El método Bukele

Benedicte Bull
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El método Bukele

Hasta ahora, El Salvador ha sido conocido en el extranjero principalmente por la guerra civil y las pandillas brutales. Durante los últimos años no ha exportado mucho más que migrantes. Pero ahora se está llevando a cabo un experimento político que podría darle al país un “poder blando” en el mundo que nunca antes había tenido.

El experimento lo ha iniciado el presidente Nayib Bukele utilizando lo que se denomina bukelismo. Aunque se le conoce como un “-ismo”, no es una ideología política: más bien es un método político. Se ha vuelto muy popular en su país, y políticos de otros países están tratando de copiarlo. De hecho, este método puede llegar a ser más importante para comprender la política latinoamericana que el tradicional eje derecha-izquierda. Y, quizás, también pueda llegar a generar influencia fuera de América Latina.

El método es simple y, a la vez, técnicamente avanzado. No se trata de visiones de desarrollo social con objetivos, principios y planes. El principio rector es retener y fortalecer el poder del presidente Nayib Bukele y su círculo íntimo asegurando en todo momento mantener su fuerte popularidad.

El bukelismo incorpora estrategias de populistas autoritarios latinoamericanos desde Hugo Chávez hasta Jair Bolsonaro, y tiene rasgos de Donald Trump, Vladímir Putin, Xi Jinping y Rodrigo Duterte. Al mismo tiempo, el bukelismo ha desarrollado estrategias de comunicación mucho más sofisticadas y ha llevado a la política al mundo de los medios virtuales más allá que cualquier otro. Allí, la tropa de “nayibeliebers” (inspirados en los “beliebers” de Justin Bieber) son alimentados con mensajes finamente pulidos que describen un Bukele genial, juvenil, moderno, humorístico y relajado que atrae a una población joven. De estos, muchos tienen un pie en Estados Unidos y otro, en El Salvador.

Desde la guerra civil, el promedio anual de asesinatos en El Salvador ha sido de alrededor de 4.000. Sin embargo, el año pasado hubo 496 asesinatos y la tendencia continúa a la baja. Los casos de extorsión se han reducido entre un 70% y un 90% (dependiendo de la zona) y la gente vuelve a salir a la calle, los niños y jóvenes juegan al fútbol, resurgen pequeños negocios y el centro de la ciudad ha cobrado vida. Los salvadoreños agradecen a Bukele su nueva paz y libertad.

¿Cómo lo ha logrado? El método se puede describir en cuatro puntos que van mucho más allá de combatir el crimen.

En primer lugar, se ha centralizado el poder. Bukele ha tomado el control tanto de la Asamblea Nacional como del Poder Judicial rompiendo las reglas y asegurando un mayor apoyo en las elecciones parciales. Ni ministros ni alcaldes del partido Nuevas Ideas, de Bukele, pueden tener diálogo directo con empresarios u otros actores políticos. Todo depende de él y sus tres hermanos. Se ignoran los presupuestos y se aprueban, cada vez más, leyes que otorgan al presidente el control directo sobre los gastos, y se ignoran las convenciones internacionales y los derechos humanos. De esta manera, el presidente se ha asegurado una libertad de acción casi total.

En segundo lugar, se ha monopolizado el poder. Cualquiera que desafíe el poder de Bukele corre el riesgo de ser blanco de campañas de desprestigio que lleva a cabo un ejército de asesores de comunicación y troles. Y, en lugar de contratar a empleados de El Salvador, ha contratado a “mercenarios políticos” venezolanos. En 2024, Bukele buscará la reelección, a pesar de que está prohibido por la Constitución y más del 90% de los salvadoreños dice que votarán por él.

En tercer lugar, cualquier organización social puede ser atacada. Las ONG son denominadas a menudo por el Gobierno como “fachadas para la intervención extranjera”. Estas medidas no son nuevas, pero lo que hace especial al bukelismo es el cuarto elemento: la gestión basada en el monitoreo de la opinión.

El bukelismo gobierna por popularidad a través de la monitorización constante de las opiniones de los salvadoreños, tanto de los que viven en El Salvador como de los que viven en Estados Unidos, y que tienen derecho a voto. La estrategia de comunicación se ajusta continuamente en función de las tendencias en las redes sociales y las encuestas de opinión. Asegurar el apoyo y mejorar la imagen de El Salvador en el extranjero son los objetivos centrales.

Bukele introdujo el bitcoin como medio de pago obligatorio en el año 2021 y esto debe entenderse como parte de esa construcción de imagen. El bitcoin tiene dos funciones centrales para el bukelismo. Primero, le ha dado a El Salvador una nueva imagen entre los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología, lo cual ha puesto al país en el mapa, y el turismo ha comenzado a recuperarse tras años de declive. En segundo lugar, el bitcoin le da al propio Bukele, al Gobierno y a los que delinquen una forma de mover dinero fuera del control institucional. El bitcoin se ha convertido en el mecanismo favorito de lavado de dinero, pero también se utiliza para que los migrantes envíen plata a casa desde Estados Unidos, aunque no se aplica a las empresas locales. Por lo tanto, el bitcoin, si bien no funciona realmente como un medio de pago, tampoco genera razones para que las personas se opongan.

Con una popularidad creciente y el control sobre todas las instituciones, Bukele pudo lanzar el año pasado una gran ofensiva contra las pandillas. Esto ocurrió después de que se matara a 87 personas en un fin de semana de marzo, lo que rompió con lo que probablemente era un pacto con Bukele. A partir de entonces se impuso el estado de emergencia.

Sin límites al poder de la policía y el Ejército, comenzó una campaña de arrestos masivos que el mundo apenas ha visto. Desde marzo de 2023 han sido detenidas 64.700 personas y el número de reclusos en las cárceles ha aumentado a casi 100.0000 personas. El Salvador tiene ahora el mayor número de presos por cada 100.000 habitantes del mundo y, recientemente, Bukele inauguró la nueva cárcel gigante del país que tiene una capacidad para 40.000 personas.

El lado oscuro es que muchos inocentes han sido arrestados. Se ha convertido en una práctica común en los barrios pobres el que los hombres, particularmente los jóvenes, sean encarcelados a pesar de no haber estado afiliados a las pandillas. Si bien Bukele ha indultado hasta el momento a 3.745 inocentes condenados, el número de presos sin derechos ni oportunidades de comunicarse con sus familiares es mucho mayor.

De momento, la mayoría de los salvadoreños aceptan el argumento de que los encarcelamientos irregulares son un “daño colateral”. No obstante, algunos se preguntan cuánto tiempo podrán mantener encarcelado al 2% de la población. La economía va mal y la pobreza se está incrementando. Aun así, la popularidad de Bukele parece seguir creciendo. Su partido ya ha establecido oficinas en Guatemala y Honduras, y en la región están apareciendo políticos interesados en su estrategia. La pregunta es si la estrategia se puede reproducir.

El Salvador tiene algunas condiciones particulares que han permitido que fuera controlado tan rápido por el bukelismo. Es un país pequeño que estaba amenazado por bandas jerárquicas con las que se podía negociar y cuyos miembros podían identificarse con relativa facilidad, debido a los tatuajes y la vestimenta. Las remesas desde EE. UU., que representan alrededor del 25% de la economía y dan aire a los más pobres, reduce los impactos de los acontecimientos a diferencia de lo que sucede en otros países.

Pero el factor más importante para que El Salvador se convirtiera en un país de “nayibeliebers” era un pueblo inseguro y agotado que había perdido la fe en los políticos y las instituciones, y que usaba mucho las redes sociales. Desafortunadamente, El Salvador tiene mucho en común con demasiados países, por lo que el bukelismo puede convertirse rápidamente en un artículo de exportación al que debemos estar atentos.

El Perú, fracturado

Salvador Martí i Puig
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El Perú, fracturado

No se puede entender a Perú sin tener en cuenta que es un país que se vertebra a partir de tres grandes ejes de desigualdad: el socioeconómico (según la riqueza que se tiene, hay pocos ricos, una débil clase media y muchos desheredados), el del origen cultural y fenotípico (en el que se pueden distinguir aquellos que son de origen europeo respecto de los que son mestizos o indígenas) y finalmente uno de naturaleza territorial (se debe separar la capital, Lima, de las provincias y también de tres territorios diferenciados, la costa, la cordillera andina y la selva amazónica). A partir de esta triple desigualdad aparecen múltiples diferencias y discriminaciones ancestrales, y los ricos, blancos y capitalinos se encuentran en el vértice de la pirámide social, desde donde miran al resto con superioridad y prejuicios.

Sin embargo, la crisis que estalló hace más de dos meses va más allá de esa distinción secular y atávica que tiene su origen en la misma conquista y colonia. A lo expuesto se suma el legado perverso de la década de los noventa, cuando Alberto Fujimori estuvo en el poder. Fujimori, a lo largo de su mandato, puso en marcha (de forma autoritaria) políticas de desregulación y privatización que supusieron una atomización organizativa y la preeminencia de los intereses particulares y egoístas frente a los proyectos colectivos. A lo largo de esta década se desmenuzaron los partidos y los sindicatos y se debilitaron las instituciones hasta el punto de que la corrupción penetró en todos los rincones del país.

A raíz de ello, Perú se fue conformando en un país fragmentado y trinchado en miles de intereses, anhelos y demandas irreconciliables, donde los más poderosos siempre acaban imponiéndose. Una muestra de ello es que en Perú no hay partidos ni sindicatos de adscripción ideológica, sino sólo plataformas personalistas y espurias que obedecen al mandato de grupos económicos poderosos y no siempre legales.

Obviamente, la inexistencia de organizaciones sólidas y duraderas significa que tampoco existen militancia, simpatizantes, cuadros partidarios ni élites organizadas ni alineadas con confianza mutua ni disciplina a la hora de formar y organizar gobiernos (ya sean locales, regionales o de ámbito nacional), ni espacios con resiliencia orgánica cuando es necesario estar en la oposición. Nada de eso. En Perú sólo hay grupos de interés aleatorios que de elección en elección hacen pactos estratégicos para conseguir dinero con la intención de financiar campañas electorales carísimas para ganar comicios y conseguir el gobierno.

La cuestión es que quienes ganan, una vez en el gobierno, deben ir devolviendo los favores a aquellos que les han ayudado a financiar la campaña. No es casual, pues, que los últimos presidentes de la república desde 1990, con la excepción de Valentín Paniagua (que no fue elegido, sino que tuvo un mandato de transición en los años 2000-2001) hayan sido acusados y condenados por delitos de corrupción.

A todo esto, hay que sumar que, con la constitución actual (nacida en 1993 de la mano de Fujimoiri), hay dos reglas que inducen a la inestabilidad. La primera es la elección del presidente de la república a través de la “doble vuelta” (o ballotage), es decir, con un sistema en el que si ningún candidato gana en una primera vuelta por mayoría absoluta (que es la mitad más uno de los votos) hay una segunda vuelta con los dos candidatos que han sacado los mejores resultados.

Este sistema, que puede ser razonable y funcionar en países con partidos sólidos e ideológicamente posicionados, supone un desbarajuste en lugares como Perú, donde la competición electoral está totalmente desarticulada y sólo se elige entre personas que no representan a nadie. Así, en las últimas elecciones, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta (Keiko Fujimori –la hija del dictador encarcelado– y Pedro Castillo también encarcelado) no sumaban conjuntamente el 40% de los sufragios.

Con esta lógica, los presidentes que llegan al poder no están sostenidos por ninguna sólida mayoría en el Congreso ni tampoco tienen una legitimidad consistente. La segunda regla que genera inestabilidad es la capacidad del Congreso para rechazar y derribar al primer ministro y a los ministros que nombra. Así, si el presidente no tiene una mayoría sólida en el legislativo, le es imposible gobernar. Esto es lo que le ocurrió a Castillo, que en los 459 días que duró su mandato nombró a 78 ministros porque los diputados constantemente le hacían caer a los ministros y no le dejaban gobernar. Cabe decir que Castillo sólo contaba –en un inicio– con el apoyo de 32 diputados de 130 escaños.

Era obvio que en ese contexto Pedro Castillo no podía gobernar, y el 7 de diciembre de, débil y aislado, intentó disolver el congreso antes de que éste lo destituyera por incapaz. La cuestión es que, sin el apoyo de las fuerzas armadas ni de las élites económicas, nadie hizo caso de su amenaza y poco después de su declaración fue detenido.

Este episodio, que la prensa consideró como una acción esperpéntica y sin recorrido, fue la chispa que hizo estallar una crisis social y política sin precedentes desde hace treinta años. Se trata de una ola de inestabilidad y violencia que ya se ha cobrado más de 60 muertes y que tiene la novedad de que los colectivos que se han levantado y protestan no son movimientos organizados, sino una multitud amorfa de origen humilde que está harta de ser despreciada por las élites blancas y racistas. Es una multitud que se puede identificar con la forma en que los poderes fácticos trataron y despreciaron a Pedro Castillo por su origen, cultura, ascendencia, modo de vestir y hablar.

Es inexplicable que ninguno de los que le menospreciaron –ya fueran congresistas, empresarios, tertulianos o intelectuales– pensara en la posibilidad de que se activara una ola de protestas tan intensa y tozuda como la que pervive desde hace ya dos meses. A raíz de estos disturbios, hace ya un mes que en Lima (donde viven 10 millones de habitantes) está bloqueada. Mientras, en el sur andino se vive una situación de asedio y ocupación por parte del ejército, y en la provincia de Puno, en la frontera con Bolivia, existe un estado casi insurreccional.

En este contexto excepcional, la actual presidenta, Dina Boluarte, (anterior vicepresidenta de Castillo), ha declarado el estado de emergencia y ha anunciado que se plantea mantenerse en el poder hasta el 2024. El problema, sin embargo, es que nadie cree que Boluarte pueda mantenerse, ya que sólo se sostiene por el apoyo que tiene de las fuerzas armadas y por el hecho de que los congresistas no quieren convocar elecciones inmediatas porque les supondría la pérdida de su escaño.

Hoy en día nadie confía ni en el Congreso ni en la presidenta, pero tampoco es evidente que realizar nuevas elecciones para escoger una asamblea constituyente sea la solución. Actualmente el poder económico, el mediático, el judicial, el legislativo, el policial y las fuerzas armadas están en manos de la derecha inmovilista y reaccionaria. Como dice el veterano pensador y activista peruano Héctor Béjar «ahora mismo es muy difícil pensar en una salida decente y realista».

Nadie sabe cómo puede acabar este último episodio de la larga crisis que vive Perú desde hace décadas y que no tiene freno. Pero es difícil pensar en ninguna mejora si no existe, de la forma que sea, alguna política que suponga el inicio de alguna reparación de los agravios y las injusticias seculares que han sufrido la gran mayoría de quienes lo habitan.

El doble rasero de México y Brasil en su política exterior

Detlef Nolte
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El doble rasero de México y Brasil en su política exterior

Como observador europeo de la política exterior latinoamericana, uno se pregunta a menudo si esta se orienta con base en principios o normas generales. Los Gobiernos europeos están acostumbrados a que se les acuse, a menudo con mucha razón, de aplicar un doble rasero en su política exterior. Pero parece que algunos Gobiernos latinoamericanos quieren igualar o incluso superar a Europa en este aspecto.

AMLO y su injerencia selectiva

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es un gran defensor de la no injerencia en los asuntos de otros Estados latinoamericanos. Por eso, no ha criticado ni las masivas violaciones de los derechos humanos ni las expatriaciones forzosas en Nicaragua. Tampoco se ha interesado por la legitimidad del régimen de Daniel Ortega que encarceló a todos los candidatos opositores serios antes de las últimas elecciones y luego reprimió brutalmente las protestas ciudadanas, lo que acarreó numerosos muertos.

Sin embargo, de repente AMLO se ha interesado por los asuntos de otro Estado latinoamericano y se convierte, así, en el árbitro de la política peruana. Tras el autogolpe televisado y frustrado de Pedro Castillo, y su posterior destitución por el Congreso, el expresidente de Perú está en la cárcel y la justicia debe dictar sentencia.

Para AMLO, Castillo es una víctima y el nuevo Gobierno peruano es ilegítimo. Ciertamente, se puede criticar la actuación del Gobierno peruano al reprimir las protestas, y la actitud del Congreso al no convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, no se debe reescribir la Historia. Castillo no fracasó por ser de izquierda, sino por su ineptitud. Fue elegido como el menos malo de dos candidatos que, juntos, recibieron solo el 32% de los votos en la primera ronda. Castillo perdió el cargo porque intentó dar un golpe de Estado. 

Por un lado, AMLO muestra indulgencia hacia un exrevolucionario que ha establecido un régimen personalista autocrático en la mejor tradición de Somoza. Por otro lado, defiende a un golpista y como daño colateral causa una crisis en la Alianza del Pacífico, una de las pocas organizaciones regionales que, hasta ahora, ha manejado bien los cambios en la orientación política de los Gobiernos de sus países miembros. El Gobierno mexicano se niega a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Gobierno peruano.

Lula da Silva y el conflicto de Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere convertirse en mediador en el conflicto de Ucrania. Cuando el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó Brasil en enero, Lula rechazó categóricamente la entrega de municiones a Ucrania para tanques antiaéreos de fabricación alemana que eran utilizados por el Ejército ucraniano, los cuales no son un sistema de armamento ofensivo, pero pueden repeler ataques aéreos contra la población civil. En este contexto, cabe preguntarse si no es moralmente reprobable negar este apoyo a un país que está siendo atacado, pese a la violación del derecho internacional y que lucha por su supervivencia.

Poco después, a principios de marzo, el mismo Gobierno brasileño permitió la entrada de buques de guerra iraníes en el puerto de Río de Janeiro. Irán es un país que apoya con armas (drones) al agresor en el conflicto de Ucrania y oprime brutalmente a su propia población, en particular a las mujeres.

Volviendo al tema de Nicaragua. El largo silencio de Lula y de su gobierno sobre la expatriación forzosa de nicaragüenses demuestra que la defensa de la democracia y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos solo desempeñan un papel subordinado en la política exterior del nuevo Gobierno brasileño.  

Recientemente, el 7 de marzo, Brasil rompió su silencio cuando su embajador ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Tovar da Silva Nunes, expresó “la profunda preocupación de su gobierno por la decisión de las autoridades nicaragüenses de privar de su nacionalidad a más de trescientos nicaragüenses” y por “las informaciones de graves violaciones de derechos humanos y restricciones al espacio democrático, en concreto, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas”. Sin embargo, a diferencia de otros países latinoamericanos (como Chile y Colombia), Brasil no respaldó una declaración conjunta de 55 Gobiernos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

A veces puede ser ventajoso no posicionarse en cuestiones difíciles y controvertidas de política exterior, pero de una potencia regional se espera que establezca normas para la región. En este sentido, Lula ya ha decepcionado durante sus anteriores presidencias demostrando cierta tolerancia hacia las tendencias autoritarias en el campo de la izquierda.

En última instancia, esto ha llevado a la crisis y parálisis de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En el Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno brasileño finalmente se ofreció a explorar la posibilidad de entablar un diálogo constructivo entre el Gobierno de Nicaragua y los protagonistas relevantes. No obstante, se plantea la cuestión de quiénes deben ser estos interlocutores relevantes, ¿los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil prohibidos y disueltos, o las figuras de la oposición expatriadas? La iniciativa de Brasil llega muy tarde y es dudoso que el Gobierno nicaragüense esté interesado en el diálogo y la mediación.   

Existen, por supuesto, loables excepciones y Gobiernos latinoamericanos de izquierda con una política basada en principios y en la defensa de los derechos humanos, donde su aplicación no depende de si estos han sido violados por Gobiernos de derechas o de izquierdas. Se trata de Gobiernos de la nueva izquierda.

El Gobierno colombiano ha adoptado una postura inequívoca respecto a Nicaragua. Sin embargo, la reacción más clara y rápida fue la del Gobierno chileno del presidente Gabriel Boric, quien, sin duda, tampoco habría permitido la entrada de buques de guerra iraníes en puertos chilenos, debido a una clara posición sobre el conflicto en Ucrania y por respeto a las mujeres iraníes.

Las políticas exteriores ambivalentes de Brasil y México, y erráticas en el caso de este último, dan la impresión de una falta de principios que no facilitan los procesos de cooperación e integración regional. Por lo tanto, existe el peligro de que la profundización de la cooperación regional, impulsada por esta nueva marea rosa, termine de forma tan decepcionante como la marea anterior cuando los estándares democráticos terminaron diluyéndose. 

La política exterior de Lula y el futuro del regionalismo suramericano

Leiza Brumat
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La política exterior de Lula y el futuro del regionalismo suramericano

Coautor Francisco Denis Pereira

El 1 de enero de 2023, Luis Inácio Lula da Silva fue investido presidente en su tercer mandato. Tras cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, hay grandes expectativas para el tercer mandato de Lula. Brasil es un actor mundial y regional clave, con una de las principales economías del mundo y una potencia líder en muchos aspectos.

Durante los anteriores mandatos presidenciales de Lula, Brasil asumió un papel destacado en la política mundial, se impulsó el regionalismo suramericano y se dio prioridad a las agendas sociales y de movilidad para la cooperación regional, para lo que se creó uno de los regímenes migratorios regionales más liberales del mundo. ¿Cómo se hará la agenda de política exterior de Lula en este tercer periodo? ¿Cómo afectará a la integración regional en Suramérica? ¿Y cuáles son los retos que enfrentará la agenda regional de Lula? 

Política exterior y relaciones con la vecindad suramericana

El gobierno de Bolsonaro se caracterizó por el relativo aislamiento internacional de Brasil, particularmente en relación con América del Sur. Esto implicó una fuerte ruptura con el pasado, ya que Brasil había participado en la elaboración, organización, financiación y liderazgo de algunas de las principales organizaciones regionales, incluyendo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 

De hecho, durante sus dos primeros mandatos, la política exterior de Lula había priorizado la construcción de mecanismos de gobernanza suramericana, en los que Brasil desempeñó un papel decisivo buscando posicionar al país como líder regional. El gobierno de Bolsonaro rompió la tradición diplomática brasileña de poner en relieve la integración regional suramericana y adoptó, en cambio, una retórica en los foros internacionales que puso a Brasil más en línea con Gobiernos de extrema derecha y antiliberales, como los de Donald Trump, Viktor Orban y Benjamín Netanyahu.

Tras ganar las elecciones en octubre de 2022, Lula y su equipo de gobierno han marcado la pauta de cómo será la política exterior del nuevo gobierno. La nueva estrategia de política exterior fue delineada por un Grupo de Trabajo sobre Relaciones Exteriores, integrado por diplomáticos, académicos, consultores y representantes de diferentes partidos políticos y de la sociedad civil, que elaboró un informe cuyas principales recomendaciones se están ejecutando actualmente. La nueva estrategia global y regional de Brasil puede observarse en la estructura de la burocracia nacional. Uno de los principales cambios es la creación de una Secretaría para América Latina dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores (Itamaraty), que antes formaba parte de la Secretaría para las Américas. Además, se crearon otras dos secretarías separadas para África y Medio Oriente. Para ampliar aún más el alcance de la política exterior de Brasil, la nueva administración creó otras secretarías para Medio Ambiente y Clima, Ciencia y Tecnología y la “Comunidad Brasileña Internacional” (brasileños en el extranjero).

Lula dio muestras de este giro en política exterior al comienzo de su mandato en enero de 2023 y en lo que fue su primer viaje internacional a Argentina, tradicional aliado en la región, y para asistir a la cumbre presidencial de la Celac. La presencia de un presidente brasileño fue muy simbólica, especialmente después de tres años de ausencia durante el gobierno de Bolsonaro.

Lula también visitó Uruguay durante ese viaje. Siguiendo esta línea, el principal cambio que probablemente se observará durante su gobierno es un perfil más alto de Brasil en los foros regionales y la promoción de soluciones regionales y multilaterales a los desafíos comunes en materia migratoria, siguiendo las prioridades de la política exterior brasileña. 

Para ello, su primera medida de política exterior fue volver a formar parte del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM). En resumen, la política exterior del tercer mandato de Lula sitúa a Suramérica en el centro de la reconfiguración de la estrategia global de Brasil.

Desafíos del tercer mandato de Lula

Esta vez, el margen de acción de Lula es limitado y las posibilidades de hacer una agenda tan ambiciosa de reformas, crecimiento económico y justicia social están limitadas por varios factores. La nueva administración se expone a una situación muy diferente a la de la década de 2000. En lo interno, la última elección fue la más polarizada en la historia reciente de Brasil. Esto significa que hay muchos más jugadores con poder de veto, lo que se suma a la polarización ideológica y la inestabilidad económica.

Por ejemplo, la orientación de la política migratoria brasileña, tradicionalmente caracterizada por su carácter liberal y progresista, se fortaleció cada vez más, debido a un cambio en la configuración de los principales actores de la gobernanza. Los militares fueron asignados en puestos clave, como en la gestión y coordinación de la Operacion Acogida, una actividad multiagencia en la frontera con Venezuela, la cual estuvo destinada a recibir, albergar e “interiorizar”, es decir, trasladar a las personas migrantes a otros estados brasileños. De ello se deduce que uno de los principales desafíos que enfrentará la política migratoria de Lula es la desecuritización de la forma de dirigir la migración, lo que podría lograrse quitando algunas responsabilidades a la Policía Federal (órgano estatal responsable de las regularizaciones y solicitudes de asilo. Sin embargo, eso sería un reto enorme).

Además, la coalición de Lula no controla el Congreso y 14 de los 27 estados brasileños están gobernados por la oposición. A escala internacional, la situación es igualmente desafiante. Brasil es miembro de los BRICS en un momento de guerra en Ucrania y de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, lo que lo pone en un lugar difícil para encontrar un punto medio y coordinar posiciones con el resto de los aliados de los BRICS- Probablemente Lula se basará en la experiencia de largo plazo y la reputación de la diplomacia de su país para conciliar posiciones y unir ideas y fuerzas contrapuestas en el mundo. Esto reforzará, más bien, el pragmatismo y la búsqueda de cooperación y soluciones multilaterales de su tercer mandato.

El regreso de Lula a Planalto y la renovada participación de Brasil en organizaciones regionales dibujan un escenario alentador pero también desafiante para el regionalismo suramericano. Es probable que Brasil busque un liderazgo consensuado con sus vecinos y una coordinación económica y política más vigorosa para fortalecer proyectos regionales, como la Celac y la Unasur. Esta es una oportunidad para revisar y profundizar la integración regional suramericana más allá del comercio mientras se abordan asuntos como la identidad regional, la educación y la cultura en un contexto de creciente movilidad humana.

Francisco Denis Pereira is a master and doctoral student in Integration Sciences at the Latin American Integration Program at the University of São Paulo (PROLAM/USP). He currently holds the position of international advisor to the Institutional Relations Secretariat of the Presidency of the Federative Republic of Brazil.

Las nuevas reglas no escritas de la sucesión presidencial en México

Fernando Barrientos
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Las nuevas reglas no escritas de la sucesión presidencial en México

Desde que México transitó a la democracia en el 2000, ningún presidente ha logrado imponer a su candidato preferido para sucederlo. Como ocurre en casi todos los sistemas políticos presidenciales, la candidatura para dicho cargo, por lo regular, genera disputas dentro del partido gobernante, y la intervención del presidente tiende a ser importante, aunque no siempre determinante. En el caso de México, esta inercia es mayor, debido a la subsistencia de algunas prácticas políticas del siglo XX que aún siguen en el siglo XXI. Las llamadas “reglas no escritas” por algunos, o “facultades metaconstitucionales” por otros, caracterizaban al sistema político mexicano por concentrar en la figura presidencial un poder casi absoluto. En los hechos, esto no sucedía, pues los Ejecutivos negociaban con grupos en el interior del sistema, pero el resultado parecía siempre una decisión unívoca. Esta imagen de un presidente todopoderoso llevó a Mario Vargas Llosa a denominar al sistema político mexicano del siglo XX como la “dictadura perfecta”.

Para las elecciones de 2024, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene grandes probabilidades de mantener la Presidencia. A diferencia de anteriores procesos, en los cuales los probables candidatos mantenían un perfil cauteloso para no desgastar sus aspiraciones, desde hace algunos meses (sorpresivamente) el mismo AMLO ha fomentado una competencia descarnada entre los tres posibles candidatos de su partido para sucederlo en el cargo.

Los tres candidatos son Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores y quien gobernó la Ciudad de México (CDMX) entre 2006 y 2012; Claudia Sheinbaum, actual gobernadora de la CDMX, y colaboradora cercana de López Obrador desde el 2000 cuando este gobernaba, a su vez, la misma CDMX; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, amigo muy cercano de López Obrador desde que eran jóvenes y quien lo ha seguido en su carrera política hasta la fundación de Morena. Así, ¿cuáles son las razones detrás de esta estrategia? ¿Hasta qué punto beneficia o no al partido Morena? ¿En qué beneficia a López Obrador?

Las “reglas no escritas” del sistema político mexicano

Las “reglas no escritas”, llamadas así por estar fuera del marco institucional, son eficientes para hacer funcionar el sistema político mexicano; sin embargo, no son ni fueron características propias de este país. Todos los sistemas políticos funcionan con este tipo de interacciones entre los diferentes actores políticos formales e informales. Lo particularmente “mexicano” fue la ritualización de algunas prácticas, como el proceso interno para la sucesión presidencial dentro del PRI, otrora partido hegemónico.

El proceso implicaba, en primer lugar, que, dada la hegemonía del partido, todos los candidatos presidenciales debían ser parte de este; los outsiders no tenían futuro. En segundo lugar, la cercanía con el presidente era una ventaja para quien deseaba ser candidato, aunque no absoluta. En tercer lugar, el proceso se iniciaba dentro de los dos años antes de que el presidente dejara el cargo y se identificaba al candidato, ya que los que eran considerados probables, eran “placeados”. De manera individual, acompañaban al presidente por sus giras de trabajo dentro del país: a mayor placeo, mayor exposición ante el pueblo, una especie de termómetro de popularidad. El caricaturista político Abel Quezada los denominó “tapados”. En cuarto lugar, había una regla muy rígida: “El que se mueve, no sale en la foto”, acuñada así por Fidel Velázquez, eterno líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y actor central del sistema político mexicano priista. Esto significaba que, si uno de los probables candidatos asumía que sería el ungido y empezaba a restarle protagonismo al presidente, quedaba fuera de la contienda. Y, por último, el presidente era el único que “destapaba” al ungido a través del “dedazo”, señalando finalmente quién sería el candidato, pero usando casi siempre como vocero al dirigente del PRI, y el resto de los pretendientes de la candidatura debían acatar esta decisión y ponerse a disposición del seguro próximo mandatario.

Una vez que esto sucedía, el presidente comenzaba a perder poder, y en el interregno entre el “destape”, las campañas, el proceso electoral y la toma de posesión del nuevo gobernante se ocupaba de despedirse del pueblo y asegurar su legado. 

Los candidatos perdedores de los presidentes

La práctica de los “destapes” y “dedazos” presidenciales llegó a su fin con la transición a la democracia en el año 2000. El último destapado por el entonces presidente Ernesto Zedillo fue Francisco Labastida Ochoa, su secretario de Gobernación, quien perdió frente a Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Antes de las elecciones de 2006, Fox apoyó las aspiraciones de su esposa Martha Sahagún, pero, al final, quiso imponer como su candidato a Santiago Creel, su secretario de Gobernación, quien en la elección interna del PAN perdió ante Felipe Calderón.

Para las elecciones de 2012, Calderón impulsó a Ernesto Cordero, su secretario de Hacienda, pero este perdió en una elección interna frente a la diputada Josefina Vázquez Mota. La candidata del partido en el poder (PAN), pero no del presidente, perdió frente a Enrique Peña Nieto, del PRI. Este, a su vez, en 2017 revivió la política del “dedazo” y del “destape” al impulsar cambios en los procesos internos de su partido para favorecer la candidatura de José Antonio Meade, su secretario de Hacienda. Pero este no era miembro de partido y perdió frente a López Obrador en las elecciones de 2018.

La estrategia de las “corcholatas” de AMLO

López Obrador es un político que conoce bien las reglas no escritas del sistema político mexicano. Durante su vida, han ocurrido doce sucesiones presidenciales y ha sido consciente, al menos, de nueve de ellas desde 1970 hasta 2018 cuando fue su triunfo electoral. AMLO sabe que es imposible su reelección; que un “destape”, apenas habiendo empezado, le restaría poder, y para asegurar su legado histórico, debe usar bien el “dedazo”, pues en ello fallaron los tres presidentes que lo antecedieron. Por eso, ha puesto a competir mucho antes del proceso electoral de 2024 a Ebrad, Sheinbaum y Adán Agusto, a quienes él mismo bautizó como “corcholatas” (en referencia al tapón metálico de las bebidas gaseosas), es decir, como candidatos ya “destapados”. Ellos saben que, si bien pueden placearse a su gusto por el país para buscar la aprobación del pueblo y de su partido Morena, es más importante complacer a López Obrador, y más que campañas adelantadas, se desviven y participan en una pelea por su aprobación.

AMLO sabe bien que, mientras esta situación funcione, conservará el poder por más tiempo, y que su “dedazo” adelantado hacia tres ha reescrito las reglas de la sucesión presidencial.

Team Jorge y la industria de la desinformación israelí en Latinoamérica

Gustavo A. Rivero
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Team Jorge y la industria de la desinformación israelí en Latinoamérica

El equipo de mercenarios digitales “Team Jorge” se atribuye haber ejecutado operaciones de influencia en 33 procesos electorales alrededor del mundo con éxito en 28 de ellos. Para lograrlo, emplearon el sofisticado software AMIS (Advance Impact Media Solutions), que tiene capacidad para crear unos 30.000 avatares como se conoce a las identidades virtuales falsas con capacidad de imitar el comportamiento humano en redes sociales. Según miembros de la organización, han estado vinculados a escándalos políticos en México, Ecuador, California, Cataluña, Trinidad y Tobago, y Venezuela, entre otros.

Si sus operaciones de influencia son verídicas, Team Jorge es indudablemente uno de los mercenarios digitales más influyentes de la industria privada de la desinformación global. Su equipo está conformado por ex agentes gubernamentales y militares israelíes, especialistas en ciberseguridad y marketing político que se dedica a realizar acciones de desinformación sin ningún tipo de sesgo ideológico, para partidos y líderes políticos o empresarios, principalmente por la presunta alta retribución económica.

La efectividad y alcance de estos mercenarios no solo se debe a su talentoso equipo de trabajo, sino también al sofisticado software que emplea. Los miles de perfiles creados operan simultáneamente en redes sociales como Amazon, Facebook, Gmail, Instagram, Twitter, Telegram hasta Airbnb y cuentas verificadas en el uso de criptomonedas, creando por sí mismos publicaciones coherentes para parecer usuarios reales con intereses personales y políticos. Lo anterior, sin lugar a dudas, confirma que la industria de la desinformación está cumpliendo con su destino más pronto de lo pronosticado por los especialistas: simular el comportamiento humano en internet.

Inteligencia artificial (IA): De bots a avatares

En el pasado reciente, las operaciones de influencia en redes sociales eran ejecutadas principalmente por bots, los cuales están diseñados para realizar tareas específicas como posicionar un hashtag y sus interacciones o comportamiento eran ciertamente fáciles de identificar por su carácter repetitivo y robótico. Actualmente, estamos conociendo el alcance de los avatares, quienes, apoyados en inteligencia artificial, van más allá, pues logran representar a una persona o identidad en línea interactuando con usuarios reales en las plataformas e imitando de manera altamente efectiva su comportamiento en la plataforma.      

Especialistas como Danny Citrinowicz consideran que el fenómeno de la desinformación actual no debería enfocarse en los bots o cuentas automatizadas, sino en los avatares que son la nueva verdadera amenaza. Estos están siendo creados de manera masiva para obtener información de usuarios reales, guardarla y procesarla. Luego, replicarla en este mismo ejército de avatares, ahora mejorados debido a la información obtenida. Así logran imitar comportamientos humanos coherentes a nivel multiplataforma. Esto evidencia que los avatares son enormemente beneficiosos, tanto para la industria de la desinformación como la de “spyware” o programas espía.

La existencia de Team Jorge y su origen israelí no debería ser una sorpresa. Este país es reconocido a nivel internacional por su fuerte industria del “spyware” o también llamada como mercenarios cibernéticos. El caso más conocido es el del programa Pegasus de espionaje y vigilancia, el cual fue creado por la empresa NSO Grupo y vendido a más de 45 gobiernos. Si bien inicialmente estos lo emplearon para perseguir y atrapar delincuentes y terroristas, también lo usaron indiscriminadamente para perfilar y hostigar periodistas y políticos de oposición, así como activistas de derechos humanos, entre otros.  

Team Jorge habla español

Al menos 4 países Latinoamérica han sido afectados por las operaciones de desinformación del Team Jorge. En México es donde más ha causado revuelo mediático debido a su estrecho vínculo con Tómas Zerón de Lucio, quien fue el director en jefe de la agencia de investigación criminal durante el mandato de Enrique Peña Nieto y actualmente está exiliado o prófugo en Israel.

Según la justicia mexicana, existen irregularidades en su investigación en el caso de la escuela normal Ayotzinapa donde desaparecieron 43 estudiantes. Allí, presuntamente empleó los servicios de estos mercenarios digitales para hacer una campaña mediática a su favor y así limpiar su nombre.

En Venezuela también fueron contratados estos mercenarios digitales. Durante el periodo de elecciones del 2012, si bien el fallecido líder Hugo Chávez no participó, fue blanco de desinformación creada y diseminada presuntamente por Team Jorge. En Ecuador, al parecer fueron contratados por los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, quienes en su momento fueron respetados empresarios y ahora cuestionados por su presunto papel en la quiebra del Banco Filanbanco. En este caso, mercenarios israelíes desarrollaron una narrativa favorable a los hermanos donde se afirmaba que eran víctimas de persecución política por parte del gobierno de turno.

¿Lo nuevo y lo tradicional?

Si bien tradicionalmente las investigaciones sobre desinformación en la región se han enfocado en las operaciones de influencia ejecutadas por Estados no democráticos, este nuevo hallazgo evidencia, en primer lugar, que los soberanos no son los únicos responsables de este tipo de operaciones. Por otro lado, esto confirma que la industria privada de la desinformación es un fenómeno transnacional que erosiona fácilmente las fronteras estatales. Por último, se revela que los vínculos entre este tipo de compañías y los gobiernos, políticos de turno y empresarios son más estrechos de lo que podemos imaginar.

Así que seguir investigando es una labor irremediable. Sin embargo, esto requiere de una constante actualización y formación en inteligencia de fuentes abiertas o OSINT por sus siglas en inglés. Pues hace unos pocos años atrás, el objetivo era identificar el comportamiento de cuentas automatizadas en redes como Twitter o Facebook. Ahora, con el desarrollo masivo de avatares apoyados en inteligencia artificial, identificar lo falso en medio de un entramado algorítmico con millones de datos al servicio del mejor postor es significativamente más complejo.

La democracia argentina y la crisis de los cuarenta

Santiago Leiras
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La democracia argentina y la crisis de los cuarenta

La crisis de los cuarenta representa un periodo de cuestionamiento personal que aparece cuando pasamos de la juventud a la madurez. Suele caracterizarse por el sentimiento de frustración, debido a no haber cumplido con las expectativas de vida autoimpuestas o de aquellas que nos impone la propia sociedad. Esta metáfora podría muy bien representar a la (no tan) joven democracia argentina, a punto de cumplir 40 años el próximo 10 de diciembre.

El ciclo democrático argentino (1983-2023): un balance agridulce

La democracia argentina ha dado sobradas muestras de resiliencia a lo largo de cuatro décadas de desarrollo institucional, habiendo sorteado las crisis militares entre 1987 y 1990; la económica entre 1989 y 1991, y la social entre 2001 y 2002. Todas estas pruebas fueron, en mayor o menor medida, superadas de manera satisfactoria.

El hecho merece ser destacado, debido a que, a partir de la puesta en vigencia de la denominada ley Sáenz Peña en 1912, que estableció el carácter universal secreto y obligatorio del sufragio, la vida institucional de la Argentina hasta 1983 había transcurrido en forma alternativa entre regímenes militares, cívico-militares, democráticos sin contenido republicano, republicanos sin contenido democrático o semidemocráticos.

No obstante, este largo ciclo nos expone a un balance modesto en cuanto a la satisfacción de las expectativas sociales. Este ha sido un proceso de escasos logros (una democracia resiliente, un crecimiento de la agenda sobre derechos civiles de diferente generación) que convive con muchas frustraciones en relación con aquella esperanza de un régimen político que tuvo capacidad de satisfacer múltiples demandas, lo que se sintetizó en el lema aquel de “Con la democracia se come, se cura y se educa”, tan presente en el mensaje de campaña del candidato Raúl Alfonsín en 1983.

El aumento de la pobreza, los niveles cada vez más crecientes de desigualdad social y el incremento de la inseguridad urbana ponen en evidencia las dificultades para cumplir con la promesa reparadora enunciada en aquel lejano (y tan cercano a la vez) 1983.

Este prolongado período de vigencia de la democracia ha convivido y convive con un largo ciclo de emergencia que empezó en 1989 y que se alarga hasta la fecha con algunos breves interregnos entre 1999 y 2001, y desde 2015 hasta 2018. La Argentina democrática ha vivido en emergencia (casi) permanente, parafraseando al politólogo argentino Hugo Quiroga.

Entre la democracia y la emergencia

El recambio presidencial del año 1989 (la primera etapa de emergencia de la democracia) se dio en un contexto inédito en la Argentina contemporánea. Por primera vez en la discontinua historia constitucional de nuestro país, se producía la entrega del poder entre presidentes de distinto signo partidario: Raúl Alfonsín, por la Unión Cívica Radical, y Carlos Saúl Menem, por el justicialismo. El contexto sociopolítico, signado por una crisis económica de carácter terminal (hiperinflación),  social (saqueos) y del modelo de Estado que fue puesto en práctica desde la Segunda Guerra Mundial, obligó a la entrega anticipada del poder por parte del líder radical.

La combinación de una coalición electoral frágil, sustentada en acuerdos inestables y en medio de una situación económica interna recesiva, con restricción fiscal y rigidez cambiaria (y un ambiente financiero poco disponible para la cooperación), así como una rebelión social encabezada por sectores populares y medios, constituyen los principales factores que llevaron a la crisis de comienzos de siglo en la Argentina. Una crisis que culminó con la renuncia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 y el comienzo de una nueva etapa de emergencia.

A comienzos del año 2020, Argentina tuvo que hacer frente a una nueva emergencia, en esta oportunidad como resultado, no ya de una catástrofe económica como en 1989, o social, como en 2001, sino de una crisis sanitaria internacional, debido a una epidemia declarada como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como resultado de la crisis sanitaria, la economía argentina fue una de las más castigadas, junto a las de Perú y Venezuela, con una caída del PBI por encima del promedio regional durante el 2020. La prolongada cuarentena tuvo escasos resultados, además de las transgresiones desde la más alta autoridad presidencial (“Olivosgate”). La campaña de vacunación fue ineficaz y tuvo casos de abierta violación del más elemental principio de igualdad ante la ley (“Vacunatorio VIP”) y el prolongado cierre de la actividad educativa, parcialmente compensado con la enseñanza virtual en los diferentes niveles, que implicó una brecha educativa para toda una generación de estudiantes.

A los deficientes resultados señalados, debemos agregar el incumplimiento de la promesa del presidente argentino de establecer un vínculo más cooperativo con la oposición y, en consecuencia, un nuevo clima político: el balance expuesto nos permite afirmar que esta crisis fue una oportunidad, pero desperdiciada, por el gobierno de Alberto Fernández.

Y sin embargo…Frente a este balance de logros, limitaciones, emergencia cuasicrónica y expectativas insatisfechas a lo largo de cuarenta años de democracia, podemos (y debemos) decir aún, como Norberto Bobbio en su célebre ensayo El futuro de la democracia, “y sin embargo…”.

Un nuevo simulacro electoral en Cuba

Leandro Querido
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Un nuevo simulacro electoral en Cuba

El 26 de marzo se celebran las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, la dictadura más longeva del hemisferio. Con más de seis décadas en el poder, tiene como líder a Miguel Díaz-Canel, aunque bajo la sombra del menor de los Castro, que a sus 91 años se ha postulado nuevamente para ser “reelecto” como diputado.

Esta elección se regirá por la Ley Electoral de 1992 que permite emular elecciones en un régimen en el que toda decisión política trascendental es tomada por la élite del Partido Comunista de Cuba (PCC). Este caso, pero también el de Vietnam, Corea del Norte, Nicaragua o Bielorrusia, dejan claro que elecciones y democracia no son sinónimos. Las elecciones son un mecanismo de delegación de autoridad, que puede operar en contextos democráticos (con resultados inciertos) o autocráticos (sin sorpresas). Y es que, según el propio Fidel Castro, las elecciones libres “son un concurso de popularidad” y, por lo tanto, inaceptables conceptualmente en un régimen comunista.

Aunque en 2019 se aprobó una nueva Constitución y, con ella, una nueva Ley Electoral, las condiciones electorales no cambiaron. Por eso, el lector nunca ha visto a un diputado municipal, nacional, o a un gobernador cubano de otro partido o, incluso, de una línea disidente al liderazgo del primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel.

Esto sería imposible porque la misma Constitución establece que solo hay un partido, el comunista, y una ideología, la socialista. De hecho, la Constitución habilita a la ciudadanía a tomar las armas en contra de cualquiera que pretenda desafiar al régimen. De hecho, las comisiones de candidaturas del Partido Comunista evitan que el agua llegue al río excluyendo a toda precandidatura que tenga un mínimo aroma a disidencia.

El régimen cubano sabe perfectamente que el modelo que lo sostiene en el poder no es el de una democracia liberal como lo conocemos (pluripartidismo, elecciones competitivas, libertades, rendición de cuentas, controles cruzados, Estado de derecho, etc.), sino que se trata de un modelo autocrático iliberal. Sin embargo, este no ha renunciado a la buena prensa de la “democracia” y ha intentado (sin suerte), a través de ideólogos, periodistas y todos los recursos del Estado (que son negados a los ciudadanos) elaborar un discurso que reivindique una “democracia a la cubana”, con características particulares. Como si la democracia no necesitara de condiciones objetivas.

Este ahínco se ha visto en distintas instancias, pero resultan llamativos los editoriales del histórico diario Granma de los domingos 5 y 12 de febrero, que fueron titulados “Nuestra elecciones (I)” y “Nuestras elecciones (II)”. En estos encontramos un esfuerzo deficiente para justificar las limitaciones a los derechos humanos, la democracia y las elecciones competitivas en nombre de la “unidad nacional”, la “dignidad” y el “sacrificio”.

En este marco, vale recordar que los regímenes totalitarios no buscan la mayoría en un proceso electoral, sino la unanimidad, y eso se refleja en una Asamblea Nacional sin ningún tipo de autonomía relativa con respecto al único partido político legalizado.

Los órganos de propaganda partidaria consideran al multipartidismo como “una fragmentación de las fuerzas políticas de la nación”; al financiamiento de campañas, como propio de “la sociedad del capital, la del imperio del dinero y la influencia”, mientras que destaca positivamente la inexistencia de debates en Cuba, a los que tilda de “show de boxeo verbal”.

En su discurso, el Gobierno asegura que “todos tienen derecho a nominar y a ser nominados, y a elegir y a ser elegidos para ocupar cargos en los órganos del Poder Popular”. Sin embargo, en las municipales de noviembre de 2022, José Antonio Cabrera, quien se enfrentó al poder del Estado y logró ser postulado como candidato a delegado por sus vecinos de Palma de Soriano, fue detenido por la Seguridad del Estado y amenazado, para dar de baja su candidatura. De la misma manera, en 2015, Hildebrando Chaviano y Yuniel López fueron acosados cuando sus vecinos los postularon.

La Comisión de Candidaturas es el órgano encargado de seleccionar a los candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, esta está compuesta por las organizaciones de masas subordinadas al PCC, por lo que su función última es impedir la verdadera competencia electoral. Incluso, el régimen ha llegado a considerar al Consejo Electoral Nacional (CEN) como garante de la transparencia e imparcialidad, pero omitiendo que sus autoridades son propuestas por el mismo primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel.

En pleno año 2023, con acceso libre a la Constitución, las leyes y el registro de elecciones anteriores, es imposible, desde una perspectiva técnica, no advertir que las elecciones de Cuba están pensadas para que el PCC se sostenga en el poder a expensas de la libertad de elección de los cubanos.

La épica revolucionaria y el antinorteamericanismo han dejado como saldo a un país secuestrado. Es momento de que las fuerzas democráticas de la región y del mundo defiendan los derechos de los cubanos, así como defienden los propios. Cuba no es un Estado fallido, es una dictadura que ha dejado al desnudo su propósito más elemental: conservar el poder.

Los derechos de las mujeres retroceden en el mundo

María Villarreal
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Los derechos de las mujeres retroceden en el mundo

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. La fecha, propuesta por la socialista alemana Clara Zetkin, hunde sus raíces en las reivindicaciones del movimiento feminista y en las luchas de las mujeres trabajadoras durante los siglos XIX y XX. El 8 de marzo fue reconocido por las Naciones Unidas en 1975, en ocasión del Año Internacional de la Mujer y de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en la Ciudad de México. Una mirada al panorama global de los derechos de las mujeres, nos recuerda que la fecha es una oportunidad para reflexionar sobre sus conquistas, exigir cambios, y analizar el largo camino que queda por recorrer para alcanzar sociedades y democracias realmente paritarias.

A nivel internacional las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población y la garantía integral de sus derechos beneficia a la sociedad en su conjunto. En efecto, además de ser un derecho humano fundamental, la igualdad de género es un imperativo para la democracia e impacta positivamente las economías y el progreso de los países en todas las esferas.

Pensando en este proceso, la Asamblea General de la ONU declaró el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), y en 1979 aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 1995 la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, celebrada en Beijing reivindicó los derechos de la mujer como derechos humanos, y a través de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se estableció una hoja de ruta para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en esferas como la educación, la salud y la política.

Más recientemente, en 2010, la Asamblea General votó también por la creación de ONU Mujeres, un organismo cuyo objetivo es avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece como quinto objetivo la igualdad de género, concebida como fundamento esencial para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

A pesar de la disminución de algunas brechas y de importantes avances en las últimas décadas, como el aumento de leyes e instituciones a favor de la igualdad, la mayor presencia de las mujeres en la política, y la mejoría de sus niveles educativos y salariales, los problemas y las dificultades que enfrentan las mujeres y las niñas a nivel global son enormes. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado alguna vez violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Debido a la existencia generalizada de leyes discriminatorias, las mujeres viven también diversas dificultades que impiden su pleno desarrollo humano y profesional. Las mujeres y las niñas constituyen las principales víctimas de violencia sexual durante los conflictos, son especialmente afectadas por fenómenos como la trata y el tráfico de personas, y pese a la existencia de cuotas y leyes de paridad, continúan estando infrarrepresentadas a nivel político.

De acuerdo con un informe de la Fundación Jean-Jaurès y la organización feminista Equipop, los derechos de las mujeres están retrocediendo en todo el mundo. Este proceso no es solo resultado de la pandemia que agudizó las desigualdades, triplicó los cuidados para las mujeres y aumentó de forma exponencial la violencia, la falta de empleos y la precariedad a la que están expuestas. Lo que algunos denominan como backlash contra los derechos de las mujeres, es más bien fruto de la alianza de grupos heterogéneos que incluyen partidos y movimientos conservadores, sectores fundamentalistas y antiderechos.

Tras el retorno de los talibanes, las recientes prohibiciones de trabajar o ir a la escuela para mujeres y niñas en Afganistán son solo un ejemplo. Las mujeres que se opusieron a la imposición de estas medidas fueron amenazadas, encarceladas y torturadas según Amnistía Internacional. Pero las regresiones son generalizadas: la revocación del derecho al aborto en los Estados Unidos, su creciente restricción en países como Polonia, o la salida de Turquía del histórico Convenio de Estambul contra la violencia de género, dan cuenta de la pérdida de derechos adquiridos para mujeres y niñas a nivel global.

António Guterres, Secretario General de la ONU, señaló que alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos a nivel global.

En América Latina, la situación es también contradictoria. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, la región tiene algunas de las mayores tasas de desigualdad, violencia y discriminación de género a nivel global. En América Latina ser mujer es un factor de riesgo y multiplica las posibilidades de sufrir diversas formas de violencia que tienen en el feminicidio su versión más extrema.

El movimiento feminista es un actor pulsante en la región y las movilizaciones para luchar contra las discriminaciones y violencias y garantizar derechos son generalizadas, pero se requieren cambios estructurales, redefinir los roles de género y transformar gradualmente las creencias y normas sociales que sustentan las desigualdades.

Una contribución significativa es la construcción de democracias paritarias, entendidas como sistemas que posicionan la paridad y la igualdad sustantiva como ejes centrales de la participación y representación política en todas las esferas. Aunque este objetivo contempla la creación de leyes de cuotas y paridad de género, la paridad no se restringe al avance de la representación numérica de las mujeres, sino que supone el reconocimiento pleno de sus derechos. Es un concepto integral que trasciende lo político y parte del hecho que las mujeres son ciudadanas plenas, deben participar en la toma de decisiones y pueden aportar con soluciones a los problemas comunes. En nuestra región, iniciativas como Ateneaesparidad o la Red de Politólogas #NoSinMujeres sostienen esta propuesta y visibilizan el hecho que las mujeres importan y sin ellas no hay democracia ni un desarrollo socioeconómico integral. Sin embargo, hoy y siempre la igualdad de género y la construcción de democracias paritarias debería ser tarea de todos.

Las Américas pierden a un amigo

Shelley A. McConnell
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Las Américas pierden a un amigo

Con el expresidente estadounidense Jimmy Carter en cuidados paliativos, América Latina y el Caribe están a punto de perder a un respetuoso interlocutor que se preocupó profundamente por la región. 

Mucho antes de ser elegido presidente en 1976, Jimmy Carter viajó con su familia a México y pasó un fin de semana en Cuba. Aprendió un poco de español y más tarde se acostumbró a leer (cada noche, antes de acostarse) una página de la Biblia en ese idioma. Aunque siguió recurriendo a intérpretes para las reuniones políticas, fue capaz de pronunciar una homilía improvisada en un español aceptable y en medio de una reunión protestante cuando visitó Cuba de nuevo en 2002.

Como gobernador de Georgia, Carter invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a celebrar su Asamblea General en Atlanta. Esta fue la primera vez que se realizó este evento en Estados Unidos en un lugar distinto a Washington D. C.

Ya como presidente, Carter se dirigió a la Asamblea General de la OEA cada vez que los ministros de Asuntos Exteriores se reunían en Washington. Décadas más tarde, en 2005, la OEA lo acogió como conferenciante invitado sobre asuntos regionales, que continuó siguiendo con interés. Y en 2008, volvió a colaborar con la OEA para ayudar a restablecer las relaciones entre Ecuador y Colombia.

Al tomar posesión de su cargo en 1977, inició inmediatamente las negociaciones para poner fin al control estadounidense sobre el canal de Panamá, algo que otros presidentes habían intentado sin éxito. En 1978 visitó Panamá, dado que ese país aprobó los tratados del canal de Panamá y ahí se reunió con numerosos líderes latinoamericanos. Tras su presidencia, representó oficialmente a los Estados Unidos en la ceremonia de 1999 sobre la transferencia del canal a Panamá.

Durante su presidencia, consultó periódicamente a los líderes latinoamericanos y caribeños elegidos democráticamente sobre la política estadounidense hacia la región. En 1978 viajó a la democrática Venezuela y al autoritario Brasil, donde dejó claro que el respeto de los derechos humanos era ahora un elemento integral de la política exterior estadounidense, y presionó para que se liberara a los presos políticos.

En Brasil y México dio el paso sin precedentes de dirigirse al Congreso en lugar de limitarse a reunirse con su homólogo. En pocas palabras, desde Franklin D. Roosevelt, ningún presidente estadounidense había prestado a América Latina una atención y una línea de acceso a tan alto nivel. No obstante, ante el subdesarrollo continuo de la región, se abstuvo de vender armamento avanzado a América Latina y animó a sus Gobiernos a invertir sus escasos recursos en servicios sociales.

Después de haber perdido las elecciones de 1980 frente a Ronald Reagan, emprendió una carrera como figura célebre de tipo internacional. En 1982 fundó el Centro Carter, una organización no gubernamental con sede en Atlanta, que está dedicada a la paz, la salud mundial, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en los países menos desarrollados del mundo. Entre ellos se encontraba Haití, donde emprendió una exitosa misión con el senador Sam Nunn y el general Colin Powell (retirado), a fin de persuadir a los gobernantes militares para que abandonaran el poder pacíficamente en lugar de someter a su país a una invasión autorizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por parte de tropas estadounidenses.

Carter denunció las elecciones fraudulentas de 1989 bajo el mandato del dictador panameño Manuel Noriega y, por el contrario, confirmó la victoria de Violeta de Chamorro sobre Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua de 1990. Posteriormente, el Centro Carter observaría otras tensas elecciones en Jamaica, República Dominicana, Venezuela, Perú y Guyana, para las que contó con expresidentes y primeros ministros de democracias de toda la región, a fin de coliderar esas misiones. Incluso México, históricamente el país más sensible a las insinuaciones de intervención estadounidense, consideraba a Carter lo suficientemente independiente como para justificar una invitación a las elecciones de 2000 que pusieron fin a décadas de dominio político del partido PRI.

Carter no tenía favoritos. Defendía el principio de que las elecciones debían ser libres y justas, y sus resultados, respetados por los partidos perdedores y los militares, independientemente de la política del ganador o de las preferencias de los Estados Unidos. Su compromiso con la soberanía latinoamericana distaba mucho de la diplomacia de las cañoneras y las ocupaciones militares que los Estados Unidos había perpetrado en los años treinta y de las posteriores operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a presidentes elegidos democráticamente en Guatemala (1954) y Chile (1973).

En 2002, daría el extraordinario paso de viajar a Cuba, algo que ningún expresidente ni presidente en ejercicio de Estados Unidos había hecho desde la revolución de 1959. En un discurso transmitido directamente al pueblo cubano, con Fidel Castro sentado en primera fila, pidió a Estados Unidos que pusiera fin al embargo por considerarlo una política ineficaz e inadecuada, y también dio a conocer a los cubanos el Proyecto Varela, una iniciativa para convocar elecciones libres en Cuba mediante un mecanismo de referéndum.

No todos estos esfuerzos dieron resultados positivos. Cuba sigue siendo autoritaria, y algunos líderes electos como Jean-Bertrand Aristide, Ortega y Hugo Chávez socavaron las instituciones democráticas antes que arriesgarse a perder el poder. No obstante, los líderes democráticos y los grupos de la sociedad civil echarán de menos a Jimmy Carter como un oyente con experiencia política, reflexivo y bien conectado en los círculos de la política exterior estadounidense. Ningún otro presidente de ese país ha dedicado tanto tiempo y atención a los pueblos y problemas de América Latina y el Caribe.

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