¿Cómo será la inserción internacional de la Argentina de Milei?

A partir de la toma de posesión presidencial el próximo 10 de diciembre, el nuevo gobierno argentino, sustentado por un importante capital político, tendrá que enfrentar desafíos extremadamente complejos. Más allá del apoyo de su propio partido (La Libertad Avanza), la gestión del mandatario será respaldada por otras organizaciones de centroderecha, principalmente aquellas identificadas con la coalición Juntos por el Cambio, encabezada por el expresidente Mauricio Macri y la ex candidata Patrícia Bullrich.

En este marco, Javier Milei y su gobierno tendrán alrededor de cinco o seis meses para impulsar las –radicales– reformas propuestas en su programa. Existen algunas dudas de si, una vez en el sillón presidencial de Rivadavia, el nuevo mandatario optará por la polarización y la imposición de una terapia de shock en los campos económico y social que podrían llevar a una eventual agudización de la conflictividad, o si adoptará un estilo más moderado y pragmático. En ambos casos, la dignidad presidencial y la capacidad de liderazgo serán puestas a prueba. Todo ello con importantes repercusiones tanto dentro como fuera del país.

En lo concerniente a la inserción internacional, es previsible que la agenda económica del nuevo gobierno de Buenos Aires asuma una posición prioritaria, máxime en el contexto de los notorios desequilibrios macroeconómicos que afectan al país. En consecuencia, es probable que haya un sensible acercamiento a los organismos financieros, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo o a la banca privada.

A pesar de los discursos de campaña, no es esperable que el gobierno vaya a deteriorar aún más sus relaciones bilaterales y multilaterales, tanto con potencias económicas como China o Brasil, como con procesos de integración, foros y agrupaciones –ello incluye, entre otros, a la eventual adhesión del país a los Brics+. Desde cualquier punto de vista, los costos de romper con dichos socios económico-comerciales serían totalmente contraproducentes, espurios e irresponsables, especialmente en una época de urgente necesidad de divisas, de exportaciones y de acceso a tecnologías.

Asimismo, tampoco es creíble que el nuevo gobierno decida interrumpir su participación en el Mercosur, ya que sus implicaciones económico-comerciales y político-diplomáticas serían sumamente elevadas. Entretanto, parece inobjetable alertar que el diálogo, la concertación y la cooperación al interior de dicho proceso de integración serán cada vez más complejas. Nótese que tres de los países miembros del Mercosur serán gobernados por mandatarios de centroderecha, dejando al Brasil un tanto aislado. Además, en ausencia de un claro liderazgo brasilero-argentino, lo más probable es que el Mercosur continúe adoleciendo de parálisis, estagnación, inercia y contradicciones.

Argumentos político-ideológicos semejantes sugieren que es previsible un posicionamiento mucho menos propositivo y colaborativo de la Argentina de Milei en foros regionales de alto nivel, tales como la Celac, la Unasur o la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Todo ello sin ignorar que el estilo estridente, excéntrico, populista e irreverente del referido político anarcocapitalista puede generar contradicciones más o menos intensas con la moderación, la dignidad presidencial y el pragmatismo demostrado por otros gobernantes de la región, especialmente de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Boric o Gustavo Petro.

En otras palabras, es probable que las directrices de diálogo, consulta y concertación político-diplomática sean alteradas de forma explícita. Llévese en cuenta que el nuevo titular del sillón presidencial de Rivadavia y las autoridades del palacio de San Martín –sede de la cancillería argentina a ser encabezada por la doctora Diana Elena Mondino– proponen una sensible aproximación geopolítica a las potencias Occidentales, incluyendo los Estados Unidos, Israel y posiblemente la Unión Europea.

En paralelo, es factible que Milei se erija en uno de los principales exponentes de la derecha radical latinoamericana. En este marco, es previsible que un “efecto Milei” pueda ser replicado en las próximas elecciones de países como Chile, Colombia, Perú, El Salvador e incluso Venezuela. El impulso a la derecha política generado por la victoria del candidato libertario argentino también se sentirá en movimientos sociales de la misma índole presentes en numerosos países de la región –sobre todo en el seno de asociaciones y colectivos empresariales, religiosos, mediáticos o populistas de “mano dura”–, ya que muchos de ellos afirman estar enzarzados y luchando en la misma guerra cultural contra el multiculturalismo, el socialismo y el progresismo hemisférico y global.    

En suma, después de haberlo intentado con muchas otras alternativas políticas, económicas y sociales más conocidas y tradicionales, junto a una alta y creciente sensación de frustración, hartazgo y escepticismo con relación al desempeño de la élite política y a los persistentes desequilibrios macroeconómicos, el electorado argentino votó mayoritariamente por un programa ultraliberal, antisistema y de derecha nacionalista.

Javier Milei asume el sillón presidencial de Rivadavia en medio de una grave crisis. La población del país está a la expectativa de lo que el nuevo mandatario pueda efectivamente realizar, en un tiempo relativamente breve. Dependiendo de sus resultados en la gestión pública, Milei podrá confirmarse como el principal referente de la derecha local, como un títere del macrismo o como un nuevo Fujimori. En todos esos escenarios prospectivos, sus implicaciones y desdoblamientos serán sumamente trascendentes, principalmente en el contexto latinoamericano, hemisférico e incluso global.

“Islas de calor”, un riesgo para la salud pública

El 19 de junio de 2023, en el metro de Ciudad de México que trasladaba a Juan a su consulta, la temperatura era de 42°C. Ni bien llegó a la clínica, el primer paciente del día fue una mujer mayor que reportó mareos y náuseas durante los dos últimos días. Y es que, durante el mes de junio, la onda de calor (también denominada ola de calor) que afectaba a la capital mexicana, una de las mayores metrópolis del mundo, ya estaba teniendo consecuencias en la salud de sus habitantes.

Ese día, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional, se registró una temperatura máxima extrema para la Ciudad de México de 41°C, mientras que la Secretaría de Salud informó de 1.072 casos asociados a temperaturas extremas y 100 defunciones a nivel nacional atribuibles a la tercera onda de calor del verano, ocurrida entre el 1 y 22 de junio.

En los últimos años, este fenómeno se ha vuelto cada vez más frecuente y los científicos apuntan a que debido al calentamiento global en años recientes estamos observado un incremento de la temperatura y en particular de las ondas de calor durante los veranos. Esto está causando el aumento de enfermedades asociadas al calor extremo principalmente en las zonas donde se presenta el fenómeno conocido como isla de calor urbana.

Pero ¿qué son las islas de calor?

El término isla de calor se refiere a aquellos sitios o áreas dentro de las ciudades en los cuales la temperatura de la superficie de calles y edificaciones es sensiblemente mayor a la registrada en las superficies en la periferia de las zonas urbanizadas, con diferencias que pueden alcanzar hasta los 10 °C. Estas islas de calor son producto del crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas, la construcción de nuevas edificaciones y el aumento de calles y avenidas cubiertas por materiales como el asfalto o el concreto que permiten la acumulación de calor durante el día.

Además, como parte de la actividad propia de las ciudades, existen otras fuentes de calor como los automóviles y vehículos de transporte público y de carga o equipos de refrigeración como los aires acondicionados -cada vez más usados- cuya temperatura también es almacenada en las superficies de fachadas y calles. Todo el calor acumulado durante las horas de día es liberado lentamente durante las noches.

 

Las consecuencias del calor extremo

El aumento de las temperaturas tiene impactos en la salud y bienestar de la población que se manifiestan de diferentes formas, que van desde la pérdida de confort, el cual puede asociarse a irritabilidad y falta de concentración, hasta la deshidratación, problemas respiratorios, insolaciones y cansancio. Los golpes de calor pueden incluso causar la muerte, ya que, ante las altas temperaturas, la capacidad del organismo para disipar el calor puede ser superada, siendo los niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios los sectores más vulnerables de la población.

Los golpes de calor, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se presentan cuando la temperatura asciende por encima de los 40 °C, superando la temperatura del organismo, considerada como normal entre los 36,5 y 37,2 °C. Esto ocurre principalmente cuando la persona pierde la capacidad de autorefrigerarse a través del sudor debido a la deshidratación.

Los efectos asociados a las islas de calor urbanas y a las ondas de calor son un problema que tiene consecuencias en la población mundial. En su informe de 2022, The Lancet Countdown publicó los resultados de un estudio realizado en 43 países en el cual destaca que la mortalidad relacionada con el calor aumentó alrededor de 68% en personas mayores de 65 años entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021. Para el mismo periodo, el informe reporta los porcentajes de cambio y número de decesos por país. En el caso de Latinoamérica, destacan Ecuador, con un porcentaje de cambio del 1477% (300 decesos); Honduras, con el 547% (190); Brasil, el 191% (3.920); México, con el 123% (2.070), y Argentina con el 85% (1.300).

Otro efecto es la dificultad para la conservación de los alimentos, los cuales tienden a descomponerse con mayor facilidad si están expuestos a mayores temperaturas, por lo que resulta necesario el uso de sistemas de refrigeración para su preservación.

El caso de la Ciudad de México

Pero antes de llevar a cabo cualquier tipo de acción ya sea para prevenir o disminuir este fenómeno, es necesario conocer al detalle cuáles son las zonas donde se presentan las mayores temperaturas, cuál es la cantidad de población expuesta y las condiciones propias de cada lugar. Por ello, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo de investigadores integrantes del Seminario de Cambio Climático, Biodiversidad y Salud están realizando un estudio con el objetivo de identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, así como la percepción de la población en dos alcaldías, para poder proponer medidas que atenúen los efectos de la isla de calor en la población.

Según los resultados preliminares de la encuesta, el 10% de las personas afirman que durante las ondas de calor suelen sufrir dolores de cabeza, mientras que casi la mitad lo sufren solo algunas veces. Además, casi un tercio de los encuestados indicaron sufrir mareos en algunas ocasiones y el 15% que en los días calurosos regularmente tienden a sufrir náuseas o vómitos.

La información obtenida en este estudio permitirá afinar las líneas de acción para identificar las acciones más adecuadas y pertinentes para prevenir y atender a la población expuesta a estas islas de calor. De hecho, estudios realizados por diversos investigadores indican que aquellas zonas en las cuales hay poca o nula vegetación, las temperaturas tienden a ser más elevadas que en aquellas en las que se cuenta con la presencia de arbolado urbano.

¿Cómo solucionarlo?

El impacto de los efectos derivados de las islas de calor es de tal importancia, que, desde diversas instancias nacionales e internacionales, gubernamentales, académicas y de la sociedad civil organizada (ONGs) se han propuesto diversas iniciativas y acciones para reducir la concentración de calor en las ciudades y, por tanto, el riesgo de afectación a la población. Entre ellas destacan el incremento del arbolado urbano y zonas verdes, pintar techos y fachadas con colores claros, instalar las denominadas azoteas verdes, lo cual consiste en cubrir estas superficies con vegetación natural. Estas acciones generan una mayor reflectancia, disminuyendo así el almacenamiento del calor. Algunas otras medidas son las de fomentar la ventilación natural y la instalación de equipos de bajo consumo energético y calorífico en las edificaciones.

La atención para minimizar o atender los efectos asociados a las islas de calor urbanas depende de la sociedad en su conjunto; las acciones deben llevarse a cabo desde diferentes trincheras y a diferentes escalas, desde las diversas esferas de gobierno, instancias académicas, sociedad civil organizada (ONGs), y desde el seno familiar y en lo personal. Todas estas esferas deben trabajar de manera coordinada y en armonía. Desde lo individual y familiar podemos hacer mucho para minimizar el consumo de energía, desde la sustitución de equipos ahorradores hasta plantar árboles en nuestros predios o incluir vegetación en las azoteas. Desde los gobiernos y las ONGs se deben impulsar mecanismos que permitan adecuar el marco legal para favorecer el arbolado urbano y diseños arquitectónicos acordes con el clima de cada ciudad, ello con la finalidad de renaturalizar las zonas urbanas. Las opciones son variadas, por lo que lo primero con que se debe contar es con la voluntad civil y política para atender una problemática que puede incrementarse significativamente de ser ignorada, como consecuencia del calentamiento global.

El derecho a la no maternidad

La maternidad ha sido una parte intrínseca de la vida de muchas mujeres en todo el mundo a lo largo de la historia. En Argentina, tres cuartas partes de las madres, el 76%, considera que ser madre es la mejor vivencia que una mujer puede experimentar. Además, para un tercio de las mujeres argentinas, tener hijos es esencial para vivir una vida plena.

Varios son los gatillos de esa creencia. La recompensa emotiva es uno de ellos; al final, 8 de cada 10 mujeres señalan que se sienten realizadas cuando ven a sus hijos progresar, lo que destaca la profunda satisfacción que encuentran en el papel de la maternidad. Además, las madres argentinas tienen una autoevaluación muy positiva de su desempeño. Por diferentes lados, el discurso de la maternidad como fuente de satisfacción personal en la vida de las mujeres queda evidente.

Sin embargo, los tiempos están cambiando, y la no maternidad se está volviendo una opción cada vez más común y aceptada. Un estudio global realizado por la red de consultoras WIN en 39 paísesha arrojado luz sobre este fenómeno, mostrando que un 18% de las mujeres adultas encuestadas a nivel global no tiene hijos y no planea tenerlos en el futuro. En Argentina, el estudio muestra que este porcentaje se encuentra en línea con la tendencia global, con un 16% de las mujeres adultas que no son madres y no tienen planes de serlo (una proporción similar o muy próxima a la de otros países de América Latina: 16% en Chile y Perú, 15% en México y 12% en Brasil). 

La tendencia hacia la no maternidad se materializa más allá de las preferencias o sensaciones individuales. La tasa de fecundidad en América Latina y el Caribe en 2022 se estimó en 1,85 nacidos vivos por mujer, una cifra que ha estado por debajo del nivel de reemplazo desde 2015. Se proyecta que esta tasa seguirá disminuyendo, aunque con diferencias: en Haití continuará alta, con 2,8 hijos por mujer, pero en países como Puerto Rico, Chile y Uruguay rondará entre 1,3 y 1,5 hijos por mujer.

El descenso de la natalidad y la mortalidad a nivel mundial plantea desafíos y preguntas sobre el futuro de la demografía global. La longevidad creciente y la disminución de la tasa de natalidad están interconectadas, y requieren una gestión adecuada y un enfoque en la cultura del cuidado y la reciprocidad.

Cuando observamos los resultados por edad se vuelve evidente que la principal resistencia femenina a la maternidad ocurre en las jóvenes de 18 a 24 años a nivel global. En ese grupo, la oposición a la convención maternal como destino llega al 30%, una cifra que en Argentina se dispara al 47%, lo que significa que 5 de cada 10 mujeres jóvenes no tienen la intención de ser madres, muy por encima del promedio global. 

El deseo de no ser madre está ligado a la creciente libertad de elección que las mujeres están experimentando en la actualidad. Tener hijos se considera cada vez menos un mandato y más una elección individual. En algunos casos, la maternidad es vista como algo que puede limitar las oportunidades y la libertad personal. Además, las preocupaciones económicas juegan un papel importante. La incertidumbre económica y la falta de perspectivas pueden influir en la decisión de no tener hijos. En algunos países europeos, la preocupación por el cambio climático está influyendo en las decisiones de algunas personas de no tener hijos. En el caso de Argentina se le suma el pesimismo con relación al rumbo del país. 

La maternidad conlleva costos importantes, como se refleja en diversos estudios. Existe una brecha en términos de desarrollo profesional y salario igualitario entre hombres y mujeres, y también entre mujeres con hijos y sin hijos, en detrimento de las primeras. Además, la mayoría de las mujeres que trabajan consideran que combinar maternidad y empleo es un desafío. Las madres dedican casi el doble de tiempo que los padres a sus hijos, y las actividades relacionadas con la educación de los hijos recaen en gran medida en las madres, a pesar de que las mujeres trabajen. La igualdad de género ha avanzado en muchos aspectos, pero persisten desigualdades en el ámbito doméstico y en el cuidado de los niños. Aunque ha habido cambios en las percepciones y valores, las prácticas efectivas cambian lentamente, lo que puede influir en la decisión de las mujeres de ser madres o no. Las desigualdades en el hogar son más visibles y generan más cuestionamientos y frustración en la actualidad. La decisión de ser madre o no serlo no debe ser un obstáculo para lograr la igualdad de género. Es fundamental abordar las desigualdades económicas y las diferencias en la carga de trabajo doméstico para permitir a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su futuro reproductivo. 

En resumen, el fenómeno de la no maternidad está en aumento y plantea preguntas importantes sobre la igualdad de género, la economía y la demografía. La no maternidad es un fenómeno complejo que refleja el cambio cultural y las nuevas realidades de las mujeres en la sociedad moderna. Las mujeres tienen más opciones que nunca, y estas opciones deben ser respetadas y apoyadas en un mundo en constante evolución.

 

Sociedades en cambio… ¿viejos liderazgos?

Mucho ha cambiado la América Latina del siglo XXI, un periodo marcado por un ciclo pendular de las ideologías: primero gobernó la izquierda, luego la derecha y ahora de nuevo la izquierda. La primera ola progresista se diferencia mucho de la segunda por las condiciones políticas, sociales y económicas de la región. Sin embargo, solo hay una similitud, y es que algunos de sus líderes siguen en el poder, se han afianzado a la presidencia, mientras que otros han vuelto a través de las urnas. 

En estos casos se puede analizar que no ha habido un cambio de élites, como lo han escrito Wright Mills o Gaetano Mosca, quienes mencionan que parte de conservar el poder tiene que ver con la renovación de cuadros ya sea en el poder o los partidos. Tenemos ejemplos de ello en varias latitudes como Cristina Fernández en la vicepresidencia de Argentina, Luiz Inácio Da Silva como presidente de Brasil, Evo Morales abanderado por su partido Movimiento Al Socialismo como candidato para las próximas elecciones, Daniel Ortega instalado en el poder desde 2006 en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela. 

Son diversos los contextos que vive cada país, pero todos tienen en común que sus líderes se han mantenido vigentes en la política impidiendo la renovación de cuadros políticos. El peronismo argentino se concentró en la pareja Néstor-Cristina, lo cual ha sido perjudicial para el oficialismo, ya que con las elecciones de octubre su abanderado Sergio Massa ha enfrentado dificultades para consolidar su propia imagen. Incluso desde 2022 se analizaba la posibilidad de que Cristina Fernández compitiera por la presidencia, pero en marzo de 2023 declaró que no lo haría debido a que fue inhabilitada por una sentencia judicial.

En Brasil Lula Da Silva venció al presidente Jair Bolsonaro. Su imagen despertó emoción en la ciudadanía, empero, ahora enfrenta otros problemas que le han impedido repetir los éxitos de sus dos primeros mandatos (2003-2010). La Guerra en Ucrania, la polarización en el país y un Congreso de mayoría opositora son los retos del presidente. Sus acercamientos con Rusia y las nulas condenas a las izquierdas autoritarias le han ganado críticas, junto con el déficit fiscal que tiene el país y la caída de la inversión.  

Mientras tanto, Bolivia es un caso particular de la región. Después de las protestas de 2019 que culminaron con la renuncia de Evo Morales y el interinato de Janine Áñez, el partido Movimiento Al Socialismo recuperó la presidencia con Luis Arce Catacora. Sin embargo, el presidente y el expresidente se han confrontado por el modelo de desarrollo, la producción de cocaína y el incremento del crimen. Las críticas entre los dos han llegado al punto de que Morales ya fue respaldado por su partido para competir por la presidencia y Arce ha sido expulsado durante el Décimo Congreso de Movimiento Al Socialismo. 

Este es uno de los escenarios más interesantes, ya que el liderazgo carismático de Evo Morales se ha impuesto sobre el liderazgo tradicional o legal de Luis Arce Catacora, de acuerdo a las tipologías de Max Weber. No obstante, esto también se asimila a la novela del mexicano Martín Luis Guzmán La sombra del caudillo, en la cual se retrata que existen presidentes constitucionales pero el poder político reside en el Jefe Máximo de la Revolución. Lo mismo pasa en Bolivia: la figura de Evo Morales se ha sobrepuesto a la del presidente en turno, a pesar de pertenecer al mismo partido, y hay una disputa que clama el regreso del expresidente al Palacio Quemado.

Por otro lado, Nicaragua y Venezuela se han convertido en autocracias modernas, ambas dirigidas por líderes autoritarios que han suprimido las libertades políticas, debilitado las elecciones y la institucionalidad. Ambas naciones enfrentan crisis políticas, económicas y sociales. Por ejemplo, Daniel Ortega luchó contra la dictadura de Somoza para construir una república, pero ahora se ha afianzado en el poder desde 2006, el país se ha vuelto hermético y ha retrocedido en el tiempo. El ideal de Augusto César Sandino de un país libre y soberano ha sido disuelto por el gobierno orteguista. 

Asimismo, Venezuela se convirtió en una autocracia desde que Hugo Chávez reformó la Carta Magna, los poderes y el Estado. El traspaso de poder hacia Nicolás Maduro representó la continuidad del chavismo, pero a diferencia del primer gobierno el país ya no goza del boom petrolero y el régimen se ha vuelto hostil hacia los opositores. Venezuela es uno de esos casos paradójicos donde personajes prometieron un futuro mejor en aras de la democracia, pero esta última ha sido sofocada. 

La crítica a estos casos no tiene que ver con cómo ejercen el poder, sino que los liderazgos descritos han personificado el poder político impidiendo que haya nuevos rostros que revitalicen las estructuras partidistas. Los mandatarios que se han mencionado tuvieron aciertos y errores en sus gobiernos, pero el mundo ha cambiado y la sociedad también. Seguir estrategias que ya no corresponden a la temporalidad puede generar mayores costos que beneficios, hay otras necesidades y retos que solo pueden ser atendidos con la llegada de nuevos perfiles. 
No obstante, los distintos casos abordados deberían ponernos a pensar en algo: ¿qué pasará cuando estos liderazgos lleguen a faltar? Especular no sirve de nada, pero la Ciencia Política y la Historia nos permiten hacer prospectiva. En el caso de los líderes autoritarios sus regímenes no logran mantenerse a la falta del líder. Quizá algunos inicien transiciones hacia otros modelos. Mientras que los liderazgos electos que hoy gobiernan pueden convertirse en pilares o guías políticos, algunos llegan a tener su propia corriente ideológica, como el lulismo o el kirchnerismo.

El fraccionamiento político en Colombia, una Torre de Babel

A pesar de los temores de unas elecciones gravemente afectadas por la ola de violencia que vive Colombia, lo cierto es que, salvo el trágico incendio de las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la Gamarra (César) que le costó la vida a una funcionaria, Duperly Arévalo, y algunas pocas asonadas en algunos municipios, en general las elecciones regionales del pasado 29 de octubre transcurrieron en paz y no hubo denuncias graves de fraude electoral. Sin embargo, el profundo desbarajuste que está sufriendo nuestro sistema de partidos es una fuente de gran preocupación.

Basta señalar que en las recientes elecciones no solamente hubo 36 partidos o movimientos políticos con personería jurídica, sino más de 1.500, óigase bien, más de 1.500 “grupos significativos de ciudadanos” (GSC) inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)  respaldaron a candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales.

Según la muy respetada Misión de Observación Electoral (MOE), el número de GSC ha ido en aumento elección tras elección. Solo entre 2011 y 2019 hubo un incremento del 488% (pasamos de 213 a 1.253 GSC), que se conformaron sobre todo para la elección de alcaldes municipales. Y en las últimas elecciones la cifra de GSC se elevó a la nada despreciable suma de 1.500 creados para la ocasión, pues, a diferencia de los partidos, estos grupos no tienen vocación de permanencia. Son flor de un día.

Si los requisitos mínimos para conformar un partido o un movimiento político son hoy en día risibles (50.000 firmas o 50.000 votos, un parlamentario electo), los que se exige para lanzar un GSC es aún más irrisorio. Según las normas actuales, el equipo inicial del virtual grupo -léase bien, grupo- debe estar compuesto al menos por tres personas (¡!), quienes deben entregar un formulario a las autoridades electorales señalando el cargo (gobernador, alcalde) o la corporación pública (asamblea departamental o concejo municipal) al cual aspiran y el nombre de los candidatos que van a apoyar, los cuales deberán aparecer en el formulario de recolección de las firmas. Las firmas recolectadas deberán ser al menos el 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, hasta un tope máximo de 50.000 firmas.

Si ya la existencia de 36 partidos ofreciendo avales a diestra y siniestra es simple y llanamente alarmante, los centenares de GSC son ya la gota que derrama el vaso. De acuerdo con el CNE, “los grupos significativos de ciudadanos no suponen una organización permanente sino la simple coyuntura de postular listas y candidatos en un determinado certamen electoral” (CNE, 2019). Es decir, una de las funciones principales que deberían cumplir los partidos políticos, la selección rigurosa de los candidatos a cargos de elección popular (por su experiencia, conocimientos, moralidad), se ha evaporado del todo.

La figura de los GSC, que fue creada en mala hora por la Constitución de 1991, es, según el propio CNE, una alternativa a los partidos políticos, pues, según sostiene este organismo en un comunicado, “desde la misma Constitución se habilita la posibilidad de que ciudadanos que no encuentran afinidad con los partidos existentes pueden ejercer su derecho electoral pasivo, al postular sus nombres como candidatos por medio de esta figura”. En pocas palabras, en lugar de fortalecer los partidos políticos -que hoy viven una “mala hora”- como ejes de la democracia representativa, en Colombia se ha tomado el camino de acelerar su destrucción.

¿Y al alcalde quién lo ronda?

En este contexto de implosión sin límites de partidos, movimientos étnicos y políticos y GSC, Colombia está viviendo no solamente un “mercado de avales” sin control, sino una oscura feria de financiación oculta de la política. En efecto, transcurridos varios días tras de las elecciones del 29 de octubre, solo un reducido número de partidos, movimientos políticos y GSC han entregado al CNE sus cuentas de campaña. Es probable, incluso, que ni siquiera reporten los gastos. Y, por otra parte, si lo hacen, el débil CNE no tiene capacidad de velar ni por la transparencia de los recursos, ni por los topes autorizados, ni por su uso. ¿Quién puede examinar las cuentas de 1.500 GSC? ¿Quién puede determinar si detrás de los GSC solo se esconden oscuros clanes familiares regionales dedicados al pillaje de los recursos públicos?

Simple y llanamente la vida político-partidista se está desdibujando a ritmos acelerados. Su origen se encuentra en el pésimo diseño institucional en este terreno de la Constitución de 1991 y en la Ley 130 de 1994, «por la cual se dicta el Estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones», en la cual se crearon dos nuevas y extrañas figuras: los movimientos sociales con aspiraciones políticas y los GSC.

Sin duda, la Constitución de 1991 tuvo un objetivo loable: superar el bipartidismo perfecto -es decir, un sistema en el cual dos partidos obtienen más del 90% de los votos y de los cargos de elección popular por proveer- y abrir el sistema para nuevas fuerzas políticas, en particular, las prevenientes de los grupos guerrilleros que aceptaron entre 1990 y 1991 realizar el tránsito “de las armas a la política”: el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lama (MAQL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Sin embargo, este objetivo se vio empañado por el pésimo diseño institucional que condujo no solo a debilitar a los partidos existentes -hoy los partidos Liberal y Conservador son una simple sombra del pasado-, sino a fracturar la totalidad del campo de la representación política en mil pedazos. Hoy, el funcionamiento de los cuerpos colegiados a todos los niveles es muy deficiente y las leyes, ordenanzas o acuerdos que aprueban terminan siendo simples “colchas de retazos”, es decir, normas de mala calidad.

La ampliación del número de actores políticos y los requisitos mínimos para conformarlos no ha servido para fortalecer la adhesión a la democracia, pues, según las encuestas, día a día decrece el número de ciudadanos que afirman pertenecer a un partido político-. Pero, además, estamos observando dos fenómenos adicionales muy preocupantes: por una parte, la multiplicación de partidos personalistas y, de otra parte, la expansión de los clanes familiares regionales. Es decir, la ausencia creciente de proyectos politicos y programas colectivos.

Las hipótesis para intentar explicar este incremento de los GSC por parte de la MOE son, principalmente, tres: en primer término, disponen de un tiempo más amplio que los partidos o movimientos políticos para hacer campaña, pues desde la entrega de los formularios para la recolección de firmas (ocho meses antes de los comicios) empiezan, de hecho, su agitación electoral. En segundo término, debido a la desconfianza y mala imagen de los partidos políticos -que, según la última encuesta de Invamer publicada en febrero 2023 tienen un 77% de desfavorabilidad y un 11% de favorabilidad-, muchos políticos o aspirantes a políticos prefieren presentarse como independientes. Y, por último, el alto número de partidos y movimientos políticos ha conducido a un hondo desdibujamiento de los programas y símbolos partidistas, es decir, de su identidad ideológica. 

¿Qué hacer?

Las recientes elecciones regionales nuevamente han encendido las alarmas sobre el hondo desbarajuste de nuestro sistema electoral y de partidos que yo no dudaría en calificar como uno de los más deficientes del mundo. Lo grave es que a la mala política le sigue una mala administración pública.

En especial, en un país donde no se ha logrado consolidar una verdadera carrera administrativa y donde los grupos políticos que llegan al poder a todos los niveles buscan ocupar los cargos públicos con sus seguidores y simpatizantes con total autonomía de su experiencia y capacidad administrativa, además de pagar favores políticos. Según reconocidos investigadores como Miguel Ángel Centeno y Agustín Ferrado, los únicos países latinoamericanos que cuenta con una administración pública autónoma y con un servicio civil de carrera son Chile y Costa Rica. En Colombia prima el nepotismo y los protegidos políticos, es decir, se privilegia la lealtad o los nexos familiares a la capacidad.

Por ello, es urgente un gran acuerdo nacional en torno al reordenamiento del sistema electoral y de partidos, así como la necesidad de una verdadera carrera administrativa en el país a todos los niveles.

Lula y la agenda del Sur Global: paz y desarrollo sostenible

El gobierno de Lula está trabajando para revertir el retroceso de la gran estrategia brasileña, retomando, como era de esperar, el protagonismo de Brasil en América del Sur y América Latina con una política exterior que, coherente con su mejor tradición, tiene en la promoción de la paz y la búsqueda del desarrollo sostenible sus dos principales vectores. Esta agenda proyecta al país como líder del Sur Global, en un escenario marcado por la reconfiguración multipolar de la geopolítica mundial, con énfasis en el creciente litigio entre las grandes potencias.

A pesar de las críticas internas a la política de no alineamiento activo, desde su toma de posesión el Presidente Lula se ha reunido con más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno, que han dado gran relevancia a estos encuentros y han participado en los principales foros mundiales, haciendo del diálogo amplio y ecuménico un elemento más de legitimación de su gobierno. Para el mundo, el Presidente Lula es el verdadero mito de la democracia brasileña. El discurso de apertura de la última sesión de la Asamblea General de la ONU consagró al presidente en un escenario global y marcó el retorno de Brasil a la gran política internacional.

En el campo de la promoción de la paz, la presencia del país es más simbólica y reputacional, teniendo en cuenta su debilidad en la dimensión estratégico-militar, pero el hecho de contar con una diplomacia bien estructurada y una relación fluida y regular con todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas permite a Brasil ejercer una mediación en la que el principal recurso es la capacidad de persuasión. Pese a las reticencias de parte de la prensa, la posición adoptada en el conflicto ucraniano ha demostrado ser la correcta hasta el momento: el país ha dialogado con todos los actores relevantes, contando incluso con las bendiciones de una personalidad icónica como el Papa Francisco y las simpatías de importantes países del llamado Tercer Mundo.

El gran nudo de la cuestión ucraniana es que hasta ahora las grandes potencias han salido ganando con el conflicto, a excepción de Europa en su conjunto, que ha soportado la mayor carga. Estados Unidos ha obtenido ventajas económicas concretas de la dinamización de su complejo militar-industrial y de la conquista del mercado energético europeo: la mayor parte de la ayuda estadounidense a Ucrania se canaliza de hecho hacia su industria bélica y la guerra ha funcionado como instrumento de la hegemonía energética estadounidense en el espacio económico europeo.

Para China, la guerra también es conveniente. Refuerza la dependencia rusa de su economía al tiempo que disipa las energías militares de la OTAN. Mientras la OTAN esté en Ucrania, no estará en Taiwán, el próximo punto de desencuentro geopolítico. Por eso el apoyo chino a Rusia no fracasará. China también ha aprovechado la oportunidad para proyectar su política exterior hacia Oriente Medio y reforzar su presencia en Asia Central. El acercamiento entre Arabia Saudí e Irán, el regreso de Siria a la Liga Árabe, la expansión de los BRICs y el avance de las inversiones logísticas en las nuevas rutas de la seda consolidan sus intereses en Asia.

Rusia, una vez gestionados los impactos económicos de las sanciones, trata ahora de asegurarse el botín estratégico que representa la reincorporación de las regiones rusófonas del bajo Don y de la costa del Mar Negro, cuya relevancia geopolítica para su proyección marítima es evidente desde la guerra de Crimea en el siglo XIX.

Dado que la guerra es la antítesis del desarrollo sostenible, además de devastar el territorio ucraniano, ha sacrificado la seguridad alimentaria y energética del Sur Global, desviando recursos que deberían canalizarse principalmente hacia la financiación de la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fundamentales para reducir las desigualdades sociales y atajar la crisis ecológica.

Al defender sus intereses en la escena mundial, Brasil también está expresando las aspiraciones de esta vasta periferia. El país necesita alianzas y recursos externos (financieros y tecnológicos) para promover su reindustrialización, la transición ecológica hacia una economía verde y baja en carbono, la transición energética hacia fuentes sostenibles y el aumento de la complejidad de su tejido productivo y su inserción en la división internacional del trabajo. Para ello, necesita mantener su perfil de actor global y comerciante mundial.

Como consecuencia de este perfil, es imperativo que Brasil estimule la cooperación económica al mismo tiempo que trabaja para superar los antagonismos políticos. El país depende de Rusia, de quien importa fertilizantes e insumos esenciales para la agroindustria; depende de las exportaciones de productos básicos a China, de donde procede su mayor balanza comercial; y depende de Estados Unidos, el segundo mayor importador, pero con una agenda de mayor valor añadido. A Brasil le interesa acceder a mercados, tecnologías y financiación tanto de Occidente como de Asia. Para satisfacer sus plurales intereses, el país tendrá que negociar su inserción en las cadenas de producción del «nearshoring» estadounidense, así como complejizar su relación con China, en un contexto de grandes transformaciones geoeconómicas globales.

Las habilidades y sutilezas de la diplomacia brasileña serán puestas a prueba hasta el límite, ya que el interés nacional exigirá que el país sea «algodón entre cristales» para ampliar oportunidades y gestionar riesgos crecientes, al tiempo que teje un liderazgo cooperativo Sur-Sur que es un recurso más de poder en este tablero de ajedrez asimétrico.

Panamá es una encrucijada

Panamá se enfrenta a la mayor crisis política desde la transición a la democracia, con manifestaciones y concentraciones masivas y cierres en las principales vías por toda la geografía del país, lo que está generando desabastecimiento en comercios y gasolineras, cierres de colegios y universidades, y pérdidas económicas importantes, según la Cámara de Comercio. También han emergido piqueteos ante la mina y escraches a representantes políticos, incluyendo en la residencia del propio presidente de la República en la provincia de Colón.

El viernes 20 de octubre de 2023 la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el contrato con Minera Panamá (filial perteneciente a la empresa canadiense First Quantum Minerals), con ello sancionando la Ley 406. Este proceso de aprobación fue relámpago, en dos días y haciendo caso omiso de diversos sectores de la población, lo que ha generado el rotundo rechazo popular. La respuesta fue rápida, con la convocatoria de una protesta nacional el domingo 22 de octubre, organizada por colectivos como SUNTRACS (el mayor sindicato de trabajadores de la construcción), ASOPROF (gremio docente) o Sal de las Redes (organización juvenil), además de decenas de otras organizaciones en todo el país, con el objetivo de que se derogara la Ley 406 y se aprobara una moratoria minera.

Las protestas denuncian el impacto ambiental de la actividad minera a cielo abierto en el país y señalan que el contrato contiene ventajas arbitrarias para la empresa, como la posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, exenciones fiscales, manejo de puertos y aeropuertos y la falta de fiscalización por parte del Estado, entre otras. Ante una gran parte de la ciudadanía, dichas ventajas hacen entender este proyecto minero como un enclave colonial controlado por un poder extranjero, lo cual tiene claros ecos de las luchas del siglo pasado por la recuperación del Canal. Frente al rechazo masivo, el gobierno planteó que el contrato minero es una oportunidad para hacer frente a los pagos de las pensiones en un contexto de problemas financieros de la Caja del Seguro Social.

Un país caracterizado por su estabilidad política y por la ausencia de grandes conflictos, al cual el propio primer exvicepresidente de la República Ricardo Arias Calderón definió en los 90 como “un país no confrontacional”, en 16 meses ha sufrido dos de las mayores movilizaciones de su historia. El auge de las protestas no es ajeno a las largas cuarentenas por la Covid-19, unas de las más estrictas de la región, lo que influyó en un retroceso del 17,9% del PIB. Según el informe del BID Impacto social de la pandemia del Covid-19 en Panamá y análisis de eficiencia de los programas de transferencias monetarias, la pobreza aumentó en el país un 12,5% y la pobreza extrema creció un 6,8% en 2020; la clase media se desplomó, encogiéndose en casi un 11%, al tiempo que el índice de Gini aumentó en 3,8 puntos, dejándolo en 54,1. Sin embargo, más allá de los efectos socioeconómicos, algo parece haberse roto en el orden social durante las cuarentenas: como una especie de terremoto, las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia exacerbaron otros déficits, como la suspicacia frente al mal manejo de los fondos públicos. En la II Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2021), la corrupción pasó a ser percibida como el principal problema del país. La pandemia tuvo un efecto desestabilizador en el orden social panameño, dificultando su normal reproducción y haciendo más difícil que determinadas inercias y funcionamientos continuaran operando.

En julio de 2022, por el alza de los precios, se desataron protestas por todo el país y se construyeron las grandes alianzas de profesionales, maestros, doctores, trabajadores de la construcción, indígenas y ciudadanos anónimos. Pero en el caso de las manifestaciones de octubre de 2023, a estas alianzas se unieron incluso sectores más acaudalados, realizándose manifestaciones en barriadas de alto nivel socioeconómico, como Clayton. Y no solo existen estas irrupciones inesperadas, sino que incluso gremios como el de médicos y el de abogados han realizado concentraciones contra el contrato minero, dotando las movilizaciones de un carácter transversal. A su vez, es destacable el rol de los jóvenes que han liderado muchas de las marchas y de las manifestaciones. La juventud panameña manifiesta en los estudios de opinión un alto grado de desvinculación con la democracia, con las instituciones y con los mecanismos tradicionales de participación política, pero por otra parte expresan un alto grado de conciencia medioambiental, priorizando en mayor medida que el resto de los grupos etarios la protección de la naturaleza por encima del crecimiento económico, teniendo en cuenta que es masiva esta conciencia en todos los grupos de edad, siguiendo datos de la III Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS.

Además de una mayor transversalidad en las protestas, la presencia de nuevos actores o del destacado rol de los jóvenes, la principal diferencia entre las movilizaciones de julio de 2022 y las de octubre de 2023 es que en el primer caso el objetivo era afirmativo-propositivo, con la demanda de medidas como la rebaja del combustible, de la canasta básica y de la energía, la petición de cumplir con la inversión educativa comprometida, la mejora de la accesibilidad a los medicamentos, entre otras medidas. A diferencia de estas, las nuevas protestas están caracterizadas por la oposición, por la negación al contrato minero, por la objeción al extractivismo, por la impugnación a una forma de gobernar que sigue intereses espurios; es decir, contienen un gran no. Este tipo de negación hace difícil que operen los permanentes arreglos particulares y aislados que han protagonizado las fórmulas de solución de los conflictos, una lógica transaccional que ha entrado en crisis y no es operativa, ya que no es capaz de atender a la solución colectiva y general que pide la población.

Antes de la pandemia, Panamá tenía un exitoso modelo económico en términos de crecimiento que pivotaba sobre la ampliación del Canal y las externalidades que este generaba, pero concluida la ampliación, tras la muerte de la gallina de los huevos de oro, ¿cuál debería ser el siguiente modelo? Las fuertes protestas apuntan a que la población no quiere la minería, pero si no es el extractivismo el modelo que dará respuesta a la demanda de un desarrollo económico sostenible, a la necesaria atención a las deudas sociales históricas y al imperativo de una gobernanza transparente, sin intereses espurios y que genere confianza, entonces una de las preguntas más importantes que la sociedad panameña debe responder, en especial en un momento previo a las elecciones generales de 2024, es cuál sería la alternativa.

Petro y el error de nacionalizar las elecciones subnacionales en Colombia

Los titulares de los principales medios de comunicación casi en unísono afirman que las elecciones del pasado domingo en Colombia fueron un gran revés para el presidente Gustavo Petro, una especie de referendo en contra de su gestión. Aunque esta es lectura no es completamente equivocada, muestra el predominio de interpretaciones caracterizada por una visión excesivamente “nacional” y un sesgo urbano –incluso, hasta bogotano- de la política colombiana.

El análisis de este tipo de elecciones en Colombia exige entender la fuerte incongruencia que existe entre la política electoral nacional y la política regional y local. En cada país, las elecciones locales y regionales suelen estar marcadas por temas específicos a estos contextos territoriales. Al mismo tiempo, los partidos políticos suelen articular la política en diferentes niveles–por ejemplo, a través de identidades partidarias–dándole tintes “nacionales” incluso a disputas más locales.

En Colombia, por el contrario, existe una fuerte desconexión entre los partidos en sus niveles nacionales y regionales/municipales. La mayor parte de ellos no son más que confederaciones nacionales de políticos con fuertes maquinas políticas regionales, que se articulan mínimamente, por ejemplo, en el Congreso de la República, pero permiten a los líderes regionales gestionar la política en sus territorios con notable autonomía. Por su naturaleza, estos partidos son muy exitosos en elecciones subnacionales.

Otros partidos y movimientos con claros perfiles programáticos nacionales son muy competitivos en elecciones nacionales–como es el caso reciente del Pacto Histórico de Gustavo Petro o el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe–pero tienen menos presencia (capilaridad) local y son notablemente más débiles en el nivel subnacional. Estos suelen intentar, sin éxito, forzar disputas por agendas nacionales en elecciones locales y regionales.

Petro –como en ocasiones anteriores Uribe– trató de nacionalizar las disputas electorales locales del pasado domingo, una apuesta muy arriesgada en un contexto donde lo local no es función de lo nacional. Esto ocurrió especialmente en Bogotá: fomentar el conflicto sobre el metro de la ciudad con el gobierno distrital era un intento de potenciar la candidatura de Gustavo Bolívar del Pacto Histórico (PH). Evidentemente, al obtener apenas el tercer puesto, Petro salió derrotado en una pelea que era casi imposible de ganar y que era perfectamente evitable. Así él mismo sentó las bases de su propia derrota.

Sin embargo, sería un error pensar que esta derrota fue solo un “referendo” sobre el gobierno. Claro, existe un número significativo de votantes desafectos con el gobierno que sufragaron contra el “candidato de Petro” en Bogotá y en otros lugares del país. Pero, tal como la victoria de Lucho Garzón en el 2003 o Samuel Moreno en 2007 no fueron solo un “referendo” contra la política de Uribe, o la elección de Gustavo Petro como alcalde no significó el rechazo al gobierno de Santos en 2011, del mismo modo que sucediera con Claudia López e Iván Duque en 2019, los resultados en elecciones regionales y locales no son exclusivamente el producto de la creciente desaprobación del gobierno de Petro.

Esto es aún más claro cuando analizamos los resultados en otras ciudades principales, donde fueron electos alcaldes y gobernadores opositores, incluso en regiones donde Petro tuvo excelentes resultados en las elecciones presidenciales. En Cali, Alejandro Eder logró capitalizar el fuerte rechazo al alcalde actual, logrando una contundente victoria contra un oponente que fue efectivamente presentado como “el continuismo”. Si bien Eder es crítico del gobierno nacional, evitó por todos los medios la nacionalización del debate local en una ciudad donde el gobierno central mantiene razonablemente altos niveles de popularidad.

En el plano departamental, Dilian Francisca Toro, gobernadora electa del Valle del Cauca y quien controla el departamento desde 2016, ganó la gobernación y consiguió la elección de un número importante de alcaldes afines gracias a una efectiva organización política. Con posiciones ambivalentes frente al gobierno nacional, logró controlar la agenda del debate, borrando cualquier vestigio de la política nacional que hiciera al Pacto Histórico una fuerza competitiva. De hecho, la coalición del presidente después de haber sondeado algunos nombres de primer nivel para el cargo, decidió lanzar candidato sin capacidad real de disputa.

En Barranquilla, Alex Char logró su tercera elección con un contundente 73%, un reflejo de una fuerte máquina política local que es hegemónica en esta región y controla la alcaldía de esta ciudad desde 2008. Incluso en un escenario donde el gobierno nacional tuviera mejores índices de aprobación de los que tiene, sería altamente improbable que un candidato afín ganará en esta ciudad.  

La victoria de Federico Gutierrez (Fico) en Medellín y de Andrés Rendón Cardona, candidato uribista para la gobernación de Antioquia, pueden reflejar, más que en los otros casos, una disputa nacionalizada en territorios estructuralmente hostiles al petrismo. Fico, después de quedar tercero en las elecciones presidenciales de 2022, probablemente utilizará un nuevo periodo en la alcaldía de la segunda ciudad del país para preparar su retorno a la política nacional. Sin embargo, el aplastante resultado (73% de los votos) representa principalmente un rechazo a la alcaldía de Daniel Quintero. Si bien este último es un aliado de Petro, el bajo apoyo al candidato del alcalde el pasado domingo (segundo, con apenas 10% de los votos) refleja más el hecho de que Quintero es alcalde de Medellín con la mayor desaprobación en los últimos años.

La respuesta de Petro ante los pobres resultados del Pacto Histórico y sus aliados fue reclamar victorias en un número (algo inexplicable) de gobernaciones. Considerando aquellas que claramente pueden ser vistas como éxitos del PH y fuerzas aliadas, tampoco pueden interpretarse estas como el resultado del apoyo del electorado a sus políticas. La elección de un gobernador del Pacto Histórico en Nariño ocurre en un departamento donde no es una novedad la elección de gobernantes de izquierda (por ejemplo, Antonio Navarro y Camilo Romero). Fuerza Ciudadana, un grupo político aliado, mantuvo el control del poder departamental en el Magdalena, más como reflejo de la consolidación de esta organización política del ahora exgobernador Carlos Caicedo.

Al mismo tiempo, el mayor número de concejales (642 de 12,000) y diputados departamentales (38 de 418) del PH, números que aún están por determinar con certeza, es más un crecimiento inercial de la unión de fuerzas de izquierda (dado el bajísimo número que tenían anteriormente) y no el resultado de un apoyo decidido del electorado a las políticas del gobierno.

La tenue conexión entre la política nacional y la política regional y municipal en Colombia hace que fuerzas políticas con perfiles más nacionales, como el uribismo (Centro Democrático) y el petrismo (Pacto Histórico), sean actores relativamente menores en disputas locales y regionales. Como le ocurrió al uribismo en 2019, las votaciones del Pacto Histórico en 2023 no reflejan –ni de cerca– el caudal de votos del 2022. Esto era de esperarse. En vez de sentar las bases de un largo proceso de construcción partidaria y la consolidación de liderazgos a nivel local y regional, Petro y el PH optaron, como otros en el pasado, por “nacionalizar” estas elecciones, magnificando –o más bien creando– una derrota anunciada.

América Latina es violenta y criminal, pero pacífica

El mundo es un lugar con menos tensiones militares que las de hace algunas décadas, pero muy peligroso, violento y criminalizado. A pesar de la invasión rusa a Ucrania que comenzó en el temprano 2022, el despiadado ataque terrorista de Hamás sobre la población israelí y la brutal respuesta de Israel sobre Gaza que deja miles de muertos en el tardío 2023, las fricciones regionales entre Corea del Norte con la del Sur, los miedos de Taiwán por una eventual invasión china y la erosión democrática del Sahel, zonas como América Latina y el Caribe no se debaten entre hipótesis de guerras interestatales sino entre violencias criminales y subsidiarias en las principales ciudades.

El último informe del Global Peace Index de 2023 que muestra las ciudades más peligrosas del mundo sugiere que la violencia ha cobrado un especial protagonismo en las complejidades urbanas. Eso se debe a varios aspectos. El narcotráfico y su inercia en la disputa por controles de rutas y mercados entre distintas organizaciones han llevado a que las ciudades se conviertan en el epicentro de la violencia asociada a los narcóticos. 

El ajuste de cuentas entre bandas, la población civil como receptora de la violencia y los grandes capos como articuladores y diseñadores de gobernanzas criminales en diferentes partes de los territorios nacionales producen repertorios de violencia selectiva y sistemática. Asimismo, al menos en América Latina, la lucha entre las fuerzas de seguridad estatales contra las narcotraficantes parece reducirse, es decir, ya no compiten por el control del territorio o por el decomiso de mercancías ilícitas, sino que, gracias a la corrupción y a otros estímulos, se producen soberanías compartidas en las que los Estados coadministran zonas con los criminales. 

En ese mismo sentido, las estructuras del crimen organizado han logrado construir mecanismos de adaptación y supervivencia frente al Estado y a otras estructuras armadas. Dentro de esos están las cooperaciones entre estructuras rivales, que, en dimensiones racionales, se convierten en formas beneficiosas para compartir ganancias cuando existen territorios en disputa. Los grupos prefieren ya no entrar en combate a gran escala, sino cooperar y compartir los beneficios. Eso los hace más poderosos, se exponen a menos riesgos y pueden cobrar favores con gran facilidad. 

Otro tiene que ver con la violencia homicida. En este aspecto, ciudades como Caracas (1 en el ranking mundial), San Pedro Sula (6), Río de Janeiro (7), Salvador (8), Fortaleza (9), Recife (10), Tijuana (18), Lima (22), San Pablo (25), Ciudad de México (31), Bogotá (36), Buenos Aires (47), Quito (53) y Santiago (57), entre otras latinoamericanas, muestran un alarmante nivel de violencia. Eso se debe en parte a los enfrentamientos entre bandas criminales y al fortalecimiento de pandillas con mayores capacidades de fuego y control territorial. 

Muchas de ellas han logrado construir fronteras entre barrios y zonas urbanas con absoluta ausencia de fuerzas policiales que hagan contrapeso. Por ejemplo, en Venezuela no hay grandes organizaciones armadas, pero sí grandes pandillas; aprovechando la dolarización de facto y a sabiendas de la imposibilidad de la gente para depositar el dinero en los bancos, los riesgos de hurto y homicidio en las calles son alarmantes. 

En Colombia, en cambio, fuertes estructuras criminales y armadas como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo son los responsables de poner al país como uno de los más violentos del mundo. En 2022 este registró 26,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con un promedio de 26 muertes violentas por día. Aquellas organizaciones armadas tienen alianzas con pandillas y bandas en las ciudades, una suerte de modelo de economía y crimen a escala capaz de abaratar costos operacionales y amplificar cobertura estratégica. Su modelo de negocio está en la tercerización de la fuerza, en el control territorial y en las franquicias criminales, incluso, aludiendo a mecanismos de política exterior criminal con otros actores ilegales de la región. 

América Latina es una región de contrastes, pues es una zona en la que no existen tensiones militares de gran envergadura, pero al mismo tiempo es un área muy violenta y criminalizada. El futuro de la violencia en la región, al menos lo que se muestra en las cifras y reportes, parece ser desolador. Las incapacidades de los Estados para cubrir los territorios, la corrupción política, fiscal y policial, así como las formas en las que los criminales permean las fuerzas de seguridad y los establecimientos políticos, el tráfico de armas, la migración irregular, la violación de los derechos humanos y el narcotráfico, se convierten en los ingredientes para sostener que los tiempos por venir en Latinoamérica, al menos en términos de violencia e inseguridad, no parecen esperanzadores.