Encuentros de Primavera, frustraciones en las cuatro temporadas

Leonardo Stanley
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Encuentros de Primavera, frustraciones en las cuatro temporadas

En estos días se desarrollan los Encuentros de Primavera, una reunión anual conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) históricamente asociada al mundo de las finanzas. En años recientes, sin embargo, comienzan a cobrar relevancia nuevos temas, y la emergencia climática ocupa un lugar destacado en la agenda de discusiones. La participación en el evento también se amplía. No solo concurren los gurúes de las finanzas, los ministros de Economía o los presidentes de bancos centrales. En los encuentros en Washington participan también miembros de la academia, así como organizaciones civiles y activistas.

Con las temperaturas globales en ascenso, los debates comienzan a orientarse al monto de las inversiones de adaptación, qué países deberían abonarlo, y cuáles son los instrumentos financieros a disposición. Ya sea para las obras de adaptación o asociadas con proyectos de transición, las finanzas devienen centrales. Más acuciante resulta la necesidad de los países emergentes y en desarrollo (PEED), un grupo con fuertes oportunidades de inversión, pero altamente dependiente en materia de financiamiento. Considérese, por caso, las ventajas competitivas de estos países en lo que refiere a la producción de energías limpias, pero que reciben menos del 10% de las inversiones.

El discurso ambiental del Banco Mundial deviene muy ambicioso y las posturas adoptadas por el personal del FMI reflejan también preocupación por la temática, ya que plantean la necesidad de modificar conductas y repensar herramientas. En este sentido, han decidido incluir el clima en el marco del tradicional reporte bilateral de Supervisión General – el tan mentado informe Artículo 4 que anualmente realizan los auditores del Fondo entre los países miembros. La idea de estabilidad evaluada por estos informes ya no se limita al aspecto macro – financiero, considera también lo climático, evitar los “cisnes verdes”. Esta problemática está ahora en la mayoría de sus declaraciones, forma parte de sus intenciones generales, obviamente.

La mayoría de los PEED sufren por la deuda soberana, un problema que se vio agravado tanto por la irrupción del Covid-19 como por las múltiples crisis que subsiguieron. Esto significa que los gobiernos terminan asignando más fondos a servicios de deuda que a salud o educación, una situación que padecen más de 3.300 millones de personas.

Mientras tanto, los inversores privados se alejan y las transferencias de fondos netos resultan negativas: en el último año salieron capitales por más de US$ 200.000 millones. Al considerar el apoyo neto brindado por los inversores privados a los PEED para hacer frente a desastres, estos países recibieron US$ 68.000 millones por repago de capital e intereses por encima de lo brindado [en fondos frescos]. Lo mismo sucede con el comportamiento de las entidades multilaterales y agencias de ayuda bilaterales que obtuvieron más de US$ 37.000 millones por pago de intereses y capital, al tiempo que siguen reduciéndose los flujos de fondos no comerciales.

Mientras tanto, los fondos específicos basados en los derechos especiales de giro (DEGs), profusamente publicitados, siguen mostrando un escaso protagonismo. Mientras el fondo de apoyo a la reducción de la pobreza (PRSF) desembolsa solo US$ 3,150 millones, el asociado a la Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) reparte en 2023 unos US$ 780 millones.

Los compromisos adoptados tras los Acuerdos de París por parte de los PEED se están viendo afectados por la falta de fondos, el problema de acceso al crédito y la falta de mecanismos para resolver las crisis de deuda. Pero la culpa no es toda ajena: también inciden mucho las actitudes que adoptan quienes están al frente de los gobiernos. Fuertemente expuestos a eventos extremos y sujetos a los efectos del cambio climático, por otra parte, muchos de estos países avanzan con proyectos de prospección petrolera. Tal actitud se justifica por la necesidad de divisas en el corto plazo, aunque a mediano y largo plazo la decisión adoptada enfrenta al país a un incremento en su nivel de endeudamiento.

Se sigue favoreciendo a la industria petrolera

Por otro lado, a pesar del reconocimiento del problema climático por parte de las entidades de Bretton Woods, en sus prácticas cotidianas terminan favoreciendo a la industria petrolera. Este tipo de actitud resulta observable en Guyana, así como en Argentina. En su operatoria, tanto el Fondo como el Banco siguen priorizando las restricciones que impone la macroeconomía en el corto plazo, en lugar de considerar los desequilibrios económicos y financieros que genera la profundización del modelo petrolero en el mediano a largo plazo.

En las recomendaciones del Fondo se prioriza el pago de la deuda, aun cuando el costo (subsidios, exenciones impositivas, reducción de retenciones) así como los riesgos (financieros) de avanzar con el yacimiento petrolífero Vaca Muerta supere con creces los beneficios. Esto también implica nueva infraestructura (gasoductos, puertos gasíferos, etc.), cuyos repagos toman décadas.

No solo se recomiendan acciones, también se financian proyectos. Considérese, por caso, el involucramiento del Banco Mundial en el proyecto offshore de Guyana: brindando fondos por más de US$ 55.000 millones. Esto sucedía en 2020, un año después de haberse comprometido a no financiar nuevos proyectos. Cabe mencionar que el contrato firmado con Exxon eximía a esta compañía de toda responsabilidad que pudiera originarse en un hipotético derrame (costo que debe asumir el Estado, un problema que termina padeciendo su población), así como de todo riesgo financiero que genere el proyecto. Todo ello sin mencionar el bajo nivel de royalties originalmente pautados, o el desastre ambiental que genera el proyecto a lo largo de su vida útil.

El repago de la deuda requiere de divisas, lo cual suena lógico. Lo ilógico es financiar proyectos que pronto pueden quedar varados, lo cual agravaría el problema de deuda. En este sentido, la profusión de proyectos petroleros no resulta, desde un punto de vista financiero, dinámicamente sostenible. Pero tampoco en lo económico: poco queda en el país tras descontar la plétora de beneficios, subsidios y exenciones otorgados tanto como las exiguas regalías que pagan las empresas participantes –aspectos a menudo olvidados por quienes, acríticamente, priorizan el desarrollo de este tipo de proyectos.  

El problema del financiamiento no se resuelve con un mayor involucramiento del sector privado, al menos no únicamente. Tampoco con las declaraciones o la inclusión de nuevas herramientas financieras. Se necesita también que los fondos que arriben se alineen a los objetivos fijados en París 2015. En particular, con lo normado en el artículo 2.1.c: la necesidad de lograr que los fondos que se movilizan resulten consistentes con el sendero de descarbonización y desarrollo sustentable.

Según el informe del Comité Independiente de Expertos del G20, las ambiciones marchan por detrás y los compromisos distan de ser cumplidos. Mientras tanto, la emergencia continúa agravándose, los desastres naturales cobran nuevas víctimas, la transición se empantana mientras la industria petrolera sigue receptando fondos. Aún estamos a tiempo de refundar el multilateralismo, brindar nuevos objetivos a las instituciones en el albor de la postguerra en las Conferencias de Bretton Woods.

El pedido de muchos, incluidas varias ONGs y prestigiosos académicos, es que instituciones como el Fondo o el Banco cumplan y sean coherentes con sus nuevos cometidos. En definitiva, que los flujos sean dirigidos al financiamiento de largo plazo, inclusivo y sustentable.

Discurso deshumanizante y represión en Cuba

Michael Lima Cuadra
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Discurso deshumanizante y represión en Cuba

En Cuba, el discurso oficial de la intolerancia está directamente entrelazado con la deshumanización de los percibidos como «otros», alimentando así un clima de represión política. Este fenómeno tiene sus raíces en acontecimientos históricos que abarcan más de seis décadas.

El reciente lenguaje despectivo de los medios de comunicación controlados por el Estado en Cuba, dirigido contra los manifestantes que exigen «electricidad, alimentos» y «libertad» en Santiago de Cuba y otros lugares, pone de relieve el fuerte vínculo existente entre el discurso oficial deshumanizador y la represión en el país. Un artículo titulado «Nadie puede quitarnos la paz«, publicado el 23 de marzo de 2024 por el periódico Sierra Maestra, tildaba a los manifestantes de “parásitos”, y gente que “dan pena»», incitando al «repudio» público. Esta retórica intolerante condujo rápidamente a la represión, con un saldo de entre 19 a 41 manifestantes detenidos en marzo de 2024 y 374 acciones represivas contra activistas. Este patrón refleja una larga tradición de utilización del discurso oficial para justificar las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

Existe un claro vínculo entre el discurso oficial de intolerancia, la deshumanización de los «otros» percibidos y la represión política, a partir de acontecimientos históricos que abarcan más de seis décadas. La falta de libertad para acceder a los medios de comunicación y la ausencia de un sistema judicial independiente agravan aún más este ciclo nocivo, dejando a las personas indefensas ante los abusos del régimen.

Invisibilización del individuo en el discurso del régimen cubano

Durante más de seis décadas, el Partido Comunista de Cuba y la élite gobernante han negado los derechos humanos fundamentales al pueblo cubano. A diferencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sitúa al individuo en el epicentro de los derechos inalienables, el régimen cubano hace hincapié en el control estatal, exigiendo lealtad absoluta y manteniendo un control total. En consecuencia, viola los derechos fundamentales y hace invisibles a los individuos.

Para los arquitectos del totalitarismo en Cuba, como Ernesto «Che» Guevara, el concepto del «Hombre Nuevo» o «Nuevo Hombre Masa«, que sería el arquetipo del nuevo partidario del régimen, representaba a un individuo estrechamente integrado con las masas, desprovisto de pensamiento independiente e individualidad. Fidel Castro, a través de su retórica que exigía un apoyo incondicional al sistema, dijo célebremente a intelectuales y artistas en 1961: «dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada«. Castro también promovió activamente la supresión de cualquier voz disidente a su régimen. Su declaración del 2 de enero de 1961, pronunciada durante un discurso en la Plaza Cívica, resume este enfoque: «Con la Revolución no hay alternativa: o la contrarrevolución aniquila a la Revolución, o la Revolución aniquila a la contrarrevolución«. Esta declaración se convertiría en la piedra angular de la supresión de las ideas disidentes en Cuba durante décadas.

La interacción entre el discurso de la intolerancia y la represión en Cuba

En Cuba, el lenguaje deshumanizador dirigido a las personas consideradas diferentes, por sus creencias políticas, religión, orientación sexual o estilo de vida, está relacionado desde hace mucho tiempo con la represión generalizada. Este patrón surgió ya en 1959, y fue especialmente evidente en el trato que recibieron los estudiantes disidentes de la Universidad de La Habana en los primeros años del régimen. El lenguaje peyorativo, dirigido a los individuos con opiniones disidentes y etiquetados como «pepillos», «gusanos» y «contrarrevolucionarios», se dirigía a los jóvenes católicos y universitarios que se alzaban en apoyo de la autonomía universitaria y se oponían al control estatal de la institución, así como a la transformación prosoviética y totalitaria del régimen emergente.

Paralelamente a esta retórica intolerante, la Universidad de La Habana se militarizó rápidamente. A partir de octubre de 1959, las brigadas universitarias se desplegaron en el campus para vigilar la disidencia y reprimir las manifestaciones públicas, centrándose en la «escalinata universitaria», un lugar de fuerte simbolismo ya que fue donde comenzaron las marchas de protesta contra los regímenes dictatoriales durante la era republicana. Cabe destacar que el 25 de febrero de 1960, brigadas universitarias, alimentadas por este discurso, llevaron a cabo lo que probablemente fue uno de los primeros actos de repudio del régimen, atacando violentamente a estudiantes que protestaban contra la dirección dictatorial y prosoviética de la revolución, frente a la estación de televisión CMQ.

Durante la década de 1960, especialmente en la «Era de la Construcción del Socialismo y el Comunismo», el régimen persiguió el adoctrinamiento masivo para inculcar el comunismo a través del trabajo agrícola. Revistas como Mella desempeñaron un papel fundamental al respaldar este programa y utilizar un lenguaje homófobo en numerosos artículos y caricaturas, etiquetando despectivamente a los jóvenes por su identidad sexual y su estilo de vida.

Todas estas publicaciones, junto con los discursos de Fidel Castro, cuyas palabras tenían una influencia determinante debido a su control absoluto del gobierno, condujeron al establecimiento de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en octubre de 1965. En esencia, se trataba de campos de concentración donde los individuos se enfrentaban a represalias basadas en su orientación sexual, creencias religiosas o estilos de vida que se desviaban del ideal del hombre nuevo. En estos campos se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, denunciadas en su momento por la comunidad intelectual mundial que apoyaba la revolución. Además, durante la redada masiva de septiembre de 1968 en La Habana, miles de jóvenes fueron detenidos únicamente por su aspecto y atuendo, y luego enviados a campos de reeducación agrícola donde soportaron trabajos forzados y diversas formas de abuso.

El Noticiero del ICAIC, dirigido por Santiago Álvarez y proyectado en los cines cubanos durante tres décadas (1960-1990), con 1.493 ediciones, se convirtió en una potente plataforma propagandística para difundir una retórica deshumanizadora. En particular, el noticiario del 22 de abril de 1980, titulado «La Marcha del Pueblo Combatiente«, empleaba inquietantes técnicas cinematográficas que recordaban a la propaganda nazi. Presentaba a los solicitantes de asilo cubanos en la embajada peruana como ratas, haciéndose eco de los métodos de deshumanización utilizados en la propaganda antijudía más virulenta de los nazis, como el pseudodocumental «El judío eterno».

Actos de repudio

En este contexto, la correlación entre el discurso deshumanizador y la represión violenta se hizo evidente y se intensificó a través de actos generalizados de repudio, manifestaciones públicas, muestras de homofobia y humillaciones públicas contra los cubanos que expresaban su intención de abandonar el país, junto con violencia verbal y física. Orquestadas por el régimen y llevadas a cabo por los Comités de Defensa de la Revolución y otros organismos represivos del Ministerio del Interior, estas acciones se dirigieron contra cientos de miles de cubanos durante los sucesos de la Embajada de Perú y el éxodo del Mariel en abril y mayo de 1980.

La violencia verbal y física de los actos de repudio contra los disidentes pone de manifiesto el estrecho vínculo existente entre el discurso intolerante y la represión política. Las Damas de Blanco, familiares de presos políticos que exigen su liberación desde la Primavera Negra de 2003, han sido blanco sistemático de estas prácticas. En un ataque en septiembre de 2011, miembros de las Brigadas de Acción Rápida rodearon su sede al grito de «¡Machete, que son poquitas!«. Estas expresiones de odio provocaron numerosos incidentes de violencia física, detenciones y, finalmente, el fallecimiento de su líder, Laura Pollán, en el hospital Calixto García en circunstancias sospechosas menos de un mes después.

Asesinatos de la reputación

Los asesinatos de la reputación ponen de manifiesto el vínculo entre el lenguaje, la represión estatal y la violencia. El régimen desacredita sistemáticamente a los defensores de los derechos, con el objetivo de empañar su reputación y alimentar la represión contra ellos y sus familias. El lenguaje despectivo utilizado en estos ataques impulsa el acoso, las detenciones y los encarcelamientos. Incluso se utiliza para justificar el encarcelamiento de líderes prodemocráticos, como José Daniel Ferrer, sometido a torturas sistemáticas desde su encarcelamiento el 11 de julio de 2021.

Aunque el lenguaje y la represión política mantienen una estrecha relación en Cuba, el impacto se deja sentir más profundamente en los individuos, que quedan indefensos ante las acciones del Estado. Esta indefensión priva a los ciudadanos de vías legales y plataformas mediáticas para desafiar al poder, criticar la arbitrariedad y buscar justicia, alimentando así la violencia estatal y la represión en todas sus formas. A falta de mecanismos para exigir responsabilidades a los miembros del aparato represivo por las violaciones de derechos humanos, los abusos quedan sin control. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que los miembros del Ministerio del Interior gozan a menudo de impunidad por sus acciones arbitrarias, justificadas como «cumplimiento de sus deberes.» Cabe destacar que en Cuba no hay constancia de que miembros del aparato represivo hayan sido encarcelados por tortura o violencia contra opositores políticos.

Conclusión

En Cuba, como en otras dictaduras, la evidencia histórica que abarca seis décadas vincula fuertemente el lenguaje con la represión. El discurso deshumanizador hacia los percibidos como «otros» suele preceder a los crímenes de Estado más atroces, incluidos actos de repudio, ataques de la reputación, internamientos en campos de concentración, encarcelamientos por motivos políticos e incluso el asesinato de líderes de derechos humanos.

La negación de los derechos humanos por parte de la élite del poder cubana durante más de seis décadas ha sido el núcleo de la represión y la violencia por motivos políticos del país. Mientras el sistema político siga basándose en la exclusión y la criminalización de la disidencia, con la persecución política y el terror de Estado como políticas, la violencia y la represión continuarán. Mientras no prevalezca la democracia en Cuba, con el establecimiento de un Estado de derecho, instituciones sólidas y una cultura de respeto a la diversidad que garantice las libertades fundamentales y los derechos humanos, persistirán el discurso deshumanizador y la represión política.

120 días de Javier Milei. ¿Déjà vu?

Santiago Leiras
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120 días de Javier Milei. ¿Déjà vu?

Un déjà vu (una voz francesa que significa “ya visto”) es un fenómeno en el que se experimenta una fuerte sensación de que un evento o experiencia actual ya se ha vivido previamente. Se trata de una buena expresión, probablemente, para empezar a explicar los primeros 120 días de la presidencia de Javier Milei en la Argentina, entre cierto cambio y también continuidad con los años 90.

¿Por qué cambio y por qué continuidad?

Nos encontramos frente a un nuevo proyecto con pretensión fundacional, como los de Raúl Alfonsín en 1983, Carlos Menem en 1989 y Néstor Kirchner en 2003, enunciados aquellos en contextos de crisis terminal o percibida como terminal: el colapso del régimen cívico-militar entre 1982/1983 luego de la debacle de Malvinas en el caso de Alfonsín, la hiperinflación de 1989 en el caso de Menem y el colapso social de 2001/2002 en el caso de Néstor Kirchner.

Recordando aquel viejo cuento para niños, mientras que en los casos anteriores el lobo había llegado para quedarse, en esta oportunidad Javier Milei nos ha alertado de que, encarnado en las amenazas de la hiperinflación y la vía venezolana, el lobo está por venir. El presidente ha repetido en diferentes ocasiones que, de no haber implementado un plan severo de ajuste de las finanzas públicas, la Argentina se hubiera deslizado en un inexorable camino hacia la hiperinflación. Merece ser recordado que el ex candidato-ministro de Economía Sergio Massa solía afirmar que la Argentina se hubiera dirigido hacia el abismo de no haber asumido la responsabilidad al frente de la cartera de Economía en el año 2022. La política pública en nuestro país se viene basando en los últimos años en enunciados de carácter contrafáctico.

El nuevo presidente ha establecido su propia bisagra de la historia, como lo hicieron sus antecesores en su oportunidad, pero a diferencia de ellos el año 2023 representa el inicio de un nuevo ciclo histórico en la Argentina luego de cien años de sucesivas frustraciones muy probablemente resultantes de la ampliación en el ejercicio del sufragio a comienzos del siglo XX: Roque Saénz Peña (impulsor de la Ley de Sufragio Universal Secreto y Obligatorio en 1912), vos también sos “Casta” diría el presidente.

De esta manera Javier Milei ha encontrado su propia respuesta a la pregunta “¿Cuándo se jodió Argentina?” parafraseando aquel ¿Cuándo se jodió Perú? de Mario Vargas Llosa en su recordada obra Conversaciones en la Catedral.

La política exterior de Javier Milei: ¿una sensación de algo ya vivido?

La pretensión fundacional descripta precedentemente define no solo la política interior sino también la política exterior, en base al postulado de una ¿nueva? forma de vinculación de la Argentina con el sistema internacional.

En efecto, el presidente Milei ha establecido un modelo de alineamiento incondicional con el “mundo occidental”, en particular con los Estados Unidos, como así también con Israel, impulsando la idea del traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén.

A comienzos de los años 90, el entonces canciller Guido Di Tella, bajo la inspiración intelectual del recordado politólogo argentino Carlos Escudé y su teoría del “realismo periférico”, postuló la idea de que la Argentina debía establecer, a partir de ese entonces, una relación con los Estados Unidos de tipo “carnal”; en base a esa idea directriz se desactivaron programas de desarrollo tecnológico como el Plan Condor, la Argentina procedió a enviar dos naves en el contexto de la denominada Guerra del Golfo en 1991 e inició gestiones que le permitieron a nuestro país obtener la acreditación de aliado extra-OTAN en 1998. El nuevo gobierno argentino se encuentra en gestiones destinadas a obtener un estatus más amplio de aliado de la OTAN, similar al que posee Colombia desde el 31 de mayo de 2018 como socio de la OTAN en todo el mundo.

El gobierno libertario plantea entonces un tipo de relación con Estados Unidos en el 2024 propia de un mundo como aquel de 1989/91, caracterizado por la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, la consagración de los Estados Unidos como la única potencia mundial, el impacto de la tercera revolución científica/tecnológica y el descrédito de las alternativas de izquierda democráticas (socialdemocracia) como no democráticas (estalinismo). Este nuevo alineamiento no parece tener en su debida consideración el ascenso de la República Popular China de estratégica relación comercial con la Argentina en las últimas dos décadas realizando más bien una lectura ideológica en clave propia de la Guerra Fría de la potencia asiática (“No vamos a tratar con comunistas”, ha afirmado el presidente Milei en reiteradas oportunidades).

Estamos hoy frente a una economía nacional supeditada a la evolución de por lo menos dos variables externas: las tasas de interés de los Estados Unidos y la demanda doméstica china. Se impone entonces el desafío de una adecuada comprensión de esa nueva complejidad.

China en América del Sur: Impactos del Plan Espacial

Sergio M. Cesarín
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China en América del Sur: Impactos del Plan Espacial

El acuerdo marco entre Argentina y China sobre la instalación de una base espacial en la localidad de Bajada del Agrio (provincia de Neuquén) fue resultado de acuerdos firmados entre los años 2012 y 2014 durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La construcción de la base ubicada en un predio cedido por la provincia de 200 hectáreas comenzó a construirse en 2014 y a operar en el año 2018. Y, desde aquel entonces, comenzaron a desatarse especulaciones sobre el uso militar o civil, controversias que, hasta hoy, persisten dado el secretismo con que fueron negociadas las condiciones y la casi inexpugnabilidad a la que se ve sometida la base para cualquier visitante nacional en tanto el área que abarca es considerado, por los acuerdos y refrendada por leyes nacionales como “territorio soberano chino”.

Los motivos de la concesión

La postura concesional del gobierno argentino de aquel entonces tiene sus raíces en varios aspectos. En primer lugar, la empatía ideológica entre la facción peronista gobernante de centroizquierda (kirchnerismo) y China, en un contexto de predominio durante la primera década del siglo XXI de gobiernos de izquierda y centroizquierda en América del Sur, que sirvieron a la expansión de los intereses e influencia de China en la región. En segundo lugar, la dinámica relación económica bilateral, había posicionado a China como segundo socio comercial resultado de los altos precios internacionales de materias primas y de la creciente demanda china de soja, subproductos y agroalimentos. En tercer lugar, el comienzo de un ciclo signado por la llegada de inversiones chinas focalizadas hacia sectores como infraestructura, transporte, energía, minería e industria agroalimentaria.

Un cuarto factor fueron las necesidades financieras argentinas ante el desequilibrio externo y la reticencia de entidades financieras internacionales de otorgar créditos al gobierno nacional. Por tanto, Argentina puso su mirada en la liquidez prestataria de bancos estatales chinos. Ya en 2009, el país golpeó la puerta de las principales entidades bancarias chinas logrando ese año el otorgamiento del primero de los swaps concedidos al país. Casualmente dicho año también comenzaron las primeras exploraciones geológicas en diversos sitios del sur argentino donde podría ser emplazada la estación espacial y similares negociaciones con la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir una estación con similares prestaciones en la localidad de Malargue, provincia de Mendoza. Finalmente, la DSA 3 europea o Antena de Espacio Profundo 3 para investigaciones sobre el espacio profundo, entró en servicio en 2013.

Un quinto factor a ser considerado, es que la cooperación en el campo espacial entre  China y América Latina registra hitos importantes, entre los más destacados se encuentra el programa bilateral con Brasil que en 1995 dio luz verde a la serie de satélites CBERS hoy aún en desarrollo; la cooperación con Venezuela para el desarrollo, construcción y lanzamiento de satélites de la serie Miranda; y similares acciones respecto de Bolivia mediante el programa Tupak Atari-I, consistente en un satélite controlado desde la Estación Terrestre Amachuma y orbita a unas 22.300 millas sobre América Latina.

Por supuesto el contexto debe ser tenido en cuenta. Los avances en el plan espacial chino requerían contar con estaciones para el seguimiento, control y provisión de información telemétrica en distintas partes del planeta. En combinación, el desarrollo del sistema chino de posicionamiento global Beidou (en competencia con el europeo Galileo, el ruso Glonass y el estadounidense GPS) requería de similar red de asistencia en tierra para posibilitar el lanzamiento de satélites, futuras misiones de exploración lunar y navegación del espacio profundo.

El avance de la influencia china en la región

En este contexto expansivo de la influencia china en América Latina, Estados Unidos parecía permanecer indiferente, empantanado en escenarios bélicos lejanos como Irak y Afganistán, sin aportar soluciones concretas para contener el avance de China en la región. De esta forma, los  “espacios vacíos” dejados por la administración demócrata y poco eficiente diplomacia americana enfocada en áreas extra hemisféricas de tensión, favorecieron la firma de acuerdos sobre instalación de estaciones y bases espaciales dependientes del programa espacial chino en América del Sur; en particular, la base espacial en Neuquén es un claro indicador de las carencias estadounidenses en su lectura sobre la dinámica inserción de actores extra regionales en América Latina, particularmente de Rusia, China e Irán.

Los intentos de revertir esta pasiva postura por parte de Estados Unidos ante las sospechas del empleo militar de la base llevaron a que, durante el año 2018 bajo el gobierno del ex presidente Macri, ambos países firmaran un protocolo adicional reafirmando el compromiso chino sobre el “uso pacífico” de las instalaciones. Lo cierto es que desde aquel entonces la base espacial se encuentra rodeada de sospechas y especulaciones sobre su real uso pacífico o militar; y hay motivos para ello.

Puntualmente los acuerdos especifican compromisos a cumplir por agencias de ambos países: en el caso chino, la Agencia China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC, en sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la Argentina. Si bien en la superficie el acuerdo vincula su gestión operativa a “agencias civiles”, en el caso chino la CLTC opera bajo directivas del Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación (GAD-EPL) y su misión no puede estar desvinculada de la prestación de servicios inherentes al plan espacial nacional chino, tanto en su fase civil, como militar (guerra espacial, electrónica y cibernética), incluyendo la posibilidad de detectar, retaliar amenazas o guiar misiles mediante aportes satelitales hacia objetivos en territorio estadounidense, sus aliados en el Pacífico y socios de la OTAN.

En segundo lugar, instalaciones como la base espacial china en Argentina y otras que sirven al plan espacial chino (ver mapa) introducen definitivamente a la región en el medio del conflicto estratégico sino-estadounidense y escalan las tensiones entre ambos contendientes en nuestra región al competir por influencia a nivel de los países latinoamericanos, provocando así perturbaciones en la gobernanza regional, de por sí agravadas por desafíos intra estatales.

  Una interrogante no puede ser soslayada: ¿Por qué un país como la Argentina, que pregona insistentemente en todo estrado multilateral, a nivel bilateral y apela permanentemente al apoyo de países latinoamericanos para sostener sus legítimos reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, cede espacios soberanos en su territorio a actores extra regionales como China para el desarrollo de actividades sobre las cuales no es capaz de ejercer un control efectivo?

Finalmente; es difícil creer que países vecinos de la Argentina no observen con preocupación esta situación; en tanto la decisión argentina de habilitar este tipo de instalaciones agudiza las tensiones en nuestro Cono Sur entre China y los Estados Unidos, forzando alineamientos en favor de una u otra potencia.
*Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Biden debería corregir los errores de Trump en América Latina

Alberto Maresca
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Biden debería corregir los errores de Trump en América Latina

En diciembre de 1823, el presidente estadounidense James Monroe inauguró la famosa Doctrina Monroe para evitar la interferencia europea en América Latina. Doscientos años después, la política exterior de Estados Unidos hacia sus vecinos del sur en América Latina ha mantenido el mismo estilo dominante. Muestra de ello, ha el enfoque de Trump hacia el hemisferio occidental durante su presidencia, delineado por la mente de John Bolton: máxima presión bajo sanciones sobre gobiernos socialistas (Cuba, Nicaragua y Venezuela); interferencia en asuntos políticos internos a través de embajadas estadounidenses; y la presión relacionada con la migración.

La consecuencia directa de las políticas “monroeístas” de Trump para América Latina ha sido, lógicamente, una mayor interacción de América Latina con China y Rusia, pero más importante aún, una creciente difusión del antiamericanismo en la región. Por ello, de cara a las elecciones estadounidenses de 2024, Washington necesita reconocer que América Latina debe volver a cubrir un papel esencial en su agenda para resolver los problemas de la migración y el fentanilo.

Para hacerlo, Biden necesita diseñar una política exterior totalmente diferente para América Latina, que se distancie de la arrogancia de Trump, si quiere mantener su influencia y competir con potencias que, a diferencia del pasado, ahora son una realidad legitimada en América Latina.

En primer lugar, las sanciones ya han generado problemas tanto para los países latinoamericanos como para Estados Unidos. La interrupción por parte de Trump del acercamiento a Cuba liderado por Obama ha provocado un empeoramiento progresivo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con consecuencias económicas desastrosas para La Habana y, por tanto, un aumento de la migración cubana.

Los votantes latinos de Florida, por supuesto, no aprobarán una estrategia más abierta para Cuba desde la Casa Blanca. Y el presidente Biden no se puede arriesgar a perder apoyos político significativo al reducir la presión sobre Cuba y Venezuela, relajar el régimen de sanciones y mejorar la legitimidad de Estados Unidos en la región al darle aliento a esas economías.

México representa otro desafío para la política exterior estadounidense en la región. De heci, paradójicamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista, tuvo relaciones más fluidas con Trump que Biden, lo cual demuestra lo necesario de una revisión de la estrategia de la Casa Blanca.

En una entrevista reciente con Americas Quarterly, el embajador de Trump ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, mostró cómo un eventual segundo mandato republicano repetirá los rasgos “monroeístas” reflejados durante la primera administración. En este contexto, la posición de Trump sobre México es otro punto a tener en cuenta por parte Biden. Las afirmaciones de intervención militar en la frontera, el racismo estructural y la promoción del antimexicanismo deberían ser evitadas por Biden. En este punto, las recientes reuniones entre la actual administración y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en Ciudad de México y Washington son una señal positiva para un entendimiento más integral de las Américas.

Además, para tener éxito, los demócratas tienen que normalizar, reconocer y no demonizar la presencia de otras potencias en América Latina. Económicamente, China está ampliando su influencia en la región y Rusia está vinculando sus ideales políticos a varios países latinoamericanos a través de sus medios y cumbres patrocinadas. Este avance debería motivar a Biden a encontrar alternativas para proponer condiciones más atractivas para la asociación de Estados Unidos con América Latina en términos más igualitarios.

La agenda de Trump para América Latina se ha centrado en la diáspora radicada en Miami y ha respondido únicamente a la presión del electorado latino radical en Estados Unidos, sin construir realmente puentes con la región. Trump gobernó únicamente por la fuerza, el miedo y la antipatía.

Una próxima administración de Biden debería aprender de estos errores, así como prestar más atención a algunos gobiernos latinoamericanos que pueden oponerse ideológicamente a los demócratas estadounidenses. Los presidentes Bukele en El Salvador y Milei en Argentina, con su ideología “trumpista”, representan una tendencia relevante en el ámbito político de América Latina.

De cara a las elecciones, Biden tiene diferentes opciones para recuperar la legitimidad en América Latina como la implementación de políticas que no se centren exclusivamente en la migración sino que también estén relacionadas con la ayuda económica y humanitaria, la cooperación comercial con paridad de condiciones y el respeto puro y sincero por sus homólogos latinoamericanos.

La presencia en América Latina de China, Irán, Rusia o cualquier otro actor no occidental no tiene por qué ser el único propósito de la política exterior de Estados Unidos para América Latina. La verdadera amenaza a una estrategia progresista de Estados Unidos hacia América Latina no proviene del exterior, es el “monroísmo” y el “trumpismo”.

Los presidentes exguerrilleros en América Latina: ¿han sido buenas o malas experiencias?

Eduardo Pizarro Leongómez
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Los presidentes exguerrilleros en América Latina: ¿han sido buenas o malas experiencias?

Tras el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, en América Latina han accedido a la dirección del Estado siete exguerrilleros: Fidel y Raúl Castro, Daniel Ortega, José Mujica, Dilma Rousseff, Salvador Sánchez Cerén y Gustavo Petro, que han dejado buenas y malas experiencias. ¿En cuál de las dos se está situando el gobierno colombiano actual?

Tal como se puede observar en el cuadro que adjuntamos, en seis naciones de América Latina han accedido a la dirección del Estado en las últimas décadas antiguos guerrilleros. En dos países, Cuba y Nicaragua, como resultado de las dos únicas revoluciones triunfantes que hubo en América Latina (1959 y 1979), las cuales dieron al traste con los gobiernos dictatoriales del general Fulgencio Batista y el clan Somoza; en otros dos países, Brasil y Uruguay, exmiembros de grupos guerrilleros derrotados, José Mujica y Dilma Rousseff, tras años de cárcel y penosas torturas, revivieron de las cenizas y triunfaron en elecciones transparentes en 2010 y 2011, respectivamente. Finalmente, en dos naciones, El Salvador y Colombia, antiguos miembros de movimientos guerrilleros que firmaron acuerdos de paz e hicieron el tránsito “de las armas a la política” fueron elegidos jefes de Estado, Salvador Sánchez Cerén (2014) y Gustavo Petro (2022).

No incluimos en este cuadro a Hugo Chávez, pues, aun cuando siendo un joven oficial estuvo bajo la influencia del más emblemático de los líderes guerrilleros de la época, Douglas Bravo —quien no se acogió al proceso de paz de fines de los años 60 y continuó en armas a través del Partido de la Revolución Venezolana y su Frente Armado de Liberación Nacional (PRV-FALN)—, rompió amarras en 1986. En este año, Chávez conformó una facción militar clandestina llamada el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200), que sería clave para su ascenso al poder años más tarde. Es decir, Chávez no fue propiamente un guerrillero.

Cuadro. Presidentes exguerrilleros en América Latina

PaísPresidente exguerrilleroPeríodoGrupo guerrilleroPartido o coalición de gobierno
CubaFidel CastroRaúl Castro1959-20082008-2018Movimiento 26 de JulioPartido Comunista de Cuba
NicaraguaDaniel Ortega1985-19902007-20122012-20172017-20222022-2027Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN
UruguayJosé Mujica2010-2015Movimiento de Liberación Nacional – TupamarosFrente Unido
BrasilDilma Rousseff2011-2016Vanguarda Armada Revolucionaria-PalmaresPartido de los Trabajadores
El SalvadorSalvador Sánchez2014-2019Frente Farabundo Martí para la Liberación NacionalFMLN
ColombiaGustavo Petro2022-2026Movimiento 19 de AbrilPacto Histórico

Cuba: la familia Castro

Los hermanos Fidel y Raúl Castro estuvieron al frente del Estado durante 59 años, entre 1959 y 2018, e instauraron de manera progresiva un sistema de partido único. En 1961 el Movimiento 26 de Julio se fusionó con el Partido Socialista Popular y otras organizaciones conformando las llamadas Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), que, tras muchos avatares, el 3 de octubre de 1965 tomarán el nombre definitivo de Partido Comunista de Cuba (PCC), el cual gobierna en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Fidel Castro, el mandatario más longevo del mundo desde 1900 hasta el día de hoy —estuvo al frente del Estado por 49 años entre 1959 y 2008—, fue sustituido por su hermano Raúl, quien fue reemplazado, a su turno, por Miguel Díaz-Canel.

Cuba dejó hace muchos años de ser la “Nueva Jerusalén” —como lo fue para mi generación de izquierda— y, hoy en día, salvo que haya un sorpresivo cambio de rumbo (por ejemplo, la adopción del modelo actual de la República Socialista de Vietnam, con su amplia economía de mercado), está viviendo una crisis aún mayor a la que soportó tras el colapso de la Unión Soviética, en el llamado “período especial”.

Nicaragua: la familia Ortega

Al inicio, Daniel Ortega accedió a la dirección del Estado como miembro de la Junta que sustituyó a Anastasio Somoza Debayle y a su sucesor por escasas horas entre el 17 y el 18 de julio de 1979, Francisco Urcuyo, tras la fuga del último miembro de la dinastía Somoza.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional estaba compuesta por su coordinador, Daniel Ortega, miembro de la Dirección Nacional Conjunta del FSLN; Moisés Hassan, del Frente Patriótico Nacional; Sergio Ramírez, escritor y miembro del llamado Grupo de los Doce; Alfonso Robelo, empresario y miembro del Movimiento Democrático Nicaragüense; y, por último, Violeta Barrios, viuda del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978 y que sería “la chispa que encendió la pradera”, para recordar un texto de Mao Tse-Tung (o Mao Zedong para los lectores más jóvenes).

Se trataba de una junta pluralista que permitió dejar atrás la atroz dinastía Somoza —que rigió los destinos de su país con mano de hierro entre 1947 y 1987— e iniciar el tránsito hacia la democracia. En 1985 Daniel Ortega es elegido en unas elecciones pulcras a nombre del FSLN, y luego vendrían los gobiernos de Violeta Barrios, Arnaldo Alemán y Enrique Bolaños hasta el regreso triunfal de Daniel Ortega en 2007, quien no ha abandonado el poder hasta el día de hoy gracias a numerosos fraudes electorales, triquiñuelas legales y persecución a la oposición.

Es decir, en las dos naciones en las cuales hubo revoluciones triunfantes, sus mandatarios desde el inicio (Fidel Castro) o años más tarde (Daniel Ortega) terminaron atornillándose en el poder con un claro liderazgo caudillista de rasgos mesiánicos.

Uruguay: José Mujica

El tercer exguerrillero que accedió a la presidencia en América Latina entre 2010 y 2015 fue José Mujica, exdirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Tras la transición a la democracia y su salida de prisión —donde estuvo 15 años en celdas de aislamiento—, pasó a ser miembro de la dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP), un componente del Frente Amplio que lo llevó al poder y que cobijaba a los principales partidos y corrientes políticas de la izquierda uruguaya.

El “presidente más pobre del mundo”, quien a sus 88 años sigue viviendo en su modesta casa de campo en las afueras de Montevideo en compañía de la también extupamara y exsenadora Lucía Topolansky, es, de lejos, el más admirable y respetado de los exguerrilleros que han accedido al poder en America Latina. Su humildad, su enorme sensibilidad humana, su pulcritud y su capacidad de construir consensos lo convierten en un “fuera de serie”.

Brasil: Dilma Rousseff

Un año después de Mujica, el 1 de enero de 2011, Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer en acceder a la Presidencia de la República en Brasil. La “Juana de Arco de la subversión” —como la llamó un fiscal del ejército durante su juicio en un tribunal militar— militó en el movimiento guerrillero Vanguarda Armada Revolucionaria-Palmares (VAR Palmares), que fue uno de los grupos que enfrentó al régimen militar instaurado en Brasil en 1964. Detenida en 1970, fue duramente torturada y permaneció detenida en condiciones infrahumanas durante tres años.

El balance de su gobierno es, sin duda, agridulce, pues sus importantes realizaciones —en 2013 la revista Forbes la ubicó, tras Angela Merkel, como la segunda mujer más destacada del mundo— se vieron opacadas por su destitución por parte del Senado a través de un impeachment.

El Salvador: Salvador Sánchez Cerén

El maestro y después miembro de la dirección de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco organizaciones que conformaron el FMLN, accedió a la presidencia de la República en reemplazo del reconocido periodista Mauricio Funes, quien estuvo al frente del poder ejecutivo entre 2014 y 2019 a nombre del FMLN y quien terminaría residiendo en Nicaragua —en donde Daniel Ortega le concedió la nacionalidad— para escapar a la justicia de su país, que lo requería por actos de corrupción.

El balance de la gestión durante dos períodos del FMLN no fue muy alentador, pues su fracaso manifiesto en numerosos planos y, en particular, en el manejo del orden público interno le abrió el camino a Nayib Bukele, el líder autoritario más cool del mundo.

Colombia: Gustavo Petro

Y, finalmente, en Colombia hoy se halla al frente del Estado el exmilitante del Movimiento 19 de Abril, Gustavo Petro.

¿El balance de los exguerrilleros en el poder ha sido positivo o negativo?

La respuesta no es obvia, pues ha habido tanto experiencias muy positivas, como fue el caso de José Mujica en Uruguay, como desastres manifiestos como el de Daniel Ortega (en particular, el Ortega de los últimos años) en Nicaragua. Es decir, el balance es agridulce.

En todo caso, si descartamos los casos de Cuba con su sistema de partido único y de Nicaragua en años recientes mediante una “autocracia electoral”, es decir, un pluralismo ficticio construido sobre la base de beneficiar al partido de gobierno y reducir a la oposición, en el resto de las experiencias (Uruguay, Brasil y El Salvador) la democracia liberal se mantuvo firme al menos durante la vigencia de estos gobiernos —después vendrían los Bolsonaro y los Bukele— y, en el caso de Colombia, se trata de un proceso en curso, cuyo desenlace desconocemos.

El éxito o fracaso depende de diversos factores que exigirían una investigación muy rigurosa (por ejemplo, la fortaleza o la debilidad de las tradiciones democráticas que no eran similares, por ejemplo, en Uruguay y Nicaragua) pero, en esta ocasión, quisiera destacar el rol de la personalidad y el proyecto político que agencia el mandatario que accede al poder. No es igual la personalidad caudillista de un Daniel Ortega (y la prepotencia del triunfo revolucionario) a la personalidad mesurada de un José Mujica (y la humildad de la derrota).

Los exguerrilleros presidentes que se embarcaron en los cambios gradualistas y con altos niveles de consenso nacional fueron los más exitosos (Brasil, Uruguay). En cambio, los presidentes que se embarcaron en proyectos rupturistas terminaron teniendo escasos resultados a largo plazo (Cuba, Nicaragua).

¿Este complejo cuadro es un llamado al optimismo o al pesimismo? ¿Colombia se va a dirigir hacia una “autocracia electoral” como la Nicaragua de Daniel Ortega? ¿Después de un gobierno progresista se va a mover el péndulo político hacia la extrema derecha como ocurrió en El Salvador con Nayib Bukele y en Brasil con Jair Bolsonaro? ¿O, tras el gobierno de Petro, vendrá un mandatario moderado de centro, centroderecha o centroizquierda? 

No podemos predecir el futuro. Pero, en todo caso, ojalá Petro se observe en el espejo. ¿A quién se quiere parecer: a Mujica o a Ortega? 

¿Por qué es importante la economía del cuidado?

Claudiana Guedes de Jesús
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¿Por qué es importante la economía del cuidado?

En este marco, la presencia del Estado, a través de acciones gubernamentales y políticas públicas, puede servir como base para mejorar las condiciones de los trabajadores de la economía del cuidado. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han arrojado luz sobre la economía del cuidado como central para el diseño y conducción de políticas socioeconómicas en la agenda de recuperación pospandemia para América Latina y el Caribe .

La pandemia de COVID-19 puso de relieve la importancia vital de la economía del cuidado para el desarrollo económico y el bienestar de América Latina. La CEPAL define la economía del cuidado como “todas las actividades que aseguran la reproducción social y el mantenimiento de la vida humana en un ambiente adecuado, la economía del cuidado protege la dignidad de las personas y la integridad de sus cuerpos, Esta  promueve la educación y la formación, apoya el bienestar psicológico y emocional y mantiene los vínculos sociales”. 

¿Qué es el trabajo de cuidado?

Además, como lo expresa la OIT, el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, implica actividades directas, incluida la alimentación de bebés o el cuidado de personas mayores, y actividades indirectas, como limpiar o cocinar. A pesar de su importancia vital, los trabajadores de la economía del cuidado sufren de invisibilidad social: el bajo valor social atribuido a su trabajo contradice su papel central en el sistema de desarrollo socioeconómico. Estas actividades, en general, se dan por sentado y no se incluyen de manera significativa en la discusión de las políticas públicas, especialmente las políticas económicas.

En 2015, alrededor de 2.100 millones de personas (1.900 millones de niños menores de 15 años y 200 millones de personas mayores) requirieron servicios de cuidados. La OIT estima que esta cifra aumentará a 2.300 millones de personas para 2030, debido al creciente número de niños, ancianos y personas con discapacidad que requieren servicios de cuidado. Como tal, es probable que la demanda de trabajadores y servicios de cuidados aumente drásticamente en el futuro. Por lo tanto, las políticas gubernamentales son vitales para garantizar que tanto los trabajadores de la economía del cuidado como aquellos que necesitan cuidados reciban la protección y el apoyo adecuados.

En Brasil y otros países de América Latina y el Caribe, el cuidado de bebés, niños, ancianos y personas con discapacidad lo realizan tradicionalmente las mujeres de la familia sin remuneración y dentro del hogar. Sin embargo, cuando la situación financiera de una familia lo permite, los servicios de cuidados remunerados casi siempre los prestan trabajadores domésticos contratados. 

Las familias con menores ingresos suelen recurrir a organizaciones comunitarias y voluntarias en busca de servicios de atención para que la mujer, a menudo madre, pueda ir a trabajar. Sin embargo, Brasil y otros países de América Latina y el Caribe no son los únicos lugares donde las mujeres asumen gran parte de este trabajo de cuidados. Esta tendencia se observa a nivel mundial. 

Aportes desiguales

Un informe global de la OIT encontró que hombres y mujeres no aportan los mismos esfuerzos al cuidado no remunerado en ningún país. La OIT también estima que, en promedio, las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidados no remunerado. En todo el mundo, las mujeres están sobrecargadas con el trabajo de cuidados, debido a cuestiones culturales y de género y a muchos otros factores que pueden arraigar esta práctica.

Esta tendencia se observa no sólo en América Latina, sino a nivel mundial. Un informe global de la OIT encuentra una marcada desigualdad en los esfuerzos que hombres y mujeres contribuyen al cuidado no remunerado en varios países. En promedio, las mujeres realizan el 76,2 % de todo el trabajo de cuidados no remunerado. La carga del trabajo de cuidados global recae sobre las mujeres, un fenómeno debido a la discriminación de género, las condiciones culturales y muchos otros factores.

Los gobiernos latinoamericanos están actuando gradualmente de manera que demuestran la importancia de la economía del cuidado. Por ejemplo, el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva creó, por primera vez, una Secretaría de Atención y Familia, dirigida por el sociólogo brasileño Abramo dentro del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (MDS). Una reciente publicación de Abramo destacó el estado actual de la economía del cuidado brasileña, diciendo que “la actual organización social del cuidado está marcada por las desigualdades estructurales que caracterizan a la sociedad brasileña: son las mujeres, especialmente las negras, las más pobres y con ingresos más bajos, que son principalmente, sino exclusivamente, responsables del trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado”.

Según datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2019, las mujeres dedicaban en promedio 21,7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres aportaban solo 11 horas en promedio. Para las mujeres blancas, esta cifra era de 21 horas semanales y para las mujeres negras, de 22,3 horas semanales. Esta realidad compromete la capacidad de las mujeres para generar ingresos y ejercer autonomía económica, lo que agrava la pobreza y la desigualdad.

En Brasil, la economía de cuidados remunerados no sólo es predominantemente femenina, sino que también es negra. En 2019, el 45% de todos los empleos en el sector del cuidado fueron ocupados por mujeres negras, el 31% por mujeres blancas y el 24% restante de los empleos en la economía del cuidado se dividieron entre hombres blancos y negros. La categoría ocupacional más grande de la economía del cuidado son los trabajadores domésticos. Los datos más recientes, de 2021, indican que el 93% de las trabajadoras domésticas son mujeres y el 61% de estas mujeres son negras.

Cambios a la vista

Están en marcha cambios estructurales para transformar el sector del cuidado en América Latina. Estos cambios son responsables de la disminución del número de mujeres disponibles para recibir cuidados, una disminución de la participación femenina en el mercado laboral y una reducción del tamaño de la familia. Al mismo tiempo, el número de personas que requieren cuidados ha crecido exponencialmente, impulsado por el envejecimiento de la población y un aumento de la informalidad laboral, definida como actividades económicas que –en la ley o en la práctica– no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas por acuerdos formales. 

Estas tendencias han llevado a que las personas mayores dependan más del apoyo familiar. Un estudio de la CEPAL de 2022 estima una tasa de informalidad del 54% en América Latina y el Caribe, lo que genera altas tasas de precariedad y baja cobertura de pensiones entre los trabajadores informales. En 2019, el 47,2% de los trabajadores ocupados estaban afiliados a algún sistema o plan de pensiones. Estas tendencias han impulsado una mayor dependencia del apoyo familiar entre las personas mayores.

Históricamente, la participación del Estado en la economía del cuidado en América Latina ha sido limitada. Sin embargo, las políticas existentes pueden servir de modelo para otros países. Dadas las transformaciones estructurales en curso que presionan el déficit de atención existente, implementar políticas para ayudar a satisfacer la demanda de atención y garantizar la calidad de la atención en América Latina y Brasil presenta un desafío para los formuladores de políticas. El sector público debe asumir un papel más fuerte y proactivo para desarrollar e implementar políticas públicas de economía del cuidado en un marco de cuidado más integrado y transformador. 

Dado que la economía del cuidado tiene un alcance tan amplio, los gobiernos latinoamericanos deben implementar políticas de cuidado para superar la desigualdad, garantizar una alta calidad de vida y aliviar la pobreza a través del desarrollo.

Crimen organizado transnacional: ¿cómo abordar la globalización de la economía ilegal en Latinoamérica?

Henry M. Rodríguez
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Crimen organizado transnacional: ¿cómo abordar la globalización de la economía ilegal en Latinoamérica?

A pesar de que ha sido una preocupación mundial persistente, la falta de consenso entre los Estados ha obstaculizado los esfuerzos para abordarla efectivamente. La coordinación internacional ha enfrentado desafíos significativos por la dificultad para establecer posturas compartidas entre los países sobre este tema complejo. Solo en el 2000 se logró un acuerdo sustancial mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo. Este acuerdo proporcionó un marco importante para guiar a los países en el abordaje del crimen organizado dentro de sus propias jurisdicciones. 

A su vez, mediante compromisos multilaterales, se ha intentado facilitar acciones destinadas a monitorear, prevenir, detectar, perseguir y sancionar el crimen organizado nacional, utilizando estándares internacionales como referencia y fomentando respuestas adaptadas a las realidades nacionales. No obstante, el consenso entre los Estados no ha sido tan contundente como para abordar esta problemática desde una perspectiva amplia y coordinada que trascienda las fronteras nacionales y aborde sus múltiples dimensiones.

Ante la proliferación de las actividades delictivas, la falta de voluntad política y la limitada coordinación transnacional para abordar esta problemática contribuyen a la complejidad del crimen organizado. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, las Américas tienen una puntuación media de 43 sobre 100 en la falta de medidas contundentes para combatir la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. 

A menudo, los países, especialmente los latinoamericanos, enfrentan dificultades para cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de delitos transfronterizos debido a diferencias en los marcos legales, la falta de recursos, los problemas de comunicación, la corrupción e, incluso, las diferencias políticas entre los gobiernos de turno. Esta falta de coordinación ha permitido que las organizaciones criminales operen con impunidad y aprovechen las lagunas en los sistemas de justicia penal para continuar sus actividades ilícitas.

En consecuencia, el crimen organizado ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, adaptándose a los cambios en el entorno socioeconómico y tecnológico para expandir sus operaciones y aumentar su influencia. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilícito de drogas representa un mercado global de miles de millones de dólares, que alimenta la corrupción, violencia e inseguridad. Es un hecho que la exportación de fenómenos delictivos como la trata de personas, el tráfico de armas, el ciberdelito o el fleteo desafía permanentemente los enfoques tradicionales de aplicación de la ley. 

La globalización de la economía criminal

El crimen organizado contemporáneo se destaca por su transnacionalidad y su capacidad para aprovecharse de la globalización económica. Las organizaciones criminales han desarrollado redes internacionales para moverse fácilmente a través de las fronteras y aprovechar las diferencias entre los sistemas legales y financieros de diferentes países. La economía criminal es un gran negocio, representa hasta el 1,5 % del producto interno bruto mundial, con ingresos anuales que superan los 870.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, los países latinoamericanos han reconocido la gravedad del crimen organizado en diversas declaraciones regionales multilaterales, como la Declaración de Seguridad de las Américas en 2003. En regiones mexicanas y colombianas, la ausencia estatal ha permitido que grupos del crimen organizado asuman el control sobre la población y el territorio. Además, recientemente, la delincuencia organizada transnacional ha sobresalido como un problema de seguridad internacional, lo que subraya su magnitud e impacto en la región.

¿Qué hacer para abordar este fenómeno? 

Diferentes analistas coinciden en que es necesario fortalecer los mecanismos internacionales de cooperación y promover una mayor armonización de las leyes y los procedimientos legales regionales. Si bien la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otras iniciativas internacionales proporcionan un marco jurídico para combatir el crimen organizado global, su efectividad depende en gran medida de la voluntad política y la cooperación comprometida de los Estados. 

Por su parte, la seguridad ciudadana sigue preocupando a la población, especialmente en regiones donde la presencia y la influencia del crimen organizado son más pronunciadas. El Informe Global sobre Seguridad Ciudadana de la ONU indica que la violencia y la delincuencia representan una amenaza significativa para el bienestar y seguridad de los ciudadanos en muchas partes del mundo, donde causan más muertos que los conflictos armados, y es una problemática cuya complejidad radica en la necesidad de abordar no solo las manifestaciones visibles de la criminalidad sino también las causas profundas que la alimentan.

Estos desafíos ameritan promover una acción coordinada y multidimensional que involucre a todos los sectores, desde el Gobierno hasta la sociedad civil. Esto implica no solo fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden y mejorar la aplicación de la ley, sino también abordar las causas subyacentes al crimen, como la desigualdad económica, la exclusión social y la falta de oportunidades para los jóvenes. También se debe fomentar la participación ciudadana y el empoderamiento de las comunidades locales para prevenir y combatir el crimen, así como promover una cultura de legalidad y respeto por el estado de derecho. Pero no aisladamente, sino dándole la trascendencia regional que la problemática amerita.

Necesidad de mecanismos de índole regional

En un contexto marcado por la transnacionalidad del crimen organizado, resulta imperativo fortalecer los mecanismos de cooperación regional para abordar efectivamente esta amenaza. Aunque existen iniciativas regionales en América Latina —como la Organización de los Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas—, al igual que organizaciones internacionales de policía criminal con presencia en la región —como Interpol y Ameripol—, la falta de voluntad política y los intereses divergentes de los países miembros a menudo obstaculizan la implementación de estrategias comunes de seguridad. A su vez, la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley de diferentes países sigue siendo limitada, dadas las diferencias en los marcos legales y las políticas de cada nación.

Finalmente, para superar estos desafíos es necesario impulsar una mayor integración y coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado, fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información, capacitación conjunta y cooperación operativa entre los países. Tales acciones podrían incluir la integración de mecanismos regionales que les permitan a los cuerpos policiales tener la capacidad para investigar y enjuiciar delitos transnacionales, así como la armonización de los procedimientos legales y leyes en seguridad. Además de un asunto inconcluso pero determinante: promover una cultura de confianza y colaboración entre los países de la región, reconociendo que la seguridad es un bien público que debe protegerse y promoverse en beneficio de todos los ciudadanos.

El complejo legado de Piñera y el impulso a la ultraderecha en Chile

Danytza González   |   Germán Campos-Herrera
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El complejo legado de Piñera y el impulso a la ultraderecha en Chile

A dos meses del inesperado fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, un destacado bastión de la centroderecha en Chile, su legado fluctúa entre constructor de puentes e instituciones regionales y dar paso a la derecha populista radical en el país austral.

Luces, sombras y matices del legado de Piñera

Durante sus dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022), Sebastián Piñera forjó sólidos lazos de cooperación económica y humanitaria con los gobiernos latinoamericanos. Un ejemplo de ello fue la creación de la Alianza del Pacífico (AP) en 2012 en conjunto con los expresidentes Juan Manuel Santos (Colombia), Felipe Calderón (México) y Ollanta Humala (Perú). Hasta el día de hoy, la AP ha significado un gran paso en materia de integración económica regional, facilitando la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre sus países socios. Piñera también desempeñó un papel clave en el proceso de paz colombiano con las FARC en 2012. Su gobierno actuó como garante y proveedor de asesoramiento para dar mayor peso internacional a las negociaciones con el grupo armado.

Con sus grandes aciertos políticos, Piñera no estuvo exento de controversias. Las revelaciones de los Pandora Papers lo implicaron en actividades financieras cuestionables, que incluían la venta de sus acciones del proyecto minero Dominga en 2010, realizada poco antes de asumir su primer mandato presidencial. Esto, sumado a su presunta influencia en la tramitación y aprobación del proyecto que implicaba un alto impacto ambiental le llevaron a una primera acusación constitucional. Además, durante su segundo mandato enfrentó acusaciones de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden durante las protestas sociales de 2018, lo que resultó en una histórica segunda acusación constitucional en su contra. 

Pese a ello, diversas figuras del gobierno actual han reconocido la importancia y el legado del expresidente chileno. Incluso el presidente Gabriel Boric, quien fue un férreo opositor durante su mandato, admitió: “Como oposición, en ocasiones durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable… Actuó de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito, siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución”.

La ventana de oportunidad de la ultraderecha chilena

Durante su segundo mandato, Piñera y buena parte de su sector político impulsaron leyes que permitirían actualizar y regular la ley migratoria. Para algunos, su gobierno daba señales de que el país austral era una casa de puertas abiertas para los migrantes debido a sus alocuciones en varios medios y eventos internacionales.

El ascenso en el último tiempo de la ultraderecha en América Latina ha estado asociada a la mano dura contra las bandas criminales (El Salvador), acabar con los privilegios de la “casta” política (Argentina) o el retorno y empoderamiento de grupos insurgentes (Colombia). En Chile, parece estar vinculada a la delincuencia y su relación con la migración. Esta última, paradójicamente, impulsada durante el gobierno de Piñera.

Hoy en día, la delincuencia y migración parecen haber acaparado la atención de la mayoría de los chilenos. Según la encuesta Pulso Ciudadano de principios de marzo, los chilenos encuestados consideran la delincuencia (51,9%) y la migración (31,4%) como los principales problemas del país. Así mismo, a inicios de abril la encuesta CADEM mostraba que un 90% de los encuestados están de acuerdo con que el país debe poner más restricciones a la migración, y un 70% ellos creen que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes.  

En contraste a estos datos, el informe de la Comisión de Gobierno Interior a mediados de marzo dio a conocer cifras sobre los delitos registrados y su relación con los migrantes. El General Inspector de Carabineros de Chile, Jean Camus García, aseguró que, a enero de 2024, hay 14.995 detenidos. De ellos, 2.065 corresponden a migrantes en la región Metropolitana. Entonces, según estos datos, un 13,8% de los delitos fueron cometidos por migrantes, mientras que un 86,2% fueron cometidos por chilenos.  

Desde luego, la compleja incertidumbre y desinformación por la que atraviesa el país también se debe a que sus instituciones y diversos sectores políticos (de derecha e izquierda) no han estado a la altura de este desafío. Como producto de ello, la ventana de oportunidad ha sido aprovechada por políticos de la derecha populista radical muy audaces como José Antonio Kast, Rojo Edwards y Johannes Kaiser, que han logrado canalizar la incertidumbre de los chilenos y ajustarlas a sus discursos y propuestas programáticas. Incluso, algunas personalidades nacionales como Alexis Kaiser —director de la Fundación para el Progreso— han manifestado públicamente: “…en materia de orden público, tienes que darle mucho más respaldo a Carabineros, y Fuerzas Armadas, para que puedan hacer su trabajo, hacer su trabajo implica que corra bala, que corra sangre, que muera gente…”. 

Con sus luces y sombras, Piñera pretendía convertirse en un referente de consensos, quizá porque ya avizoraba la radicalización de su sector político. Ahora más que nunca, es necesario una figura en el centro político que logre articular las preocupaciones de la sociedad dentro del marco democrático y que, a su vez, deje de ceder espacio a la polarización y la admiración de líderes populistas que erosionan los cimientos de la democracia. Después de todo, tal como señaló Winston Churchill: “La democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las demás”. En consecuencia, la democracia es imperfecta —lo sabemos—, pero es la mejor dentro de todas las opciones posibles.

El Salvador: la mentira deseada

Miguel Blandino
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El Salvador: la mentira deseada

Con el término “la mentira deseada”, Humberto Eco se refería a lo que estaba ocurriendo en el seno de una creciente multitud a la que no le interesa saber la verdad, sino escuchar lo que sus oídos quieren oír, leer lo que a sus mentes les gustaría que fuera realidad y asistir a espacios en los que todos opinaran lo que ellos mismos creer. Se trata de una necesidad de reforzar las creencias personales por encima de cualquier evidencia en sentido contrario.

A los integrantes del culto se les puede mostrar pruebas, incluso llevarles a la estratosfera para verificar la redondez del planeta, y al aterrizar volverán con sus correligionarios para que les reafirmen su convicción de que la Tierra es plana.

Canten pues conmigo aquel viejo bolero: “Voy viviendo ya de tus mentiras / Sé que tu cariño no es sincero / Sé que mientes al besar y mientes al decir “te quiero” / Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer / Siempre fui llevado por la mala / Es por eso que te quiero tanto / Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido / Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.”

Con dos guitarras y un par de maracas los tríos o solistas cantaban antiguamente aquellos versos en las calles del centro de San Salvador, cuyas letras todos conocían de las lecturas del Cancionero Picot. Medio siglo antes de que el famoso semiólogo y filósofo italiano lo dejara por escrito, el conocimiento acerca de esa patológica realidad de la mentira deseada ya era popular a través. Claro que no es lo mismo que lo recite Lucho Gatica allá en Sudamérica en uno de sus boleros, a que lo escriba un intelectual académico en Europa. 

¿Por qué nos gustan las mentiras?

La academica Carolina Escobar Sarti, en su artículo Miénteme más: marca de fábrica, reflexionaba hace algunos año en el periódico guatemalteco Prensa Libre: “¿acaso no aceptamos mentiras que vienen por igual de los amores, los gobernantes o de ciertos líderes religiosos porque nos hace su maldad feliz? ¿No hay en ello un persistente masoquismo?

Vamos a los datos, y es que hoy está de moda afirmar que “dato mata relato”. La familia Bukele que gobierna en El Salvador ejecuta un gasto multimillonario –dentro de fronteras salvadoreñas y en el resto del mundo- para afrontar la realidad en el mundo virtual. Para ello tiene ejércitos de servidores –nunca mejor denominada- dedicados a multiplicar las versiones que hora tras hora redactan en un comando central de propaganda.

Este dato fue publicado en noviembre de 2022 por la Agencia Reuters de Gran Bretaña. La periodista Sarah Kinosian dio a conocer los resultados de una profunda y extensa investigación, según la cual centenares de personas trabajan en instalaciones del gobierno salvadoreño produciendo notas falsas para enaltecer al gobernante e insultar y atacar a sus críticos.

Por un sueldo mensual de seiscientos dólares, estos empleados dedican su jornada laboral a sumar seguidores ficticios del gobernante a través del elogio de sus políticas falsas y obras de ficción. La propaganda fluye las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero estos empleados, además de mantener en funcionamiento la máquina de propaganda también realizan tareas como “reportar y presentar quejas contra las publicaciones de esos críticos con el propósito de que las plataformas cierren sus cuentas”, según el informe de Reuters.

Muchas de esas tareas se realizan en oficinas gubernamentales y son supervisadas directamente por funcionarios del gobierno, entre ellos un ministro que no está relacionado ni con el equipo de comunicaciones ni de prensa de la casa presidencial, ni con los medios de comunicación del estado, según la investigadora. Asimismo, Kinosian dio a conocer que existen granjas de trolls cuya única función es crear millares de cuentas falsas de X para que apoyen a Bukele y su partido Nuevas Ideas.

El documento afirma que la estrategia de Nayib Bukele consiste en “inundar con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda –la prensa libre y la sociedad civil-…”, imponer la agenda, reprimir la disidencia y establecer una atmósfera de terror permanente.

Contagio inminente

Al conocer la publicación de la agencia británica, la administración estadounidense manifestó su preocupación por el peligro de contagio de estas estrategias y que estas fueran “utilizadas por otros actores en otras regiones”. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Daniel Noboa en Ecuador y Javier Milei en Argentina, quienes han seguido palmo a palmo la misma ruta y guión.

El éxito se debe, en parte, a la utilización permanente de los más modernos recursos de comunicación que penetran profundamente y abarcan todos los espacios, entre ellos los analógicos. Otro elemento tiene que ver con la convicción de las personas de que es preferible repetir la propaganda oficial antes que exponerse a la represión brutal de los agentes del régimen que son absolutamente inescrupulosos y cuentan con la aquiescencia y respaldo presidencial, cuando no actúan directamente obedientes a sus órdenes expresas de asesinato y desaparición. Son esos los oprimidos por el terror estatal.

Y aunque muchos saben que en el reino de Bukele ni los aeropuertos, ni satélites, ni plantas nucleares, ni trenes bala prometidos son reales, muchos también saben que sus sueldos dependen de la persistencia del tirano en el poder. Son, en su mayoría, personas que escogen la fe a la moral convencidos de que creer en dios es suficiente para limpiar el alma.

Pero, también opera un mecanismo de patética defensa de la autoestima. A nadie le interesa asumir el error luego de haber defendido con fanatismo: “¡soy orgullosamente nayiliber!”,  menos si se trata de un orgulloso universitario. Y eso que la única universidad gubernamental agoniza estrangulada por las manos de Bukele. En marzo los administradores de la UES tuvieron que despedir sin aviso a todos los profesores auxiliares y ya no podrán pagarse ni los recibos de la luz, internet ni agua. 

Traigo a cuentas el calvario y la agonía de la Universidad de El Salvador porque fue allí donde Bukele hizo la única aparición pública como candidato presidencial en 2019, en la que presentó una inolvidable lista de ofrecimientos. Prometió incrementar el presupuesto a la UES hasta convertirla en la universidad con mayores recursos financieros de América Central. Nominalmente el presupuesto anual de la Universidad de El Salvador es de 130 millones de dólares, pero desde hace tres años apenas se le entrega alrededor de 70 millones. Eso representa 102 millones de dólares menos que lo que elgobierno de Daniel Ortega le da anualmente a la UNAN, es decir, menos de la mitad. Honduras presupuesta 560 millones cada año para su universidad y los ticos le destinan anualmente 18 veces más recursos.

Se supone que las universidades reúnen las mentes más potentes y los espíritus más críticos de una sociedad, pero desde la UES no se oye ni una crítica al régimen que asesina la educación, la ciencia, la técnica y la cultura. Como hace decadas, en las calles del centro de San Salvador, esta universidad va por la vida cantando “Miénteme una eternidad, que me hace tu maldad feliz”. Universidad infame.

*Texto publicado originalmente en El Independiente, El Salvador

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