Lecciones de la prohibición del maíz transgénico en México

Ernesto Hernández López
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Lecciones de la prohibición del maíz transgénico en México

«Ese gallo quiere maíz» es lo que decía el dictador mexicano Porfirio Díaz cuando daba órdenes para silenciar a sus críticos. Significa algo así como «échales un hueso», pero con el añadido de las nefastas amenazas cuando las víctimas rechazan el maíz. El dicho capta la actitud estadounidense en la lucha por el maíz modificado genéticamente (OMG). Estados Unidos empuja a México a ser su víctima. Recientemente, Estados Unidos solicitó un panel comercial en el marco del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), el TLCAN revisado. Junto con Canadá, alega que la prohibición mexicana del maíz transgénico para consumo humano perturba las exportaciones estadounidenses de maíz.

Estados Unidos debería dejar de imponer el maíz transgénico a México. La prohibición es legal bajo las reglas del USMCA debido a sus objetivos de salud y seguridad alimentaria. Con ella, México evita los riesgos de cáncer por el herbicida glifosato, necesario para cultivar maíz transgénico. Esta medida muestra de cómo equilibrar la salud pública y las obligaciones comerciales, algo que los gobiernos latinoamericanos persiguen cada vez más.

Emitida como Decreto, la prohibición no tiene repercusiones reales en las exportaciones de maíz estadounidense. Sólo se aplica al maíz OGM destinado a la alimentación humana y nada más. El Decreto explica expresamente que sólo prohíbe el maíz OMG para tortillas y masa. Aclara que no hay cambios para el maíz utilizado en la alimentación animal o en aplicaciones industriales. Lo mismo ocurre con otros cultivos transgénicos.

Teniendo esto en cuenta, la prohibición no restringe el comercio. Es cierto que la mayor parte del maíz estadounidense es OGM, pero se trata sobre todo de maíz amarillo. La cocina mexicana no utiliza maíz amarillo, prefiriendo el blanco porque es más fácil de moler para hacer masa. Además, Estados Unidos exporta una cantidad abrumadora de maíz para alimentar a los animales.

Las cifras, procedentes de fuentes estadounidenses, lo confirman. En realidad, las granjas estadounidenses no cultivan maíz para la alimentación humana. Según el Agricultural Marketing Resource Center de la Universidad Estatal de Iowa, sólo un 3% del maíz estadounidense se destina al consumo humano. Sólo el uno por ciento es maíz blanco. Las investigaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. coinciden. La Asociación de Refinadores de Maíz, gran defensora de la disputa, valida estas tendencias de importación sobre el uso del grano, el predominio del maíz amarillo y las preferencias.

Dicho claramente, la prohibición no tiene un impacto comercial significativo, ya que EE.UU. seguirá exportando maíz amarillo OGM, maíz para alimentación animal o para la industria, y otros cultivos OGM. Canadá no debe preocuparse. Exporta colza OMG.

Pocos exportadores sentirán el impacto del Decreto. Pero todos los mexicanos experimentarán sus beneficios.

Una de las razones más fuertes para prohibir el maíz transgénico tiene que ver con el cáncer y el glifosato. Las granjas de OMG necesitan este herbicida. Un organismo de la Organización Mundial de la Salud determinó que el glifosato es una causa probable de cáncer. Sus conclusiones son persuasivas. Múltiples tribunales estadounidenses han fallado en contra del fabricante del glifosato, respaldando algunas de las mayores indemnizaciones y acuerdos de la historia.

Estos peligros se refieren al consumo de maíz transgénico. Recientes estudios médicos y de salud pública, realizados en México, encuentran niveles preocupantes de glifosato en niños. Es sorprendente, ya que carecían de contacto directo con los herbicidas. Niveles similares aparecen en bebés de menos de cuatro semanas. Su exposición es por «vía materna», lo que indica que los recién nacidos son vulnerables a los riesgos de cáncer por lo que comen sus madres. Esto es alarmante, ya que los niños y los bebés no tienen órganos ni sistemas inmunitarios desarrollados. Se espera que estos riesgos provengan del consumo de maíz transgénico.

El Decreto es legal debido a estas dos realidades: consecuencias comerciales ínfimas y riesgos demostrables de cáncer. Por ejemplo, el Capítulo 9 del USMCA preserva el derecho de México a adoptar medidas de seguridad alimentaria que protejan la vida y la salud humanas. También asegura que México determine su nivel de protección. Esto proporciona apoyo al tratado para aplicar medidas como la prohibición y para decidir cómo limitar la exposición a los riesgos de cáncer.

Una de las críticas se centra en las importaciones de maíz. EE.UU. dice que el Decreto de México es «más restrictivo del comercio de lo requerido».

Esto es erróneo. La prohibición no afecta el comercio de maíz amarillo, en alimentos para animales, o en usos industriales, las partes abrumadoras de las exportaciones de maíz. No están restringidos. Además, los estadounidenses pueden comerciar con maíz blanco no transgénico. De hecho, el Decreto creó este mercado al generar demanda de maíz para hacer tortillas y masa.

Las quejas estadounidenses se fijan en el comercio mientras ignoran las motivaciones sanitarias. El USMCA exige examinar ambos aspectos. Un panel considerará seriamente las razones de seguridad alimentaria de México. El tratado ordena examinar las restricciones comerciales pero en relación con «el nivel de protección» que México determinó como «apropiado».

Aquí entra en juego la ínfima cantidad de maíz blanco que producen las granjas estadounidenses. Es lo único a lo que afecta el Decreto. Esto se sopesará frente a las medidas adaptadas a los peligros de cáncer del glifosato en el maíz. Ante esta disyuntiva, un panel puede fácilmente ponerse del lado de la protección contra los riesgos cancerígenos.

Un segundo argumento es que la prohibición no es necesaria. El tratado permite medidas de seguridad alimentaria «sólo en la medida necesaria» para proteger la vida o la salud humanas.

Estados Unidos se dispara en el pie, negando los riesgos de cáncer. Existe una fuerte conexión entre la prohibición y la salud. El nivel de protección de México se limita precisamente al maíz para alimentación humana cultivado con métodos OGM. Como estos métodos necesitan herbicidas y los herbicidas plantean riesgos de cáncer, México prohíbe un tipo de maíz para consumo humano. De este modo se pone fin a los riesgos de cáncer conocidos por el herbicida presente en la fuente de calorías más común del país. El maíz transgénico no puede separarse de los riesgos intrínsecos al glifosato. En este sentido, el Decreto no prohíbe más de lo necesario. El comercio continúa con el maíz OGM destinado a los animales y a la industria.

En resumen, un panel puede fácilmente ponerse del lado de las medidas que evitan la exposición a riesgos de cáncer bien fundados, mientras que simultáneamente observa que las exportaciones de maíz OGM continúan sin restricciones.

Esta lucha por el maíz ofrece algo más que lecciones técnicas sobre las normas comerciales, pues sugiere a los vecinos latinoamericanos lo que está en juego con las políticas de salud pública. Estas controversias no son específicas del USMCA. Los argumentos estadounidenses se centran en las normas sanitarias y fitosanitarias, comunes en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el régimen transpacífico y otros regímenes comerciales. EE.UU. y otros países buscan cambios nacionales en materia de seguridad alimentaria. Esto debería implicar posibles negociaciones comerciales, ya que Costa Rica y Uruguay contemplan la posibilidad de unirse al USMCA. Preocupada por los OMG, Colombia sugiere renegociar su acuerdo comercial con EE.UU.. 

Pero las tensiones comerciales afectan a iniciativas sanitarias de mayor calado, como las etiquetas de advertencia para alimentos poco saludables y los límites a la venta de comida basura. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay las han puesto en práctica. Al diseñar sus medidas, los responsables políticos nacionales tuvieron que responder a preguntas sobre violaciones del comercio. Estos argumentos se extendieron a la OMC.

¿Cuál es la lección de México sobre el maíz para los gobiernos latinoamericanos? Determinar claramente un nivel adecuado de protección de la seguridad alimentaria. Con esto, los beneficios para la salud pública se vuelven más persuasivos que las interrupciones a las importaciones. En pocas palabras, las protecciones sanitarias explícitas pueden disuadir de alimentar a los gallos a la fuerza con exportaciones y justificaciones comerciales distorsionadas.

Encuestas electorales: tan criticadas, tan necesarias

Fabián Echegaray
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Encuestas electorales: tan criticadas, tan necesarias

Toda elección general que moviliza a millones de votantes para consagrar nuevas autoridades suele estar rodeada de rituales mediáticos cuando encierra el conteo de sufragios. Uno de ellos son los debates sobre la definición del tipo de mandato popular elegido por la mayoría, si por la continuidad o el cambio, si por cambios profundos o tan solo pequeños ajustes. Otro ritual saludable suele ser el exaltamiento del método democrático como el modo más transparente y civilizado de ungir autoridades, al menos frente a sus alternativas históricas en nuestra región.

Más recientemente ha emergido un nuevo ritual que básicamente se regocija en destacar el tamaño del error entre las predicciones hechas por las encuestas de intención de voto y los resultados finalmente obtenidos por las diferentes candidaturas: “Nuevamente las encuestas fallaron”. Lo vimos en la reciente elección primaria general de Argentina, a mitad de año cuando se eligió mandatario en Guatemala, el año pasado en la votación presidencial de Brasil y en las estimaciones sobre el destino del plebiscito constitucional chileno doce meses atrás. Los ejemplos proliferan y contagian – inclusive – a algunas entidades defensoras del proceso democrático. Es el caso de los veedores de la OEA para verificar la elección guatemalteca, quienes no tuvieron empacho en poner igual énfasis en las arbitrariedades irregulares de la justicia en vetar candidatura, en la violencia que rodeó a los comicios con asesinatos de candidatos y votantes y en la distancia entre resultados y pronósticos de los sondeos: igualaron los tres factores como si fueran homogéneamente responsables como distorsiones contrarias al buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

Sin embargo, ayudaría a entender que las encuestas se han alejado mucho menos de lo que se les endilga si quedaran claros tres principios. Uno de ellos es que las encuestas hechas en nuestros países, donde es obligatorio sufragar, buscan representar al conjunto de la población en condiciones de votar y, así, proyectan intenciones del total de los votantes sin considerar que en el día de la elección muchos se abstendrán de concurrir a las urnas. Las recientes abstenciones en Brasil y Argentina, que varían entre el 20% y el 30%, dejan afuera un volumen enorme de votos que sí son computados en los sondeos pero que, por opción de los electores, terminan evitando el camino a las urnas.

Esa abstención electoral no se distribuye homogéneamente entre apoyadores de los diferentes contrincantes. Las clases con menor educación y recursos financieros, así como los extremos generacionales (los más jóvenes y los más viejos), suelen exhibir una tasa de ausentismo que llega al doble de las clases más altas o sectores más educados o de los adultos en pleno auge de su ciclo de vida. En la medida en que sistemáticamente los sondeos de opinión pública apuntaban que la base electoral de Lula se concentraba fuertemente en las clases más bajas, ese mayor abstencionismo en el día de la votación limó de manera importante su caudal de votos. De hecho, las encuestas no se desviaron en casi nada del total de sufragios que obtuvo el entonces presidente-candidato Bolsonaro, pero sí calcularon más votos que los que finalmente tuvo Lula. En el caso de una primaria abierta como la de la Argentina, esa diferencia entre encuestados y votantes se agiganta aún más.

El segundo principio es que las encuestas preguntan sobre intenciones. Todos tenemos algún amigo o pariente fumante que prometió parar con el cigarrillo pero no pudo cumplir. El comportamiento solo es observable en el momento en el que se lo ejecuta, antes solo tenemos proyecciones ancladas en preferencias admitidas. Siempre fue así. Solo que en la época de oro de las encuestas electorales, desde los 80 hasta los 2000, cuando acertaban con precisión sus proyecciones, las influencias que podían desviar el camino entre intención y comportamiento estaban mucho menos presentes que hoy. Las fuentes de dichos desvíos hoy en día son de diferente naturaleza, aunque la descentralización de los medios de información gracias al consumo de redes sociales sea el principal sospechoso. En el pasado, rumores, fake news y hasta noticias genuinas de última hora en contra de alguna candidatura demoraban en diseminarse entre la población. Hoy circulan en segundos y de modo masivo.

Por otro lado, las fuerzas estabilizadoras de las preferencias tenían un peso considerable. Los partidos políticos organizaban las identidades políticas de las personas, así como sus comunidades de pertenencia, tipo iglesias, barrios, etnias, sindicatos o clases sociales, les daban un áncora identificatoria duradera, muchas veces transmitida familiarmente. Hoy la desconfianza institucional generalizada castiga con más fuerza a los partidos y sindicatos.

El principal efecto de ello es la voluminosa indecisión electoral hasta última hora. Dos semanas antes de las primarias argentinas, las encuestas registraban que dos de cada diez electores no sabían a quién votar. En el caso brasileño, poco más de una semana antes de la elección en primera vuelta persistían entre 6%-9% de indecisos en un contexto donde la diferencia final entre los candidatos fue de 5%.

El último principio es que las encuestas reflejan cómo la sociedad absorbe la oferta que llega desde el mundo político: en ese sentido es un retrato producido y potencialmente volátil al vaivén de los estímulos presentes hasta el último minuto. Los profesionales de las encuestas no se resignan a esos posibles cambios y buscan triangular y validar las intenciones preguntando sobre la firmeza de la preferencia electoral, la probabilidad de nunca votar por alguno de los candidatos, la percepción de quién ganará la elección, el grado de alineamiento de sus valores con los de los candidatos. Todas herramientas que ayudan a determinar cuán estable es la intención manifiesta, pero que también sirven para estimar hacia qué lado pueden ir los indecisos.

Cada uno de esos instrumentos de medición se ampara en una hipótesis. Preguntar por quién ganará la elección supone que entre indecisos puede existir un voto final estratégico: simplemente subirse a la carroza del victorioso. Preguntar por el rechazo supone que hay un componente emocional-afectivo en el voto que coloca en el centro de la decisión simpatías o antipatías personales, independientemente de las propuestas programáticas de los candidatos. Preguntar por las prioridades de la sociedad o los valores más importantes supone que hay un componente racional, donde el tipo de futuro esperado es decisivo en la elección del candidato. Todas estas hipótesis sirvieron para proyectar preferencias en conductas y simular reacciones de los indecisos, pero siempre y cuando no existan campañas desinformativas o la manipulación de emociones llegue a anular la persuasión de los argumentos racionales, estratégicos o emocionales. Al demonizar a Lula y el PT y multiplicar el miedo de una posible ola comunista, los bolsonaristas consiguieron que una minoría crítica del electorado sacrificase su proximidad programática con el centroizquierda o inclusive su disgusto personal por Bolsonaro.

Difícilmente el ritual de criticar las encuestas y sus desvíos respecto de los resultados finales sea abandonado tan rápido. Pero justamente ese fenómeno nos reafirma la centralidad que tienen para la democracia contemporánea, no solo porque siguen siendo cada vez más solicitadas por todos los que buscan influenciar la esfera pública sino también por su continua contribución a una sociedad más informada, transparente y representativa.

El aislamiento de las instituciones en el Perú

Carlos Ugo Santander
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El aislamiento de las instituciones en el Perú

El silencio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, frente a las investigaciones preliminares sobre las masacres ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las cuales miembros de la policía nacional dispararon abiertamente contra manifestantes y dejaron un saldo de 77 víctimas, pone de manifiesto el constante aislamiento de las instituciones estatales frente a las demandas de la ciudadanía. Esto parece ser una suerte de pacto entre quienes ostentan el poder en el Estado con el objetivo de evitar a toda costa cualquier alteración en sus posiciones de poder.

En ese aislamiento también se encuentra una gran parte del poder judicial, ya que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, evita responder a cuestionamientos. Además, se ha señalado que no cumplió con los requisitos académicos necesarios para haber alcanzado tan alto cargo. También existe una preocupación respecto a su abierta intención de intervenir en el descabezamiento de investigaciones que benefician a una red criminal que operaba dentro del poder judicial.

Frente a estas últimas maniobras, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo autónomo encargado de garantizar la independencia e idoneidad de las personas que operan en el sistema de justicia y en las autoridades electorales, inició una investigación. Esto provocó una contraofensiva contra este organismo que se ha convertido en una estrategia de intimidación. En este contexto, el Congreso de la República se unió a la Fiscalía al ordenar una investigación sumaria contra los miembros de la JNJ, aunque no existían fundamentos jurídicos objetivos ni una causa disciplinaria prevista en el ordenamiento para llevar a cabo tal acción.

En un intento por promover la sensatez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó la necesidad de respetar las garantías del debido proceso y el principio de legalidad. Advierten que, de lo contrario, se afectaría sustancialmente las actividades de la JNJ, lo que a su vez contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.

El aislamiento institucional también ha sido un objetivo del Congreso. Ante las constantes amenazas a la estabilidad política durante el gobierno de Pedro Castillo, la ciudadanía demandó nuevas elecciones generales. Inicialmente, esta propuesta fue aprobada en una primera votación parlamentaria, pero posteriormente una alianza explícita entre fuerzas antagónicas se formó para asegurar la continuidad en el mandato tanto de la actual presidenta como de los congresistas.

Sin embargo, como parte de una agenda que busca contrarrestar los intentos de debilitar el estado de derecho, el poder judicial levantó una medida judicial que impedía la investigación a la fiscal, lo que la ha colocado en una situación de seria vulnerabilidad.

Por otra parte, Vladimir Cerrón, el antiguo socio de Pedro Castillo y operador de una de las fuerzas parlamentarias que se fueron desintegrando en el proceso político, terminó aliándose con sus adversarios más conservadores en el Congreso peruano. Sin embargo, los acuerdos han tenido un impacto limitado en otras esferas del Estado, ya que recientemente ha sido condenado en segunda instancia por el crimen de colusión en perjuicio del Estado.

Ante este escenario, el conflicto entre ciudadanía y gobierno se encuentra latente, representando un desafío especial que las autoridades electas se han autoimpuesto debido a su impopularidad. Su objetivo es finalizar su mandato y entregar el poder de manera pacífica a través de las elecciones, que para muchos parecen ser un campo minado. La presidenta y los congresistas ensayan gestos autoritarios, improvisan y, en ocasiones, actúan con indiferencia ante las demandas de la ciudadanía, cosa que hace que el camino aún sea incierto.

El nuevo extremismo político en América Latina

Enrique Gomáriz Moraga
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El nuevo extremismo político en América Latina

Tras la victoria en las primarias del economista ultraliberal Javier Milei, que encabeza el partido La Libertad Avanza, Argentina se ha convertido en el nuevo foco de debate sobre los cambios políticos experimentales en América Latina. De hecho, los centros académicos y periodísticos argentinos han multiplicado sus actividades en torno al estudio de la nueva extrema derecha en el mundo. Sobre todo, ante la perspectiva de que tenga lugar en Argentina el modelo más favorable para este tipo de fuerza política, el cual no se detiene en el aparecimiento de una fuerza de presión complementaria, al estilo de Vox en España, sino un partido que hegemoniza las fuerzas conservadoras del país. Ese temor ha sido provocado por el hecho de que La Libertad Avanza haya obtenido el 30% de los votos, superando a la alianza conservadora Juntos por el Cambio, que obtuvo dos puntos menos en los comicios.

Afortunadamente, la reflexión más rigurosa sobre el aparecimiento de la nueva extrema derecha comienza por descartar la utilidad de usar la categoría de fascismo para referirse a este fenómeno. Especialistas en el tema, como Pablo Stefanoni o Steven Forti, alertan sobre la confusión que puede generar la simplificación que suelen hacer grupos izquierdistas al categorizar de fascismo a la nueva extrema derecha. Destacan que el fascismo histórico estaba marcado por un corporativismo y una asociación a la fuerza militar como base constitutiva del proyecto político que no aparecen en los orígenes de la nueva extrema derecha. El clásico Nicos Poulantzas agregaba una nota diferencial importante para distinguirlo de las dictaduras del sur europeo: el fascismo proyectaba su fuerte nacionalismo hacia la conquista externa, tenía una enorme vocación imperialista. No podían consolidar un régimen fascista quienes lo desearan, sino quienes pudieran hacerlo.

Existe un amplio consenso sobre los rasgos propios de la nueva extrema derecha. Destaca su antiprogresismo y en especial su rechazo del relato político progre; también su rebote ante la globalización económica, causante de tanta desigualdad. En relación con ello, se muestra un inconformismo social y un reclamo ante las élites liberales, todo ello cimentado mediante una ideología libertaria radical (una de cuyas manifestaciones fue el movimiento antivacunas). Y en ese contexto, presentan una aceptación crítica y condicionada del sistema democrático establecido.

El mayor problema que tiene este análisis de la nueva extrema derecha es su parcialidad. Como subraya Stefanoni, no se puede hablar de la forma populista de hacer política o de sus planteamientos radicales sin mirar al otro extremo del espectro político. Sobre todo, en América Latina la extrema izquierda lleva veinte años haciendo acto de presencia y con algunos éxitos electorales notables en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Perú, más allá de cómo haya evolucionado luego el proceso y su resultado final.

Es decir, si se examinan de manera integral los cambios en la dinámica sociopolítica latinoamericana, en realidad debería tematizarse sobre el nuevo extremismo político en la región, desde ambos lados del espectro político. Algo que también tiene claros antecedentes históricos, sobre todo en lo que refiere al respeto y defensa de las reglas del juego democrático. No hay que olvidar que en la primera mitad del siglo XX no hubo solo un detractor de la democracia liberal, sino dos: el comunismo y el fascismo, representando ambos el extremismo político de ese tiempo. Es cierto que la nueva extrema izquierda ya no reproduce los patrones del comunismo, como lo es que la nueva extrema derecha no reproduce los del fascismo, pero ambos representan el nuevo extremismo político que socaba el pacto social que necesitan los países como base del desarrollo funcional de los sistemas democráticos. Ese enfoque integral debe ser el correcto para evitar que el debate caiga en segmentaciones y medias verdades.

MAS: retorna Evo, expulsan a Arce

José Orlando Peralta
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MAS: retorna Evo, expulsan a Arce

El MAS (Movimiento al Socialismo) aceleró la competencia preelectoral en Bolivia desde Lauca Ñ (perteneciente al municipio de Shinahota, en Cochabamba) mediante su congreso partidario: se ratificó como jefe nacional y declaró único candidato a las presidenciales a Evo Morales y se expulsó a Luis Arce. Este acontecimiento político-partidario ha sido considerado ilegal e inorgánico por parte de los afines del presidente boliviano, pero para los seguidores del líder indígena su lealtad y convicción le otorgan la legitimidad necesaria fundamentada en un estatuto que le da legalidad. Además, ha marcado la agenda a los demás aspirantes a la presidencia.

Económicamente, Bolivia atraviesa una situación complicada, algo que refleja el aumento del precio del dólar en el mercado no oficial. Esto ha conllevado incertidumbre y emociones negativas difíciles de revertir en el corto y medio plazo. A pesar de que el ministro de Economía ha insistido en que la compraventa se ha normalizado (tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar), para muchos comerciantes (empleos informales) la situación sigue siendo irregular.

En cuanto al contexto social, la tasa de informalidad en Bolivia es mayor que en Nicaragua, Paraguay y El Salvador. De acuerdo con datos oficiales de junio de este año de la Fundación Jubileo, 76 de cada 100 personas ocupadas mayores de 14 años no tienen inscripción en un tipo de sistema de seguridad social que les otorgue beneficios como jubilación y atención médica.

Respecto a la situación política, la oposición al gobierno nacional es ideológicamente variopinta, pero tiene como factor común el antimasismo. Sin embargo, electoralmente ha estado, y así sigue, atomizada. Su limitada capacidad para construir un frente amplio con proyecto de sociedad que capitalice este factor común los ha reducido a una minoría en el Parlamento por más de una década y sin posibilidad de frenar las derivas autoritarias del poder ejecutivo. Por ahora, parece que el comportamiento político-electoral egoísta, sin convicción ideológica ni pasión identitaria de los opositores seguirá vigente en el proceso preelectoral de cara a 2025. 

La deriva autoritaria del presidente con la oposición partidaria y regional es un aspecto que no se debe dejar de lado. Las detenciones preventivas (arbitrarias) de Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz) y Jeanine Áñez, entre otros presos políticos, son representativas de la debilidad institucional y del retroceso democrático en el país.

El principal clivaje entre Arce y Evo es el aumento de la desigualdad de recursos estatales entre las facciones que representan. El Estado central tiene más de medio millón de empleados públicos bajo el mando del poder ejecutivo. Este dato ilustra los incentivos materiales, de poder y estatus que ha generado el presidente Arce en agentes individuales y colectivos desde noviembre de 2020, heredero de los incentivos materiales otorgados durante las gestiones de Morales.

Los agentes colectivos que apoyan a Arce están agrupados en el denominado Pacto de Unidad. Básicamente, están estructurados a partir de tres organizaciones matrices de origen indígena y campesino consideradas por el presidente como “las dueñas” del instrumento político: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, y Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (SCSIOB). El cuarto agente colectivo (no es parte orgánica del Pacto de Unidad) es la Central Obrera Boliviana (COB), de origen popular. 

El 17 de octubre se realizará un cabildo con todos estos agentes colectivos y la masa burocrática en la ciudad de El Alto con el fin de “definir reconducción, reorganización y reestructuración del instrumento político y el proceso de cambio”. Una concentración que pretende mostrar las fuerzas sociales articuladas que respaldan a Arce alejadas estructuralmente de Morales, pero próximas ideológicamente al MAS.

Por su parte, la facción evista está fundamentalmente compuesta por el sector cocalero (Chapare) y dirigentes (paralelos) del Pacto de Unidad. Son la base emocionalmente extremista e ideológicamente radical del MAS. Varios representantes sociales y profesionales leales a Evo han sido excluidos de la administración de Arce. En la Asamblea Plurinacional se ha paralizado el tratamiento de varias leyes por la disputa intensa entre parlamentarios arcistas y evistas, lo que impide que el presidente cuente con la mayoría absoluta. 

Con todo, el congreso en Lauca Ñ aceleró el divorcio entre Arce y Evo, intensificó el clivaje a nivel de la administración pública, generó mayor distanciamiento en el Parlamento entre las varias facciones y dividió las aguas entre sectores populares, campesinos e indígenas: orgánicos (arcistas) contra militantes (evistas). 

En este clivaje, Arce tiene una ventaja coercitiva sobre Evo, ya que el poder judicial juega un rol estratégico que le es favorable. El amparo constitucional, presentado por Felipa Montenegro, representante de las Bartolinas (agente colectivo que apoya al presidente), es una acción legal que pretende que se declare ilegal la convocatoria al congreso. Una situación jurídica que posiblemente se resuelva el 23 de octubre. 

Luego del congreso, el debate entre las facciones evistas y arcistas tiene como eje la legalidad/ilegalidad y legitimidad/ilegitimidad sobre el evento partidario. Por el momento, el MAS está en manos de Evo, pero los agentes colectivos que apoyan a Arce mantienen la batalla en el campo jurídico para recuperar el instrumento del que se consideran dueños.

Arce y Evo representan la continuidad, no el cambio. Ambos han ejercido la cooptación como mecanismo de dominación sobre los agentes colectivos constitutivos del Pacto de Unidad: la fuerza social en la que se basa la estrategia discursiva de ambos líderes cuando interpelan al pueblo para decidir en su nombre. 

El Pacto de Unidad y la COB se pueden definir como asociaciones de interés porque solo buscan dar continuidad a los beneficios estatales que reciben sus miembros. Son incentivos materiales, de poder y estatus que no generan un cambio disruptivo por el bien público; son sujetos del mecanismo de cooptación.

Por ahora, Evo retorna a la arena electoral y Arce es expulsado del MAS –para Morales el primer mandatario se autoexpulsó porque desistió de participar en su congreso nacional-, pero es indudable que se postulará por segunda vez a la presidencia. Los dos representan la continuidad de un proyecto político en proceso de resquebrajamiento. Las dos facciones necesitan mantener la cooptación sobre las asociaciones de interés, la coerción sobre sus opositores y el consentimiento de sus electores. 

A pesar de la gravitante disputa preelectoral al interior del partido político más importante de Bolivia en el siglo XXI, de acuerdo con el contexto socioeconómico el proceso de cambio es un sofisma.

Las tierras indígenas y la tesis del marco temporal en Brasil 

Christopher Mendonça
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Las tierras indígenas y la tesis del marco temporal en Brasil 

Los criterios de demarcación de las tierras indígenas vuelven a ser una cuestión importante para el Congreso Nacional de Brasil en el segundo semestre de 2023. En el mes en que se conmemora el trigésimo quinto aniversario de la promulgación de la nueva Constitución Federal de Brasil, el Senado Federal debate la creación de herramientas jurídicas para legitimar la tesis del marco temporal, de que los grupos indígenas sólo pueden tener sus tierras demarcadas si ya las ocupaban cuando se instaló la nueva República brasileña, en octubre de 1988.

La llamada tesis del hito temporal es muy controvertida. Se trata de una idea que limita cronológicamente el derecho de posesión de los indios sobre importantes franjas del territorio brasileño. En 2003, se creó la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, en el estado de Santa Catarina, que abarca unos ochenta mil kilómetros cuadrados y está ocupada actualmente por el pueblo indígena xogleng. Ante las demandas de decenas de agricultores de la región, el gobierno de Santa Catarina llevó el asunto ante el Supremo Tribunal Federal, alegando que los nuevos propietarios de la tierra no estaban allí cuando se promulgó la Constitución brasileña y, por tanto, no debían tener control legal sobre la zona.

Un dictamen jurídico de la Procuraduría General de la República en 2009 cristalizó aún más la base de la tesis del hito temporal. En relación con la demarcación de la reserva indígena de Raposa-Serra do Sol, en el norte del país, se argumentó que sólo podría delimitarse una vez que se hubiera cumplido este criterio temporal y, ante este impasse, se hizo necesaria una sentencia del Tribunal Constitucional de Brasil, dada la necesidad de que el Poder Judicial se pronunciara sobre asuntos para los que había sido convocado.

El caso del impasse entre indígenas y propietarios rurales en Santa Catarina tendría el poder de influir en más de trescientos procesos de demarcación de tierras en todo el país y, con la decisión de la Corte Suprema, tendría repercusiones generales. El 21 de septiembre de 2023, veinte años después del inicio del litigio, la mayoría de los jueces del Tribunal decidió anular las limitaciones temporales, garantizando una victoria para los pueblos indígenas de todo el país, que podrán reclamar la propiedad de sus espacios naturales.

Lo más importante por el momento es saber que, después de haber sido considerado por la legislatura brasileña, el Proyecto de Ley 2903 de 2023 va para sanción presidencial, habiendo sido aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. Activistas rurales de todo el país, a través de frentes parlamentarios, han presionado a sus representantes para crear una nueva legislación que detenga la eficacia de la decisión dictada por el poder judicial a favor de los pueblos indígenas.

En un momento de gran polarización en el Congreso, que numéricamente cuenta con una mayoría de representantes conservadores, los Poderes de la República están en curso de colisión. En recientes intervenciones, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha criticado la frecuente intervención del poder judicial en asuntos propios del Congreso. El proyecto de ley aprobado recibió el apoyo masivo no sólo de grupos vinculados al agronegocio nacional, sino también de sectores importantes como los evangélicos y los grupos de seguridad pública.

Juristas de Brasil y del exterior han sido consultados sobre la capacidad de un proyecto de ley para anular una decisión vinculante del máximo tribunal del país. Por un lado, están los que defienden el poder judicial y consideran que la reciente sentencia garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y que, por esta razón, está más allá de la revisión del Congreso.

En el otro extremo están los que definen la decisión judicial como un exceso de los poderes garantizados al Supremo por la Constitución de 1988 y abogan por que el Legislativo actúe para reequilibrar los poderes. El presidente Lula ya ha anunciado que vetará la propuesta, por considerarla inconstitucional. Legisladores de todas las tendencias políticas han hecho pública su intención de anular el probable veto presidencial.

Frente a intereses tan diversos, representados en las esferas políticas más importantes del país, la Constitución, que cumple un año más de vigencia, pasa por una prueba de fuego. La complejidad de este escenario pretende ser útil para definir con claridad los límites del equilibrio de poderes ideado en el siglo XVII por los padres fundadores de la democracia estadounidense, Madison, Hamilton y Jay, y aplicado a varios países latinoamericanos.

A pesar de los momentos de quiebre del orden democrático, los países de la región están ansiosos por mejorar sus regímenes políticos a través de situaciones que permitan conocer la solidez -o no- de sus instituciones.

El caso de los 9000 muertos desaparecidos en Cuba

José Gabriel Barrenechea
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El caso de los 9000 muertos desaparecidos en Cuba

El 25 de enero la cuenta en X de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) informó de una entrevista que al segundo de esa institución, Juan Carlos Alfonso Fraga, le hiciera Andrea Rodríguez, corresponsal de AP en el país. De las cifras reveladas en dicha entrevista, la periodista usó tres para un artículo suyo publicado el 22 de febrero sobre la presente situación demográfica cubana. Estas cifras son la de población de Cuba el 31 de diciembre de 2022: 11 089 500; la del número de personas fallecidas en ese año: 129 049, y la de los nacimientos: 95 402. 

Cuatro meses después, el 19 de mayo, la institución estadística oficial cubana presentó su informe demográfico de 2022: Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios 2022. En él, mientras que con respecto a lo revelado por Alfonso Fraga a AP el número de nacimientos aumentó en uno (hasta 95 403) y el de habitantes en 11 (hasta 11 089 511), en el caso de los fallecimientos la variación ha sido en comparación desproporcionada, y a la baja. De los 129 049 fallecidos revelados en enero por el segundo de la ONEI se ha pasado a 120 098, es decir, un desplome de 8 951 fallecimientos. 

Sin duda las cifras pueden variar, y deben variar, a medida que la información es aumentada y depurada, como por ejemplo varió el número de nacimientos. Sin embargo, en primer lugar es muy improbable una variación de tal magnitud como la que vemos en el caso de los fallecimientos –se ha desplomado en alrededor del 7%-, y, en segundo lugar, si bien resulta entendible que los registros crezcan, al contabilizarse poco a poco nacimientos o fallecimientos que no fueron registrados en tiempo, no lo es que disminuyan. No hay, por tanto, ninguna explicación verosímil a un error estadístico semejante –el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira lo ha llamado “horror estadístico”. 

Este sobrerregistro inicial podría achacarse, por ejemplo, al hecho de que las personas fallecidas fuera de su lugar de residencia hubieran sido contabilizadas en dos lugares a la vez, y solo algo después se hubiera podido corregir el error, al comparar las listas respectivas. Mas ello es imposible en Cuba, donde todos los ciudadanos tienen un carnet de identidad y el procedimiento de certificación de la muerte es claro: ocurran donde ocurran, los fallecimientos son registrados en el municipio de residencia que aparece en el carnet del difunto, por lo que de ninguna manera cabe que se hubiera contabilizado un tan importante número de muertes en dos lugares a la vez.

En Cuba se registra a todas las personas que nacen, o que mueren, según un procedimiento legal expedito, por lo que resulta imposible creer en un error tan masivo. Hablamos de un país en el cual el estado, del cual la ONEI es su institución estadística oficial, administra tanto todos los hospitales de maternidad como todas las funerarias y cementerios. Cuba no es la India, y ni incluso los Estados Unidos: aquí ningún ciudadano anda tan por su cuenta.

Lo evidente es que, con un exceso de muertes de alrededor de 52 000 en 2021 (al crecer el número de muertes de 112 441 en 2020 a 167 645), el gobierno de Miguel Díaz-Canel no podría estar muy complacido con que algo parecido se repitiera en 2022, y así fuera reflejado en las estadísticas demográficas. De entrada, 129 049 fallecidos en 2022 implicaría entre 9 000 y 12 000 muertes más de las que hubiera cabido esperar en Cuba si se hubiera mantenido la tendencia de mortalidad anterior a la llegada de la pandemia. O sea, hablamos de un exceso de muertes, que es la variable que la OMS usa para medir el verdadero efecto de la pandemia (más allá de las siempre dudosas cifras oficiales, sobre todo en estados autoritarios, o totalitarios), entre 44 y 58 veces mayor a las 207 personas que oficialmente fueron reportadas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) como fallecidas por covid en 2022. Por tanto, de haberse mantenido en las estadísticas oficiales las 129 049 muertes de las que Alfonso Fraga le informó a AP en enero, Cuba volvería a quedar en entredicho por tan cuantiosa diferencia entre las cifras oficiales de fallecimiento por covid y el exceso de muertes. 

Pero más allá de la duda general que sobre la credibilidad de las cifras que hace públicas el estado cubano crea este caso particular, había un problema de más fondo con los 129 049 muertos. El hecho es que si bien en 2021 podían entenderse los estragos de la pandemia en Cuba, reflejados en el exceso de muertes, en 2022 ya no. Porque si bien durante la mayor parte de 2021 la población cubana no estuvo inmunizada, con las vacunas cubanas a comienzos de 2022 los porcentajes de cubanos completamente inmunizados, con todas las muchas dosis recomendadas, alcanzaba a más del 90%. ¿Cómo explicar entonces que en 2022 se alcanzara un exceso de muertes de entre 9 000 y 12 000?

Para que se entienda, esa cantidad de muertes en exceso con respecto a lo que debería haberse esperado según las tendencias de la mortalidad previas a la llegada de la pandemia equivaldría a entre 81 y 108 muertes de más por cada 100 000 habitantes, achacables al covid –directamente, o en sus efectos colaterales-, al menos según la metodología escogida por la OMS para medir los efectos de la pandemia. Un valor no tan alto, pero que un número importante de países, incluso con una población tan o más envejecida que la cubana, ya habían logrado mantener desde antes de comenzar su proceso de inmunización artificial.  

Los 129 049 fallecidos en 2022 ponían en duda la efectividad de las vacunas cubanas, algo que no podía permitirse un gobierno que lo apostó todo a ellas, incluido el futuro desarrollo de su industria de medicamentos. Y es que no ya la credibilidad de las vacunas estaba en juego, sino también la del presidente, de su gobierno, e incluso de “la Revolución”, porque en un final la industria farmacológica cubana, que habría sido la responsable de unos resultados en todo caso tan dudosos, es obra del Comandante. 

Si se quería salvar la cada vez menor credibilidad de todo ello, había que cambiar la cifra de enero.

Los vaivenes del Mercosur y la UE

Esteban Caballero
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Los vaivenes del Mercosur y la UE

La elección del presidente de Paraguay, Santiago Peña, coincidió con el retorno político del presidente Luis Ignacio da Silva, Lula. Los dos personajes comparten una impronta muy particular, la de la diplomacia presidencial. Lula retornó a la palestra mundial con enorme ímpetu en lo que se refiere a las relaciones internacionales. En cierto sentido se hizo eco y amplificó la expresión utilizada por el presidente Biden en su discurso inaugural: “Estamos de regreso”. Efectivamente, al cabo de pocos meses nadie podía dudar que el Brasil estaba de regreso, desempeñando un rol destacado en el concierto de las naciones, con sus luces y sus sombras, ciertamente. El caso de Santiago Peña es distinto porque se trata de un país pequeño y de menor peso en el contexto internacional. Sin embargo, sus intervenciones han puesto el país en el mapa y hasta han ocasionado sorpresa entre sus vecinos, acostumbrados a un rol de más bajo perfil. El nuevo sello que está queriendo dar el presidente paraguayo a su política exterior marca una diferencia. Hay que ver cuál será el impacto.

En diciembre de 2023, Brasil le transfiere la presidencia pro tempore del Mercosur al Paraguay. En vistas a ese proceso de transición, el presidente Santiago Peña le ha recordado al presidente Lula que el plazo para concretar el acuerdo con la Unión Europea vence ese mismo mes y que si los europeos no se manifiestan con respecto a las contrapropuestas referentes a los temas ambientales, el bloque debería proyectarse hacia regiones como el Medio Oriente y Asia.

El problema es que la fuerza del presidente paraguayo para liderar ese cambio de perspectiva puede no ser la requerida, ni vaya a encontrar el escenario más propicio. Nos referimos sobre todo a que estamos ante una coyuntura en que, por un lado, las relaciones entre las naciones hermanas del Mercosur no pasan por su mejor momento, y, por otro, hay un contexto político argentino minado de incertidumbres.

Efectivamente, uno de los temas más actuales a nivel regional es la disputa en torno al peaje que está cobrando la Argentina a las embarcaciones que utilizan la Hidrovia Paraguay – Paraná, un peaje que es rechazado por el Paraguay y los otros socios de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía (Brasil, Bolivia y Uruguay).  En el marco de esa tensión, también saltó el tema del cobro de la energía de la hidroeléctrica binacional Yacyretá que el lado paraguayo cede a la Argentina. El Paraguay ha puesto en la mesa la opción de utilizar el 100% de su energía, en vez de cederle a la Argentina por una compensación, ya que Buenos Aires no está honrando los pagos debidamente. Curiosamente, en paralelo, Argentina comenzó a retener camiones que transportan gas licuado al Paraguay, dando señales de un escalamiento de la guerra comercial.  

Aparte, el panorama político argentino se presenta muy amenazante desde la perspectiva del Mercosur. El hecho de que el candidato ultraliberal de La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el mayor porcentaje de votos en las PASO, Javier Milei, sea un librecambista fervoroso es un claro indicador de que, si llegase a ganar la presidencia, la idea de una unión aduanera imperfecta, con un arancel externo común poroso, va a chocar frontalmente con dicha ideología. Ello implicaría una nueva crisis a nivel del entendimiento de los países sudamericanos, poniendo en jaque la capacidad del bloque de actuar como conjunto en negociaciones de integración con otras regiones, como la Unión Europea, o cualquier otro que quiera proponer el presidente Santiago Peña.

Sin duda, estos temas se irán deshilvanando con el tiempo. Hay que ver si la UE responde en tiempo y forma, primero. Si lo hace de manera satisfactoria el desafío para el Mercosur será mayor. Se trataría de un acuerdo comercial histórico, en una época muy distinta a la que predominaba hace 20 años, cuando se inició el proceso. Ninguno de los gobiernos de la región, inclusive con un Milei en la presidencia de la Argentina, podría descartar la opción fácilmente. La UE ha prometido no reproducir el modelo extractivista, de simplemente explotar recursos naturales, sea este el litio o la soja. Hay un acompañamiento con inversiones que buscan fortalecer procesos de producción con valor agregado más complejos. Al mismo tiempo, los sudamericanos han prometido utilizar sus propias regulaciones, de manera soberana, para cuidar que la producción agroganadera no acreciente la deforestación ni dilapide los sumideros del CO2.  Si estas promesas son creíbles o no es otra cuestión. En el caso paraguayo, el poderoso lobby agroganadero del país ha manifestado reticencias respecto a la cuestión medioambiental, el uso de agrotóxicos y la deforestación. 

En todo caso, para el presidente Santiago Peña y su diplomacia presidencial, la concreción del acuerdo Mercosur – UE lo obligaría a marchar más al unísono con sus pares . Ello simplemente porque, al firmarse un acuerdo con la UE, el mercado común del sur se fortalecería y las cláusulas que impiden tratados de libre comercio bilaterales adquirían mayor vigencia, quitándole así mayor autonomía al Paraguay o cualquier otro. Así como fue el caso del proyecto fallido de Uruguay para firmar un TLC con China, que declinó al final por respetar los reglamentos del Mercosur.

Si bien mucho depende de cómo se va configurando el espacio político regional, la posición de Peña es delicada. Es el último presidente de Sudamérica que mantiene una relación con Taiwán. Su relación con Estados Unidas se tensa de manera intermitente por los programas anticorrupción de USAID en Paraguay, así como por la designación de su mentor político y expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto”, por parte del Departamento de Estado. Por otro lado, una parte importante de la bancada de su partido quiso derogar un convenio con la UE en base a argumentos falaces sobre la imposición de la ideología de género en la educación.

Migración: la realidad demanda decisiones… humanitarias

Andrés Cañizález
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Migración: la realidad demanda decisiones… humanitarias

El académico mexicano Rafael Hernández, de forma precisa, ha sostenido que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador registra una suerte de promesa incumplida en materia de política de migración. Cuando ascendía al poder, en 2018, anunció que, a diferencia de las gestiones anteriores, la suya se basaría en la definición de un nuevo paradigma que privilegiaría el respeto pleno de los derechos humanos y apostaría por el desarrollo social y económico como sustento material de las personas en movilidad dentro de México.

Tal cosa no ha ocurrido, como lo vienen documentando diversas denuncias de maltratos y violaciones a los derechos humanos, por parte de autoridades mexicanas, contra migrantes venezolanos, cubanos, centroamericanos y haitianos principalmente, en particular desde que se activó el acuerdo bilateral con Estados Unidos para impedir el acceso sin documentación de los oriundos de Venezuela, hace ya un año. Desde entonces se ha intensificado la respuesta policial y militar.

La actual crisis migratoria debe abordarse desde una perspectiva regional, ya que está envolviendo a países expulsores, como Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití y Cuba, junto al tradicional triángulo de la frontera norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala); a países de tránsito, como Colombia, Panamá y prácticamente toda América Central, y obviamente a México, pero siendo este no solo lugar de circulación sino también de asentamiento para miles de migrantes, aquellos que no logran ingresar a Estados Unidos.

El territorio estadounidense sigue siendo una suerte de imán, profundamente atractivo, sabiendo o a veces desconociendo las travesías, obstáculos y peligros que acechan en muy distintos lugares de la región para quienes van en su búsqueda sin tener permiso de ingreso por vía regular.

México, por razones geopolíticas y, por tradición, al haber sido históricamente un país de emigrantes, y siendo además un nudo gordiano en la actual crisis, debe liderar una política integral en coordinación con otros países. México, que con López Obrador ha reproducido de nuevo el rol de perro guardián de la frontera con Estados Unidos, debe abrirse a otra discusión más amplia, signada por la respuesta humanitaria integral que demanda la actual crisis.

El anuncio de la Cancillería mexicana de que se convocara una conferencia regional, con una decena de países, para discutir sobre la situación migratoria, debe ser visto como una primera señal positiva. Es un primer paso en una serie de decisiones que deberán tomar los países de manera individual y de forma concertada para hacer frente al mayor volumen, en menor tiempo y de más rápido crecimiento de un flujo migratorio en la región que a todas luces es desordenado, y está protagonizado por personas en clara condición de vulnerabilidad, que están literalmente huyendo de sus países con lo poco que llevan encima.

Cualquier discusión gubernamental en la región sobre el creciente volumen de migrantes, sin duda una problemática que amerita respuestas gubernamentales a diversas escalas, debe partir de un principio claramente definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019: “Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana”. Todo migrante es, a fin de cuentas, una persona, y por ser humano es portador de los derechos básicos universalmente reconocidos. Parece una perogrullada, pero es una verdad que no debe ser relativizada en cualquier decisión gubernamental que involucre a los migrantes, sin importar su estatus migratorio.

México ha confirmado, este 1 de octubre, que unas 10.000 personas llegan cada día a la frontera de este país con Estados Unidos. Según el gobierno de López Obrador, es una situación que les desborda. EE.UU. también se ha visto excedido: en los primeros 17 días de septiembre hubo 142.037 detenciones de migrantes en la frontera, un 15% más que las 123.777 del mismo periodo del mes pasado. Junto a esto, alrededor de 1.450 personas cada día son admitidas por vía regular, en territorio estadounidense, a través de la aplicación móvil CBP One, con trámites que se realizan en su mayoría desde suelo mexicano.

Costa Rica se ha adelantado a la reunión en México para declarar, el pasado 26 de septiembre, una emergencia nacional. De acuerdo con los datos oficiales de las autoridades fronterizas, hasta el 23 de septiembre más de 390.000 migrantes habían cruzado este año la peligrosa selva del Darién que separa a Colombia de Panamá. Se trata de la cifra más alta registrada, y convierte de facto a esta zona selvática en el principal corredor migratorio de las Américas. En todo 2022, unas 248.000 personas atravesaron el Darién.

Los migrantes, una vez que pasan el Darién, no se detienen en territorio panameño: el gobierno de Panamá llama “flujo controlado” al traslado en buses de los extranjeros hacia la frontera con Costa Rica, que es el siguiente país en la ruta. Desde junio, cuando ingresaban en territorio costarricense unos 900 migrantes al día por la frontera sur, el flujo se triplicó hasta unos 2.600 diarios durante agosto. La respuesta del gobierno de Rodrigo Chaves, sin embargo, no ha sido atender la situación humanitaria, sino evitar que los migrantes permanezcan en el territorio de su país.

Lo anunciado por Chaves es un esquema de transporte, organizado por el Estado con empresas privadas, bajo el cual se le cobra 30 dólares a cada persona por su traslado exprés entre la frontera sur de Costa Rica (con Panamá) y la norte, colindante con Nicaragua.

El portal BBC Mundo ha narrado que una vez que llegan al norte de Costa Rica, muchos migrantes recurren al servicio de “talibanes”, como se conoce a transportistas que los llevan hasta puntos ciegos de la frontera nicaragüense al no poder pagar los 150 dólares que el gobierno de Managua cobra como salvoconducto para ingresar regularmente por el punto fronterizo de Las Tablillas.

Y así, estos traslados, pagos, movilizaciones, son parte de una ruta que según el dinero con el que se cuente puede transcurrir más rápido o no. Un hombre de 30 años, hijo de un señor que suele servirme el café en un establecimiento en Venezuela, tardó un mes desde que salió del Darién y pudo llegar al norte de México. Allí hace trabajos menores y trata de recuperarse económicamente para dar el salto hacia suelo estadounidense, donde sueña poder llevarse en el futuro a su esposa y dos hijas, que quedaron atrás.

Decidir por encuestas: la selección de candidatas a la presidencia en México

Carlos Luis Sánchez y Sánchez
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Decidir por encuestas: la selección de candidatas a la presidencia en México

El más reciente proceso de elección interna de candidatos, o en este caso de candidatas, a la presidencia de la República en México, realizado por el partido en el gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el Frente Amplio por México, una coalición opositora integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tuvo como denominador común el uso de las encuestas como criterio único de selección. 

Es importante señalar que no es la primera vez que un partido político o coalición de partidos en México utiliza los resultados de las encuestas como el criterio principal de selección de candidatos a distintos niveles de gobierno, incluida la presidencia de la República. Lo que sí resulta significativo es que tanto Morena como el Frente Amplio por México hayan decidido con ello renunciar a todo proceso electivo.  

Destaca el caso de Morena; desde su fundación, este partido ha descartado llevar a cabo elecciones internas para la designación de sus candidatos. Esto fue refrendado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando señaló en junio de este año, en una de sus tantas conferencias de prensa matutinas, que la encuesta como método de designación, al formar parte de los estatutos del partido, “ha probado su eficacia” y “ha evitado rupturas”.

Por su parte, el Frente Amplio por México, después de sucesivas rondas de descarte de sus distintos precandidatos, decidió ya no llevar a cabo la última fase del proceso, la consulta ciudadana entre las personas registradas para tal efecto, y quedarse únicamente con el resultado de los estudios de opinión pública que dieron como ganadora a Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes por más de 15 puntos porcentuales en promedio.

Al respecto, ¿qué implicaciones tiene la sustitución de facto de todo proceso electivo por los resultados demoscópicos para la democracia en general y para la democracia interna de los partidos políticos en particular?

En principio, la decisión del partido en el poder y de la coalición opositora de introducir la encuesta en una suerte de mecanismo equivalente de democracia participativa para evitar conflictos o rupturas, o en un afán de evitar una baja afluencia de votantes, ha estado lejos de producir un mayor acercamiento con la población. De hecho, cabe recordar el fracaso en términos de participación ciudadana que supuso la consulta de revocación de mandato que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2022 impulsada por la presidencia de la República. Por el contrario, esta decisión fortalece la hipótesis del politólogo Peter Mair, que hablaba de “gobernar el vacío” y que sugiere que, debido a las deficiencias de los partidos políticos, la democracia paulatinamente se va despojando de su componente popular, alejándose del demos.  

Lo que acabamos de atestiguar en México fortalece esta hipótesis. Los partidos políticos, al circunscribirse únicamente a las encuestas como criterio electivo, han conducido a dos escenarios: 1) se rompe con el ciclo mismo de la deliberación política democrática; esta apuesta a que toda deliberación termine en agregación, como sugería el politólogo Adam Przeworski, acaba frustrándose, y 2) se da por hecho que el resultado mismo de la encuesta es de facto coincidente con un hipotético resultado electoral. 

Este último punto nos coloca de frente al debate en torno al grado de precisión de las encuestas. Un debate que se relaciona con el grado de concordancia que se presume puede existir, o no, entre la particular distribución de opiniones entorno a la intención de voto y la distribución final de los resultados electorales.  

Lo anterior es la fuente misma de la característica de todo régimen democrático: la incertidumbre sustantiva, la cual se traduce en el hecho de que nadie puede garantizar ex ante el resultado de una contienda electoral; en el hecho de que nadie puede contestar a priori con absoluta certeza una simple pregunta: ¿quién va a ganar las elecciones?

La incapacidad de nuestro sistema de partidos de llevar a cabo elecciones internas ha cancelado toda posibilidad de incertidumbre sustantiva, requisito primordial de toda organización política de este tipo que se precie de democrática. La legitimidad de los sondeos, de carácter técnico, se impone sobre la legitimidad democrática que proviene del voto. 

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org. 

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