¿Quién controla las armas? ¿Quién controla el dinero? ¿Quién puede aceptar perder una elección sin romper la democracia?
La teoría política distingue dos grandes tipos de transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios, que en la realidad raramente se dan en estado puro. Por un lado, están las transiciones negociadas, basadas en acuerdos entre sectores del régimen autoritario y sectores de la oposición, generalmente entre los sectores moderados de ambos lados. Estos procesos suelen derivar en continuidades institucionales, garantías para las élites salientes y amnistías, y los cambios son graduales y controlados. Los casos de Chile y España son ejemplos clásicos. Philippe Schmitter y Guillermo O´Donnell destacaron que este tipo de negociación ocurre, sobre todo, porque ninguna parte tiene fuerza suficiente para imponerse rotundamente. El otro gran grupo de transiciones a la democracia es la que se produce por el colapso del régimen autoritario, ya sea por crisis económica, por derrota militar o por movilización civil. Argentina tras la guerra de Malvinas, Grecia y Portugal (1974) ilustran este camino.
La pregunta subsiguiente apareció décadas más tarde: ¿qué tipo de democracia queda tras una transición, y con qué capacidades reales? Ahí aparecen varias teorías. Juan Linz y Alfred Stepan hacen foco en que salir del autoritarismo no es suficiente, sino que la democracia tiene que ser aceptada por todos los actores como el único juego posible. O´Donnell, por su parte, observó que muchas transiciones producen democracias electorales, pero no republicanas, e introduce el concepto de ¨ciudadanía de baja intensidad¨. Adam Przeworski, con una visión institucional, sostuvo que la democracia funciona cuando los perdedores aceptan el resultado con la expectativa de poder ganar en futuras elecciones.
Venezuela es por ahora un laboratorio para la teoría de transiciones. Con información incompleta y hasta que las fuerzas con poder de elección y veto se organicen, se trata de un evento extraordinario y todavía políticamente indeterminado. Dicho eso, una intuición parece clara: la aprehensión de Maduro no resuelve la transición; apenas da inicio al período más riesgoso, donde se define si el proceso derivará en una ruptura, una transición pactada o una experiencia híbrida.
Tres trayectorias posibles
El primer escenario es el de la ruptura. Esto ocurrirá si la aprehensión de Maduro redunda en un colapso del mando, sumado a la pérdida de la capacidad de coordinación del régimen. Podrían abrirse grietas dentro mismo de las Fuerza Armadas, los servicios de inteligencia, la policía, las milicias y los gobiernos locales. La fragmentación del aparato coercitivo abriría una ventana de oportunidad para reformas rápidas como la liberación de presos políticos, la apertura electoral, o desarme de estructuras paralelas. El principal riesgo es caer en la anomia y la violencia, que haya represalias, detenciones, censura de comunicaciones, y que Diosdado Cabello, Padrino López o mandos locales luchen por retener o aumentar su poder, o que al orden lo reconstruya un actor armado renovado en personaje salvador.
Un segundo escenario seguiría la lógica de transiciones pactadas. El regreso a la institucionalidad y la convocatoria a elecciones se producirían a cambio de garantías como exilio, amnistías parciales y preservación de cuotas de poder económico o militar. El acuerdo involucraría a sectores moderados del chavismo, más la oposición, más garantes externos. Se trata de un pacto bajo cierta coerción, los actores clave tienen la capacidad no solo de pactar sino de hacer cumplir lo acordado, incluso aunque muchos de ellos no sean democráticos en sí mismos. Los riesgos son los típicos de las democracias a través de transiciones pactadas: justicia débil, un Estado que puede ser colonizado por intereses, corrupción que se recicla en un nuevo régimen, y concesiones institucionales destinadas a garantizar la estabilidad y la pacificación.
El tercer escenario es el de una transición tutelada. La oposición puede ganar poder y lograr un cambio de élite gobernante, pero aquí el cambio de régimen no surge principalmente de dinámicas internas, sino de la intervención o supervisión de actores externos. Bosnia Herzegovina (1995), o Irak (2003), son ejemplos extremos. El riesgo central es un gran déficit de legitimidad, al tratarse de una democracia que parezca instalada desde fuera con baja capacidad de lograr obediencia interna. A ello se le suma la latencia de un chavismo sin Maduro que sobreviva como identidad política, anclado en una red territorial, económica, de corrupción y narcotráfico, reforzada por un relato de agresión extranjera.
Impunidad o incertidumbre
Si predomina un pacto, la transición hacia una democracia electoral puede ser más veloz, pero jugadores heredados del régimen anterior -militares, jueces, servicios de inteligencia o futuros legisladores- mantienen poder y privilegios. Esto suele traducirse en negociaciones de impunidad, reformas institucionales lentas y áreas del Estado que permanecen de las administraciones anteriores.
Si predomina una ruptura, la democracia puede nacer con mayor ambición reformista, pero también un consecuente mayor nivel de incertidumbre económica y menor confianza inicial en los nuevos actores, instituciones y elites.El tipo de régimen que se construya en Venezuela dependerá del peso relativo de los actores, sean democráticos o no, con capacidad de construir o vetar acuerdos. En última instancia, el éxito se reduce a tres preguntas: quienes controlan las armas, quienes controlan el dinero, y quiénes pueden creíblemente asegurar que, de perder elecciones -y con ello privilegios e impunidad-, seguirán apostando por la democracia. En Venezuela, la democracia podrá empezar con ganar una elección, pero solo prosperará cuando alguien acepte perderla.
Los daños generados por la política comercial del gobierno de Estados Unidos son atribuidos casi exclusivamente a la imposición de aranceles aduaneros y su rechazo al orden multilateral. Pero la opinión pública presume que dichas restricciones no impiden ni distorsionan los acuerdos comerciales o de integración económica, inclusive aquellos celebrados con la misma potencia norteamericana.
El multilateralismo económico no es como lo pintan
Las mencionadas suposiciones son erróneas. Si bien la vulneración de los compromisos contraídos en materia arancelaria afecta seriamente al orden multilateral, estas transgresiones no agotan las obligaciones asumidas dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los acuerdos comerciales y, en general, los procesos de integración económica, sólo pueden fructificar si se atienen al reconocimiento de los países que “no” los suscriben. En otros términos: las preferencias o concesiones, cuando no son extensivas a todos los Estados Miembros de la OMC, tienen carácter discriminatorio y por ello excepcional, y deben ajustarse a determinados requisitos y ser consentidas multilateralmente. Para empezar, entre países desarrollados y países en desarrollo, el orden multilateral no admite la negociación de preferencias o concesiones comerciales limitadas o de alcance parcial, sino que deben abarcar la materia sustancial [JG3] del comercio entre las partes (al menos, [JG4] zonas de libre comercio).
La renuncia al multilateralismo tiene costos
Cuando Estados Unidos desconoce al orden multilateral está produciendo daños en cadena. Las incitaciones a otros países para concertar acuerdos de alcance parcial bajo la promesa de dejar sin efecto aranceles arbitrarios y otras medidas restrictivas son engañosas.
Dichos “acuerdos” generan incertidumbre porque al apartarse de los formatos previstos en la OMC supeditan el cumplimiento de lo acordado a la voluntad unilateral del país desarrollado. En tanto, las contra-partes de menor desarrollo carecen de los fundamentos multilaterales para obtener un trato equitativo y, menos aún, para reclamar en el marco internacional en caso de controversia. Esto ha quedado en evidencia en comunicados de la Casa Blanca del 13 de noviembre de 2025 indicando la conclusión exitosa de negociaciones comerciales bilaterales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
Entre las cláusulas incompatibles con las disciplinas multilaterales resalta lo convenido con respecto a subvenciones y propiedad intelectual. En cambio, los compromisos relativos a la captura y manipulación de datos a través de la economía digital ilustran, no solo la vulneración de disciplinas de la OMC, sino su actual insuficiencia.
Política industrial
“(Argentina; El Salvador; Guatemala) se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y a corregir las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral”.
Estas declaraciones bilaterales de Estados Unidos con Argentina, Guatemala y El Salvador ignoran el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMS) de la OMC. Esta omisión no es inocente, porque los tratados negociados bajo el amparo multilateral se atienen a los requisitos del ASMS. En particular: (a) no todos los incentivos estatales son punibles, sino que al menos deben circunscribirse a sectores determinados; (b) deben generar perjuicio grave o importante a la producción de bienes similares en el país importador; (c) es necesario probar la existencia de la subvención, el daño y la relación de causalidad a fin de justificar la aplicación de medidas compensatorias.
Propiedad intelectual
Las cancillerías de Argentina y Ecuador reconocen la fuente normativa interna norteamericana que habilita represalias comerciales frente a políticas nacionales consideradas insatisfactorias para los intereses de Estados Unidos. Por ello, ambos gobiernos latinoamericanos “se han comprometido” a abordar cuestiones señaladas en sendos dictámenes administrativos internos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
Este reconocimiento implica la renuncia a la utilización de los márgenes de maniobra contemplados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en particular a propósito de la protección de la salud pública, la nutrición y la promoción de innovaciones tecnológicas para el bienestar de la población.
Más aún: en el caso argentino se habrán de considerar los “criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas, así como (…) trabajar para armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales”. De modo que Argentina suscribe, sin previa interpelación en el ámbito multilateral, que su régimen sobre propiedad intelectual no está armonizado con las normas internacionales.
Aunque no se mencionan aspiraciones sectoriales, Estados Unidos pretende capturar mercados bio-farmacéuticos mediante la prórroga indefinida de patentes haciendo valer modificaciones irrelevantes como si se tratara de actividad inventiva (evergreening).
Este celo contrasta con su desapego a la propiedad intelectual a la hora de capturar información en el extranjero con el objeto de entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) generativa. El doble-estándar queda en evidencia cuando repudia las prevenciones adoptadas por la Unión Europea y Brasil prohibiendo a corporaciones transnacionales esa manipulación de datos personales de sus respectivos residentes.
Economía digital
Como ejemplo, las cuatro declaraciones a continuación contienen cláusulas que auguran un futuro controvertido para los países latinoamericanos que las han suscrito. Dichos países se han obligado con EUA a “facilitar el comercio digital” en el caso de Ecuador y El Salvador; a no discriminar “productos estadounidenses distribuidos digitalmente, garantizando la libre transferencia de datos a través de fronteras seguras” para el caso de Guatemala; y a reconocer a Estados Uniodos como “jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia de datos, incluidos los datos personales” para Argentina.
Con excepción de la moratoria sobre los derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, que rige de manera transitoria en la OMC, las restantes obligaciones asumidas carecen de sustento multilateral.
El gobierno de Estados Unidos respalda las estrategias de corporaciones transnacionales que acaparan el mercado mundial de la economía digital. En esa línea, los párrafos transcriptos exhiben un aprovechamiento de la vulnerabilidad de numerosos países latinoamericanos para resguardar a sus poblaciones frente a los riesgos de la desinformación y manipulación de datos personales. El señuelo es la invocación del principio de “no discriminación”, cuando en la UE se ha señalado que teniendo las corporaciones transnacionales de origen norteamericano una posición dominante, las sanciones establecidas en cada caso con motivo de sus prácticas abusivas no pueden ser tachadas como discriminatorias.
Los países de la región deberían hacer oír su voz para recomponer las reglas multilaterales y, en particular, reivindicar los márgenes de maniobra en materia de políticas industriales y propiedad intelectual, así como la regulación internacional de actividades disruptivas como la economía digital y la inteligencia artificial. Sin un adecuado reordenamiento multilateral, los países periféricos continuarán padeciendo el acoso de la confrontación geopolítica y la voracidad empresarial.
El año 2025 cerró con la sensación compartida de que el continente americano atraviesa un reacomodo profundo, aunque sin encontrar un rumbo estable. Las elecciones, lejos de afirmarse como celebraciones de fortaleza democrática, confirmaron que el voto hoy legitima proyectos incompatibles entre sí: desde gobiernos liberales que apuestan a la reducción drástica del Estado hasta experiencias conservadoras sostenidas en identidades culturales tradicionales, pasando por regímenes de mano dura que parecen depender más de la obediencia emocional del electorado que del equilibrio institucional. El mapa político no solo cambió de color; cambió de lógica. América gira nuevamente, pero lo hace sobre un suelo cada vez más frágil, erosionado por el desencanto ciudadano, la inseguridad estructural y la incapacidad de los sistemas políticos para producir certezas.
Sudamérica en tensión
Sudamérica fue el escenario más visible de esta transformación. En Argentina, Javier Milei transitó el segundo año de su singular experimento liberal-libertario con un ajuste económico profundo que, si bien comenzó a contener la inflación, no logró aliviar el peso cotidiano sobre los sectores más vulnerables. El país vive atrapado entre un gobierno que se asume portador de una misión “refundacional”, dispuesto a romper con décadas de prácticas estatistas, y una sociedad cansada, que exige resultados tangibles más allá de los discursos sobre revolución cultural o libertad económica. No se trata solamente del éxito o fracaso de un programa económico; lo que está en juego es la posibilidad misma de que un proyecto antisistema se convierta en una alternativa democráticamente sostenible.
Chile confirmó esa tendencia regional. La victoria electoral de José Antonio Kast simbolizó el retorno de una derecha dura al poder, respaldada por un voto territorial contundente. Sin embargo, ese triunfo no se tradujo en capacidad de gobernar sin frenos: el nuevo presidente llega con una fuerza parlamentaria limitada que lo obliga a operar en un Congreso adverso y altamente fragmentado. El caso chileno vuelve a demostrar que la legitimidad electoral no siempre garantiza gobernabilidad, y que el continente transita hacia un modelo donde la popularidad presidencial se enfrenta a contrapesos legislativos que la debilitan desde el primer día. Bolivia ofreció, además, el quiebre más simbólico: tras dos décadas de hegemonía del MAS, un gobierno de centroderecha llegó al poder e intentó desmontar los pilares distributivos que definieron al país desde inicios de siglo. La reacción social fue inmediata: huelgas, protestas y un conflicto político que devuelve al país a la inestabilidad. Brasil, por su parte, optó por la continuidad. Lula da Silva anunció su intención de competir nuevamente, alimentando una paradoja regional: el continente reclama renovación, pero muchas de sus figuras centrales siguen dependiendo de liderazgos del pasado reciente.
La seguridad como nuevo contrato
Centroamérica vivió un proceso diferente: allí la disputa no fue ideológica, sino institucional. El Salvador profundizó su modelo plebiscitario de seguridad total, con un estado que se expande desde las cárceles hacia todos los ámbitos de la administración pública. En Nicaragua, la represión política continuó con la misma intensidad y la democracia dejó de ser un horizonte y se convirtió en recuerdo. Guatemala intentó avanzar en una agenda anticorrupción bajo el acecho permanente de redes políticas y judiciales que buscan impedir cualquier reforma estructural. Centroamérica parece haber resignado la democracia liberal a cambio de liderazgos fuertes, y lo preocupante es que ese cambio cuenta con una aprobación popular significativa.
Mientras tanto, México y Ecuador representaron el conflicto latinoamericano entre violencia estructural y legitimidad democrática. En México, el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo marcado por un ajuste estratégico en materia de seguridad: se mantuvo la participación de las fuerzas armadas como elemento central del control territorial, pero se reforzó el componente civil en tareas de prevención, inteligencia y coordinación institucional. Este enfoque, junto a un entorno económico estable y a la fortaleza del dólar, contribuyó a sostener altos niveles de aprobación presidencial durante el cierre del año. En paralelo, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación inició sus trabajos en medio de expectativas elevadas y un escrutinio público intenso. No obstante, entre septiembre y diciembre la Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz consiguió afianzar una imagen de autonomía institucional: operó con criterios propios, mantuvo distancia frente a presiones políticas y reafirmó su capacidad de orientar la agenda jurisdiccional con independencia. Su funcionamiento redujo temores iniciales sobre el rediseño judicial y fortaleció la percepción de equilibrio entre poderes.
Ecuador siguió el camino opuesto pero parecido: Daniel Noboa consolidó su mandato sobre la promesa de combatir frontalmente al crimen organizado. Su reelección confirmó que la ciudadanía ya no vota solo por proyectos económicos o ideológicos, sino por protección personal. La seguridad dejó de ser una política sectorial para transformarse en la esencia misma del contrato social.
En América del Norte, el regreso de Donald Trump modificó el equilibrio hemisférico. Estados Unidos reinstaló una agenda marcada por la presión migratoria, el endurecimiento de fronteras y una postura más confrontativa hacia regímenes autoritarios. El Caribe, por su parte, siguió arrastrando su crisis humanitaria más severa: Haití permaneció sumido en el colapso institucional, convertido en un recordatorio brutal de que el Estado fallido ya no es categoría académica, sino experiencia real.
Democracias agotadas: elecciones competitivas y deriva punitiva
Si se observa el continente en su conjunto, el 2025 presenta tres conclusiones inquietantes. La primera es que la democracia electoral sigue operando, pero la democracia liberal se erosiona. Hay elecciones competitivas, pero cada vez menos aceptación por los límites que sostienen al sistema. La segunda es que el malestar ya no impulsa proyectos progresistas de reforma social, sino liderazgos punitivos que prometen orden antes que futuro. La tercera es que la creciente obsesión por la seguridad ha desplazado discusiones históricas sobre desigualdad, integración o desarrollo; hoy el continente no debate cómo crecer, sino cómo sobrevivir.
Las democracias americanas siguen vivas, pero están exhaustas. Los gobiernos cambian, las ideologías rotan, las fronteras se reescriben, pero la incertidumbre no se despeja. América, en 2025, reconfiguró su mapa político sin lograr responder a la pregunta esencial: ¿estamos avanzando hacia una democracia más sólida o transitando hacia un orden donde el miedo sustituye a la ciudadanía? El año cerró sin una respuesta clara, aunque dejó una advertencia precisa: las sociedades fatigadas no eligen siempre lo mejor, eligen lo inmediato. Y lo inmediato, hoy, se llama seguridad.
En América Latina existe una paradoja inquietante: líderes electos democráticamente han concentrado poder, debilitado instituciones y restringido libertades mientras sostenían altos niveles de apoyo popular. De Bukele a Chávez, y de López Obrador a Bolsonaro. Al mismo tiempo, países con instituciones democráticas consolidadas, como Chile, atraviesan profundas crisis de insatisfacción con la democracia. ¿Cómo entender esta desconexión entre el andamiaje institucional y la satisfacción ciudadana?
Parte de la respuesta está en las expectativas que la ciudadanía tiene sobre la democracia, así como lo que entiende de esta. Una democracia puede cumplir con las reglas electorales y aun así generar desencanto si fracasa en producir justicia, inclusión o aspectos más sustantivos como la igualdad. Y al revés: un gobierno que viola límites constitucionales puede conservar apoyo si promete orden, protección o redistribución.
Esto revela una encuesta a 432 líderes sociales y comunitarios de diez países en América Latina y la región amazónica del Observatorio para la Democracia en América Latina, de la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina (AUSJAL). En la encuesta se preguntó sobre sus ideas, valoraciones y expectativas de la democracia y sus instituciones a lideres sociales, por ser actores clave en la mediación entre ciudadanía e instituciones y también porque suelen percibir antes que nadie las fracturas y las posibilidades del sistema político.
Democracia: lo que se espera y lo que se tiene
Antes de evaluar el apoyo a la democracia surge una pregunta inevitable: ¿de qué democracia estamos hablando? El término admite múltiples definiciones, no siempre compatibles entre sí. Por ello es importante saber qué entienden las y los líderes cuando hablan de democracia para saber qué esperan de ella.
Para los líderes sociales, la primera palabra asociada con la democracia ofrece una radiografía elocuente. La participación aparece como el núcleo de la democracia. Pero también destacan la libertad, en especial la libertad de expresión, así como la igualdad, justicia, derechos, el bien común y el diálogo. Es decir, para estos liderazgos, la democracia es un arreglo sustantivo que debe garantizar derechos, generar inclusión y permitir que la ciudadanía influya de forma real en las decisiones públicas.
Este mapa conceptual revela un punto crucial: los liderazgos sociales latinoamericanos tienen una visión exigente y sustantiva de la democracia, que va más allá de sus dimensiones electorales y que mide su calidad por los resultados que produce para la sociedad. Entender esta mirada es clave para interpretar tanto el tipo de apoyo como las críticas que formulan hacia el funcionamiento de las democracias en la región. La ciudadanía no ha renunciado a la democracia. Ha renunciado a creer que basta con votar.
La dimensión más valorada es también la más incumplida
El énfasis en aspectos sustantivos como la participación, la justicia, las libertades o la igualdad contrastan con el enfoque dominante en buena parte de la literatura académica y del discurso político, que suele definir la democracia como competencia electoral. Entre los liderazgos sociales, en cambio, las nociones más institucionales tienen una presencia mínima. Por ejemplo, apenas el 13% de las y los encuestados mencionó las “elecciones libres y competidas” como la mejor descripción de una “verdadera democracia”. Sin embargo, cuando se les preguntó qué tipo de democracia existe en sus países, las respuestas son contrastantes: 63% considera que viven en una democracia principalmente electoral. Solo 16,5% cree que se trata de una democracia participativa. Un 8% es altamente crítico y afirma que su país ninguno de los dos tipos. Esto último se verificó sobre todo para el caso de Venezuela y El Salvador.
A partir de estos hallazgos, emerge una conclusión inquietante: en buena parte de la región hay democracias que cumplen los procedimientos electorales hasta cierto punto y fallan en sus promesas sustantivas. Son democracias que preservan elecciones, pero no garantizan derechos, que reconocen a los ciudadanos en la ley, pero no en la experiencia cotidiana. Así, la mayoría (63,7%) de los líderes sociales encuestados afirman que las democracias que existen en sus países son “democracias con grandes problemas”, mientras que casi un cuarto (23%) afirma que “no es realmente una democracia”.
Estas evaluaciones y expectativas “incumplidas” de la democracia se convierten en un terreno fértil para la seducción autoritaria, que promete soluciones rápidas donde las instituciones democráticas parecen no haber respondido.
Cerrar la brecha: agenda desde la ciudadanía
Si se quiere revertir el actual proceso de erosión democrática en América Latina se debe tomar en serio las expectativas ciudadanas. La democracia electoral es indispensable, pero no es suficiente. Si la democracia no garantiza libertades, justicia, participación, igualdad, otros actores —a menudo autoritarios y populistas— ocuparán ese vacío prometiendo satisfacer esos reclamos. Los líderes sociales entrevistados no reclaman un retorno a modelos populistas ni una ruptura del orden constitucional. Reclaman una democracia más sustantiva, que no se agote en la competencia por el poder, sino que se exprese en el acceso real a derechos y libertades.
La defensa de la democracia no puede seguir descansando únicamente en el diseño institucional. Debe conectar con las expectativas y prácticas cotidianas de quienes sostienen la vida social. Reconstruir la confianza democrática exige fortalecer canales de participación real, garantizar justicia accesible y equitativa, proteger libertades en contextos de inseguridad y polarización y construir Estados capaces de responder efectivamente. Esa es la democracia que los líderes sociales defienden. Esa es la democracia que la región aún tiene pendiente.
*Texto publicado originalmente en Diálogo Político
A las 00:00 horas del miércoles 10 de diciembre, los australianos menores de 16 años quedaron inhabilitados a acceder a Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, TikTok, YouTube, X, Reddit, Twitch y Kick. La Ley, conocida como Online Safety Amendment Act, aprobada por el parlamento australiano en noviembre de 2024, obliga a estas plataformas digitales a bloquear o desactivar las cuentas de los menores de 16 años, bajo riesgo de afrontar fuertes sanciones. Con esta medida, Australia avanza en la búsqueda de generar un mundo más sano y seguro para sus niños y adolescentes.
¿Qué nos hacen las redes sociales?
En mayo de 2024, el parlamento australiano estableció un comité para elaborar un informe sobre el impacto de las redes sociales en su sociedad. El estudio concluyó que, si bien estas ofrecen beneficios como la conectividad, el acceso a la información o el desarrollo creativo, también implican riesgos, sobre todo para niños y jóvenes de sufrir bullying, acoso sexual o explotación.
El informe que impulsó la nueva ley determinó, además, que los modelos de negocio de las plataformas fomentan su uso prolongado, lo que puede derivar en un uso adictivo. Mientras que sus algoritmos desarrollan estrategias de segmentación de contenido que puede ser perjudicial para la salud mental de las personas.
Según el estudio “Teens, screens and mental health”, de la Organización Mundial de la Salud de 2024, más de uno de cada 10 adolescentes mostró signos de comportamiento problemático en redes sociales. Esto implica un patrón de prácticas con síntomas similares a los de la adicción: incapacidad para controlar su uso; abstinencia; y descuido de otras actividades.
Y es que el 9% de los jóvenes de entre 10 y 20 años dedica más de cinco horas al día a redes sociales, según otro estudio realizado con casi 100.000 niños y adolescentes de España. Esta investigación, elaborada por UNICEF España, entre otras organizaciones, asocia el uso excesivo con malestar emocional y ansiedad en un porcentaje significativo de menores.
Esta realidad digital comporta a su vez otro tipo de riesgos: nueve de cada 10 menores han sufrido presiones para enviar fotos íntimas; el 5,7% ha recibido propuestas sexuales por parte de adultos; cerca de una tercera parte ha accedido a contenido pornográfico con una edad media de 11,5 años; y uno de cada 10 menores reconoce haber sufrido ciberacoso.
Mientras tanto, en EE.UU. avanza una demanda colectiva contra Meta por su estudio interno de 2020, Project Mercury, que la empresa habría censurado. Los documentos judiciales parcialmente desclasificados revelan que la no utilización de Facebook e Instagram durante una semana reduce la depresión, ansiedad y soledad.
Reacciones a la nueva ley
“Parece una forma encubierta de controlar el acceso a Internet de todos los australianos”, fue la respuesta de Elon Musk, dueño mayoritario de X, a un post del primer ministro australiano Anthony Albanese anunciando el proyecto de ley.
Si bien tras haber entrado en vigor, X, al igual que el resto de las plataformas vetadas, ha cumplido la nueva ley, el mensaje evidencia el temor de la oligarquía digital a que esta fuera la punta del iceberg de una ola regulatoria a nivel global.
Además de las empresas afectadas, organizaciones como Digital Freedom Project, dedicada a proteger los derechos digitales, han criticado la normativa al considerarla una violación a la libertad de expresión y el acceso a la información. También se ha aludido a que los adolescentes podrán seguir accediendo a las plataformas con VPN o perfiles falsos o que la ley no incluye sitios de juegos ni chatbots de IA, lo que limita el alcance de la prohibición.
El principio del fin
Más allá de las críticas, lo cierto es que Australia acaba de patear el tablero con su nueva ley y da así un gran impulso al proceso regulatorio de Internet que trasciende a las redes sociales y franjas etarias. Y es que quienes crecimos con anuncios de “PROHIBIDO PARA MENORES DE 18 AÑOS”, hemos sido testigos preferenciales de los destrozos que nos han dejado 20 años de anarquía informativa.
Se suele decir que “la regulación va por detrás del mercado”. Pues este debe ser uno de los casos donde la inacción política ha provocado más daños a la sociedad. Pero estamos a tiempo de reencauzar el rumbo. Además de Australia, diversos países avanzan en regulaciones para restringir el acceso de menores a redes sociales y contenidos digitales: Dinamarca y Malasia prohibirán su uso a menores de 15 y 16 años respectivamente a partir de 2026, mientras que Noruega y varios estados de EE.UU. impulsan normas similares.
La Unión Europea prepara un marco integral que limita el acceso de menores a redes sociales, plataformas de video y compañías de IA, permitiéndolo entre los 13 y 16 años solo con autorización parental, además de prohibir mecanismos adictivos, restringir la publicidad y los algoritmos de recomendación para menores. Esta tendencia se extiende también al control de edad en sitios pornográficos, con Reino Unido, Francia, Italia y España adoptando o proponiendo verificaciones obligatorias de mayoría de edad.
¿Y en América Latina?
Desde marzo de 2025 está vigente en Puerto Rico una ley que, si bien no impone una prohibición absoluta, refuerza la restricción del acceso de menores a las redes sociales al trasladar el control a sus padres. En Colombia, en julio de 2025 entró en vigencia la Ley 2489 que fija una edad mínima de 14 años sin consentimiento parental y prohíbe el acceso entre las 10 p.m. y las 6 a.m.. Y en Brasil, el Senado aprobó una ley que obliga a las plataformas a implementar mecanismos robustos de verificación de edad, controles parentales y mayores salvaguardas de privacidad.
Como respuesta, las plataformas digitales han planteado que la verificación de la edad debería recaer en los sistemas operativos, como los de Apple y Google, ya que permitirían registrar la fecha de nacimiento una sola vez y confirmar así si un usuario cumple con la edad requerida. Esta idea ya se refleja en regulaciones de países como Brasil y en algunos estados de Estados Unidos, así como en nuevas funciones de control parental lanzadas por Apple y en desarrollo por Google.
Más allá de las soluciones técnicas que se escojan, para que los niños y adolescentes puedan crecer en un entorno más saludable y seguro, los legisladores de cada uno de nuestros países deben asumir la responsabilidad de sancionar las leyes necesarias y hacer que estas se cumplan.
En apenas un par de décadas, Internet ha transformado nuestras vidas como ningún otro avance tecnológico lo había hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Nos hemos beneficiado de infinidad de maneras y los avances habrían sido inimaginables a principio de siglo. Sin embargo, el descontrol y la falta de regulación de plataformas que tienen el potencial de transformar sociedades, y en manos de un puñado de milmillonarios, está degradando profundamente a la sociedad global. Ante este oscuro y peligroso escenario, esperemos que el paso que acaba de dar Australia sea apenas el inicio de una transformación estructural de nuestra nueva realidad.
Es sabido que en un determinado momento se estableció un consenso relativo a que el final del siglo XX se dio en torno a 1989. De esta manera, aparentemente un nuevo orden se erguía bajo el crisol de la consolidación de ideas que habían ido afianzándose poco a poco. La democracia, la compleja relación entre el mercado y la sociedad, el pluralismo, cierto esbozo de orden internacional. Es posible que las proclamas intelectuales que gozaban de mayor o menor profundidad, a veces labradas con ingeniosidad, otras con argumentos basados en evidencia empírica gestada con laboriosidad y rigor metodológico fueran demasiado urgentes. Ávidas de enmarcar el acontecer en un marco general omnicomprensivo sucumbieron a acontecimientos que se sucedieron en un escenario vertiginoso.
No se trataba de que los avatares supusieran eventos que antes no se hubieran dado, lo que sucedía es que su alcance consolidaba una dimensión planetaria con implicaciones generalizables a una población insólita que se acercaba a los ocho mil millones de personas y que se estructuraba en unidades políticas cuyo número se acercaba a las dos centenas de estados-nación labrados en los dos últimos siglos del devenir de la humanidad.
Sin embargo, en menos de dos décadas, el 11-S, la crisis económico-financiera de 2008 y la pandemia de la COVID-19 establecieron un triángulo particular. En su seno, los estados-nación se movían confrontando problemas particulares con distinto grado de afectación para sus habitantes en relación con sus definiciones identitarias y con los lazos de convivencia, así como con el nivel de satisfacción de necesidades mínimas. La gestión del conflicto en sociedades que empezaron a cambiar exponencialmente como consecuencia de la revolución digital agudizó el quehacer de la política falto de mecanismos con los que abordar el vertiginoso escenario establecido.
El fin de una época es el mantra que acompaña a prácticamente cada año del presente siglo con lo que uno no sabe a qué atenerse a la hora de definir ese instante. Stefan Zweig es quizá uno de los autores más citados cuando se trae a colación el mundo de ayer que en un determinado momento deja de ser para dar paso a un nuevo estadio. Pero 83 años después de su muerte el mundo que uno trae a colación y sobre el que evalúa su presente es muy diferente.
Pero la nueva época pareciera que no termina de emerger a pesar de que escribimos sobre ello con asiduidad y de que hay propuestas para todos los gustos que esbozan panoramas más o menos apocalípticos. Las señales que están a nuestro alcance, pero que ignoramos, son silenciosas. Poco a poco se han hecho extraordinariamente habituales ¿Se han tomado la molestia de buscar en las correspondientes etiquetas anexadas a sus regalos navideños el nombre del país de su procedencia? ¿Conocen el tiempo promedio que están diariamente conectados mediante su celular? ¿Son conscientes de la diversidad de datos que brindan de modo gratuito de sus decisiones, gustos, sinsabores, aficiones, penurias, satisfacciones, de sus hábitos? Simples gestos que pueden darles pistas acerca del presente y de la procelosa definición del espíritu del tiempo en que vivimos y que ahora precisamos definir cuándo comenzó.
La denominada disrupción trumpista puede ameritar una reflexión sobre el declive irrestricto del legado del sueño americano en un contexto en el que el propio actor supremacista ha pateado el tablero. Aboca asimismo a evaluar su proyección sobre la descomposición europea al quebrarse una alianza atlántica pergeñada durante tres cuartos de siglo. También anima a analizar el significado del regreso del amigo americano en buena parte del patio trasero continental donde Nayib Bukele, Rodrigo Chaves, Daniel Noboa, Javier Milei, Santiago Peña y ahora José Antonio Katz y Nasry Asfura son conmilitones de primer orden acompañando la timidez de José Raúl Mulino, Bernardo Arévalo y Luís Abinader. Ellos engrosan la nómina de adláteres ansiosos por compartir mantel. No es nada especialmente nuevo pues el esquema se retrotrae a otros momentos pretéritos.
Brasil y México tienen una población estimada en 2025 de 213 y 132 millones de habitantes respectivamente. Representan poco más de la mitad de la población considerada para América Latina de 668 millones. Como es bien sabido, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum no se alinean con la disrupción trumpista, aunque la padecen. Algo así sucede con Yamandú Orsi. Su escenario político es muy diferente, ciertas dosis de autonomía y de ejercicio de la dignidad asoman, si bien deben también convivir con asuntos lamentablemente añejos donde la violencia y la corrupción están presentes. No obstante, para su ciudadanía serían igualmente aplicables las preguntas formuladas más arriba, obteniendo sin duda respuestas no muy diferentes de las del resto de los países vecinos.
Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro son sátrapas que se aferran al poder con argucias diferentes que inhiben cualquier expresión libre y soberana de la voluntad popular. Su ejercicio brutal, a la vez que narcisista, del poder se inserta y hace el juego a los sectores más fanáticos proclives al trumpismo que ven en este una errática tabla de salvación. Solo para los millones de sus conciudadanos que dejaron sus países el trastoque de su ciclo vital ha tenido doloroso sentido.
Perú y Colombia cambiarán sus gobiernos en el primer semestre de 2026 con escasas perspectivas de consolidar el fin de una época como en tantas otras ocasiones se vaticinó con magros resultados. Gustavo Petro y los sucesivos presidentes peruanos caerán en el olvido dejando tras de sí confusión y desengaño.
Por doquier se extiende una especie de alienación militante que no parece certificar el nacimiento de ciclo nuevo alguno, o al menos en las claves que son de uso corriente. La desigualdad rampante, la certeza del mantenimiento de la vida, de la seguridad personal y de niveles mínimos de dignidad, así como las dificultades a la hora de institucionalizar prácticas asumidas con responsabilidad por parte de la gente se yerguen como los grandes ejes argumentales de una deseable nueva época siempre pendiente de abrir.
El año cierra con una imagen poderosa en Chile. Un presidente, un candidato electo y una candidata derrotada -con ideas y formas de pensar radicalmente diferentes- mostrando respeto hacia los resultados electorales, hacia el árbitro y entre ellos mismos. Un acto de lo más sencillo y esperable en cualquier democracia, se convirtió en un gesto revolucionario. Puede parecer una simple formalidad o una nota de color, pero no lo es. En una América Latina dividida entre discursos de odio y el ejercicio polarizado de la política, estos actos de cortesía institucional y normalidad democrática marcan la diferencia.
Un intenso ciclo electoral marcó 2025. Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras celebraron elecciones presidenciales que redefinieron de algún modo el juego político regional. A estos procesos se sumaron numerosos comicios legislativos, elecciones locales y referendos. México, por su parte, experimentó con la elección popular de jueces y magistrados, una reforma sin precedentes que pretendió democratizar el sistema de justicia, pero que -en la práctica- supuso retrocesos en las condiciones de gobernanza electoral que parecían estar ya resueltos.
En momentos donde la región experimenta procesos de erosión democrática, que se realicen elecciones que cumplan con condiciones de integridad no es una cuestión menor. De cómo sean estas elecciones, depende la posibilidad de alternancia y rotación en el poder, así como también que la democracia persista, resista y sea resiliente frente a los múltiples desafíos como la violencia político-criminal, el hartazgo ciudadano, la cooptación de las instituciones electorales, la polarización afectiva y/o la radicalización ideológica.
Las urnas hablan: cinco patrones regionales
La evaluación de las elecciones de 2025 desprende cinco patrones que trascienden las fronteras nacionales y describen algunas singularidades del proceso político actual en la región.
Primero: el voto de castigo se consolida. Desde la contundente victoria de la ultraderecha sobre la izquierda en Chile el 14 de diciembre —cuando José Antonio Kast obtuvo el 58% de los votos—, pasando por el fracaso de la consulta popular del presidente Daniel Noboa en Ecuador, hasta la estrepitosa caída del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia y el tercer lugar del oficialista Partido Libre en Honduras, el mensaje ha sido consistente: la ciudadanía castiga a quienes gobiernan, independientemente de su color político.
En Bolivia, el MAS perdió dramáticamente después de casi dos décadas de dominio. El partido de Evo Morales y Luis Arce, que en 2020 obtuvo 75 de 130 diputados, quedó reducido a apenas dos escaños en las elecciones de agosto. Por primera vez, Bolivia celebró una segunda vuelta presidencial el 19 de octubre, donde Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso con el 54.5% de los votos. En Honduras, la candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, quedó relegada al tercer lugar, mientras el candidato conservador Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional), resultó ganador como presidente electo tras una polémica contienda política, intervencionismo de actores externos, numerosos actos de violencia política-electoral y 24 días de incertidumbre para conocer los resultados.
Noboa sufrió una derrota demoledora en la consulta popular del 16 de noviembre: el NO ganó en las cuatro preguntas propuestas, incluyendo el rechazo a autorizar bases militares extranjeras (60% votó NO) y a convocar una Asamblea Constituyente (61% votó NO). Este resultado sorprendió porque ocurrió apenas siete meses después de que ganara la elección presidencial ecuatoriana en abril con 55.6% de los votos. Las interpretaciones sobre este cambio del electorado están aún por definirse, pero sugiere que la ciudadanía no estaría dando “cheques en blanco” a los gobernantes.
Segundo: el pragmatismo desplaza a la ideología. El triunfo de Paz en Bolivia con un mensaje centrista de “capitalismo para todos”, la victoria de Noboa en Ecuador con foco exclusivo en la seguridad, y el rechazo a los oficialismos confirman que el electorado latinoamericano de 2025 está más allá de las ideologías. O, al menos, una parte de él. Los votantes no parecerían estar buscando proyectos transformadores a largo plazo, sino respuestas concretas a problemas inmediatos: inseguridad, crisis económica, corrupción.
Este fenómeno favorece a las fuerzas conservadoras. En Chile, ganó por primera vez un candidato de ultraderecha —nostálgico pinochetista— con promesas de recortes drásticos al gasto público, políticas de “orden y seguridad”, oposición al aborto y al matrimonio igualitario, e iniciativas radicales contra la delincuencia y la migración irregular. El éxito de Kast se suma a los gobiernos de derecha como el de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Santiago Peña en Paraguay y Luis Abinader en República Dominicana. Esta nueva “marea azul” configura el mapa político actual, pero lo hace con distintas tonalidades y niveles de radicalidad.
Tercero: fragmentación partidaria, gobiernos divididos y minoritarios. Salvo en Ecuador, donde la polarización entre correísmo y anticorreísmo atravesó la elección presidencial (en abril) como la consulta popular (en noviembre), en el resto de los casos el escenario político se fragmentó profundamente. En Bolivia, siete candidaturas con opciones reales de ganar compitieron en la primera vuelta. En Honduras, tres candidaturas se disputaron la presidencia, resultando una de las diferencias competitivas más estrechas que ha vivido el país.
La alta fragmentación suele generar presidentes minoritarios con gobiernos divididos. En este año electoral, Bolivia y Ecuador se suman a Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, donde gobiernan presidentes con apoyos minoritarios en el Congreso. A diferencia de ello, en otros dos casos, hay presidentes poderosos, con gobiernos de partido unificado: México y El Salvador cuentan con mayorías calificadas en sus Legislativos que generan poderes fuertes que facilitan la aprobación de reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
Cuarto: el vaciamiento del centro político y la crisis de los partidos -y liderazgos- moderados. Como sostuvimos junto a María Esperanza Casullo hace ya algunos años, en las últimas décadas los partidos de “centro-y-algo” (centroizquierda y centroderecha) tienen bastantes dificultades para acumular votos en el centro. La política moderada parece no tener apoyo electoral en los países de América Latina. Esa pérdida de capacidad representativa del centro político ha generado un vacío que suele ser aprovechado por políticos outsiders o por nuevos partidos que dicen representar nuevas demandas y generar alternativas desde los márgenes. Este vacío alimenta las estrategias políticas orientadas a la polarización.
Quinto: crisis de credibilidad institucional. A excepción de Chile, donde dos horas después del cierre de los comicios se anunciaron resultados que fueron reconocidos inmediatamente por los contendientes, en Honduras y Ecuador los procesos electorales enfrentaron severos cuestionamientos de los actores político-partidarios que se negaron a reconocer los resultados. En Ecuador, tras la segunda vuelta de abril, Luisa González —candidata de la Revolución Ciudadana— cuestionó la transparencia del proceso. En Bolivia, las acusaciones cruzadas de irregularidades fueron constantes durante las elecciones de agosto. En Honduras, más de dos semanas después de los comicios del 30 de noviembre, el país no tenía definido el resultado de la elección presidencial.
La confianza en las instituciones electorales, piedra angular de la democracia, muestra fisuras preocupantes que se han agravado de manera sistemática en este 2025. Varios países enfrentan crisis de gobernabilidad acompañadas por esquemas fragmentados, discursos de odio, desconfianza interpersonal e institucional y polarización extrema.
Tres aprendizajes para el futuro
Este año electoral deja aprendizajes que marcarán la política regional en los próximos años.
Primero: la violencia política-criminal condiciona la democracia. Algunas elecciones se celebraron en contextos de violencia criminal. Honduras registró seis homicidios políticos durante la campaña, cuatro de ellos contra candidatos del oficialista Partido Libre. La ONG Cristosal documentó 67 hechos de violencia política entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, incluyendo asesinatos, atentados, amenazas y acoso. Ecuador celebró su consulta popular bajo Estado de Excepción debido al “conflicto armado interno”, declarado para contrarrestar la escalada de violencia del narcotráfico y de la ausencia de control estatal del sistema penitenciario. México realiza elecciones en contextos de violencia, particularmente, a nivel local. El proyecto “Votar entre balas”, de la ONG Data Cívica y México Evalúa, ha reportado desde 2018 cómo se ha ido incrementando la violencia político-criminal en el país, siendo la de 2024 la más violenta de todo el período especialmente a nivel local.
Segundo: la influencia externa redefine la soberanía electoral. La intervención de Estados Unidos en las presidenciales hondureñas así como en las legislativas argentinas de unas semanas antes alerta sobre los problemas para la autonomía política en la región. Daniel Noboa en Ecuador buscó activamente establecer bases militares estadounidenses, propuesta rechazada por el 60% de los votantes. Este nivel de intervencionismo —apoyando explícitamente candidatos, condicionando ayuda económica, presionando sobre decisiones electorales o alertando sobre represalias si no se votaba de una determinada manera— marca un precedente peligroso que redefine las reglas del juego en la región. El actor externo pasa a convertirse en un potencial equilibrador de la competencia, generando condiciones de “cancha inclinada”.
Tercero: la polarización puede desmovilizar al electorado. Ecuador demostró que incluso en contextos de extrema polarización, la movilización no está asegurada. El voto moderado, que podría haber inclinado la balanza en la Consulta Popular, simplemente desapareció o se disolvió entre las dos opciones más polarizadas. Esto sugiere que la polarización puede llevar a la desmovilización de sectores que no se sienten representados por ninguno de los extremos, debilitando paradójicamente la participación democrática.
Democracias en riesgo
A pesar de las dificultades, los procesos electorales continúan llevándose a cabo con niveles de integridad. La alternancia se dio en varios países. La mayoría de los perdedores, incluso algunos a regañadientes, aceptaron los resultados. Esto confirma que las instituciones electorales mantienen cierta fortaleza. Sin embargo, la erosión democrática proviene de quienes son electos, no de la ausencia de elecciones. Surge de liderazgos que desafían la base pluralista de la democracia. La disputa actual supone un enfrentamiento sobre qué es la “verdadera democracia”: si aquella que prioriza derechos y contrapesos institucionales o la que concentra poder en nombre de la “voluntad popular”. Este debate atraviesa países tan diversos como Venezuela, Ecuador, El Salvador o México.
En 2025, las democracias latinoamericanas enfrentaron múltiples amenazas: baja confianza institucional, violencia persistente, cooptación de árbitros electorales, vulnerabilidad ante actores externos y gobiernos iliberales que promueven la polarización. El voto castigo fue uno de los patrones más visibles de este año, pero formó parte de un fenómeno más amplio: una volatilidad electoral extrema donde la ciudadanía rechaza a quienes gobiernan, independientemente de su color político, en busca de soluciones a problemas inmediatos.
El desafío para 2026 —cuando países como Costa Rica, Perú, Colombia o Brasil celebren nuevas elecciones— será mantener la autonomía y profesionalización de los árbitros electorales, favorecer el pluralismo, despolarizar el espacio público, evitar, o al menos atemperar, las injerencias externas y continuar fortaleciendo los procedimientos y las instituciones democráticas, sin ceder ante discursos que prometen orden a costa de los derechos conquistados.
Con la promulgación de la Constitución boliviana de 2009 se insertó, en Bolivia, la controversial figura de las elecciones judiciales para la selección de magistrados de las más altas cortes. En noviembre de 2025, luego de asumir el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, los últimos siete altos miembros del poder judicial electos por voto popular (Cinco del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia) que se encontraban en funciones —autoprorrogados de forma inconstitucional desde 2023 — fueron destituidos de sus cargos y sobre ellos se han dictado órdenes de aprehensión. Este desenlace, que merece ser celebrado, puede ser también visto como otra práctica de manipulación política del Poder Judicial.
No cabe duda que una elección popular es el ejercicio más puro de democracia, caracterizada por la pasión, el bullicio y hasta un cierto desorden, como bien señalaban los fundadores de la constitución norteamericana. Ellos eran conscientes que una república requiere también de otra faz, más calma, ponderada, identificada en el Poder Judicial, que no esté necesariamente fundada en elecciones populares, al menos no en el caso de sus más altas cortes.
Los procesos electorales judiciales
En un país como Bolivia, en el que nada acontece sin caos, se han sucedido tres procesos electorales judiciales para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura- en 2011, 2017 y 2024. En todos los casos los candidatos han sido preseleccionados por un Legislativo dominado por un partido de gobierno hegemónico y todos quienes han resultado electos fueron perfeccionándose en el arte de confeccionar sentencias a medida del gobierno de turno. Por poner algunos ejemplos que vulneraron flagrantemente la Constitución desde el Tribunal Constitucional: la habilitación del expresidente Evo Morales a un tercer mandato consecutivo, la decisión de permitir la reelección presidencial indefinida y la supresión de la obligación a renunciar como requisito para ser candidato a cargos de elección popular. Todo esto a favor de Morales mientras ocupaba el sillón presidencial.
Ante la asunción de Luis Arce en noviembre de 2022, y amoldándose a las nuevas necesidades del nuevo gobierno, el Tribunal Constitucional flexibilizó la interpretación del requisito de residencia permanente para todas las candidaturas, prohibió la reelección presidencial indefinida antes autorizada y desconoció a Morales como presidente del partido. Esto sin contar con las sentencias y declaraciones que sirvieron para bloquear la elección de nuevos magistrados, prorrogar su propio mandato en contra de la norma constitucional y generar elecciones judiciales parciales para continuar con el control del Tribunal Constitucional (en 2024 solo fue posible elegir cuatro nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional de un total de nueve).
Pero los nuevos miembros electos en diciembre de 2024 también han recibido críticas por lo que algunos entienden como actuaciones políticas. Es el caso de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (en el que fue posible elegir siete de sus nueve miembros en 2024) cuando, en agosto de 2025, ordenó la revisión de las prisiones preventivas dictadas contra la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder de Potosí, Marco Pumari. Dicha decisión llama la atención no solamente por hacer referencia únicamente a tres políticos que personalizaban la oposición al anterior gobierno -en una aparente vulneración de la igualdad procesal de todos los detenidos preventivamente en el país- sino por el hecho de que se haya dictado casi inmediatamente después del resultado de la primera vuelta de las elecciones de 2025, en la cual dos partidos opositores al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) pasaron a la segunda vuelta. Otra decisión objeto de críticas es que una Sala Constitucional haya ordenado la destitución inmediata de los magistrados autoprorrogados pasados menos de veinte días de instalado el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, y que no lo hayan hecho en diciembre 2023, cuando tuvo lugar la inconstitucional autoprorrogación.
Las altas cortes en Bolivia han sido manipuladas para restar funciones al órgano electoral que ha desconocido sistemáticamente su propia competencia jurisdiccional con el objetivo de permitir que las normas electorales se ajusten a beneficio del gobernante de turno.
El caso mexicano
En México, también bajo el dominio de un partido fuerte con gran respaldo popular, se ha reformado la Constitución para introducir un sistema de elección por voto popular de todos los miembros del sistema judicial, incluidos los altos magistrados. La fórmula se repite: selección previa de los candidatos por parte un legislativo mayoritario con una oposición debilitada y la retórica de que “el pueblo es sabio y tiene la última palabra”.
Pero la reforma mexicana ha dado un paso más allá y ha incluido la elección popular también de los magistrados del Poder Electoral. El combo resulta peligroso, puesto que en nombre de la democracia directa, los magistrados son previamente seleccionados por el partido dominante y el electorado solo ratifica.
En Latinoamérica el auge del presidencialismo plebiscitario, en el que todo se somete al voto popular, genera un sistema en el que los pesos y contrapesos se vuelven imposibles. Para que los mecanismos de control y sanción recíprocos puedan funcionar frente a Ejecutivos poderosos, los órganos del Estado deben tener distinta legitimidad de origen. De lo contrario, los sistemas hiperpresidencialistas usan la elección popular para legitimar al presidente, considerado la voz del pueblo.
Cuando los presidentes utilizan el plebiscito como forma de legitimarse, es fundamental que el Poder Judicial sea independiente de la elección popular y que su legitimidad tenga otro origen para evitar otorgar todo el poder al Poder Ejecutivo. Si la elección popular de magistrados de las altas cortes es manipulada por el Ejecutivo, ¿quién controla al poder? Si alguna enseñanza dejaron las elecciones judiciales en Bolivia es que el peor enemigo de la democracia parece ser una “superdemocracia”.
Jair Bolsonaro y Hugo Chávez, a pesar de representar extremos opuestos del espectro político, tienen un rasgo en común: ambos usaron discursos y símbolos religiosos para presentarse como “salvadores de la patria”, cada uno asumiendo el papel de líder elegido por una misión divina en medio de crisis políticas e institucionales. Con narrativas que mezclan fe y política, lo que llamamos populismo mesiánico, tanto Bolsonaro como Chávez consiguieron transformar sus imágenes públicas usando elementos religiosos para legitimar sus acciones y conquistar seguidores.
El populismo es un fenómeno complejo y multidimensional, que puede verse como un movimiento, una estrategia o una ideología, y que a menudo se opone a la democracia liberal justificando la transgresión de sus principios en nombre de la voluntad popular. Se manifiesta en liderazgos que polarizan la sociedad entre “pueblo” y “élite”, promoviendo la centralización del poder, la desconfianza institucional y la retórica de crisis y amenaza.
El populismo mesiánico, en particular, enfatiza el culto a la personalidad del líder como salvador histórico, utilizando la movilización emocional y la manipulación mediática para consolidar su dominio y limitar a la oposición. Lo encarnan líderes carismáticos que se posicionan como salvadores ante élites consideradas corruptas o como amenazas externas, y movilizan discursos religiosos y simbólicos para legitimar su poder. En Brasil, el apoyo evangélico fue clave para Bolsonaro, mientras que, en Venezuela, Chávez contó con el apoyo de la Iglesia católica y de los movimientos cristianos de izquierdas.
Ambos casos ponen de manifiesto la sacralización del líder y la polarización política que socava los cimientos de la democracia liberal.
El populismo mesiánico de Bolsonaro: el enviado de Dios
Con el crecimiento de los evangélicos en Brasil, Bolsonaro construyó su imagen como líder mesiánico, utilizando simbología cristiana para presentarse como un salvador en una batalla espiritual contra el mal, el comunismo y la corrupción. Hubo dos elementos centrales que reforzaron su narrativa providencial y su conexión con la base evangélica, que lo ve como un defensor de la familia tradicional y de los valores cristianos: su bautismo en el río Jordán, en Israel, en 2016, y la supervivencia del ataque durante la campaña de 2018.
El bautismo en el río Jordán, un lugar sagrado para el cristianismo, simbolizó el renacimiento espiritual y el compromiso público con la fe, lo que reforzó su legitimidad entre los evangélicos y amplió su base política. El ataque sufrido en 2018 fue interpretado como un martirio que precedió a su victoria electoral, y consolidó su imagen como líder protegido por Dios y destinado a salvar Brasil. La reacción en las redes sociales puso de manifiesto la polarización y la construcción de narrativas conspirativas en torno al episodio, y la figura de su agresor, Adélio Bispo, fue demonizada para reforzar la dicotomía entre el bien y el mal.
La dualidad bien-mal sigue una lógica sacralizante: moralmente, Bolsonaro encarna el bien, y Adélio el mal; narrativamente, Bolsonaro es presentado como el salvador, y Adélio como la amenaza. Simbólicamente, Bolsonaro representa el biel, y Adélio es asociado al diablo. En el discurso, Bolsonaro aparece como figura legitimadora, mientras que Adélio se vincula con la violencia y el miedo.
El mesianismo de Hugo Chávez: la santificación del comandante eterno
Chávez surgió en el contexto de la crisis institucional venezolana de los años 90, presentándose como un líder antiestablishment y promotor de la “Revolución Bolivariana”. Su estrategia combinaba la movilización popular a través de programas sociales y el desmantelamiento institucional para centralizar el Poder Ejecutivo. La relación con las fuerzas armadas y el uso de discursos simbólicos fortalecieron su identidad política, que incorporó elementos espirituales y redentores, asociándose con el libertador Simón Bolívar y creando una religión política secular que persistió tras su muerte.
Tras su muerte, Chávez fue santificado popularmente, con la creación de una capilla dedicada a él y la incorporación de símbolos religiosos católicos y elementos del chavismo en las prácticas devocionales. Hay murales, imágenes de “los ojos de Chávez” y oraciones adaptadas que ejemplifican esta fusión entre lo político y lo sagrado, lo que consolida su figura como entidad espiritual y símbolo moral de la revolución. Esta sacralización popular, aunque no reconocida oficialmente por la Iglesia católica, refuerza la continuidad del carisma y la autoridad política del líder fallecido.
La relación entre religión y política es central en la construcción de populismos mesiánicos en América Latina, donde líderes como Bolsonaro y Chávez utilizan elementos religiosos para legitimar su poder, movilizar emociones colectivas y consolidar identidades políticas. La instrumentalización de símbolos sagrados, narrativas de misión divina y episodios de martirio o santificación refuerzan el vínculo carismático con sus seguidores y desafían las instituciones democráticas tradicionales. A pesar de las diferencias ideológicas, ambos casos ilustran cómo la política y la religión se entrelazan para conferir significado y trascendencia a los proyectos de poder en la región.
En economía, el término productividad se refiere a la eficiencia con la que se utilizan los recursos —el trabajo humano y máquinas— para producir bienes y servicios. Si una empresa o una economía genera más productos usando los mismos recursos, ha mejorado su productividad. Este concepto es amplio, ya que depende de factores como la calidad del capital humano, la calidad institucional y las condiciones del mercado. Sin embargo, teóricamente, el aumento de la productividad suele estar asociado —en su mayoría— al avance tecnológico, ya sea mediante innovaciones o procesos más eficientes.
La productividad no se trata solo de producir más bienes o servicios, sino también de producir mejor: con mayor calidad, menores costos y usando los recursos de forma eficiente. Cuando eso ocurre, se esperaría que los beneficios se reflejen en mejores condiciones de empleo y nuevas oportunidades laborales, ya que al usar mejor los recursos, las empresas pueden crecer, producir más y contratar más personal. Esto debería traducirse en empleos más estables y mejor remunerados, es decir, que la productividad complemente al trabajador. No obstante, esta lógica no siempre se cumple. El avance tecnológico, bajo ciertas condiciones, puede reemplazar a los trabajadores en lugar de beneficiarlos, y la productividad termina generando una sustitución —desplazamiento— del empleo.
Dos regiones, dos realidades
En Europa, según datos de la OIT de 2019, más del 80% de los trabajadores son formales —es decir, poseen protección social y remuneración— y concentran su empleo en actividades con alto valor agregado y tecnología como servicios especializados e industriales. En cambio en América Latina, según la OIT, el 53% de los trabajadores son informales, o sea sin protección social. Esto quiere decir que más de 140 millones de personas no tienen contrato, seguridad social ni estabilidad laboral. Además, América Latina sigue dependiendo de sectores menos productivos, como la agricultura, el comercio tradicional o la manufactura de baja productividad.
Estas diferencias también se reflejan en el desarrollo tecnológico, el cual puede medirse comparando los niveles de productividad entre regiones. Una forma de hacerlo es tomar como referencia a un país líder en tecnología y eficiencia, como Estados Unidos, y calcular qué porcentaje de su productividad alcanzan otras regiones. A esta diferencia se le llama brecha tecnológica. Es decir, mide cuán lejos está una región de igualar la productividad —y por tanto el uso de tecnología, conocimientos y métodos productivos— de una economía avanzada. Entre 2000 y 2019, esa brecha se amplió en América Latina y pasó de alcanzar el 69% del nivel de productividad de EE.UU. al 56%. Es decir, en lugar de acercarnos tecnológicamente, nos estamos alejando.
Muchos trabajos en América Latina son repetitivos y fácilmente reemplazables por máquinas o sistemas automatizados. Esto incluye empleos en transporte informal, agricultura, comercio, manufactura sencilla y trabajos administrativos básicos. Así, cuando una empresa moderniza su producción para reducir costos y no hay capacitación ni opciones para los trabajadores desplazados, el resultado es más eficiencia junto a un desplazamiento del empleo. En cambio, en Europa se crean empleos en tareas más complejas, que requieren análisis, creatividad o habilidades técnicas. Estos trabajos no se pueden reemplazar tan fácilmente por tecnología. Por eso, la productividad complementa a los trabajadores, mientras que en América Latina muchas veces los sustituye. Además, gran parte de las empresas en Latinoamérica, sobre todo las pequeñas, no tienen recursos para capacitar a su personal o modernizarse de forma inclusiva.
A esto se suma una diferencia importante de productividad laboral, que mide cuánto valor económico genera cada trabajador. En 2019, un trabajador en Europa, en promedio produjo cerca de 68 mil dólares al año, mientras que en América Latina apenas alcanzó los 27 mil, según datos del Banco Mundial. Esto refleja que con el mismo tiempo y recursos, los trabajadores europeos son más productivos. Esta brecha no se explica por trabajar menos, sino porque en Europa se aprovechan mejor los recursos, gracias a mayores inversiones en educación técnica, tecnología e innovación.
Relación entre productividad y empleo
Aunque se discute mucho sobre la relación entre productividad y empleo, en América Latina sigue siendo un tema poco explorado y con escasa evidencia. No basta con saber que la productividad aumenta o que la tecnología avanza. Lo importante es entender qué tipo de empleos se crean, cuáles se pierden y cómo cambia el mercado laboral.
Una investigación de la Facultad de Economía de la UDLA analizó la relación entre productividad y empleo en 36 países —19 europeos y 17 latinoamericanos— entre 2000 y 2019. Los resultados son reveladores. En Europa, cuando aumenta la productividad, también mejora el empleo: disminuyen los desempleados y crecen los empleos de sectores modernos como servicios e industria. En América Latina, en cambio, ocurre lo contrario. Un aumento de la productividad está relacionado con una caída del empleo formal, especialmente en servicios e industria. Estos sectores, que en otros lugares generan empleos de calidad —como salud, educación, tecnología o manufactura especializada—, aquí tienden a reducir su personal. A la vez, se observa un aumento del empleo informal y del sector agrícola, donde las condiciones laborales suelen ser más precarias. Es decir, la mejora productiva no está generando más trabajo de calidad, sino empujando a muchas personas hacia ocupaciones más vulnerables.
En Europa, el crecimiento de la productividad ha estado acompañado de inversión en formación técnica, políticas laborales activas y estrategias para que los trabajadores se adapten al cambio. Eso ha permitido que sectores como tecnología, salud, educación y servicios profesionales crezcan y generen empleo. En América Latina, en cambio, el avance tecnológico no ha sido acompañado por esas medidas. Por eso, los sectores más afectados son los que más empleo pierden.
La productividad como oportunidad
La productividad no debe verse como un problema, sino como una oportunidad. Pero para aprovecharla, deben existir reformas que preparen a los trabajadores, modernicen los sectores productivos y ofrezcan opciones a quienes puedan quedar fuera del avance tecnológico.
Invertir en educación técnica, apoyar a las pequeñas empresas, impulsar sectores con valor agregado y proteger los derechos laborales son pasos esenciales para que la productividad genere empleo y bienestar. La experiencia europea demuestra que sí se puede crecer con inclusión. América Latina necesita apostar por un progreso técnico que no solo eleve cifras, sino también la calidad de vida de sus ciudadanos.
