Electoralmente Minas Gerais es un Brasil en miniatura

Luego de cada elección, sea en el país que sea, los análisis dibujan mapas del comportamiento de los votantes y demuestran cómo la sumatoria de tendencias diversas en las diferentes regiones componen el resultado final a escala nacional. Sin embargo, en muy pocos casos se observan provincias o regiones que, por la composición de su población, reflejan las tendencias políticas nacionales; estos territorios se conocen como bellwethers. Ya sea en el estado de Minas Gerais en Brasil, en el estado de Ohio en Estados Unidos o en la Comunidad Autónoma de Aragón en España, elección tras elección los resultados comiciales son un calco del resultado en el ámbito nacional.

Según los expertos Laura Tejedor y José Luis Dader, los bellwethers se pueden definir como ciudades, provincias o regiones que marcan o dirigen la tendencia nacional, aunque también pueden ser una copia casi exacta del resultado nacional. Por ello, los bellwethers también pueden ser una herramienta para predecir al ganador de una elección nacional.

Partiendo de lo que afirman, por su parte, los expertos Edward Tufte y Richard Sun en su libro Are there Bellwether Electoral Districts?, los bellwethers se dividen en dos categorías principales. Por un lado, los distritos barométricos predicen la proporción del voto nacional que recibirá el ganador, y por el otro, los distritos swingométricos detectan los cambios u oscilaciones en la proporción de votos de una elección a otra. Estos dos métodos permiten medir las desviaciones en las regiones sobre la media nacional y, por supuesto, el número de veces que las regiones aciertan a posteriori en el voto al ganador de los comicios.

Brasil y Minas Gerais

Las recientes elecciones a la presidencia de Brasil reafirmaron que Minas Gerais es un estado bellwether de bastante confianza. En un análisis previo observamos que, desde 1989 hasta 2022, el único estado federal de Brasil que se adaptaba a las definiciones era Minas Gerais. Ha sido la única entidad, junto a Amazonas, que no ha fallado en ninguno de los ciclos electorales a la presidencia de ese país y sus indicadores son casi exactos a los de la media nacional de voto.

Durante la primera vuelta, el análisis barométrico reflejó que el voto recibido por Luiz Inácio Lula da Silva en Minas Gerais estuvo apenas 0,14% por debajo de la media nacional. Además, su desviación media desde 1989 es de 3,53 puntos porcentuales. En cuanto al análisis swingométrico, las diferencias de voto de unas elecciones a otras en esa entidad oscilan entre los 3,16% y los 0,80%.

Este análisis nos permitió hacer estimaciones para la segunda vuelta. Auguramos que el resultado sería muy reñido y, finalmente, fue de un 50,90% del voto para Lula y 49,10% para Jair Bolsonaro. La segunda vuelta se ciñó a nuestro análisis anterior según lo observado en Minas Gerais. El porcentaje de voto ahí se quedó a 0,70 puntos del resultado nacional y su variación entre la primera y la segunda ronda se quedó en 0,56 puntos.

España y Aragón

En España es conocido que lo que ocurre en Aragón se refleja a escala nacional. Nuestro análisis desde 1977 hasta 2019 demuestra que esta comunidad autónoma es la única que siempre ha votado al ganador de las elecciones generales. Además, si analizamos las provincias que la componen, vemos que en las elecciones generales, Huesca y Zaragoza han votado siempre al ganador electoral. Mientras tanto, el análisis barométrico indica que Zaragoza es la provincia que mejor plasma el porcentaje de voto al ganador de las elecciones generales.

Otro tipo de análisis interesante lo encontramos en las elecciones autonómicas como predictoras de lo que ocurrirá en el país. Aragón vuelve a ser clave. A pesar de que las elecciones generales y autonómicas no han coincidido en los mismos años hasta 2011, podemos ver lo que ocurre un año antes en Aragón para entender los cambios en el ámbito nacional.

Nuestro análisis establece que las elecciones autonómicas ahí son un buen indicador swingométrico, ya que desde 2011, los comicios han recogido las mismas variaciones de voto que se darían en las elecciones generales meses más tarde. Y el análisis barométrico nos ha permitido ver que el porcentaje de voto que obtiene el partido más votado en esa entidad es prácticamente idéntico al porcentaje de voto que obtiene el ganador de las elecciones generales a escala nacional.

Bellwethers como predictores, una explicación

Autores como Edwards Tufte han explicado en sus investigaciones por qué los bellwethers pueden llegar a calcar los resultados a escala nacional. Una de las posibilidades más reconocidas es la existencia de una población muy representativa del panorama nacional. De esta forma, podríamos explicar a qué se debe el hecho de que la composición de su población evidencie las tendencias políticas nacionales a escala regional.

El estudio sociológico de la población por estratos puede determinar las similitudes entre las poblaciones de estas regiones y la población general del país según parámetros como la proporción entre hombres y mujeres o la composición de la población por edad. A estas similitudes se suman otras como la situación socioeconómica y las preferencias políticas, las cuales propician los aciertos comiciales elección tras elección, ya sea en Ohio, Aragón o Minas Gerais.

Brasil: de líder de acogida de refugiados a una de las listas de espera más largas del mundo

Coautora Melissa Martins Casagrande

Con el desplazamiento de personas en todo el mundo, Brasil ha sido el destino de un gran número de solicitantes de refugio en los últimos años. El aumento del número de solicitudes, sin embargo, no se ha traducido en más tramitaciones, lo que ha provocado el crecimiento de la lista de espera. Hace unos años, esta lista superaba las 100.000 personas, un hecho preocupante ya que repercute directamente en la protección de estas personas.

Aunque la legislación brasileña garantiza ciertos derechos iniciales, los demás sólo son accesibles tras el reconocimiento de la condición de refugiado. El retraso en la lista de espera es inaceptable, sobre todo cuando el problema no es la ley o el instituto de protección en sí, sino la falta de estructura para tramitar las solicitudes. Este año, la Ley de Refugiados cumple 25 años, por ello Brasil debe reevaluarla.

Refugio en números

El informe más importante sobre el tema en Brasil es el elaborado por el Observatorio Internacional de las Migraciones (OBMigra), llamado Refugio en números. La primera versión del informe se publicó en 2016, con datos de 2015, un momento en el que Brasil estaba experimentando cambios en la realidad del refugio, como el aumento del número de solicitudes, lo cual empezaba a tensar el sistema. En julio de 2015, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare), expresó la necesidad de reducir el pasivo en su acta de la 103ª reunión.

Desde entonces, la situación ha empeorado y no parece recomponerse, principalmente porque se ha producido un aumento del número de refugiados y solicitantes en todo el mundo, además de la persistencia de los factores que generan el refugio en todo el planeta. Brasil ocupa el tercer lugar entre los países de América con mayor número de solicitudes en espera de ser analizadas, sólo por detrás de Estados Unidos y Perú.

La lista de espera, sin embargo, se redujo en los últimos años debido al reconocimiento de la grave y generalizada violación de los derechos humanos en Venezuela, lo que permitió simplificar el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado para estas personas. Esto hizo que la toma de decisiones se hiciera en grandes bloques, que fueron expresivos desde finales de 2019, hasta el punto de que Brasil declaró a más de 51.000 venezolanos como refugiados. Sin embargo, incluso con esta iniciativa, más de 90.000 venezolanos siguen esperando respuesta, casi el doble de las reconocidas.

Otra acción que impactó la lista de espera fueron las diversas ordenanzas que cerraron las fronteras en los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia del Covid-19, ya que esta impidió la entrada regular de refugiados y otros migrantes a Brasil. Esto imposibilitó la regularización de ambos grupos y estancó el número de solicitantes mientras estuvieron vigentes.

Las ordenanzas implicaban que, aunque la persona consiguiera entrar en territorio brasileño, no podían solicitar refugio. El resultado de estas medidas fue el surgimiento de una cuestión hasta ahora poco presente en la realidad brasileña: el importante aumento de los migrantes y refugiados irregulares, traducido en un crecimiento de más del 5.000% en las deportaciones en 2020. Esto representa un enorme riesgo al obligar a la persona a regresar al lugar donde su vida y seguridad están amenazadas.

Además, el 20 de noviembre de 2020, Conare rechazó 17 solicitudes de refugio sin entrevistas, con la justificación de que las solicitudes eran infundadas. Esta decisión va en contra de las disposiciones de la Ley 9.474/97, la Ley de Refugiados, y la Resolución Normativa emitida por el propio Conare. La alegación es que las solicitudes abusivas ponen en dificultades el propio mantenimiento del sistema de análisis. Sin embargo, este tipo de decisiones suponen una merma de derechos, debilitando el propio derecho al refugio.

Las solicitudes abusivas han sido objeto de debate durante mucho tiempo. En 1983, la Recomendación nº 30 del Comité Ejecutivo del ACNUR ya analizaba la cuestión, señalando la preocupación por las posibles consecuencias para una persona que efectivamente necesita protección y que no puede realizar una solicitud. lo que justificaría el mantenimiento de medidas como el derecho a una entrevista personal en todos los casos.

Esto no quiere decir que no haya solicitudes abusivas o infundadas, pero desconocer los casos sin pasar por todas las etapas establecidas por la ley afrenta el debido proceso legal. Dado que el objetivo es la protección, es más apropiado garantizar que la persona sea escuchada ya que puede ser una oportunidad única para compartir información.

La mejor manera de resolver estas situaciones no es la restricción, sino la ampliación, que en el caso brasileño debería darse en el ámbito del propio CONARE. Se ha observado que, aunque el número de personas vinculadas a la agencia ha aumentado en los últimos años, ésta se ha mostrado insuficiente para atender la creciente demanda.

Cuando se observa el ritmo al que se analizan las solicitudes, uno se da cuenta de que será difícil disminuir la lista de espera, lo que perjudica a los solicitantes, a la propia agencia y dificulta la planificación de mejorías. Este contexto abre un espacio para respuestas como el rechazo sin entrevista, que están en desacuerdo con la ley y con el espíritu protector de toda la lógica de los refugiados.

*Este artículo es resultado de un estudio solicitado por Conectas Derechos Humanos, realizado por los autores desde agosto de 2021 hasta junio de 2022.

Abogada. Doctora en Derecho por la Universidad McGill, Canadá. Tiene un posdoctorado en el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y una maestría en Derecho en la misma institución.


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Los desafíos de la política paraguaya con respecto a las elecciones de 2023

El próximo 18 de diciembre se realizan en Paraguay las elecciones internas simultáneas de las agrupaciones políticas que disputarán las elecciones generales en abril del 2023. Estos comicios se llevan a cabo en medio de un complejo escenario de reformas sustanciales al sistema electoral, la reciente elección de dos nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el aumento de la influencia del crimen organizado en el financiamiento de la política.

Debido a los altos niveles de afiliación partidaria concentrada (más del 70% del padrón electoral) en los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal Radical Auténtico, los índices de competitividad y movilización electoral en las internas de estos son elevados. Por ello, los resultados, en muchos casos, son un adelanto de lo que ocurrirá en las elecciones generales.

Desafíos al proceso electoral

En junio pasado, el Senado de la nación eligió como nuevos ministros del TSJE a los doctores Jorge Bogarín González y César Rossel, el primero, independiente; el segundo, perteneciente a los registros del Partido Liberal Radical Auténtico. Estos ministros se integraron al Tribunal acompañando al doctor Jaime Bestard, del Partido Colorado, en la conducción del órgano comicial. En medio de este proceso de reorganización institucional de dicho órgano se harán las internas.

La figura de la Concertación, el desbloqueo de listas cerradas y el uso de máquinas electrónicas de votación, aprobadas estas dos últimas medidas por la ley N.° 6318/19, hacen de esta cita electoral de diciembre próximo un evento histórico. Si bien el desbloqueo y las máquinas de votación ya fueron implementadas en las pasadas elecciones municipales, serán utilizadas por primera vez en unas internas simultáneas para elecciones generales. Por otro lado, los partidos y movimientos políticos de oposición se alían en torno a la figura de la concertación, habiendo sido históricamente usada la alianza como plataforma electoral, lo cual implica menos requerimientos formales para los partidos que la integran.

Actores centrales en competencia

La Concertación Nacional «Para un Nuevo Paraguay» está conformada por 23 partidos y 2 movimientos políticos de oposición. La presidencia de la agrupación política está a cargo de Esperanza Martínez, del Frente Guasú, quien fue ministra de Salud en el gobierno de Fernando Lugo y actualmente es senadora nacional. La tendencia ideológica de la Concertación es heterogénea y abarca la mayor parte del espectro del eje izquierda-derecha.

En cuanto a las candidaturas para el Congreso (senadores y diputados), cada partido presenta sus listas para competir entre sí y emplean exclusivamente sus padrones partidarios. A escala regional, algunos partidos y movimientos recurrieron a la figura de la alianza y acordaron integrar sus listas finales con candidatos de distintos partidos. Este complejo entramado genera confusión en sectores del electorado que manifiestan desconocimiento sobre cómo deberán votar ese día.

De cara a las elecciones, el Partido Colorado se mantiene como actor protagónico de la política nacional. Su membresía partidaria es de más de dos millones y medio de personas afiliadas y habilitadas para votar en las internas del 18 de diciembre, lo que supone casi la mitad del padrón. Son 73.000 precandidaturas a cargos electivos y partidarios que estarán en disputa.  

Para la Presidencia y vicepresidencia de la república, hay dos precandidaturas que disputan con chances reales: el movimiento Fuerza Republicana, afín al presidente Mario Abdo Benítez, que postula a Arnoldo Wiens para el cargo de presidente, y el movimiento del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), Honor Colorado, que postula a Santiago Peña, actual presidente del partido y diputado nacional.

Este partido escogerá, además, a sus autoridades internas en la misma elección. Así, la presidencia de la organización política la disputará el expresidente Cartes contra Abdo Benítez.

Incidentes del contexto prelectoral

Más allá de los cambios que complejizan la elección, el contexto político nacional se vio convulsionado entre julio y agosto por el señalamiento por parte del Gobierno de Estados Unidos al expresidente Cartes como «significativamente corrupto», debido a un presunto lavado de activos y a una conexión con organizaciones terroristas. Posteriormente, también fue señalado el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, por presunto soborno para obstruir una investigación sobre lavado de activos.

El impacto inmediato fue la renuncia de Velázquez a la precandidatura presidencial que llevaba adelante hasta ese momento y contaba con el apoyo del oficialismo. Esto último desestructuró el proyecto político y obligó al entorno del presidente Abdo a reemplazar la candidatura en medio del ya avanzado proceso comicial.

Por otro lado, en septiembre un incendio en uno de los depósitos del local del TSJE destruyó nada menos que unas 7.500 máquinas de votación y equipos tecnológicos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El hecho ocurrió a 45 días de las elecciones internas partidarias.

Desafíos y oportunidades

Las internas serán realizadas en un entorno desafiante para los partidos políticos y el TSJE. La implementación del desbloqueo ha acelerado notoriamente el aumento de costos de las campañas y es una oportunidad para el financiamiento ilegal de la política, lo que desafía, a su vez, a los organismos públicos de control.

La destrucción de máquinas de votación que son irremplazables obliga a una reestructuración de locales y mesas de votación, al igual que recarga el número de electores por mesas y amplía el horario de votación hasta las 19 horas (7:00 p. m.).

A esto debe sumarse la propia complejidad de la irrupción de la Concertación como figura electoral y el uso del padrón nacional para las candidaturas al Ejecutivo y de padrones partidarios para candidaturas a órganos plurinominales en las internas de la Concertación.


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La relación entre América Latina y la UE en tiempos de confrontación

Es difícil escapar a la sensación de que el mapa mundial se está redibujando a la luz de la confrontación entre Estados Unidos y China. A medida que Pekín se posiciona como una potencia económica, un gigante tecnológico y una fuerza militar, nadie quiere verse abocado a tomar partido entre las dos potencias en una lógica binaria. Por ello, la Unión Europea (UE) está repensando sus vínculos internacionales y ha salido en búsqueda de sus aliados mientras que América Latina esperaría de su socio europeo un tercer polo donde apoyarse. En el Viejo Continente se afianza la idea de la “autonomía estratégica”, mientras que al otro lado del Atlántico emergen las voces de consenso sobre el “no alineamiento activo”.

La idea de que los Estados busquen ejercer una política exterior independiente, en línea con sus propios intereses soberanos, tiene una larga tradición en el pensamiento latinoamericano de relaciones internacionales. En Europa, la noción de autonomía se articula como respuesta a su pérdida de peso en la redistribución de poder mundial; ante la presión que ejerce el desembarco chino en el continente y el repliegue nacionalista de Estados Unidos, su principal aliado, especialmente tras la llegada de Donald Trump al poder.

Ampliar el margen de maniobra internacional no es tarea sencilla porque cada Estado debe repensar los términos en los que pretende encajar en el nuevo tablero geopolítico internacional, cada vez más interconectado en áreas delicadas. En el caso de la UE, esta depende militarmente de Washington, de los insumos tecnológicos de China y de la energía de Rusia. En este contexto, las alianzas tradicionales son esenciales, pero la lealtad y el apoyo de los viejos amigos se han ido debilitando, y las relaciones ya no se pueden dar por sentadas.

En el caso de la relación birregional entre la UE y América Latina, esta se dio por descontada durante más de una década, y el estancamiento y la paralización de los encuentros birregionales marcaron el ritmo de las relaciones. A la vez que Europa estaba preocupada por sus asuntos internos, China multiplicó su comercio en la región por diez entre 2008 y 2018, y se convirtió en el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Con esto desplazó el papel de la UE y superó a Estados Unidos.

Al tiempo que la UE perdía influencia, Latinoamérica continuaba con su constante búsqueda de alternativas funcionales para impulsar su desarrollo, y acogió abiertamente alianzas alternativas con actores extrahemisféricos como China o Rusia. Ahora, 21 de los 33 países de la región se han unido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China.

El país asiático llegó para quedarse; también en Europa. Se ha convertido en el principal origen de las importaciones del bloque europeo. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en el año 2000 estas representaban un 6%, al tiempo que en el 2020 aumentaron a un 22%. Estados Unidos, por su parte, representaba el 16% en el 2000, pero en el 2020 bajó a un 12% y las cadenas de valor están cada vez más interconectadas.

Sin embargo, la UE tampoco tiene una posición cohesionada en su relación frente a Pekín. Por una parte, países como Francia y Alemania (sumamente dependientes de China) apuestan por un giro más asertivo en la política de la UE hacia el gigante asiático. Su preocupación principal es la pérdida de competitividad de sus empresas frente a gestores estratégicos de alto valor agregado.

Alemania acaba de permitir la compra del 25% del puerto de Hamburgo a China, pero sin ceder en decisiones estratégicas y de gestión. Por otra parte, los países del sur y del este de Europa se han mostrado más receptivos a estrechar vínculos con el país asiático. Italia es el primer país del G7 que firmó el acuerdo sobre la BRI, por lo que se sumó a otros países de la Unión que ya lo habían hecho, entre ellos, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia y Portugal.

La idea de considerar a China como “socio estratégico” fue tildada de “ingenuidad europea” por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y paulatinamente los calificativos se han vuelto más ofensivos, pues se ha dicho que Pekín es un “competidor económico en busca de liderazgo tecnológico” y un “rival sistémico que promueve modelos alternativos de gobernanza”. Sin embargo, la interdependencia de los países europeos con China sigue siendo fuerte y su gestión es clave para no caer en situaciones políticamente conflictivas. Para ello, uno de los objetivos de la UE es fortalecer el multilateralismo. Pero esta área también está debilitada.

En el ámbito multilateral, el último test de alineamientos políticos (ante la conmoción mundial, debido a la invasión de Rusia a Ucrania) reveló que decenas de países se han rehusado a tomar una posición clara sobre la base de las reglas del derecho internacional.

En América Latina no ha habido unanimidad en ninguno de los pronunciamientos, y países con gran liderazgo como Brasil y México se abstuvieron en las votaciones de la Asamblea General para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Tampoco todos han acogido las sanciones impuestas a Rusia. Esta no es la respuesta que se esperaba de una región que tradicionalmente ha apoyado las reglas del derecho internacional y el multilateralismo como fundamentos centrales de su política exterior.

El no alineamiento activo puede ser un camino para repensar el papel de la región latinoamericana en el mundo y sacarla de la marginalidad. Sin embargo, ninguna doctrina de política exterior será efectiva mientras no se definan estratégicamente los derroteros que se quiere perseguir como región en un mundo cada vez más interconectado. Revalorizar la relación entre América Latina y la UE se vuelve un imperativo indispensable si Europa quiere recuperar liderazgo internacional como un socio de valores, y Latinoamérica, no acentuar su situación periférica ni tomar partido entre posiciones antagónicas.


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Cuba y Canadá: sol y playa en medio de una brutal dictadura caribeña

Cuba, el país del hemisferio occidental con la dictadura más larga, es para la mayoría de los canadienses un paraíso caribeño de sol y playas. Antes de la pandemia, más de un millón de turistas canadienses visitaron la isla en 2019. La realidad es muy diferente para la gran mayoría de cubanos. Son víctimas de violaciones de sus derechos humanos, viven en pobreza y, cuando salen a protestar pidiendo libertad, son duramente reprimidos. Según Amnistía Internacional, las autoridades cubanas han arrestado a cientos de personas durante las protestas de julio de 2021. La dictadura sigue sometiendo a periodistas independientes y activistas por los derechos humanos a arresto domiciliario y sigue persiguiendo a disidentes por expresar sus críticas al gobierno.

El régimen cubano ha jugado y todavía juega un papel disruptivo en la geopolítica de las Américas desde que Fidel Castro tomara el poder a finales de 1958. Primero, en el contexto de la Guerra Fría como aliado de los soviéticos para expandir la revolución en Latinoamérica, como lo mostraron las trágicas intervenciones en la guerrilla venezolana en los años 60, el fracaso del Che Guevara en Bolivia y la influencia sobre el socialista Salvador Allende en Chile.

Segundo, más recientemente en el apoyo que el gobierno cubano ha dado a los regímenes autoritarios en Venezuela y Nicaragua. Un reporte reciente de la Misión Independiente de las Naciones Unidas para comprobar las violaciones de derechos humanos por parte de gobierno de Nicolás Maduro, determinó que agentes del estado cubano instruyeron, ofrecieron consultoría e incluso participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, actividades que incluyeron la persecución, arresto y tortura de opositores civiles y militares por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La Misión de la ONU indicó en el mismo reporte que existen evidencias de crímenes y violaciones que podrían ser catalogados de crímenes contra la humanidad, lo que incluye graves acciones de tortura cometidos por personas de varios estratos jerárquicos en la misma DGCIM y la “policía política” conocida como SEBIN.

En tercer lugar, el régimen cubano es un aliado cercano de Irán, Rusia y China en el hemisferio, repitiendo por diversas plataformas la propaganda y desinformación de estos gobiernos autoritarios en las Américas a través de su canal de televisión Cubavisión Internacional, su agencia de noticias Prensa Latina y una red de periodistas, académicos y comentaristas adoctrinados y ciegos ante las evidencias de abusos y mentiras de los comunistas caribeños. El analista político Armando Chaguaceda ha calificado esta desproporcionada influencia de la dictadura cubana en el mundo como resultado de la complicidad de una “hegemonía progresista”.

Ambigüedad canadiense   

Los gobiernos canadienses (tanto liberales como conservadores) han mantenido una política que se puede calificar de ambigua, y en muchas ocasiones de contradictoria, con respecto al régimen cubano. Motivados por hacer las cosas de forma diferente a los Estados Unidos, Canadá ha mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, promoviendo el turismo y los negocios, con algunas declaraciones por aquí y por allá denunciado las violaciones de derechos humanos en la isla. 

Podría preguntarse al gobierno canadienses: ¿cómo un país que se dice defensor de los derechos humanos y las libertades en el mundo hace tan poco o nada para ayudar a los cubanos a lograr una transición a la democracia? La pregunta adquiere particular importancia cuando los propios cubanos salieron a manifestar en varias ciudades de Cuba bajo el lema «Patria y Vida” y han sufrido persecuciones y abusos por pedir libertad y democracia.

La abogado canadiense y miembro del Macdonald-Laurier Institute (MLI) Sarah Teich, introdujo hace poco una petición en Global Affairs Canada (el ministerio de relaciones exteriores canadiense) en nombre de las organizaciones pro-democracia Democratic Spaces y Cuba Decide, en la que solicita que se apliquen sanciones a funcionarios cubanos implicados en las recientes violaciones de derechos humanos. Estas medidas puntuales, muy distintas al embargo comercial de los Estados Unidos, servirá para congelar activos y cuentas de funcionarios que hayan cometido abusos contra los derechos de los cubanos, y estos recursos podrían servir para compensar a las víctimas.    

En una reciente visita a Ottawa, la capital canadiense, Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide e hija del activista pro democracia Oswaldo Payá, aparentemente asesinado por el régimen de Castro en opacas circunstancias en 2012, expresó su esperanza de que el gobierno de Canadá cambie su posición con respecto a la dictadura cubana. En un panel celebrado en el MLI, un exconsejero de seguridad del gobierno canadiense le planteó a Payá que sería mejor cambiar de “gancho” y hablar de reformas dentro del mismo régimen cubano y no de “cambio de régimen”. La joven activista cubana respondió: “¿Por qué los cubanos debemos tener menos derecho a elegir libremente nuestro gobierno en comicios multipartidistas y con garantías democráticas que los canadienses? Somos también humanos y tenemos los mismos derechos que todos los seres humanos”.

El año pasado, en medio de las protestas en Cuba, un grupo de cubano-canadienses introdujeron una petición en el parlamento de Canadá solicitándole que hiciera un llamado al régimen cubano para la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas y encarceladas solo por ejercer su derecho a la libre expresión y la reunión pacífica. La respuesta de la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, además de repetir las declaraciones del gobierno de Trudeau sobre los abusos cometidos por el gobierno cubano, enfatizó la narrativa castrista: “Canadá también comprende que el embargo de los EE.UU. tiene impacto negativo en las condiciones de vida del pueblo cubano y en los canadienses que hacen legítimo comercio e inversiones en Cuba… Más aun, Canadá ha votado consistentemente a favor de la resolución anual de Cuba en la Asamblea General de la ONU llamando por el fin del embargo de los EE. UU”. 

Esta es una declaración vergonzosa de un gobierno democrático que dice respetar las libertades y los derechos de las personas. Cuba merece algo mejor del gobierno de Canadá.


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En Brasil las víctimas son negras, pero el crimen nunca es por raza

El racismo es un organizador silencioso de las relaciones sociales, y su impacto es como un espectro: si por un lado todo el mundo afirma que existe, por otro, pocos confirman haberlo visto. Fácil de reconocer en la agresión verbal, pero poco reconocido como catalizador de diferentes conflictos sociales, tal como la violencia letal contra los negros. En Brasil, el racismo se mantiene a través de un sofisticado mecanismo de «desracialización» de la realidad, de tal manera que, utilizando la ironía, aunque las víctimas sean frecuentemente negras, el crimen nunca es por raza.

A finales de 2022, los análisis aludirán a los innumerables casos de violencia letal contra la población negra. El mes de enero comenzó con Moïse Kabagambe, un refugiado congoleño que fue golpeado hasta la muerte en un quiosco de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, después de haber cobrado 200 reales por dietas de trabajo. La conmoción generalizada se debió tanto a la contundencia de las agresiones como al lugar donde ocurrieron: en el paseo marítimo de uno de los barrios más caros de la ciudad.

Como reacción, se convocó una gran manifestación. Un domingo, en la playa, bajo el sol. Mientras que, en la arena, los bañistas disfrutaban del verano, en el asfalto, representantes de diferentes segmentos sociales y religiosos afirmaban: «Fue un crimen cometido por el racismo». En una declaración, en la comisaría de policía, los que lo mataron afirmaron que no fue así.

En febrero, dos casos más: un hombre fue asesinado a tiros por su vecino al ser confundido con un ladrón en São Gonçalo, y un vendedor de caramelos fue asesinado mientras trabajaba en la estación de barcos, en Niterói, por un policía militar fuera de servicio, quien luego fue acusado de homicidio.

En marzo, tres jóvenes estaban bebiendo en un bar de Gamboa, Salvador, cuando murieron durante una acción policial. Otro joven, de 17 años, fue asesinado en abril cuando salía de un acto benéfico para niños en la comunidad de Dourado, en Cordovil, Río de Janeiro, y su cuerpo fue arrojado a una zanja.

En mayo, tras ser abordado por la Policía Federal de Carreteras de Sergipe mientras conducía una moto, un hombre fue introducido en un furgón policial y, después de haber inhalado gas, murió a consecuencia de una «insuficiencia aguda secundaria por asfixia», según un informe publicado.

En común: todos negros. Cada mes hay nuevos casos en las noticias y muchos no generan la misma conmoción pública, pero se suman a las estadísticas oficiales de muertes violentas en el país.

Un ciclo que se repite

No hay nada nuevo, 2022 reproduce años anteriores en los que hubo agresiones en supermercados y centros comerciales de grandes centros urbanos y suburbios. Los escenarios cambian, la letalidad contra los negros permanece. Y, como cada año, se organizan manifestaciones, sin que las cifras de violencia se reduzcan. Así, las muertes se suceden una tras otra, causando conmoción, ocupando espacio en los medios de comunicación, generando a veces manifestaciones, reportajes de investigación, y se olvidan pronto.

En diciembre de 2022 pocos conocerán los nombres de las víctimas de principios de año, y en enero de 2023 se reajustarán los indicadores anuales.

Golpes, asesinatos por error, supuesta implicación con el crimen, lugar equivocado en el momento equivocado, acercamiento excesivo, diferentes razones que, a primera vista, contradicen la idea de que el racismo sería la razón de las muertes de personas indistintamente negras. Al fin y al cabo, cualquier persona, independientemente de su raza, podría estar en la misma situación.

Sería una casualidad si en Brasil las posibilidades de que un negro sufra violencia letal no fueran 2,6 veces mayores que las de los blancos, o que los negros no fueran el 76,2% de las víctimas, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2022. A su vez, si contamos solo a los jóvenes de entre 15 y 19 años, este porcentaje se eleva al 80%.

Las mujeres negras son igualmente vulnerables, con una tasa de homicidios de 4,1 con relación a la de 2,5 de las mujeres no negras, lo que hace que sus posibilidades de muerte violenta sean 1,7 veces mayores.

Se intenta justificar estos datos basándose en hechos innegables, como la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones negras periféricas, la exposición a la delincuencia y a la inseguridad social. La focalización en la realidad social pulveriza la lectura sobre las causas, resaltando el epifenómeno y ocultando el elemento motor: el racismo, que, en los casos de violencia letal, siempre se pone en cuestión.

Esto se debe a dos factores: el primero reside en un ideal de nación, todavía a principios del siglo XX, cuando entre la imposibilidad de blanquear a la población y el pesimismo de la aceptación de las teorías de la degeneración, Brasil optó por un elogio del mestizaje como constitutivo de su identidad. Así, el ideal de morenidad y las narrativas de la democracia racial estaban impregnadas de la creencia en la inexistencia de la raza. En realidad, por un silenciamiento de la existencia de la raza.

Otro factor fue el necesario giro histórico que se dio en el estudio de las relaciones raciales. Frente a los análisis que se hicieron a lo largo de los años cincuenta que explicaban la condición de los negros bajo la justificación del prejuicio del color, en los años setenta se estableció un conjunto de estudios que ponían de manifiesto las desigualdades raciales. 

Si bien el prejuicio se asoció a prácticas individuales y subjetivas, ubicar la asimetría entre negros y blancos en un sistema social de construcción y reproducción de la desigualdad, verificable a través del análisis de datos (escolaridad, empleabilidad, vivienda, entre otros), permitió no solo la comprensión de las estructuras de producción de la desigualdad racial, sino, sobre todo, la exigencia de políticas de reparación.

Sin embargo, el racismo, como sistema de producción de relaciones de poder y subalternización, no está constituido únicamente por dimensiones objetivas. Con las recientes menciones al racismo estructural, volvemos a observar sus efectos difusos.

El racismo prescinde de la objetivación: no se mata objetivamente a las personas por ser negras, las personas son asesinables por serlo. El racismo no necesita racionalización: se sustenta en las representaciones de que los negros son peligrosos, agresivos, violentos, sospechosos, culpables, desechables.

El racismo se fortalece en su invisibilidad, incluso más que en su visibilidad.

Desarmar su bomba es un ejercicio complejo que exige mirar al abismo y permitirle que nos mire. Reconocer la raza como elemento organizador de la realidad es reconocer el racismo en los fundamentos de las desigualdades, pero sobre todo como estructurador de nuestro sistema de representaciones sociales. Nombrar hace posible la confrontación.

Y, para el caso de la violencia letal contra las personas negras, victimizadas en acercamientos equivocados, en enfrentamientos y en engaños, o contra los jóvenes que mueren como resultado de un genocidio racializado, o incluso contra las personas que sucumben en masacres realizadas en favelas y periferias, es fundamental reconocer que no es acercamiento, no es criminalidad, no es pobreza, no es confusión: es racismo.

Mientras se concluye este texto, probablemente una persona negra más será asesinada, sin que el motivo sea el racismo.

Guacamaya, hacktivistas del sur global 

El grupo hacktivista Guacamaya ha vulnerado los sistemas de información policiales y militares de Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú, así como los de empresas minero-energéticas presentes en varios países de la región en el 2022. Por el momento, han revelado información gubernamental y privada de interés público sobre las violaciones de derechos humanos contra civiles, activistas, periodistas, asuntos de seguridad nacional y crímenes medioambientales. Estos ataques cibernéticos son aún más llamativos, debido a que los llevan a cabo los que podrían ser los primeros hackers latinoamericanos con un manifiesto anticolonialista, que busca la liberación de los pueblos mediante el combate del “imperialismo” desde la red.

El comportamiento de Guacamaya puede ser catalogado de diferentes maneras, tales como ciberterrorismo, guerrilla de comunicación o culture of jamming, filtradores o slacktivismo. Sin embargo, el más acertado es hacktivismo, el cual consiste en un conjunto de acciones intencionales y coordinadas en la red que pueden ser legales o ilegales para lograr un objetivo político, como atacar o subvertir alguna estructura de poder existente. 

Pero no todos los comportamientos hacktivistas han sido iguales históricamente; existe una primera oleada en la década de los noventa, y una segunda con la aparición de Anonymous. Respecto a la primera oleada, estos ataques cibernéticos luchaban principalmente por la libertad de expresión y la del internet, y lo hacían por medio de dos tácticas: la desfiguración (defacement), que consistía en atacar un sitio web modificando su apariencia estética, casi como un graffiti virtual. Mientras tanto, la “sentada virtual” (net strike o virtual sit-in) era una acción coordinada para ralentizar el servicio de una página web hasta saturarla.   

Guacamaya forma parte de la segunda oleada, pues sus objetivos y tácticas son equiparables a las de Anonymous, quienes, además de inclinarse hacia la libertad de expresión, les preocupan los sistemas de vigilancia impuestos por las instituciones privadas y gubernamentales a los ciudadanos a costa de su seguridad. Una de sus tácticas más populares es el doxxing o doxing, es decir, la revelación pública de información en internet sobre una persona u organización.    

¿Poetas de la resistencia y la programación? 

Este grupo de hackers presuntamente latinoamericano se muestra en internet con un discurso poético anticolonialista. Este busca reivindicar la libertad de todas las comunidades de Abya Yala (denominación empleada por los pueblos kunas de Panamá y Colombia para referirse al continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón) del extractivismo del norte global. Su aparición en internet ha sido contundente, puesto que, además de sus filtraciones, también han desarrollado un concepto estético con cuatro contenidos web: un sitio, un video, un comunicado y un poema. 

El primer contenido es la página web, la cual es similar a una wiki y ofrece varios servicios como información general sobre el grupo, recopila históricamente algunas de sus acciones en internet, contiene herramientas de aprendizaje para interesados en ser futuros hackers, posee un enlace para comunicarse con ellos y algunas aclaraciones; la más llamativa de ellas es la cuenta de Twitter @guacamayahacks, que es falsa y no los representa. El segundo contenido es un video de corta duración ambientado con canciones tradicionales y de rap que tienen voces femeninas y letras que aluden a la resistencia y al respeto por la madre tierra. Estas están acompañadas de tres imágenes que representan los ideales y acciones de este grupo, y a las que se sobrepone el código que han empleado en sus ataques cibernéticos. 

El tercer y cuarto contenido son el comunicado y el poema en el que manifiestan de forma escrita y sintética su propósito: luchar contra las formas heredadas e impuestas del colonialismo e imperialismo norteamericano y europeo en la región, a saber: el extractivismo del norte global, junto a las actuales fuerzas racistas policiales y militares del Estado-nación. Para ello reivindican el conocimiento y los saberes tradicionales de los pueblos originarios, para lo que recurren al lenguaje del cuidado y el respeto por la matria común: Abya Yala y la temporalidad en espiral.       

El troyano anticolonial 

A pesar de la aparente coherencia entre sus acciones y su discurso anticolonialista, algunos periodistas son cautelosos frente a Guacamaya, debido a que lo consideran un troyano a favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región. Sus filtraciones se han localizado en países como Venezuela, Ecuador y Colombia, que, ciertamente, se han distanciado del gigante. Al atacar empresas minero-energéticas como Solway, Enami y Masarov Energy, presentes en estos países, las cuales tienen nexos económicos con China, Rusia e Irán, no perjudican el “imperialismo norteamericano”, sino todo lo contrario: lo favorecen. 

Si esto se llegara a comprobar, Guacamaya sería parte de una operación de influencia estatal gestada desde el mismo “imperio” y amparada estratégicamente en un discurso “anticolonialista” con el objetivo de desalentar el creciente apoyo que han logrado China, Rusia e Irán en las audiencias latinoamericanas. Lo cierto es que esta conjetura podría catalogarse fácilmente como una “narrativa conspirativa” y, mientras no se cuente con suficiente evidencia, no dejará de ser más que eso. Sin embargo, este señalamiento nos recuerda ciertamente el fenómeno de WikiLeaks, que en su momento fue considerado un símbolo de la libertad de información, y luego pasó a ser acusado como recurso del Gobierno ruso para desestabilizar la legitimidad del Gobierno de los Estados Unidos.

 #GuacamayaLeaks

La presunta existencia de estos hacktivistas del sur global latinoamericano es todo un hito no solo por su origen y objetivos anticoloniales, sino también eventualmente por el alcance de sus filtraciones, las cuales harían tambalear a más de una institución estatal y privada. Además, sus acciones señalan, por un lado, que en la región hay programadores capacitados y con gran experiencia en el campo de la tecnología, desdibujando, así, lugares comunes como la mano de obra poco calificada, con el que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intentó tildar este ataque cibernético. Por otro lado, pone en alerta a los Estados vulnerados y su ciberseguridad, pues esta fue eludida, y sus protocolos de manejo de crisis cibernética son débiles, por no decir  inexistentes, como lo muestran el índex en ciberseguridad 2022 y las reacciones gubernamentales.

Crisis carcelaria y narco violencia en Ecuador

El 13 de noviembre de 2022 cinco voceros de organizaciones criminales anunciaron desde diferentes cárceles un acuerdo de paz en respuesta a la extrema violencia narco que sufre Ecuador. Lo hicieron a través de videos grabados en un formato comunicacional que imita los pronunciamientos presidenciales del actual gobierno. Mensajes cortos de aproximadamente dos minutos, sin mucha explicación o justificación y producidos para circular en redes sociales. En las imágenes los internos miran directamente a la cámara. La composición visual es corporativa y el encuadre es político. Un plano de cuerpo entero muestra al representante de cada organización rodeado por decenas de internos. El sonido es relativamente bueno y el tono de voz es respetuoso, incluso conciliador. Las tomas bien podrían ser parte de una campaña publicitaria hecha para una empresa o un partido político; sin embargo, son video-mensajes realizados por bandas prisioneras ultraviolentas que el Estado ecuatoriano no solo toleró sino que fomentó en las cárceles con el fin de producir inteligencia policial sobre narcotráfico y delitos conexos.

Los pronunciamientos están dirigidos al gobierno y la ciudadanía. En uno de los videos el vocero antepone las siglas GDO antes de nombrar a las organizaciones que firmaron la paz. GDO significa grupo de delincuencia organizada, una categoría policial utilizada para clasificar redes criminales asociadas con economías ilegales.

¿Por qué les interesa a los internos autodenominarse GDO? Desde 2019 la cárcel ecuatoriana es un servicio más de la Policía Nacional y la población penitenciaria es la fuente más importante de inteligencia policial. Ser considerado GDO es vital para los internos porque les permite negociar privilegios y capacidades como, por ejemplo, pedir traslados, auto-segregarse en pabellones o ingresar objetos prohibidos a los centros de encarcelamiento.

A cambio la policía recibe información sobre el funcionamiento logístico de los mercados de drogas ilegales en el país. Vale anotar que la incautación de droga es el indicador más importante en la guerra contra el narcotráfico liderada por Washington. En este contexto, al afirmar que la guerra no es contra el Estado, los GDOs le están recordando al gobierno que el crimen organizado necesita del poder estatal para ser lucrativo y que ellos no buscan desestabilizar el régimen; una hipótesis sugerida insistentemente por las autoridades responsables de la seguridad y el propio presidente de la República.   

Los voceros también niegan que sus redes criminales sean responsables de la reciente ola de asesinatos, extorsiones y secuestros. Acusan a un GDO ‘contrario’ de ser el causante de la inseguridad y la violencia. El GDO aludido es el más grande del país y el más cercano al trabajo policial en cárceles; es más, dicho GDO creció de la mano con la unidad de inteligencia policial penitenciaria.

Es común que el poder criminal y el poder estatal se retroalimenten en sociedades donde el crimen organizado ejerce soberanías informales sobre poblaciones históricamente abandonadas por el Estado. El problema del caso ecuatoriano es que el gobierno tiene poco poder político sobre la policía y la política de seguridad. De hecho, el gobierno cada vez depende más de la policía para gestionar problemas sociales como el desempleo y disensos democráticos como la protesta. Esto le impide desmontar el modelo de intercambio y cooperación clandestina entre aparato policial y crimen organizado.  

Los videos también piden a la ciudadanía denunciar en fiscalía si son víctimas de ‘vacunas’ – una palabra usada en América Latina para referirse a diferentes prácticas extorsivas en zonas donde el poder estatal tiene capacidades limitadas o es percibido negativamente. Los voceros indican que los GDOs no están detrás del cobro de vacunas y dicen estar dispuestos a colaborar con la justicia para identificar a los culpables.

La extorsión no es un fenómeno nuevo en Ecuador; existen testimonios de extorsión que registran prácticas de esta naturaleza décadas atrás, tanto entre pequeños y medianos comerciantes urbanos como entre agricultores y emprendedores rurales. La novedad es el tipo de extorsión a la que está sometida la ciudadanía actualmente y su relación con la cárcel.

La extorsión carcelaria en Ecuador se conoce con el nombre de empeño. Estar empeñado implica que la persona viviendo tras las rejas se convierte en colateral o prenda de una deuda creada por un grupo de internos de modo arbitrario. La gente empeñada debe pagar dicha deuda en un plazo determinado, generalmente pidiendo dinero a su familia. Esta forma de ‘vacuna’ no es un impuesto informal ni es un servicio de protección forzado, es la reducción de la vida prisionera a la extracción predatoria de recursos financieros.

A mediados de los 2000s, el empeño fue proscrito por los mismos internos en el marco de un proceso de pacificación. Sin embargo, esta práctica reapareció, a veces con otros nombres, desde que inició la crisis carcelaria y, en el último año, se extendió a las calles de las ciudades más populosas.

Que los GDOs hablen de vacunas en su pronunciamiento de paz es relevante por dos razones. Por un lado, estas organizaciones saben que es imposible controlar prácticas extorsivas si no son parte de procesos concretos de construcción de soberanías criminales, en donde la extorsión es reinterpretada como un servicio a la comunidad y opera como una forma de impuesto informal.

Por otro lado, es evidente que las redes criminales perciben el creciente rechazo de la ciudadanía. Esto no siempre ha sido así, varios grupos ligados al narcotráfico contaban y algunos todavía cuentan con cierta legitimidad, especialmente en lugares donde la soberanía estatal está en disputa como es el caso de la frontera norte.

Para concluir conviene resaltar que el poder estatal y el poder criminal en Ecuador se coproducen, yuxtaponen y cada vez se parecen más. La estrategia de seguridad del gobierno genera violencia en lugar de reducirla. Reclutar a los líderes de los GDOs como fuentes humanas de inteligencia policial fue un error. Esta intervención policial reorganizó el mercado de cocaína a partir de principios de delación y venganza, creando condiciones para el aparecimiento de la extrema violencia narco.

En este momento, las organizaciones criminales además de controlar las calles controlan la narrativa de la inseguridad. La policía actúa reactivamente en función de la información ofertada por líderes de redes delincuenciales. Lamentablemente, el gobierno no parece nada interesado en cambiar su política de ‘mano dura.’


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Se restablecen las relaciones colombo-venezolanas; llevará décadas normalizarlas

Ni bien Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia en el mes de agosto, se inició el restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas que habían sido interrumpidas en 2019. Este es un primer paso; sin embargo, llevará mucho tiempo antes de que las relaciones puedan retomar la normalidad previa, y para ello deben ser tenidas en cuenta ciertas dinámicas: las históricas, las institucionales, las fronterizas, las migratorias y las comerciales. Estas dinámicas han llevado a que la normalización de las relaciones no se esté alcanzando a la velocidad deseada, pese a la voluntad política de ambos Gobiernos y la identidad ideológica de Nicolás Maduro con Petro.

Las relaciones colombo-venezolanas han sido históricamente complejas, intermitentes y abarcantes. En el mejor de los casos se han caracterizado por una “cooperación vacilante”. El diferendo fronterizo por el golfo de Venezuela o de Coquivacoa son una constante “amenaza” para los encargados de tomar decisiones en ambos países.

En este contexto inciden tres aspectos en la relación bilateral (desde Colombia hacia Venezuela): la ideología, y con ello el papel de las elites políticas, económicas y militares; la frontera y la tensión por la seguridad fronteriza, y los actores externos como Estados Unidos, Rusia y China. Hay que recordar que Colombia ha sido un gran aliado de Estados Unidos y que su política exterior se deriva, en gran medida, de dicha alianza.

Durante años, la Comisión de Vecindad, creada en 1987, y la Comunidad Andina (CAN) sirvieron de paraguas para la relación bilateral. En 2006 Venezuela se retiró de la CAN, aunque en la reciente visita de Petro a Caracas se anunció su reintegro. Y la Comisión de Vecindad (Copaf) se disolvió con la revolución bolivariana. La Copaf y la CAN habían contribuido a la cooperación y a la generación de confianza entre ambos países.

La normalización de las relaciones tiene como antecedente un péndulo entre ideologización y pragmatismo, así como también una diplomacia ciudadana que se desarrolló entre los dos países. Los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque ideologizaron la relación con Venezuela. Esto quedó en evidencia a través de acciones de Colombia en el Grupo de Lima junto con Juan Guaidó y la ayuda humanitaria en febrero del 2019. Todo lo contrario sucede con Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, cuya relación es más pragmática.

Con diversos énfasis ideológicos, los candidatos presidenciales eran conscientes de la necesidad de restablecer las relaciones con Venezuela, un vecino con el que se comparten 2.219 kilómetros y una balanza comercial, hasta 2007, de alrededor de 8.000 millones de dólares a favor de Colombia.

Desde antes de su posesión, Gustavo Petro adelantó conversaciones con Venezuela y comenzó a trabajar para normalizar las relaciones. Tras posesionarse, anunció a Armando Benedetti como embajador en Caracas, mientras que Venezuela asignó a Félix Plasencia en Bogotá. Sin embargo, sectores de la sociedad civil de ambos países cuestionan dichos nombramientos. Benedetti no conoce la dinámica consular ni diplomática y, a su vez, se ha fortalecido una diplomacia presidencial que dificulta el restablecimiento de la institucionalidad perdida.

En cuanto a la problemática de la frontera, las élites políticas, económicas y militares tienen un imaginario de la propia frontera. Debido a la violencia, la diversidad de actores en el conflicto, el abandono del Estado y la presencia de grupos al margen de la ley, se ha tendido a estigmatizar este espacio territorial. De hecho, la frontera colombo-venezolana tiene diferentes ámbitos territoriales como el Norte de Santander-Táchira, la Guajira, Arauca-Apure y la Serranía de Perijá-César, que obligan a crear y a ejecutar políticas públicas diferenciadas aunque haya temas comunes como la seguridad.

La frontera cuenta con la presencia de actores ilegales, relacionados, algunos de ellos, con el crimen transnacional, que han controlado la frontera, especialmente cuando ha estado cerrada desde el 2015. Asimismo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó negociaciones en Caracas con el Gobierno colombiano, es binacional. Aunque nació en Colombia, también se encuentra en Venezuela. A su vez, hay disidencias de la antigua FARC y de la delincuencia común.

De todas maneras, las trochas o pasos ilegales continúan funcionando; algunos controlados por el crimen trasnacional o el ELN. Asimismo, el Ejército y la guardia civil venezolana cobran para ingresar legalmente a Venezuela, por lo que la población ingresa por las trochas tradicionales, ya que les representa un menor costo.

El dilema de la migración

En Colombia hay más de dos millones y medio de inmigrantes venezolanos, según cifras de Migración Colombia, y en el 2021 se formuló el Estatuto Temporal Migratorio, que busca proteger a la población migrante que se encuentra en condiciones de irregularidad.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), casi siete millones de venezolanos han abandonado el país. De estos, el 84% se concentra en Latinoamérica y el Caribe, y de ellos, el 38%, en Colombia. La mayoría está en Bogotá, la región fronteriza del Norte de Santander, Medellín y Cali.

Pero esto no siempre ha sido así. Durante las últimas décadas del siglo XX, los colombianos emigraron a Venezuela y muchos de ellos se quedaron a vivir ahí. Tal como sucede actualmente con los venezolanos, estos procedían de diferentes sectores laborales y condiciones socioeconómicas, y buscaban suplir las carencias de sus familias. El boom petrolero fue un gran atractivo, mientras que el conflicto interno expulsaba población colombiana. Sin embargo, debido a la crisis económica de Venezuela, muchos regresaron forzadamente a sus lugares de origen.

Actualmente, el restablecimiento económico, en términos de comercio e inversión, ha sido una de las principales motivaciones de Colombia para la normalización de las relaciones con Venezuela, ya que este era el principal destinatario de productos colombianos, muchos de ellos con valor agregado. Durante varios años primó el pragmatismo y la autonomía comercial.

La interrupción de las relaciones en 2019, además del cierre de la frontera, acarreó la caída del comercio; también se dificultó la conectividad, y esta se hizo, en gran medida, de manera ilegal. Las diplomacias gremial y empresarial, no obstante, han sido muy activas. Por otra parte, los venezolanos tienen poca capacidad de compra, y reactivar su aparato productivo va a tomar años. La producción petrolera también ha disminuido. A su vez, hay desconfianza del empresario fronterizo y nacional colombiano, dada la falta de pago, por lo que se requiere el restablecimiento de la confianza en ambos países.Así pues, y como vemos, el completo restablecimiento de las relaciones colombo-venezolanas no es fácil, será progresivo y requerirá el restablecimiento de medidas de confianza mutua. Son muchos los aspectos que dificultan su materialización, por lo que tomará tiempo recuperar la relación entre los dos países.


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La nueva era de China

Tras disiparse la polvareda un par de años después de Tiananmen y hasta la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, China y el mundo occidental disfrutaron de tres décadas de relación plácida. No fue una época exenta de tensiones, pero todos ganaban. China fijó el rumbo de la modernización, emprendió reformas estructurales, se incorporó con el apoyo entusiasta de Occidente al comercio mundial. Emergieron entonces la fábrica del mundo y la globalización, la demanda interna china empezó a sacudir mercados y China inició su internacionalización. Todo marchaba sobre ruedas.

Pekín logró además que calara la idea de que necesitaba tiempo para acometer reformas políticas. Con esta coartada, las democracias siguieron beneficiándose de la coyuntura favorable al tiempo que mantenían su conciencia tranquila. Sin embargo, tras la llegada de Xi Jinping al poder, todo empezó a cambiar. Heredó una China más poderosa y próspera: compite ya globalmente, adquiere activos y tecnología, construye infraestructuras e influencia. Un gigante que rivaliza diplomáticamente, que objeta el orden mundial, que no se somete al escrutinio de nadie, que no tolera las críticas.

Freno en defensa propia

En el plano doméstico, la pujante clase media urbana y un sector privado innovador e interconectado con el mundo encarnaban la modernización y el bienestar relativo del país. Un salto cualitativo al que Xi Jinping no vio como una fortaleza, sino como una amenaza. Como ya ocurrió en Taiwán o Corea del Sur, y en tantos países latinoamericanos, China reunía los requisitos y empezaba a estar madura para una transición política. Ante la perspectiva de un movimiento democratizador imparable y con la lección del colapso de la Unión Soviética bien aprendida, Xi activó los frenos.

Y, de acuerdo con su lógica política, el régimen impulsó —en defensa propia— la recentralización de la autoridad del Partido Comunista (PCCh) al objeto de asegurar su control de la sociedad, el mando sobre la economía y la eliminación preventiva de cualquier oposición. De este modo, para erradicar lo que Xi llama los vientos torcidos, lanzó una campaña contra los peligros ocultos que se derivan de la corrupción, la disidencia ideológica y la influencia occidental. Con el llamado Documento nº 9, una circular interna de 2013 que prohíbe la promoción en China de los «peligrosos» valores democráticos, se gestó la hostilidad ideológica contra Occidente y su sistema de valores políticos basado en la libertad.

A imagen y semejanza de Xi

Esta China a imagen y semejanza de Xi y cada vez más autoritaria, forjada en la última década, es la que quedó afianzada en el 20º Congreso del PCCh celebrado el mes pasado. En dicho cónclave se consolidó no solo el tercer mandato de Xi y quizá también su perpetuación en el poder, sino que además saltó por los aires el liderazgo colectivo instituido hace casi medio siglo para evitar, justamente, que derivas personalistas lleven la anarquía a China, como ocurrió en el maoísmo.

Rodeado de colaboradores cuyos méritos recaen en la lealtad que le profesan, y sin oposición interna en la cúpula comunista, Xi tendrá manos libres para ejercer el poder a su antojo. Todo ello afecta a América Latina. Veamos por qué. La relación forjada desde el arranque del siglo con China se ha cimentado sobre el supuesto indiscutible de que dicho vínculo procura a la región una ganancia económica fundamental. Las exportaciones, las inversiones, los aumentos del PIB y demás cifras macroeconómicas respaldan esta idea y, por tanto, se presentan habitualmente como evidencia del beneficio que América Latina obtiene gracias a la demanda china y a su presencia en el continente.

América Latina: riesgoso pragmatismo económico

Es cierto que un análisis más fino introduciría matices. Por ejemplo, que Latinoamérica no ha sabido aprovechar su trato con China para crear industrias de valor añadido que generen riqueza, y ha consolidado así su posición como mero exportador de recursos naturales sin procesar. O las secuelas que deja el modelo chino en términos de impacto socioambiental, así como la dependencia comercial o financiera que algunos países ya padecen de China. Sin embargo, los aspectos negativos quedan eclipsados por una idea fuerza mayor: que China es estratégica para el futuro latinoamericano.

Toda la relación con la potencia asiática se supedita así al pragmatismo económico, lo que explica la conllevancia —y el silencio— oficial con respecto al autoritarismo chino. Ahora bien, ¿y si China sufriera el mayor deterioro económico en 40 años? ¿Cambiaría el escenario para América Latina? La cuestión es pertinente porque la coyuntura económica en China no pinta bien. Lo que durante décadas parecía imposible, un frenazo acusado, está ocurriendo. El Banco Mundial anticipa un crecimiento del 2,8 % para este año, un dato que social y políticamente en el contexto chino dispara todas las alarmas.

Síntomas de agotamiento

El desplome no es coyuntural sino consecuencia de la crisis inmobiliaria, que amenaza con contagiar al resto de la economía, y de las draconianas restricciones de la política de covid cero que han hundido el consumo y espoleado la indignación y las protestas sociales por todo el país, según Freedom House.

No son los únicos desafíos. El modelo de desarrollo basado en las exportaciones, la urbanización y las gigantescas inversiones muestra síntomas de agotamiento. El desacoplamiento selectivo del mundo democrático y los controles de Estados Unidos a la exportación de semiconductores, cuyo impacto es colosal para China, dibujan un futuro complejo y preocupante para el gobierno comunista. Ello sin contar las incertidumbres geopolíticas.

La fiesta toca a su fin y, por tanto, China y su relación con el resto del mundo entran en una nueva era, sin duda más complicada. América Latina, que durante más de dos décadas se benefició de la bonanza china, podría ver entonces frustradas las expectativas puestas en el gigante asiático. Si se cumplen los malos augurios, los gobiernos latinoamericanos tendrán que adaptarse a un escenario distinto, el de lidiar con una China menos seductora por su deriva autoritaria y por no ofrecer las oportunidades que solía.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político


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