Cinismo, sexismo y racismo en los discursos sobre Francia Márquez

Coautora Allison B. Wolf

Con el triunfo del primer gobierno de izquierda en Colombia, las actitudes cínicas se han aliado con el racismo, el clasismo, el sexismo y otras formas de discurso intolerante en el país. Si bien era de esperarse que la desconfianza y el cinismo se exacerbaran en los sectores de derecha, dicha cooperación entre el discurso cínico y el discriminatorio es un fenómeno nuevo y alarmante. Y esta alianza se observa con especial ahínco en las respuestas de periodistas, personalidades públicas o ciudadanos del común a los discursos y actuaciones de la vicepresidenta Francia Márquez (mujer afrocolombiana, lideresa social, activista del medio ambiente, feminista y defensora de los derechos humanos) en medios masivos y redes sociales.

El cinismo contemporáneo es, sin duda, un fenómeno polifacético y difícil de comprender. En los años ochenta el término se empezó a usar, sobre todo en EE.UU., para designar una especie de pesimismo endémico fundado en la constatación decepcionante, por parte de la ciudadanía, de que el debate político y las instituciones estatales se habían convertido en el escenario de disputas entre intereses personales o de grupos económicos para el beneficio de los ricos urbanos y a expensas de los pobres.

En aquel momento, esta actitud cínica fue considerada como una marca de inteligencia, sana desconfianza y sofisticada frialdad; una señal de que uno no puede ser embaucado sin más. Durante los noventa, el cinismo se extendió a todos los ámbitos de la vida social y se convirtió en la convicción generalizada (tal vez a causa de la lógica capitalista) de que las únicas fuentes de motivación humana son los intereses económicos. Así, el sofisticado realismo de unos pocos, la sana decepción que daba lugar a una visión crítica de la actividad política, se transformó en una actitud de total desconfianza en las intenciones de las personas.

Desde comienzos del siglo XXI, este nuevo cinismo se empezó a autoproclamar como una especie de “realismo político”, es decir, como una visión clara del mundo como es. Pero, a pesar de que esta autodefinición parece inofensiva, el cinismo es el mejor caldo de cultivo para el extremismo político tanto de derecha como de izquierda. Y esto es evidente en la esfera pública colombiana mediante el apoyo a actitudes de intolerancia social como el clasismo, el racismo, el sexismo y la xenofobia en contra de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez.

Esta alianza entre cínicos y facciones supremacistas, racistas y sexistas en el país es muy visible en varios comentarios de este carácter sobre la mandataria, que se expresan sin la más mínima vergüenza en redes sociales y medios masivos como la revista Semana. Un ciudadano, por ejemplo, escribió en Twitter: “Ya comenzó el show. Ahora será ‘ser rico es malo’ (para los demás, no para ellos)”, “Los de mi color hemos sido oprimidos”, “Hay que ayudar a los más pobres”, “Igualdad para todos”, “Salud gratuita para todos” (ellos, a las clínicas privadas), “Educación gratuita” (ellos, a las universidades privadas)”. En este tuit, los prejuicios de clase social son expresados mediante la consigna de la desconfianza cínica.

Las reivindicaciones sociales de izquierda, como la “igualdad para todos”, la “salud gratuita para todos”, etc., son puestas entre comillas para indicar que Márquez las sostiene falsamente y que lo que le interesa es obtener los privilegios de los que han gozado las élites para su clase social. Así, sentimientos antidemocráticos e intolerantes son escondidos bajo el manto de la “inteligente y sofisticada” desconfianza cínica, del “realismo político” que considera los ideales de justicia social como falsas consignas de sectores sociales que, en realidad, no tienen derecho a reivindicación alguna.

También hay formas en las que el cinismo permite la expresión del racismo y el sexismo, y mediante un tono conciliador, desvía la atención del público de las ofensas directas que ha sufrido Francia Márquez por ser negra y mujer. Por ejemplo, la revista Semana dedica más de un artículo al comentario de una ciudadana sobre Márquez durante una marcha de protesta contra el Gobierno: “Y el simio ese, ¿que porque puso un millón de votos, se considera la verraca del paseo? Pobre simio, los simios gobernando. (…) Es un simio… ¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan, ¿Qué educación puede tener un negro?”. 

La revista, en cuestión, en vez de criticar el discurso intolerante de esta mujer, consignó, con indignación, la respuesta pública de Márquez a la ofensa después de que afirmara que no tolerará el racismo y, en consecuencia, denunciará a la mujer ante la justicia. La respuesta del medio fue la publicación de testimonios de políticos críticos con la decisión de Francia Márquez. Entre ellos, el del exsecretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien señaló: “El racismo de la señora uribista lo describe perfectamente el adagio popular: “la ignorancia es atrevida”. Querida Francia Márquez, reconsidera tu decisión de no conciliar. Puedes darle una lección a la señora Luz Fabiola y a todo un país que anhela la reconciliación (…)”.

El comentario de Gómez minimiza la intolerancia de las expresiones de racismo contra la vicepresidenta del país y las explica por la mera “ignorancia”: un mal, al parecer, menor y que deberíamos tolerar. Partiendo de su cínica sofisticación y condescendencia, solicita a la víctima que concilie con la victimaria, es decir, que, por voluntad propia, y en virtud de un fin colectivo mayor (la reconciliación nacional), no use los canales del Estado para denunciarla y que permita el trato ofensivo y abiertamente racista.

Al parecer, el hombre blanco privilegiado, partiendo de su cínico reconocimiento de que los intereses egoístas son lo único que impera, pide a la mandataria que evite el conflicto y permita la continuación de un statu quo racista, porque, en realidad, la ofensa de la que fue víctima no es importante. Estamos ante un cínico que justifica el racismo y el sexismo mediante discursos que parecen ser “bien intencionados”, pero que, en últimas, no propugnan una verdadera reconciliación nacional.

En conclusión, este nuevo cinismo que se alía con la intolerancia para echar fuego al extremismo político debería ser denunciado. Nuestra anuencia de la fría desconfianza del cínico ha permitido que el cinismo oculte y perpetúe la opresión de grupos marginalizados, y desviando, con ello, la atención de lo que realmente es importante. Esto, mediante la consigna de que, en una sociedad en la que solo imperan los intereses económicos personales, las reivindicaciones sociales son innecesarias y, quienes las expresan, son deshonestos.

Allison B. Wolf es profesora asociada e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de los Andes, Colombia. Doctora, por la Michigan State University.

El secuestro del movimiento constituyente en Perú

Tras el fallido intento de golpe de Estado, de Pedro Castillo, y la toma de mando de la vicepresidenta, Dina Boluarte, una avalancha de conflictividad social ha asolado al país andino. ¿Qué está pasando? Para entenderlo es necesario poner la lupa sobre los personajes secundarios de esta historia y comprender los intereses detrás del movimiento constituyente.

Un movimiento constituyente son todos aquellos que aportan ideas, movilizan recursos y ejecutan acciones de forma organizada para impulsar una nueva Constitución o un nuevo pacto social. Actualmente, este impulso constituyente está poblado por un grupo de políticos sin vocación legalista. Recordemos que, al dar su fallido golpe, Castillo anunció que aparte de reformar y cerrar poderes como el Legislativo, convocaría una Constituyente. Pero para comprender esto hay que retroceder en el tiempo.

En lo político, existió, desde el principio, un grupo confrontacional y violento liderado por el ex-premier Torres, que ya señalaba, antes de asumir el cargo en junio de 2021, que “si están intentando un golpe, correrá mucha sangre, pero no lo van a lograr”. Estas no parecen declaraciones casuales. Sin embargo, a estos grupos políticos se suma el componente de grupos vinculados a la minería y a otros negocios informales que también han tenido influencia en el Gobierno. De hecho, las fuerzas que impulsan el retorno de Pedro Castillo están realizando bloqueos coordinados y simultáneos, y han tomado puntos estratégicos del país como aeropuertos, represas y plantas energéticas.

Además, algunas agrupaciones cuestionables como las de la minería informal y el narcotráfico han sido aliados del gobierno de Pedro Castillo. Esa ha sido una de las principales fuerzas de choque en este conflicto, como se ha corroborado ya de manera fehaciente. No en vano, en las diferentes marchas que alcanzaron su pico el 15 de diciembre aparecieron en todo el país camionetas de uso minero, que está vinculado al sector ilegal.

Por otra parte, siguiendo el debido proceso constitucional, el Gobierno quedó en manos de la vicepresidenta Boluarte. Los aliados de Castillo, sin embargo, la desconocen como líder y fueron los primeros en movilizar sus bases en su contra. Entre ellos se destacan agrupaciones como Voces del Pueblo, liderado por Guillermo Bermejo, y Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, quien se ha postulado numerosas veces a la Presidencia.

Ambos movimientos mostraron una abnegada insistencia en buscar la liberación de Castillo y su reposición con elecciones generales inmediatas, el cierre del Congreso de forma ilegal y, por supuesto, han insistido en la creación de una nueva Constitución. Todo esto, como parte de un conflicto que ya ha causado varias muertes.

Estos movimientos, sumados a quienes apoyan legítimamente al expresidente y se sienten representados por él, están generando la percepción de una supuesta ilegitimidad de Boluarte. Recordemos que uno de los relatos principales del gobierno de Castillo fue impulsar la idea de que el país vivía en un conflicto antagonista entre las provincias y la capital, y atacó permanentemente a la prensa nacional acusándola de no dejarlo gobernar por su origen provinciano.

Este es el relato que manejan los aliados del expresidente para instrumentalizar el conflicto e insistir en la convocatoria de una nueva constituyente. Y es que es innegable que Perú se dirige hacia la creación una Asamblea Constituyente, que llegará tarde o temprano. La pregunta es: ¿quiénes liderarán dicha institución?

Por otro lado, los partidos de derecha y de centro del Congreso, que no han sabido articular un discurso consistente, aunado con una prensa nacional que tiene una visión centralista del país, no han logrado impulsar un consenso para votar en el Congreso el adelanto de elecciones. Solo eso podrá apaciguar temporalmente el conflicto. Y ahí se abre una controversia: ¿convocar elecciones lo antes posible y poner en riesgo su debido proceso, o convocarlas luego de hacer reformas claves? Difícil decisión para una entidad que cuenta con una aprobación menor que la del propio expresidente.

Teniendo en cuenta el grave contexto social y el número de víctimas mortales, es innegable que las fuerzas políticas que integran el Congreso, y que no han votado por el adelanto de elecciones, tienen poco interés en solucionar el conflicto. Por si fuera poco, una coalición de partidos y movimientos de izquierda está condicionando el adelanto de elecciones al pedido de una Asamblea Constituyente. La situación es de una extrema inestabilidad, y ante esta situación, el nuevo Ejecutivo debería haber articulado mejor el despliegue militar para evitar el caos y las pérdidas humanas.

El conflicto generalizado por el dominio de la Asamblea Constituyente y su agenda es el contexto con respecto a un 2023, en el cual, en teoría, se desarrollarán las próximas elecciones. La insistencia y falta de interés por el orden constitucional hace pensar que Perú seguirá sufriendo ataques antidemocráticos.

Una Asamblea Constituyente debería ser considerada como una oportunidad para un nuevo pacto social, más que un mecanismo de cooptación del poder. Pero ante este contexto, no sorprendería que la violencia rebrote ante el proceso electoral de 2023 impulsado por quienes pretenden controlar las condiciones sobre las cuales se convoque dicha Asamblea.

Cómo detener el deterioro de las democracias

¿En qué medida puede la ciudadanía desarrollar valores democráticos si su vida cotidiana se ejecuta en contextos verticales y no democráticos por antonomasia? En los últimos meses de 2022 la política en algunos países de la región mostró nuevamente signos de inestabilidad. Pero, más allá de la gravedad, las crisis políticas son esencialmente de, y entre, las élites políticas, y la ciudadanía, en general, poco tiene que ver. Sin embargo, los efectos de dichas crisis lo afectan considerablemente.

El caso más representativo es la crisis en Perú, con el fallido intento de Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso, su consecuente destitución y el ascenso de Dina Boluarte. Así, Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Mientras tanto, en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández y líder de facto de la coalición gobernante, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida. Si bien ello no significa necesariamente su salida de la vida política, es un signo del inicio del fin de la era kirchnerista.

En Brasil, la extrema derecha que apoya al presidente Jair Bolsonaro salió a las calles para desconocer el apretado triunfo en segunda vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras, Bolsonaro se negó a reconocer los resultados hasta un mes después de la elección, luego de que ninguna institución lo apoyara, incluyendo el sector militar.

En México, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena han puesto en marcha una serie de estrategias, formales e informales, para debilitar a las instituciones que gestionan las elecciones. En un país donde la transición y la democratización se basó esencialmente en crear condiciones de independencia e imparcialidad en la gestión electoral, atacar mediáticamente a los órganos electorales y tratar de modificar su estructura institucional sin diagnóstico y deliberación, puede poner en riesgo la viabilidad de la democracia. No obstante la gravedad de tales procesos, dichas crisis hasta ahora se han desenvuelto dentro de los cauces institucionales.

La crisis de la democracia es de las élites

Las lamentaciones a veces lacónicas del deterioro democrático en la región se basan en una concepción reducida de esta. Las competencias entre élites partidistas se hacen en contextos institucionales con elecciones libres y justas. Sin embargo, los partidos políticos dependen cada vez más de los recursos del Estado y menos de sus militantes, mientras que los representantes se ocupan más de sus propias agendas de grupo que de los asuntos que afectan a la sociedad. Y los poderes ejecutivos responden cada vez más a los poderes fácticos que a la ciudadanía.

Por ello, las crisis de la democracia son crisis de las élites. La mayoría de las personas son solamente espectadores, pues su vida cotidiana se desenvuelve en contextos que poco o nada tienen que ver con la política y la democracia. Además de la permanente desconfianza hacia los políticos, la complejidad de los sistemas institucionales aleja a la ciudadanía de la política, a la que ven como una actividad extraña. Según el Latinobarómetro, en 2020 más del 70% de las personas estaba poco o nada interesada en la política.

Soluciones no ortodoxas a la crisis de la democracia

Los análisis sobre las democracias se han centrado en los aspectos institucionales, las relaciones entre los poderes formales establecidos, las dinámicas de los sistemas de partidos y electorales, entre otros aspectos. Pero es muy escasa la atención a la relación entre las prácticas políticas y los entornos cotidianos de la ciudadanía, y sus relaciones y percepciones hacia los componentes de la democracia.

En 1977 se publicó en Inglaterra el informe de la comisión de investigación sobre democracia industrial, conocido como “reporte Bullock”, que analizaba el estado de las empresas en ese país, el proceso de sindicalización de los trabajadores y sus derechos de participación en las empresas. Publicado hace más de cuarenta años, el informe puso en primer plano el tema de la democracia industrial, y signó el principio de muchas experiencias de democracia sindical y las relaciones entre los sectores económicos en varios países europeos como Suecia y Alemania.

El informe puso sobre la mesa que un sistema político democrático-representativo solo puede funcionar eficientemente si en las estructuras verticales como las industrias y las empresas también se fomentan prácticas democráticas. La democracia industrial se refiere a las posibilidades de los trabajadores de influenciar, formal e informalmente, directa e indirectamente, el curso de los procesos dentro de una empresa, incluido no solamente en las dirigencias sindicales, sino también en la dinámica organizativa e incluso los “outputs”.

En el siglo XXI las empresas dedicadas a las nuevas tecnologías (pero no solo estas) definen en gran medida el devenir de muchos procesos políticos y sociales. Empresas como Apple, Microsoft, Google, Tencent, Facebook, IBM tienen un impacto en la economía mundial que alcanza ya casi el 40% de todas las transacciones, y el comercio electrónico es el 5% de todo el PIB mundial. Este es el mundo cotidiano de millones de personas, y ante un mundo nuevo debemos pensar nuevas formas de democracia.

Detener el deterioro implica dejar de mantener artificialmente las instituciones que le dieron forma en el siglo XX, pero que ya no funcionan. Implica cambiarlas o sustituirlas por otras que se adapten a este nuevo mundo que poco tiene que ver con el de hace unas décadas. Introducir prácticas democráticas en las relaciones verticales cotidianas no es una tarea fácil y puede ser contraproducente si no se hace bien. No obstante, todos los mecanismos que permitan a la ciudadanía ver concordancia entre su vida cotidiana y la política en las instituciones pueden mejorar la calidad de la democracia y acercarla de nuevo a la política.

Desburocratizar la democracia es fundamental. Pero incluso los mecanismos de democracia directa que pretenden solucionar la crisis de la democracia terminan, muchas veces, ahondando en ella, debido a que pueden ser manipuladas por las élites, como sucedió con el fallido proceso constituyente en Chile o con el uso instrumental que las élites han dado a los referéndums y plebiscitos.

Si queremos salvar la democracia, debemos construir ciudadanía democrática. De lo contrario, seguiremos a merced de las élites políticas que sucumben fácilmente a las tentaciones autoritarias.


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AMLO: el líder y el mito

¿Cómo negar la avalancha obradorista que se dejó ver recientemente sobre la avenida Reforma de la Ciudad de México? ¿Cómo no aceptar que probablemente haya asistido ese millón 200 mil personas? ¿Cómo no reconocer la fascinación que sigue provocando López Obrador, más allá de los que pudieron ir bajo presión desde Tijuana o Ciudad Chetumal?

Porque si lo vemos bien, todo se centró en el presidente López Obrador. Él fue quien convocó a la movilización luego de la manifestación ciudadana del 13 de noviembre y quien decidió el guion donde él sería el protagonista principalísimo. Sería además él quien pronunciaría un largo discurso repitiendo mucho de lo que diariamente dice en su conferencia mañanera con el único objetivo de demostrar que su aura sigue intacta. 

AMLO se equipara a los mitos de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Magón y Cárdenas y es que cada uno de los grandes personajes de la historia tiene su lado humano pero también su lado mítico, aquel que le atribuyen las masas o en la actualidad también los medios de comunicación. El que es indivisible. Y ese es uno de los problemas del mito encarnado. ¿Cómo transferir esa aura a otra persona para continuar la transformación de México? No hay forma. Y la demostración es ese millón 200 mil personas que se trasladó al centro de la Ciudad de México para acompañarlo y demostrar que no hay otro para sucederlo.

Pero la adoración al líder siempre divide la interna. Ahí está el senador oficialista Ricardo Monreal quien declaró que se va. Y no se va solo en medio del repudio de los “talibanes” del movimiento, sino que se lleva al menos un gobernador, una parte de las bancadas del Congreso de la Unión y posiblemente arrastre consigo unos cuantos votos de la Ciudad de México.

Es el problema del mito convertido en hombre. Es religioso e intransferible. Además, tiene una irradiación limitada. Que a la marcha oficialista y a la del 13 de noviembre haya asistido ese millón de personas es significativo pero no describe ese universo de potenciales electores de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tampoco quiere decir que quienes no asistieron no apoyen al gobierno o pertenezcan al mundo de los indecisos. Y ese es el gran interrogante de los comicios de 2024. La duda en el Estado de México y Coahuila para el 2023.

¿Cómo votará la zona metropolitana de la Ciudad de México? ¿Cómo lo hizo en 2018 o cómo lo hizo en 2021? Las estrategias de Morena y de la oposición están buscando capturar ese elector por las buenas o por las malas. Y es que la marcha oficialista grosso modo movilizó a funcionarios, empleados, beneficiarios de programas sociales y sobre todo a los fieles de AMLO. El resto se podría haber quedado en casa esperando el partido de México contra Argentina o, simplemente, no pertenece al círculo del aura del mito.

Y es que no sólo se trata, como lo dice el periodista Jorge Patterson, de “lo que no estamos viendo”, que es la impronta mítica de AMLO. Sino de esas zonas de silencio o que ya dieron el paso hacia el costado como sucedió en la Ciudad de México.

Sustraídas al mito obradorista muchos buscan opciones alternativas a Morena. Y eso quedó en evidencia en la marcha capitalina del 13 de noviembre. Pero no hay nada escrito. La ciudad de México o mejor dicho, la zona metropolitana del Valle de México podría volver a ser una nueva competencia cerrada con un desenlace imprevisible.

En definitiva, la masiva manifestación del obradorismo fue una demostración de la capacidad intacta de AMLO para movilizar a enormes masas en todo el país que lo acompañen y vitoreen. De esta manera el presidente enaltece su mito y se asegura que ninguna manifestación opositora lo ponga en entredicho. Por eso la convocatoria personalísima. No fue Morena, fue él. Si la movilización hubiese sido convocada por Morena el mito se hubiera politizado. Y el mito necesita del incienso de la imagen, la voz, el rictus del líder.


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¿Qué nos ha dicho Catar 2022 sobre la democracia global?

El mundial en Catar ha estado signado por la polémica. Desde la controvertida adjudicación del emirato como sede, pasando por las condiciones de vida y trabajo de los miles de trabajadores migrantes, hasta las amenazas a los jugadores en caso de plegarse a alguna manifestación. Estas marcas al máximo evento del fútbol interpelan la aceptación de la práctica autoritaria.

El equipo de Diálogo Político ha reflexionado sobre esto con atención con su red de autores latinoamericanos. Es con ese espíritu que este análisis especial ofrece miradas diversas sobre un evento que tal vez quede en la memoria como el Mundial de las protestas silenciosas y silenciadas.

Tarjeta roja a la FIFA

Catar, casi contradictoriamente, quizo demostrar que la libertad de quienes gritan un gol es posible en el país de las prohibiciones. De hecho, la FIFA compró esta idea: un lugar exótico de Medio Oriente como sede del evento más importante del planeta, ¿por qué no? Había muchas razones por las que esa opción era una mala idea y ahora son más evidentes: sanciones sobre la diversidad, restricciones a la libertad de expresión, tutelaje masculino hacia las mujeres y un polémico sistema laboral sustentado mayormente por inmigrantes. No olvidemos la opacidad y denuncias de corrupción.

Afortunadamente, la atención global no solo se enfocó en el balón rodando por el campo, sino también en el alto costo de esos minutos de juego más allá de la pasión futbolera. Pero claro, no es suficiente. Aunque la FIFA diga lo contrario.

La protesta diferente

En la manifestación deportiva más globalizada, conmovió el seleccionado de Irán que se negó a cantar el himno nacional de su país, antes de disputar el partido contra Inglaterra, que perdió 6 a 2. Un gesto de reconocimiento silencioso a las protestas en Teherán por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, bajo custodia policial por, supuestamente, no respetar la indumentaria obligatoria de las mujeres que impone el régimen del ayatolá Ruhollah Jomeiní. La denuncia más efectiva y heroica contra la barbarie convirtió la goleada en el campo de juego, en una gran victoria moral en la arena de Catar.

Globalización y legitimación

Los Mundiales de fútbol siempre han sido espacios de legitimación política. Muchas veces naciones emergentes, periféricas, desplazadas buscan un asiento de reconocimiento, por vía del éxito organizacional y deportivo. Pero ya no es el fascismo o la Guerra Fría, sino el mundo del capitalismo posmoderno.

Llenamos de contenido y significado estas contiendas que, en realidad, están atravesadas por el mercadeo, la globalización del espectáculo y la deslocalización del juego. La abrumadora mayoría de los jugadores, incluso los del sur global, están desarrollados por clubes transnacionales de las ligas española, inglesa, alemana, italiana o francesa. El estatus de dueño de club dice más de una posición dominante en la escala global, que al final trata de uniformizarse en valores que no son los democráticos, sino los del marketing.

Cuando el presidente de FIFA, Gianni Infantino, dijo que se sentía como «catarí, mujer, trabajador inmigrante, africano, gay» fue elocuente: ser todo sin ser nada es, quizás, la más acabada expresión de nuestro tiempo.

El fútbol como motivo

En 1952, Alan Turing fue condenado por homosexualidad y castrado químicamente bajo leyes inglesas. En 1958, en Bruselas, la actual capital de la UE, tuvo lugar la Exposición Internacional y Universal y allí se presentó el último de los varios zoológicos humanos que en Europa fueron comunes hasta ya muy entrado el siglo XX para mostrar a personas «exóticas». Y hasta 1956 la segregación racial estuvo vigente de manera legal en Estados Unidos, donde los «ciudadanos de segunda clase» accedían a un trato injustamente desigual, solo por su color de piel.

Persecución y castigo por causa de la identidad sexual; trato denigrante y humillante a quienes nacían en lugares desconocidos; segregación por el color de piel. Visto en perspectiva histórica, resultan aberrantes y profundamente contrarios a los derechos humanos, los marcos morales en los que convivían los ciudadanos del Occidente moderno aún en la segunda mitad del siglo XX.

Los marcos morales cambian lentamente y, solo a través del diálogo y reflexión conjunta —y no por la imposición—, las sociedades occidentales han transformando sus valores; y a partir de ahí reconocen y protegen los derechos fundamentales de los seres humanos. Llegar hasta aquí ha requerido tolerancia y diálogo. Si Occidente quiere acompañar a los ciudadanos cataríes en su camino para la construcción de una sociedad con más derechos; entonces se deben aprovechar todas las oportunidades —lejos de los boicots o amenazas— para cimentar las bases de un diálogo plural, abierto y libre. El Mundial de Fútbol constituye una de estas oportunidades.

Cuidar la redonda

Después de Italia 1934 y Argentina 1978, Catar 2022 es el tercer Mundial que se organiza en un país dictatorial. Sin tener en cuenta Rusia (2018), donde se celebran elecciones periódicas, pero lejos de los estándares internacionales de transparencia, pluralismo y competencia legítima.

Este es un suceso histórico que expone la brecha existente entre el fútbol y la democracia. Lo que rige a la pelota son los guarismos, las ganancias, el negocio. Queda claro que, siempre y cuando no produzcan una rentabilidad desorbitante, la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual no son prioridades para la FIFA.

Se deja pasar una oportunidad increíble para hacer pedagogía desde el deporte más popular del planeta. No tengo duda de que, al igual que los grandes autoritarismos han utilizado a la pelota como máquina propagandística de sus regímenes, los sistemas abiertos deben asociar al fútbol con valores nobles tales como la libertad y la igualdad. Dicho de otra manera: cuidar al fútbol, no ensuciarlo.

Defensa de la democracia y el pluralismo

Este Mundial de Fútbol ha convocado a los grandes debates de nuestro tiempo. Desde el abuso de los derechos humanos de los trabajadores contratados para las obras del Mundial, como la prohibición del uso del brazalete One Love, hasta el brutal asesinato de Mahsa Amini y las protestas de las mujeres iraníes. Con el Mundial como telón de fondo, tenemos una pantalla dividida donde a través del deporte vemos la ausencia de libertades que sufren unos, mientras que otros lo aprovechan para expresar su solidaridad con causas políticas.

«La pelota no se mancha»

Qatar no nos dice nada de nada en cuanto a la defensa de la democracia y el pluralismo. Adjudicar a la contienda de fútbol mundial intencionalidad política o usar a las selecciones nacionales y sus jugadores para pasar mensajes políticos es un error. Atentan contra el espíritu del juego.

Estoy de acuerdo con la FIFA cuando prohíbe cualquier consigna política o reivindicativa utilizando la pantalla que durante poco más de 90 minutos otorga el juego. El gran Diego Armando Maradona ya lo había dicho ante una Bombonera llena de público, en uno de sus tantos intentos por volver a ser el diez de Boca. Dijo: «La pelota no se mancha». Y con cinco palabras resumió lo que debe ser el fútbol, un juego, un simple juego.

Democracia, pluralismo, respeto a los derechos humanos, a las minorías y todos los etcéteras no es cosa del fútbol. No tiene nada que ver. Es cosa de la política.

La transparencia imprescindible

La transparencia es enemiga de las autocracias. Cualquier tipo de información que no pase por el control y la eventual censura del Gobierno se convierte en una amenaza. Especialmente si el país busca guardar una imagen amable y positiva hacia el escenario internacional pese a que hacia dentro de sus fronteras los derechos más fundamentales no sean respetados. El problema para estos Estados surge cuando la visibilidad es enorme, ya que se pierde aquel control del flujo de información. Y este es el caso cuando se celebra una Copa del Mundo como la de Catar.

Algunas voces han considerado como un error la entrega de la organización a este país en el que no existe el Estado de derecho, llegando incluso a promover un boicot al torneo. Sin embargo, como explicaba la representante de Transparency International, Sylvia Schenk, en la televisión alemana, la visibilidad inherente a una Copa del Mundo puede obligar a Catar a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, así como aumentar el respeto a los derechos humanos. Una postura que pueden compartir pocos, pero que guarda una cuota importante de realismo y optimismo. Tal vez este evento deportivo sea el punto de partida.

Insostenible

Catar sugiere una burbuja apartada de la realidad de tantos. Los habitantes de Ucrania enfrentan un terrible invierno. Millones de migrantes suben a barcazas para ahogarse en el Mare Nostrum y el cambio climático se hace notar cada vez más con eventos extremos. En cambio, en Catar se utilizan estadios climatizados, sistemas de transporte que ya desearían muchos países y se exhibe un lujo sin parangón con total falta de pudor y celebrado por periodistas en pos de una nota exclusiva.

Tal vez alguien calcule alguna vez la huella de carbono de este Mundial. Tal vez alguien reflexione sobre sus costos energéticos y por ende climáticos. El domingo terminó la fiesta y, con ella, los sueños de copa de muchos. Persistirán las consecuencias y tal vez alguien en algún momento nos pregunte en qué estábamos pensando cuando gritábamos goles y admirábamos palacios construidos sobre pozos de petróleo. Definitivamente, insostenible.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político


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Los cien años de secretismo de Bolsonaro

En cuatro años de gobierno, Jair Bolsonaro ha impuesto el secreto centenario al menos sesenta y cinco veces sobre datos de personas de su entorno, y para ello ha usado la excusa de proteger su privacidad. Incluso en el caso de solicitudes que se han hecho por la Ley de Acceso a la Información (LAI), que contienen datos personales, usó recursos que impidieron el acceso a los datos de los funcionarios que están comprometidos en casos que él consideraba delicados por involucrar al gobierno. Entre ellos se encuentran la compra de la vacuna contra la COVID-19, que culminó en una comisión parlamentaria de investigación; la corrupción en el Ministerio de Educación; las visitas recibidas por la primera dama, Michelle Bolsonaro, y el arresto de un jugador de fútbol alineado con el presidente.

Estas acciones desvirtúan los principios de la LAI, lo que la contrapone a la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), promulgada durante el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff. Dicha ley tiene como objetivo proteger la libertad y la privacidad, así como los datos personales de todo ciudadano que se encuentre en Brasil, de acuerdo con los parámetros internacionales existentes.

La LAI es un instrumento de transparencia pública, que parte de la base de que los ciudadanos necesitan saber cómo se toman las decisiones y a dónde van a parar los recursos públicos, como las inversiones, e incluso los sueldos de los funcionarios. Mientras tanto, la LGPD garantiza la protección de la intimidad y la seguridad del individuo, y lo protege de posibles abusos del Estado o las empresas.

Tanto la LAI como la LGPD «tienen directrices para el tratamiento de datos personales que se basan en el trípode confidencialidad, integridad y disponibilidad, preocupaciones alineadas con los principios de prevención y seguridad», afirmó Ilderlândio Teixeira, miembro de la Agencia Nacional de Profesionales de Privacidad de Datos (ANPPD). Lo que ha hecho el gobierno de Bolsonaro es transformar la LAI en un instrumento contrario al principio de su creación, es decir, aportar la mayor transparencia posible sobre las actuaciones del Estado para toda la sociedad en cuanto haya una petición.

El secreto de cien años es discutible cuando se trata de agentes públicos que toman decisiones que afectan al Estado y a la sociedad. Y esto abre espacio para una interpretación jurídica porque, cuando se trata de agentes públicos, la información sobre las decisiones públicas que afectan a la realidad social debe hacerse pública. Aunque la LAI establece nueve hipótesis de restricción de acceso, entre ellas las que se refieren a «la persona del Presidente y Vicepresidente de la República y de sus respectivos cónyuges e hijos», esta condición solo se mantiene hasta el término del mandato y solo debe referirse a datos personales, salvo en los casos incluidos en la LGPD.

La discusión, por tanto, gira en torno al contenido sobre el propio acto que, en principio, no puede ser omitido, si así lo demanda el ciudadano, pues se trata de personas implicadas en investigaciones ya concluidas que han sido publicadas y que son de amplio interés social.

Tanto la LAI como la LGPD fueron creadas con el objetivo de elevar la fiabilidad de los asuntos públicos y proteger a los ciudadanos frente a los abusos, de forma que se garanticen unas relaciones sanas entre los poderes constituidos y los agentes sociales y políticos. Al proteger al ciudadano de posibles abusos y crear un ambiente de confianza y transparencia, es posible conseguir mejores prácticas y acciones para el bien común.

Ocultar, omitir, desviar el foco, engañar y obstruir la justicia no contribuye a una convivencia armoniosa entre quienes forman parte de cualquier sociedad. En un mundo penetrado por tecnologías muy invasivas, en el que los datos personales valen tanto como el oro, es esencial que la gente sepa a dónde van a parar los recursos públicos, al igual que los datos personales.

Las personas públicas también tienen derecho a que se preserve su privacidad, pero existe una jerarquía entre esos ciudadanos de a pie y quienes gestionan los bienes públicos. Cuando se utilizan edificios públicos para recibir a agentes, cuyos intereses son privados, existe una interpretación de la ley según la cual el interés público debe estar siempre por encima de los intereses de los particulares, y si estos buscan un beneficio personal, entonces debe cuestionarse la protección de sus datos. Los bienes públicos deben ser protegidos, y esto incluye la información de los representantes políticos que ejercen el poder.

Si hay interés público en determinada información, entonces dicha información debe ser publicada y no hacerla privada, como comentó Carlos Affonso Souza, director del Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS): «Cuando el Gobierno niega el acceso a un documento durante cien años, no lo hace porque la información sea importante para la seguridad del Estado, sino porque entiende que es privada y que no hay interés público en ella».

Esta es una buena prueba para que las instituciones públicas demuestren que pueden dar respuestas rápidas y fiables al ciudadano, así como para evitar interpretaciones dudosas que puedan transformar los instrumentos democráticos en herramientas que alimenten maquinaciones palaciegas. Este es el verdadero significado de la LAI y cómo debe funcionar una buena gobernanza de la información a través de la gestión eficiente de archivos y documentos.

Al mismo tiempo, hay que recordar que fue durante este mandato que Bolsonaro filtró, en una transmisión en vivo, datos confidenciales sobre la investigación de un ataque virtual al Tribunal Superior Electoral (TSE), tal como lo indicó el informe de la Policía Federal enviado al Tribunal Supremo (STF) a principios de este año.


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Los países afectados por el cambio climático esperan los fondos del mundo desarrollado

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP27), de Sharm el Sheij, que se celebró en noviembre, se aprobó unánimemente la creación de un fondo para pérdidas y daños, que estará dirigido, en específico, a los países más afectados por cambio climático. Esta “demanda histórica de las naciones del sur global” (tercer pilar del Acuerdo de París) fue uno de los temas más espinosos y polarizantes abordados en la conferencia. Pero, finalmente, después de que fue muy discutido, los delegados decidieron incorporarlo a la agenda oficial.

De acuerdo con la Ruta del Clima, las pérdidas y los daños hace referencia a los impactos adversos del cambio climático que las personas no han podido enfrentar o adaptarse a ellos, lo que conlleva daños irreparables o pérdidas irreversibles. Las pérdidas o daños pueden ser tanto de naturaleza económica como de naturaleza cultural, tradicional o idiomática, como es el caso del desplazamiento de las comunidades insulares afectadas.

En este sentido, las pérdidas y daños se ubican más allá de los límites de la adaptación climática, ya que representa la huella de la irresponsabilidad del norte global, máximo causante de la crisis climática y el que debe asumir la responsabilidad y compensar las pérdidas y daños generados.

En el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el concepto de pérdidas y daños se remonta a una presentación de 1991 de Vanuatu, la pequeña isla del Pacífico, en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, en la que solicitaba un fondo común de seguros que fuera financiado por los países desarrollados y el apoyo para cubrir la carga económica. De esta forma, se buscaba compensar las pérdidas y los daños sufridos. Sin embargo, existe una diferencia entre los fondos que los países en vías de desarrollo piden por «pérdidas y daños» y la ayuda que solicitan para poder adaptarse al cambio climático.

El asunto de las pérdidas y daños es especialmente relevante para Centroamérica. Según el Índice de Riesgo Climático Global a Largo Plazo, de Germanwatch, de 2021, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica han sido los más afectados en las últimas dos décadas. Además, estos se encuentran entre los 100 países con mayores niveles de vulnerabilidad a las pérdidas que están relacionadas con el clima.

Situación similar atraviesan los Pequeños Estados Insulares de Desarrollo del Caribe que enfrentan desproporcionadamente los efectos catastróficos del cambio climático. Haití se ve afectado de manera recurrente por catástrofes naturales y figura entre los primeros puestos tanto en el índice a largo plazo como en el del último año. 

Por su parte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) también afirma que se ha establecido una importante relación entre los cambios y los patrones climáticos y los impactos adversos en la salud humana en los países más vulnerables al cambio climático. Esto se debe al surgimiento de “padecimientos en regiones previamente no endémicas” como enfermedades respiratorias y cardiovasculares, enfermedades transmitidas por vectores y el agua, hantavirus y rotavirus, enfermedades renales crónicas y hasta problemas psicológicos.

Si bien los factores de riesgo varían ampliamente en estas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos están causando desastres sucesivos a escala nacional en estos países. La tendencia a la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y las temperaturas extremas son las principales causas que impulsan la crisis climática. Esto se traduce en una creciente pérdida de vidas humanas y de daños y pérdidas económicas que representan una parte cada vez mayor del producto interno bruto de los países. El potencial destructivo de estos fenómenos incrementa la desigualdad dentro y entre las naciones de la región, lo que representa una amenaza existencial.

En este marco, para avanzar en la creación de un fondo para pérdidas y daños, se organizó un comité de transición, que tiene la responsabilidad de definir en el periodo de un año la agenda de funcionamiento y de financiación del fondo con miras a su adopción en la COP28. Lo cierto es que “las pérdidas y daños” han sido un tema formal en el proceso de negociación de la ONU desde 2010.

Para un mayor impacto en las decisiones que se adopten, el comité de transición deberá considerar lo definido en el Marco de Transparencia Mejorado (ETF), del Acuerdo de París, mediante la evaluación y recopilación de datos sobre los efectos observados y potenciales del cambio climático. Además, se deben evaluar las acciones sobre la prevención y contemplar las pérdidas y daños por los efectos adversos. Finalmente, se deberán estudiar las disposiciones institucionales que apoyen la implementación de actividades vinculadas con la prevención de pérdidas y daños.

En la agenda sobre la financiación de pérdidas y daños se plantea la urgencia de garantizar al menos 100.000 millones de dólares al año y destinar como mínimo la mitad a la adaptación. Sin embargo, solo en Latinoamérica y el Caribe se ha calculado la necesidad de una inversión anual de entre 472.000 y 1.281.000 millones de dólares para responder a la crisis climática y a los retos sociales vinculados para el 2030.

En cuanto a los compromisos por parte de las instituciones financieras, si bien esta debe ser responsabilidad primordial de los países desarrollados, la COP27 amplió la ventana para aumentar las fuentes, incluyendo en la lista de donantes a China. Sin embargo, este financiamiento puede constituir un mecanismo de doble filo, debido al peso que tiene la deuda exterior en los distintos países en vías de desarrollo. Por lo tanto, sería necesario proponer negociaciones para la cancelación de la deuda durante las crisis inducidas por el clima o bien generar instrumentos innovadores que movilicen recursos para financiar pérdidas y daños que  pueden ser irreversibles.

América Latina: de la crisis a la policrisis

Si la historia económica ha estado signada por la irrupción de catástrofes naturales y riesgos económicos, lo distintivo del Antropoceno (época geológica marcada por el significativo impacto global de las actividades humanas en los ecosistemas terrestres) es la responsabilidad del hombre en la amplificación del citado riesgo.

Hasta hace pocos años, el riesgo seguía asociándose a las catástrofes naturales. Sin embargo, en los últimos años se evidencia una situación diferente, pues se ha incrementado la probabilidad de que ocurran eventos extremos. Seguir con la explotación petrolera, por caso, implica sumar emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Avanzar con la agricultura extensiva hacia nuevas áreas implica romper el ecosistema, exterminar animales y plantas, lo cual induce a la aparición de nuevos virus y eventuales pandemias, pero también la liberación de gases de efecto invernadero. Surgen, a su vez, acciones, a priori, inesperadas, tal como la invasión de Ucrania.

De ahí que observamos cómo interactúan diferentes tipos de shocks y cómo se potencian para generar una superposición de crisis (policrisis). Y es que cuando aún no habíamos digerido los costos de una crisis, apareció otra crisis excepcional y luego otra. Pero, más allá de los impactos, lo que distingue al presente del pasado es el carácter profundamente incierto del avenimiento.

Todo ello induce a una fuerte tensión sobre las cuentas públicas, la economía de los hogares y las empresas que se ven resentidas. Desde una perspectiva macroeconómica, la situación nos está llevando a que nos acostumbremos a un contexto de menor crecimiento económico y una mayor presión inflacionaria. Los precios de los alimentos, así como los de la energía, aumentan, lo cual repercute de manera diferente en productores (exportadores) y consumidores (importadores). A ello habría que sumar los efectos destructivos que aparejan las inundaciones o las sequías, eventos extremos que también ya afectan a la región. No obstante, los efectos de las crisis no se circunscriben a la economía real. También suben los costos financieros (tasas de interés) y hay un mayor riesgo financiero que incrementa la probabilidad de default de numerosos países. Según el Banco Mundial, dicha situación comprende a casi el 60% de los países de bajos ingresos.

Mientras la región aún percibe los impactos por la pandemia de la COVID-19, actualmente también enfrenta un inestable escenario geopolítico y económico mundial marcado por una conjunción de crisis sucesivas, en particular, por la guerra en Ucrania. Esto ha llevado a la continuación de la desaceleración del crecimiento económico (se espera que ronde en 1,4% para 2023) y a una lenta generación de empleo, sobre todo de calidad, junto a fuertes presiones inflacionarias que han conllevado el incremento de precios y caídas importantes en la inversión, afirmó el informe Panorama social de América Latina y el Caribe, recientemente difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Además, otro informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que “lo peor aún no ha llegado”. Obviamente, en un contexto signado por las tensiones geopolíticas, la ausencia de coordinación agrava la situación e impone nuevas crisis. Y es que América Latina se está viendo involucrada en el conflicto que enfrenta a China con EE. UU., lo cual limita la libertad que la región supo recuperar a inicios de los años 2000.

En este marco, la volatilidad que impregna la actualidad se está viendo agudizada por la falta de una mirada común regional. Esto también marca la imposibilidad de avanzar en beneficio de las generaciones futuras. La estabilidad de antaño resulta hoy imposible de alcanzar, y la inseguridad viene atada a lo incierto del futuro. Ello genera angustia y malestar en la sociedad, lo cual puede terminar socavando el apoyo a la democracia.

Por ello, se deben abandonar los discursos nostálgicos. La clase dirigente debe buscar nuevos enfoques, y los encargados de hacer política deben salir del reduccionismo que actualmente caracteriza su toma de decisiones. La policrisis requiere una mirada ecléctica, multidisciplinaria, que articule las distintas aristas (social, económica, política, sanitaria, geopolítica y ambiental) que presentan los problemas que enfrentamos.

Tal como antaño destacaron pensadores como Edgar Morin, Ulrich Beck y Manfred Max-Neef, o actualmente el historiador económico Adam Tooze, afrontamos una situación sumamente compleja cuya gravedad trasciende la suma de las partes. Debemos reconocer que es el hombre quien con su actuación ha inducido a esta situación y quien ha impuesto la inestabilidad al sistema, incrementando la producción petrolera, la deforestación, y destruyendo la biodiversidad.

De continuar así, no esperemos una vuelta a la estabilidad de antaño: será más lógico prepararnos para el desastre.

Las elecciones no son el problema

Con la perspectiva que da el medio siglo transcurrido desde el inicio de la tercera ola de democratización, hoy hay una sobrada evidencia que ratifica un notable grado de bondad de los procesos electorales. El conocido término que Samuel Huntington popularizó para referirse a los cambios políticos que acontecieron en los países de Europa del sur a partir de 1973 y, seguidamente, en América Latina para recabar tres lustros después en Europa central y oriental, sigue sirviendo para entender el panorama actual.

Aunque la democracia no pasa por su mejor momento, de acuerdo con los diferentes indicadores que miden el rendimiento de la compleja malla de instituciones que ayudan a definirla, no parece que las elecciones ocupen el lugar central en el elenco de los motivos que susciten preocupación para asumir que la democracia esté sometida a un estado de fatiga, de erosión o incluso de peligrosa involución.

Es muy probable encontrar imperfecciones vinculadas al desempeño electoral que pueden suponer serios cuestionamientos a este, pero me atrevo a sostener que estas críticas en el conjunto no tienen un impacto sustantivo. Los casos de denuncias por fraude electoral, o simplemente mal desempeño en el ejercicio del voto, son raras. Las evaluaciones negativas de la democracia se centran en otros aspectos sobre los que volveré enseguida. En particular y con respecto a lo estrictamente electoral, considero que hay dos situaciones que siguen llamando más mi atención: la inequidad en la competición y el uso espurio de la mecánica electiva.

Con respecto a la primera, una de las pequeñas lecciones que han deparado los comicios pasados de medio término en Estados Unidos, y sobre los que no han reparado los diferentes análisis, es el hecho de que en el 96% de las campañas electorales habidas para la carrera por un puesto en la Cámara de Representantes fueron ganadas por quien más gastó.

En cuanto a la segunda, el inefable Elon Musk se divirtió con el juego electoral usando su recientemente adquirida red social para preguntar al pueblo, según su propia expresión, si debería restablecer la membrecía del anterior presidente Donald Trump en Twitter. El resultado en esa suerte de plebiscito particular, celebrado el 19 de noviembre en el que hubo 15.085.458 votos, favoreció el regreso de Trump, gracias al apoyo del 51,8% de esa comunidad sui géneris. Musk tuiteó la noticia añadiendo una coletilla en latín que hacía referencia a la consabida ilación entre la voz divina y la voz del pueblo. La banalización del mecanismo electoral estaba servida.

La democracia, ciertamente, es algo más que elecciones. La Universidad de Gotemburgo en Suecia dirige, desde hace una década, de manera interesante y validada por un sólido bagaje teórico, un proyecto de investigación que propone abordar el análisis de la democracia asumiendo que esta puede descomponerse en cinco variedades que responden a cuestiones diferentes. Aunque se trata de asuntos complementarios, al seccionar la democracia según sus componentes electoral, deliberativo, igualitario, participativo y representativo, está marcando una vía clara para la comprensión de algo complejo.

A la vieja expresión de que la democracia tenía que ver con la elección periódica, limpia, secreta, libre e igual de quienes gobiernan, sin dejar de lado los principios constitutivos de un Estado de derecho, ahora se enunciaban aspectos que aludían al enmarañado mundo de la representación política donde gobierno y oposición configuraran una lucha por la alternancia, así como a los mecanismos de la participación popular que evitaran el monopolio de la política de la mano de los profesionales de esta.

La visibilidad de lo electoral, no obstante, opaca habitualmente el escenario. La denominada “fiesta de la democracia”, como a veces se llama a la jornada electoral centrada en el ritual del voto y en la lógica de que unos ganan y otros pierden, oculta que la democracia supone más cosas.

Aspectos que van desde el quehacer cotidiano vinculado con el funcionamiento de muy diversas instituciones (ayuntamientos, Congresos, Gobiernos, cortes, partidos, organismos autónomos…) al ejercicio de la ciudadanía, tanto de manera individual como grupal, hacen explícitos diferentes valores que constituyen una determinada cultura política. También está presente el propio rendimiento de las decisiones que toma el poder y que, de una manera u otra, satisfacen o no las demandas de la gente.

En la medida en que los comicios dependen, para su desarrollo, de un entramado de reglas y de personas que llevan a cabo unas tareas de supervisión y de control para que funcionen, focalizar en sendas instancias la problemática de la política es un recurso habitual. Los procesos electorales se convierten en el centro de la atención mediática, azuzados en su ejecutoria por supuestos malos desempeños por parte de actores políticos sin escrúpulos y ávidos de rentabilizar una determinada situación.

Los dos países más relevantes de América Latina en términos demográficos y económicos viven, en este sentido, una experiencia similar. El todavía presidente Jair Bolsonaro, siguiendo con su activismo denigratorio en contra del sistema electoral de Brasil sobre el que ha estado sembrando dudas en relación con su desempeño desde su elección en 2018, ha cuestionado legalmente el resultado de las elecciones de octubre pasado sin aportar prueba alguna.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sataniza al Instituto Nacional Electoral y a su presidente Lorenzo Córdova, que cuenta con la confianza del 76% de la ciudadanía y que desde 2014 ha organizado 330 elecciones sin ningún incidente, y promueve una reforma electoral exprés y sin consensuar con la oposición. Un paso más en la deriva que vive el país hacia la discrecionalidad y que lo lleva a una época pretérita en la que las elecciones eran un juguete del poder.

Ni en Brasil ni en México las elecciones son el problema. La corrupción sistémica, la desigualdad tenaz, así como, especialmente en México, las desapariciones y los asesinatos cotidianos son el apuro. Ahora bien, hoy las elecciones en Perú son la solución.


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Fracasó el golpe, Perú sigue inestable

El intento de golpe del miércoles 7 de diciembre duró dos horas. La huida de Pedro Castillo hacia la Embajada de México lo condujo a prisión. La sucesión en la Presidencia de la república se efectuó de inmediato y se respetó puntualmente lo dispuesto en la Constitución. 

Aparece, por otro lado, una nueva figura a cargo del Poder Ejecutivo —por primera vez una mujer, se ha resaltado—, pero permanece el mismo elenco en el Congreso, que en noviembre tenía solo el 18% de la aprobación ciudadana. Más allá de los detalles del triste episodio del miércoles 7, preocupa saber si el panorama político del país será distinto a partir de ahora o continuará enfangado por rencillas y maniobras, sobornos y compras de apoyos, discursos exaltados y nulas realizaciones.

Claro está, en lo ocurrido recientemente en Perú hay elementos que destacar. El primero es que la intentona golpista de Castillo se resolvió rápidamente, sin ocasionar ese día ni un muerto ni un herido. El segundo es que la respuesta de las instituciones fue inmediata, contundente y unánime en su rechazo al golpe. La presidenta de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y un largo etcétera de representantes institucionales salieron al frente. De esa manera, no solo contestaron el torpe manotazo de Castillo, sino, lo que es de la mayor importancia, angostaron al mínimo las posibilidades de respaldo a él.

Esto último acaso guarde relación con el esperado pronunciamiento de las fuerzas armadas (y policiales) —a las que algún editorial trasnochado siguió llamando “instituciones tutelares”— que tardó en conocerse bastante más que las voces institucionales civiles. Finalmente, militares y policías declararon su apego a la Constitución. El fracaso del golpe quedó sellado.

Más de un fracaso

Pedro Castillo había cometido el último de su larga cadena de errores durante sus 16 meses en el cargo. Con su caída, terminó un gobierno que se denominó de izquierda y pertenecía a su sector iliberal, más bien reaccionario, que representaba lúcidamente aquel personaje que alzó a Castillo en la candidatura presidencial, debido a que él mismo no podía ser candidato por haber sido condenado por corrupción: Vladimir Cerrón, un médico formado profesional y políticamente en Cuba, donde vivió más de una década. Con el fracaso del gobierno de Castillo, se cancelan por tiempo indefinido las posibilidades en la competencia política de las izquierdas que lo respaldaron pese a su rendimiento.

Con ese desenlace, también quedó como un recuerdo ingrato el papel desempeñado por la OEA en la crisis política de Perú. El informe preparado por la misión de la organización, que visitó el país días antes de que Castillo anunciara su autogolpe, pareció hecho a la medida de la necesidad del expresidente de conseguir en la escena internacional un respaldo que en el país era cada vez más escaso. Se sabe que en los pasillos de Washington, el secretario general Luis Almagro alentaba el voto a favor del informe, haciendo suyo el fantasmón levantado entonces por el gobierno de Castillo: la democracia en el Perú estaba amenazada por un golpe en marcha, encabezado por el fujimorismo y en el que participaban las instituciones de justicia y los medios de comunicación.

El rechazo generalizado a la maniobra gobiernista vía OEA-Almagro, con el que se recibió el informe en el Perú, precedió a la estocada final que le dio el propio Castillo —declarativamente partidario del diálogo político—, al anunciar la disolución del Congreso y la intervención en todas las instituciones de justicia. La OEA ha añadido un fracaso más a un historial escaso en éxitos, que aconsejaría un examen de conciencia acerca de las decisiones adoptadas por la institución en el caso peruano.

Un panorama incierto

Dina Boluarte es una abogada de 60 años que nació en una provincia de la sierra pobre del Perú. Fue funcionaria de una entidad pública (Reniec), encargada de la documentación ciudadana, que goza de respeto por la eficacia de su funcionamiento. Renunció a su cargo en abril de 2021 al ser elegida en la fórmula presidencial de Castillo, y se desempeñó como ministra en su gobierno durante 16 meses, hasta fines de noviembre de 2022. Poco después, el 5 de diciembre, el Congreso la exoneró de responsabilidad en una violación normativa poco transcendente, señal de que se le alistaba para sustituir al entonces presidente. El miércoles 7 se constituyó en la sexta persona en seis años que asume la Presidencia de la república.

Justamente un año antes de que Castillo intentara el autogolpe y fracasara, abriendo paso a Boluarte para que asumiera el cargo para sustituirlo, la hoy presidenta declaró públicamente, dado el primer intento parlamentario de destituir a Castillo de la Presidencia, que si él renunciaba, ella también dejaría el cargo de vicepresidenta. A fines de enero, cuando ya se habían agriado las relaciones entre Castillo y Perú Libre, el partido que los llevó a ambos como candidatos, Boluarte declaró en una entrevista que no compartía el ideario de Perú Libre. Y, en alusión a la falta de democracia interna en el partido encabezado por Vladimir Cerrón, se declaró: “De izquierda democrática, no totalitaria, ni sectaria que permite la divergencia y la crítica y donde no hay líderes infalibles ni intocables”.

¿Quién es, pues, Dina Boluarte? No es sencillo dar ahora una respuesta, así como tampoco lo fue en el caso de Castillo cuando asumió el cargo. En la ceremonia de asunción del cargo precisó, de manera poco común, que juraba desempeñarlo “hasta el 26 de julio de 2026”. Con este añadido a su juramento, descartaba una de las demandas que han sido planteadas en el país y que incluso cuenta con el dictamen favorable de una comisión del Congreso: adelantar las elecciones generales. Si bien el reclamo de Boluarte tenía plena base legal, dos días después empezó a retroceder y, debido a diferentes manifestaciones que ha habido en el interior del país, las cuales han ocasionado varios muertos y llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia en algunas provincias, la presidenta anunció este lunes 12 de diciembre en la madrugada que hacía suyo el proyecto para que el Congreso adelantara las elecciones a abril de 2024. En dos semanas, la presidenta había renunciado a dos años de mandato.

En estas arenas movedizas, la pregunta es cuánto puede durar el nuevo gobierno. “La crisis peruana no ha llegado a su fin con la sucesión presidencial”, es la frase que el viernes 9 de diciembre inicia la columna editorial de uno de los principales diarios limeños. El desafío político mayor de la presidenta Boluarte es formular un plan con objetivos claros —que no parece tener— y navegar con un Congreso en el que, igual que Castillo, no cuenta con mayoría propia y en el que el fraccionamiento produce alianzas inestables, frecuentemente alimentadas por la defensa y promoción de intereses particulares que capturan a los parlamentarios. Las manifestaciones de estos días en diferentes puntos del país tienen lugar no tanto en defensa de Castillo, sino más bien por la exigencia de que el actual elenco congresal cese y se lleve a cabo elecciones generales.

Boluarte intenta capear el temporal cambiando de posiciones según sopla el viento, luego de haber designado a su primer gabinete ministerial. Es un elenco de profesionales con experiencia en gestión pública, la mayor parte de ellos sin antecedentes políticos. Lo encabeza Pedro Angulo, un exfiscal y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, cuya ambición política se conoció cuando fue candidato al Congreso, pero no resultó elegido; en 2021 anunció su candidatura presidencial, pero no llegó a inscribirla. El nuevo primer ministro acumula 13 investigaciones en el Ministerio Público y suma tres denuncias por acoso sexual.

En tanto se define el ahora imprevisible rumbo político, los fuertes problemas del país continúan a la espera de ser atendidos. Un sistema de salud pública que dio lugar a que, como resultado de la pandemia de la COVID-19, el Perú alcanzara el mayor número de muertos en el mundo, en relación con su población. Una economía con buenos índices macroeconómicos, pero que solo provee empleos en condiciones regulares a uno de cada cuatro trabajadores. Un sistema educativo de pésima calidad, cuyos problemas se han agravado con la pandemia. Un sector agrícola que está viendo una reducción drástica de su producción, debido a la falta de fertilizantes que el gobierno de Castillo no supo resolver, situando al país en el nivel más alto de Sudamérica en cuanto a la inseguridad alimentaria, indicó la ONU en noviembre. Esto es una agenda de urgencias que no encuentra un cuadro político estable para enfrentarla.