Se equivocan quienes ven en El Salvador el surgimiento de un sistema de partido hegemónico. Con más del 80% de los votos que le permiten a Nayib Bukele reelegirse como presidente de ese país –después de reformar la Constitución–, la tentación de ver resurgir a un nuevo PRI al estilo mexicano es mucha, pero es un error. El problema es que quizá lo que se cocina en el país centroamericano es aún más preocupante, si se analiza con cuidado.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México más de 70 años de manera ininterrumpida, esto si se consideran sus antecesores: nació como Partido Nacional Revolucionario en 1929, en 1938 se transformó en Partido de la Revolución Mexicana y, finalmente, en 1946 cambió a sus actuales siglas.
En la elección de 1976 su candidato, José López Portillo, se hizo con la Presidencia de la República con el 93.5% de los votos. Comenzaron las preocupaciones debido a que se evidenciaba un sistema en el que no existía ya ni siquiera una oposición simulada: los únicos partidos que en ese momento aparecieron en la boleta eran satélites y apoyaron a quien se convertiría, mediante un proceso de mero trámite, en presidente, el Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana.
¿Esto no suena muy parecido a lo ocurrido en El Salvador el pasado 4 de febrero? Análisis previos a las elecciones advertían ya sobre la presencia de un partido hegemónico en el país centroamericano. Y apenas comenzaron a hacerse públicos los resultados tras el cierre de casillas, se siguió con el mismo tono, entre periodistas y también entre connotados analistas políticos.
Es el politólogo italiano Giovanni Sartori quien introduce el tipo de partido hegemónico dentro de una taxonomía para clasificar a los partidos. Toma a México como prototipo de este sistema no competitivo, no sin advertir sobre lo sui generis del caso. Para Sartori privaban concepciones e interpretaciones erróneas por una notoria incapacidad de los estudiosos para introducir en un marco adecuado a la organización política mexicana.
Un partido hegemónico no tiene que ver solamente con un dominio y control extensivo en la sociedad y el sistema político, pues esta influencia pudiera tener un origen democrático. El punto está en que en este sistema no se permite una competencia oficial por el poder, hay partidos de segunda a los cuales no se les permite competir en igualdad de condiciones, y no es solo que no haya alternancia, sino que sencillamente esta posibilidad no existe (Sartori dixit).
No es el caso de El Salvador. Referirse a Nuevas Ideas como partido hegemónico es un error, producto de la incapacidad para comprender lo que está ocurriendo. Los partidos salvadoreños más importantes no son una mera burla ni una fachada vacía: son organizaciones debilitadas por la negación del voto por parte del electorado, no por la subordinación al que hoy luce como partido principal.
No se puede negar el triunfo contundente del presidente Bukele y su partido, pero tampoco la historia y el desenvolvimiento competitivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado en 1980 a partir de una coalición de organizaciones guerrilleras de izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ubicada a la derecha del espectro ideológico y fundada en 1981, justo para contener la influencia de los movimientos guerrilleros.
El PRI fue un partido creado para gestionar el poder –porque ya se encontraba instalado en él–, Nuevas Ideas fue fundado, apenas en 2017, para alcanzarlo. En el caso salvadoreño la oposición no se impulsa desde el poder para brindar una apariencia democrática, sino que existe pese a los deseos de Bukele.
Pero de ninguna manera es una buena noticia que en El Salvador por lo pronto no exista un modelo de partido hegemónico; frente a la realidad esto es apenas un prurito académico. En el caso mexicano se antepuso el control ante la participación, a manera de una escala evolutiva; el riesgo con Bukele es que crece el control político, quizá sin mucha participación, pero sí con un respaldo a sus acciones centradas en el combate a las pandillas que el otrora sistema de partido hegemónico mexicano jamás tuvo.
El descenso en las cifras de homicidios es inversamente proporcional a la popularidad que acumula Bukele. En un país en donde la inseguridad hacía insostenible la vida, la brutalidad contra supuestos delincuentes y los visos de autoritarismo no solo son bien vistos, sino que, incluso, se traducen en votos.
La última ronda de confrontaciones iniciada el 7 de octubre entre las milicias palestinas de Hamás e Israel ya ha dejado más de 24.000 palestinos y 1.200 israelíes asesinados. Sin embargo, sus consecuencias no se limitan a Medio Oriente. Comunidades judías e islámicas de todo el mundo están a merced del aumento del antisemitismo y la islamofobia, discursos de odio sutilmente incrustados en la sociedad occidental.
Los gobiernos progresistas latinoamericanos han hecho un llamado por la defensa de los derechos humanos y por un alto el fuego que pueda ayudar a solucionar la grave crisis humanitaria que está viviendo el pueblo palestino en Gaza. En el mismo sentido, han calificado como crímenes de guerra los bombardeos indiscriminados del ejército israelí como respuesta al ataque terrorista de Hamás y han denunciado la ocupación y la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania por parte de Israel que violan el Derecho Internacional.
Pero dentro de estas posiciones también se han reproducido, voluntaria o involuntariamente, símbolos y narrativas antisemitas. En Argentina, un edificio donde viven algunas familias judías fue marcado con la estrella de David, tal como hicieron los nazis en la Noche de los Cristales Rotos. Un destino similar padecieron la embajada israelí y una sinagoga en Bogotá, Colombia, que fueron vandalizadas con símbolos nazis. Así mismo, según la Confederación Israelita de Brasil (CONIB), las denuncias por antisemitismo han aumentado un 961% en el país.
La comunidad judía en América Latina advierte sobre el aumento de los discursos de odio
“Se puede ser pro-palestino sin necesidad de ser antisemita”, nos dice Fernando Lottenberg, comisario de la OEA para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo. Para él, uno de los aspectos centrales en los que recae el antisemitismo es en culpar a toda la comunidad judía por las acciones del Estado de Israel. Esto se refleja en el ataque a sinagogas y en el señalamiento y vandalismo a bienes de la comunidad judía. Además, agrega que “los ataques a las comunidades judías generalmente desembocan en ataques al sistema democrático”.
“El crecimiento de los discursos antisemitas en Colombia está generando en la comunidad un sentimiento de inseguridad”, nos cuenta Eli Akerman, joven israelí-colombiano crítico del gobierno de ultraderecha israelí. Para él, es necesario tener mucho cuidado con los símbolos que se utilizan en los discursos referentes al conflicto en Gaza, ya que pueden reproducir estereotipos racistas que tienen un gran impacto social y ponen en peligro a la comunidad judía alrededor del mundo.
La actual coyuntura ha demostrado que lo que pasa en Medio Oriente afecta a todas las comunidades judías. En Daguestán (sur de Rusia), una turba irrumpió en el aeropuerto local para atacar a los pasajeros de un vuelo llegado desde Tel Aviv. En ese orden de ideas, Michael Rosenthal, activista por la paz y estudiante de Relaciones Internacionales, afirma: “La comunidad judía en América Latina no funciona en un vacío, los ataques a los judíos en todo el mundo duelen igual en todas las comunidades porque siempre estamos en constante contacto”.
Para él, la inversión y banalización del Holocausto, así como la demonización de la comunidad judía, están cada vez más presentes en los discursos referentes al conflicto en Gaza, especialmente en las redes sociales. En Estados Unidos uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años cree que el Holocausto es un mito, según una encuesta reciente de The Economist.
Michael, junto a otros jóvenes judíos colombianos que votaron por la izquierda en las últimas elecciones presidenciales, escribió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestando su indignación por no condenar directamente la masacre del 7 de octubre por parte de Hamás, a la vez que reconocen y condenan las acciones del ejército israelí en Gaza, así como la política de Israel frente a los palestinos de los últimos años.
Reconocer el carácter estructural del antisemitismo en nuestra sociedad
El antisemitismo está profundamente vinculado la historia de “Occidente” y ha sido utilizado por las élites gobernantes como chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas de corrupción y mal gobierno, nos recuerda Joel Klahr, psicoanalista judío colombiano. El antisemitismo como discurso de odio tiene la particularidad, tanto desde la izquierda como desde la derecha, de representar a la comunidad judía como un grupo que está siempre en la cima, “aliado” del poder dominante.
Estos aspectos incrustados en la psicología colectiva vienen acompañados de estereotipos físicos asignados históricamente a la comunidad judía, como los reproducidos por el popular caricaturista colombiano Matador, que al intentar desarrollar una crítica contra Israel termina reproduciendo diferentes clichés antisemitas, acusándolos de considerarse una raza superior y demonizándolos por las acciones del Estado de Israel.
Aunque el antisemitismo se desarrolló principalmente en la derecha conservadora, se debe reconocer que en la izquierda hay particularidades que reflejan también la existencia de prejuicios y libelo antisemitas. La representación del judío como blanco, parte de la élite financiera y representante de los intereses “imperialistas” occidentales ha hecho parte de los discursos emancipatorios alrededor del mundo. En su libro Sobre la cuestión judía, Marx afirmaba: “¿Cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta. ¿Cuál es el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? El dinero”.
Todos estos estereotipos son fáciles de desmontar. Es importante estudiar la historia moderna para entender, por ejemplo, que la mayoría de los judíos europeos antes del Holocausto vivían en comunidades agrícolas humildes (Shetl) en la Europa oriental, mientras que otros hacían parte de la clase intelectual realizando grandes aportes en todos los campos del conocimiento. Aun así, estas comunidades fueron perseguidas no solo por el nazismo y el zarismo ruso, sino también por el estalinismo.
El compromiso del progresismo por desmontar el racismo estructural debe también implicar una lucha frontal contra el antisemitismo. Esto implica diferenciar a la comunidad judía de las acciones de un individuo o una institución, pero también educarnos para no reproducir símbolos que reproducen cualquier discurso de odio. Reconocer que la comunidad judía ha sido perseguida durante toda su historia y en todas partes del mundo es indispensable en esta deconstrucción.
“Combatir al antisemitismo como si no hubiera ocupación y combatir la ocupación como si no hubiera el antisemitismo”
Esta frase guía el trabajo del periodista argentino-israelí Ezequiel Kopel, quien dedica su trabajo a reflejar la realidad de Medio Oriente para para el público latinoamericano. Él reconoce que, en algunas ocasiones, la retórica antisemita está presente en las críticas a Israel, pero también señala que dentro del campo pro-Israel hay quienes les interesa confundir cualquier crítica al país con antisemitismo: “Antisemitas como Donald Trump y Elon Musk tienen pase libre porque apoyan a Israel, mientras que a cualquier persona que critique a Israel se la califica como antisemita”.
Criticar el accionar de cualquier Estado es legítimo. Organizaciones como Jewish Voice for Peace (Voz Judía a favor de la Paz) en Estados Unidos, Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio) y B’tselem han denunciado la política de ocupación y la sistemática violación de Derechos Humanos cometidos por Israel antes y después del 7 de octubre. La clave para no caer en algún tipo de discurso de odio está en el tipo de lenguaje y símbolos que se utiliza.
Un último aspecto para resaltar es el uso de un doble rasero o estándar frente a Israel. Un claro ejemplo de esto nos lo brinda Marcos Peckel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y director de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, al señalar que la comunidad internacional no reaccionó de la misma manera con la limpieza étnica de los armenios de Nagorno-Karabaj ni con el bombardeo de campos de refugiados palestinos en Siria por parte de Bashar al-Assad.
Más allá de señalar las particularidades del conflicto palestino-israelí, esta crítica permite reconocer la necesidad de defender valores universales por encima de bandos concretos. Esto nos obliga no solo a denunciar todas las violaciones de Derechos Humanos y opresiones de un grupo nacional sobre otro (como en Turquía con los kurdos o en Irán con los baluchíes), sino también denunciar el terrorismo y el ataque a civiles, vengan de donde vengan.
La lucha contra el antisemitismo debe ser parte fundamental de las reivindicaciones progresistas, así como lo deben ser la lucha en contra la islamofobia, la ocupación de Cisjordania y la violación de los derechos del pueblo palestino. La clave está en conocer la historia para no reproducir estigmas racistas mediante el uso de términos y símbolos en nuestro discurso.
La reelección es un tema tabú para muchos países. Algunos la han eliminado de sus legislaciones y otros la tienen debido a que los períodos presidenciales son cortos. En otros casos, se argumenta que no tener límites de temporalidad en la presidencia permite dar continuidad a un gobierno que ha dado resultados.
Sin embargo, en el siglo XXI varios países de América Latina han visto cómo la reelección presidencial ha sido una puerta para mancillar la democracia y, con ello, construir autocracias. Cabe destacar que la reelección dentro del marco constitucional y con un periodo finito no es peligrosa por sí sola; politólogos como Aníbal Pérez-Liñán argumentan que el hecho de que un ejecutivo permanezca por un segundo periodo en el poder es una forma de recompensarlo.
Los modelos del presidencialismo norteamericano, argentino o brasileño permiten la reelección inmediata por solo un periodo. De esta forma se establece un candado a los presidentes para evitar la concentración de poder y el afianzamiento en el cargo. Cientistas políticos como Andrew Ellis o Jesús Orozco Henríquez consideran que el modelo de un segundo período continuo o la reelección escalonada constituyen una barrera para la acumulación de poder.
En casos como el chileno o el uruguayo, que prohíben la reelección inmediata, hay que esperar una legislatura para volver a contender por la titularidad del Poder Ejecutivo. Con este modelo se permite que haya un periodo de transición y pluralismo para evitar que un instituto o personaje consolide más poder.
Los límites constitucionales no suelen ser un límite
La seducción por el poder es un deseo latente en los políticos de diversas latitudes. Sin embargo, los límites constitucionales y de tiempo son una barrera para ellos, como menciona Adam Przeworski en su libro La democracia en crisis. Aun así, en las primeras décadas del siglo XXI algunos presidentes han acumulado el suficiente poder como para presionar a los tribunales constitucionales y con ello avalar su reelección eliminando las barreras legales.
En estos tiempos ha sido a través de sentencias judiciales que han argumentado que la reelección es una forma de premiar una administración de resultados, pero últimamente se ha sumado a la argumentación que es un derecho humano; por lo tanto, limitarla sería prohibir derechos a los actores políticos.
La bibliografía escrita al respecto y los grandes tratados de derecho como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) o la Carta Universal de los Derechos Humanos (1948) sólo establecen la libertad de asociación para hombres y mujeres, pero no mencionan que la reelección sea parte de estas garantías. De hecho, los teóricos clásicos como Rousseau, Locke y Bentham mencionan la importancia de limitar el poder político.
Incluso los teóricos más conocidos del derecho como Kelsen, Heller, Jellinek o Rawls establecen los límites, el respeto a las leyes máximas y el marco jurídico del Estado. Lo que se ha visto en estos tiempos es una maleabilidad del derecho para favorecer a un personaje, como ha ocurrido con los gobernantes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia y recientemente El Salvador, que se unió a esta lista de países que sostienen que la reelección es un derecho humano.
Una tendencia creciente
El primer país en implementarlo fue Venezuela en 2009 durante el tercer mandato de Hugo Chávez, que reformó la Carta Magna bajo el argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia revisó el caso se mencionó que eliminar el control de temporalidad no implicaba un cambio de régimen o forma del Estado, sino que se trataba de ampliar los derechos de la ciudadanía. Con la decisión se abrió la puerta para que el chavismo se afianzara en el poder y la democracia comenzó a erosionarse.
En el mismo año, pero en Nicaragua, durante el primer mandato de Daniel Ortega del siglo XXI la Sala Constitucional de la Corte Suprema abrió el camino para la reelección indefinida con el mismo argumento de ser un derecho humano. Empero, a diferencia de Venezuela, Ortega ya había sometido al Poder Judicial: gracias a una reforma elevó el número de magistrados del máximo tribunal, que, al ser cercanos a él, declararon la constitucionalidad del proyecto.
En consecuencia, el orteguismo se ha mantenido en el poder de forma ininterrumpida desde 2006. Los contrapesos se han eliminado y Nicaragua transita hacia un modelo autocrático. Durante la segunda década de este siglo, tres países más se sumarían a la reelección indefinida. En 2015 fue la vecina Honduras, cuando la Sala Constitucional aprobó que el entonces presidente, Juan Orlando Hernández, pudiera presentarse a otro periodo. Recordemos que llegó al poder a través de un lawfare o golpe de estado blando contra el mandatario izquierdista Juan Manuel Zelaya.
También en 2015 en Ecuador, bajo el tercer mandato del presidente Rafael Correa, los legisladores de Alianza-País aprobaron una enmienda constitucional para introducir la reelección indefinida. A pesar de que el dictamen terminó en la Corte Constitucional, esta la validó argumentando que era una decisión que ampliaba los derechos político-electorales de la ciudadanía, ya que si un presidente hacía un buen gobierno las y los votantes lo premiarían. Fue en 2018 cuando se volvió a introducir en la Constitución el candado de temporalidad.
Un año más tarde, en 2016, en Bolivia el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) buscó hacer un referéndum para modificar la Carta Magna e incluir la reelección indefinida. Entre 2017 y 2018 el Tribunal Supremo de Justicia retomó el artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos para avalarla. Con ese precedente, Evo Morales buscó un cuarto periodo en 2019, lo cual devino en protestas que culminaron con su renuncia y salida del país.
Por último, en 2021 El Salvador se sumó a esta lista. El 5 de febrero de 2024 el mundo presenció la primera reelección de Nayib Bukele, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata en al menos 9 artículos. El camino salvadoreño fue similar al nicaragüense. El partido Nuevas Ideas impulsó un proyecto en la Asamblea Nacional para permitir la reelección del presidente. Luego de aprobarse, 5 magistrados de la Corte Suprema renunciaron y Bukele nombró perfiles cercanos a él, con lo que el proyecto de reelección inmediata se aprobó argumentando que era un derecho humano. Lo único que se estableció fue que el ejecutivo debía separarse del cargo con 6 meses de antelación.
Como podemos ver, varios países han utilizado el argumento de los derechos humanos para abrir la puerta a la reelección indefinida. Los casos expuestos principalmente se caracterizan por ser gobernados por líderes personalistas y autoritarios; por ende, los pesos y contrapesos en el sistema democrático se encuentran capturados o erosionados.
Alekséi Anatólievich Navalni fue, de uno u otro modo, asesinado por el régimen de Vladimir Putin. Muchos pensaban que tenía los días contados, ya que desde hace años proliferaban los indicios de que las autoridades rusas pretendían acabar con su vida. A tan solo un mes de las próximas elecciones presidenciales en Rusia, Navalni comenzaba su cuarto año consecutivo en prisión. Y su caso podía hacerse aún más incómodo. Este hecho terrible necesariamente nos llama a reflexión.
Un opositor persistente
Navalni dedicó su trayectoria pública a cuestionar al régimen de Putin (y al breve interregno de Dmitri Medvédev) mediante las redes sociales. Su fuerza se desató al convertirse en un bloguero extremadamente popular que denunciaba la corrupción de los altos jerarcas de la autocracia rusa. Su carrera política comenzó tempranamente. Durante ocho años (1999-2007), tras haber culminado sus estudios universitarios en finanzas, Navalni trabajó en el partido Я́блоко (‘manzana’), de orientación liberal. Aunque compartía esencialmente el ideario del partido, su nacionalismo y vehemente oposición a la inmigración lo llevaron a apartarse de dicha organización.
En diciembre de 2011 fue arrestado durante dos semanas, tras congregar a varias decenas de miles de seguidores que protestaron por las irregularidades cometidas en las elecciones legislativas celebradas ese mismo mes. Para entonces ya había creado la Fundación Anticorrupción, desde la que elaboró varios libros y documentales. Con ellos acusó a Medvédev, considerado por muchos como un títere de Putin que fungió como presidente de la Federación Rusa entre 2008 y 2012. Navalni no sólo fue encarcelado en nuevas oportunidades, sino que también comenzó a sufrir agresiones físicas. A mediados de 2019, tras pasar por la cárcel, denunció un primer intento de envenenamiento al experimentar extrañas reacciones en la piel.
Sacrificio por una causa
Estas graves advertencias, sin embargo, no lograron detener al disidente, quien continuó con su labor. Un año después, el 20 de agosto de 2020, el avión de pasajeros en el que viajaba hacia Moscú tuvo que aterrizar de emergencia ante los preocupantes síntomas que súbitamente presentó Navalni. De inmediato, los gobiernos de París y Berlín solicitaron la posibilidad de darle acogida. Moscú accedió y al día siguiente fue llevado hasta un hospital de la capital alemana, donde efectivamente se determinó que había sido envenenado.
Pero será un hecho insólito el que definirá su destino, así como el sentido de su vida entera: cinco meses después, el 17 de enero de 2021, Navalni regresa con su esposa a Rusia, a pesar de que las autoridades de dicho país le advirtieran públicamente que lo capturarían apenas descendiera del avión. A pesar de las protestas que tuvieron lugar pocos días después en más de un centenar de ciudades rusas, Navalni fue llevado de un centro penitenciario a otro. Mientras tanto se determinaba judicialmente, de modo harto previsible, su culpabilidad por los cargos que se le imputaron.
Las condiciones de su cautiverio fueron empeorando de modo progresivo. Aislamiento, mala alimentación, privación del sueño, frío extremo y otras formas de castigo propiciaron sus huelgas de hambre. Finalmente, en diciembre de 2023 lo trasladaron a una colonia penal ubicada en la remota y helada localidad de Kharp, donde falleció la semana pasada.
Finitud y sentido de la vida
Con su muerte, Navalni nos obliga a pensar en el sentido de la vida. Todos sabemos que vamos a morir, aunque rara vez sepamos cuándo y cómo. Exceptuando las situaciones más extremas, el carácter mediato e imprevisible de la muerte suele alejarla de nuestros pensamientos cotidianos. Empero, para el ser humano, vivir no es simplemente existir. Lo característico del vivir humano es la posibilidad de elegir; es el desafío y la obligación de construir una historia personal dotada de algún sentido, en el marco de las limitaciones que nos impone la realidad. En consecuencia, es nuestra común mortalidad la que nos impulsa a indagar por el sentido de nuestras vidas.
En tanto la vida se compone de acciones, el sentido que damos a éstas suele ir configurando el de nuestra vida en general. Pero las acciones no poseen un sentido intrínseco. Mediante la facultad del juicio se lo vamos otorgando en dos planos que pudiéramos denominar como dialógicos. Uno es el plano colectivo, donde la comunidad juzga el valor de la acción del individuo, mientras que el otro es el plano del individuo, quien en diálogo consigo mismo juzga el valor de sus propias acciones. En uno y otro caso, el sentido de la acción viene usualmente determinado por el valor que le adjudicamos a esta, en donde el término valor asume su doble acepción de utilidad y de valentía.
Trascendencia de una decisión
Quien actúa siempre en función del juicio colectivo tiende a acomodarse al orden vigente y reforzarlo. Quien en cambio procura comportarse conforme a su propia conciencia no sólo se conquista a sí mismo, sino que ejerce y reafirma la consciencia de su existencia individual para convertirla así en una vida plenamente humana. Por eso suele asumirse que la acción desarrollada conforme a la propia conciencia requiere un gran valor. Por eso decía también Sócrates que una vida sin examen no merece ser vivida. A veces, no obstante, la conciencia puede dictar imperativos tan exigentes que ponen en riesgo la vida misma, tal como ha sucedido con Navalni.
Jorge Luis Borges, en uno de sus relatos de El Aleph, escribió que «cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad “de un solo momento”: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es». Para Navalni, ese momento posiblemente llegó cuando decidió volver a Rusia a principios de 2021. Tal decisión conmociona a quien la conoce, por la serenidad y el carácter casi suicida con el que se aproximó a ese destino trágico, así como también por la pregunta acerca de su utilidad. El enorme valor requerido para dar ese paso es incuestionable, entendiendo aquí valor como valentía, pero ¿podemos decir que el sacrificio fue útil, que valió la pena? En términos políticos, ¿cuáles fueron los resultados concretos que esta decisión logró propiciar?
El ejemplo que queda
En una era de hiperconectividad como la actual, las dictaduras han sustituido las masacres colectivas por el castigo a los individuos más ejemplares. Esta iniciativa resulta cruelmente eficaz mientras las acciones de dichos individuos no despierten una reacción efectiva de la sociedad contra el sistema autoritario. Lo usual, sin embargo, es que el peso de lo que Étienne de la Boétie llamó la servidumbre voluntaria se imponga, por desgracia, sobre todo lo demás.
Ahora bien, incluso cuando eso pasa, el valor de personas como Navalni no deja de interpelarnos en profundidad. Decisiones como la suya provienen de la necesidad personal de que las propias acciones estén a la altura de los compromisos éticos que uno mismo se impone. En otras palabras, Navalni no se defraudó a sí mismo. En ese apego a su conciencia radica la ejemplaridad y valor de sus acciones, así como el sentido último de su vida. Por otro lado, sólo Dios sabe cuántas conciencias se encenderán con la chispa de su determinación, o hasta dónde llegarán las consecuencias directas o indirectas de su ejemplo. Todos sabemos que sin personas como Navalni, la libertad no sería hoy más que una quimera. De nosotros depende que dicha posibilidad no termine consumándose en la realidad.
*Texto publicado originalmente en Diálogo Político
Durante los primeros días de enero se publicaron una serie de encuestas de intención de voto de cara a la elección presidencial estadounidense de 2024. Los sondeos reflejan el declive de Biden entre los afroamericanos y los jóvenes menores de 35 años. Pero lo que más llama la atención es que Donald Trump supera a Joe Biden entre los votantes hispanos por más de cinco puntos. La pregunta es, ¿cómo puede aumentar la popularidad de un candidato populista que incentivó un fracasado golpe de Estado, que demoniza a los hispanos y propone medidas antiinmigrantes, xenófobas y racistas al estilo de los fascismos clásicos? La respuesta podría ser que las prioridades económicas y/o religiosas son más urgentes que una futura posible erosión de la institucionalidad democrática.
El Trumpismo y la propaganda van de la mano. Los fascismos y populismos siempre han fusionado sus mentiras con datos de la realidad. En ese marco, los líderes con aspiraciones dictatoriales se apropian de la idea de “democracia”, mientras que quienes proponen políticas de consenso son considerados como traidores, antidemocráticos y enemigos del pueblo. En este paquete de propaganda, la economía se define a partir de la mirada del líder que fusiona incertidumbre con paranoia en un marco de realidad económica que para muchos sigue siendo preocupante.
La inflación es la principal causa de incertidumbre. Durante toda la presidencia de Biden, la inflación ha sido de más del 4% anual (más del 8% solo en 2022), índices desconocidos en Estados Unidos desde 1991-1992, cuando Clinton venció a Bush. El aumento de los costos de los alimentos, el transporte y servicios públicos, alquileres y combustibles han afectado desproporcionadamente a trabajadores rurales, empleados en sectores de servicios, salud y limpieza, y dependientes de compañías de construcción. Todos estos son rubros ocupacionales de mayoría hispana que no han gozado de aumentos salariales debido a la inflación.
Trump supera a Biden entre los latinos
En 2020, Biden obtuvo el 65% de los votos hispanos mientras que el 32% apoyó a Trump, pero al día de hoy, Biden obtendría sólo alrededor del 34% mientras que Trump el 39%. El resto apoya a otros candidatos. Por otro lado, el 65% de los hispanos tiene una imagen negativa de Biden en cuestiones de manejo de la economía; mientras que una mayoría piensa que su situación económica fue más favorable durante la presidencia de Trump. Y es que si bien las políticas económicas de Biden han disminuido el desempleo y evitado una recesión, los beneficios del crecimiento económico y el aumento de la inversión en 2023 no parecen haber impactado sensiblemente a los sectores con una mayoría hispana o al menos esa es su percepción.
Debido al sistema electoral de Estados Unidos, no importa tanto la diferencia a favor de Trump en intención de voto hispano a nivel nacional, sino en qué estados clave el electorado latino prefiere a Trump. En el país hay más de 36 millones de votantes hispanos que representan el 15% del total del electorado y estos se concentran en su mayoría en California, Texas, Florida y Nueva York. Y si bien ninguno de estos estados es determinante, en todos, con excepción de Florida, la mayoría de los votantes hispanos votarían a Biden. Es probable que la elección de 2024 se decida en los mismos estados que definieron el triunfo de Biden en 2020 y de Trump en 2016: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, y Wisconsin.
Aunque Biden recuerde la “Muslim ban” -prohibición de ingreso de migrantes provenientes de países con antecedentes terroristas- y otros insultos racistas de Trump, tiene que mejorar su imágen con las comunidades árabes y musulmanas de Michigan que son muy críticas del apoyo estadounidense a Israel.
Georgia, y sobre todo, Pennsylvania son cruciales. Pero es en Arizona y en Nevada donde el voto hispano podría llegar a decidir la elección del próximo presidente. En 2020, Biden ganó en Nevada por un margen de 33,596 votos y en Arizona por solo 10,457 por lo que una pérdida de 30,000 a 50,000 votos hispanos le podría costar la reelección. La inflación en Nevada aumentó de un 20% desde el 2021, mientras que en la zona metropolitana de Phoenix en Arizona, el área de mayor población y la necesaria para que Biden pueda ganar el estado, ha sufrido el mayor aumento de precios a nivel nacional con picos mensuales de hasta 19% en 2022 y 12% en 2023. Es el gran aumento del costo de vida lo que ha provocado el descenso en la intención de voto para Biden en un contexto de crecimiento económico y creación de empleo.
El racismo ya no ofende, tanto
Los discursos y políticas anti-inmigratorias y xenófobas de Trump no son suficientes para disuadir el voto latino hacia el candidato republicano o, visto de otra manera, no parecen ser suficiente razón para movilizar una absoluta preferencia hacia Biden.
Y en este marco, además del factor económico, es necesario también tener en cuenta el factor ideológico. Trump sigue siendo muy popular en las comunidades hispanas evangélicas que representan el grupo con más crecimiento dentro de las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Alrededor del 20% de los latinos en el país es evangelico y el porcentaje sigue aumentando cada año. Las iglesias evangélicas hispanas, la mayoría de ellas en Arizona, Nevada, Texas, Florida y Georgia, cumplen un doble rol: militan políticamente para el partido republicano, registrando votantes y financiando candidatos, y al mismo tiempo influencian, hasta cierto punto, la retórica de Trump en cuestiones de inmigración.
Los pastores latinos están incentivando a votar por Trump. Pero este no es el único líder apoyado por las iglesias evangélicas y los medios conservadores hispanos. Bolsonaro, Bukele, y desde hace dos años, el demagogo argentino Javier Milei son definidos como los salvadores mesiánicos de América Latina. Desde el 2021, comentaristas hispanos conservadores han fomentado la figura de Milei a través de canales de radio y redes sociales. Tanto así, que Milei ya era conocido entre los anticomunistas cubanos y venezolanos en Estados Unidos antes de su elección como presidente de Argentina.
La campaña de Milei y el subsecuente triunfo, no han hecho más que aumentar su popularidad en la derecha hispana estadounidense. La entrevista que le hizo el ex presentador de la cadena Fox Tucker Carlson, ha sido vista más de 438 millones de veces y sus comentarios sobre cómo el marxismo cultural, a través de los derechos LGBTQIA+, del feminismo, del derecho al aborto, del calentamiento global y de los derechos de minorías raciales está corrompiendo a la civilización occidental tuvieron fuerte resonancia en los grupos evangélicos y conservadores hispanos, y más allá también. Es más, Javier Milei participará en la CPAC, la conferencia de conservadores más importante de Estados Unidos en Washington DC a finales de febrero. Y en caso de asistir, se encontrará con Donald Trump, quien seguramente utilizará el encuentro para incrementar su popularidad entre la comunidad hispana.
Bolsonaro, Bukele y Milei son, en parte, hijos del Trumpismo, por lo que sus respectivas popularidades entre los hispanos reflejan la intención de voto hacia Trump. De esta manera, parecería que hay un efecto boomerang: el estilo y la retórica de Trump durante su presidencia fue imitado por los tres líderes latinoamericanos durante sus campañas. Y ahora, son los presidentes Milei y Bukele, y el expresidente Bolsonaro, quienes podrían influenciar la candidatura de Trump entre los votantes latinos.
La creación del Fondo de Pérdidas y Daños en la 27.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27, celebrada en Egipto en 2022) fue aclamada como uno de los mayores logros alcanzados en este encuentro. Este fondo, diseñado para brindar financiamiento a naciones vulnerables para enfrentar los impactos del cambio climático, representó un avance crucial tras décadas de presión ejercida por los países en desarrollo, especialmente los del Sur Global.
Un año después de ese hito histórico, los países y territorios de América Latina y el Caribe continúan padeciendo las consecuencias del cambio climático, con impactos que van más allá de lo económico y que afectan a todos los aspectos de la vida cotidiana y del hábitat natural. Nos preguntamos cuándo llegará el financiamiento y si será suficiente para compensar las pérdidas y daños en la salud humana, animal y ambiental.
En este contexto, los enfoques de “Una Salud” y de la diplomacia científica se perfilan como aspectos clave para fortalecer la colaboración regional y potenciar las capacidades de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Por un lado, el concepto de “Una Salud” o “One Health” busca abordar la interconexión entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. Impulsado a principios del 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), este enfoque promueve la colaboración multisectorial y transdisciplinaria a nivel local y global, abordando integralmente factores económicos y no económicos. Por otro lado, la diplomacia científica es una herramienta esencial para promover la cooperación internacional y la articulación de esfuerzos globales para mitigar estos impactos interconectados. La diplomacia científica no solo impulsa la investigación colaborativa y el intercambio de conocimientos, sino que también facilita la formulación de políticas públicas basadas en la ciencia.
Desde estos dos enfoques se podría vertebrar la respuesta a las pérdidas y daños que causa y seguirá causando el cambio climático en la región, promoviendo la colaboración regional para abordar problemas que son globales en escala pero locales en impacto y en los que, además de la evidencia científica que informe las políticas públicas, se requiere la participación y el compromiso de múltiples sectores de la sociedad civil, gobiernos y sectores privados.
Si bien el Fondo aprobado en la COP27 se centra predominantemente en pérdidas y daños económicos, como los costos de reconstrucción de infraestructuras dañadas por inundaciones o aumentos del nivel del mar, es esencial reconocer la complejidad de otro tipo de pérdidas y daños:los no económicos. Estos últimos son difíciles de cuantificar, pero afectan profundamente a individuos, comunidades y ecosistemas.
En la región de América Latina y el Caribe, las pérdidas y daños no económicos más significativos causados por el cambio climático atañen a cuatro ámbitos. El primero es la propagación de enfermedades zoonóticas como el Covid-19, que representan una amenaza para la salud física y mental e impactan todos los aspectos de la vida cotidiana. El segundo es la pérdida de biodiversidad y contaminación, que afecta al ambiente y la salud animal, con consecuencias directas sobre la salud humana. El tercero es la pérdida de conocimientos ancestrales, algo que tiene consecuencias en la identidad y en las formas de vida de las comunidades locales, así como en la salud mental. Finalmente, en cuarto lugar encontramos la inseguridad alimentaria, que compromete prácticas seguras y sostenibles, lo que repercute en la salud tanto humana como animal.
No se puede, por ejemplo, ignorar el trauma que genera la supervivencia o el desplazamiento forzado de una comunidad por eventos climáticos extremos. ¿En qué medida el dinero puede compensar la pérdida de lazos sociales, el deterioro de la calidad de vida, las prácticas y conocimientos ancestrales de las comunidades afectadas? Claramente, las personas preferirán permanecer cerca de su familia y comunidad antes del desplazamiento. En este sentido, el financiamiento para su adaptación se torna central.
El enfoque “Una Salud” para América Latina y el Caribe
La pregunta clave es si puede existir una compensación suficiente para estas pérdidas. La respuesta probablemente es no, porque no hay una cifra monetaria que pueda restaurar completamente la desaparición de un mundo y una forma de vida, ya que se trata de pérdidas especialmente significativas.
El enfoque de “Una Salud” se vuelve por ende fundamental para comprender estos aspectos no económicos y para el progreso de países en desarrollo, ya que permite considerar las pérdidas y daños no económicos en las comunidades del Sur Global con el mismo compromiso que los económicos.
En definitiva, creemos firmemente que la promoción de prácticas sostenibles y la conciencia sobre la conexión entre la salud humana, la salud animal y el ambiente son cruciales para mitigar estas pérdidas y daños no económicos y que la colaboración regional bajo el enfoque de “Una Salud” puede mejorar la capacidad de resiliencia y lograr una América próspera y sustentable.
Vivimos en un mundo cada vez más desigual. Un mundo cada vez más dominado por grandes multinacionales que generan beneficios desorbitados mientras pagan salarios cada vez más precarios. En el 2023, Saudi Aramco, la gran petrolera saudí, reportó unos beneficios de más de 247 billones de dólares. Apple y Microsoft reportaron, respectivamente, 114 y 95 billones. Mientras tanto, los ingresos reales de muchos trabajadores de estas y otras empresas se mantienen congelados desde hace años. Este gran poder empresarial está profundizando las desigualdades. Pero no solo ello, lo hace a la vez que causa una constante degradación de nuestro planeta, con unas emisiones de gases de efecto invernadero que no paran de aumentar, llevando a las temperaturas globales promedios a un incremento de casi ya 2º centígrados (respecto a los niveles preindustriales).
La codicia y las desigualdades
La codicia del capital aumenta la pobreza y la desigualdad; los beneficios son la prioridad, por encima de todo. Jan Eeckhout, de la Universidad Pompeu Fabra, explica en su último libro, The Profit Paradox, cómo el éxito creciente de las grandes empresas ha incrementado las desigualdades salariales. Y es que más allá del poder empresarial, las grandes empresas han obtenido la mayoría de los réditos derivados de los avances tecnológicos. Así, la desigualdad ha aumentado dada la conjunción entre poder de mercado y un progreso tecnológico que favorece la productividad de unos a expensas del resto.
Por un lado, trabajadores que ven sus puestos de trabajo cada vez peor remunerados, maquinizados o desplazados a localizaciones de salarios más bajos. Y por el otro, consumidores que pagan precios innecesariamente altos. En palabras de Eeckhout, “en lugar de hacer llegar las ventajas que ofrecen las mejores tecnologías a los consumidores, estas empresas ‘superestrellas’ aprovechan las nuevas tecnologías para ganar márgenes aún más altos”.
El resultado es un mundo cada vez más desigual. Una desigualdad que se refleja cada vez más ya no tanto entre países sino dentro de ellos, y en particular dentro de las ciudades. Las ciudades más grandes del planeta, tanto en países ricos como pobres, concentran hoy por hoy tanto a los más ricos como a los más pobres. En ciudades como Londres, París, Shanghái, Lagos, Ciudad de México o Río de Janeiro conviven aquellos que amasan grandes fortunas al lado de miles que pasan hambre cada día. Se trata de dinámicas que generan importantes fracturas urbanas que actualmente socavan la cohesión social y que están detrás del auge del populismo reciente.
Como resalta el último informe sobre la desigualdad de Oxfam International,Desigualdad S.A., nunca en la historia de la humanidad había existido una desigualdad de ingresos y riqueza tan alta. Mientras la riqueza de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado desde el año 2020, la riqueza de los 5.000 millones más pobres se ha reducido. Este informe también pone el foco en el gran poder empresarial de unas multinacionales con creciente poder de mercado, que minimizan costos laborales a la vez que evaden el pago de impuestos.
La codicia empresarial no solo aumenta las desigualdades; también intensifica la gran crisis ecológica que vivimos. Y es que las grandes multinacionales son unas de las grandes responsables de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de ecosistemas. Las multinacionales son las grandes beneficiarias del deterioro de nuestro planeta y del sufrimiento de los más pobres.
Cambio climático y desigualdad
Pero más allá de la desigualdad en emisiones, el cambio climático que estas generan se ha convertido ya en otro factor de creciente importancia detrás de los aumentos recientes en la desigualdad. Con el aumento de temperaturas, las sequías, inundaciones y demás desórdenes climáticos se vuelven más frecuentes e intensos. Y todo ello, desafortunadamente, afecta de forma desproporcionada a los más pobres.
Lo anterior no es solo anecdótico; el análisis detallado de los datos muestra cómo en las últimas décadas los incrementos de las temperaturas ayudan a explicar la creciente desigualdad. En aquellas regiones donde más han aumentado las temperaturas también ha aumentado más la concentración del ingreso y la riqueza (ver “The far-reaching distributional effects of global warming”). Y es que los pobres son los más afectados por las sequías y desastres climáticos. Al depender en muchos casos de recursos naturales y agricultura, son los más vulnerables por su alta exposición y baja capacidad de adaptación.
Además, los pobres suelen vivir en zonas con mayor estrés climático y propensas a desastres como inundaciones, deslizamientos de tierra o incendios. Peor aún, el cambio climático está asociado a mayor incidencia e intensidad de conflictos por recursos menguantes, como el agua. También a menor productividad agrícola en las zonas tropicales (donde viven la mayoría de los pobres globales), mayor desnutrición y mortalidad infantil. Y a su vez, a mayor incidencia de enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Todo esto no solo incrementa las desigualdades económicas, sino que también aumenta las diferencias en esperanza de vida en regiones donde es aún baja.
Un ejemplo de todo lo anterior es la realidad de muchas regiones del África Subsahariana donde las precipitaciones han casi desaparecido en las últimas décadas. La falta de lluvia ha destrozado allí los medios de vida de millones de personas, sumiéndolas en la pobreza y el conflicto y convirtiendo a varios países de la región, como Sudán, Sudán del Sur, Somalia y Eritrea, en verdaderos estados fallidos.
Colapso ecológico y social
Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), es ya casi inevitable que las temperaturas globales superen el umbral de los 2º de incremento, pudiendo llegar a los 4º de no reducirse drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Estos incrementos están ya desencadenando catástrofes ecológicas de gran alcance. Los ecologistas estiman una tasa de extinción de especies actual al menos 1.000 veces superior a la normal, con hasta 150 especies desaparecidas cada año. Un colapso ecológico sin precedentes.
Y el ser humano no está al margen. El cambio climático y la degradación de ecosistemas alrededor del mundo van camino de convertirse en el principal motor detrás de las desigualdades globales crecientes, en la barrera más grande en la lucha contra la pobreza, y probablemente es la principal razón de conflictos alrededor del mundo.
¿Cómo evitar lo casi inevitable?
El creciente poder empresarial, las desigualdades en aumento y el cambio climático son problemáticas bastante conectadas y características de un sistema económico global que solo funciona bien para unos pocos a costa del sufrimiento de muchos otros y de un planeta en preocupante deterioro. Para evitar el colapso ecológico y social al que nos enfrentamos, hacen falta reformas profundas de ese sistema económico global, empezando por una descarbonización de nuestra sociedad. Y para ello hace falta voluntad y valentía política, así como renuncias a unos niveles de consumo del todo insostenibles. O actuamos ya o el colapso es inevitable.
La forma actual de medir las economías en tiempos de paz no nos sirve para comparar el potencial económico de los estados en caso de guerra. Los actuales métodos consideran en sus cálculos del PIB los recursos económicos reales y concretos que una economía puede movilizar en su provecho en cualquier territorio, incluso, así sea rival. Suman lo que le aportan los privilegios que una economía dada tiene en el sistema de relaciones económicas y políticas en el que está insertada. Contabilizan las ventajas que tiene sobre otras a resultas de que el sistema de relaciones internacionales en cuestión se haya articulado históricamente alrededor de sus intereses, o el que ese sistema de relaciones se haya conformado teniendo como modelo el propio diseño de su economía interna y su concepción ideológica de la economía.
Todas esas relaciones y sistemas de relaciones, reales o ideales, sin embargo, desaparecen cuando llega la guerra. Entonces las bucólicas economías de mercado de tiempo de paz dan paso a las economías de guerra.
Por ejemplo, hoy los EE. UU. obtienen una parte –no pequeña– de su PIB del hecho de que mucho de lo producido en la China se coloca en sus bolsas de valores, donde empieza realmente a existir. Pero es evidente que, en caso de irse los dos países a la guerra, ya la producción china no comenzará a existir en el aparato bursátil americano, sino al salir de las cadenas de producción industrial como aviones, barcos, tanques, proyectiles. Por otro lado, todos los valores bursátiles intangibles que hoy recibe EE. UU. gracias a sus ventajas en el desarrollo del actual sistema de relaciones económicas internacionales desaparecerían.
Para comparar con mayor certeza los potenciales económicos reales de las actuales superpotencias en caso de guerra, se deberían dejar a un lado los valores relacionales mercantiles, o bursátiles, y simplificar los cálculos hasta fijarse en solo tres factores: en la capacidad productiva de bienes tangibles concretos, en la capacidad innovativa y en el acceso a los recursos, las materias primas.
Porque, sin lugar a duda, en una guerra general, o proxy, entre EE. UU. y la República Popular, que el dólar sea una moneda más confiable para las transacciones internacionales que el yuan, o el rublo, no serviría de mucho, por no decir de nada. Lo que importará en caso de guerra es lo que una economía puede producir, como alimentos para su población y sus soldados, como medicamentos, o como armas, no las acciones de bolsa de los ciudadanos del estado en cuestión, y aun ni de la cantidad de metales preciosos que tengan depositados en sus bancos (importará, más bien, el acero, el aluminio, el titanio, el uranio… que sea capaz de producir).
En este supuesto caso, sería decisiva la capacidad de innovar técnicamente y no los complejos productos bursátiles que se hayan creado en las instituciones peripatéticas. E importará el acceso a las materias primas necesarias para producir bienes tangibles, no la situación privilegiada en el actual orden económico internacional en tiempo de paz.
Es por tanto un peligroso error seguir creyendo, en base a las actuales mediciones del PIB nacional, que una economía como la china, que produce 13 o 14 veces más acero que la de los EE. UU. –y otro largo etcétera de productos básicos en los que sucede lo mismo–, estaría en desventaja en caso de llegarse a una guerra, general o proxy, entre los dos superpoderes.
Tampoco es creíble que una sociedad con mayor acceso a producción material y con mayor potencial ingenieril que EE. UU., como es China hoy, se mantenga mucho tiempo más por detrás en cuanto a capacidad innovativa, por más que su sistema político incida negativamente en ello. En definitiva, con una sociedad como la de EE. UU., compuesta en lo esencial de empleados de oficina y de servicios, no puede esperarse el mantener la supremacía en capacidad innovativa frente a otra sociedad donde la proporción de individuos directamente implicados en la producción material ha crecido hasta superarla ampliamente.
El diseño político chino, contrario a la innovación, retardará el proceso, sin duda. Pero a la larga la falta de contacto de la sociedad estadounidense en particular, y en general occidental, con la realidad productiva, como transformación material concreta de la naturaleza en Occidente, incidirá negativamente en sus sistemas políticos, mientras que la situación contraria en China quizás la haga moverse hacia un sistema político más propicio a la innovación.
En cuanto al acceso a las materias primas: quizás todavía hoy los EE. UU. tengan un mayor y más fácil acceso a ellas. Pero aun si así fuera, el asunto se compensaría fácilmente en tiempo de guerra, ya que las élites occidentales han hecho lo imposible por lanzar a Rusia, con sus inmensos e inexplotados recursos, a las manos de Pekín.
La verdad es que en caso de guerra abierta entre los EE. UU. y China, que no escale a nuclear estratégica, o incluso en caso de otra guerra proxy de la segunda contra EE. UU. (al usar a Corea del Norte contra Corea del Sur, como ahora usa a Rusia en su guerra contra Ucrania; porque en realidad eso es lo que ocurre en Ucrania: China desgasta a los otros dos superpoderes globales), las economías de guerra de los dos países estarían en una relación desfavorable para los americanos, y en general para todo el bloque de sus aliados. Pero lo peor es que, a medida que pase el tiempo, esa situación desfavorable para los EE. UU. y Occidente solo podrá empeorar, si es que antes no comienzan a revertir su desindustrialización y a buscar un acercamiento con los rusos. Esté quien esté en el Kremlin.
Brasil acogerá la 19ª Cumbre del G20 (grupo de las 20 mayores economías del mundo) en Río de Janeiro en noviembre, y promete hacer valer el lema del tercer mandato del presidente Lula «Brasil está de vuelta», pronunciado en 2022 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP27). Sin embargo, tal vez la frase «Brasil está volviendo» capte mejor las expectativas de los actores involucrados con el G20, ya que prevalece la idea de que el G20 debe entenderse como un proceso con desarrollos formativos acumulativos para los papeles posteriores que Brasil asumirá en 2025 con la presidencia de los BRICS y la COP30 en Belém, que, combinados, podrían contribuir al reposicionamiento activo del país en la escena internacional.
Uno de los logros esperados de la presidencia brasileña del G20 es la promoción del debate público sobre cuestiones internacionales, tradicionalmente percibidas por gran parte de la población como lejanas, abstractas o de menor importancia. Esta percepción ha motivado, en parte, las críticas articuladas por la oposición y la opinión pública a los viajes internacionales del presidente, que en 2023 visitó 24 países y pasó 75 días fuera de Brasil. Muchas de estas críticas consideran que ocuparse de los asuntos internacionales distrae de los problemas internos. Sin embargo, ¿podemos tratar estas esferas como desconectadas? Los temas prioritarios, cuya elección es prerrogativa de la presidencia rotatoria de turno, anunciados por Lula durante la Cumbre del G20 de 2023 en India (lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad; cambio climático y reforma de la gobernanza global) demuestran claramente que existe una conexión entre cuestiones domésticas e internacionales.
El activismo contra la desigualdad, el hambre y la pobreza, por ejemplo, ha sido central en la lucha histórica de los movimientos sociales brasileños y las organizaciones de la sociedad civil, y se ha incluido en los debates electorales municipales, estatales y federales. De hecho, uno de los objetivos del G20 en Brasil es analizar estos temas desde la base, mostrando cómo estas cuestiones globales dialogan directamente con la vida cotidiana de las personas, especialmente de las más vulnerables, víctimas del hambre, la pobreza y el racismo medioambiental.
Además de contribuir a la democratización de la política exterior, Brasil buscará promover la participación social y fomentar el diálogo y la sinergia entre los 13 diferentes grupos de compromiso del bloque. La esperanza es que el G20 contribuya para la construcción de «un mundo justo y un planeta sostenible», lema de la acción brasileña.
Otro punto de atención, reivindicado históricamente por el movimiento negro que ha ido ganando terreno en la agenda del G20 en Brasil, es la lucha contra el racismo que estructura las sociedades nacionales y el sistema internacional. El discurso del presidente Lula en la India señaló esto al afirmar que la creencia de que el crecimiento económico por sí solo reduciría las disparidades resultó ser falsa, ya que el mercado permaneció indiferente a las mujeres, las minorías raciales, la población LGBTI+ y las personas con discapacidad, por lo que los recursos no llegaron a ellos.
Continuidad e innovación
Aunque existe una evidente preocupación en el seno del G20 por la continuidad de las políticas a lo largo de las distintas presidencias rotatorias, agravada por la informalidad del grupo, que no cuenta con una Secretaría permanente y no toma decisiones vinculantes, también es importante llamar la atención sobre el sello innovador que Brasil puede imprimir a su presidencia y sobre el legado que podría transferir a Sudáfrica y Estados Unidos, que asumirán la presidencia en 2025 y 2026, respectivamente.
Para garantizar la continuidad de las políticas del G20, la agrupación funciona sobre la base de una troika móvil que siempre está formada por el país que acogió la cumbre anterior: India; el que la acoge: Brasil; y el que lo hará al año siguiente: Sudáfrica. El hecho de que estos tres países sean potencias emergentes del Sur Global y miembros de los BRICS les une a través de una serie de afinidades que pueden ser aprovechadas al máximo por Brasil.
Dentro de los BRICS, estos países han demostrado una alineación en torno a la defensa de un sistema multipolar y la reforma de la gobernanza global, llamando la atención sobre el déficit democrático de las instituciones internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, y de las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial. Esta voz más contestataria en relación con la gobernanza mundial puede encontrar eco en la incorporación de otro miembro al G20 en 2023, la Unión Africana, dando lugar a un G21.
Por otro lado, Brasil debe evitar reproducir el carácter excluyente de la Cumbre en India, que recibió muchas críticas debido a la interdicción y represión policial de la Cumbre de los Pueblos, la cooptación de la sociedad civil y la demolición de casas y desalojos de familias en las inmediaciones de la Cumbre en nombre de un supuesto embellecimiento de la ciudad para el público internacional.
Oportunidades
Para hacer las cosas de otra manera, el gobierno brasileño debe abrirse a escuchar las múltiples demandas de la sociedad civil y entablar diálogos tanto con los grupos que, aunque critican el carácter elitista del G20, están dispuestos a recomendar e influir en el debate, actuando a través de los canales oficiales de la agrupación, como con los que nacieron y se desarrollaron en oposición al G20. Estos últimos denuncian a la agrupación como un club informal de la élite global que, apoderándose de nuevos asuntos, ha ido socavando y sustituyendo a instituciones como la ONU que, por ser una organización universal abierta a todos los Estados, tiene un carácter más democrático y multilateral.
Por último, se ha hablado mucho del poder de convocatoria de Brasil ante la comunidad internacional, un país que tradicionalmente se ha arrogado el papel de constructor de puentes entre los países del Norte y del Sur Global. Xi Jinping ya ha confirmado su participación en la Cumbre. Por otra parte, si fuera por el presidente Lula, Putin estaría presente y no sería encarcelado, como declaró en contra de la sentencia de la Corte Penal Internacional.
En un mundo cada vez más polarizado, que para muchos se asemeja a una Guerra Fría, con dos conflictos en curso, en Europa del Este y en Oriente Medio, sin final a la vista, Brasil se ha esforzado por despolarizar al mismo tiempo que abría un espacio para la política y el diálogo. Si, por un lado, el G20 en Brasil intentará dejar en suspenso las guerras en curso y no dejarse contaminar por ellas, el país está en una posición privilegiada para tocar estos temas, no desde una gramática geopolítica, sino llamando la atención, como ha hecho, sobre la forma en que estas tensiones se filtran a los niveles inferiores, a los países más pobres.
La desinformación y los fenómenos climáticos extremos han sido seleccionados como los riesgos globales a corto plazo más destacados según el Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial (FEM). Sin embargo, esto no tiene nada de novedoso, especialmente en lo que respecta a la desinformación. De hecho, es coherente con las ediciones anteriores del informe que vaticinaban su relevancia en la escena global desde su primera publicación 18 años atrás.
Inicialmente fue catalogado como una simple amenaza. Pero con el paso del tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un riesgo neurálgico, pues su existencia en las redes sociales desde 2013 ha erosionado las democracias occidentales y fortalecido la influencia virtual de gobiernos iliberales en el extranjero con información inexacta y narrativas conspirativas. Más recientemente, con el boom de la inteligencia artificial, han surgido nuevos desafíos y preocupaciones para afrontarla, particularmente en períodos electorales como el presente año 2024.
El fenómeno de la desinformación no es una novedad. Lo que lo distingue en la actualidad estriba en la presencia omnipresente del internet y las redes sociales, las cuales han transformado radicalmente la forma en la que accedemos a la información. Históricamente se han creado diferentes estrategias para mitigar la manipulación de la opinión pública. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en Estados Unidos se estableció un grupo de trabajo conocido como “medidas activas” para contrarrestar la desinformación proveniente de la Unión Soviética. Con el tiempo, surgieron los “fact checkers” o verificadores, cuya labor se centra en detectar errores y noticias falsas en los medios de comunicación.
Recientemente estas estrategias se han expandido al ámbito de la tecnología, ya que en redes sociales la diseminación de contenido malicioso se ha llevado a cabo mediante cuentas falsas o automatizadas, conocidas como bots. Con el avance de la inteligencia artificial, este fenómeno ha evolucionado hasta el punto de crear usuarios falsos que operan en múltiples plataformas, siendo capaces de simular interacciones humanas en internet, o a través los “deep fakes”, que son videos o imágenes falsificados de personas que aparentemente son reales.
Palabras, definiciones y desinformación
Desde sus primeras ediciones, los informes anuales de Riesgos Globales del FEM han destacado los retos y cambios en la comprensión de este fenómeno a nivel mundial. Si bien el enfoque hacia la desinformación ha sido ciertamente abordado, se ha caracterizado por un conjunto de sinonimias para describirlo como: “massive digital misinformation, false information, fake news,post-truth, misinformation, deep fakes, disinformation”. A simple vista, todas estas palabras parecen describir el mismo fenómeno, pero no es así. Esto demuestra los esfuerzos que se han realizado para definirlo de forma precisa y así poder abordarlo.
Es esencial recurrir a la literatura especializada para comprender adecuadamente estos términos: “desinformación” (disinformation) se refiere a la información falsa o bulos que son creados y difundidos intencionalmente. “Información errónea” (misinformation) hace referencia a la transmisión de información falsa que no tiene la intención de hacer daño. Mal uso de la información o “información maliciosa” (malinformation) emplea el uso malicioso de la información, aunque no necesariamente es creada, ya que puede provenir de filtraciones de datos personales, rumores dañinos o información privada. Por último, “Fake News” es un término genérico mediático y altamente politizado que ha intentado describir este fenómeno a las grandes audiencias.
18 años después: tradición
A pesar de las diferentes denominaciones atribuidas al fenómeno, desde la primera edición en 2006, ya existía una comprensión generalizada sobre la desinformación como futura amenaza que podría llevar a erosionar la confianza de la población en sus gobiernos. Según el FEM, este fenómeno se convertiría en una preocupación global en los próximos 10 años y el miedo se presentaría como el potencial motor para la diseminación de información falsa alrededor del mundo. En 2012, fue encasillado como parte del lado oscuro de la conectividad, junto con los ataques cibernéticos que incluían fraudes bancarios, robo de información, entre otros, los cuales podrían afectar seriamente la gobernanza global.
El 2013, la desinformación fue finalmente clasificada como un riesgo global asociado a las redes sociales, la cuales facilitaron la propagación de información falsa a través de las cámaras de eco en momentos de alta tensión política, incrementado considerablemente la polarización de los usuarios. A pesar de que el 2016 marcó un punto de inflexión con eventos como el Brexit, la elección de Donald Trump, la revelación de los Panama Papers, entre otros, sorpresivamente la desinformación como riesgo no fue incluida en este informe anual, ni en los dos anteriores. Debido a este descuido, en los años 2017 y 2018 la desinformación pasó a ocupar un lugar destacado en las publicaciones como una de las potenciales causantes de la crisis en la democracia occidental.
En los últimos cinco años, la desinformación ha emergido como un riesgo global relevante para los analistas del FEM. Este fenómeno ha cobrado mayor importancia debido a las dinámicas de la infodemia provocada por la pandemia del COVID-19, los avances y alcances de la inteligencia artificial, la persistencia de la información falsa en la red, entre otros factores. Atender este fenómeno se ha convertido en una prioridad para diversos actores sociales y políticos. Por lo tanto, su preponderancia en el 2024 y en los próximos dos años no resulta sorprendente, particularmente considerando que cerca del 49% de la población mundial irá a las urnas, abarcando 18 países en África, 6 en América, 8 en Asia y 9 en Europa (además de la Unión Europea).
Estos informes sobre percepción de riesgos globales representan un ejercicio intelectual significativo dirigido a reducir la incertidumbre humana ante el futuro. Sin embargo, tienen sus limitaciones, pues no pueden anticipar todo lo que puede llegar acontecer. Al compilar y sintetizar los fenómenos más apremiantes de las dos últimas décadas, la desinformación ha indudablemente ganado un espacio preponderante en el mundo por su estrecha conexión con el uso cotidiano de la tecnología. Esto la ubica no como una novedad, sino como un fenómeno tradicional en este periodo de la historia.
