Una región, todas las voces

COVID-19: la niña y el humo

Coautores Jimena Romero y Álvaro Zapatel / La COVID-19 (por mencionar tan solo un caso), el comportamiento de las personas y la influencia de la religión… El viernes, sin que nadie lo esperara, habló la niña. No tenía más de 11 años. Vestía un polo celeste, llevaba el pelo suelto y cogía el micrófono como el más experimentado locutor. Sus pies no llegaban a tocar el suelo. Dijo que fue al cielo con la misión de averiguar si era cierto lo que escuchó en una radio: que el martes 21 de abril sería el fin del mundo; que es un humo el que va a venir, como una enfermedad; que va a agarrar a todos los que estén fuera de sus casas; que los va a matar uno a uno, dice el señor, nuestro Dios. 

Fue en Radio Sauce Laguna Azul, de la región de San Martín, en Perú, donde se escuchó la profecía. La noticia recorrió el país en cuestión de horas. Este país nuestro que está en crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y que, a pesar de las duras medidas de confinamiento que ha impuesto el Gobierno desde el 18 de marzo, tiene muchos problemas para evitar que la gente viole la necesaria cuarentena. Ni las didácticas explicaciones del presidente Martín Vizcarra a la hora del almuerzo ni el «pico y género» (que restringió sin éxito la salida a la calle de hombres y mujeres por días de semana) han obtenido los resultados esperados hasta ahora en vista de los efectos de la COVID-19.

Lo cierto es que muchas y variadas son las razones por las que la gente no respeta (o no puede respetar) la cuarentena por la COVID-19: desde necesidad económica (para sobrevivir, muchos dependen de lo que ganan durante el día), simple desobediencia, o hasta lo que algunos estudiosos de las ciencias conductuales llaman «fatiga psicológica» (la idea de que eventualmente nos vamos a aburrir de estar encerrados las 24 horas del día). Esto lleva a lo que consideramos es, quizá, el mayor reto de política pública de estos últimos tiempos: cómo lograr que la ciudadanía se quede en sus hogares para ralentizar la tasa de contagio del virus de la COVID-19. 

¿Qué tal si el haber apelado a la sacralidad de una premonición divina, en un contexto como el peruano, en el que la mayoría de la población no solo es religiosa, sino creyente y practicante, logró lo que no han hecho medidas más ‘racionales’ de política pública?» 

En esa línea, la profecía de la niña sanmartiniana nos proveyó de una pregunta cautivadora: ¿qué tal si el haber apelado a la sacralidad de una premonición divina, en un contexto como el peruano, en el que la mayoría de la población no solo es religiosa, sino creyente y practicante, logró lo que no han hecho medidas más «racionales» de política pública? 

Para responder esta pregunta recurrimos a la data provista por Google Mobility, que registra caídas o aumentos en movilización geográfica respecto de una línea de base conformada por una semana representativa de entre enero y febrero de 2020. Por ejemplo, si Google registra un número 84 acompañado de un signo negativo el lunes 13 de abril, esto significa que la movilización cayó en 84 por ciento en relación con el mismo lunes de la semana representativa. Tal punto de referencia se conoce como línea de base. Para mayor detalle, Google registra movilizaciones en los siguientes seis puntos geográficos: parques, comercio minorista o retail, hogares residenciales, centros de trabajo, tiendas de comestibles y tránsito en general. 

Lo que nos interesó observar, entonces, fue si la supuesta premonición generó algún efecto diferente en la movilización de las personas ese 21 de abril respecto de los martes anteriores y del promedio del resto de los días de la semana, para los cuales no se dictaminó ninguna política de inmovilización por la COVID-19 más allá de las restricciones de tránsito diurno y el toque de queda nocturno por la misma COVID-19. 

Entonces, comparamos para todos los puntos geográficos la movilización durante el martes 21 de abril con la de los martes 7 y 14 de abril. Asimismo, excluyendo los martes, comparamos el promedio del resto de los días de la semana (es decir, lunes, miércoles, jueves y viernes) de la semana del 20 al 24 de abril (lo que denominamos grupo de control) con el de las dos semanas anteriores: la del lunes 6 al viernes 10 de abril y la del 13 al 17 de abril. Consideramos estas tres semanas comparables porque durante todo este tiempo el toque de queda tuvo (y tiene hasta el día de hoy) la misma duración. Cabe destacar que no consideramos sábados o domingos porque el comportamiento de la gente es distinto el fin de semana. Además, tomamos en cuenta que Jueves y Viernes Santo fueron de toque de queda total. 

Lo que encontramos fue sorprendente. En San Martín, centro de transmisión del mensaje y donde este fue escuchado por primera vez, la movilización a parques el 21 de abril cayó en ocho puntos porcentuales respecto del movimiento registrado el martes 14 de abril, y cuatro puntos respecto del martes 7 de abril, tiempo durante el que mitad de la ciudadanía estuvo inmovilizada por el «pico y género». Por el contrario, en el grupo de control encontramos que la movilización promedio en parques durante la semana del 21 de abril aumentó en relación con las semanas anteriores.

Algo similar sucedió con la movilización a tiendas de comestibles: el martes 21 se registraron caídas de 16 y 15 puntos porcentuales respecto a lo registrado el martes 14 y 7 de abril, respectivamente, mientras que en el grupo de control la movilización aumentó respecto de las dos semanas anteriores. De nuevo, cabe precisar que en la semana del 6 al 10 de abril estaba vigente el «pico y género», por lo que la mitad de la población estuvo —legalmente— en toque de queda permanente. No obstante, la profecía pudo más. 

Para dar un último ejemplo, el caso del retail. Nuevamente, el martes 21 se registró una caída respecto del martes 14 e igual movilidad que el martes 7 (a pesar del «pico y género»). En contraposición, el grupo de control mostró incrementos en comparación con las semanas anteriores. 

Diferentes son las disciplinas que pueden ayudar a entender este fenómeno. Más recientemente, la idea de los nudges (o «empujones») (por la que Richard Thaler ganó el Nobel de Economía en 2017) sugiere que es posible incentivar cierto tipo de conductas en las personas apelando a sus comportamientos automáticos. Quizá uno de los más estudiados sea el de las normas sociales. En el Perú, la religiosidad forma parte intrínseca del día al día de las personas. En San Martín, epicentro de la epifanía, el 89% de las personas declara practicar una religión, con un 60% que profesa la religión católica y un 22% que se identifica como cristiana evangélica, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Entonces, no sorprende que algún mensaje con atribuciones divinas pueda calar hondo y logre lo que ninguna política pública racional puede conseguir.

Evidentemente, hay una discusión ética de por medio al siquiera sugerir que se use la sacralidad para conseguir un objetivo de política pública. Está claro que la línea entre sugerencia y manipulación es muy delgada. Llevado al contexto de la profecía, sería perverso utilizar esta tendencia del peruano a respetar lo sagrado con el objetivo de orientar hábitos y comportamientos sociales. 

Lo cierto, sin embargo, es que la gente creyó. Y a pesar de que —evidentemente— el 21 de abril no fue el fin del mundo, “Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños”. No llevaremos cien años de soledad, aunque cincuenta días de aislamiento por la COVID-19 pueden ser suficientes para creer en lo que dijo la niña.

Nota: este artículo es la versión periodística de un «working paper» académico titulado “Eschatological beliefs as a ‘nudge’: the peruvian child and the smoke prophecy”. De requerirse, tenemos a disposición los cálculos para todas las regiones del Perú y todos los rubros de movilización que mide Google Mobility.

*Lajos Kossuth es doctorando en Ciencias Conductuales, por la Universidad de Warwick.

* Jimena Romero es magíster en Administración Pública en Desarrollo Internacional, por la Universidad de Harvard.

*Álvaro Zapatel es magíster en Administración Pública, por la Universidad de Princeton.

Foto de espaciosparaelarte en Foter.com / CC BY-NC-SA

Respuestas a la pandemia: la experiencia de Alemania

En una comparación internacional, parece que Alemania enfrenta bien y con éxito la pandemia de la COVID-19. Hay muchos menos muertos por el coronavirus que en Italia, España, Gran Bretaña o Francia, y existe un consenso básico, tanto en la clase política como en la ciudadanía, de cómo enfrentar la crisis. A veces, incluso a Alemania se le atribuye ser un modelo por imitar.  

El balance de Alemania sorprende. En 2019, la Universidad Johns Hopkins publicó por primera vez el Índice Global de Seguridad Sanitaria que clasifica los Estados según su capacidad de respuesta a una epidemia o pandemia. En este índice, Estados Unidos y Gran Bretaña estaban en las posiciones uno y dos, respectivamente, como los países mejor preparados. A Alemania solo se le atribuyó una calificación regular y quedó en la posición 14, solo por delante de España (15), Brasil (22), Argentina (25) y Chile (27).

Es posible que el índice haya sido mal creado. Sin embargo, también es probable que la capacidad de los sistemas de salud para responder a una pandemia solo se puedan probar en la práctica. Por fin, el sector sanitario es parte del sistema político y social más amplio. La mejor preparación hipotética para una pandemia no sirve de nada si el liderazgo político falla o el trabajo de los expertos es torpedeado por políticos ineptos o demagógicos.      

En Alemania, se han respetado las opiniones de los expertos y científicos, y los epidemiólogos y virólogos se han convertido en estrellas de la televisión»

Parafraseando a Bill Clinton, se puede decir que ¡es la política, estúpido! En Alemania, se han respetado las opiniones de los expertos y científicos, y los epidemiólogos y virólogos se han convertido en estrellas de la televisión, pues el Gobierno ha basado sus decisiones en sus recomendaciones. Esto retrasa a veces el proceso de tomar decisiones hasta que los resultados científicamente probados estén disponibles, pero también evita decisiones equivocadas. Es la hora de los políticos pragmáticos y no de los ideólogos y populistas que, además, dividen el país.

En el pasado, el estilo de gobierno pragmático y de construcción de consensos de la canciller Ángela Merkel ha sido criticado algunas veces, pero ha dado un buen resultado en la situación actual. La crisis ha demostrado la ventaja que representa que Alemania sea una democracia consensuada. La estrategia de cómo enfrentar la pandemia se ha basado en un amplio consenso político. Con matices, fue apoyado por liberales, demócratas cristianos, la socialdemocracia, los verdes y la izquierda. La extrema derecha no ha desempeñado ningún papel en la crisis y ha perdido apoyo, según las últimas encuestas de opinión pública. No fue la hora de los partidos antisistema y de protesta, sin embargo, ahora están optando por beneficiarse de la crisis económica e intentan movilizar contra las restricciones económicas aún existentes.

Alemania combina un sistema multipartidista con un sistema federal. Como resultado, las coaliciones suelen ser necesarias para formar un Gobierno tanto a escala nacional como a escala de estados federados. Dependiendo del estado, las coaliciones se componen de manera diferente, y esta poligamia política contrarresta la polarización: un contrincante político en un estado puede ser un socio de coalición en otro. Además, para la aprobación de muchas leyes, la Cámara Alta (o Bundesrat), que está compuesta por representantes de los Gobiernos estatales, tiene que formar mayorías y dar su consentimiento, lo cual aumenta la presión para forjar un consenso amplio.

Por eso, el federalismo alemán ha probado su eficacia ante la crisis. Las decisiones más importantes para combatir la pandemia se han tomado de manera coordinada entre el Gobierno federal y los Gobiernos de los estados. Muchas medidas, o su implementación, son competencia de los estados federales. No obstante, se ha acordado un marco común con medidas concertadas que, a la vez, admite una cierta flexibilidad en su ejecución para tomar en cuenta condiciones locales.

Los partidos políticos también han ejercido un papel importante en la gestión de la crisis del coronavirus. En un principio, fue importante el apoyo de una estrategia común por parte de los partidos para combatir la propagación del virus. Sin embargo, a medida que han aumentado las voces que tienen posiciones divergentes con respecto al alcance de las restricciones, así como su duración, los partidos políticos han recogido el debate y, en numerosas ocasiones, con opiniones distintas dentro del mismo partido. Ellos están cumpliendo con su papel de articular, agregar y procesar intereses divergentes.

Alemania tiene fuertes sindicatos y un sector empresarial bien organizado. Como interlocutores del Gobierno, ambos actores están ayudando al país a paliar la crisis. El estado del bienestar y la economía social de mercado que caracteriza a Alemania han  demostrado su valor en la crisis. El Gobierno ha adoptado una amplia gama de medidas económicas para conservar los empleos y limitar las pérdidas de ingresos. Estas medidas han sido vitales para mantener la paz social y facilitar la aceptación de las restricciones, a fin de contener el avance de la pandemia.

Ahora estamos entrando en la difícil fase de levantar las restricciones y prevenir un nuevo brote para después comenzar el proceso espinoso de recuperación económica. Los Gobiernos han proporcionado mucho dinero para hacer frente a la crisis. Pero ¿quién va a pagar la factura al final? ¿Cómo se pueden conciliar las necesidades de una rápida recuperación económica con las demandas de una reestructuración ecológica de la economía? La economía alemana se ha beneficiado de la globalización, y su prosperidad depende, en gran medida, de las exportaciones. Otra gran pregunta es: ¿qué tipo de globalización tendremos después de la crisis? ¿Cómo se desarrollarán los flujos comerciales? Quizás los mayores desafíos para Alemania están por venir.

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COVID-19: Perú tropieza con sus límites

Condiciones de un trabajo precario al que los economistas prefieren llamar “informalidad”, en la que se encuentra el 72,6% de la población económicamente activa, según información oficial. Un aparato estatal debilitado, de acuerdo a la ideología de “cuanto menos Estado, mejor”, que hace casi dos décadas fue fragmentado desordenadamente en Gobiernos provinciales y hoy en día aparece penetrado por grandes núcleos de corrupción que están vinculados al crimen organizado. Una ciudadanía, cuya cultura política no valoriza el cumplimiento de las normas. A esa sociedad peruana llegó la pandemia de la COVID-19.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra (llegó al cargo hace dos años, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar en medio de los escándalos de la empresa Odebrecht) ha actuado bastante más rápida y organizadamente que la mayor parte de los Gobiernos de la región con respecto a la COVID-19. Cinco días después de Paraguay (primer país sudamericano en declarar la cuarentena), el 15 de marzo se declaró el estado de emergencia en Perú. El primer caso del virus se había detectado nueve días antes y, por cierto, la pandemia no había causado estragos. Dos días después de la declaratoria, los casos detectados llegaban a un centenar.

A lo largo de las semanas siguientes se han ido dictando una serie de medidas destinadas a otorgar recursos económicos de urgencia a los sectores pobres de la población, los más afectados por la semiparálisis económica, debido al confinamiento. El respaldo de la población al Gobierno ha sido creciente desde mediados de marzo, hasta llegar en abril a niveles muy altos: 68% (79% en cuanto al manejo de la crisis de la pandemia) y 83% la del presidente Vizcarra. Desde que se efectúan sondeos de opinión en el Perú no se registraban niveles tan elevados.

No obstante, avanzada la segunda quincena de abril la situación de la COVID-19 no parece estar bajo control. Hospitales rebasados en su capacidad, que era manifiestamente insuficiente en una red de salud que, como ocurre en otros países latinoamericanos, solo alcanza niveles de excelencia para quien puede pagar altos precios. El hospital, que se presentó formalmente como destinado a atender solo a los infectados por el virus, está falto no solo de equipos médicos, sino incluso de camas. Sobrepasados por el número de fallecidos, los crematorios, pensados para la demanda de los sectores pudientes, afrontan filas de cadáveres en espera.

Según la encuesta mensual de IPSOS, dos de cada cinco entrevistados (42%) se han quedado sin ingresos por lo que era su trabajo; como consecuencia, miles de personas se han dirigido, caminando, hacia sus lugares de origen o al de sus padres y, en alguna ocasión, la policía ha recurrido a reprimirlos. Una norma laboral ha establecido la “suspensión perfecta”, denominación involuntariamente irónica para autorizar a las empresas a licenciar sin pago a los trabajadores hasta por tres meses. Debido a que no hay asistencia médica en las prisiones, se han producido amotinamientos; según información oficial, varios centenares de presos están infectados. Más de ochocientos mil venezolanos, que han huido del régimen de Nicolás Maduro, han quedado en el desamparo al dictarse el confinamiento y se encuentran impedidos de emplearse de uno u otro modo.

En la penúltima semana de abril, los casos se acercaban a veinte millares y los muertos superaban los cinco centenares. No obstante, hay dudas sobre esos datos y el presidente Vizcarra no acepta preguntas»

Mientras tanto, las cifras de contagiados por la COVID-19 que han sido confirmados y de fallecidos aumentan. En un país de 32 millones de habitantes, en la penúltima semana de abril los casos se acercaban a veinte millares y los muertos superaban los cinco centenares. No obstante, hay dudas sobre esos datos y el presidente Vizcarra no acepta preguntas de los periodistas tras sus presentaciones diarias en televisión. El ministro de Salud se refiere a los resultados de los test aplicados para detectar contagios y suma dos tipos de prueba diferentes (PCR y test de antígenos) como si fueran equivalentes. Se ha detectado irregularidades en adquisiciones estatales, que, debido a la emergencia, no están sujetas a los procedimientos normales.

El Congreso, instalado en marzo para reemplazar al que fue disuelto a fines de 2019, ha aprobado un proyecto de ley que faculta a los trabajadores, que cotizan a las administradoras de fondos de pensión (AFP) para su jubilación, a que retiren una cuarta parte del fondo acumulado. Las consecuencias económicas de esta disposición, han advertido varios economistas, pueden ser ruinosas: para devolver de inmediato parte de las cuotas recibidas, las AFP deberán vender, al precio que les paguen, acciones y bonos en los que invirtieron, lo que repercutirá en las empresas que los emitieron.

Para detener o, más bien, paliar, el descalabro económico (si se mira a las perspectivas sobrevenidas del sector exportador, parece inevitable), el Gobierno ha puesto a rodar la noción de “otro tipo de cuarentena”, que implicaría autorizar determinadas actividades aún no precisadas. Este paso, similar al que están dando o consideran dar varios países europeos, puede facilitar un repunte de contagios del virus de la COVID-19.

En definitiva, el Gobierno peruano encara el dilema de privilegiar la salud de la población por encima de otra consideración o rebajar las exigencias dispuestas para evitar contagios a cambio de mantener la economía a flote. Para decirlo de manera algo brutal, se trata de estimar cuántos muertos adicionales pueden ser necesarios para que el producto interno bruto no caiga un punto porcentual más. El dilema no es solo de Perú, pero en este caso, dadas las condiciones de salud, probablemente las víctimas sean mucho más numerosas.

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Covid-19 y populismo: las calles se vaciaron

Una de las enseñanzas que da la crisis de 2008 fue la irrupción del populismo que, mediante distintas configuraciones, barrió el planeta. Desde el italiano Matteo Salvini hasta el filipino Rodrigo Duterte, pasando por el húngaro Viktor Orbán; desde Donald Trump hasta Jair Bolsonaro; desde la irrupción de Alternativa por Alemania hasta Vox, de España; desde Syriza hasta Podemos. En otro costado, la sensación de malestar se anidó y se fue extendiendo por doquier[1]. La pandemia de la covid-19 también dio una gran lección.

Por un lado, el malestar social se ha ido expresando mediante movimientos de protesta y en un clima de conflicto general que está bajo un ambiente de polarización y de radicalización de discursos, no necesariamente políticos. Este descontento tenía como origen el mantenimiento de patrones de exclusión social, con pautas de distribución de la riqueza muy deficientes, así como por la explícita corrupción cuya visibilidad le hacía ser más insoportable. También el imperio cultural del neoliberalismo potenciador de respuestas individuales y egoístas contribuyó a enfrentar formas de acción colectiva y lógicas de solidaridad tradicionales en sociedades cada vez más líquidas.

2019 fue un año relevante cuando todo ello se cristalizó en movilizaciones de distinto cariz y las calles de muchas ciudades se llenaron de gente. Culminaba, así, una década de protestas que en la arena española tuvo su epifanía con el movimiento de los indignados de mayo de 2011. Los contextos eran muy diferentes: Puerto Rico, Haití, Hong Kong, Cataluña, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia… Las reivindicaciones eran variopintas, difícilmente reducibles a un único factor, ni siquiera a un manojo mínimo. Era el resultado de una compleja combinación de elementos en los que el ordenamiento de las identidades surgía como algo perentorio o se buscaba algo aparentemente tan simple como el reconocimiento; otros hacían alusión a la (des)igualdad, así como al deseo de manejar la desconfianza, ampliamente extendida entre los individuos y para con las instituciones.

Todo ello se gestaba en un breve lapso de desarrollo del nuevo orden mundial de tipo digital. De pronto, la arena política, cuyas reglas de juego se manifestaban como una antigualla al poner en evidencia su incapacidad para ejercer su tarea, parecía entrar en un estado de democracia fatigada. En efecto, el resultado era el vacío de la representación con su correlato en el descrédito de la intermediación, la desafección política y el desencanto.

Hasta aquí el diagnóstico del escenario cuando se ocupaba el espacio público y se arrinconaba como nunca a los gobernantes en el instante en que el calendario mostraba la llegada de un nuevo año.

La pandemia por la covid-19 en pocas semanas, y con capacidad inédita de llegar a todos los rincones del orbe, cambió drásticamente la agenda de las cosas»

Por otro lado, la pandemia de la covid-19 en pocas semanas, y con capacidad inédita de llegar a todos los rincones del orbe, cambió drásticamente la agenda de las cosas. Desde una perspectiva latinoamericana (si resulta posible realizar un ejercicio de introspección regional, aislando su realidad de la del resto del mundo), hay tres aspectos que requieren consideración por haber confluido al vaciamiento de sus calles y, de alguna manera, de desactivar la presión política que se vivía sobre todo en el segundo semestre de 2019.

En primer lugar, los rasgos clásicos del presidencialismo se han hecho patentes. Se ha robustecido el poder presidencial mediante el cercenamiento de los mecanismos de control de otras instituciones, se ha reforzado la centralización, y la debilidad de los partidos ha quedado nuevamente en evidencia. Los presidentes, con independencia de su estilo de liderazgo, han encontrado un hilo argumental para construir el relato para su mandato.

Sebastián Piñera ha reconducido tímidamente su caída en los índices de popularidad. Los bisoños Luis Lacalle Pou, Alberto Fernández, Alejandro Giammattei, Laurentino Cortizo, Nayib Bukele y la interina Jeanine Áñez han solventado la urgencia a la hora de tener un programa (o un designio) propio (pero también Martín Vizcarra e Iván Duque). Además, el uso de la bandera nacional, los llamados a la unidad, la retórica bélica y los reclamos de las virtudes vernáculas han sido los sortilegios rancios que han mechado el discurso oficial. Resulta curioso que, hasta hoy, Andrés Manuel López Obrador, poseedor de un ideario más original, sea el último en cambiar tímidamente el paso, mientras que Bolsonaro haya mantenido un pulso inaudito con su ministro de Sanidad hasta su cese. Daniel Ortega ni sabe ni contesta.

En segundo lugar, sobre la sociedad se han ejecutado mecanismos de control como nunca y se ha puesto de relieve la precarización de la salud que, junto a la enseñanza, constituye uno de los pilares básicos de la política. Se trata de países donde la cobertura sanitaria es deficitaria, habiendo sido mercantilizada hasta tal punto de que existe una brecha enorme entre la esfera privada y la pública, y en detrimento de esta última. El porcentaje del PIB dedicado a este rubro resulta irrisorio y es de lejos insuficiente para enfrentar una pandemia.

Por otra parte, son sociedades en las que la desigualdad desplaza a millones de personas a la marginalidad. La mitad de la población que, en promedio, trabaja en la economía informal, fue arrojada a un limbo por medio de la covid-19 y, para la cuarta parte, que vive bajo condiciones mínimas habitacionales, el mensaje oficial de quedarse en casa es atrabiliario. Los programas de asistencia social ejecutados pueden ser artificios de propaganda más que otra cosa.

Finalmente, el pánico ante la peor recesión económica en medio siglo por la covid-19, con consecuencias devastadoras para sectores mayoritarios de la población, genera un panorama de incertidumbre máxima que resulta traumático. El formidable endeudamiento de Estados raquíticos, con políticas fiscales trasnochadas y con economías fuertemente dependientes del mercado exterior, basadas en la explotación de recursos naturales no renovables y en el saqueo medioambiental, auguran un panorama de precariedad que, sin embargo, alienta la mecha de respuestas autoritarias y del resurgimiento de movilizaciones sociales a mediano plazo ante, a su vez, las restricciones por la covid-19.


[1] Con cierto olfato, Alfredo Joignant convocó en 2016 en Chile un seminario sobre el asunto. El resultado fue un volumen compilado juntamente con Claudio Fuentes y Mauricio Morales (Malaise in Representation in Latin American Countries. Chile, Argentina and Uruguay. Palgrave Macmillan: New York).

Foto de Charly Amato en Foter.com / CC BY-NC-ND

Coronavirus: ¿un clavo saca otro clavo?

Están desiertas las calles de La Paz, donde la sangre corrió hasta hace poco; vacías las de Santiago, que recordamos llenas de manifestantes. Nadie en Bogotá, el eco de la huelga general se ha apagado; nadie en Caracas: los venezolanos rezan para que se les ahorre al menos esta plaga. Donde se libró la lucha, en Ecuador, se recogen los cadáveres en las aceras. Como si la lava hubiera regresado al volcán, como si una inmensa ballena se hubiese tragado a todos los peces del mar, el cepillo del coronavirus ha llegado a América Latina. Ninguna crisis ha sido resuelta, ningún problema ha tenido solución, pero como se dice: un clavo saca otro clavo. ¿La constituyente chilena? Postergada. ¿Las presidenciales bolivianas? Aplazadas. ¿La deuda argentina? Ya veremos. Y así sucesivamente: escenas de una vieja historia, de una vida pasada.

En América Latina, el coronavirus de la COVID-19 llegó tarde, pero avanza inexorablemente. ¿Hasta dónde llegará? Da miedo imaginar una pandemia en los suburbios de la Ciudad de México, en las favelas de San Pablo, en el Gran Buenos Aires. Pero ¿cuánto pueden durar las cuarentenas? ¿Quién respeta el bloqueo? Millones de personas viven en chozas, se ganan la vida en la calle, los sistemas de salud son coladores y la asistencia pública llega a donde llega.

El coronavirus es un despiadado expediente para países, líderes y Gobiernos; cae implacable sobre muchos mitos y ríos de propaganda»

Nada como una tragedia colectiva reduce la charla a cero. El coronavirus es un despiadado expediente para países, líderes y Gobiernos; cae implacable sobre muchos mitos y ríos de propaganda. Mide al pasar quién había construido una casa de ladrillo y quién se jactaba de su choza de paja, arrastrada por la primera ráfaga de viento. Algunos Gobiernos reaccionaron bien y rápidamente, dentro de los límites de sus posibilidades: aprendieron de la tragedia europea, miraron a Corea del Sur. Chile y Perú, Colombia y Guatemala se apresuraron a protegerse. Argentina también ha sido rápida. Lástima que luego volcó la leche recién ordeñada al reunir largas colas de jubilados en las sucursales bancarias: veremos en unos días si fue o no el equivalente argentino del partido Atalanta-Valencia en Italia; de las marchas españolas del 8 de marzo. Crucemos los dedos.

Otros Gobiernos han hecho poco y mal, se han encogido de hombros como si nada sucediera, como si la cosa no los tocara: igual que Donald Trump al comienzo de la crisis, igual que todos hasta que los muertos no fueron los suyos. Sobrevolamos las payasadas del Gobierno sandinista de Nicaragua, la opacidad del Gobierno chavista en Venezuela. Jair Bolsonaro, en Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, en México, compitieron por ver quién cometía el mayor disparate, por ver quién negaba más la evidencia. Fueron los más irresponsables: de las dos grandes potencias latinoamericanas, era legítimo esperar el buen ejemplo. Sus ocurrencias entrarán en el manual del “perfecto idiota latinoamericano”. Ahora están poniéndose a cubierto, impulsados, en parte, por la opinión pública y la presión política, obligados por el recuento de los contagios. Ojalá no sea tarde.

No es un panorama sorprendente. El conocimiento colectivo y la red institucional de los sistemas democráticos tradicionales han demostrado ser mucho más sensibles a la crisis del amateurismo improvisado de los líderes populistas, de su megalomanía inconsciente. Grandes demiurgos in péctore están apareciendo por lo que son: incompetentes vendedores de humo, narcisistas incapaces de dirigir una orquesta institucional. El tan difamado Chile, “cínico paraíso neoliberal”, está demostrando ser mucho más eficiente que el paquidérmico aparato público de tantos vecinos, tan costoso y tan poco confiable. El video de la actriz chilena, ardiente militante antineoliberal, atrapada por el coronavirus en La Habana, cuenta más de mil palabras: ven a buscarme, le ruega a su Gobierno, gimotea escandalizada, asediada por los ratones y privada de papel higiénico.

A propósito, ¿qué hay de Cuba? ¿La gran “potencia médica» creada por Fidel Castro al que el mundo rinde honores? Cuba vende médicos, el primer artículo de su exportación. Ellos arriesgan sus vidas, el régimen recauda las divisas: “voluntarios por la fuerza”, como todo en la isla. Cruzados de la causa, “misioneros” de la revolución, deben estar listos para ir a donde la patria lo ordene: con que dejen a la familia como rehén en la isla, que no se les ocurra “desertar”. De la generosa remuneración que los países anfitriones pagan al Estado cubano, a ellos van pocas monedas menudas: siempre mejor que los pocos dólares que ganan en patria. ¿Consecuencia? Mientras el coronavirus se propaga a Cuba y los médicos y enfermeros cubanos “salvan” vidas en el exterior, en la isla hay una gran carencia de ellos: ¡para obviar su ausencia se han movilizado los atletas! Es una vieja historia: los cubanos pagan la cuenta de la gloria de los Castro.

Recién estamos comenzando, lo peor está por venir: el coronavirus es solo la punta del iceberg. Sus efectos económicos, sus consecuencias sociales, los conflictos políticos son impredecibles. La lava, que regresó al volcán, podría explotar con una mayor virulencia, la ballena podía escupir de una sola vez todos los peces que había tragado, y las crisis, durante un tiempo latentes, sumarse a las nuevas y aún más graves, causadas por la parálisis productiva: desempleo, deudas, hambre, asaltos a los mercados, disturbios callejeros, violencia endémica. ¿En que sistemas confiarán los latinoamericanos para salir del pozo y subir la cuesta? La lógica querría, hechos a la mano, que creciera la fe en las instituciones democráticas: ¿no están demostrando ser las más resistentes? ¿O las menos erráticas? Ojalá. Lástima que la historia no tenga ninguna lógica y el espectro del apocalipsis sea el pan de cada día de los redentores.

Foto de Santiago Sito en Foter.com / CC BY-NC-ND

Migraciones en A. L. en tiempos de COVID-19

La confirmación del primer caso de la COVID-19 en Brasil y la propagación de esta en la región ha obligado a los Gobiernos a crear diferentes respuestas para contener su avance. En este contexto, los migrantes y sus familias están entre los principales afectados.

Actualmente, América Latina se encuentra en la fase de transmisión comunitaria de la COVID-19 y con consecuencias funestas como las que está viviendo Ecuador por el colapso del sistema sanitario y el mayor número de contagios y muertes per cápita de Sudamérica. Así, no es posible ignorar el impacto de la pandemia sobre las personas que están en condición de movilidad humana y sus parientes.

Pese a la existencia de organizaciones y procesos de integración regional, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur o la Comunidad Andina, no hubo una respuesta conjunta ante la llegada de la COVID-19 en Latinoamérica, sino que cada país reaccionó de manera autónoma declarando, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado de emergencia e imponiendo medidas como el distanciamiento social, la restricción de ingreso de extranjeros y el cierre de fronteras.

Con el aumento del número de contagios y muertes, las respuestas se han endurecido hasta el punto de que la mayor parte de dichos países ha impuesto la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de sus fronteras y la limitación de la circulación de personas, inclusive a escala nacional.

Todas estas medidas por la COVID-19 han impedido el retorno a casa y el desplazamiento de millones de personas, y están impactando de múltiples formas el día a día de la población local. Sin embargo, las consecuencias asumen otra proporción en el caso de los migrantes y sus familiares.

América Latina es esencialmente un territorio de emigración y las consecuencias políticas y socioeconómicas de la pandemia afectan la vida y los derechos de los latinoamericanos fuera de la región. Al mismo tiempo, la crisis económica por el coronavirus tendrá una gran repercusión sobre los flujos de remesas y los niveles de ingresos de sus familiares. Latinoamérica también es una región de tránsito, inmigración, refugio y apatridia, y es en esta población y en sus parientes que las medidas que han tomado los Gobiernos latinoamericanos están teniendo graves consecuencias.

El cierre repentino de las fronteras nacionales, así como la militarización y el refuerzo de los controles migratorios, no han detenido completamente la migración, sino que han obligado a los migrantes a buscar rutas alternativas»

Uno de los primeros efectos es que el cierre repentino de las fronteras nacionales, así como la militarización y el refuerzo de los controles migratorios, no han detenido completamente la migración, sino que han obligado a los migrantes a buscar rutas alternativas e irregulares de ingreso. Esto aumenta su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen como los secuestros y los abusos sexuales. Costa Rica, por ejemplo, ha instalado una base militar en la frontera con Nicaragua para vigilar e impedir el ingreso de nicaragüenses que intentan entrar al país de manera irregular.

No obstante, los desplazamientos continúan. Además, la población centroamericana que se halla desplazándose hacia Estados Unidos está en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los migrantes se encuentran hacinados, sin asistencia sanitaria y con elevados riesgos de contagio de la COVID-19 en las estaciones migratorias o centros de detención para migrantes, en los cuales, a menudo, también están expuestos a diferentes formas de extorsión y violencia por parte de redes del crimen organizado o de autoridades locales. 

En un contexto marcado por grandes desigualdades y exclusión social, la mayor parte de los migrantes tampoco puede “quedarse en casa” porque eso significaría no tener ingresos ni para ellos ni para sus familias. Con todo, la paralización de las denominadas actividades no esenciales ha golpeado duramente a un colectivo que trabaja, sobre todo, en el sector informal y que se ha visto privado de sus ingresos de subsistencia. Sin ingresos y, muchas veces, sin derechos de asistencia sanitaria, las personas que se están desplazando se exponen a mayores niveles de pobreza, precariedad y xenofobia.

Al no poder utilizar los servicios médicos del país, carecer de redes de apoyo, enfrentar problemas de acceso a la información o ser excluidos de las ayudas sociales para los nacionales, los migrantes (sobre todo, los indocumentados) se encuentran desprotegidos, mientras que, al no poder pagar el alquiler, están sujetos a expulsiones indiscriminadas. Este ha sido el caso, por ejemplo, de miles de venezolanos que se hallan en la calle en países como Colombia y Perú tras haber sido desalojados por no poder pagar el alquiler de las pensiones donde se alojaban. Por si fuera poco, en ciudades como Bogotá, ha habido disputas entre las autoridades por la gestión de los recursos de la emergencia y ha habido declaraciones públicas de carácter xenófobo que han estimulado acciones contra los migrantes.

Los desalojos indiscriminados de migrantes y la falta de medios de subsistencia han determinado un fenómeno no menos complejo: el retorno masivo de venezolanos a su país de origen. Las dificultades y los desafíos de este proceso residen en que el retorno está ocurriendo en un contexto de mucha vulnerabilidad, sin asistencia sanitaria y hacia un país que vive la mayor crisis humanitaria de la región, que está agravada por las sanciones económicas impuestas, principalmente, por Estados Unidos.

La situación de emergencia ha determinado, asimismo, el cierre indiscriminado de las fronteras, pero sin protocolos adecuados de asistencia para los migrantes en proceso de retorno. El Gobierno de Bolivia, por ejemplo, mantiene a más de 300 bolivianos, entre ellos mujeres embarazadas, ancianos y niños, en un campamento militar en la localidad fronteriza de Pisiga. Se trata de familias de trabajadores temporales bolivianos provenientes de Chile que se han quedado sin trabajo ni recursos para permanecer en el país. La Defensoría del Pueblo de Bolivia y varias organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones precarias de esta población que ha recibido escasa atención por parte de las autoridades y enfrenta problemas de discriminación, dificultades de nutrición, higiene y acceso a recursos básicos. 

La pandemia y las diferentes medidas para enfrentarla están afectando seriamente la salud física y mental de los migrantes, además de haber generado el crecimiento de múltiples formas de discriminación, estigmatización y xenofobia. Paralelamente, están causando muertes, expulsiones y deportaciones de migrantes, así como la elaboración de proyectos de ley que atentan contra la vigencia de los derechos humanos. Este es el caso del proyecto de ley que plantea la repatriación de extranjeros residentes en el Perú, los cuales están afectados por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los efectos sobre este colectivo recién empiezan. Los migrantes y sus parientes también serán una de las categorías más afectadas por la crisis económica, la creciente pobreza y la pérdida de empleos que las sociedades latinoamericanas atravesarán por esta epidemia.

Los desafíos que la COVID-19 ha implicado son enormes, pero esta no es la primera ni será la última emergencia sanitaria que enfrentará América Latina. Por ello, los países de la región deben extraer lecciones importantes y entender que cualquier medida contra las pandemias y a favor de la salud pública conlleva la protección de todos y todas, sin distinciones de estatus migratorio o pasaporte. Toda respuesta debe integrar a los migrantes y a los refugiados en las políticas estatales y de asistencia social, reconocer sus especificidades, proteger sus derechos y combatir la xenofobia, la violencia y cualquier tipo de discriminación que ponga en riesgo su dignidad humana.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

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Pandemia: más vale prevenir que curar

Una pandemia sin precedentes se ha desatado en prácticamente todo el mundo, ya empieza a ampliarse en América Latina y a poner a prueba los sistemas de salud de los países afectados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema de salud es un conjunto de organizaciones y personas, así como las respectivas medidas que tomen, cuyo principal propósito es fomentar, restaurar y mantener la salud. Esta definición comprende no solamente al Gobierno, el cual debe encabezar y coordinar estas acciones, sino también la responsabilidad compartida de toda la población y de las organizaciones e instituciones cuyas medidas inciden en la salud: desde las familias resguardándose en casa, pasando por la población estudiantil que aprende a distancia, los medios de comunicación informando y los negocios cerrando temporalmente, hasta el gremio médico atendiendo los casos más delicados. En tanto en cuanto se articule el esfuerzo de individuos, sociedad y Gobierno, los sistemas de salud latinoamericanos podrán enfrentar mejor esta pandemia de la COVID-19.

Este artículo analiza qué tan preparados están seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Perú) para fomentar, mantener y restaurar la salud frente a la pandemia, plantea los retos que enfrentarán para atenderla e identifica una oportunidad histórica para que la salud pública sea reconocida. 

Sus sistemas de salud fueron seleccionados porque cuentan con los datos necesarios para realizar el análisis, representan a los más poblados del continente y son similares en su estado general de salud que ha sido medido con base en la esperanza de vida al nacer que cuenta con un promedio de 77 años y un rango de entre 80.4, en Chile, y de 75.1, en México.

¿Qué tan preparados están los sistemas de salud para enfrentar la pandemia?

Ante la falta de una respuesta global enérgica por la epidemia del ébola en 2014, la Iniciativa de Amenaza Nuclear, el Centro de Seguridad en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y la Unidad de Inteligencia de The Economist crearon un índice global de seguridad en cuanto a la salud (GHSI, por sus siglas en inglés), que fue publicado apenas unos meses antes del primer brote del coronavirus en China. Dicho índice sirve para medir la capacidad de 195 países, a fin de prevenir, mitigar y responder a una pandemia como la padecida actualmente mediante el empleo de diferentes indicadores.

El puntaje total (0-100) de cada país es la suma ponderada de seis categorías: prevención, detección, respuesta a emergencias, capacidad de atención médica, cumplimiento de normas internacionales y vulnerabilidad a riesgos políticos, socioeconómicos y ambientales.

Cada categoría se califica, a su vez, en una escala que va del 0 al 100. Puntajes más cercanos al 100 representan condiciones sanitarias más favorables, y las más cercanas al 0 son las condiciones menos favorables. La calificación más alta la obtuvo Estados Unidos con 83.5 y la más baja, Somalia con 0.3. El índice se puede consultar y analizar en https://www.ghsindex.org. Si bien este indicador es nuevo, proporciona información relevante y oportuna, que está disponible en múltiples fuentes. A su vez, fue sometido a un proceso riguroso de validación y puede probarse con la base de datos que está en su página. Además, deben interpretarse considerando el contexto actual de cada país. 

Brasil, junto a los otros países del Cono Sur, alcanzaron la mayor calificación, cercana al 60, mientras que los andinos, menos de 50. Entre los países de ingresos altos y mejor preparados, el puntaje promedio del índice es de 51.9 en comparación con el promedio de 54.6 de estos seis sistemas latinoamericanos. Para poner estas cifras en perspectiva, los países que mejor han respondido a la pandemia, como es el caso de Corea del Sur y Suecia, obtuvieron 70.2 y 72.1, respectivamente. Esto implica que estos últimos, en general, estarían mejor preparados que el promedio del resto del mundo, incluso que algunos países de ingresos altos, para enfrentar una pandemia como la actual. Más importante aún es que permite identificar los retos y las oportunidades, con el objeto de mejorar sus respectivas capacidades de respuesta a la afección.

Retos para enfrentar la pandemia

Prevenir, además de detectar y controlar, más que curar, parecerían ser la estrategias más efectivas, a fin de enfrentar la pandemia en estos sistemas de salud latinoamericanos, cuyo componente de atención médica no parece estar lo suficientemente fuerte como para resolver todos los casos más complicados. Estas estrategias, sin embargo, plantean dos importantes retos.

Actualmente, existe un exceso de información falsa o poco útil, lo que provoca miedo o genera desconfianza en el Gobierno»

Actualmente, existe un exceso de información falsa o poco útil, lo que provoca miedo o genera desconfianza en el Gobierno. Por ejemplo, México parece tener un subregistro de casos (para el 6 de abril) al haber reportado 1.7 casos por 100 mil personas en comparación con el promedio de 4.1 casos. Esto, sin contar Chile, que tuvo una detección de 25.5 casos por 100 mil personas (véase coronavirus.jhu.edu). Por ello, el primer reto es crear información confiable, creíble y útil para que el Gobierno, la sociedad civil y la población en general adopten las medidas sanitarias adecuadas como lavarse las manos frecuentemente, mantenerse recluido en casa, realizar pruebas para detectar el mayor número de casos posible y aislar a los confirmados, con el objeto de reducir el contagio.

Un estudio reciente realizado con datos de movilidad que se obtuvieron en 131 países en www.google.com/covid19mobility muestra que el confinamiento social es una práctica generalizada en Argentina y Colombia, donde la movilidad se redujo en promedio 86%; en Perú, 82%; en Chile, 73%, y en Brasil, 71%. En cambio, en México fue solamente del 35%.

Estas medidas permitirán, a su vez, disminuir el número de casos más graves que requieran ser hospitalizados, que es el segundo reto. Esto implica disponer de sistemas de atención médica fuertes, con capacidad resolutiva, además de personal, equipos e insumos necesarios. Aunque los datos que se requieren para hacer un análisis más riguroso no están disponibles, si se compara el gasto público en salud y la razón de mortalidad materna como un indicador confiable de desempeño del sistema de atención médica, Argentina es el que más invierte, y México, el que menos. Este último presenta un 5.4% con respecto al total de su PIB (en comparación con el 4.1 promedio). En cuanto al desempeño, México encabeza la lista con la menor mortalidad materna. Así, presenta 34 muertes por 100 mil nacidos vivos en comparación con el promedio de 44.25 y la tasa más alta de Perú con 70.

Oportunidad histórica para afrontar la pandemia

Con estas capacidades y retos por delante, los sistemas de salud latinoamericanos tienen una cita con la Historia. Es la oportunidad de que, en conjunto, desde sus respectivos ámbitos de acción, el Gobierno, la sociedad civil, con sus diferentes instituciones y organizaciones, así como la población misma, asuman su responsabilidad, y que, con acciones fundamentalmente de prevención, contribuyan a disminuir los efectos de este coronavirus tan contagioso, pero aparentemente no tan letal.

Las autoridades sanitarias podrán demostrar la importancia del sector salud, coordinando todos los esfuerzos, gestionando más recursos a corto plazo para atender la situación actual, pero también para fortalecer sus sistemas a mediano y largo plazo y ejercer el liderazgo para el que fueron designados. Su llegada oportuna y su respuesta efectiva determinará si su capacidad fue suficiente para atender la pandemia más importante en la región.

Foto de Miquel Lleixà Mora en Foter.com / CC BY-NC-ND


La (ir)responsabilidad de la OMS

La serie empieza los primeros días de enero. En su primer episodio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que China ha venido descubriendo una serie de neumonías «atípicas» en la ciudad de Wuhan desde el 12 de diciembre del 2019: 59 casos, 7 de ellos fuertemente enfermos. Para la quincena del primer mes del año, el villano ya estaba identificado (al menos preliminarmente). Un coronavirus nuevo, desconocido, de cuya transmisión aún no se tiene evidencia de que pueda producirse entre humanos. Así que no teman. Aún.

El primer reconocimiento se hace a finales de enero. La OMS anuncia que ha encontrado evidencia de transmisión entre humanos en Vietnam y China, pero que esta es “limitada”; que el virus produce “síntomas leves en la mayor parte de la población”; que solo “el 20% de los casos se vuelve grave”; que solo “algunos han muerto” y que, por ahora, esta es básicamente “una emergencia china”. Difícil entender cómo una enfermedad leve, con limitado grado de transmisibilidad y escasa mortalidad, pueda ser considerada una “emergencia”. Pero eso es problema de China. Por ahora, sigan sin temer.

Ahora la asimetría entre el análisis y las recomendaciones de los expertos de la OMS y lo que está ocurriendo en el mundo real empieza a hacerse mucho más notoria. En un artículo que ahora ya es profético, Yaneer Bar-Yam, del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, y otros colegas, recomiendan adoptar el “principio de precaución” para lidiar con el virus. Es decir, ante el altísimo «riesgo de ruina» que supone un proceso tan complejo y riesgoso como el de la propagación de un virus desconocido, más vale sobreprevenir que sobrelamentar. Advierten, por ejemplo, de lo vital que es reducir drásticamente la movilidad del virus, especialmente cuando se sabe tan poco sobre este. El artículo se publicó el 26 de enero.

Para el 7 de febrero, 72 países ya han ejecutado algún tipo de control en el transporte, sobre todo internacional. Sin embargo, hasta a comienzos de marzo, la OMS sigue insistiendo en que, cualquier país que interfiera en el libre tránsito internacional, ha de informarle cuál ha sido la razón de ello en las siguientes 48 horas, tal como lo establece la Regulación Internacional sobre la Salud. Es decir, ante el riesgo de pandemia, incurrir en trámites burocráticos. Peor aún: sus expertos, en entrevistas dedicadas a resolver consultas del público y a «pelear la guerra contra las noticias falsas» (como la que da Carmen Dolea el 10 de febrero), recomiendan “no cancelar viajes” y exhortan a “no imponer restricciones al tránsito internacional”, inclusive dentro de China, el epicentro mundial.

Llegamos entonces al típico episodio en el que los protagonistas recuerdan flashbacks del pasado. En lo que ahora resulta una ironía monumental, el 3 de febrero, la OMS tuitea sobre un estudio realizado en septiembre del 2019, que concluía lo siguiente: “El mundo no está preparado para una pandemia respiratoria global que pueda matar hasta a 80 millones de personas, devastar economías y crear caos social”.

Ellos tampoco, evidentemente. Recién el 11 de marzo el problema es considerado una «pandemia», cuando dos días antes, el 9, no lo era porque solo 4 países reportaban el 93% de los casos. ¿Qué cambió en 2 días? Solo los expertos de la OMS lo saben. Ah, y solo a finales de marzo fue cuando (al menos a través de Twitter) exhortan a suspender los viajes internacionales. Ahora sí: teman.

Los expertos tienen una responsabilidad enorme de cara al público ‘no experto’. Si no saben, no saben. Pretender certeza donde no la hay es peligrosísimo»

Es evidente que el ahora bautizado COVID-19 es un virus cuyas características están siendo descubiertas y actualizadas día a día. Es imposible saber a ciencia cierta, hasta el día de hoy, qué recomendaciones específicas dar para combatirlo. Y sobre el futuro, ni Nostradamus. Sumado a eso, existe la natural tendencia de organismos internacionales a tratar de «mantener la calma» para que la gente no entre en pánico, que eso puede ser peor que la misma enfermedad. Pero los expertos tienen una responsabilidad enorme de cara al público «no experto». Si no saben, no saben. Pretender certeza donde no la hay es peligrosísimo.

Y esto es así por básicamente dos razones: primero, y más evidente, porque pierden credibilidad (hay una entrevista excelente de El Confidencial, de España, a Sergio Romagnani, científico italiano, en la que cuenta cómo lograron contener el virus en Véneto, pero ignorando expresamente las recomendaciones de la OMS). Y en un contexto de crisis sistemática como el actual, perder confianza en las instituciones es nefasto para el orden democrático. Pero, segundo, y más importante desde mi perspectiva, porque parte vital del control de la pandemia es la conducta humana. Por ejemplo, se requiere que la gente comprenda que el distanciamiento social es clave no solo para evitar que la tasa de contagios siga aumentando, sino primordialmente para no sobrecargar los sistemas de salud y que no haya riesgos en pacientes (o potenciales pacientes) diferentes a los ocasionados directamente por el coronavirus.

Sin embargo, la OMS, por un lado, indicaba que este nuevo virus producía síntomas leves, como de resfriado, y que era peligroso en ancianos, inmunodeprimidos, y en gente con comorbilidades; por el otro, es una “emergencia en China”, e Italia decide implementar un lockdown a escala nacional. ¿Quién puede procesar racionalmente ambos «hechos» a la vez? No debe sorprender entonces que la toma de decisiones de la gente se manifieste en un espectro donde predominan los extremos: es una gripecita, que por qué me obligan a estar en mi casa, o sálvese quien pueda y me acabo el papel higiénico de los supermercados.

Ante la ignorancia sobre un evento de tamaña magnitud, es mejor (y, diría, hasta racional) pecar de precavidos. Y los expertos de la OMS hacen mal en pretender tener certezas y dar recomendaciones que, en el extremo, hasta son contraproducentes (claros ejemplos son la reticencia a recomendar la suspensión de los viajes internacionales y su reciente campaña en contra del uso de máscaras). La serie aún no llega a su último episodio. Espero que termine en un final feliz o, al menos, responsable.

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El coronavirus y las resistencias sociales

Tan pronto la pandemia del coronavirus de la COVID-19 fue llegando a América Latina, se difundió una oleada de sentimientos muy diversos entre la población. Agobio frente a la saturación de acontecimientos, ansiedad frente al encierro, frustración ante la impotencia y perplejidad ante lo desconocido. En algunos casos, como en Argentina, la repuesta gubernamental fue rápida y relativamente bien coordinada. En otros casos, como en México, hubo mucha negligencia inicial. Y, aunque Sebastián Piñera, en Chile; Lenín Moreno, en Ecuador, o Iván Duque, en Colombia, se esforzaron bastante para llevarse la palma del presidente más necio ante la emergencia sanitaria, obviamente nadie ha logrado superar a Jair Bolsonaro. Sus irresponsables posiciones y desastrosas apariciones públicas dejaron a los brasileños con una fuerte sensación de desprotección e, incluso, de rabia frente a uno de los pocos mandatarios del mundo que se ha atrevido a contrariar abiertamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y deslegitimar también a los científicos.

El miedo al coronavirus (y, en muchos casos, principalmente a sus consecuencias) es una postura muy explayada, pero todavía peor es el negacionismo de aquellos que siguen minimizando la importancia de la pandemia. Con argumentos como “la letalidad no es tan alta”, “mata más la gripe” o “ya hemos tenido epidemias y pandemias peores en la Historia”, Bolsonaro y su séquito buscan, una vez más (tal como ya lo hicieron antes con el Holocausto o el cambio climático), generar controversias ante hechos empírica e históricamente verificables sobre los cuales existe un amplio consenso. Sea por egoísmo, por convicciones religiosas, por estrategia política o por perturbaciones psíquicas de algún tipo, ponen en riesgo la vida de contingentes enormes de la población, especialmente los más vulnerables.

A pesar de esta dramática situación causada por una posición inhumana frente a la pandemia del coronavirus de la COVID-19, las medidas de aislamiento físico y las duras políticas de restricción a la movilidad, aunque necesarias para intentar contener la expansión del contagio, traen consecuencias que necesitan mayor discusión. Ello debe hacerse no por los motivos expuestos por la extrema derecha, sino por el hecho de que puede poner en jaque nuestras libertades y la democracia, fortaleciendo el autoritarismo social y político ya tan diseminado.

El Estado interventor es reivindicado ahora hasta por los neoliberales, pero con él también vienen los militares en las calles, los estados de emergencia en los que todo se suspende y la instalación de una lógica bélica no solo contra el virus, sino también contra algunos sectores de la sociedad. Medidas de concentración de poder adoptadas para combatir la COVID-19 pueden incluso ser necesarias para posibilitar el atendimiento público de la salud y la “protección” de la población. Sin embargo, hay una frontera muy tenue entre eso y las derivas autoritarias. Asimismo, es importante recordar que si el confinamiento masivo aparece hoy como prácticamente la única alternativa, esto se debe, en gran medida, a la política de privatización de las últimas décadas. El neoliberalismo destrozó tanto la salud pública que, en situaciones como esta, no tenemos la capacidad de poder contar (ni siquiera en los países europeos que antes estaban orgullosos de ello) con una respuesta pública a la altura.

La cuarentena es necesaria, pero algunas políticas de excepción que empezamos a ver en varios países son insostenibles»

La cuarentena es necesaria, pero algunas políticas de excepción que empezamos a ver en varios países son insostenibles. Sabemos, además, que no empezaron con el coronavirus y, en algunos casos, podrán no desaparecer cuando la pandemia haya pasado. Ya estaban ahí, militarizando los territorios y las vidas, o bien contribuyendo a crear nuevos enemigos, internos y externos. Vivimos la biopolítica en estado puro, con una aceptación histórica de la población. Antes, vigilaban y punían. Ahora, vigilan, punen y todos aplaudimos, encerrados en nuestras casas. Pero no nos engañemos: la vigilancia permanente (de las formas más clásicas a los rastreos digitales y drones), el control y el manejo de big data, los nuevos dispositivos de reconocimiento facial y otras formas sofisticadas de control social no se están profundizando solo para combatir a un virus.

Es necesario neutralizar a los negacionistas y a los oportunistas, pero también debemos reconocer que hay una dimensión trágica en el confinamiento: es socialmente necesario, pero políticamente peligroso. Eso ocurre porque no podemos aislar la excepcionalidad de las medidas típicas de este momento con la conturbada coyuntura política que vivimos en nuestra región y en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias de un posible cierre total de fronteras y en los usos y abusos del estado de sitio para otros fines. Eso no es un tema menor en el actual escenario de confrontación política, desde el Chile insurgente y rebelde hasta una Bolivia golpeada o una Venezuela ya tan apremiada de agitaciones e inestabilidades. Además, estamos solo en el inicio de una emergencia sanitaria, que, en sociedades tan desiguales como las nuestras, también debe ser vista como una emergencia política y social.  

Aprendizajes políticos y resistencias sociales en tiempos de coronavirus

Este retrato sombrío de la política en tiempos de reclusión contrasta, sin embargo, con un escenario de aprendizajes políticos que la actual situación contribuye a visibilizar. El primero de ellos es la importancia de la lucha contra el antropocentrismo. Si la propia emergencia del coronavirus es resultado de nuestros desequilibrios ecosistémicos, la desaceleración de la economía y poco más de una semana de restricciones de coches y vuelos han servido para que la mayoría de las capitales del mundo hayan visto sus estratosféricas tasas de contaminación bajar hasta la mitad, mientras vemos insólitas imágenes de animales circulando por calles vacías. Eso nos recuerda que sin lucha contra el cambio climático, por alternativas al desarrollo y por la justicia ambiental no habrá planeta ni vida que se sostenga en el futuro próximo.  

Otro aprendizaje societario de la política en tiempos de coronavirus es la centralidad de los cuidados para mantener la vida y su reparto absolutamente desigual. Las feministas llevan tiempo insistiendo en ello y ahora el confinamiento de medio mundo en sus casas, con niños sin cole y la familia al completo bajo el mismo techo, lo vuelve todavía más explícito. Casi escandaloso. Para que las tareas del cuidado no sigan recayendo casi exclusivamente en los cuerpos de las mujeres, la cuarentena debería ser vista como una oportunidad de inflexión para que los hombres puedan involucrarse activamente en un cambio radical de escenario y transformar la organización del trabajo en casa y fuera de ella. A los hombres, el mensaje es claro: no basta con empezar ahora y luego, tras el fin de la cuarentena, decir “no tengo tiempo”. Debemos emprender un camino sin vuelta atrás. Solo así se podrán construir, en términos prácticos, sociedades más igualitarias y alternativas antipatriarcales.

Un tercer eje de aprendizaje tiene que ver con la defensa y reconstrucción de lo público. Tras décadas de desmantelamiento de los servicios públicos por el neoliberalismo, la lucha contra el coronavirus ha visibilizado la importancia de la salud pública, gratuita y universal, así como la centralidad de la financiación pública para investigaciones socialmente relevantes. El momento también es crítico: defendemos y reconstruimos la salud pública (y los servicios públicos en general), en un momento en el que queda muy clara para toda la sociedad su importancia, o no habrá tampoco vuelta atrás. Se trata de anteponer el bienestar general de las personas a las reacciones del mercado y los operadores políticos de la mercantilización. Y, en última instancia, de poner la vida ante la economía y el capitalismo, algo que excepcionalmente encuentra eco en este momento, aunque no sabemos hasta cuándo.

Más allá de la defensa de lo público, la crisis contemporánea también está poniendo en cuestión la importancia de la colectividad y la vida comunitaria. Paradójicamente, en un momento en el que el aislamiento tiene un carácter eminentemente individual, varias iniciativas sociales pasan a valorizar más la vida en común. Nos sentimos más solos y estamos más vulnerables, pero también se ha potenciado la empatía, la solidaridad y una serie de redes de apoyo mutuo. Jóvenes que se disponen a hacer la compra de alimentos o medicamentos para la población de riesgo que no puede salir de casa; familias que se disponen a cuidar de niños de otras familias que tienen que seguir trabajando; iniciativas que promueven intercambios y trueques en momentos de cierre de los comercios y de necesidades económicas apremiantes; colectivos que ofrecen ayuda psicológica o laboral para los que ya están sufriendo de manera más directa las consecuencias de la crisis. El fortalecimiento de los lazos sociales y de los vínculos comunitarios, por lo tanto, es otra de las potencialidades de resistencia en tiempos de coronavirus.

Asimismo, otro aprendizaje que sale a flote con la pandemia del coronavirus de la COVID-19 está relacionado con la alimentación. Ir a hacer la compra es uno de los pocos motivos por los cuales podemos salir de casa y muchos estamos asustados por la posibilidad (real o imaginaria) de desabastecimiento de productos básicos en muchos lugares. Los medios de comunicación reproducen imágenes de colas en los supermercados ante la alarma social y las compras compulsivas. Pero lo que realmente está en juego es el derecho a la alimentación. Hace décadas que los movimientos campesinos y redes alimentarias llaman la atención para un modelo insostenible de alimentación concentrado en grandes superficies de distribución y reivindicando como alternativa la seguridad y la soberanía alimentaria. En momentos como los actuales, más que nunca, nos ponemos a pensar sobre qué y cómo se produce, se consume y se distribuye. La disyuntiva es clara: apostamos todas las fichas en un cambio de nuestros hábitos, pero también del sistema alimentario como un todo (con cadenas relocalizadas y productos sostenibles y ecológicos, por encima de las exigencias de las grandes empresas y del mercado) o estaremos abocados a una profundización de la catástrofe alimentaria.

Ante la emergencia por la crisis sanitaria, debido al coronavirus, la resistencia social no se restringe a cacerolazos en los balcones y ventanas. También se está arraigando en diferentes iniciativas sociales que vislumbran las emergencias sociales de una transición necesaria. Sin ellas y el fortalecimiento de redes ciudadanas, vecinales y los movimientos que las sostienen (principalmente ecologista, feminista, juvenil, comunitario y campesino-indígena), nuestro horizonte de futuro se verá todavía más restringido.

Foto de daviditzi en Foter.com / CC BY-NC-SA

Coronavirus y globalización

El coronavirus es un fenómeno global y actúa como un agente que contamina al conjunto del sistema, se transmite con mucha eficiencia y con una tasa de crecimiento exponencial. Lo que inicialmente fue una epidemia localizada en la región de Wuhan en China, progresivamente se esparció hasta convertirse en pandemia de difícil control por parte de los sistemas nacionales de salud pública.

Wuhan, punto de origen del virus, advierte sobre la explosión incontrolable de efectos, que resulta de prácticas de relacionamiento con los bosques primarios

El lugar de origen del virus dice mucho sobre la globalización: una sociedad donde convive la mayor dinámica económica del planeta, con prácticas tradicionales de las poblaciones en su relacionamiento con bosques y especies silvestres; mercados donde estas especies se expenden, situados en ciudades con millones de habitantes e intensamente interconectados con el mundo. Wuhan, punto de origen del virus, advierte sobre la explosión incontrolable de efectos, que resulta de prácticas de relacionamiento con los bosques primarios, con la caza de animales silvestres que un tiempo pudo ser sostenible, pero que ahora, impelida por la acelerada urbanización y por la exacerbada competencia, genera desastres globales.

El sistema jerárquico de autoridad característico de la civilización tradicional china se ha repotenciado en lo que es ahora, un régimen disciplinario que combina autoridad y mercado en una lógica de agresiva competencia con las economías occidentales, lo que la catapulta ya al segundo puesto, después de Estados Unidos en la carrera de la geopolítica económica global. Pero si la lógica de autoridad ha sido funcional al crecimiento exponencial de la economía china, y si ésta ha sido la plataforma ideal para la expansión de la pandemia, lo ha sido también a la hora de enfrentarla: gran capacidad de comandar las operaciones de reclusión y confinamiento de vastas zonas geográficas y de ciudades masivas; gran capacidad de respuesta en la construcción de infraestructura y en la disciplina que requieren estas operaciones.

Las últimas cifras de nuevos contagios y muertes presentan a China como la vencedora de la lucha contra el coronavirus. Mientras tanto, en su avance por el planeta, otros estados encuentran serias dificultades en su enfrentamiento con la pandemia. Europa, el continente que consolidó el Estado de bienestar, es ahora la víctima de su desmantelamiento y, con él, de sus sistemas sanitarios de prevención y control. Los fuertes vínculos de Europa con China están detrás de la velocidad con que la epidemia ingresó de forma inadvertida en países como Italia, España, Francia y Alemania, y se extendió de allí al resto del planeta.

Las estrategias menos dirigistas tampoco están saliendo airosas del trance. Distanciándose cada vez más de Europa, Reino Unido ensayó inicialmente medidas que dejan más espacio a la libertad y responsabilidad individual, con el fin de no afectar el funcionamiento de la economía y de los mercados, pero posteriormente dio un radical giro hacia restricciones más vigorosas una vez que fueron conscientes de la magnitud de la amenaza.

Del otro lado del océano, la estrategia estadounidense demostró serias ambigüedades; con una elección presidencial inminente, el gobierno perdió tiempo valioso para tomar acciones contundentes dejando que las ciudades y los estados más afectados tomen medidas desesperadas sin el respaldo del gobierno federal. Si a esto se suma el limitado acceso al sistema de salud y la exclusión de una amplia porción de la población en condiciones de ilegalidad, se puede prever un desenlace catastrófico.

El virus tardó en llegar a América Latina. Mientras el foco de la infección estaba en China no aparecieron casos en la región. La situación cambió cuando el brote se activó en los países europeos con quienes mantiene intensos intercambios. La multiplicación acelerada de casos confirmados forzó la progresiva implementación de medidas restrictivas al ingreso de personas desde el exterior y la reclusión domiciliar a segmentos importantes de la población. La opción por estas medidas radicales puede ser atribuida a que el temor del colapso de sistemas de salud históricamente frágiles y ahora mismo afectados por los ciclos fiscales restrictivos de las últimas décadas. Estas condiciones extremas están obligando a combinar estrategias de ‘distanciamiento social’, con una más fina identificación de territorios, donde el fenómeno presenta mayor incidencia y la contención puede ser más eficaz.

Más que erradicar el virus, los sistemas sanitarios tendrán que enfocarse en observar la evolución de la enfermedad, gobernar su presencia y orientar comportamientos colectivos que reduzcan sus efectos nocivos. Por lo demás, la humanidad siempre ha convivido con virus y bacterias, y deberá seguir haciéndolo, solo que ahora la dimensión global de los intercambios sociales exige de más ciencia y conocimiento para interactuar con ellos, de más solidaridad y capacidad de acuerdos al interior de los estados y entre estados, para potenciar verdaderos sistemas de gobernanza regional y global.

Es posible que la estrategia dirigista china se afirme progresivamente en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, ello no debería conducirnos a olvidar que las verdaderas causas de la producción de pandemias están en los modelos depredadores e insostenibles de relacionamiento con los ecosistemas. 

La pandemia ha sido capaz de detener el ritmo desenfrenado de la economía que requiere la supervivencia de la humanidad, pero sus efectos sobre la capacidad de reproducción cotidiana de grandes grupos de población son el hambre y pobreza. El coronavirus ha obligado a un repliegue forzoso de las sociedades y de los individuos a sus ámbitos más íntimos, ha obligado a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de habitar en un mundo frágil y a apreciar la vivencia del momento que escapa. Seguramente estamos frente a una radical transformación de cómo estamos entendiendo la vida individual y colectiva, y con ella el mismo destino de la globalización. 

Foto de World Economic Forum en Foter.com / CC BY-NC-SA