Una región, todas las voces

Ecuador y sus pandemias

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor afectación por la COVID-19. Además de muerte y desolación, la pandemia ha traído consigo la exposición descarnada de otra de las enfermedades crónicas del país: la corrupción pública. Así, entre coronavirus y delincuentes enraizados en el Gobierno central y subnacional, el país ha debatido profusamente sobre los medios más eficaces para combatirlos en unidad de acto. Sin embargo, y aunque los resultados definitivos aún están por verse, las noticias más halagadoras vienen desde la vertiente sanitaria: Ecuador ha superado parcialmente al virus y se encuentra en franco proceso de retorno a la nueva cotidianeidad.

En cuanto a la otra pandemia, habrá que esperar la acción judicial. Algunos pasos se han dado, sobre todo desde la acción de la fiscal general, pero eso no es suficiente. El largo y tortuoso camino de las cortes de justicia recién ha iniciado y la población cree que la vacuna contra la COVID-19 llegará antes de que una sentencia condenatoria firme en contra de los corruptos. En fin, cuestión de percepciones.

Hasta tanto, la crisis sanitaria que afronta el Ecuador también ha servido para evidenciar la debilidad estructural del Estado. El sector de la salud, por ejemplo, carece de una agenda específica y las políticas públicas. En el sentido de directrices articuladas y coherentes entre diferentes actores e instituciones, son prácticamente inexistentes. A diferencia de otras fatales herencias recibidas por el presidente Lenín Moreno de su antecesor, la precaria situación de la salud pública es una deuda social que viene arrastrándose al menos tres o cuatro décadas atrás. Algo parecido sucede con el sistema de gestión de riesgos. La pandemia ha servido para poner al descubierto que un sector tan importante como este, y que requiere personal sumamente especializado en su dirección, ha sido entregado a personas que, aunque podrían tener buenas intenciones, carecen de conocimientos científicos para el efecto.

Un nuevo intento de reforma del Estado ha sido anunciado por el Gobierno. Sin embargo, si el presidente Moreno no hizo nada al respecto en tres años de gestión, difícilmente procesará tamaño emprendimiento en los meses que le restan»

En medio de las vicisitudes señaladas, un nuevo intento de reforma del Estado ha sido anunciado por el Gobierno. Sin embargo, si el presidente Moreno no hizo nada al respecto en tres años de gestión, difícilmente procesará tamaño emprendimiento en los meses que le restan para dejar el Palacio de Carondelet. Peor aún con una emergencia sanitaria de por medio y con niveles de popularidad similares a los que tuvieron los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez en los días previos a sus caídas. En definitiva, el horizonte a corto plazo de Ecuador se ve marcado por el incremento de la conflictividad social que se dará como respuesta no solo al descontento ciudadano ante un jefe de Estado sin orientación política y con nula capacidad de decisión en los temas más trascendentales, sino también como reacción a las medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno en los últimos días. La reducción del 16% del sueldo de todos los servidores públicos es solo un ejemplo de lo dicho.

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Así, en una situación que vincula la esperanza que genera la rehabilitación de las actividades económicas y sociales con la desazón que emana de los letales efectos de la COVID-19 y la delincuencia organizada alrededor de diferentes sectores de la administración pública, el país se apresta a un nuevo proceso electoral a inicios de 2021. Difícil y desafiante es, por tanto, la coyuntura que tendrán que afrontar quienes postularán a la legislatura y la Presidencia no solo por la profunda crisis económica que afronta el país, esta sí herencia del gobierno de Rafael Correa, sino también porque las plataformas de los candidatos deberán ser innovadoras y aplicables a una turbulenta realidad.

Más difícil es el ejercicio que les viene por delante a los políticos del país, pues se han acostumbrado de a poco a otorgar menos tiempo a la construcción de ideas, y más, mucho más, a la generación de clientelas políticas financiadas ilícitamente. En resumen, la COVID-19 en pocas semanas ha sido capaz de evidenciar lo que por mucho tiempo se ha mantenido oculto: un Estado incompetente para resolver los problemas ciudadanos básicos y una audacia sin límites para atracar los recursos públicos.

Foto de Asamblea Nacional de Ecuador ed Foter.com / CC BY-SA

Personajes de nuestra historia que no caben en un billete

Escribo desde Nueva York, uno de los epicentros mundiales de la pandemia del Covid-19. En estos días las la muertes diarias en este estado son de alrededor de 50 personas, pero estamos mejor que hace un mes, cuando morían 1000 personas en un solo día.

En el marco de una crisis sanitaria y económica global y, mirado a la distancia, el debate argentino sobre quién debe aparecer en los billetes (próceres o animalitos) parece un poco surrealista, o incluso superficial, pero no hay que engañarse. El debate es real e importante y lo que se discute va más allá de Argentina pues es una temática central de la discusión latinoamericana.

Recuperar ideas históricas a través de sus protagonistas no es algo bueno o malo en sí mismo; el problema es sacar a los personajes de su contexto.

Recuperar ideas históricas a través de sus protagonistas no es algo bueno o malo en sí mismo; el problema es sacar a los personajes de su contexto. En Brasil, el populista y post-fascista Jair Bolsonaro intenta reescribir la historia de su país a través de la negación de los crímenes de la dictadura militar y sus asesinos. En Venezuela el abuso de la historia de Bolívar es práctica infame y habitual, empezando por cambio de nombre de ese país instaurado por Hugo Chávez, se podrían escribir libros para llenar bibliotecas con el uso y abuso de Bolívar en ese país. “Bolívar soberano” es el nombre de billetes con facciones particulares de alta denominación y poco valor. Este “Bolívar” reemplazo en 2018 a su vez al “Bolívar fuerte” que en 2008 había reemplazado al Bolívar tradicional.

Aunque se informa ahora que el presidente argentino Alberto Fernández habría elegido cortar por lo sano y por eso desechado la iniciativa de colocar al peronista y filofascista Ramón Carrillo junto a la médica argentina, Cecilia Grierson, en los billetes de $ 5000, la idea abrió nuevamente una discusión interesante e importante sobre cómo queremos representar, o incluso rescatar nuestro pasado, o nuestros ejemplos (o ejemplares) del pasado.

No es una discusión sin consecuencias y, en definitiva, es una polémica que corre el riesgo de volver a la idea binaria de dos países enfrentados.

La primera sería la Argentina peronista, la Venezuela populista o incluso el Brasil bolsonarista. Un país con una historia que muchos abrazan y muchos otros rechazan. La segunda sería la del país de la post-política y de la post- historia que quiere olvidar el pasado y despolitizar los billetes. Pero en realidad todo es parte de una discusión política sobre quiénes somos y cómo nos queremos pensar.

Retomando el caso argentino, no es que no sea importante discutir si Juan Domingo Perón, o el encargado de sus políticas sanitarias, Ramón Carrillo, tuvieron en algún momento simpatías fascistas. Sin duda, las tuvieron.

Pero es necesario recordar que en su reformulación de lo que había representado el fascismo en clave democrática, Perón dejó el fascismo muy atrás para crear la primera democracia populista de América Latina y del mundo (en breve la seguirían otras en Brasil, Bolivia y Venezuela). El fascismo quedó bien atrás y el populismo, fue y es, una forma de pensar la democracia que combina tradiciones democráticas y autoritarias.

En términos sanitarios, la política populista clásica no tiene nada que ver con el fascismo. Por caso, personajes estelares del populismo actual como Donald Trump y Jair Bolsonaro, dejan de lado la tradición populista para abrazar las políticas fascistas de la enfermedad, que con su falta de planificación y prevención y con sus fantasías y xenofobias no tienen nada que ver con la tradición populista representada por Perón, o Getulio Vargas en Brasil, o la de los populismos clásicos bolivianos y venezolanos.

Tampoco tienen que ver con esta política de prevención los delirios y el negacionismo sobre la enfermedad que se está dando en países con marcos dictatoriales y ya no populistas como Venezuela y Nicaragua. En estos países, como también en dictaduras como Bielorrusia, Turkmenistán y Corea del Norte, se da una estrategia de control y de propaganda de gobiernos que se inscribe en el mundo de la desinformación totalitaria.

Este tipo de estrategias definen un autoritarismo que, en la práctica, fomenta la enfermedad y la muerte. Lejos está nuestra Argentina de estos casos y delirios, y como escribíamos con la viróloga Laura Palermo, Argentina contrasta bien con Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Nicaragua y es un ejemplo de prevención de la enfermedad.

En concreto, es evidente que la intención no era reflejar la relación entre fascismo y populismo, sino más bien plantear continuidades con el pasado en términos de políticas médicas y de prevención. Discutir el pasado en relación a nuestro presente es siempre importante pero los billetes quizás no sean la mejor plataforma para plantear el debate.

Lamentablemente, el debate como está planteado en Argentina y como muchas veces se lo plantea en toda Latinoamérica, nos bifurca en dos y elimina la complejidad de nuestra historia que no es solamente la de San Martín, Eva Perón o las ballenas del Mar austral.

La idea de poner gente importante o históricamente famosa en los billetes es muy antigua. Es una idea que no requiere pensamiento sino más bien repite la idea de cantarle a la bandera cada mañana sin pensar nada.

O mejor dicho, la historia que presenta es la de un Estado (y unos políticos) que usan a la historia para reflejarse en un pasado dorado. Para justificarse. Inaugurada por historiadores del poder en el siglo XIX esta idea vieja de la historiografía, presenta una historia mítica de héroes y villanos que reemplaza a la historia más concreta, que es la que experimentamos todos.

No se da en nuestros países latinoamericanos una contienda entre civilización o barbarie y nunca lo fue. Los animalitos de los billetes argentinos actuales, que parecen neutrales (¿quién puede estar en contra de ellos?) en realidad no lo son tanto pues representan la voluntad del olvido, que es tan problemática como la de celebrar el pasado en vez de pensarlo críticamente.

Somos personas y no solo somos topografía y fauna. No es necesario deshumanizar nuestros símbolos. El perro de Ulises, Rocinante o el caballo de San Martín, y las facciones de Bolívar son parte de una historia con gente. No es que yo tenga una solución para este debate (mi propuesta personal para los billetes argentinos sería incluir a Mafalda, Libertad, la tortuga Manuelita, Funes el memorioso, el viejo Vizcacha del libro El Martin Fierro u otras menciones alegóricas o metafóricas a temáticas de nuestra literatura, nuestra música, nuestro deporte) íconos que todos compartimos y que nos ayudan a pensarnos a través de nuestras pluralidades, acuerdos y diferencias.

Foto de Freejpg.com.ar en Foter.com / CC BY

*Texto publicado originalmente en el periódico Clarín, Argentina

Chile: de la Protesta Social a la Crisis Sanitaria

La irrupción del COVID-19 ha significado desafíos muy similares para todos los países del mundo. Sin embargo, el contexto político en el que el virus llegó a Chile es bastante sui generis. Desde mediados de octubre de 2019 el país experimentó una ola de protestas nacionales en rechazo no sólo a las desigualdades socioeconómicas y socioestructurales sino también a una arquitectura institucional rígida, que entorpece la adopción de reformas. En respuesta, los principales partidos políticos acordaron mantener un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie acerca de la idea de redactar una nueva Constitución.   

El estallido social de octubre no fue más que la manifestación ostensible de un marcado deterioro de la legitimidad y de crecientes desafíos para la representación democrática.  La identificación partidaria, la confianza en las instituciones y la valoración de los principales actores políticos venían en picada, al igual que los niveles de apoyo a la gestión del Presidente Sebastián Piñera.  He aquí el principal desafío de Chile: la peor emergencia sanitaria de la historia moderna irrumpe en medio de protestas y una profunda crisis de legitimidad.  Sorprendentemente, la ciudadanía chilena acató, de manera casi inmediata, los llamados a la desmovilización en aras de respetar el distanciamiento social y aceptó sin mayores contratiempos que el plebiscito programado para el 26 de abril de 2020 se re-agendara para el 25 de octubre de 2020.  

Como ocurrió en otros países, desde el punto de vista sanitario, el gobierno procuró tempranamente evitar la llegada del virus al territorio nacional, adoptando controles de salud al ingreso al país, orientados a identificar posibles portadores provenientes del extranjero, con el propósito de testearlos, aislarlos y tratarlos. Sucesivamente se fueron implementando medidas adicionales, tales como el cierre de fronteras, la suspensión y prohibición de las actividades masivas, el cierre de centros comerciales, la interrupción de clases presenciales y la adopción de cuarentenas, entre otras.  En paralelo, el gobierno buscó evitar un colapso del sistema sanitario.  Así, se adelantó la campaña de vacunación contra la influenza, se testeó de manera cada vez más extensiva, se expandió el número de camas críticas disponibles y se incrementó la disponibilidad de respiradores mecánicos.  Desde el punto de vista económico, muy tempranamente el gobierno introdujo medidas para evitar la pérdida de empleos, promover la liquidez de las empresas y apoyar a los trabajadores formales, que se fueron ampliando progresivamente.  

A pesar de que muchas de las medidas adoptadas dieron sus frutos, el gobierno tomó dos decisiones que fueron profundamente criticadas y que, para algunos, han comprometido el éxito de sus respuestas al COVID-19

A pesar de que muchas de las medidas adoptadas dieron sus frutos, el gobierno tomó dos decisiones que fueron profundamente criticadas y que, para algunos, han comprometido el éxito de sus respuestas al COVID-19.  En primer lugar, el 19 de abril, el Presidente Piñera anunció el “Plan Retorno Seguro”, aduciendo que, si se tomaban los resguardos necesarios, sería posible alcanzar una “nueva normalidad”.  Con un total de 10.507 casos confirmados y 139 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud, al gobierno le pareció prudente comenzar a planificar el retorno a las actividades presenciales.  En este contexto, se anunció la incorporación gradual de los funcionarios públicos, trabajadores del sector privado y estudiantes.  Para muchos, el “Plan Retorno Seguro” y su comunicación a la ciudadanía provocó un relajamiento prematuro de las medidas de distanciamientos social, lo que produjo un notable incremento de los contagios.  Ante las críticas, la vocera de gobierno le dijo al Diario La Tercera que no era posible descartar si los anuncios de gobierno produjeron tal aumento.  Como sea, al 2 de junio el Ministerio de Salud registraba 108.686 contagios y 1.188 fallecimientos, lo que ubica a Chile como el país con mayor cantidad de casos registrados por millón de habitante de América Latina.

En segundo lugar, la adopción tardía, y probablemente insuficiente, de políticas para mitigar los efectos económicos del COVID-19 dirigidas a las familias e individuos, sobre todos aquellos en situación de vulnerabilidad, también ha sido cuestionada.  Si bien tempranamente se pusieron en marcha diversas medidas para proteger el empleo formal y apoyar a las empresas, para los 2.4 millones de trabajadores informales la ayuda llegó tarde y para los 1.9 millones trabajadores por cuenta propia aún no llega. En las comunas más pobres algunas personas se han visto en la disyuntiva de elegir entre respetar el aislamiento social o generar ingresos para sostener a sus familias. Estos trabajadores en general no son elegibles para los beneficios a los que sí pueden optar los trabajadores formales, como los seguros de desempleo, con lo cual han experimentado enormes limitaciones para cubrir sus necesidades básicas durante esta emergencia.

El desenlace de esta crisis aún no está sellado y todo indica que dependerá de dos principales factores.  Primero, el sistema sanitario chileno viene trabajando al límite de sus capacidades desde hace semanas.  Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, al 2 de junio se encuentran ocupadas el 88% de las camas críticas a nivel nacional y el 98% de las de la Región Metropolitana de Santiago.  Segundo, los sectores más vulnerables han recibido ayuda tardía e insuficiente. Esto ha provocado que en algunas comunas se hayan registrado protestas esporádicas por falta de alimentos e ingresos.  Como resultado, si se produce un colapso del sistema sanitario y los ingresos y bienes de primera necesidad para los sectores vulnerables siguen siendo insuficientes, el precario equilibrio político en el que se encuentra Chile podría verse amenazado. 

Foto de patrickcoe en Foter.com / CC BY

No solo por los virus muere la sociedad

El 16 de abril, el entonces ministro de Sanidad, Luiz Henrique Mandetta, fue despedido por el presidente Jair Bolsonaro, y un mes más tarde, Nelson Teich, que había asumido el cargo, dimitió. En medio de la gravísima pandemia del virus de la COVID-19, se está profundizando una crisis política continua. Un cambio importante en un momento tan crítico revela una falta de comprensión de la gestión sanitaria en general y de los consiguientes efectos que esta acción causa en la información que está dirigida a la población.

Como aliada de la decisión política, se destaca la constante desinformación que infecta las redes sociales, y que incluso contribuyó a elevar al actual presidente al Poder Ejecutivo. Con la elección de Donald Trump en 2017 en los Estados Unidos, se forjó y consolidó una práctica de desinformación ya existente, pero ahora sistemática: las noticias falsas. Este proceso apunta a varios cambios de comportamiento, como los movimientos antivacunas, el descrédito del sistema democrático y la descalificación de la ciencia, y con la profundización de las propuestas económicas neoliberales.

Ejemplos notables de descalificación de la ciencia son la renuncia del director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), Ricardo Galvão. En esa ocasión, Bolsonaro cuestionó los datos planteados por el INPE sobre el aumento de los incendios en el Amazonas. En su opinión, los datos serían erróneos, lo que llevaría a una imagen negativa de Brasil en el extranjero, así como en los sucesivos ataques de la Presidencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus recomendaciones de aislamiento social.

Esta forma de abordar el campo científico es notable en la estrategia de desinformación de la extrema derecha, alimentando el rechazo de los grupos ultraconservadores al pensamiento crítico, a la intelectualidad, a las instituciones de investigación y educación, como las universidades públicas, y a la propia razón, en general.

La agenda del caos parece ser la lógica adoptada por la actual conformación del poder en Brasil»

La agenda del caos parece ser la lógica adoptada por la actual conformación del poder en Brasil. Así fueron elegidos Trump y Bolsonaro, que parecen actuar en línea con el estratega Steve Bannon. Con cada crisis de palacio o decisiones que generan un impacto social, como la reforma de las pensiones, se crea una cortina de humo para sofocarlas a través de noticias altisonantes y sin base en la realidad.

Steve Bannon se dio a conocer como el estratega de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, el brexit, a través de la empresa Cambridge Analytica, que opera en el ámbito del asesoramiento político y la apropiación indebida de datos digitales personales mediante la extracción de datos y el análisis de estos a través de la comunicación estratégica.

Para lograr sus objetivos más inmediatos y llevar a sus respectivos países a la normalidad ante la actual pandemia, léase, negación del problema, se anuncian recetas preparadas como una cura. En este caso, se presenta la cloroquina e incluso la sugerencia de que la inyección de desinfectante podría utilizarse para combatir el virus, según la declaración del presidente de los Estados Unidos.

Ambos despertaron fuertes críticas de la comunidad científica por no presentar resultados para combatir el virus. En el caso de Brasil, simplemente imita lo que transmite el mandatario del norte, como lo prueban los discursos y la estética política del gobierno de Bolsonaro cuando desfila con la bandera estadounidense en actos públicos.

En este sentido, la desinformación debe combatirse mediante políticas de información ajustadas a los principios universales de los derechos humanos, como las leyes de acceso (en Brasil, la Ley de Acceso a la Información-LAI, n.º 12.527/2011), que permiten a los ciudadanos, en teoría, obtener información, sobre todo del aparato del Estado y las funciones de sus organismos, órganos y funcionalidades, excepto las de carácter confidencial, que están relacionadas con la seguridad nacional.

Para ello, es fundamental valorar el trabajo de los organismos públicos reconocidos como fiables que producen datos y generan conocimiento, como el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), responsable del perfil demográfico brasileño; la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsable de la organización y el desarrollo de investigaciones en el área de la salud pública, entre otras que están relacionadas con la toma de decisiones en las políticas públicas.

Otras fuentes de información deberían difundirse mejor al público en general, como el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (Bireme), que tiene la base de datos de la Red Latinoamericana y del Caribe de Literatura en Ciencias de la Salud (Lilas). En Brasil, el Bireme tiene una asociación con las Bibliotecas Virtuales de Salud Fiocruz. Gran parte del éxito obtenido por la investigación científica brasileña en el ámbito de la salud proviene de la capacidad de coordinación entre el Bireme y sus contrapartes en los países que componen la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS.

Sin embargo, la búsqueda de fuentes fiables de información depende de la instrucción y el aprendizaje continuo, además de la educación escolar de tipo formal. También depende de las políticas de información pública para una mayor democracia en la comunicación, con una mayor inversión en contenidos de calidad y accesibilidad universal. La conciencia adquirida sobre la importancia de la información y la comunicación para la conquista de la ciudadanía depende de la calificación de las fuentes y los usuarios/ciudadanos.

Las fuentes de información fiables necesitan, a su vez, la potenciación de los archivos, bibliotecas y centros de información como lugares democráticos, abiertos y orientados al acceso social. La información y el conocimiento son bienes públicos capaces de transformar las realidades sociales. En un continente con tantas inequidades e injusticias como América Latina, es necesario elaborar directrices para que la información llegue a la colectividad y para que esta pueda comprender el significado de lo que se transmite.

Solo el reconocimiento de las personas como parte de una colectividad, que invariablemente depende de que se comparta para vivir y de que los agentes del Estado sean capaces de tomar decisiones para el bien común, puede reducir al mínimo la desinformación, que incluye noticias falsas, y llevar la producción científica y sus resultados a una conclusión satisfactoria y con el mínimo de desconfianza o rechazo de los avances logrados hasta ahora. La desinformación puede matar tanto como el propio virus y alimentar la ignorancia.

Foto de Christoph Scholz en Foter.com / CC BY-SA

El martillazo digital para no perder el año

Coautor Alonso Mujica / Los últimos 60 días han puesto a prueba el modelo educativo a escala mundial. En el contexto latinoamericano, las condiciones de confinamiento han requerido soluciones urgentes a pesar de las profundas limitaciones de la oferta educativa pública en la región. En ese ámbito, el principal reto ha sido la continuidad del año escolar.

Las experiencias han sido diversas. Por un lado, se destaca la respuesta de Uruguay a la crisis y es el único país que ha avanzado en el cierre de la brecha digital (11% entre escuelas del sector más rico y del más pobre). A través del Plan Ceibal, Uruguay ha podido transitar hacia la educación virtual con más éxito que sus pares, gracias a la disponibilidad de manuales digitales para padres, docentes y estudiantes, así como la repartición de nuevos dispositivos, con lo que han podido orientar el trabajo formativo desde un enfoque multidimensional.

Por otro lado, en el Perú, la puesta en marcha de la Estrategia “Aprendo en Casa”, del Ministerio de Educación, tuvo como objetivo aplacar los efectos iniciales del confinamiento en la continuación del año escolar. En esa línea, es destacable que más de 6 millones de personas hayan tenido acceso a las plataformas televisivas, radiales y online que se han puesto a disposición del público, y se espera que en las próximas semanas se inicie la distribución de más de 800.000 tabletas con conexión a internet para los hogares de mayores necesidades. Chile, por su parte, pospuso el comienzo del año escolar, adelantó las vacaciones de invierno y ya empezó formalmente el año escolar con una estrategia multiplataforma similar a la de Perú, en la que combina plataformas como la televisión, la radio y lo digital, así como guías educativas para docentes y padres.

A pesar de estos ejemplos, sigue el riesgo de que en países como el Perú miles de estudiantes pierdan el año, principalmente, debido a las brechas digitales que existen entre las diferentes realidades en asuntos de conectividad y dispositivos, así como en preparación previa en habilidades digitales.

1.725 millones de estudiantes, o el 98,5% de la población escolar mundial, se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19″

De acuerdo con Unicef, 1.725 millones de estudiantes, o el 98,5% de la población escolar mundial, se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con un informe del BID que se publicó en abril, los países de la región han priorizado el contenido curricular y su difusión por medios masivos. En esa línea, se destaca el uso de los medios tradicionales para complementar la oferta educativa en casa, además de la disposición de material impreso facilitado a través de la prensa escrita. Estas estrategias “multiplataforma” han sido utilizadas por la mayoría de dichos países, pero con la excepción del digitalizado Uruguay.

La cruda realidad es que los centros educativos del mundo no estuvieron preparados para una situación como la actual. Un informe del Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes, que se publicó en 2013, resaltaba que solo el 66% de los colegios latinoamericanos contaba con acceso a internet y que, en promedio, cada 14 estudiantes contaban con una computadora.

Desafortunadamente, la Prueba PISA, realizada por la OCDE en el año 2018, evidencia que la brecha en aprendizajes continúa. A pesar de los contrastes entre los países latinoamericanos evaluados, donde Chile tuvo el mejor resultado en lectura y ciencia, y Uruguay, en matemática, ninguno obtuvo un resultado superior al promedio de los países de la OCDE. Mientras que en Perú, que mostró una consistente mejora respecto a las evaluaciones anteriores, más de la mitad de los estudiantes en matemática, ciencia y lectura no cumplen con los estándares mínimos de aprendizaje.

En este marco, es indispensable hacer un currículo educativo que fortalezca las competencias generales y digitales de los estudiantes. La crisis sanitaria nos conduce, por lo tanto, a agregar la transformación digital como eje transversal de la propuesta educativa.

En tal sentido, algunas líneas de acción urgentes que requieren nuestros países son: 1. Cerrar brechas de infraestructura e internet móvil, priorizando, para ello, el uso de smartphones para facilitar la educación remota y proveer internet fijo de banda ancha a todo el territorio. La experiencia mexicana “Internet para Todos” adquiere mayor relevancia en este contexto y también la del “Plan Ceibal” de Uruguay en cuanto a dispositivos y conectividad. 2. Dotar al docente del papel de formador de formadores para capacitar a padres y familiares en labores de acompañamiento educativo. 3. Crear una experiencia de aprendizaje digital a través de la generación de contenidos, crear estrategias de acompañamiento a docentes y padres, y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 4. Desarrollar una gestión escolar remota orientada a pensar nuevos métodos de medición de la labor docente que integre a profesores, staff y gestores de la educación.

Los problemas y las críticas a la calidad educativa no son nuevos. Sin embargo, tenemos la oportunidad para dejar un legado a las futuras generaciones que potencie la creatividad, la resiliencia y el liderazgo. Si tenemos que elegir de qué lado de la historia estar, que sea el de la solución.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

La pandemia y el retorno del Estado

La pandemia de la COVID-19 ha significado una lección para los Estados del mundo.

Sin embargo, las primeras décadas del siglo XX significaron un período de profunda crisis económica y social. La dominante fe en el crecimiento de mercados, el libre comercio y los precios altos de los productos primarios cambió por proteccionismos, reducción de precios, falta de crédito y contracción en importaciones claves. Para manejar la crisis, cobraron relevancia modelos con una tendencia al fortalecimiento del Estado. Surgen, así, nuevas iniciativas que, de a poco, conformarán lo que en algunos países se conoció como la sociedad del bienestar.

En los países no industrializados esto debía de ir de la mano de medidas fiscales para generar mayor ingreso a los Gobiernos, algo que después de la Segunda Guerra Mundial se daría a conocer como desarrollo. Es en este período cuando se pone de moda lo que se conoce por ingeniería social. Se trataba de compensar una falta de iniciativa privada con el sector público, programar a largo plazo tomando en cuenta visiones holísticas de la sociedad e identificar sinergias entre economía y sociedad, y fortaleciendo a sectores esenciales para el desarrollo.

No en todos los países de América Latina se aplicaron estos modelos por igual. Sin embargo, se puede decir que, en general, se consolidaron fuerzas que fomentaron políticas de industrialización, integración regional y distribución de ingreso. Con ello lograron en muchos casos algunos resultados sociales y económicos sin precedentes. Lo que comienza con una gran crisis económica y social se va transformando, por medio de la ingeniería social, en modelos de gobierno nacional-populares que incorporaron al sector público sectores que se encontraban anteriormente marginados. Las visiones no eran solo nacionales, sino también regionales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fue quizás uno de los productos institucionales más representativos de estas iniciativas.

Más adelante, a escala global, otros desbalances cambiaron las condicionantes, y la mayor parte de los sistemas políticos de la región no sobrevivieron los cambios. En muchos casos hubo quiebras institucionales, pero asistidas por intereses extranjeros. Durante los años setenta se promocionó el modelo neoliberal como una reacción a lo que nuevos Gobiernos señalaban como la raíz del problema: el Estado y el «populismo» (la participación popular). De esta manera, se redujo el papel del Estado por la vía de las privatizaciones, se eliminaron protecciones «ineficientes» (manufacturera), se redujeron inversiones sociales y se enfriaron labores de integración regional. Este intento de reforma encontró un freno en la conocida crisis de la deuda de los años ochenta que condujo a lo que se denominó como la década perdida de América Latina.

A mediados de esta década, un grupo de investigadores de distintos países publicaron una antología con el título Bringing the State Back In (Traer de vuelta al Estado). Fue una respuesta intelectual al impulso neoliberal y demostró la esencialidad del Estado en la conformación de una sociedad del bienestar y como agente estructurador nacional del desarrollo. Sin embargo, la caída del Muro de Berlín y el colapso del socialismo real lo llevaron a lo contrario. Se trató de un período sin precedentes en la liberalización de mercados y desmantelamiento de Estados, especialmente en América Latina.

La consecuencia de esto ha sido un histórico aumento de la desigualdad tanto a escala global como a escala nacional. Si bien hubo momentos de crecimiento con mejoras en la distribución social y una mayor presencia pública, nunca se logró realmente retomar la necesaria presencia estatal. Es más, enormes partes del territorio latinoamericano y de su población han pasado a ser gobernados por estructuras privadas y, en algunos casos, ilegales a través de una suerte de narco-Estados paralelos. La actual pandemia nos encuentra en medio de esta crisis y se agrega como un nuevo elemento estructural que impone soluciones urgentes.

Al igual que en la crisis de comienzos del siglo XX, la fe en la autorregulación de los mercados está  ahora siendo seriamente cuestionada, incluso por aquellos que anteriormente la promocionaban como la base del nuevo orden mundial, denominado globalización. Al igual que en aquel momento, se imponen Estados emergentes (que están creciendo) desde la periferia. En todos, es indudable el papel central que desempeña el Estado y ejecuta eficazmente sistemas de planificación nacional a largo plazo, además de que coordina políticas locales y globales.

La geopolítica de la pandemia está poniendo nuevamente en el centro del escenario la necesidad del liderazgo estatal. El punto es: ¿qué modelo podemos seguir? Algunas indicaciones al respecto: lo primero es no inventar la rueda. Hay que mirar a la Historia y aprender de distintas experiencias, propias y en otras partes del mundo. Lo segundo es que la aplicación de medidas debe estar siempre acorde con las particularidades propias, nacionales y regionales. En América Latina hay, sin duda, experiencias exitosas de ingeniería social, que pueden funcionar de modelo. Un ejemplo es lo relacionado con el proceso de industrialización de Brasil y la construcción de un «nuevo Estado». Lo que el economista Celso Furtado en algún momento llamó la fantasía organizada, que incluyó la construcción de una nueva capital para el país.

Ningún país puede enfrentar solo las pandemias o cualquier crisis profunda, menos aún los países periféricos del sistema internacional. El exitoso enfrentamiento de las crisis depende de políticas de desarrollo a largo plazo. Es vital analizar aquí soluciones, entendiendo la conexión entre distintos tipos de problemas estructurales: la pandemia, el subdesarrollo y el medioambiente. La ingeniería social, participativa y transnacional, es un instrumento esencial para lidiar con asuntos complejos y estructurales. De las crisis anteriores subsisten creaciones institucionales como la Cepal, quizás uno de los mayores y resilientes éxitos de la ingeniería social latinoamericana. Por qué no pensar en ampliarla, construyendo nuevas herramientas, como podría ser una Cepal de la salud, o de educación, investigación y hasta de defensa.

Estamos en una situación compleja, pero no es la primera vez ni será la última. Es clave mirar hacia adelante y hacerlo viendo las complejidades estructurales, repasando y actualizando lo mejor de la experiencia propia en cuanto a la solución de crisis. El futuro está en manos de los mismos latinoamericanos y la pandemia pone de relieve lo que hace falta.

Foto de Liam Quinn en Foter.com / CC BY-SA


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Infraestructura y desarrollo pos-COVID-19

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó hace unos días las primeras proyecciones sobre el impacto que la pandemia del coronavirus de la COVID-19 tendrá en las economías de América Latina y el Caribe. El organismo de la ONU señaló que en poco menos de dos meses las ya tímidas expectativas de crecimiento para 2020 habían caído bruscamente de un 1,3% (previsto en diciembre) a un -5,3%, muy por debajo de las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional para la economía mundial (-3,0%) o para los países en desarrollo (-1,0%).

Si se confirman estas proyecciones, la región sufrirá la crisis económica más grave desde 1929. La situación se vuelve más preocupante a medida que la pandemia de la COVID-19 golpea la región en un momento muy delicado. Desde 2015, las principales economías de América Latina se han visto afectadas por crisis políticas, cambios drásticos en el escenario internacional y por desastres climáticos y ambientales, lo que ha dado lugar a un crecimiento más lento y a un empeoramiento general de los indicadores sociales.

Durante la primera década y media de este siglo, América Latina y el Caribe estuvo muy involucrada en los flujos económicos mundiales a través de la producción y exportación de materias primas o de algunas inversiones en las llamadas cadenas mundiales de valor, que casi siempre sirven al mercado regional. Si bien los países de la región registraron una reducción de los niveles de inversión en bienes y servicios de mayor complejidad tecnológica, también se enfrentaron a la fuerte competencia de las importaciones chinas, inicialmente mediante «productos básicos de fabricación» y más recientemente mediante productos más elaborados en lo tecnológico. La reprimarización del programa de exportación y los procesos de desindustrialización regional se hacen evidentes en el subcontinente.

La pandemia ha traído como gran desafío el salvar vidas y el mantenimiento del empleo»

La pandemia de la COVID-19 ha traído como gran desafío el salvar vidas y el mantenimiento del empleo. En el caso de América Latina, estas acciones se vuelven mucho más complejas si consideramos la realidad de su mercado laboral, los problemas previos que presenta su estructura productiva y las dificultades cotidianas que enfrenta su población, especialmente en las zonas más marginadas.

Así, en esta situación, la batalla contra la COVID-19 arroja aún más luz sobre las debilidades estructurales de la economía latinoamericana y caribeña. Entre ellos se encuentran: 1) la desarticulación de los sectores manufactureros; 2) la baja productividad; 3) el crecimiento de la informalidad urbana y 4) el empeoramiento de los indicadores sociales básicos.

Dicho esto, tenemos dos preguntas centrales: ¿qué podrían hacer los Gobiernos de América Latina en el período posterior a la Cumbre de Copenhague, para prevenir nuevas crisis climáticas o sanitarias? Además, ¿deberían vincularse esas medidas a estrategias de desarrollo económico y social nacionales y regionales más amplias? La respuesta: inversión en infraestructura económica y social.

Dado que la infraestructura es la columna vertebral de la economía de un país, su falta se traduce en una pérdida de productividad y competitividad, y en menores niveles de desarrollo social. En América Latina en general, todos los países carecen de una infraestructura adecuada, desde los que tienen una mayor dimensión territorial, como Brasil, México y Argentina, hasta los pequeños Estados insulares del Caribe. Los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que la reducción de la brecha de infraestructura en la región requeriría inversiones anuales de alrededor del 2,5% del PIB de la región (alrededor de 150.000 millones de dólares) durante al menos una década y media en sectores relacionados con la producción y distribución de energía, el transporte, las telecomunicaciones y la construcción.

La COVID-19 también ha contribuido a arrojar luz sobre el déficit en la infraestructura social (equipo de atención de la salud, vivienda, agua y saneamiento, e internet de banda ancha) de los sectores más pobres de la población. Las mayores dificultades de los Gobiernos locales para prevenir contagios de COVID-19 y ayudar a los más necesitados están vinculadas a las condiciones inadecuadas de higiene y vivienda, y a la exclusión digital, lo que dificulta la pronta atención y la recopilación de datos.

La región se enfrenta a dos retos desde el punto de vista de la financiación de proyectos de infraestructura: el aumento de la cantidad invertida y la mejora de su calidad. Al tratarse de sectores capaces de generar multiplicadores en varios sectores y de generar economías que crezca y se proyecte, su planificación es fundamental, entendida aquí como «pensar lo que queremos y podemos ser». Pensar en la inversión en infraestructura desde una perspectiva de desarrollo requiere prestar atención a los siguientes puntos: la maduración y recuperación de las inversiones a largo plazo (normalmente proyectos de gran amplitud financiera) hace que las decisiones que se tomen hoy condicionen las posibilidades de los próximos años. La infraestructura prevista, ¿se guiaría por los sectores de la «industria Ford» —establecidos dentro de la industrialización por sustitución de importaciones— o por los sectores de poco carbono más preocupados por el cambio climático?

En este contexto, son importantes las inversiones que equipen y mejoren los espacios urbanos, ampliando la oferta de servicios a la población, y las basadas en sectores verdes, menos contaminantes y consumidores de combustibles fósiles.

El primer tipo podría cerrar las brechas y mejorar el desarrollo y el bienestar social, así como aumentar la participación del consumo interno en la actividad económica, y reducir la dependencia de la demanda externa. El segundo podría dar lugar a un incremento de la capacidad de producción en sectores cruciales para combatir las nuevas amenazas para la salud y el clima, brindando oportunidades para una reindustrialización más sostenible y socialmente referida, capaz de una mayor generación de recursos e innovaciones que permitan una mayor soberanía y la reanudación del desarrollo.

La inversión en este tipo de infraestructuras no solo fortalecería el crecimiento económico, sino que también mejoraría las condiciones de vida de la población más necesitada, además de proporcionar la base para la producción nacional de bienes y servicios pertinentes para hacer mejor frente a otras crisis, ya sea que estas se deriven de los fundamentos económicos o de cuestiones sanitarias o climáticas.

Foto de Alejandro Castro en Foter.com / CC BY-NC-SA

Democracia: de la fatiga a la cuarentena

Hace tiempo que los países de América Latina incorporan el acervo democrático a su vida pública de manera continua y casi general. Solo recientemente la deriva autoritaria ha hecho mella en un pequeño número de ellos. El índice de transformación, de la Fundación Bertelsmann, que mide tres dimensiones del rendimiento político (la democracia, la gobernanza y la economía), señala que para 2020, pero con relación a 2018, el retroceso de la democracia y de la gobernanza afecta a Guatemala, Honduras, Venezuela y Nicaragua; mientras que en la economía, a Venezuela y a Nicaragua.

El ciclo político que comenzó a abrirse después de la muerte de Hugo Chávez y el descenso de los precios de las materias primas empezó a mostrar inequívocos síntomas de fatiga. Eran indicios hallables en democracias de otras latitudes que no eran una originalidad latinoamericana, aunque aquí sí que reaparecieran rasgos de una institucionalidad deficiente, que estaban reflejados en el conflicto entre los poderes del Estado, el papel de los militares y la incidencia de los Estados Unidos. Tres aspectos añejos y representativos, y que siguen impactando la política cotidiana.

La democracia fatigada se reflejaba en el malestar imperante en las sociedades y en la crisis de las instituciones representativas»

La democracia fatigada se reflejaba en el malestar imperante en las sociedades y en la crisis de las instituciones representativas. El primero se expresaba en movimientos de protesta pero en medio de un clima de conflicto social que tenía una radicalización de los discursos, no necesariamente políticos, y de polarización. Su origen residía en el mantenimiento de patrones de desigualdad y de exclusión social, así como por la explícita corrupción en medio de la democracia. A su vez, el imperio cultural del neoliberalismo potenciaba respuestas individuales y egoístas que retaban a las formas tradicionales de acción colectiva y a las lógicas de solidaridad en un escenario extremo de sociedades líquidas. Ello se expresaba, animado por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, en una opinión pública sin confianza en las instituciones, retraída de lo público e insatisfecha con la propia democracia.

Asimismo, la crisis de la democracia representativa tenía su epicentro en el deterioro del papel clásico de los partidos políticos que sufrían una drástica pérdida de identidad y eran capturados por candidatos con proyectos de marcado carácter personalista. Además, los sistemas de partidos eran vapuleados por la fuerte volatilidad electoral y por su constante fragmentación. Esta situación suponía una manifiesta banalización partidista. Si estas circunstancias también se encontraban en Europa, en América Latina se veían agravadas por el presidencialismo como forma de gobierno y por tener Estados con capacidades mínimas.

En apenas 100 días este problema ha cambiado radicalmente. Si bien permanece el poso dejado por la fatiga, el momento actual avizora uno de democracias en cuarentena. Tres líneas definen el actual terreno de juego de la política.

La primera evidencia que la pandemia es una época ideal para activar el autoritarismo porque conlleva la excusa perfecta del estado de emergencia o para la promulgación de medidas excepcionales. Nunca una expresión tan coloquial como la pronunciada por Andrés Manuel López Obrador fue más sintomática de esta forma de obrar: la pandemia venía “como anillo al dedo” para alcanzar los objetivos gubernamentales o para satisfacer ambiciones individuales como las del salvadoreño Nayib Bukele.

En otra dirección, el Gobierno uruguayo, al proponer la Ley de Urgente Consideración de 502 artículos, lleva a una profunda reforma para achicar el Estado y endurecer el código penal, algo antidemocrático e inconstitucional según la oposición.

Paralelamente, el 7 de mayo, el Gobierno boliviano aprobó un decreto por el que las personas que “difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

La segunda se refiere a la exacerbación de conflictos institucionales. Se registra el cercenamiento de las funciones legislativas y de control de los Congresos a favor de Ejecutivos que refuerzan su histórica preponderancia. Algo que, además, se debe a la complejidad de hacer funcionar (por imperativo legal) órganos pluripersonales (en algunos solo son válidas las sesiones presenciales) o por impericia técnica al carecer de mecanismos para sesionar virtualmente (justo tras dos meses de total inactividad, el 13 de mayo el Senado argentino realizó su primera sesión remota en la historia).

Simultáneamente, surge un conflicto entre las capitales y la periferia: los Gobiernos centrales intentan torcer el brazo a los de los estados (México y Brasil) o a los municipios (Colombia). También hay tensión por el aplazamiento electoral. Existe incertidumbre ante la reprogramación de los comicios presidenciales de República Dominicana, que están retrasados a julio, mientras que en Bolivia la pugna es tenaz entre el Congreso, que quiere celebrarlos cuanto antes, y el Gobierno, proclive a realizarlos más tarde. En Chile, donde ya se aplazó el plebiscito para la reforma constitucional, el presidente Sebastián Piñera ha señalado que es un asunto que “quizás deba volverse a discutir”.

Finalmente, la pandemia de la COVID-19 ha subrayado la relevancia del Estado y su imprescindible capacidad de incidir en la realidad mediante diferentes políticas públicas. La situación es de aguda depresión económica con altas cotas de desempleo y de incremento de la precarización. La COVID-19 perjudica a las economías latinoamericanas bloqueando a sus poblaciones, dañando sus ingresos de exportación y disuadiendo al capital extranjero.

Así, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los Gobiernos se enfrentan al reto de garantizar imprescindibles transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, algo que supondría el 3,4% del producto interno bruto (PIB).

Urge implementar un pacto social y fiscal, con más progresividad en la recaudación, incluyendo al 1% más rico, para facilitar que los Gobiernos puedan actuar. La propuesta cepalina es que el denominado ingreso básico de emergencia dure al menos seis meses. La medida, que en principio solo beneficiaría a los 215 millones de personas en situación de pobreza, supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB regional, en una región donde la evasión fiscal es del 6,3% del PIB.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Foto de srgpicker en Foter.com / CC BY

COVID-19: infodemia y conspiranoia

Las narrativas de la nueva guerra fría se están nutriendo con la COVID-19. Mientras Gobiernos y sociedades hacen lo que pueden para enfrentar una pandemia planetaria que desdibujó las fronteras entre Oriente y Occidente, norte y sur, hay que apuntalar esas fronteras (o levantar nuevas), no vaya a ser que la confusión nos turbe aún más. Se trataría entonces de fabricar historias atractivas que (verdaderas o falsas, sensatas o inverosímiles) calmen la ansiedad o la aumenten, atenúen los miedos o los aticen, disipen las dudas o las multipliquen y, sobre todo, identifiquen enemigos y culpables! Algunas aportan a desbrozar las malezas; otras son maleza pura. Son historias que circulan por las redes sociales: aparentemente contrapuestas, pero vinculadas por un mismo hilo conductor.

Unas cuentan el cuento de otra invasión china, ahora utilizando el virus de la COVID-19 salido del laboratorio de Wuhan como un arma biológica, mientras las antenas de la red 5G serían las herramientas para controlar todo. Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, adoptaron este guion que resulta consistente con la visión beligerante de Occidente versus China.

Del otro lado, están los que les echan la culpa del coronavirus al neoliberalismo y al capitalismo occidental. O los que recuerdan la actividad de Cinco Ojos (Five Eyes), una alianza formada por los servicios de inteligencia de EE. UU., Gran Bretaña y los exmiembros de la Commonwealth, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, para contrarrestar a China, y se revelan informes secretos que alientan la paranoia conspirativa, y circulan alimentados por fuentes rusas y chinas.

Otros denuncian al “globalismo” de un imperio mundial que nos quiere sojuzgar, y apuntan a Bill Gates, George Soros y las ONG internacionales, que habrían inventado el virus de la COVID-19 o difundido la pandemia para generar cuarentenas que paralicen las economías y disciplinen a las sociedades quitando libertades y fuentes laborales. Jair Bolsonaro y sus adláteres difunden estas lecturas extravagantes . Y esto es lo más grave: el virus de la infodemia no afecta solamente a gente desprevenida; también a líderes políticos que se han contagiado o, simplemente, lo agitan para ocultar su propia ignorancia o librar sus guerras de propaganda. Como si de eso se tratara todo esto (las guerras habidas y por haber) y no de la salud de sus pueblos, debido, ahora, a la COVID-19.

Texto publicado originalmente en diario Clarín, Argentina

Foto de Gage Skidmore en Foter.com / CC BY-SA

Bolsonaro quema las naves

A pesar de su fuerte campaña presidencial, después de ganar los comicios de octubre de 2018, Jair Bolsonaro inició un proceso de desescalada de la tensión. Cuando su elección ya era clara, tras la victoria en el primer turno, cambió su actitud y discursos, intentando consolidar, así, su liderazgo entre electores más moderados. De esta forma, parecía aproximarse más a un conservadurismo sui géneris que a un proyecto de ruptura radical, intentando contentar al mismo tiempo a los grupos bolsonaristas sumamente ideologizados, a los muchos descontentos con la anterior gestión de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), a aquellos sectores sociales que se habían movilizado en favor de una agenda en contra de la corrupción, además de a un número nada desdeñable de votantes atraídos por el efecto del candidato que ya aparecía claramente como ganador.

Ya al formar su gobierno en 2019, mientras el propio presidente y algunos ministros clave, como el de Exteriores, Educación o de Derechos Humanos se encargarían de azuzar a sus seguidores más fieles y radicalizados, la gestión económica sería dejada a un ortodoxo como Paulo Guedes. Este sería el encargado de contentar a los mercados y, aparentemente, conducir con un enfoque técnico las políticas que llevarían a Brasil a recuperar el crecimiento. El sello de calidad de esta estrategia lo daba el nombramiento de Sergio Moro como ministro de Justicia, adalid de la operación Lava Jato, y con aura de profesional imparcial entre amplios sectores sociales, a pesar de su dudoso estilo como juez. 

Bolsonaro, que al principio de su mandato contaba con distintas opciones para consolidar su proyecto político, ha decidido quemar las naves y ha fiado su continuidad política a una estrategia sin retorno»

Las credenciales democráticas de Bolsonaro, sin embargo, son más bien tenues y, como si de la fábula del escorpión se tratara, su incapacidad para establecer coaliciones o aceptar los límites del poder presidencial en un sistema de división de poderes, deriva de la propia naturaleza de su populismo de derecha. Nostálgico manifiesto de la dictadura militar y al mismo tiempo sin suficientes dotes de liderazgo, hoy parece claro que si, en los primeros meses de su mandato finalmente tuvo que plegarse a las reglas del juego de la política institucional, fue porque su victoria electoral resultó menos contundente de lo esperado, y porque el bolsonarismo jamás ha conseguido convertirse en un verdadero proyecto de movilización social, más allá de su prevalencia en las redes sociales.

Sin embargo, poco a poco, incapaz de establecer una coalición que sustentase su agenda propia, las continuas renuncias del Parlamento a aprobar sus propuestas legislativas le han hecho perder la paciencia. Así, en lugar de diluir sus propuestas más radicales buscando dirigirse a los electores moderados que acabaron decantando la balanza a su favor en las elecciones de 2018, ha acabado por dejarse arrastrar por grupos sectarios que le encumbraron en su inicio.

Bolsonaro, que al principio de su mandato contaba con distintas opciones para consolidar su proyecto político, ha decidido quemar las naves y ha fiado su continuidad política a una estrategia sin retorno: en lugar de construir una mayoría social de apoyo, ha preferido consolidar su liderazgo entre el sector más radicalizado de sus bases.

El éxito de esta estrategia depende, por tanto, de elevar el tono de crispación para garantizar la adhesión inquebrantable de sus electores más fieles. Al mismo tiempo, apuesta por que el caos creado dificulte la agrupación de una oposición que hoy en día está muy fragmentada, y convirtiendo a sus apoyos en la mayor y mejor movilización de las minorías.

Cabe reseñar que la capacidad de Bolsonaro para dirigirse a “sectores nicho” del electorado no debe ser desdeñada, sobre todo si atendemos a los precedentes. Si bien su idoneidad como político se suele juzgar por su incapacidad durante más de treinta años como diputado de aprobar un solo proyecto legislativo, no menos cierto es que, durante ese tiempo, consiguió fidelizar una base electoral que apuntaló tanto su carrera política como la de tres de sus hijos.   

Conductas aparentemente irracionales, como su postura negacionista frente a la crisis de la COVID-19 deben ser analizadas dentro de esta lógica, la de un político que, desdeñando la función de articular cualquier política pública, está muy especializado en construir bases políticas inquebrantables, y que hoy en día cuenta, además, con las herramientas técnica y discursivas de la derecha alternativa estadounidense. Así, en un contexto global en el que el único tema posible de la agenda política es la pandemia, Bolsonaro tenía dos posibilidades. Una era tratar de enfrentarla como la mayoría de los líderes democráticos del mundo y, arriesgarse, por tanto, a que los resultados de esta gestión le fueran imputados a su gobierno. La segunda era desmarcarse del asunto, ceder la responsabilidad a los distintos gobernadores y alcaldes, y construir un nuevo hombre de paja, en este caso, la comunidad científica y los organismos internacionales, que estaría urdiendo una supuesta conspiración para derrocar a su gobierno, imponiendo, además, la falsa dicotomía entre seguir la cuarentena o salvar la economía.

Esta última opción fue la adoptada por Bolsonaro, lo que le llevaría a enfrentarse tanto con su ministro de Sanidad, despidiéndole cuando la aprobación ciudadana de su gestión estaba en auge, como con todos los gobernadores, entre ellos numerosos apoyos de su base aliada conservadora.

Y, aún así, pese a que su irresponsable gestión de la crisis sanitaria le ha dejado sin apenas aliados políticos y ha abierto la posibilidad de sufrir un impeachment, apenas perdió apoyo entre sus votantes más fieles tras la salida del ministro Luiz Henrique Mandetta del gobierno.

La dimisión de Sergio Moro, sin embargo, sí que se trató de una circunstancia sobrevenida, que aún así no ha hecho sino ahondar en ese proceso de radicalización. La salida de Moro se debe a su negación a aceptar la propuesta de Bolsonaro de nombrar un director de la Policía Federal para controlar las investigaciones que comprenden a los hijos del presidente.

Tras el divorcio, Bolsonaro pasó a defenderse atacando, intentando denigrar la figura de Moro, lo cual no deja de tener riesgos, habida cuenta de la enorme influencia que la figura del exjuez todavía tiene entre la opinión pública. Así, la encuesta realizada por la agencia XP Ipespe revelaba que desde la dimisión de Moro el 24 de abril, la calificación positiva de su gobierno había caído del 31% al 27%, mientras que la calificación negativa había subido del 42% al 49%.

Se puede observar, por tanto, como su estrategia de ruptura con su base aliada comienza a mermar su apoyo, pero, en cualquier caso, todavía es pronto para dilucidar la intensidad de esta pérdida. Lo que está claro es que, llegado a un punto de no retorno, precisamente Bolsonaro no necesita hacer políticas, sino mantener una campaña permanente para movilizar a sus fieles, por lo que su incapacidad para gobernar puede no hacerle tanta mella. En cualquier caso, el éxito de su estrategia ya no depende tanto de las decisiones que pueda tomar en el futuro y de la habilidad de la oposición para ofrecer una alternativa y, sobre todo, de la profundidad de los estragos sanitarios y económicos que la crisis de la COVID 19 causará en Brasil.   

Foto de Palácio do Planalto en Foter.com / CC BY