Corrupción, democracia y el tabú de hablar de ello

Ana Cláudia Santano
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Corrupción, democracia y el tabú de hablar de ello

A principios de este año, Transparencia Internacional publicó el informe completo del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 (IPC), que clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, puntuando en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

Según los datos, más de dos tercios de los países analizados obtuvieron una puntuación inferior a 50, situando la media mundial en 43, con países que no progresaron en absoluto o incluso bajaron su puntuación. Además, 23 países alcanzaron su puntuación más baja.

En las Américas, los datos siguen siendo negativos. Sólo dos países de la región mejoraron su puntuación (Guyana, con 40 puntos y República Dominicana, con 35). Todos los demás descendieron. En algunos casos, la caída fue significativa, como en el caso de Santa Lucía, con 16 puestos menos; Guatemala, con 9 puntos menos; Argentina, Honduras y El Salvador, con 8 puestos menos. La caída de puntos afectó incluso a países bien situados en el índice, como Canadá y Chile, que bajaron 7 puntos en la clasificación.

El IPC también muestra que la democracia importa en la puntuación de un país. Las peores posiciones fueron para Nicaragua, Venezuela y Haití. En el caso de Nicaragua, la puntuación fue de 17, habiendo caído 11 puntos desde 2014. Haití también obtuvo 17 puntos, bajando 5 desde 2017. Venezuela, por su parte, quedó en último lugar entre los países americanos, con solo 13 puntos.

Independencia del poder judicial

Ante esto, uno se pregunta por las razones de unos resultados tan negativos en América, y es aquí donde destacan las conexiones con la propia percepción de la democracia en cada país. La falta de independencia del poder judicial, que conduce a la impunidad en los casos de corrupción, envía el mensaje de que hay sectores de la sociedad que son inmunes a la ley y que confían en que las instituciones públicas -y las autoridades- no tendrán que rendir cuentas por los casos de corrupción que los involucran. Se trata de un control del Poder Judicial que proviene de otros poderes -o poderosos- y que permite a ciertos sectores seguir aprovechándose de los asuntos públicos, como si no existiera un Estado de Derecho que respetar.

La falta de independencia del Poder Judicial proviene de la controvertida injerencia de otros poderes, como el Ejecutivo, en la designación de estos magistrados que actuarán en estos casos de corrupción, lo que abre un espacio para la contaminación política de algo que sólo debería ser investigado de acuerdo a la ley. 

Ya se sabe que la total imparcialidad de los jueces es una ilusión, ya que todos tenemos preconcepciones sobre el mundo dentro de nuestras mentes. Sin embargo, los nombramientos para los tribunales superiores que no favorecen la técnica, sino los contactos personales entre designados y designados, ponen en entredicho muchas garantías básicas necesarias para una lucha adecuada contra la lacra de la corrupción, como la imparcialidad que debe ejercerse en la instrucción y el fallo de los casos.

La intervención indebida en el poder judicial lo desprestigia ante los ojos de las personas que sufren diariamente los efectos de la corrupción, por la falta de condiciones mínimas para una vida digna. Y de este descrédito y de la pérdida de la sensación de que los casos pueden ser efectivamente castigados, se deriva la incredulidad de que la democracia sirva para lo que dice ser, una vida mejor en sociedad.

No en vano, el Índice de Democracia 2023 de The Economist sigue la misma línea que el IPC 2023, basado en una escala de 10,0 a 0,0, donde de 10,0 a 8,0 indica una democracia plena; de 7,9 a 6,0 es una democracia fallida; de 5,9 a 4,0 son regímenes híbridos; y de 3,9 a 0,0 son autoritarismos. 

El informe señala que fue un año muy difícil para la democracia en todo el mundo, pero aún más para América Latina. Según los datos, fue el octavo año consecutivo de retroceso democrático en la región, donde la puntuación media cayó de 5,79 en 2022 a 5,68 en 2023. Además, dos tercios de los 24 países de la región registraron una caída en sus puntuaciones, otros 5 un estancamiento y sólo otros 3 una mejora. La mayor caída del índice se produjo en Centroamérica, en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Percepciones

El análisis conjunto de estos datos indica que a pesar de que las elecciones se celebran con regularidad, existe un proceso electoral y hay participación, las personas no perciben cambios que se traduzcan en una mejora de su calidad de vida. Sigue prevaleciendo la percepción de que no hay una adecuada rendición de cuentas por parte de las autoridades e instituciones, y existe una estratificación social que protege a las clases altas del peso de la ley y que castiga excesivamente a la base de la pirámide, profundizando una desigualdad no sólo económica sino también social, promoviendo incluso una especie de clasificación de los ciudadanos en función de los privilegios que existen en un Estado. 

Incluso se podría argumentar que esta clasificación también tiene en cuenta factores como la raza, el género y la clase social, que pueden hacer que una persona sea más o menos privilegiada a los ojos de las instituciones y de la ley vigente.

Es cierto que la lucha contra la corrupción en las Américas ha estado muy politizada, al igual que el propio concepto de democracia. Ambos han sido disputados por narrativas ideológicas que no hacen más que perpetuar la corrupción y debilitar las democracias. Como resultado, se ha convertido en tabú hablar de la lucha contra la corrupción sin que suene como un ataque a una posición ideológica contraria. Los esfuerzos para combatir la corrupción deben reavivarse sin permitir que se manipule al poder judicial para que no se investigue y castigue adecuadamente, o para que la condena se lleve a cabo de forma poco razonable y en contra de la legalidad que debería guiar la cuestión.

No hay que atacar al mensajero que nos dice que los países empeoran en sus índices de corrupción y democracia, como hemos visto tras la publicación de ambos informes en varios países. Lo correcto es reflexionar sobre en qué nos estamos equivocando, sobre el plan de país que presentan los gobiernos y sobre cómo fortalecer las democracias, considerando que muchas personas incluso están dispuestas a aceptar regímenes autocráticos si proporcionan un nivel de vida más digno, lo que la corrupción impide en una democracia.

Desigualdades, violencias y negligencias con género definido

Pía Riggirozzi
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Desigualdades, violencias y negligencias con género definido

En una nueva conmemoración del día internacional de la mujer, y como todos los días, es importante repetir que la comunidad internacional sigue en falta con millones de mujeres y niñas.

A pesar de que muchos países han firmado y ratificado el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el mundo aún enfrenta desafíos importantes para alcanzar el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Actualmente 1 de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema. De continuar las tendencias actuales, de aquí́ a 2030, se estima que el 8% de la población mundial de mujeres (342,4 millones de mujeres y niñas) todavía vivirán con menos de USD 2,15 por día.

Estos aspectos que emergen del informe «Progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2023», presentado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), revela un panorama inquietante no solo porque nos encontramos sobre el final del camino hacia el plazo establecido en la Agenda 2030 para lograr estos objetivos, sino fundamentalmente porque esos objetivos están aún mas lejos cuando se mira desde una perspectiva de género. Las previsiones de Naciones Unidas apuntan a que al ritmo actual millones de niñas y mujeres seguirán viviendo en la pobreza extrema en 2030.

La desigualdad de género en América Latina

En América Latina persisten desigualdades de género en varias dimensiones incluidas la educación, el empleo, el acceso a la atención médica de calidad, la representación y la participación política. A pesar de los avances en algunas áreas, el informe ‘Desigualdad S.A.’ publicado recientemente por Oxfam muestra que las mujeres se encuentran ampliamente sobrerrepresentadas en empleos peor remunerados y más precarios, y se enfrentan a una brecha salarial de género persistentemente elevada. Además, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema generalizado, con altas tasas de violencia de género reportadas en toda la región.

Sabemos también que la pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas son factores que impulsan la migración forzada en América Latina. Para muchas mujeres y niñas, las condiciones en su país de origen son intolerables y no les dejan otra alternativa razonable que huir del país debido a una amenaza directa o potencial de inseguridad física, pérdida de vivienda y de medios de vida, o porque su capacidad de cuidar de sí mismas y de sus familias se ve radicalmente socavada.

De acuerdo con ACNUR, en las Américas, hay 73.5 millones de migrantes y 22.1 millones son personas desplazadas forzosamente, con necesidades de protección internacional, o en necesidad de asistencia humanitaria. De ellas, se estima que el 46% – casi 10 millones- son mujeres, adolescentes y niñas.  

En este contexto, también sabemos que una característica de género distintiva es el éxodo de miles de mujeres venezolanas embarazadas, que huyen por razones de necesidad, incluido el miedo a perder a sus bebés o a sus propias vidas si se quedan para dar a luz en su propio país. Según Amnistía Internacional (2018), la mortalidad materna aumentó un 65% en Venezuela entre 2015 y 2016, un retroceso de 25 años debido a la falta de medicamentos como anticoagulantes, analgésicos, antibióticos; la falta de herramientas, equipos y personal médico básicos. Ese contexto impulsó a muchas mujeres a huir. Desde entonces se ha llegado a casi 8 millones de migrantes que han dejado Venezuela. La mitad son mujeres y niñas.

En un estudio que incluye entrevistas con  2.012 mujeres y adolescentes migrantes venezolanas en Manaos y Boa Vista, Brasil, el 10% declaro haber estado embarazada durante el cruce, el 54% destacó motivos de migración relacionados con dificultades para obtener alimentos; el 38% destacó motivos relacionados con el acceso a tratamientos de salud y el 28% motivos de violencia de género, mientras un porcentaje similar destacó la búsqueda laboral.

En Centroamérica, la extorsión y la violencia de género han significado que muchas mujeres y madres con sus hijos no tuvieran otra opción que irse. Durante el tránsito y en las comunidades de acogida, las mujeres, adolescentes y niñas utilizan rutas frecuentemente inseguras en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos como salud, salud sexual y reproductiva, educación y cuidado.

Pero el cruce de fronteras también puede estar sesgado por cuenta de una alta militarización y/o falta de presencia institucional que aumentan situaciones de violencia, de trata de personas con fines de explotación sexual, a la violencia y a la desaparición forzada. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras (2020) informó que, en la frontera sur de México, donde los migrantes de América Central y del Sur viajaban a pie para evitar los controles fronterizos, se denunciaba que la policía y las pandillas, a menudo en colaboración entre sí, como perpetradores de abusos de género.

Estos desafíos se han visto acrecentados recientemente con el alarmante número de cientos de miles de personas que han cruzado el Tapón del Darién hacia Panamá, donde entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 cruzaron más de 520 mil personas. El Darién es uno de los cruces más peligrosos del mundo donde quienes cruzan la frontera han denunciado ser víctimas de robos, agresiones y violencia sexual. Recientemente, Médicos Sin Fronteras informó haber tratado más de 600 casos de violencia sexual en 2023, la mayor parte de estos actos violentos son contra mujeres y niñas.

¿A quién le importa?

Los desafíos aquí abordados requieren estrategias integrales que aborden las barreras estructurales a la igualdad de género, incluidas reformas legales, políticas y programas específicos de integración y regularización de personas migrantes y esfuerzos para desafiar las normas y estereotipos de género que afectan la autonomía y la vida en dignidad de muchas mujeres y niñas. Este reconocimiento también requiere la colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales para implementar soluciones efectivas y con enfoque de género.

Pero también vale la pena que aquellos y aquellas que conmemoran el día internacional de la mujer como tal reconsideren cual es la responsabilidad moral de los muchos y muchas que colaboramos activamente con la reproducción cotidiana y subsistencia de las condiciones normalizadas y toleradas de desigualdad.

Reflexiones sobre las elecciones de El Salvador 

Leandro Querido
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Reflexiones sobre las elecciones de El Salvador 

Nayib Bukele ha sido reelegido. El 84% de los votantes salvadoreños lo han apoyado. Hay muchas cosas para decir; de hecho, se están diciendo o escribiendo en estos momentos. Muchos analistas alertan sobre un peligroso giro autocrático, otros insisten en el carácter popular de este fenómeno. 

He presenciado estas elecciones y quisiera resaltar algunos aspectos. Me gustaría darle contexto regional. En primer lugar, puedo asegurar que se trató de comicios con garantías: cualquier activista democrático de Nicaragua, Cuba, Venezuela o incluso Bolivia envidiaría las condiciones de competitividad electoral. Hubo una autoridad electoral que hizo grandes esfuerzos por implementar un proceso electoral acorde con los estándares internacionales de elecciones con integridad, y lo ha logrado en gran parte.

Elecciones limpias

Entre varios aspectos, hay que destacar la presencia de representantes de partidos de la oposición en los centros de votación, donde, para sorpresa de todos los observadores internacionales, incluso se advertía un cordial vínculo con los representantes del partido de gobierno. Estos “vigilantes” partidarios de la oposición pudieron estar presentes en el transcurso de la jornada electoral, presenciar el escrutinio en las juntas receptoras de votos, defender sus votos y llevarse una copia del acta de mesa con sus resultados. Esto que remarcamos parece un tema menor, pero no lo es. En una etapa posterior, cuando se registraron problemas en la transmisión de las actas de las juntas receptoras de votos de los centros de votación, el Tribunal Electoral rápidamente convocó a los partidos y tomó la decisión de realizar el escrutinio definitivo abriendo todas las urnas, contando voto por voto. Insisto. Esto no es poca cosa en esta América Latina convulsionada. 

Ahora bien, que haya garantías no significa que no se advirtiera una situación de ventajismo electoral en beneficio de un partido de gobierno que cuenta con llave de oro en la Asamblea y con un líder carismático como Bukele, que a esta altura se ha transformado en una referencia en el mundo. Hubo ventajismo, y puede que esto haya engrosado en algo su caudal de votos, pero uno infiere que no hay sobrerrepresentación sino un fenómeno popular incontenible.

En otras palabras, se constató una cancha electoral inclinada por sustento administrativo/institucional (por ejemplo, con relación a las demoras en las asignaciones de los fondos para campaña electoral), pero sobre todo por el extraordinario escenario político en donde un hombre y un partido absorben un respaldo popular poco frecuente en sistemas políticos caracterizados por la diversidad y el pluralismo.

Esta asimetría de fondo puso a todo el entramado institucional en crisis. De igual modo, ese porcentaje de respaldo abrumador responde a un nivel de participación bajo, que ronda el 52% del registro electoral. En definitiva, los que participan apoyan de modo abrumador a Bukele, pero hay un porcentaje alto que no participa que requiere también una lectura política.  

El enorme apoyo a Bukele

Acerca de las causas que dan lugar a este fenómeno popular, las hay muy variadas. La mayoría coincide en que la lucha contra el crimen organizado ha sido la razón principal. No puede soslayarse el hecho de que el Estado de El Salvador estuvo al punto de la disolución dado que las pandillas en tanto organizaciones paraestatales pusieron en entredicho las capacidades de ese Estado para garantizar la unidad territorial. Bukele recuperó el control por parte del Estado, volvió a centralizar el poder, se hizo nuevamente con el control monopólico de la fuerza y a partir de ahí volvió la seguridad a los ciudadanos, que lo premiaron con su apoyo incondicional. Esto se hizo en un contexto de estado de excepción que se renueva cada treinta días por la Asamblea.

En este pasaje se derrumbó el sistema de partidos, el último bipartidismo de América Latina, y Bukele no se autocontroló como hubiese hecho un republicano convencido; por el contrario, aprovechó ese poder para avanzar sobre otros poderes. El caso más emblemático fue cuando una Asamblea con mayoría especial del partido de gobierno cambió los miembros del Tribunal Constitucional para lograr la habilitación de Bukele a competir por su reelección. Este ha sido el aspecto más cuestionable del proceso electoral. 

Las comparaciones de este proceso con el de Hugo Chávez han surgido a borbotones, aunque yo encuentro algunas diferencias sustanciales. Ambos presentaron una notoria pulsión por concentrar poder, eso es claro. Ahora bien, Chávez era de izquierda, con una posición abiertamente anticapitalista. Su admiración por el modelo de Cuba hizo desmantelar el aparato productivo, expulsó a millones de venezolanos de su propio país y empobreció a la población que quedó atrapada en el país. Un modelo viejo, de impronta comunista, anclado a una narrativa de la izquierda “revolucionaria” de América Latina. Hizo de la inseguridad una política de Estado, la propagó al constituir colectivos armados, verdaderas fuerzas de choque paraestatales, consagrando la impunidad y empoderando al crimen organizado. Un estado de excepción de hecho y permanente. De la escasez y la centralización del poder se conformó ese modelo de control social que impera a día de hoy. Van 26 largos y penosos años de este régimen, que cuando dejó de ser popular intervino el Consejo Nacional Electoral y suprimió las elecciones libres para implementar fraudes electorales escandalosos. 

El perfil de Bukele es distinto. Comparte con el chavismo una concepción antirrepublicana de marcado sesgo autocrático, pero el presidente de El Salvador tiene una concepción económica capitalista, de derecha, que levanta banderas conservadoras e innovadoras a la vez. Gestiona, busca inversiones, proyecta, y eso ya es una diferencia notable con el chavismo. En lo que respecta al ejercicio de derechos políticos, en Venezuela no pueden votar los que se encuentran en el país y menos lo pueden hacer los que expulsó la dictadura en todo este tiempo.

En cambio, en El Salvador no solo pueden votar con garantías los inscritos en el registro electoral, sino que, además, tras una reciente reforma política electoral, se implementó tecnología en el voto en el exterior para los salvadoreños expulsados por la falta de oportunidades brindadas por su propio país. El Tribunal Supremo Electoral implementó el voto remoto por internet y el voto remoto en el exterior presencial, y el resultado fue impactante, porque creció la cantidad de electores, pasando de algo más de 3.800 en las elecciones de 2019 a más de 560.000 en estas últimas elecciones.   

Claro que su vínculo con China preocupa y genera incertidumbre, porque allí podría insinuarse un modelo político a seguir, con el condimento americano propio, por cierto.

Una autocracia de derecha

Entonces ¿a dónde va Bukele luego de este triunfo categórico? Ese “régimen democrático de partido único” anunciado en el discurso en donde se autoproclamó vencedor será un hecho, y salir de allí no será fácil porque esto parece funcionar mientras acompañe el viento a favor. Cuando cambia el clima político o económico, los perfiles autócratas tienden a consagrar nuevos giros autoritarios que les permitan conservar el poder.

Los que tenemos un compromiso con la democracia nos sentimos interpelados por el caso de El Salvador. Es muy evidente que la democracia ha presentado fallas importantes que han generado pérdida en la calidad de vida y descontento generalizado por parte de la ciudadanía. Sus débiles entramados institucionales fueron permeados por la corrupción y el crimen organizado. En no pocos casos, los partidos políticos terminaron siendo representantes de estas organizaciones criminales. Las autocracias como Irán, China y Rusia se han hecho un festín con estas debilidades. Han financiado a partidos y dirigentes políticos que, cuando tomaron el poder, desmantelaron la democracia y el estado de derecho, y, cuando estuvieron o están en la oposición, tienen la suficiente capacidad para sabotear todo proyecto democrático.

Los escenarios alternativos a la democracia republicana parecen aglutinarse en el estado fallido de Haití, o en los modelos autocráticos impopulares de izquierda, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o ahora en los modelos autocráticos populares de derecha, como el de El Salvador. En todo caso, esto confirma la recesión democrática, la falta de confianza en ella, los problemas que tiene para congeniar competencia electoral con resultados positivos para sus ciudadanos. Y también, por último, en el hecho de que expone una débil capacidad de los organismos internacionales del hemisferio para contener los giros autocráticos en estos escenarios de crisis. En definitiva, el caso de El Salvador nos debe llevar a todos los defensores del sistema democrático y los derechos humanos a realizar una profunda y honesta autocrítica.

Debilidad en las fuerzas del cambio

Luis Pásara
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Debilidad en las fuerzas del cambio

Si el orden existente deja fuera a la mayoría, si somos más quienes quisiéramos vivir en un mundo distinto a este, ¿cómo explicar que, en definitiva, la lucha política y social esté siendo crecientemente ganada por quienes buscan evitar cualquier cambio?

Una respuesta a considerar en las condiciones actuales consiste en que, mientras los inconformes aparecemos divididos en muchas trincheras que se comunican ocasional y débilmente, quienes intentar mantener las cosas como están –e incluso regresarnos a épocas que creímos haber dejado atrás– tienen un programa común que esgrimen en muchos países y diversos escenarios. Por eso estamos perdiendo la llamada “guerra cultural”.

En esa guerra se enfrentan no dos adversarios, cada uno con una visión de lo que quiere. En la realidad hay un contendiente que tiene una visión clara y homogénea frente a otro que tiene diversas propuestas que ni siquiera se ha buscado armonizar o hacer compatibles.

Contestatarios vs. conservadores

Durante mucho tiempo se llamó “izquierda” a quienes querían cambiar el mundo y “derecha” a quienes se les oponían. Esa caracterización situaba a los conservadores en una posición defensiva que no es la que tienen hoy, con una plataforma agresiva que busca revertir todo aquello logrado por sus adversarios a lo largo de luchas sociales y políticas.

Pruebas al canto. Los conservadores saben lo que quieren. Un tema central es aquello que llaman “la defensa de la familia”, rubro bajo el cual atacan la igualdad entre hombres y mujeres; reclaman para los padres un papel central en la educación de sus hijos, esto es, una suerte de privatización de contenidos que cancela la búsqueda de formar ciudadanos para una vida en común; combaten el derecho al aborto, incluso cuando la víctima es menor de edad o ha sido objeto de una violación; se oponen a otorgar forma legal a parejas del mismo sexo y, por supuesto, a la posibilidad de que adopten niños, y luchan contra el reconocimiento de los derechos de los homosexuales.

Esta plataforma es levantada en diversos países con variaciones mínimas en uno u otro. Esto no es casual: agentes de una especie de internacional reaccionaria llevan el programa común, principalmente desde Estados Unidos a Europa o de Argentina a varios países de la región. Y han logrado reunir tras ese programa a sectores que durante siglos congeniaron poco; católicos y evangélicos, por ejemplo, que en el Perú marchan juntos bajo la pancarta “Con mis hijos no te metas”.

Una izquierda que se fue

En el otro lado está el recuerdo de la etiqueta “izquierda”, que ha ido despintándose bajo los efectos del llamado “socialismo realmente existente”, que, en su nombre, construyó sociedades autoritarias en las que las libertades cívicas desaparecieron o quedaron aprisionadas bajo controles férreos. Como resultado, quienes en otro momento impugnamos el orden social desde una mirada de izquierda hemos caído en la orfandad y el desconcierto.

Además, la izquierda quedó aturdida –y aún no se recupera– por una transformación de aquel mundo capitalista en el cual Marx había adjudicado al proletariado el papel de sujeto principal del gran cambio. El proletariado ha perdido peso relativo en las sociedades desarrolladas y nunca lo alcanzó en las subdesarrolladas; los sindicatos han sido cooptados por el capital, se dedican a la defensa de los logros de sus bases y no tienen preocupación alguna por el resto de la ciudadanía, que, precisamente, constituyen la mayoría. 

Los trabajadores se han diversificado y la mayoría de ellos no son “proletarios” que dependan de un patrón. En consecuencia, sus demandas y reivindicaciones –que las tienen y con frecuencia son muy importantes– no son homogéneas. El trabajador por cuenta propia no requiere lo mismo que el pequeño comerciante; ninguno de los dos comparte un pliego de reclamos con un trabajador eventual ni con el vendedor ambulante, y así sucesivamente.

Heterogeneidad de los contestatarios

Entretanto, los movimientos sociales que cuestionan el orden existente se han lanzado en diferentes direcciones que no convergen. Unas defienden los derechos de la mujer, propugnan la igualdad entre los sexos y dedican esfuerzos a combatir la violencia contra la mujer. Otros están empeñados en la defensa de los derechos humanos. Los movimientos a favor del medio ambiente reclutan a otro sector. Otros más se dedican a afirmar la agenda LGTBI. Y, además, hay quienes están empeñados en afirmar los derechos de los animales u oponerse a la globalización. Y la lista sigue, atomizando crecientemente a los contestatarios.

Todos ellos pueden ser considerados como movimientos contestatarios en cuanto cuestionan una porción determinada del orden social existente. Y algunos de ellos llevan ese cuestionamiento a niveles de radicalidad que van más allá de algunas reformas y, en efecto, tocan ejes del ordenamiento social. No obstante, el haberse hecho cargo de una trinchera sectorial que no se comunica con otras, ni intenta levantar con ellas un programa común, los lleva a desembocar en movilizaciones limitadas, que padecen una incapacidad de convocatoria masiva.

A menudo, las convocatorias y consignas de estos grupos se dirigen a los ya convencidos y desatienden la tarea de llegar a los más. En esa dirección se llega, en ocasiones, a niveles de radicalidad que resultan incomprensibles para quienes no están en su dinámica.

Así, mientras la conservación del orden cuenta con grupos que, pese a que puedan responder a una preocupación determinada, levantan con otros una plataforma conjunta, la impugnación de ese orden se encuentra desperdigada en una multiplicidad de acciones, cada una de ellas insuficiente para ser eficaz.

El resultado de ese balance de fuerzas es que los conservadores ahora tienen las de ganar porque han sabido poner de lado diferencias con el objetivo de presentar un frente unificado contra quienes cuestionamos el estado de cosas. En cambio, como resultado, las fuerzas del cambio aparecen divididas, centradas en nuestro propio público y, en los hechos, despreocupadas de atraer a las mayorías que a menudo no logran entender claramente qué pretenden. Esa es nuestra debilidad.

Y ese paisaje es aquel en el que los conservadores están avanzando y cosechan triunfos no mediante acciones armadas sino ¡por la vía electoral! La hegemonía de Bukele en El Salvador y la victoria de Milei en Argentina son señales importantes en la región. Y la posibilidad de que Trump vuelva a presidir el gobierno de Estados Unidos puede llevar a un cambio de ciclo en el mundo. En ese paisaje estamos ahora.

Brasil: ¿dónde fueron todos aquellos manifestantes?

Fabián Echegaray
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Brasil: ¿dónde fueron todos aquellos manifestantes?

Los últimos doce meses vieron una desactivación de las manifestaciones y participación popular en Brasil que llega a sorprender…al menos hasta el domingo 25 de febrero reciente cuando Bolsonaro convocó a sus partidarios a mostrar su fuerza movilizadora. ¿Correcto?

Para quien quedó perplejo con el asalto a los Tres Poderes del 8 de enero de 2023 por parte de millares de autodenominados “patriotas” buscando tomar el poder por la fuerza o para quien se acostumbró a ver las calles y playas tomadas por manifestantes y vehículos a favor de cada candidato de los comicios presidenciales de 2022, el Brasil de los últimos meses se asemejaba a un desierto.

El regreso de las protestas en 2013

La comparación se hace evidente yendo más allá del período electoral más inmediato: las marchas en moto contra autoridades o fallos judiciales favorecidas por la extrema derecha desde 2018, la ocupación plena de espacios públicos en fechas patrióticas convocadas por el expresidente Bolsonaro durante todo su mandato, las protestas de la izquierda y centro-izquierda contra las embestidas antidemocráticas del oficialismo en el gobierno anterior o para celebrar la liberación del ex presidente Lula de la cárcel, todos fueron eventos que revelaron un Brasil movilizado y en estado de virtual sublevación. Ni qué hablar de la sucesión de marchas, rebeliones y protestas de 2013 en adelante, las que hicieron pensar en que –de una forma inesperada– la ciudadanía se había despertado para la política, el interés público y la voluntad de participar abiertamente.

Los 185 mil brasileños que ocuparon la Avenida Paulista el último domingo de febrero para demostrarle su respaldo al expresidente Bolsonaro, hoy impedido de candidatarse, supuestamente revelarían la vigencia de una ciudadanía activa y fiscalizadora, algo que los libros de textos tenderían a traducir como ejemplo de democracia horizontal autónoma. La aglomeración puntual en favor de un liderazgo autoritario y condenado por la justicia -por más masiva durante un breve lapso del domingo- justamente refuerza la predominancia del diagnóstico sobre la desertificación de la vida pública en el país.

Y es que la movilización contrasta con la escasa capacidad de articulación y movilización cívica a pesar de la predominante subordinación religiosa de sus partidarios al liderazgo evangélico o la inercia por entronizar un mesianismo personalista condenado a no poder disputar cargos electoralmente.

Más allá de los millares que peregrinaron vestidos de verde y amarillo una tarde aislada de domingo en febrero del 2024, la fotografía de la participación y protesta cívica en Brasil no podría ser más contrastante con la que se vio dos años atrás en plena campaña electoral o 10 años atrás cuando aún sonaba el eco de las marchas y luchas urbanas del 2013.

Si estudios de opinión pública como los del Latinobarómetro revelaban que en el crítico año de 2013 tan sólo 34% de los brasileños entendían que votar era la mejor forma de garantizar el progreso nacional y el 50% proponían el combo “votar y protestar” para obtener ese resultado, diez años después las opciones se moderaron fuertemente. Hacia mediados del 2023, voto más protesta seducía a sólo un tercio (33%) de los ciudadanos, mientras que el método exclusivo de concurrir a las urnas para mejorar las cosas trepaba al 43% de adhesión.

Que quiere decir que la gente no salga a prtoestar

¿La desertificación de la escena pública revela el triunfo de la apatía política o –más grave aún- la desafección democrática? Ni un poco. El mismo estudio revela que el apoyo a la democracia subió a su máximo desde 2015, con 46% entendiendo que no hay mejor alternativa que la democracia.

En términos de indicadores de motivación política, el porcentaje de individuos que dicen conversar habitualmente de política en 2023 se mantiene virtualmente empatado con el de 2013. Lo mismo ocurre con quienes se comprometieron en campañas en favor de una causa pública o un candidato. Por otro lado, contraria a lo esperado, la encuesta revela muchos más ciudadanos firmando peticiones ahora que diez años atrás.   

No hay curso de ciencia política, discurso público o columna periodística en medios comprometidos con la democracia que no asocie el ideal cívico al individuo comprometido con el bien colectivo. Nos referimos al individuo involucrado de cuerpo y alma a través de su participación activa en la política local o nacional, informándose, deliberando con otros, presente tanto en las calles como en los ámbitos privados, militando y movilizándose para corporizar una voz pública visible.

Es el modelo de ciudadano democrático bosquejado por los clásicos, idolatrado por los movimientos iluministas que consagraron la revolución francesa en 1789 e inspiraron el nacimiento de las democracias posteriores al siglo XIX. No pocos lo asocian al prototipo ateniense de hace más de dos mil quinientos años de antigüedad, emblema y forjador de la aspiración democrática.

Es también el sujeto deseado e invocado por los progresismos de finales del siglo XX y las décadas del siglo XXI, especialmente de aquellos con ribetes populistas, donde el militante es entronizado como el motor propulsor del cambio democrático. La pureza aspiracional de ese modelo de civismo llega a ser cultivada casi como una profesión de fé religiosa, permitiendo su contaminación por visiones moralistas dogmáticas. Ser buen ciudadano, que significa estar zambullido en la vida pública, se convierte en una exigencia normativa. Después de todo, postulan quienes defienden ese ideal, la auto-exclusión de la política y el desinterés participativo conspiran contra una democracia fuerte al cederle toda la iniciativa a las élites.

Durante décadas sino ya siglos, ese ideal se naturalizó al punto de convertirse en un benchmark, en una base de referencia comparativa suficientemente exigente como para favorecer diagnósticos de apatía política en la población cuando dicha inmersión participativa no era identificada. Las reacciones de escepticismo cuando no de abierto cuestionamiento a ese standard no demoraron en surgir. Frente al frenesí revolucionario de los jacobinos que representaban ese ideal, conservadores como el líder tory en la Inglaterra de aquella época, Edmund Burke, advertían sobre los desvíos hacia la intolerancia, el monopolio del poder, la restricción de libertades de terceros y la improductividad que individuos constantemente inmersos en la vida pública podrían generar.

Ya en pleno siglo XX, politólogos liberales o moderados como Samuel Huntington alertaban sobre el riesgo de ingobernabilidad y destrucción de rutinas, instituciones y rituales democráticos por exceso de demandas imposibles de canalizar y procesar por sistemas políticos abiertos si todo el mundo estuviera constantemente en las calles reclamando y pidiendo más beneficios, más participación, más derechos. Estudioso de los procesos políticos en América Latina y otras naciones emergentes, Huntington interpretaba que ese ideal de máxima ciudadanía activada llevado a la práctica resultaba en el desborde de las capacidades concretas de satisfacer demandas crecientes y contradictorias de las siempre débiles democracias latinoamericanas. Perversamente, el modelo maximalista de ciudadanía participante enarbolado para profundizar la democracia terminaba por socavarla y abrir la puerta a los regímenes autoritarios.

La desparticipación lleva a la desdemocratización

Los extremos del éxtasis militante y la excesiva apatía política muchas veces capturan los vaivenes de nuestras sociedades, a pesar del amplio abanico de posibilidades intermedias. La perspectiva del civismo militante presupone que si los ciudadanos no están ocupando los espacios públicos con sus voces, intereses y valores, otros lo harán por ellos. Y no es raro que se asocie ese pronóstico a un resultado negativo: la desparticipación lleva a la desdemocratización.

Frente a semejante escenario adverso es entendible la mueca insatisfecha delante de cualquier atisbo de desmovilización y concentración en los intereses privados. También es fácil comprender la frecuencia con que se concluye que nuestras sociedades se caracterizan más por la apatía y la enajenación política que por el compromiso participativo.

En perspectiva histórica, los brasileños frecuentemente fueron caracterizados por esos sentimientos y conductas de lejanía y desapego al involucramiento político. Más aún comparados con argentinos o chilenos, por ejemplo. El retorno a la democracia pós-dictadura fue visto mucho más como resultado de una negociación entre élites que fruto de una presión popular. Y las eventuales movilizaciones y protestas ocurridas en las primeras décadas después de la transición palidecían comparadas con las masivas marchas en los países vecinos.

Sistemáticamente, votar cada cuatro años representaba la manera más clara y también la más ambiciosa de comprometerse en política. Otras modalidades permanecían lejos del radar público. De allí, el coro de voces de sorpresa entre científicos sociales y periodistas cuando en 2013 unas manifestaciones aisladas en algunas ciudades brasileñas en favor de descuentos en el transporte público para estudiantes rápidamente se convirtieron en protestas de proporciones homéricas con una agenda multi-temática y una aspiración a mejorar la calidad de la democracia.

La explosión participativa no tardó en ser instrumental a la desestabilización del gobierno de turno, democráticamente electo. La naturaleza de superioridad moral con que ese ideal cívico suele ser postulado favorece la justificación de su existencia más allá de sus efectos contrarios a la consolidación democrática. También favorece su penetración por un discurso de indignación ética y juicio normativo. El resultado es conocido: tres años después, la entonces presidente Dilma Rousseff fue apartada vía impeachment con el júbilo masivo de muchos que habían encarnado el modelo de ciudadano vigilante y militante. Las reglas de juego fueron dobladas para ocupar la presidencia por una coalición de centro-derecha y dos años más tarde la extrema derecha alcanzó el poder con Bolsonaro.

El aparente vacío actual de la escena pública por los individuos (más allá de algún evento aislado como la convocatoria de miles de simpatizantes de un único signo ideológico a un acto personalista a fines de febrero del 2024) está lejos de representar el triunfo de la apatía o un alerta por una supuesta indiferencia democrática.

Tampoco simboliza la satisfacción mayoritaria con la gestión del actual oficialismo ni la superación de la polarización afectiva que rápidamente incentivó la toma de las calles pocos años atrás. Suena más a una razonable digestión silenciosa de métodos y objetivos para favorecer ideales plausibles de representación y control efectivo del interés público sin sacrificar o arriesgar la gobernabilidad.

Necesitamos más igualdad de género para salvar el planeta

María Villarreal
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Necesitamos más igualdad de género para salvar el planeta

Desde el año 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó, mientras que la riqueza de alrededor de 5000 millones de personas disminuyó. Según el informe anual sobre desigualdad global de OXFAM Internacional presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, la riqueza extrema se acumula geográficamente y está disponible sólo para una reducida minoría: casi 70% de la riqueza se concentra en el Norte global y es masculina. Y es que los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres, lo que equivale a más de cuatro veces el tamaño de la economía de Estados Unidos.

La desigualdad de género, que crece de forma descontrolada cada año, se agrava en el contexto de la actual crisis ambiental. Hoy, el poder empresarial, mayoritariamente occidental, masculino y responsable por las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenta el riesgo de colapso climático y profundiza las injusticias que caracterizan a nuestras sociedades.

Las mujeres son más pobres que los hombres

De acuerdo con las Naciones Unidas, a nivel global las mujeres enfrentan múltiples formas de desigualdad y discriminación: son más pobres que los hombres; tienen los empleos más precarios y peor remunerados; sufren explotación, abusos y violencia sistémica; realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados de forma no remunerada; tienen menos acceso a la educación y la salud; están subrepresentadas en todas las esferas de poder político y económico, y suelen verse excluidas de la toma de decisiones. En esta línea, el informe Desigualdades S.A. de OXFAM visibiliza un escenario desolador donde el hambre, las extremas desigualdades, la explotación laboral y diversas penurias caracterizan el día a día de gran parte de la población mundial y se agravan en base al género.

Pese a los avances en materia de igualdad de los últimos años, ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) estiman que, al ritmo actual 340 millones de niñas y mujeres vivirán en la pobreza extrema en 2030. Además, una de cada cuatro mujeres y niñas pasará hambre o deficiencia alimentaria.

Además, las mujeres y niñas sufren los impactos del cambio climático de forma desproporcionada, según la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como ejemplo, las mujeres constituyen el 80% de los desplazamientos forzados asociados con el cambio climático y experimentan con mayor agudez fenómenos como el hambre, la violencia, la exclusión y la explotación sexual en contextos de desastres.

Y si bien las mujeres son las principales responsables por la elaboración de los alimentos, el cuidado y las tareas agrícolas, las estructuras tradicionales de género obstaculizan su derecho a la propiedad de la tierra, limitan su acceso a los recursos naturales y las excluyen de la participación y de la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales.

El destacado rol de las mujeres en la defensa del medioambiente

Las mujeres también tienen un rol fundamental en la sostenibilidad, el cuidado ambiental, en los procesos de resistencia y lucha ambiental contra el extractivismo y la deforestación. Como consecuencia, muchas mujeres son censuradas, sufren múltiples formas de violencia y criminalización, y llegan a pagar con su propia vida.

En este contexto, América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor número de activistas y defensores del medio ambiente asesinados; la mayor parte de las veces mujeres, sobre todo indígenas, negras y campesinas. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sólo entre 2015 y 2019 se reportaron 166 homicidios de activistas y defensoras de la tierra latinoamericanas, pero se trata de una realidad en gran parte infraestimada.

Aun en un contexto tan violento y desigual, mujeres políticas, investigadoras y activistas medioambientales están también detrás de la construcción de alternativas y han sido protagonistas de importantes avances en la agenda ambiental y climática como la firma del Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú o el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. En otros términos, dentro y fuera de las instituciones, las mujeres son agentes de cambio y trabajan globalmente a favor de la vida y por una transformación ecológica que permita construir un futuro sostenible y justo para todos.

La Agenda 2030 establece como su quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Por ello, en la lucha contra las desigualdades, la justicia social no puede estar disociada de la justicia de género y de la justicia ambiental. La desigualdad es un lastre para todos, pero no es una fatalidad y, como muestra la evidencia científica, puede y debe ser combatida con metas y políticas específicas en las que los países ricos tengan las principales responsabilidades.

En este proceso, las mujeres son parte de la solución y tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y las inequidades exacerbadas por la crisis ambiental. De ahí que, para salvar el planeta, es prioritario visibilizar su papel, promover la igualdad de género en todas las dimensiones, y alcanzar su representación y participación plena en la toma de decisiones.

Las conexiones inseparables entre el cambio climático, la migración y el ambiente

Hilario Espinosa
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Las conexiones inseparables entre el cambio climático, la migración y el ambiente

Michael Yon, un reconocido corresponsal de guerra, viajó en septiembre del 2023 a la provincia de Darién, en la República de Panamá, para explicar al mundo la realidad de la migración a través de la selva característica del llamado tapón del Darién. Yon reporta dos hechos que le llamaron poderosamente la atención: el aumento de migrantes de países tan lejanos como Afganistán, Nepal, China y de múltiples países de África, y la devastación ambiental que está sufriendo el ambiente en la región del Darién debido a la contaminación y la destrucción que causan las personas en su ruta a Norteamérica.

Migración desde Asia y África a Norteamérica

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2020 unos 17,5 millones de personas migraron desde Asia a Norteamérica, el equivalente a toda la población de la ciudad de Los Ángeles. Paralelamente, el Instituto de Política Migratoria afirma que la migración desde África hacia Norteamérica va en aumento y que solo en 2019 se reportaron 5.000 detenciones en las fronteras de Estados Unidos de personas provenientes de 35 nacionalidades, principalmente Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Ghana y Somalia.

En mayo del 2023, la ONU comunicó el aumento considerable de migrantes a través del Darién. En el mismo documento se detalla un aumento significativo de migrantes con nacionalidades de países como Haití, Nepal, Afganistán, Bangladesh, China y otros del continente africano. Coincidentemente, los cuatro primeros países mencionados se encuentran entre los más afectados directa e indirectamente por el cambio climático de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático Global del año 2021.

Cambio climático y migración

Las consecuencias debidas al cambio climático, como sequías, crecidas de ríos y tormentas, son cada vez más frecuentes en los países mencionados anteriormentes. Estos desastres naturales fuerzan a los ciudadanos a ver la migración como una solución y con ese fin escogen la ruta latinoamericana que empieza en países suramericanos como Brasil, Ecuador o Venezuela, pasa a través del Darién y continúa por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Son innumerables los testimonios de tragedia, tristeza y muerte de quienes ya han pasado por esta ruta en búsqueda de días mejores para ellos y sus familias. Pero el impacto no se queda solo en la salud mental y fìsica de las personas, sino que la gran cantidad de migrantes que utilizan la ruta del Darién están causando una gran contaminación y daños ambientales que, de seguir al ritmo actual, en un corto plazo podrían considerarse impactos ambientales de carácter irreversible. 

Parque Nacional Darién, más que una zona protegida

El Parque Nacional Darién fue creado por el Estado panameño en 1980 e inmediatamente después, en 1981, la UNESCO lo declaró parte de la Reserva de la Biósfera de la Humanidad, siendo esta la mayor área protegida de Centroamérica y el Caribe. Con una flora, una fauna y unas condiciones ambientales únicas en el mundo, es además el hogar de comunidades indígenas ancestrales que luchan por mantener su identidad cultural y que dependen de estos territorios para subsistir.

Antes de la consagración del Darién como ruta migratoria, este ecosistema ya se enfrentaba a graves amenazas de origen humano. Acciones como la tala de árboles, los incendios provocados, la minería ilegal, las titulaciones de tierra fraudulentas, los monocultivos y las  actividades agropecuarias intensivas han puesto en riesgo el Darién. Y la migración actual por esta vía está empeorando considerablemente la realidad ambiental de esta región de Panamá, desprotegida pero de importancia mundial en términos ambientales y culturales.

Problemas ambientales causados por la migración

La contaminación provocada por desechos sólidos –estimada por el ministerio de Ambiente panameño en 9 kilos por persona– abandonados a lo largo de la vía, que incluye al menos 37 quebradas y 20 ríos del Parque Nacional Darién, es uno de los principales problemas causados por la ruta migratoria. La Presidencia de la República de Panamá anunció en agosto de 2023 que se calculaba en 9.000 toneladas la basura que se encuentra esparcida en las rutas utilizadas por los migrantes en el parque y sus alrededores. Esta realidad ha creado una emergencia nacional en Panamá que no ha sido debidamente atendida a causa de la falta de recursos y de capacidad técnica de las instituciones públicas de la región.

Un segundo problema, pero no menos importante, es la erosión causada por el paso de los migrantes. En el 2023 cruzaron el Darién más de medio millón de personas, quienes, sumadas a las de años anteriores, serían los responsables de la remoción de no menos de 391.803 metros cúbicos de suelo, lo que equivaldría a 6.530 contenedores de carga marina de 12 metros de largo. La erosión a tales niveles afecta a la productividad de los ecosistemas y causa pérdidas significativas a la diversidad biológica de la zona.

Aunque en el presente una parte importante de la migración se debe a razones políticas en los países de origen, ya se reconoce que la migración desde Asia y África se encuentra en aumento, y una de las principales razones es el impacto del cambio climático. Aunque ningún país se encuentra exento de sufrir sus consecuencias, debemos añadir en países como Panamá los daños ambientales colaterales que las migraciones forzadas están causando en zonas de importancia ambiental mundial como la selva del Darién.

Es urgente redoblar los esfuerzos internacionales que nos permitan encontrar formas de combatir el cambio climático a mediano y largo plazo, así como atender a corto plazo las necesidades de las poblaciones en sus lugares de origen ante los riesgos directos o indirectos relacionados con el cambio climático. Las personas afectadas, en su mayoría del sur global, que buscan una esperanza en países ubicados en Norteamérica o Europa, en su ruta pueden provocar otros problemas ambientales en zonas vitales de conservación y de importancia en la lucha coincidentemente contra el cambio climático.

Transparencia en Cuba y América Latina 

Raudiel F. Peña Barrios
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Transparencia en Cuba y América Latina 

Hace algunos días, la organización Transparencia Internacional (TI) publicó su más reciente escalafón del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que se corresponde con las mediciones realizadas durante el 2023. Los análisis de TI se centran en el fenómeno de la corrupción y en cómo este afecta al normal funcionamiento de las instituciones estatales. En el informe se presta especial atención al sistema judicial. El IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de criterios obtenidos mediante diversas fuentes, incluidos expertos y empresarios. Se basa en 13 datos independientes y utiliza una escala de cero a 100, donde el primero de estos valores equivale a un país muy corrupto y el segundo a uno muy limpio.

Acorde con la información presentada por TI, más de dos tercios de los 180 países analizados obtuvieron una puntuación inferior a 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción. El promedio mundial se estancó en 43 puntos, mientras que la gran mayoría de los países no lograron avances o disminuyeron su estatus en la última década. De hecho, más de veinte países cayeron a sus puntuaciones más bajas desde que se emite el ranking.

Incluso el país mejor ubicado de América Latina, Uruguay, descendió respecto al 2022. Pero algo que también parece destacable es que Cuba, el Estado con el régimen político más autocrático y cerrado de Latinoamérica, aparece en un nivel superior a algunas de las democracias de la región. Cuba se ubicó en el lugar 76 con 42 puntos, a pesar de descender en el escalafón general respecto al 2022. No obstante, Colombia se sitúa en el lugar 87 con 40 puntos, Argentina en el 98 con 37, Brasil en el 104 con 36, República Dominicana en el 108 con 35 y Ecuador en el 115 con 34. Con base en este orden de cosas, es oportuno preguntarse qué criterios tuvo en cuenta la organización TI para valorar mejor a Cuba que a varias de las democracias latinoamericanas. 

No obvio que es posible que estos últimos países presenten serios problemas de corrupción que afectan al sector público en general y al poder judicial en particular. Pero el IPC no capta algunos aspectos de la realidad para que la autocracia más longeva de América Latina y el Caribe, y la tercera más añeja de su tipo en el mundo –me refiero a estados con regímenes autocráticos de partido único, por lo cual Cuba solo es superada en perdurabilidad por China y Corea del Norte– tenga menos problemas de corrupción que estados democráticos. El análisis de la correspondencia entre algunos de los criterios expuestos por TI en su página web oficial y la realidad cubana es útil para demostrar mi punto.

Por ejemplo, TI menciona que existe una tendencia mundial al debilitamiento de los sistemas judiciales, lo cual reduce la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y, a su vez, permite que prospere la corrupción. Según la mencionada organización, tanto los líderes autoritarios como los democráticos socavan la justicia. Esto repercute en la impunidad de quienes cometen actos de corrupción y los estimula al eliminar las consecuencias para los delincuentes. Actos corruptos como el soborno y el abuso de poder se han infiltrado en instituciones judiciales de todo el mundo. Ello provoca que las personas vulnerables tengan un acceso restringido a la justicia, mientras que las élites económicas y políticas se apoderan de sistemas de justicia completos, a expensas del bien común.

A partir de esta afirmación, es posible sostener que en el contexto cubano existen deficiencias estructurales que condicionan la transparencia y rendición de cuentas de los órganos judiciales. En primer lugar, varios organismos internacionales adscriptos al sistema universal de protección de los derechos humanos han señalado al Estado cubano por la escasa independencia del poder judicial.

La elección de los jueces profesionales y legos del Tribunal Supremo Popular es una facultad de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), según lo pautado en el artículo 109 (inciso h) de la Constitución de 2019. Este órgano es ampliamente controlado por el Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal acorde con lo establecido en el artículo 5 constitucional. La inmensa mayoría de los 470 diputados de la ANPP son militantes de esa fuerza política, entre los que destacan los integrantes de la élite partidista. De ahí que la elección de los miembros de la máxima instancia del poder judicial está cooptada por quienes dirigen el PCC, un fenómeno que ocurre también a nivel local, lo cual permite que queden impunes los actos de corrupción de varios de sus funcionarios de más alto nivel.

Por otra parte, TI reconoce que la justicia y el estado de derecho efectivo son esenciales para prevenir y detener la corrupción tanto nivel nacional como internacional. Ambos son piedras angulares de la democracia y encarnan nociones de justicia y responsabilidad. La impunidad generada por la corrupción implica una situación de injusticia y de fracaso del estado de derecho. De igual forma, la mencionada organización reconoce que el autoritarismo en algunos países contribuye a esta tendencia, incluso en los países democráticos.

En estos contextos se han debilitado los mecanismos para controlar a los gobiernos. La socavación de los sistemas de justicia y las restricciones a las libertades cívicas se han implementado por estados con gobiernos de todo el espectro político. Por ello, de acuerdo con lo planteado por TI, los países con un estado de derecho sólido e instituciones democráticas que funcionan bien suelen tener mejor puntuación en el IPC. Los estados democráticos tienden a superar con creces a los regímenes autoritarios cuando se controla la corrupción.

Si TI reconoce que la democracia y el estado de derecho son claves en el combate contra la corrupción y que su incidencia en el IPC es tan importante, entonces ¿cómo es posible que Cuba tenga mejores guarismos que algunas democracias de América Latina, por muy débiles que sean? El cruce de los datos del IPC con los de otros índices confirma que algo está mal en el peso que tienen la democracia y el estado de derecho en la calificación del estado cubano. Así, los indicadores del proyecto Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, demuestran que Cuba es una autocracia cerrada desde el 1972. Este resultado es confirmado también por los indicadores sobre libertad de Freedom House.

Por último, TI sostiene que en muchos países los perpetradores de grandes actos de corrupción a menudo se benefician de la impunidad por las deficiencias de los sistemas de administración de justicia. Las instituciones judiciales son susceptibles de ser capturadas por grupos políticos, económicos o de intereses especiales. En los casos más extremos, las redes de patrocinio y clientelismo utilizan su influencia para crear impunidad en beneficio de sus integrantes mediante la manipulación de los procesos legales.

En el contexto cubano, esto es muy común. A la comentada escasa independencia judicial se suma la estrecha colaboración de los tribunales con la fiscalía y los órganos del Ministerio del Interior (MININT), lo cual se demostró por un video publicado por un medio de la prensa independiente cubana. En el material se nota cómo esas instituciones coordinan la administración de justicia en Cuba, lo cual impide que se persiga adecuadamente los hechos de corrupción de la élite política.

Con base en estos elementos, me parece que es bastante claro que el IPC no capta la realidad de la corrupción en Cuba, un fenómeno complejizado en los últimos años por la expansión de la propiedad privada en un contexto de estricto control ejercido por una pequeña élite política. Esta tiene un poder discrecional absoluto sobre los negocios privados que se aprueban o no, tanto si se trata de capital nacional como extranjero. Tal orden de cosas debe valorarse como consustancial a la naturaleza del estado cubano, el cual no asume la transparencia y la rendición de cuentas como principios informadores de su organización y funcionamiento, al tiempo que rechaza la democracia como régimen político.

Costa Rica: las elecciones municipales acentúan la erosión del sistema de partidos

Ronald Alfaro-Redondo
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Costa Rica: las elecciones municipales acentúan la erosión del sistema de partidos

El domingo 4 de febrero tuvieron lugar las sextas elecciones de autoridades municipales en Costa Rica. Previo al 2002, los comicios municipales se celebraban de manera concurrente con las nacionales, y a partir de 2016 se unificó la designación de todos los cargos y se separaron de las presidenciales y legislativas. Las elecciones libres y limpias se celebraron en un ambiente de normalidad. Los resultados fueron dados a conocer con rapidez y sin cuestionamientos. En total se elegían 6,612 cargos con participación de 71 partidos políticos. Se encontraban habilitados para votar 3.5 millones de votantes.

Como todo evento de esta naturaleza, las elecciones municipales reportan continuidades por un lado y por el otro, cambios y reconfiguraciones. Una de las continuidades más importantes está relacionada con la asistencia a las urnas. Al igual que sucede en otras sociedades que también celebran elecciones locales separadas de las municipales, por lo general, la concurrencia de la ciudadanía a las urnas es menor que la registrada en otras elecciones. Costa Rica no es la excepción en esta materia.

En las cinco elecciones locales entre 2002 y 2020, el promedio de participación electoral fue de tan solo un tercio del padrón. En la elección municipal de 2024, el 32% de las personas empadronadas ejerció el sufragio. Es decir, se prolonga la tendencia de baja asistencia. A pesar de que este valor promedio nacional es bajo, los datos confirman una segunda continuidad importante: persisten y se refuerzan las disparidades territoriales de la participación. A lo largo de las seis elecciones municipales celebradas (2002, 2006, 2010, 2016, 2020 y 2024), la asistencia a las urnas en localidades de menor desarrollo humano y localizadas por lo general en regiones rurales y periféricas ha sido mayor que la registrada en las ciudades urbanas, más desarrolladas y pobladas, ubicadas en el área metropolitana.

Algunos datos pueden ilustrar este patrón geográfico de la participación: en el municipio capitalino de San José, el de mayor presupuesto y el de mayor visibilidad mediática, la concurrencia a las urnas fue de un 23%, la misma cifra que en Heredia (localidad ubicada al norte del país). Además, el municipio con menor afluencia fue Desamparados, en la provincia capitalina: registró un 21% de participación. En cambio, en municipios como Turrubares, el ausentismo fue del 39%, en Nandayure del 41% y en Monteverde del 44%, sobresaliendo como los cantones de menor abstencionismo. En síntesis, la elección municipal 2024 se comportó como las anteriores en términos de la participación de la ciudadanía y en lo que respecta a las disparidades territoriales.

Ahora bien, los reacomodos más relevantes han ocurrido en los apoyos electorales a los partidos políticos. En elecciones previas, los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) han dominado los cargos municipales. Por ejemplo, en 2002 estas dos agrupaciones controlaban 75 de las 81 alcaldías municipales (un 93%). Hace cuatro años, en 2020, las alcaldías en manos del PLN y el PUSC eran 58. En esta oportunidad, los partidos mencionados se adueñaron de 49 municipalidades, poco más de la mitad en disputa. En este escenario, la agrupación política que ha perdido más respaldo es el PLN, que en 2024 perdió 15 municipalidades con respecto a 2020 y 30 respecto a 2006, su mejor año. El PUSC, por su parte, aumentó en 5 en comparación con hace cuatro años, pero muy lejos de las 48 que tenía en 2002.

Al debilitamiento de los partidos PUSC y PLN a escala local se le suma el hecho de que los partidos políticos oficialistas a nivel nacional (en control del Poder Ejecutivo), en las últimas tres elecciones (2016 en adelante), comparten una característica que los pone en desventaja en elecciones municipales: carecen de bases de apoyo territoriales. De hecho, luego de que en épocas en las que el PLN y PUSC afrontaban comicios municipales siendo gobierno nacional y obtenían respaldos del 37%, el 46% y el 44%, en las últimas tres elecciones municipales las otras dos agrupaciones que han sido gobierno (PAC y Progreso Social Democrático) solo han llegado al 12%, el 7% y el 5% de respaldo electoral.

La erosión del respaldo a los partidos tradicionalmente dominantes en las elecciones de autoridades municipales ha abierto múltiples espacios para agrupaciones emergentes que aprovechan para disputar y convertirse en agrupaciones competitivas a nivel local. En 2024 esa agrupación fue Unidos Podemos, un partido sin mayor historial y sin arraigo comunal, que pasó de 1 a 9 alcaldías. Además, los partidos cantonales prolongan un proceso gradual de expansión en dos sentidos: uno territorial, abarcando más comunidades y territorios, y otro, electoral, al alcanzar más alcaldías y regidurías en cada elección. 

Los últimos cambios de relevancia son de índole jurídico. En las elecciones municipales 2024 se aplicaron dos reformas de gran trascendencia. La primera de ellas consistió en la aplicación de límites a la reelección municipal, la cual produjo una renovación de las autoridades designadas, especialmente en las alcaldías. La segunda se refiere a la aplicación de la paridad de género mediante la alternancia en todas las candidaturas y en todas las circunscripciones en las que compitan los partidos políticos. La aplicación de esta última norma originó que algunas candidaturas que incumplieron con estos requisitos fueran denegadas, incluidas las de dos agrupaciones políticas (Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda) que recibieron el apoyo del presidente Rodrigo Chaves, luego de su conflicto y separación del Partido Progreso Social Democrático.

Javier Milei, rumbo a los 3 meses de gobierno

Pablo Stropparo
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Javier Milei, rumbo a los 3 meses de gobierno

El 10 de diciembre del 2023 asumió la presidencia de Argentina un economista proyectado como outsider sin una estructura partidaria fuerte, Javier Milei. Culminó así también el año de mayor inflación de las últimas tres décadas. Frente a lo agudo del problema y el fracaso de respuestas desde el Estado por los gobiernos anteriores, no sorprende que los votantes eligieran a un economista con propuestas libertarias, que en su campaña hizo hincapié en la resolución de este flagelo que aqueja a los argentinos a través, incluso, de una propuesta extraordinaria: dolarizar. A camino de los tres meses de la asunción presidencial, el proceso inflacionario se profundiza mientras se multiplican los escollos (especialmente los legislativos) que se le presentan al nuevo gobierno para asegurar su estabilidad y éxito.

Iniciado su mandato, el nuevo gobierno comunicó unas 10 medidas cuyas repercusiones se hicieron notar negativamente en las condiciones de vida de la población. Una de ellas fue la fuerte devaluación de la moneda, que llevó la inflación de diciembre al orden del 25%. Otras medidas cobraron fuerza más tarde a partir del diagnóstico del gobierno autodefinido como liberal libertario de que el país está inmerso en una maraña de regulaciones que serían las causas de la inflación.

El anuncio ed la desregulación de la economía

Así, el 21 de diciembre, Javier Milei anunció por cadena nacional un amplio y diverso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuyo objetivo sería desregular la economía. Uno de sus principales objetivos era implementar una reforma laboral que alivie los costos laborales y le quite poder a los sindicatos. Teniendo en cuenta los intereses que la propuesta afecta, era esperable que el DNU se judicializara, lo que ocurrió durante los dos primeros meses de gobierno. En efecto, el capítulo laboral del DNU fue el que más medidas cautelares provocó. De alguna manera, podría decirse que este DNU, salvo en pocos aspectos, está frenado por la justicia, a la espera de que todavía se trate en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia.

Paralelamente al decreto, el presidente Milei envió proyectos de ley al Congreso, preanunciados antes del final de 2023 junto con la convocatoria a sesiones extraordinarias. La llamada “ley ómnibus” sumó mayores desregulaciones en otros sectores, además del pedido al poder legislativo de una desproporcionada cantidad de facultades delegadas. Sobre estas últimas cabe decir que, si bien todos los gobiernos en Argentina al asumir las solicitan, lo hacen con plazos menores y en una menor proporción, lo que supondría fuertes discusiones en el Congreso.

En efecto, ello sucedió una vez que, durante la primera quincena de enero, se reunieron los diputados en tres comisiones, siendo esta solicitud de facultades delegadas uno de los aspectos que despertó mayores críticas, diálogos y fervientes negociaciones. En la medida en que, en el Congreso, el gobierno cuenta con un número escaso de legisladores, las negociaciones fueron duras y los resultados positivos ambiguos o cuestionables. Ello aun cuando el bloque oficialista pueda aprovechar el apoyo de Propuesta Republicana (PRO) y de parte de la Unión Cívica Radical (UCR), que otrora conformaron Juntos por el Cambio. De hecho, en las negociaciones, tanto en las comisiones como una vez que el proyecto de ley pasó al recinto para su discusión, estas dos fuerzas políticas junto a otras más pequeñas fueron las únicas dispuestas a dialogar y negociar, teniendo en cuenta las provincias que gobiernan.

Volver a empezar

Luego de largas discusiones, el viernes 2 de febrero el proyecto fue aprobado en su versión en general por una mayoría de 144 frente a 109 opositores, sobre todo, de Unión por la Patria (UXP) y del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). Insólitamente, sin embargo, cuando el martes 6 de febrero el proyecto comenzó a tratarse en particular, y una vez que notó que las limitaciones que se le estaban poniendo a la ley no le parecieron pertinentes, el oficialismo volvió a foja cero el proyecto. La incertidumbre vuelve a reinar.

A camino del tercer mes de gobierno, las medidas económicas tomadas al arrancar el mandato van sumando siderales aumentos de impuestos y tarifas. En un contexto donde las herramientas legislativas del gobierno para desregular la economía y bajar la inflación no auguran un buen destino, todo se complica. Uno de los horizontes posibles es nada menos que la ingobernabilidad. ¿Podrá ejercer el mando un gobierno inexperto en una crisis sin precedentes?

En este contexto, se plantean algunas alternativas, como la institucionalización de la alianza con el PRO, una abierta especulación de analistas y dirigentes de ese partido, como Patricia Bullrich, quien ya integra el gobierno en calidad de ministra de Seguridad. Por otra parte, sería esperable que, ante los primeros fracasos legislativos, el oficialismo cambie de estrategia y abandone su ambicioso megaproyecto de ley “ómnibus” por proyectos de ley por temas.

Si no avanzan esas alternativas, un tercer escenario rumbo a los 100 días de gestión tal vez sea una “bukelización a la argentina”, donde la pieza fundamental del gobierno sea la dolarización, especialmente al reconocer la ausencia de un plan de estabilización. De hacerlo, Milei –quien derrotara al peronismo en 2023– estaría, paradojalmente, repitiendo la política económica de otro peronista que se eligió presidente 35 años atrás, Carlos Menem.

Texto presentado en el marco del acuerdo entre WAPOR Latinoamérica y la Revista Mexicana de Opinión Pública

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