt Gálvez para presidenta y Pablo Lemus para gobernador.  

En definitiva, estamos en la recta final de todas las campañas con una sociedad sacudida por la violencia criminal y la narcopolítica, con el asesinato de decenas de candidatos a cargos federales y locales, que agregan el ingrediente del miedo en regiones enteras del país. Las malas noticias pueden contribuir al abstencionismo, pero también transformarse en incentivos para salir a participar en estos comicios decisivos para el futuro del país, que no merece, ante la gravedad de la circunstancia nacional, un renovado sistema autocrático a la vieja usanza priista.  

El federalismo argentino frente a un presidente disruptivo: ¿crisis u oportunidad?

La asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación significó un cambio drástico en la política argentina. El flamante presidente no solo se diferencia por la manera en cómo se comunica con su electorado y en cómo ejerce el poder, sino también, y más importante, en su relación con los gobernadores. La fallida sanción de la Ley Bases, ley propuesta por el gobierno para modificar estructuralmente las relaciones sociales y reformar sustancialmente al Estado, y la posterior “rebelión” del gobernador recién electo de la provincia de Chubut, Ignacio Torres —de Juntos por el Cambio, partido del ex-presidente Macri e integrante de la base de apoyo a Milei— pusieron en evidencia un proceso de reconfiguración del mapa político argentino. El uso del término “mapa” no es azaroso, sino que tiene la intención de destacar la importancia de la geografía política de un país federal para pensar la relación entre los presidentes y gobernadores y, en este caso específico, de los gobernadores de las provincias argentinas con el presidente Milei.

La dinámica política del federalismo argentino de las últimas dos décadas ha mostrado una progresiva disociación entre lo que llamamos “la Nación” y “las provincias”. La elección que ungió a Milei como presidente, por un lado, y el timing y resultado de las variadas elecciones de los ejecutivos provinciales, por otro lado, fueron claros ejemplos de ese diagnóstico. Frente a una contienda nacional que se mostraba polarizada y reñida, la mayoría de los gobernadores buscó resguardar su capital político territorial usando como estrategia la modificación del calendario electoral subnacional y despegar, así, la elección en su provincia de la disputa nacional.

De las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), solo en 4 de ellas las elecciones provinciales coincidieron con las nacionales (CABA, provincia de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos). El resto de las 18 provincias estableció su propio cronograma.

En Argentina, el federalismo electoral se encuentra descentralizado, lo que quiere decir que cada gobierno provincial tiene la potestad (autonomía) para definir las fechas de las elecciones provinciales, así como sus reglas. En cambio, en Brasil o en México, por ejemplo, tanto las reglas electorales como las fechas de los comicios se encuentran fijadas por la Constitución Federal y son las mismas para todos los niveles de gobierno. Esta particularidad del federalismo argentino permite identificar con mayor claridad cómo se organizan regionalmente los intereses político-partidarios y las dimensiones de los conflictos entre dos órdenes de gobierno: nación-provincias.

En ese contexto, la derrota de los candidatos a gobernador por el partido del actual presidente (La Libertad Avanza) contrastó con la contundente victoria del propio Javier Milei en la contienda nacional. Un dato no menor es que Milei obtuvo márgenes significativos de votos, tanto en aquellas provincias en donde presentó candidato a gobernador, como en las que no, como La Pampa, Misiones, Salta, San Luis y Santa Cruz. Con ese escenario, proponemos adjetivar al nuevo jefe del ejecutivo nacional como un presidente disruptivo.

Pero, ¿qué significa un presidente disruptivo y cuáles son sus consecuencias? El concepto apunta a dos hechos: en primer lugar, nos aventuramos a decir que Milei resquebrajó el sistema partidario tradicional, al paso que los gobernadores ganaron un nuevo rol en la dinámica política nacional.

En estos casi 6 meses de gobierno, este nuevo escenario queda evidenciado en los —cada vez más frecuentes— choques entre los gobernadores y el presidente. En segundo lugar, es la primera vez que el enfrentamiento intergubernamental es tan directo, consensuado y partidariamente transversal entre casi la mayoría de los gobernadores —inclusive aquellos electos recientemente— y el presidente.

El disparador de este escenario no fue, sin embargo, un clivaje nuevo, sino que tiene lugar en el ámbito de la disputa entre recursos fiscales discrecionales y la aprobación de la agenda presidencial. El no envío de fondos a una provincia deudora, en represalia por la falta de apoyo del gobernador a la agenda legislativa del presidente, desató la reacción colectiva de la mayoría de los gobernadores, preocupados por la posibilidad de futuros cortes en sus arcas por parte del presidente Milei.

Los gobernadores —inclusive aquellos alineados con el gobierno nacional— salieron coordinados a defender sus intereses. Esta acción colectiva, incentivada por un interés común y para nada irrelevante, fortaleció los lazos de solidaridad entre los gobiernos subnacionales e impulsó una mayor regionalización del mapa político nacional.

Con regionalización queremos hacer hincapié en el carácter colectivo y coordinado de la reacción de los gobiernos provinciales, en contraposición a la idea de provincialización, más cercana a una postura individualista y de efectos atomizantes.

Fue así como la Liga de los Gobernadores Patagónicos recobró fuerza y visibilidad nacional. Los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, levantaron la bandera regional y defendieron una agenda común, principalmente en torno a sus sectores productivos como la pesca, el petróleo, el gas y otros hidrocarburos. Es importante mencionar que La Liga de los Gobernadores Patagónicos está compuesta por gobernadores de diferentes partidos: PJ, Juntos por el Cambio y partidos provinciales.

Además, el envío de fuerzas de seguridad desde la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Santa Fe, gobiernos con signos políticos opuestos, así como la respuesta del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apoyando el reclamo de la provincia de Buenos Aires por el —también— recorte de recursos fiscales por parte del gobierno nacional, son dos ejemplos más de la reacción cooperativa entre gobiernos subnacionales.

Como en épocas de crisis suelen surgir oportunidades de cambio, quizás el carácter disruptivo de Javier Milei sea el elemento disparador necesario para la emergencia de un nuevo contrato federal originado a partir de la construcción de consensos horizontales. Es decir, puede representar una oportunidad para la refundación del federalismo argentino, desde abajo, y a partir del fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre las provincias.