La observación internacional de elecciones es “la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis”. Esta es la definición que incluye la Declaración de Principios que acordaron más de veinte organizaciones internacionales y que fue conmemorada en un acto celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 2005.
Es importante tener claros los alcances y límites de la observación electoral, ya que, desde hace unos años, esta figura se ha intentado pervertir para legitimar elecciones bajo regímenes autocráticos en países como Venezuela, Rusia o Cuba.
Elecciones en Venezuela
De hecho, el pasado jueves 11 de abril el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y tres veces diputado por el PSUV, Elvis Amoroso, anunciaba la firma de acuerdos con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y el Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional (OPEIR) para observar las elecciones. Ambas organizaciones cuentan con una independencia al menos dudosa, y, en el caso de OPEIR, sin ningún tipo de experiencia en la observación de procesos electorales.
Carlos Aníbal López, representante de OPEIR, tiene claros vínculos con el Partido Justicialista (PJ) argentino. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en distintos cargos, como por ejemplo asesor en la Secretaría General de la Presidencia y secretario adscripto para Asuntos Especiales de la Presidencia de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner. Por si fuera poco, es congresal del PJ y miembro pleno del Instituto Patria, usina ideológica del kirchnerismo.
En el caso del CEELA, el esfuerzo ha sido más sofisticado, ya que está dirigido por Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Electoral de Ecuador, con lo que se buscó una fachada de perfil técnico. Fue fundado y financiado por fondos públicos venezolanos hace 20 años, lo que transgrede el principio de independencia financiera y amenaza la integridad de la organización, siendo un caso claro de conflicto de intereses.
CEELA ha sido la organización de la que ha tirado el chavismo/madurismo para intentar legitimar los procesos electorales. Sus esfuerzos han ido tan lejos que incluso emitió un informe en el marco de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 que concluía que “el proceso electoral […] cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo en forma satisfactoria”, aunque la empresa que brindó la tecnología al proceso electoral denunciara que la participación electoral se manipuló en al menos un millón de votos. Este es quizá el proceso en el que más expuesto ha quedado el CEELA en Venezuela, cosa que no le ha impedido seguir acreditándose como una organización independiente de observación electoral incluso en otros países de la región y el mundo.
Sirva este espacio también para recordar que Grigory Melkonyants, copresidente de Golos, fue detenido arbitrariamente el 17 de agosto de 2023. El gobierno de Putin ha declarado la organización como “indeseable” y la ha catalogado de “agente extranjero”. Este es el precio que pagan los que hacen observación electoral genuina bajo regímenes autocráticos.
Los esfuerzos de OPEIR y el CEELA para legitimar la elección y contrarrestar los informes de la sociedad civil independiente de Venezuela fueron antecedidos por los gobiernos de Xiomara Castro y Gustavo Petro, que han anunciado el envío de misiones electorales para acompañar el proceso comicial del 28 de julio. En ambos casos se trata más de un acompañamiento partidario que de un ejercicio de observación electoral, ya que los gobiernos, al tener intereses ideológicos y partidarios, están impedidos de hacer observación electoral.
En sus declaraciones del 11 de abril, Nicanor Moscoso y Carlos Aníbal López no mencionaron las inhabilitaciones ilegales contra los candidatos opositores, especialmente la que pesa sobre la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, las intervenciones judiciales a los partidos (incluso al Partido Comunista de Venezuela), las detenciones arbitrarias de los integrantes de Vente Venezuela, o las de Javier Tarazona o Rocío San Miguel. Tampoco se refirieron a los obstáculos para el registro o la actualización de los datos de más de 10 millones de venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, cuestiones básicas en cualquier ejercicio de observación electoral técnico y profesional.
Estos temas no pueden quedar fuera del análisis. De acuerdo con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, “la observación internacional de elecciones examina las condiciones relacionadas con el derecho a votar y a ser elegido, que comprenden, entre otras cosas, la discriminación u otros obstáculos que ponen trabas a la participación en los procesos electorales por motivos de opinión política o de otra índole, género, raza, color, origen étnico, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones, entre ellas, las discapacidades físicas”.
La observación electoral técnica, rigurosa y profesional ha permitido la mejora de numerosos procesos electorales. Cuando se ha desarrollado de manera adecuada, los informes de los observadores han presentado recomendaciones que han servido como guía a los órganos electorales, así como a los legisladores, para introducir reformas que redunden en una participación más amplia y plural, y en procesos comiciales con mayor integridad.
Por su parte, la observación electoral intervenida o politizada es una herramienta usada por los regímenes autocráticos para intentar comprar legitimidad y contrarrestar los efectos de las organizaciones independientes que basan sus hallazgos en una metodología rigurosa, profesional y apartidaria.
Vladimir Putin ganó las elecciones manipuladas celebradas en Rusia en marzo pasado con, presuntamente, el 87% de los votos. Previo a los comicios, según informes recientes (del 2022 al 2024) de Amnistía Internacional, del Comité Mundial para la Defensa de los Periodistas y de la Relatora Especial de la ONU para Rusia, Mariana Katzarova, el gobierno ruso había aprobado nuevas leyes restrictivas, había cerrado decenas de emisoras de radio y televisión y había encarcelado, inhabilitado y/o inducido a salir de Rusia a miles de periodistas, dirigentes de la comunidad LGBT, contrincantes políticos y otros opositores, muchos de los cuales están desaparecidos o muertos.
Como ha ocurrido por años durante sus gobiernos, dos de sus principales adversarios murieron en circunstancias sospechosas: Yevgueni Prigozhin, jefe del militar Grupo Wagner, el pasado 23 de agosto, cuando, luego de retar a Putin, su avión se estrelló; y el más connotado líder de la disidencia, Alekséi Navalni (encarcelado desde 2021), el pasado 16 de febrero, según el Kremlin por “causas naturales”, en una inhóspita prisión siberiana.
Putin y Trump, de extrema derecha y aliados
La victoria de Putin es una gran noticia para su mejor aliado en Occidente, Donald Trump, a quien se le imputan 91 delitos y que llama “genio” al presidente ruso y utiliza a un grupo de republicanos en el Congreso para entorpecer la ayuda a Ucrania y así favorecer a Rusia. A cambio, medios informativos del gobiernamiento ruso como Sputnik, Tass y Russia Today lo elogian permanentemente.
Estamos ante un esquema de colaboración que se ha tornado tan obvio que, para tratar de engañar a ilusos, hace unas semanas Putin alegó públicamente que prefería que Biden fuera reelecto.
No es la primera vez que Putin y Trump (quien tuvo negocios en Rusia), coinciden en torno a intereses políticos comunes. El conocido en Estados Unidos como “informe Mueller” (2019) concluyó que el gobierno ruso favoreció a Trump durante las elecciones de 2016, y además estableció que mantenía esa posición de cara a las elecciones del 2020.
En términos ideológicos, Putin y Trump tienen coincidencias. Ambos son de extrema derecha y comparten un discurso ultranacionalista, supremacista, de falsa superioridad moral, aislacionista, contrario a instituciones occidentales como la OTAN, a libertades civiles y a derechos de las mujeres, grupos étnicos y religiosos, los homosexuales y los inmigrantes.
En este último asunto, Trump es partidario de reprimir el flujo migratorio latinoamericano hacia Estados Unidos. En eso, teóricamente, choca con gobiernos de América Latina de los que se autodenominan “progresistas” y/o de izquierda que históricamente han tratado de proyectarse como los mayores defensores de los derechos humanos.
La mayoría de la izquierda latinoamericana apoya ‘de facto’ a Putin
Además del gobierno del estado caribeño de San Vicente y Granadinas, miembro de la Mancomunidad Británica, y del gobierno salvadoreño del conservador Nayib Bukele, los otros cinco votos contra el repudio a la invasión provinieron de gobiernos de izquierda y/o centro izquierda: Brasil, Bolivia, Honduras, Colombia y México. Originalmente, en 2022, cuatro de esos cinco países (Bolivia se abstuvo) repudiaron la invasión en la ONU, pero hoy han modificado su posición al respecto.
Eso los acerca a los regímenes no democráticos y de izquierda radical de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que, con mayor claridad, han respaldado la agresión rusa que vulnera el Derecho Internacional, viola la soberanía de Ucrania y pisotea el Memorando de Budapest de 1994. En ese documento, firmado libremente por los gobiernos de Ucrania y Rusia de entonces, este último país se comprometió por escrito a reconocer y respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. A cambio, el gobierno de Kiev le entregó 5.000 armas nucleares.
Entre los gobiernos latinoamericanos de izquierda, Chile es la más convincente excepción. Gabriel Boric ha respaldado desde el principio a Ucrania y por tanto al Orden Internacional de Derecho. Además, en otras instancias ha cuestionado vigorosamente la violación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En la reunión de la OEA también el gobierno de Guatemala, de centroizquierda, instalado en enero pasado, votó a favor del repudio a la invasión.
Lula y Petro: líderes de la ortodoxia desde la democracia
Además del respaldo absoluto a la invasión rusa de los autócratas Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, los gobernantes de izquierda al frente de regímenes democráticos en la región, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro (que se proyectan más que los otros presidentes como líderes mundiales), también manifiestan consentimiento por esa acometida perpetrada por un régimen de ultraderecha como el ruso.
Ambos gobiernos han exhibido ortodoxia ideológica desde sus presidencias, que en algo han atenuado ante los nuevos atropellos del régimen venezolano contra su verdadera oposición durante los procesos de poder previos a las elecciones convocadas para julio próximo. No obstante, mantienen esa ortodoxia en el caso de la intrusión rusa. Por tanto, ven en Putin a un aliado estratégico capaz de enfrentar al gobierno de Estados Unidos, la potencia hegemónica que es símbolo del “malvado capitalismo neoliberal”.
Por eso, afirmativamente o por encubrimiento, respaldan a Putin en su barbarie, aunque este hará todo lo posible por llevar a la presidencia de Estados Unidos a alguien que es para ellos un enemigo ideológico, cuyos estilos nso confrontativos y podrían debilitar las relaciones con sus países y mermar las cuantías que por concepto de remesas reciben desde Norteamérica.
¿Será que acaso Trump, en agradecimiento a Putin por su apoyo en las elecciones de 2016, 2020 y 2024, desde su presidencia dejaría deliberadamente espacios en Latinoamérica para que Rusia desarrolle allí su agenda con mayor eficacia?
A lo largo de la historia, la religión fue piedra angular de los sistemas monárquicos, incluso en los grandes tratados como el Leviatán de Hobbes, el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de Locke, Los seis libros de República de Jean Bodin, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y La Ciudad de Dios de San Agustín. Lo que tienen en común estos textos es que conciben el mandato divino como fuente del poder político.
Ahora bien, en el título de este artículo aparece la palabra mesianismo, que tiene una carga ligada a la salvación, la redención y el renacimiento de un ser o nación. Asimismo, está relacionada con una cosmovisión en la que una persona cambia el rumbo de una sociedad a través del cumplimiento de una misión divina. En términos dogmáticos, sin importar la religión, un Dios o ente supremo llegan a la tierra para limpiar de sus pecados a la gente.
La religión como estrategia
En algunos casos la adjetivación de ciertos liderazgos con esta palabra implica una carga peyorativa; sin embargo, para efectos del texto el concepto hace referencia a los políticos que usan la religión como estrategia para consolidar sus proyectos políticos. Asimismo, estos personajes enlistan una serie de soluciones a problemas como la pobreza, la inseguridad, la violencia, la crisis económica y democrática, pero nunca mencionan las políticas públicas, los recursos y la estrategia a seguir.
Estos liderazgos apelan a la mimetización entre su persona y lo que ellos llaman “el pueblo”, que puede ser entendido como una masa o sector poblacional que los apoya y respalda en sus propuestas. En la ciencia política hablar del pueblo se entiende como un concepto vacío, diría Jacques Rancière, en el cual nadie puede explicar sus características. No obstante, se ha llegado a la conclusión de que esta palabra pretende homogeneizar y borrar las diferencias de la ciudadanía.
Ahora bien, el pueblo y la religión tienen una relación simbiótica, ya que en las escrituras religiosas se habla del pueblo de Dios, de la opresión al pueblo santo o de la liberación del rebaño sagrado (sinónimo de pueblo). En estos tiempos, los líderes carismáticos han construido una cosmogonía religiosa como un Jesús revolucionario y rebelde de acuerdo a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, quienes consideran a este personaje un luchador de izquierda.
Otro ejemplo lo encontramos en México con Andrés Manuel López Obrador, quien ha dotado de tintes religiosos a su partido, Morena, que fue fundado el 12 de diciembre de 2014, día de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, en sus discursos ha hecho uso de los elementos religiosos como el Sagrado Corazón de Jesús para hacer frente a la pandemia de covid-19; también ha mencionado que es mejor tener un par de zapatos en vez de varios, ya que se peca de soberbia y es mejor vivir en la pobreza de forma digna.
Existen otros ejemplos, como el lema “Dios, patria y familia” de Jair Bolsonaro en Brasil para atraer el voto evangélico, apelar a la familia tradicional y al nacionalismo brasileño. Tras su derrota en el ballotage de 2022, sus simpatizantes oraban cerca de los cuarteles militares y pedían a Dios un golpe de estado para evitar el ascenso de Lula da Silva.
Por otro lado, en Estados Unidos Donald Trump ha implementado ritos religiosos al terminar sus mítines con el objetivo de atraer el voto evangélico. El trumpismo ha logrado transformar la pasión política en devoción hacia su persona; sus simpatizantes creen fervientemente que el expresidente tiene una misión, y es hacer grande a los Estados Unidos de nuevo.
Al revisar a otros populistas que no se encuentran en el continente americano, encontraremos, por ejemplo, en la India, a Narendra Modi, quien busca consolidar un modelo de democracia hindú dando prioridad a las personas de esta religión y dejando de lado a otras religiones. En Turquía el proyecto de Recep Tayyip Erdogan es la abolición del estado laico para erigir una democracia islámica que sustente sus prácticas autoritarias.
La crisis de la democracia
Para entender este nuevo fenómeno es necesario observar la crisis de la democracia que ha sido estudiada por politólogos como Adam Przeworski, John Keane, Pippa Norris o Arent Liphart. Estos autores han analizado el descontento con el pluralismo, el diálogo y la política tradicional: el malestar se ha generalizado al punto de que la ciudadanía ya no confía en los políticos o partidos tradicionales. Este es el punto medular para entender por qué la fe se ha convertido en un motor de campañas y candidatos outsiders o autoritarios.
Las religiones se han convertido en una herramienta para que las y los votantes vuelvan a creer en los candidatos. A lo largo del siglo XX la presencia de un líder carismático, como diría Max Weber, bastó para seducir a las masas de diversas partes del mundo. Sin embargo, ahora el populismo se ha mezclado con la religión en aras de sacralizar la política y transitar de un modelo de confianza y vigilancia en el que se obliga a los políticos a rendir cuentas a uno en el que la ciudadanía se convierte en creyente de un personaje.
Es necesario replantearnos la erosión democrática y el desgaste del modelo de rendición de cuentas, que está siendo sustituido por los dogmas. Uno de los problemas que concibo es que los nuevos autoritarismos utilizan como base de su poder la religión y con ello pretenden dotar de misticismo a los políticos, en aras de que la base social devenga en creyente.
La política no es una cuestión de fe; para eso están las iglesias o templos, no los políticos. Empero, cuando el dogma se antepone a la razón, entonces la política y la ciudadanía pierden terreno y se da paso a la semilla del fanatismo. Un país fanático de un personaje o líder abre la puerta a la violencia y a la censura, bajo el argumento de que una sola visión está permitida.
Las relaciones entre China y América Latina han adquirido una relevancia creciente desde principios del siglo XXI. Este fenómeno se ha producido en un contexto de profundas transformaciones en el orden internacional, caracterizado por el ascenso de China en la geoestructura internacional y la implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). Pero ¿cómo ha evolucionado la relación entre América Latina y China a través del Foro China-CELAC, considerando sus antecedentes, estructura institucional e hitos históricos?
Trayectoria del acercamiento entre América Latina y China
Desde su establecimiento en 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha desempeñado un papel fundamental como líder en el proceso de integración regional. Sin embargo, esta dinámica se vio afectada a partir de 2017 debido a divisiones internas y a la falta de consenso, lo que condujo a una paralización entre 2018 y 2020. Esta situación se vio agravada por la decisión del gobierno de Bolsonaro, de suspender la participación de Brasil en el organismo a principios de 2020, lo que generó un período de incertidumbre para la integración regional latinoamericana.
La reactivación de CELAC tuvo lugar durante 2020 bajo la Presidencia Pro-Tempore de México, país que logró convocar de manera virtual, debido a la pandemia de COVID-19, tanto a la XXIX reunión de coordinaciones nacionales de la CELAC (el 22 de septiembre) como a la XX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (el 24 de septiembre), ambos eventos en el marco del 75° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reactivación plena de la CELAC se materializó con la realización de la VI Cumbre de la CELAC, celebrada en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021.
Por su parte, China ha mantenido una estrategia activa hacia América Latina desde la década de 1990, con el entonces presidente Jiang Zemin (1993-2003) como uno de sus principales impulsores. Sin embargo, avances sustanciales en esta relación se alcanzaron más adelante, durante el gobierno de Hu Jintao (2003-2013). En primer lugar, en 2008, con la publicación del «China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean» (conocido como Libro Blanco de 2008); y luego, en 2012, cuando el entonces Primer Ministro de China Wen Jiabao pronunció un discurso en las oficinas de la CEPAL, en Santiago de Chile. Este discurso no solo impulsó significativamente la relación, sino que también materializó las directrices delineadas en el Libro Blanco.
Entre las iniciativas mencionada por Wen Jiabao en 2012, destacaron la creación de un Fondo de Cooperación China-América Latina y el Caribe, destinado a impulsar la cooperación en diversos sectores junto al otorgamiento de una línea de crédito especial de USD10,000 millones de dólares, dirigida a promover la construcción de infraestructuras clave, como ferrocarriles, carreteras, puertos, centrales eléctricas o redes de telecomunicaciones en la región.
Sin embargo, especialmente relevante fue la propuesta de establecer un Foro de Cooperación China-América Latina y el Caribe, que serviría como una plataforma para institucionalizar y fortalecer los vínculos entre ambas partes. Continuando con la voluntad expresada por los gobiernos anteriores, la propuesta del Foro China-CELAC finalmente se materializó el 17 de julio de 2014, cuando el Presidente Xi Jinping, asistió a la reunión de líderes chino-latinoamericanos y caribeños en Brasilia. En este encuentro histórico, se anunció la inauguración oficial del Foro China-CELAC y se convocó a la primera reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la que se realizó en Beijing.
Estructura institucional del Foro China-CELAC
El Foro China-CELAC se distingue por su institucionalidad intergubernamental simple, pero que proporciona un marco para el diálogo y la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. En el nivel más alto, se encuentra la Reunión Ministerial, que reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la CELAC y China. Esta reunión se ha llevado a cabo en tres ocasiones, siendo la última en México en diciembre de 2021. Estas reuniones han marcado momentos clave, pues no solo han permitido que los países participantes coordinen sus esfuerzos y definan estrategias comunes para abordar desafíos regionales y globales, sino que han sido esenciales para definir la agenda y explorar nuevas oportunidades de cooperación.
A continuación, se presenta como una instancia de coordinación más dinámica y compacta el mecanismo de Diálogo entre Ministros de Relaciones Exteriores de China y el Cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Es importante destacar que el cuarteto de la CELAC está compuesto por la Presidencia Pro Tempore (PPT) anterior, la PPT actual, la PPT próxima y la PPT de CARICOM. Este mecanismo de diálogo desempeña un papel fundamental en la coordinación de políticas y estrategias comunes, promoviendo la coherencia y la eficacia en la relación entre ambas partes.
Después se encuentra la Reunión de Coordinadores Nacionales, que desempeña un papel crucial para el funcionamiento de las reuniones ministeriales, pues es donde se preparan los detalles logísticos y se realiza un seguimiento de los acuerdos alcanzados por los líderes. Al convocarse al menos una vez al año, esta reunión busca garantizar una coordinación efectiva y una implementación fluida de los acuerdos alcanzados.
Adicionalmente a estas instancias de coordinación política, dentro del marco del Foro China-CELAC se han creado diversos subforos temáticos que se centran en áreas específicas de interés tanto para China como para América Latina, como agricultura, innovación científico-tecnológica, empresarial, entre otros. Estos subforos han facilitado una dinámica más detallada y especializada de aspectos clave de la cooperación bilateral.
Hitos en la evolución histórica del Foro China-CELAC
La evolución histórica del Foro China-CELAC ha sido testigo de hitos significativos en la relación entre China y los países de América Latina y el Caribe, los cuales se han materializado en las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, que representan la máxima autoridad dentro del foro. En su primera reunión ministerial de enero de 2015, el Foro trazó una cooperación basada en principios de flexibilidad y participación voluntaria. En este contexto, se estableció la Declaración de Beijing y se acordó el Plan de Cooperación 2015-2019, que delineó objetivos ambiciosos para fortalecer el comercio y las inversiones entre ambas partes durante el siguiente lustro.
La segunda reunión ministerial, celebrada en Santiago de Chile en enero de 2018, consolidó aún más esta asociación mediante la Declaración de Santiago y la adopción del Plan de Acción 2019-2021. Este plan reflejó el compromiso de ambas partes de promover el desarrollo sostenible en la región, aprovechando las oportunidades presentadas por la iniciativa «La Franja y la Ruta» de China.
En la tercera reunión ministerial, realizada de manera virtual en diciembre de 2021 debido a la pandemia de COVID-19, resultó una declaración conjunta y la adopción del Plan de Acción 2022-2024. Este plan representa el paso más reciente en la cooperación entre ambas partes, con un enfoque renovado en áreas como la política y la seguridad, la cooperación económica, la ciencia y la tecnología, la infraestructura de alta calidad, la cooperación social y cultural, entre otros aspectos.
Perspectivas hacia el futuro
El Foro China-CELAC se ha consolidado como un mecanismo esencial para fomentar la cooperación entre China y América Latina, destacando su flexibilidad institucional y su enfoque en las necesidades de cada parte. A lo largo de sus tres reuniones ministeriales, se ha desarrollado una agenda robusta orientada a promover el diálogo, la colaboración y el intercambio en diversas áreas de interés mutuo. Sin embargo, el último hito histórico del Foro China-CELAC se dio en 2021, lo que plantea el reto de seguir fortaleciendo esta asociación.
En ese sentido, es crucial reconocer que pronto podría ser publicada la tercera edición del Libro Blanco hacia América Latina que delinearía las directrices y objetivos de China en su relación con la región. Además, se espera que se realice la Cuarta Reunión de Ministros del Foro China-CELAC, la cual podría tener lugar en China, otorgándole a este país un rol más protagónico en la conformación de la agenda bilateral.
Finalmente, se anticipa la emisión de un nuevo plan de acción que deberá abarcar el período de 2025 hasta, al menos 2027, con el fin de orientar y estructurar la cooperación entre China y América Latina en los años venideros.
* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM
¿Por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó esta semana que la oposición está tramando un golpe de estado técnico a través del Poder Judicial? ¿Por qué lo hace sin aportar ninguna evidencia? ¿Por qué hasta el momento el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha acusado recibo y lanzado un llamado a que no intervenga nuevamente en el proceso electoral? ¿Acaso no podría ser él quien está fraguando una forma para conservar el poder? Lo cierto es que su interferencia sistemática en el proceso electoral ha sido y es perniciosa, con el resultado de delitos electorales.
Nada tiene que ver esto con la libertad de expresión. AMLO no es un ciudadano más, sino el presidente de la República. Y los ciudadanos de a pie sí tienen derecho a la libertad de expresión, mientras que el presidente se debe a la Constitución. Recordemos que en la toma de posesión del cargo de presidente de la República juró “respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. O tiene una confusión mayúscula o actúa para provocar un escenario de ruptura de las reglas de convivencia democrática.
Las “conferencias mañaneras” de López Obrador se han convertido en el escenario perfecto para violar la ley. No sabemos si impunemente, porque si bien están los llamados del INE para que el presidente sea respetuoso con la ley electoral, también están las denuncias de la oposición, que, en su momento, el tribunal electoral deberá valorar qué tanto violan las leyes.
Y es que, más allá de lo que digan las encuestas de intención de voto, esas fotografías instantáneas, estamos ante lo que el politólogo Adam Pzerworski identifica como “incertidumbre democrática” por la formación de dos grandes bloques electorales: el del oficialismo que postula a Claudia Sheinbaum y el de la oposición que postula a Xóchilt Gálvez.
Ahora bien, según constitucionalistas y politólogos consultados por el diario El Universal entre los que destacan Mauricio Merino, Francisco Burgoa y Javier Martín Reyes, sería el propio AMLO quien esté fraguando un autogolpe de estado en el caso de que su candidata, Claudia Sheinbaum, no sea beneficiada por el voto mayoritario de los mexicanos.
Y podría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia constitucional encargada de validar y calificar la elección presidencial, quien salga a declarar después de desahogar los recursos interpuestos por las violaciones a la ley que no son legales o que no ganó su candidata.
O sea, el presidente se está poniendo los zapatos antes de espinarse. Y es que, como bien señala Mauricio Merino, el presidente viola sistemáticamente la Constitución al grado que usa los recursos del gobierno hasta para promover la venta de su último libro, donde da las gracias al pueblo de México. Y eso es inconstitucional.
Repito: el presidente se debe a la Constitución, no a sus humores y preferencias electorales. No es libertad de expresión: es otra cosa, y esa libertad está destinada a los simples mortales. Así que hay que estar atentos a sus desplantes incluso de una realidad que cada día se descompone más por la violencia imparable que ya no solo acaba con la vida personas sino también con su hábitat: pueblos enteros que están siendo desalojados por temor a la muerte o, peor, por las pérdidas familiares.
El artículo 29 de la Constitución establece que en una situación de excepción el presidente puede declarar suspendido el proceso electoral y continuar en forma extraordinaria en el poder como ha sucedido en otros países (léase, a propósito, el libro revelador Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, que se dieron a la tarea de documentar experiencias, así como proponer antídotos institucionales).
Lamentablemente, si las cosas empeoran, se están cuadrando para mal. Lo que está sucediendo en la calle y en los órganos electorales va perfilando un escenario que pone y pondrá a prueba a las instituciones democráticas. Y es que no es poca cosa lo que en estas elecciones está en juego. No son solo unos cargos públicos sino la vigencia del sistema democrático. Y eso le da otro carácter a la elección presidencial, y es en ella donde cobran sentido las palabras y los hechos de Palacio Nacional incluso más allá, en los sótanos de la política.
Y será entonces cuando podremos dar respuestas definitivas a las preguntas con las que abrimos este artículo. Esperemos que no sea demasiado tarde.
En ese momento la sociedad consideraba a los hombres de negocios como héroes, se pensaba en un futuro promisorio. Al poco tiempo llegó la crisis, que afectó al país en cuestión de manera profunda. La caída del producto bruto interno (PBI) resultó de las más pronunciadas, mientras vastos sectores de la población perdían sus trabajo y ahorros. Muchos cayeron en la pobreza.
La crisis que afectó al país en cuestión indujo una fuerte devaluación, la cual profundizó aún más la recesión que se experimentaba mientras crecía la inflación. El sector financiero se hallaba fuertemente comprometido. La gravedad de la situación obligó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el país en cuestión la reputación de la clase política resultó fuertemente afectada. Los partidos políticos tradicionales, que hasta ese momento habían dominado el escenario político, se vieron fuertemente desprestigiados. En los titulares de los principales medios periodísticos abundaban las denuncias de corrupción, se ventilaban los negociados de políticos y empresarios, o empresarios devenidos en políticos, y saltaban datos de sus cuentas en los principales paraísos fiscales.
El país en cuestión, afortunadamente, se hallaba bendecido de recursos naturales. Producía alimentos y energía a precios competitivos. Esto último atrajo inversiones en minería de criptomonedas, una actividad electrointensiva. La crisis imponía una mayor explotación de los recursos naturales, lo que para la dirigencia representaba la alternativa más rápida para obtener divisas y sortear la falta de fondos que mostraba la situación. A menudo se suscribía nueva deuda para dinamizar el nuevo sector; la historia sin fin.
Fruto de la devaluación, la posición externa del país en cuestión mejoró con rapidez. Afortunadamente, pero no tanto. Dicha mejora económica resultaba desigual, y la caída en la calidad de vida seguía perjudicando a numerosas familias.
El país en cuestión es considerado “pequeño”: tal es la calificación brindada por los manuales de economía internacional. Esta característica implica la imposibilidad de influir en la dinámica de los mercados internacionales, supongamos de energía o alimentos. El mismo manual plantea mercados globales operando en un marco competitivo. Las ventajas competitivas, al decir de David Ricardo, dinamizan el comercio al tiempo que garantizan el bienestar de los pueblos. No resulta este el ámbito para analizar la validez de tal teoría, aunque convendría observar visiones de economía internacional más recientes para así, por caso, comprender el éxito exportador de Japón, Corea del Sur o China. Aquellos que avanzaron lo hicieron a partir de recrear nuevas habilidades, generar ventajas dinámicas donde el Estado juega un rol preponderante, sea regulando bien promoviendo la “salida global” de sus empresas. Pensemos aquí en los aportes teóricos de Paul Krugman o en las contribuciones empíricas de Alice Amsden, Ha-Joon Chang o Justin Lin.
La globalización
Dejemos aquí el debate académico y cambiemos el ángulo de análisis. Si en la década de los 90 la globalización cegó a los hacedores de política de la verdad revelada detrás del “milagro asiático”, veinte años más tarde el ascenso de China mostraría su plena validez. Adentrado el siglo XXI, sin embargo, la geopolítica devendrá la visión preponderante de la economía global. Comercio e inversiones se ven interpelados por nuevas aproximaciones. Las políticas de industrialización ya no están cuestionadas, hasta el propio Fondo las promueve. También acepta la conveniencia de introducir medidas macroprudenciales para evitar los excesos que a menudo provoca la globalización financiera, una versión edulcorada de los controles de capitales vigentes en la posguerra.
Es momento donde los caminos se bifurcan, se descubren alternativas. Las historias nos presentan lecciones. Las crisis cuestionan, implican el devenir de momentos críticos, puntos de quiebre, reflejan un camino plagado de riesgos, pero también de oportunidades. Y, como manejando en una ruta, observamos múltiples señales. Algunas salidas pueden conducirnos al estancamiento, a terminar implementando un programa de “ajuste perpetuo” en beneficio de la minoría. Pero si elegimos convenientemente, la ruta puede conducirnos a un futuro más justo, más inclusivo. Cuando se presenta la bifurcación se relajan, momentáneamente, las restricciones políticas habituales. Estamos frente a un momento crítico, fundacional, que brinda la oportunidad para un profundo cambio en la organización social, en la protección ambiental.
Atravesar un momento crítico, sin embargo, no necesariamente nos lleva al cambio transformador. Algunas coyunturas refuerzan el modelo preexistente. Tal es el caso de Argentina, la tierra de las grandes oportunidades a menudo desperdiciadas. El faro cultural de América Latina, hoy gobernado por la extrema derecha que se disfraza de liberal pero actúa de manera poco republicana. De crisis en crisis desde los años 70, la sociedad argentina no logró superar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), pese a los límites que mostraba. Con la apertura financiera se terminó frustrando cualquier intento de crecimiento con inclusión. Toda política que intente minimizar la volatilidad que acompaña a la libre movilidad de capitales resulta ampliamente resistida. Toda herramienta que tienda a controlar los movimientos financieros transfronterizos resulta fuertemente cuestionada. Para las elites, todo resuena a keynesianismo.
El país se caracteriza también por la prevalencia de un consenso extractivo, ayer auspiciado por gobiernos neoliberales o neodesarrollistas, hoy instrumentado por el gobierno de extrema derecha y los mandatarios provinciales. Solo es posible salir de la crisis en cuestión a partir de los recursos, uno de los puntos centrales del gran “Acuerdo de Mayo” propuesto por Javier Milei. Ello implica, entre otras cosas, no desaprovechar la oportunidad que brinda vaca muerta. Aprovechándose de diversas ventajas impositivas, así como de amplios subsidios, en Zapala, localidad de la provincia del Neuquén, la energía eléctrica resulta extremadamente barata. Al menos para aquellos empresarios dedicados al minado de criptomonedas, una actividad que describen como motor de desarrollo –obviamente, con escaso recelo por sus efectos sobre el medio ambiente.
Si queremos arreglar la situación del país de manera definitiva, no queda otra que el ajuste y la degradación del medio ambiente. Aunque la austeridad castiga a muchos y beneficia a unos pocos. Pensemos si no cuáles son los sectores que ganaron y perdieron después de 100 días de La Libertad Avanza en el poder. Los salarios se pulverizan, las pensiones se licuan, aumentan los despidos, se cierran dependencias públicas. Se propone eliminar las excepciones a la ley de glaciares, avanzar con el extractivismo a toda costa.
Mientras tanto, aumentan las prepagas, los servicios públicos devienen impagables, el aumento en los combustibles brinda ganancias extraordinarias a las petroleras, el sector financiero florece mientras las reservas de litio se regalan al mejor postor. Y así más. Libertad para los capitales. Libertad para contaminar el medio ambiente. Para las élites, el juego es a todo o nada. En nombre del mercado se justifican, con crueldad, los costos que generan las medidas. Las mayorías sufren mientras el círculo rojo festeja.
Crisis que devinieron en oportunidades
Afortunadamente, abundan los ejemplos de crisis económicas profundas que devinieron en oportunidades. Tal el caso de Islandia. Un país pequeño, tanto en lo poblacional como en lo económico, ciertamente mucho menos relevante que Argentina en el contexto internacional.
Señalado como modelo por su nivel de integración financiera y apertura económica, este país resultó fuertemente expuesto por la crisis financiera global (CFG) del 2008. La crisis fue total. A la abrupta caída en el nivel de actividad se sumó el colapso del sistema financiero: los tres principales bancos se declararon en quiebra. Al momento de la CFG, los activos combinados de estos bancos representaban 14 veces más que el PIB de Islandia. Los inversores olían sangre, particularmente aquellos asentados en Gran Bretaña –recordemos que estas entidades financieras captaron gran parte de sus depósitos en la plaza financiera de Londres–. Pero las autoridades lograron un acuerdo histórico con el Fondo, que reconoció la necesidad de reintroducir el control a los capitales transfronterizos.
En el acuerdo stand by (ASB), firmado a finales del 2008, Islandia acordó con el Fondo introducir medidas de control de capitales cuya permanencia se estimaba en un semestre. Pero será en 2017 cuando estas medidas comienzan a ser revertidas, aunque parcialmente: el control perdura hasta 2021. Al mismo tiempo, el gobierno introdujo una serie de regulaciones destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero doméstico. Ello permitió a las autoridades de la isla estabilizar el tipo de cambio y reprogramar su deuda al tiempo que diversificaba la economía.
El recambio político, por otra parte, permitió a Katrín Jakobsdóttir acceder en 2017 al poder. A partir de ese momento, la primera ministra, parte de la coalición de izquierda – verde, comenzó a implementar una serie de medidas políticas transformadoras. Pero fue la pandemia primero, y la invasión de Ucrania después, lo que terminó de moldear una nueva visión. Ante la irrupción de nuevos eventos críticos, y el agravamiento de la crisis geopolítica, Jakobsdóttir decidió prohibir la minería de criptomonedas, una actividad que consumía más electricidad que la totalidad de la población de la isla.
Al mismo tiempo, el gobierno introducía un programa agrícola destinado a fortalecer la seguridad alimentaria tanto como aquella de corte energético. Tal decisión no resulta aislada. Este tipo de política resulta central en numerosos países de Asia, y es vital para China o India. Tras la invasión de Crimea en 2014, también la UE comenzó a reconocer la necesidad de este tipo de medidas. La escalada de Rusia fortaleció esta política.
Hasta aquí las lecciones del país en cuestión, una historia abierta a finales diversos. Uno de ellos es distópico: privilegia la rentabilidad de unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría tanto como la denigración del medio ambiente. La pobreza que corroe el tejido social de una Argentina que supo iluminar culturalmente a la región. Una crisis de biodiversidad que se oculta tanto como se niega el cambio climático. Otro es promisorio: resalta la búsqueda de un futuro inclusivo y sostenible, donde la ética sustente el diseño de políticas públicas, la planificación de medidas para evitar las hambrunas del mañana o la garantía del calefaccionamiento de los hogares. Escapa a este artículo destacar qué nos depara el futuro; lo único que puede aseverarse es la imposibilidad de volver al pasado. A veces la libertad atrasa.
La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ubicada en Ecuador es uno de los proyectos chinos más antiguos, grandes y polémicos de América Latina. Destinado a proporcionar aproximadamente entre el 20% y el 30% de la producción eléctrica diaria de Ecuador, el proyecto hidroeléctrico fue construido por la empresa estatal china Sinohydro y financiado mediante un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China. Sin embargo, tras su inauguración en noviembre de 2016, la presencia de fisuras en las tuberías de distribución de la central eléctrica, las amenazas a la obra de captación por una severa erosión regresiva y una investigación de corrupción multimillonaria que involucra al ex-Presidente de Ecuador Lenín Moreno, han generado innumerables titulares titulares en los medios internacionales.
Además, ocho años después de su inauguración formal, el proyecto aún no ha sido “recibido” formalmente por el gobierno ecuatoriano del contratista Sinohydro, que completaría el contrato llave en mano. Y es que a pesar de los repetidos procedimientos de soldadura, las fisuras mencionadas aún no han sido reparadas por completo y se ha puesto en duda si es posible una reparación duradera.
Arbitraje internacional
Ecuador y Sinohydro se encuentran actualmente en un proceso de arbitraje internacional para determinar cómo se resolverán las fisuras. Mientras tanto, se reporta que se están llevando a cabo negociaciones entre el gobierno ecuatoriano y Sinohydro para concluir un acuerdo en el que Ecuador le cedería la operación del proyecto a cambio de “liquidez”. Actualmente la hidroeléctrica es operada por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador por medio de una Unidad de Negocio específica para el complejo Coca Codo Sinclair.
Si Sinohydro asume las operaciones de Coca Codo Sinclair, esto puede hacer sonar las alarmas entre los críticos de los proyectos de infraestructura chinos que advierten a los países del Sur Global contra la “diplomacia de la trampa de la deuda”. Aunque la narrativa china de la “trampa de la deuda” ha sido refutada repetidamente por los académicos, el debate sigue siendo prominente, particularmente entre los actores estadounidenses. Parte de la narrativa es que China puede tomar el control de proyectos de infraestructura vitales, amenazando así la soberanía de los países (el puerto de Hambantota en Sri Lanka es el principal ejemplo citado por los defensores de la trampa de la deuda).
Sin embargo, el potencial arrendamiento de Coca Codo Sinclair a Sinohydro no es la historia de una trampa de deuda. Muchos ecuatorianos estarían ansiosos de que Sinohydro asumiera la responsabilidad de este arriesgado proyecto, que según algunos ingenieros corre el riesgo de colapsar debido a las fisuras (en la casa de máquinas) y, por separado, a la erosión regresiva del río Coca (la obra de captación).
Múltiples escándalos
Además, Sinohydro, y el gobierno chino por delegación, se centran en controlar los daños a la reputación en lugar de buscar un punto de apoyo geoestratégico en Ecuador. Los diversos escándalos del proyecto han puesto a los medios chinos a la defensiva y Sinohydro Ecuador incluso lanzó una campaña en las redes sociales para moderar las duras críticas. En base a múltiples fuentes, los actores chinos están muy en sintonía con la mala publicidad generada por el proyecto, así como con los altos costos de mantener el status quo. El acuerdo podría potencialmente resolver un dilema tanto para Sinohydro como para el Estado ecuatoriano: Sinohydro no dejaría atrás un proyecto muy difamado y supuestamente «desmoronado» y Ecuador ganaría dinero en lugar de arriesgarse a nuevos escándalos.
Los rumores sobre la posible concesión de Coca Codo Sinclair por parte de Ecuador comenzaron a circular en noviembre de 2022 cuando el entonces Ministro de Energía Fernando Santos afirmó que lo ideal sería que Sinohydro “se quedara” con el proyecto. En diciembre de 2022, Santos explicó que esa posibilidad había sido discutida por la dirección de Sinohydro, el entonces presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el embajador de China en Ecuador.
En ese marco, Sinohydro sería responsable de la reparación, operación y administración de la instalación hidroeléctrica y, a cambio, devolvería parte del dinero invertido por Ecuador. Resumió el acuerdo así: “Ellos corren el riesgo, porque es altísimo. Ellos dicen que la obra durará 50 años. Perfecto. Devuélvannos la plata y les devolvemos la obra”. El gerente general de la empresa pública de electricidad de Ecuador, CELEC, afirmó que el hipotético acuerdo con PowerChina, la matriz, delegaría su funcionamiento durante aproximadamente 30 años.
La posibilidad de concesionar el proyecto de infraestructura más grande de Ecuador, comprensiblemente, provocó un debate interno. Los críticos afirmaron que este acuerdo representaría un fracaso para el Estado ecuatoriano, ya que significaría mayores precios de la electricidad para los ciudadanos. Privatizaría efectivamente la infraestructura pública que es crítica para el desarrollo nacional. El gobierno tendría que negociar el precio de la concesión, su duración (probablemente entre 20 y 30 años) y el precio por kilovatio/hora al que el Estado recompraría electricidad a Coca Codo Sinclair. Que la concesión del proyecto ayude o perjudique los intereses ecuatorianos depende de estos precios.
Mientras tanto, en marzo de 2023 Sinohydro decidió posponer las negociaciones sobre Coca Codo Sinclair a la luz de la acusación por parte de la Fiscalía General de 25 personas por acusaciones de soborno en torno al proyecto, incluidos cuatro representantes de Sinohydro y un exembajador chino. El Ministro de Energía Fernando Santos afirmó repetidamente que las negociaciones avanzarían, pero avanzaron lentamente, especialmente cuando el expresidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas (muerte cruzada).
A la espera de un cambio
Tras las elecciones nacionales de agosto de 2023, se celebró una reunión entre el Ministerio de Energía y PowerChina, pero después de que el nuevo presidente Daniel Noboa asumiera el cargo en noviembre, pronto reemplazó a Santos por la actual Ministra de Energía, Andrea Arrobo. No estaba claro si la administración de Noboa continuaría con las negociaciones de Coca Codo Sinclair. Más recientemente, en febrero de 2024, la Canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield transmitió en una entrevista que la concesión de Coca Codo Sinclair, junto con la presa Toachi-Pilatón, todavía estaba sobre la mesa. Afirmó que entidades chinas operarían las represas a cambio de “liquidez”, aunque no ofreció más detalles.
Coca Codo Sinclair suministró un total de 40% de la producción eléctrica de Ecuador al 11 de marzo según el Operador Nacional de Electricidad CENACE. Difícilmente se puede subestimar el impacto de este proyecto en la confiabilidad y el costo de la electricidad en Ecuador, especialmente en un contexto donde la escasez de electricidad ya es un problema crítico que probablemente lo será aún más como resultado del cambio climático. En última instancia, los términos del acuerdo negociado entre Sinohydro y el Estado ecuatoriano (sobre el precio de la concesión, su duración y el precio de la electricidad) son primordiales.
El verdadero debate es si el pueblo ecuatoriano se beneficiará de la concesión de un proyecto público a una empresa internacional, no los objetivos geopolíticos del Estado chino. Si se puede llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, así como al pueblo ecuatoriano, los observadores deberían centrar su análisis en los términos del acuerdo y resistir la tentación de encajar el destino de Coca Codo Sinclair en una narrativa mal concebida sobre la trampa de la deuda.
* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM
La retórica sobre la igualdad de género en Brasil nunca ha estado más presente, al igual que las historias sobre empresarias de éxito, el auge del universo femenino en la universidad, las noticias sobre una mayor presencia de comisarías femeninas y las demandas por abuso o acoso sexual con resultados favorables para las mujeres víctimas. ¿Signos inequívocos de un país que avanza hacia la igualdad de género?
Según el Índice Global de Brecha de Género 2023, Brasil ocupa el puesto 57 de 146 países en términos de igualdad de género. Se trata de la mejor posición que el país ha ocupado desde 2006, habiendo subido 37 puestos en el último año. Las mejoras más significativas que han provocado este ascenso se han producido en la política. Elegido en una plataforma de centro-izquierda y derrotando a un candidato abiertamente antifeminista, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo historia en su primer año al nombrar al mayor número de mujeres en puestos ministeriales del país y aumentar la representación femenina en el Parlamento en 2,9 puntos porcentuales.
La igualdad en política
Más allá de los índices globales, la igualdad de género en política también ha sido notable para las mujeres brasileñas. Un estudio reciente del instituto de investigación Market Analysis, en colaboración con la red WIN, reveló que el 41% de las mujeres cree que el ideal de igualdad entre los sexos se ha alcanzado total o parcialmente en la política brasileña. Esta cifra representa un aumento significativo del 16% desde 2018. Un porcentaje aún mayor, que comprende más de la mitad de las mujeres (53%), cree que la igualdad de género también se ha logrado en las artes, los deportes, el hogar y el trabajo.
Los hombres son más elogiosos con estos avances que las propias mujeres, un fenómeno que se viene advirtiendo desde hace años y que puede tanto resaltar su compromiso con la agenda como exagerar la interpretación de unos avances que parte del universo femenino sigue considerando que se producen a una velocidad glacial y son más cosméticos que sustantivos. ¿Será que el sesgo masculino en la sobrevaloración de los avances de género es más un signo de una preocupante satisfacción mayoritaria que alimenta el conformismo social, fruto de la popularización del concepto de «igualdad de género» en las redes sociales, las escuelas, las telenovelas y los informativos, que un reflejo de mejoras concretas en la calidad de vida de las mujeres?
La encuesta de Market Analysis/WIN revela los verdaderos colores de la desigualdad de género en Brasil: la gran mayoría de las mujeres afirma percibir que tiene menos oportunidades laborales y profesionales que los hombres (70%). En comparación con 2021, también ha aumentado el porcentaje de mujeres que afirman haber sufrido violencia física o psicológica en el último año (+6,4%) y el de las que dicen haber sufrido acoso sexual (+1,2%), experiencias traumáticas que se sabe que son recurrentes y poco denunciadas en las encuestas.
Percepción y realidad
¿Qué puede haber en el fondo de esta tensión entre lecturas optimistas y admisiones pesimistas? ¿Qué podrían explicar la discrepancia entre una percepción evolutivamente favorable sobre la igualdad de género en general y los datos alarmantes sobre inseguridad y la violencia hacia las mujeres y las menores oportunidades profesionales?
Si no fuera porque las mujeres valoran muy favorablemente la consecución de la igualdad de género en los distintos ámbitos mencionados, podría argumentarse que es la percepción de los hombres la que eleva las estadísticas de satisfacción. Los hombres de más edad (mayores de 65 años) y los pertenecientes a clases socioeconómicas más acomodadas son tres veces más proclives que las mujeres a afirmar que se ha alcanzado la igualdad de género, especialmente en los ámbitos profesional, político y doméstico. Acostumbrados a la escasez o ausencia de mujeres en las dos primeras esferas, y a su sumisión en el mundo doméstico, es posible que baste un mínimo cambio en este escenario para que la valoración de los baby boomers varones y de aquellos con un nivel de bienestar muy por encima de la media considere suficientes los avances.
Tampoco es de extrañar que la educación tenga un efecto peculiar. Los hombres con un nivel educativo alto, es decir, universitario o superior, se unen al coro de hombres satisfechos: una mayoría (65%) ve progresos tangibles. Entre sus homólogas femeninas, es decir, las mujeres con máster, doctorado o MBA, menos de la mitad están de acuerdo en que la igualdad de género está cerca de alcanzarse en el ámbito doméstico.
Esta valoración optimista de la igualdad de género en Brasil se intensifica entre las minorías no heteronormativas. Mientras que la gran mayoría de los hombres homosexuales (70%) cree que se ha alcanzado la igualdad de género en el hogar, en las artes, en los deportes y en el trabajo, así como en la política, la mayoría de las mujeres lesbianas no está de acuerdo (65%). Para ellas, este ideal está lejos de alcanzarse, especialmente en la política y en el trabajo. Por desgracia, también han sufrido más acoso sexual y más violencia física o psicológica.
En este marco, debemos preguntarnos si estamos celebrando los éxitos alcanzados hace décadas, los avances meramente formales en los ordenamientos jurídicos y normativos, o la igualdad puesta en práctica en la vida cotidiana y en las trayectorias de las mujeres brasileñas. Lo primero debemos celebrarlo como historia; lo segundo, como derechos; pero si las niñas y las mujeres siguen siendo objeto de diversas formas de discriminación y violencia de género, el ideal de igualdad está aún muy lejos.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (entrada en vigor en 1964) es aceptada por la inmensa mayoría de naciones del planeta y es uno de los mayores éxitos del Derecho Internacional. En su artículo 22 dice expresamente: «1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.» La acción del gobierno ecuatoriano al invadir sin consentimiento la embajada de México en Quito, es una clarísima violación a la Convención de Viena y retrocede incontable cantidad de años en el Derecho Internacional y Diplomático.
Para ejemplificar mejor la gravedad de los hechos, vale recordar el muy lamentable ataque en la embajada de Chile en Costa Rica por parte de un oficial de la Fuerza Pública costarricense hace varios años. En aquel momento, a pesar del ataque y la tentación por parte de la policías costarricenses de ingresar e intentar neutralizar al atacante, esta no lo hizo hasta que José Miguel Insulza -en aquel momento Ministro del Interior de Chile y de visita en Costa Rica- dio la autorización de ingreso. La orden llegó cuatro horas después de iniciado el ataque. Costa Rica respetó en todo momento la inviolabilidad de la misión chilena a pesar de la urgencia del caso.
Retomando el caso de la vulneración de la sede diplomática mexicana en Quito, tal como se puede ver en varios videos que circulan, el agente diplomático mexicano, encargado de velar por su misión, fue vulnerado en su dignidad y por la fuerza por parte de la policía ecuatoriana.
Eso es una violación expresa del artículo 29 de la Convención de Viena que dice textualmente: «La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.»
El mundo entero debe felicitar el aplomo y la dignidad de Roberto Canseco, quien, como agente de la misión de México en Quito, defendió en todo momento la integridad de la embajada y de sus ocupantes. Sus airados reclamos luego de los eventos son consecuentes con la labor de un excelente funcionario que sabe a cabalidad lo que está en juego.
Pero más allá de las violaciones a la Convención de Viena, este caso es aún más grave para Latinoamérica porque es en esta región donde se «inventó» el asilo diplomático, que no necesariamente es reconocido en el resto del mundo. Es Latinoamérica la que, años antes de la promulgación de la Convención de Viena, consagró el derecho al asilo diplomático en la Convención de Caracas de 1954.
Dice el artículo 1 de la Convención de Caracas: «El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.»
Hay quienes, de forma muy atrevida, están recurriendo al texto de esta convención para justificar el proceder del gobierno ecuatoriano, citando el artículo 3 que dice que no se concederá asilo a quienes «se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales…«.
Esas personas no leyeron el siguiente artículo que dice: «Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.» Aunque se pueda cuestionar la decisión de México de otorgar asilo diplomático a Jorge Glas, lo cierto es que, de acuerdo con la Convención de Caracas, es a México a quien le corresponde determinar si la persona es perseguida política, no a Ecuador.
Las acciones del gobierno de Noboa no solo dan al traste con la buena fe que debe imperar en las relaciones internacionales y en el Derecho Internacional, sino que además dinamita una de las conquistas más grandes que ha aportado Latinoamérica a ese Derecho Internacional: el derecho al asilo diplomático. Eso es particularmente irónico cuando el propio Ecuador concedió asilo en su misión en Londres a Julian Assange por años, contra el criterio de países como el propio Reino Unido o Estados Unidos (quien lo requiere para ser juzgado).
Los británicos no reconocen el derecho al asilo diplomático como lo hacemos en Latinoamérica, pero sí reconocen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas conforme lo establece la Convención de Viena. ¿Qué habría hecho Ecuador si las fuerzas del orden británicas hubieran arremetido contra su sede para capturar a Assange?
Las acciones contra la sede mexicana y las posteriores justificaciones del gobierno ecuatoriano son reprochables y muy bien han hecho los países de la región en alzar su voz contra estas acciones tan lamentables. En medio del repudiable acto, queda al menos la satisfacción que los países de la región siguen otorgándole valor al Derecho Diplomático y al asilo diplomático.
En lo que queda de año, en América se esperan elecciones en Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile y Uruguay. En todo el mundo se esperan en total unas 50 elecciones. Si bien los contextos de cada país son diferentes y existen marcadas diferencias en algunos casos, también es cierto que existen temas comunes o problemas regionales y globales que afectan a más de uno.
Uno de estos temas es la migración y sus efectos en los países. En los últimos años, ha sido evidente cómo la migración se volvió una parte central de los discursos de campaña de candidatos de todo el espectro político. En muchas ocasiones se han presentado narrativas que estigmatizan a personas migrantes y refugiadas, promoviendo acciones xenófobas.
Por eso, en este nuevo superciclo electoral que trae el año 2024, es muy probable que la migración vuelva a jugar un papel central en la discusión pública. Pero, precisamente por su papel central, este tema puede servir como una escala para conocer las posiciones políticas de los actores públicos y así determinar si hay posiciones más liberales o más coercitivas en sus planteamientos. A continuación, se proponen al menos cuatro ideas que pueden servir de medidor.
Libertad de movilidad
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a salir del propio país, a tener una nacionalidad y a solicitar asilo son elementos inalienables de la dignidad humana. Es decir, más allá de posiciones ideológicas, esta debería ser la base mínima para la discusión pública. Esta posición tiene su origen en los hechos ocurridos durante el Holocausto.
Si bien en cada país la aplicabilidad de estos derechos universales es variada, la voluntad de cumplir o no estos derechos por parte de los políticos y lo que se refleja en sus narrativas es un primer baremo que se puede considerar a la hora de evaluar posiciones políticas. A continuación, se muestran ejemplos de posturas que nos permiten identificar discursos que vulneran estos derechos.
Otro aspecto que debe ser un indicador para identificar a políticos y narrativas que atentan contra la dignidad humana es la estigmatización basada en la nacionalidad, en la raíz de la cual existe el interés de atribuir a grupos sociales o étnicos responsabilidades de determinados individuos. Además, la discriminación por razón de nacionalidad está prohibida en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, algo que ratifican otras entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de estas garantías de derechos, en la práctica también se puede observar a políticos que hacen estigmatizaciones basadas en la nacionalidad, lo que promueve la construcción de ideas de xenofobia e invalida la condición de sujetos de derecho de miembros de ciertos grupos.
Las expulsiones en caliente, o retornos más rápidos de migrantes, es otro indicador para identificar políticas y prácticas que van en contra de los derechos individuales de las personas y violan el estado de derecho. Normalmente, estas expulsiones de personas migrantes o refugiadas se llevan a cabo sin acceso a los debidos procedimientos y sin que estos puedan impugnar este acto mediante un recurso judicial efectivo. Además, en algunas ocasiones se trata de expulsiones colectivas, no individuales, en las que las personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o recurrir la decisión.
En este caso de las expulsiones, más allá de declaraciones o narrativas particulares de políticos, se puede identificar que son políticas y acciones de las instituciones del Estado. Pero estas prácticas deben identificarse adecuadamente y determinar quiénes son los responsables de la toma de decisiones que apoyan o promueven dichas políticas. A continuación, se muestran algunos ejemplos.
Finalmente, un último aspecto que debe considerarse al evaluar las narrativas políticas sobre la migración es la posición respecto del voto de los migrantes en sus países de residencia. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, toda persona tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido para cargos públicos.
Si bien este derecho se adapta a la legislación de cada país, se pueden encontrar prácticas por parte de actores políticos que van en detrimento de este derecho hacia los migrantes. En algunos casos, estas prácticas se basan en la instrumentalización de los migrantes; en otros casos, se basan en la estigmatización del derecho al voto de los migrantes o en la imposición de barreras estructurales que impiden el libre ejercicio de este derecho.
La cuestión de la migración frente a la democracia y la libertad
La migración es un fenómeno que pone de relieve las contradicciones de los sistemas políticos actuales, donde es difícil preservar un sistema de libertades y convivencia a través de una seguridad ciudadana efectiva. Se cuestionan acuerdos, así como derechos fundamentales y universales que tienen casi 80 años de vigencia. No se trata de un problema de izquierda o de derecha; en los ejemplos anteriores se puede observar cómo gobiernos de diferente tipo han acordado violar derechos inherentes a la dignidad humana.
El verdadero problema parece estar vinculado a la imposición de una visión colectiva sobre una visión centrada en los individuos. Es un desafío existencial. Las visiones que promueven a las personas migrantes como grupos homogéneos que deben ser controlados son perjudiciales para los derechos humanos. Además, ante cualquier incapacidad por parte de los Estados para garantizar la seguridad o el bienestar económico, se convierten en el principal chivo expiatorio. En el pasado, cuando estas visiones colectivas y empaquetadas fueron impuestas y aceptadas por la sociedad, regímenes como el nazismo o el comunismo soviético no tardaron en surgir.
Por estas razones, en un momento electoral importante para muchos, se recomienda prestar especial atención a las posiciones políticas sobre la migración respecto de estas cuatro ideas presentadas: libertad de movilidad, estigmatización por nacionalidad, expulsiones repentinas y posición frente al voto migrante.
Debemos estar atentos a posiciones que, lejos de resolver los desafíos que enfrentan las sociedades, optan por soluciones fáciles y buscan vulnerar los derechos de las personas migrantes. Es necesario promover la defensa de la dignidad individual de cada persona en esa situación. El ataque de los políticos hacia las personas migrantes puede sentar un precedente para avanzar en la vulneración de otros derechos y atacar las instituciones democráticas de los países. Por la libertad de todos, aprovechemos este año electoral para no ser indiferentes con la migración.
Súper año electoral: migración, libertad y democracia
En lo que queda de año, en América se esperan elecciones en Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile y Uruguay. En todo el mundo se esperan en total unas 50 elecciones. Si bien los contextos de cada país son diferentes y existen marcadas diferencias en algunos casos, también es cierto que existen temas comunes o problemas regionales y globales que afectan a más de uno.
Uno de estos temas es la migración y sus efectos en los países. En los últimos años, ha sido evidente cómo la migración se volvió una parte central de los discursos de campaña de candidatos de todo el espectro político. En muchas ocasiones se han presentado narrativas que estigmatizan a personas migrantes y refugiadas, promoviendo acciones xenófobas.
Por eso, en este nuevo superciclo electoral que trae el año 2024, es muy probable que la migración vuelva a jugar un papel central en la discusión pública. Pero, precisamente por su papel central, este tema puede servir como una escala para conocer las posiciones políticas de los actores públicos y así determinar si hay posiciones más liberales o más coercitivas en sus planteamientos. A continuación, se proponen al menos cuatro ideas que pueden servir de medidor.
Libertad de movilidad
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a salir del propio país, a tener una nacionalidad y a solicitar asilo son elementos inalienables de la dignidad humana. Es decir, más allá de posiciones ideológicas, esta debería ser la base mínima para la discusión pública. Esta posición tiene su origen en los hechos ocurridos durante el Holocausto.
Si bien en cada país la aplicabilidad de estos derechos universales es variada, la voluntad de cumplir o no estos derechos por parte de los políticos y lo que se refleja en sus narrativas es un primer baremo que se puede considerar a la hora de evaluar posiciones políticas. A continuación, se muestran ejemplos de posturas que nos permiten identificar discursos que vulneran estos derechos.
Otro aspecto que debe ser un indicador para identificar a políticos y narrativas que atentan contra la dignidad humana es la estigmatización basada en la nacionalidad, en la raíz de la cual existe el interés de atribuir a grupos sociales o étnicos responsabilidades de determinados individuos. Además, la discriminación por razón de nacionalidad está prohibida en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, algo que ratifican otras entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de estas garantías de derechos, en la práctica también se puede observar a políticos que hacen estigmatizaciones basadas en la nacionalidad, lo que promueve la construcción de ideas de xenofobia e invalida la condición de sujetos de derecho de miembros de ciertos grupos.
Las expulsiones en caliente, o retornos más rápidos de migrantes, es otro indicador para identificar políticas y prácticas que van en contra de los derechos individuales de las personas y violan el estado de derecho. Normalmente, estas expulsiones de personas migrantes o refugiadas se llevan a cabo sin acceso a los debidos procedimientos y sin que estos puedan impugnar este acto mediante un recurso judicial efectivo. Además, en algunas ocasiones se trata de expulsiones colectivas, no individuales, en las que las personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o recurrir la decisión.
En este caso de las expulsiones, más allá de declaraciones o narrativas particulares de políticos, se puede identificar que son políticas y acciones de las instituciones del Estado. Pero estas prácticas deben identificarse adecuadamente y determinar quiénes son los responsables de la toma de decisiones que apoyan o promueven dichas políticas. A continuación, se muestran algunos ejemplos.
Finalmente, un último aspecto que debe considerarse al evaluar las narrativas políticas sobre la migración es la posición respecto del voto de los migrantes en sus países de residencia. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, toda persona tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido para cargos públicos.
Si bien este derecho se adapta a la legislación de cada país, se pueden encontrar prácticas por parte de actores políticos que van en detrimento de este derecho hacia los migrantes. En algunos casos, estas prácticas se basan en la instrumentalización de los migrantes; en otros casos, se basan en la estigmatización del derecho al voto de los migrantes o en la imposición de barreras estructurales que impiden el libre ejercicio de este derecho.
La cuestión de la migración frente a la democracia y la libertad
La migración es un fenómeno que pone de relieve las contradicciones de los sistemas políticos actuales, donde es difícil preservar un sistema de libertades y convivencia a través de una seguridad ciudadana efectiva. Se cuestionan acuerdos, así como derechos fundamentales y universales que tienen casi 80 años de vigencia. No se trata de un problema de izquierda o de derecha; en los ejemplos anteriores se puede observar cómo gobiernos de diferente tipo han acordado violar derechos inherentes a la dignidad humana.
El verdadero problema parece estar vinculado a la imposición de una visión colectiva sobre una visión centrada en los individuos. Es un desafío existencial. Las visiones que promueven a las personas migrantes como grupos homogéneos que deben ser controlados son perjudiciales para los derechos humanos. Además, ante cualquier incapacidad por parte de los Estados para garantizar la seguridad o el bienestar económico, se convierten en el principal chivo expiatorio. En el pasado, cuando estas visiones colectivas y empaquetadas fueron impuestas y aceptadas por la sociedad, regímenes como el nazismo o el comunismo soviético no tardaron en surgir.
Por estas razones, en un momento electoral importante para muchos, se recomienda prestar especial atención a las posiciones políticas sobre la migración respecto de estas cuatro ideas presentadas: libertad de movilidad, estigmatización por nacionalidad, expulsiones repentinas y posición frente al voto migrante.
Debemos estar atentos a posiciones que, lejos de resolver los desafíos que enfrentan las sociedades, optan por soluciones fáciles y buscan vulnerar los derechos de las personas migrantes. Es necesario promover la defensa de la dignidad individual de cada persona en esa situación. El ataque de los políticos hacia las personas migrantes puede sentar un precedente para avanzar en la vulneración de otros derechos y atacar las instituciones democráticas de los países. Por la libertad de todos, aprovechemos este año electoral para no ser indiferentes con la migración.
