Estados débiles, impuestos bajos y gasto alto: la trampa fiscal de América Latina

Carlos Andrés Brando
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Estados débiles, impuestos bajos y gasto alto: la trampa fiscal de América Latina

Los apuros fiscales de América Latina no son algo nuevo. Sus problemas se originan en un escollo que tiene dos caras. La formación de Estados que históricamente han sido relativamente débiles, es decir, que recaudan pocos impuestos y una marcada proclividad a los ciclos populistas en los que se gasta más de lo que se recauda, y de lo que se puede financiar sosteniblemente. Las explicaciones que dan cuenta de este desequilibrio fundamental son más complejas de lo que a veces se lee en prensa o se viraliza en redes sociales: corrupción corporativa rampante, despilfarro público, aversión generalizada a la tributación, captura del Estado por las élites económicas, etc.

Cuando no caóticas, las finanzas públicas en la región lucen frágiles. Dejando por fuera del análisis la trágica posición de Venezuela, el diagnóstico de los mercaderes de deuda pública señala que al concluir el 2025 las primas de riesgo eran altas en gran parte de los países de la región. El balance fiscal (como porcentaje del PIB), evidencia que son muchas las naciones con serios retos. En Brasil, México y Panamá actualmente se proyectan déficits del 5% o más, mientras que Ecuador y Uruguay llegan al 4%. Si bien no existe un número mágico alrededor del déficit optimo, el Fondo Monetario Internacional suele indicar que los niveles sostenibles se ubican entre el 1% y el 3%.

Es un hecho que en comparación con los países desarrollados los niveles de tributación de la región lucen bajos. Un reporte reciente de OXFAM muestra que el promedio de recaudación tributaria en América Latina se ubica en el 21,3% del PIB, mientras que para el club de países miembros de la OECD alcanza el 33,9%. La brecha, superior a los doce puntos porcentuales, es amplia – a pesar de haberse reducido en los últimos 20 años.

Además, los elementos inequitativos en la composición del recaudo son innegables. No es extraño encontrar que la tasa efectiva de tributación sobre los ingresos percibidos por las personas naturales que representan los percentiles más altos de la población (los más ricos de todos) sea inferior a la de otros percentiles que bien pueden representar los ingresos de las clases medias.

Ahora, además de sus bajos niveles y de ser inequitativa, la fiscalidad regional es decididamente compleja. Y esta complejidad revela privilegios. Un documento del PNUD-América Latina y el Caribe muestra que los ingresos tributarios no percibidos por el Estado por cuenta de tratamientos especiales como exenciones de distintos tipos equivalen a sumas muy importantes. Como porcentajes del PIB, tales exenciones rondan entre el 2% y el 4% para Perú, Guatemala, Argentina, Chile, Jamaica, Salvador y México; entre el 4% y el 6% para Brasil, Ecuador y Costa Rica; y por encima del 6% para República Dominicana, Uruguay y Colombia.

Si las próximas reformas tributarias en la región corrigen estas dos deficiencias estructurales (inequidad y exenciones), los niveles de recaudo se habrán homogeneizado en la medida de lo posible –dada nuestra realidad– con aquellos que suelen considerarse como referentes.

Y es que América Latina haría mal en fijarse niveles de recaudo tipo OECD como meta de corto plazo debido a que la región es económica y demográficamente distinta de la mayoría de esos países. Analicemos tres aspectos.

Las economías OECD son en promedio significativamente más prósperas, lo que quiere decir que sus habitantes poseen mayores ingresos (al menos tres veces más que los propios de América Latina, en promedio) y por tanto pueden ser gravados en mayor proporción. Ellos se encuentran más lejos de los niveles de subsistencia y de vulnerabilidad.

El empleo informal, según las estadísticas más recientes compiladas por la Organización Internacional del Trabajo, indican que la tasa promedio de empleo informal en países de la OECD no supera el 15% mientras que en América Latina la cifra es cercana al 50%. Alrededor de la mitad de la población en nuestra región tiene un trabajo principal o secundario en el que en la práctica no está sujeto a regulación laboral ni a protección social. Esto implica que tampoco contribuyen regularmente a la seguridad social. La informalidad laboral limita el universo efectivo de contribuyentes.

Además, la región experimentó una transición demográfica relativamente tardía. En 1985, por ejemplo, la edad mediana de la población –que divide a ésta en dos grupos de igual tamaño– era inferior a los 20 años con la excepción de Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. Así que la población en edad y condición de contribuir al fisco había sido muy inferior a la proporción de contribuyentes que construyeron (fondeando con sus impuestos) los Estados de Bienestar Universales de la OECD, característicos de la segunda mitad del siglo pasado.

Por tanto, con el nivel de productividad y de ingresos actuales, la informalidad imperante, y la ventana del bono demográfico cerrándose, el margen de maniobra para agrandar el Estado latinoamericano es más finito de lo que se cree.

El camino de las aclamadas reformas estructurales en la tributación por la vía de la eliminación de tratamientos especiales y de progresividad es ineludible. Especialmente, con relación a las personas naturales con ingresos altos y muy altos.

En ausencia de altas tasas de crecimiento económico sostenidas en aumentos de productividad, el retorno de líderes populistas al poder exacerbará el gasto garantizando una próxima ronda (severa) de crisis fiscales y sociales en la región.

México en el discurso del primer ministro de Canadá

Ernesto Hernández Norzagaray
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México en el discurso del primer ministro de Canadá

Mark Carney, el primer ministro de Canadá, aprovechó su presencia en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos para pronunciar un discurso que puso los puntos sobre las íes en materia geopolítica. En él reconoció que las normas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, concebidas para preservar el equilibrio global, están hoy rotas. Sostuvo que ese orden ya no existe y que tampoco nos encontramos en una transición hacia un nuevo modelo basado en reglas universales. Por el contrario, describió un mundo regido por los intereses de las grandes potencias económicas y militares —Estados Unidos, China y Rusia—, empeñadas en controlar el futuro de la humanidad.

El problema es que, todavía hoy, tanto los organismos internacionales como muchos líderes mundiales actúan como si esas reglas siguieran cumpliendo la función que se les encomendó al final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a través de la que fue su máxima expresión institucional: la creación de la ONU y sus organismos especializados.

Carney afirma que el mundo no atraviesa una transición hacia un nuevo modelo geopolítico, sino una ruptura del orden internacional, en la que la integración económica se ha transformado en un arma de presión mediante aranceles, cadenas de suministro y mecanismos financieros. Así, la escena mundial queda determinada por la rivalidad económica entre las grandes potencias, con Estados Unidos, China y Rusia actuando sin límites claros, mientras los países más débiles sufren las consecuencias.

Frente a este cambio en el orden mundial, el primer ministro canadiense hace un llamamiento a las potencias medias para construir una autonomía estratégica en áreas clave como energía, alimentos, minerales, finanzas y cadenas de suministro.

La lógica es clara: si las normas internacionales ya no protegen a un país, este debe protegerse por sí mismo. Pero, ¿cómo encaja esta reflexión en países con modelos híbridos o abiertamente autocráticos? Para Carney, su propuesta es tremendamente pragmática: no es ingenua, sino realista, y nada más y nada menos que basada en valores democráticos, muy en la línea de lo que sostiene la Unión Europea. El dilema para los países con sistemas híbridos o autocráticos consiste en mantenerse en un modelo de integración subordinada o alinearse con valores que garanticen la cohesión social y política a mediano y largo plazo.

México se encuentra en esa encrucijada mientras avanza hacia un precipicio autocrático, con la captura y debilitamiento de instituciones democráticas —basta con mirar al Poder Judicial, seleccionado a través de reformas electorales que han favorecido a militantes confesos del partido Morena—. Esta debilidad estructural ha permitido que el gobierno de Donald Trump la utilice con fines geopolíticos propios, aumentando la presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum. Queda claro que un líder con ambiciones autocráticas, aunque aún limitado por controles legislativos, no tolera que otro intento similar surja dentro de su esfera nacional si entra en conflicto con los intereses del MAGA.

No obstante, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene a diario una soberanía retórica, mientras en la práctica cede frente a las necesidades geopolíticas del país del norte en asuntos como comercio, migración y crimen organizado. Por ello, Carney advierte que la integración económica puede convertirse en una forma de subordinación.

Esto resulta especialmente delicado para México debido a su dependencia estructural de los mercados estadounidenses, que concentran el 80% del comercio exterior del país, su integración profunda en las cadenas productivas y la vulnerabilidad frente a aranceles, sanciones o presiones regulatorias.

Peor aún, y cuando los errores cuestan más, se ha debilitado no solo al Poder Judicial al alinearlo con el oficialismo, sino también a los órganos autónomos y reguladores económicos, mientras se pone en entredicho la credibilidad del proceso electoral. Carney resume el riesgo de esta situación con una frase contundente e insuperable: “Si no estás en la mesa, estás en el menú”.

El modelo de la posguerra está, sin duda, roto. Antes, los mercados toleraban cierto déficit democrático mientras hubiera estabilidad política; hoy, ya no. Lo que importa ahora es la confianza institucional, un activo geopolítico fundamental, porque la inversión fluye hacia Estados previsibles, con reglas creíbles y respeto por contratos y tratados comerciales.

Y si México quiere estar en la mesa, tendrá menos margen para políticas discrecionales y enfrentará un mayor castigo por decisiones ideológicas que puedan relegarlo frente a otras potencias medias más confiables, como Canadá, Corea del Sur o Australia. Y, además, por la violencia criminal que no cesa. Es una gran debilidad que el crimen organizado reemplace al Estado en territorios enteros. Y estas debilidades afectan a las cadenas de suministro, la seguridad y la estabilidad territorial, lo que se traduce en una menor capacidad para aprovechar oportunidades de nearshoring, infraestructura logística o integración industrial de alto valor.

En cambio, unas potencias medias coordinades frente al nuevo escenario internacional podrían establecer un sistema de reglas comunes, construir una autonomía estratégica y defender estándares compartidos.

Lamentablemente, el gobierno mexicano hoy no ofrece garantías institucionales y solo parece buscar ganar tiempo. Pero, ¿tiempo para qué? ¿Acaso espera que Trump se debilite en el mediano plazo para volver a la etapa en que todo parecía ir viento en popa para la 4T, el ambicioso proyecto político de AMLO? Y si fuera así, ¿realmente podría beneficiarse más aliándose con China o Rusia? Hace falta un desprendimiento del ideario del obradorismo, que sigue viendo un mundo en el que los Estados nación se rigen por los dictados de la posguerra. Con esas debilidades, persisten en esa idea, sin percibir que la realidad internacional se le viene encima a su presidenta.

Pero, volviendo a las entrelíneas del discurso de Carney, llama a países como México a dar un paso atrás para luego dar dos adelante, reconstruyendo los contrapesos desmantelados y, de ese modo, enviar señales más claras a mercados y aliados políticos. Una cooperación estratégica con Estados Unidos y Canadá exige, de inmediato, revertir el impulso autocrático.

El problema para la presidenta Sheinbaum es que comparte el poder con López Obrador, y cualquier movimiento en esa dirección, por mínimo que sea, tambalea el piso donde se encuentra. Le resulta difícil reconocer ese cogobierno. Y la situación se complica aún más si Trump llega a exigir la entrega de narcopolíticos de Morena.

Sheinbaum celebró el discurso de Carney, pese a lo incómodo que resulta para el gobierno mexicano, porque parte de una premisa clara: en un mundo sin reglas sólidas, la debilidad institucional se paga cara. Los modelos cuasiautocráticos pierden margen de maniobra, se vuelven más dependientes del exterior y son más fáciles de presionar o disciplinar en un sistema de intereses geopolíticos. En otras palabras: la soberanía se construye y fortalece con instituciones, no con posturas ni discursos encendidos en la plaza pública.

La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural

Jesús Tovar
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La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural

En medio del espectáculo más pulido, comercial y estadounidense por excelencia –el Super Bowl–, un puertorriqueño vestido como un vendedor ambulante de Harlem se subió a un auto destartalado y, sin pedir permiso, tomó el micrófono. No vino a asimilarse o a sonreír, ni tampoco para agradecer la oportunidad. Vino a montar una barriada completa en medio de una cancha de futbol americano, a servir copas en una tiendita, a recordar las manos sangrantes de la zafra y a hacer perrear a 134 millones de personas. Bad Bunny no solo ofreció un show; detonó un acto de insubordinación cultural perfectamente coreografiado, un manifiesto político envuelto en reggaetón que dejó al descubierto las heridas de una América Latina migrante y desató la ira predecible de una derecha en plena ofensiva geopolítica y doméstica.

Este no fue un mero entretenimiento. Fue la punta de lanza de una batalla por la hegemonía, en el sentido más gramsciano del término. Mientras Donald Trump y sus cómplices vociferan con el mayor desprecio en redes sociales, millones de latinos, desde abuelos en Miami y Chicago, hasta jóvenes en California y Nueva York se reconocían en cada detalle de esa escenografía. El mensaje fue claro y confrontacional: esta es nuestra historia, esta es nuestra música, este es también nuestro país, y no necesitamos su aprobación para cantar y bailar, para existir.

Del perreo a la sinfonía urbana: la evolución artística de un género marginal.

Durante décadas, las élites culturales –incluyendo muchas dentro de la propia América Latina– despreciaron el reggaetón. Se les tachó de simples, repetitivos, vulgares, limitados a expresiones sexuales explícitas y prendas ostentosas. El show de Bad Bunny elevó el lenguaje del callejón a una épica visual y sonora. No abandonó el perreo; lo puso a dialogar con la historia.

El momento más sublime y político fue la transición. Mientras las coristas bailaban salsa en un elegante descapotable rojo, Bad Bunny, en el centro, imponía un ritmo cavernoso y percusivo. No era una mezcla; era una conversación generacional con la salsa, ese género creado por migrantes caribeños y puertorriqueños en los barrios neoyorquinos de los 70. El reggaetón es el nieto rebelde, digital y callejero. Juntos en ese escenario, dibujaron un linaje ininterrumpido de resistencia sonora. Fue la respuesta artística a una pregunta nunca hecha: “¿De dónde viene esto?”. El reggaetonero dijo desafiante: de nosotros. De nuestra capacidad de crear belleza en la adversidad.

Este salto cualitativo no es inocente. Demuestra que artistas que nacieron en los barrios marginados de San Juan en Puerto Rico o de Panamá tienen la capacidad, la complejidad y la profundidad para crear y recrear musicalmente sus vivencias pasadas y presentes en el mero centro del imperio y contar, desde ahí, su propia versión de la historia. Ya no es la música que suena casualmente en la fiesta; es la música que da sentido a la celebración.

La casita, la tiendita y la zafra: el diccionario visual de la migración

Cualquier latino que haya crecido en una ciudad estadounidense reconoció instantáneamente ese escenario. No era una fantasía; era la memoria colectiva hecha escenografía. La casita puertorriqueña con sus tejas y colores: no es una cabaña pintoresca, es el sueño de la casa propia, el núcleo de la familia extendida, el pedazo de la isla reconstruido en el Bronx o en Orlando.

Las sillas plegables de metal: el mueble universal de las fiestas en el garaje, del cumpleaños de la abuela, del niño que se duerme a las 3 a.m. mientras los adultos siguen bailando. Es la silla de la comunidad fácil de acomodar y mover porque el espacio interior es pequeño, pero las ganas de hacer fiesta son muy grandes.

El poste de luz en la esquina del barrio, el testigo de los juegos infantiles, los amores furtivos y las conversaciones hasta tarde. El punto de referencia en un mapa emocional. Un poste que se apaga cada semana por la incompetencia de las autoridades.

La tiendita de Toñita: este fue un detalle nuclear. Toñita, dueña del “Toñita’s Sports Bar & Grill” en el barrio Williamsburg de Brooklyn, es una leyenda viva. Su negocio, por décadas, ha sido mucho más que un bar: es un centro comunitario, una oficina de asistencia social no oficial, un refugio. Verla allí, sirviéndole un trago a Bad Bunny, era canonizar la figura de la matriarca comunitaria, la que sostiene la red invisible que el sueño americano desconoce e ignora.

La zafra: el golpe más duro y poético. Los hombres con machetes, el sudor y el esfuerzo agrícola. Es el recuerdo del origen, de la explotación colonial que forzó migraciones masivas. Una letra que parecía decir: “Antes de que nuestro ritmo llenara tus estadios, nuestras manos llenaron tus tazas de azúcar”.

Y luego, la culminación: el desfile de banderas. No solo la puertorriqueña, sino las de toda América Latina. El mensaje era una bofetada a la idea de “América” como propiedad exclusiva de un país. Este continente tiene muchos nombres, muchas historias, y todas ellas están aquí, caminando por un campo de futbol americano. Es la reclamación de un hemisferio entero dentro de las fronteras del que se apropió su nombre.

La rabia del poder: por qué Trump y su corte reaccionaron con odio visceral

Las reacciones no se hicieron esperar. Donald Trump, en su plataforma Truth Social, lo calificó de “horrible” y “la peor actuación de la historia”. Comentaristas de Fox News hablaron de “basura”, “vulgaridad” y un “ataque a los valores americanos”. No criticaron la afinación o la coreografía (una crítica estética legítima). Su ataque provino de sus entrañas, cargado de adjetivos ácidos y un desprecio que delataba pánico.

¿Por qué este miedo? Porque entendieron el mensaje mejor que nadie. Bad Bunny no estaba pidiendo un lugar en la mesa. Estaba sacudiendo la mesa y mostrando que millones ya estaban sentados en ella, comiendo su propia comida, hablando su propio idioma. El show fue un acto de hegemonía en tiempo real: la toma del símbolo supremo del deporte comercial estadounidense para narrar una historia contraria a la del “Make America Great Again”. Una historia de diversidad, de resistencia migrante, de orgullo racial y de alegría como arma política.

La reacción iracunda prueba que el golpe fue certero. Gramsci diría que la “trinchera” cultural fue asaltada con éxito. No es una guerra de tanques, es una guerra de significados. Y en esa noche, el significado de “americano” se amplió violentamente, y a algunos reaccionaron por poderosas razones.

Abuelos perreando: la expansión del público y la emoción colectiva

Un mito se derrumbó: que el perreo es solo para la generación Z. Las cámaras captaron a madres, padres y abuelos moviéndose y agitándose en las gradas. En casas por todo el continente, familias enteras cantaron “Tití Me Preguntó” y reconocieron la casita de la abuela a través de las imágenes de la más sofisticada tecnología.

La emotividad desatada no era por la fama de Bad Bunny, sino por el acto de reconocimiento. Por primera vez en un escenario de ese calibre, la experiencia migrante latina no era el chiste, el estereotipo o el fondo exótico. Era el protagonista absoluto, con toda su textura: la nostalgia, el esfuerzo, la comunidad, la fiesta como catarsis. Ese llanto era la sorpresa de sentirse visto en plenitud, sin filtros ni pedir disculpas. El reggaetón, así, completó su ciclo: de música de cuarto oscuro a himno generacional transversal, capaz de unir a la diáspora en un solo grito de pertenencia.

Más allá del show: el amanecer de una narrativa

¿Constituye esto una narrativa alternativa a la de Trump? Creo que va más allá; es su antítesis en “tiempo real” y su mayor pesadilla. Todo ello por diversas razones, cada una de las cuales puede ser ampliamente debatida y enriquecida:

Esta narrativa genera una respuesta emotiva poderosa. Mientras Trump moviliza con el miedo y la nostalgia de un pasado blanco imaginario, esta narrativa moviliza con el amor, la alegría combativa y la nostalgia de un origen real y compartido. Además abarca un tiempo histórico, conecta el pasado agrícola colonial, el presente urbano migrante y proyecta un futuro de unión latino-americana (las banderas). Una epopeya en 12 minutos.

Este discurso fue también decodificable al instante para su comunidad: cada símbolo era una palabra en un idioma que 63 millones de latinos en EE.UU. entienden perfectamente. No hubo necesidad de traducción. Y a su vez, provocó una reacción del adversario: la furia de la derecha es el certificado de autenticidad de su poder disruptivo.

Finalmente, definió el campo de batalla. De un lado, el nacionalismo excluyente, blanco y nostálgico. Del otro, el archipiélago latino diverso, mestizo, multicolor, que proclama que “el amor es más fuerte que el odio”, el lema final que deslumbró en las grandes pantallas del estadio.

El halftime show de Bad Bunny fue mucho más que un concierto. Fue la toma de la Bastilla cultural. Demostró que la verdadera fuerza no está siempre en el poder político formal, sino en la capacidad de contar la historia que millones viven. Y esa historia, contada a través del arte de la música y la danza es imparable. Esta batalla por la hegemonía se presenta como decisiva en una guerra que empezó con fuerza a inicios de este siglo, y que una década antes la había anunciado Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones.

De modelo humanitario a filtro migratorio: el papel contradictorio de Brasil en la protección de los refugiados

João Carlos Jarochinski Silva   |   Gisela P. Zapata
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De modelo humanitario a filtro migratorio: el papel contradictorio de Brasil en la protección de los refugiados

La crisis política, social y económica en Venezuela ha provocado el mayor desplazamiento en la historia reciente de América Latina. Millones de personas han abandonado el país en los últimos 10 años en busca de protección, trabajo y condiciones de vida básicas. En respuesta, los gobiernos latinoamericanos han adoptado una amplia gama de programas de regularización migratoria, que a menudo han recibido elogios internacionales por su apertura y solidaridad. Sin embargo, existen importantes limitaciones y riesgos emergentes en el diseño e implementación de estas políticas.

Una investigación del Grupo de Investigación CAMINAR muestra que la mayoría de los programas de regularización creados en respuesta al desplazamiento venezolano se basan en medidas temporales diseñadas específicamente para esta población y, con frecuencia, desvinculadas de las leyes migratorias vigentes. Estos programas suelen otorgar permisos de residencia por períodos limitados, que van de dos a diez años, sin garantizar la estabilidad a largo plazo lo que refuerza la incertidumbre jurídica en lugar de resolverla.

Otra vía para la regularización es el acceso a la condición de refugiado. En teoría, esta ofrece mayor protección y seguridad a largo plazo. Sin embargo, en la práctica, pocos países de la región han aplicado la definición ampliada de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena a los venezolanos, a pesar del amplio reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que se producen en el país. Además de las causas contenidas en la Convención de Ginebra de 1951, esta contempla a ‘las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad se han visto amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público’.

Brasil destaca como una excepción

En 2019, Brasil adoptó un procedimiento simplificado para reconocer a los venezolanos como refugiados. Esta decisión estuvo condicionada por factores políticos, como la oposición geopolítica de Bolsonaro al régimen de Nicolás Maduro, así como por consideraciones prácticas: reducir la creciente acumulación de solicitudes de refugio y evitar que las barreras documentales impidieran a muchos venezolanos acceder a regularización. Esta política ha continuado incluso después del restablecimiento parcial de las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de las preocupaciones de que la aplicación de la definición ampliada pudiera ser revocada para este caso.

Debido a la Operación Acogida, una respuesta humanitaria a gran escala centrada en la recepción y la reubicación interna, el enfoque de Brasil ha sido aplaudido internacionalmente y presentado como un modelo para la región. Sin embargo, esta imagen positiva esconde contradicciones. El estatus de refugiado no se ha convertido en la principal vía de acceso para los venezolanos (solo alrededor del 20% lo han obtenido) y las recientes prácticas para acceder al refugio chocan cada vez más con la reputación del país como líder en protección internacional.

Brasil ha adoptado recientemente una serie de medidas administrativas que restringen el acceso al sistema de refugio, en particular para los ciudadanos no venezolanos. El fallecimiento del ghanés Evans Osei Wusu en 2024, tras enfermarse mientras esperaba la autorización para entrar a Brasil en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, expuso graves problemas de derechos humanos en estos espacios de entrada en el país. En lugar de fortalecer los mecanismos de protección, el Estado ha recurrido cada vez más a la exigencia de visados ​​y otras barreras administrativas que impiden a algunas personas incluso solicitar refugio en el país. 

Estas medidas pueden justificarse como herramientas para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito o contrabando de inmigrantes. Sin embargo, en la práctica, tienden a penalizar a las mismas personas que deberían proteger. El impacto ha sido drástico: en 2025, las solicitudes de asilo en el Aeropuerto de Guarulhos se redujeron un 94 % en comparación con el año anterior.

Otra tendencia preocupante es el requisito de patrocinio privado para los visados ​​humanitarios. Aunque inicialmente fue elogiado como una política innovadora y humanitaria, este mecanismo transfiere cada vez más la responsabilidad del Estado a otros actores. Las personas que huyen de contextos de grave inestabilidad pueden ahora depender de patrocinadores para acceder a protección, lo que socava la idea del refugio y las visas humanitarias como derechos y no como favores. Este enfoque plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil con la consolidación de una Política Nacional coherente sobre Migración, Refugio y Apatridia.

Estos acontecimientos son preocupantes por sí solos, pero se vuelven aún más alarmantes al analizarlos en un contexto regional y global más amplio. La migración y el refugio se han politizado cada vez más, especialmente tras el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. En todo el continente americano, el debate público actual y las medidas políticas difuminan cada vez más la distinción entre migrantes y refugiados, presentan la movilidad humana como una amenaza o una «invasión» y dan prioridad a la contención y la expulsión en detrimento de la protección. También existe un riesgo creciente de que el desplazamiento venezolano se instrumentalice en las próximas elecciones, con narrativas migratorias que se movilizan para alimentar el miedo, las agendas de securitización y la polarización política.

En este nuevo escenario, el uso generalizado de esquemas de regularización temporales y extraordinarios merece un análisis crítico. Históricamente, estas medidas han servido a menudo como herramientas de regularización migratoria, pero, en este contexto, también pueden generar sistemas de información digital detallados que posteriormente pueden utilizarse para la vigilancia, la exclusión o la deportación, como sugieren las recientes declaraciones del presidente electo de Chile. Esto es particularmente peligroso en un contexto donde el respeto al derecho internacional se cuestiona abiertamente. 

Cuando los programas de regularización son discrecionales, temporales y están poco arraigados en la ley, ofrecen poca protección contra cambios repentinos de la política. El discurso anti inmigratorio se ha radicalizado, atacando no solo a los recién llegados, sino también a quienes han vivido durante años en los países de destino, a pesar de muchas veces ser provenientes de lugares que no garantizan los derechos humanos.

La investigación de CAMINAR muestra que los programas extraordinarios de regularización siguen siendo generalizados en América Latina y que muchos migrantes entran y salen de la situación de regularidad migratoria en virtud de las decisiones estatales. Sin embargo, en las condiciones actuales, esta inestabilidad adquiere un nuevo significado. Permisos vencidos o cambios unilaterales en las normas de regularización pueden convertir rápidamente a migrantes «regulares» en sujetos de deportación, debilitando el principio de no devolución y abriendo la puerta a retornos forzados. En este sentido, América Latina parece estar llegando a un punto de inflexión crítico. La regularización migratoria, antes enmarcada como una herramienta de protección e integración, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de identificación, control y, finalmente, expulsión.

En este contexto, las contradicciones de Brasil son especialmente decepcionantes. El país cuenta con una tradición política progresista en el tema, una sólida credibilidad internacional y un compromiso de larga data con los derechos humanos, el refugio y la protección de las poblaciones desplazadas. Sus políticas y prácticas son relevantes no solo a nivel nacional, sino también como referentes regionales en un momento en que el derecho a solicitar refugio se encuentra bajo creciente presión. 

Por lo tanto, las autoridades brasileñas deben tener en cuenta que enfrentan una responsabilidad histórica: garantizar la coherencia entre el discurso y la práctica, y evitar que los refugiados y otras personas desplazadas forzosamente se conviertan en una víctima más de la tendencia tecnofascista que hoy caracteriza las relaciones internacionales. En un entorno internacional cada vez más hostil, defender el refugio no es solo una obligación legal, como también una decisión política con profundas consecuencias para el futuro de la región.

Perú: ¿un país polarizado?

Carlos Ugo Santander
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Perú: ¿un país polarizado?

En el debate público latinoamericano, el término “polarización” se ha convertido en una palabra que aparentemente lo explica todo, desde una crisis institucional, la agresividad en un debate, la débil aprobación a la gestión de un gobierno, hasta la incapacidad de construir acuerdos. Si bien Perú es un país conflictivo, marcado por la desconfianza y la indignación, eso no equivale a que sea un país polarizado. En términos analíticos, la experiencia peruana se parece menos a una sociedad estructurada en dos campos estables y más a una arena fragmentada, personalista y volátil, donde la competencia se organiza por momentos, no por clivajes definidos.

En ciencia política, polarización no es sinónimo de “conflicto”, tampoco equivale a los sobresaltos propios de una crisis, la retórica como estrategia de comunicación de un político o la crispación típica de una campaña electoral. La polarización puede distinguirse en dos dimensiones:  la polarización ideológica que se da entre grupos políticos relevantes, con debilitamiento del centro y alineamientos relativamente coherentes en torno a ideas o políticas y la polarización afectiva que es la hostilidad o aversión hacia el otro bando, que deja de percibirse como actor legítimo para pasar a ser una amenaza moral o existencial.

Tras una investigación cualitativa, vía grupos focales, realizada en julio de 2025 y de cara a las próximas elecciones presidenciales, conviene analizar las dos dimensiones de la polarización en Perú. Cualquier país puede tener una sin la otra o puede tener ambas, tanto de manera estable o de forma intermitente (como estallido social). La polarización, para ser tal, debe ordenar el sistema político de modo regular ya que en el sentido opuesto se expresa la fragmentación, el consenso, la resiliencia, el desalineamiento, la antipolítica, el antipartidismo, el personalismo o el simple conflicto.

En esa perspectiva, la evidencia cualitativa y las encuestas electorales recientes revelan que en Perú no existe polarización ideológica que estructure el sistema de partidos como tampoco existe un comportamiento electoral de manera consistente en el tiempo. Hay debates sobre “modelo económico”, “Estado”, “seguridad” o “moral pública”, pero suelen expresarse de forma cruzada, sin producir dos bloques programáticos estables. La autoubicación izquierda–derecha no organiza una competencia partidaria duradera porque la institucionalización es débil y los partidos son frágiles, por lo que es difícil predecir de manera consistente el voto. A esto se suman las fugaces alianzas legislativas, el transfuguismo, los cambios de etiquetas, la mimetización de los liderazgos y cruces de un campo a otro.

En un país polarizado ideológicamente, la disputa se vuelve relativamente predecible, en dos campos que agregan demandas, forman coaliciones reconocibles y compiten con cierta continuidad. En Perú, ocurre lo contrario, no hay partidos consistentes, o institucionalizados: lo que sí hay es una extraordinaria oferta de candidaturas, vehículos electorales, facciones, y listas improvisadas. El resultado es la dispersión y la fragmentación parlamentaria, no una división binaria estable.

Esto no significa ausencia de conflicto ideológico, sino que la ideología no logra convertirse en un eje que ordene durablemente identidades, organizaciones y lealtades. Y sin ese eje, la polarización ideológica pierde su condición principal: la capacidad de estructurar y orientar la acción política.

Perú sí muestra signos de polarización afectiva. Dada la baja mediación partidaria, los rechazos se vuelven intensos hacia figuras, instituciones, símbolos o etiquetas, muchas veces más fuertes que cualquier adhesión positiva. En ese sentido, Perú puede experimentar picos de polarización afectiva, pero no como clivaje social estable, sino como mecanismo de campaña y de crisis, centrado en liderazgos e instituciones más que en partidos.

En las segundas vueltas, es frecuente que la disputa se organice más por el “anti” que por el “pro”, así surge comúnmente la retórica antiestablishment, anticomunismo, anticorrupción, anticaviares, antifujimorismo y como algunas décadas atrás lo era el antiaprismo. Esa lógica evidencia que los peruanos son empujados emocionalmente en un cierto momento electoral hacia un antagonismo que puede ser intenso pero frágil, porque depende de quién sea el rival, de qué escándalo domine la semana y de qué coalición mediática se articule coyunturalmente.

Perú puede parecer polarizado por el volumen del ruido, ya sea por insultos o deslegitimación, pero no es polarizado en el sentido estructural del concepto. Lo que domina es un patrón de negatividad política, adhesiones frágiles y rechazos duros. Y ese patrón, lejos de fortalecer identidades programáticas estables, tiende a debilitar la representación y a erosionar la confianza en las instituciones. Perú no presenta, de manera persistente, polarización ideológica estructurante; lo que exhibe es fragmentación y volatilidad, con episodios de polarización afectiva personalista que se activan en coyunturas electorales y crisis institucionales.

El drama de una sociedad fragmentada es cuando el conflicto no produce agregación, sino descomposición. En democracias con polarización programática, la tensión puede ser alta, pero el sistema logra ordenar la competencia en dos o tres polos reconocibles, reglas de alternancia, coaliciones estables. En Perú, con frecuencia la tensión produce lo contrario, proliferación de actores, bancadas que se rompen, partidos que se disuelven, y gobiernos sin mayoría que dependen de transacciones cortas y defensivas, que pueden derivar hacia dinámicas autoritarias o iliberales sin estar polarizado. Esta combinación hace que la promesa autoritaria sea seductora incluso sin polarización estructural, en la apuesta de que “alguien ponga orden”, “que acabe con los políticos”, “que gobierne sin trabas”.

La crisis no se explica porque “dos mitades irreconciliables” se enfrentan. Se explica porque múltiples minorías con baja disciplina y alto incentivo al veto convierten al Estado en un campo de obstrucción. La política se vuelve una suma de bloqueos, no una confrontación binaria de proyectos. No es “guerra de facciones”; es “guerrilla institucional”.

Este patrón de fragmentación es funcional al modelo neoliberal porque impide construir una mayoría programática estable capaz de disputarlo. Sin partidos consistentes y sin lealtades duraderas, la política se organiza por escándalos y vetos; y así, lo estructural queda fuera de la agenda o se decide por inercia tecnocrática. El modelo no se sostiene por consenso, se sostiene por ausencia de una coalición capaz de reemplazarlo.

Los obstáculos de la agenda regional de cuidados desde una mirada feminista

Susana Reina
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Los obstáculos de la agenda regional de cuidados desde una mirada feminista

En los últimos años, la agenda de cuidados ha dejado de ser una demanda sectorial del movimiento feminista para convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de América Latina, en respuesta a las profundas desigualdades que atraviesan la Región. Sin embargo, su avance concreto sigue siendo limitado y lento.

Países como Uruguay, con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, mostraron que es posible construir institucionalidad específica, ampliar servicios y reconocer derechos. En Argentina, Chile, Panamá, Colombia y México, los debates sobre sistemas de cuidados, planes nacionales y reformas legales evidencian un cambio cultural y político significativo que nos da esperanzas. Asimismo, los consensos regionales impulsados desde la CEPAL y otros espacios multilaterales han contribuido a consolidar un marco común que reconoce el cuidado como un pilar del desarrollo sostenible.

Sin embargo, estos avances conviven con fuertes asimetrías, ya que la cobertura sigue siendo limitada, la calidad de los servicios desigual y la sostenibilidad financieramente frágil. El riesgo es que la agenda de cuidados quede atrapada en declaraciones progresistas sin capacidad real de transformar la vida cotidiana de millones de personas.

Desde una mirada feminista, los obstáculos que enfrenta esta agenda no son fallas de diseño ni problemas de implementación aislados. Antes bien, son el reflejo de un modelo económico, social y cultural que se sostiene sobre la explotación invisible del trabajo de cuidados, realizado mayoritariamente y casi en exclusivo, por mujeres.

Analizar estos obstáculos es clave para entender por qué el cuidado, aun siendo indispensable para la sostenibilidad de la vida y de la economía, continúa ocupando un lugar marginal en las prioridades políticas.

El obstáculo fiscal

Uno de los principales límites para el desarrollo de sistemas integrales de cuidados es la persistente restricción fiscal. En América Latina, los debates presupuestarios suelen presentar el cuidado como un gasto prescindible, especialmente en contextos de crisis económica o ajuste. Esta mirada ignora que el cuidado ya se financia, pero de manera desigual.

En efecto, cuando el Estado no invierte, el costo se traslada directamente a los hogares y, dentro de ellos, a las mujeres. Como advierte Oxfam en el informe Tiempo para el cuidado (2020), esta combinación de desigualdad extrema y sistemas tributarios regresivos limita estructuralmente la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado.

El obstáculo institucional

Otro freno estructural es la fragmentación institucional de las políticas de cuidado. En muchos países de la región, estas políticas se encuentran dispersas entre distintos ministerios, programas y niveles de gobierno, sin una autoridad rectora clara ni una estrategia integral. Esta fragmentación debilita la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado y genera fuertes desigualdades territoriales. Sin institucionalidad sólida, la agenda de cuidados corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que busca combatir.

El obstáculo cultural

Uno de los obstáculos más persistentes es el orden cultural patriarcal que naturaliza el cuidado como una responsabilidad femenina. Informes de Oxfam muestran que las mujeres realizan más del 75% del trabajo de cuidados no remunerado y dos tercios del trabajo remunerado de cuidados, y que esta carga limita su acceso al empleo y al bienestar.

Esta idea, profundamente arraigada, sigue organizando tanto las expectativas sociales como las decisiones políticas. El cuidado se presenta como una extensión “natural” del rol de las mujeres y no como un trabajo socialmente necesario que debe ser reconocido, redistribuido y valorado. Esta naturalización tiene consecuencias materiales: limita la autonomía económica de las mujeres, condiciona su participación en el mercado laboral y refuerza ciclos de pobreza y dependencia.

Mientras el cuidado siga siendo visto como un asunto privado y femenino, la corresponsabilidad social y de género (un pilar central de la agenda regional) seguirá siendo más un discurso que una realidad.

El obstáculo laboral

En las ocasiones en que el cuidado se remunera, lo hace mayoritariamente en condiciones precarias. El trabajo de cuidados remunerado en hogares, centros comunitarios o instituciones está marcado por bajos salarios, informalidad, escasa protección social y débil reconocimiento profesional. Esta precarización afecta sobre todo a mujeres pobres, migrantes y racializadas, reproduciendo desigualdades dentro del propio sector.

Este no es un problema secundario. Sin condiciones de trabajo decente, la expansión de servicios de cuidado se convierte en un nuevo nicho de explotación. La agenda de cuidados solo será transformadora si incluye derechos laborales, formación, estabilidad y protección social para quienes cuidan.

El obstáculo político

Finalmente, la agenda regional de cuidados enfrenta como obstáculo político central, la falta de voluntad política sostenida y las resistencias conservadoras. Aunque el cuidado aparece en algunos discursos oficiales y compromisos internacionales, suele perder prioridad frente a agendas consideradas más productivas o estratégicas. En contextos de avance de fuerzas neoconservadoras y antifeministas como el que estamos viviendo en la actualidad, el cuidado es incluso deslegitimado como una demanda ideológica.

Esta falta de voluntad se traduce en presupuestos insuficientes, institucionalidad débil y ausencia de liderazgo político. Sin una disputa explícita por el sentido del cuidado como derecho y como infraestructura social, la agenda corre el riesgo de quedar atrapada en declaraciones simbólicas sin capacidad real de transformación.

El cuidado como disputa feminista por la igualdad

La Agenda Regional de Cuidados propone reconocer el cuidado como un derecho humano (el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado) y como una responsabilidad social compartida. Esto implica romper con la idea de que el cuidado es una obligación privada, femenina y gratuita, confinada a los hogares y sostenida mayoritariamente por mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, racializadas y migrantes.

Los obstáculos que enfrenta la agenda regional de cuidados no son accidentales. Todos los aquí descritos expresan un modelo que sigue descansando en la desigual distribución del tiempo, del trabajo y del poder. Desde una mirada feminista, avanzar en esta agenda implica mucho más que crear nuevos servicios, supone cuestionar las prioridades económicas, redistribuir recursos, transformar normas culturales y disputar poder.Colocar el cuidado en el centro no es una concesión ni un lujo en tiempos de crisis. Es una condición necesaria para construir sociedades más igualitarias, democráticas y sostenibles. Por ello, la agenda de cuidados es, en esencia, una disputa feminista por la vida y enfrentar sus obstáculos es parte fundamental de la lucha contra las desigualdades estructurales en América Latina.

El mapa de los alineados: ¿cómo está la relación entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos?

Ángel Arellano
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El mapa de los alineados: ¿cómo está la relación entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos?

El nuevo mapa político de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y América Latina revela un cambio de paradigma que no se veía desde los años más crudos de la Guerra Fría. El escenario actual, marcado por una polarización con escasos matices, describe una región que ha dejado de ser un bloque geográfico para convertirse en un tablero de ajedrez donde Washington ha decidido mover sus piezas con una velocidad y pragmatismo renovados. Bajo la actual administración de Donald Trump, la política exterior hacia el continente ya no se mide en términos de cooperación multilateral, sino en control de recursos estratégicos, seguridad fronteriza y lealtades ideológicas.

El eje del Sur: Argentina

El dato más disruptivo es la consolidación de Argentina como el principal referente de Estados Unidos en la región. Con un apoyo financiero de 20 mil millones de dólares y una alineación total entre los presidentes, el país austral ha pasado de la ambivalencia a ser el portaaviones ideológico de la Casa Blanca en el Cono Sur.

Esta relación no es solo simbólica; es una apuesta estratégica que busca desplazar los ejes de poder tradicionales (México y Brasil) y establecer un contrapunto a la influencia china en el Atlántico Sur. Encuentra además un apoyo estratégico con la sintonía del gobierno de Paraguay, el único país latinoamericano invitado a la Cumbre por la Paz en Medio Oriente, un espacio de alta significación para la política exterior de Estados Unidos.

En un lugar similar se encuentra Bolivia, que, tras la llegada del nuevo presidente de derecha, prioriza un acercamiento con Estados Unidos a contrapelo de la histórica sociedad del Movimiento al Socialismo con regímenes como el de Venezuela o Cuba.

El caso de Perú merece una mención aparte. El impulso para designarlo como Aliado Principal No-OTAN eleva al país andino a un nivel de asociación militar y tecnológica superior, similar al que ostentan potencias fuera de Europa. Esto, sumado al alineamiento de Ecuador en temas de seguridad y presencia de tropas extranjeras, sugiere la creación de un nuevo corredor de seguridad en el Pacífico liderado por Washington.

Grandes economías

En contraste, Brasil, clave en la estrategia de disminuir la dependencia regional de China, se encuentra en una posición de rivalidad. Aunque las sanciones a los jueces de la Corte Suprema por el juicio contra Jair Bolsonaro se han retirado y se negocia un alivio arancelario para minerales críticos, la relación está marcada por la desconfianza. La Casa Blanca entiende que no puede ignorar a Brasil en el andamiaje del vínculo entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por eso, ha decidido tratarlo como un competidor comercial difícil más que como un socio natural.

De acuerdo a la Nueva Estrategia de Seguridad de 2025, Estados Unidos ven a México como un socio bajo presión, no un enemigo ni un aliado modelo. México es pieza central para la defensa del territorio, la lucha contra carteles, la contención migratoria y el control regional, pero se exige más cooperación, resultados concretos y carga compartida. Los intercambios con la presidenta Claudia Scheinbaum así lo han mostrado en 2025. 

Venezuela y Colombia

El escenario más dramático se vive en el Caribe. La captura de Nicolás Maduro y la presión ejercida sobre el régimen de Venezuela marca un hito histórico. La administración Trump no solo ha tomado el control del flujo comercial de petróleo, sino que ejerce una tutela directa sobre las acciones del gobierno encargado para provocar el desmontaje del chavismo. Este movimiento envía un mensaje inequívoco al resto del continente: la soberanía tiene límites cuando se cruzan las líneas rojas.

Colombia, históricamente el aliado más consecuente de EE. UU. en Sudamérica fue descertificada por sus magros resultados en la guerra contra las drogas. Además, las tensiones ganaron relieve tras el discurso del presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York pidiendo a los soldados estadounidenses no participar en el conflicto de Gaza. Esto dejó al gobierno colombiano en una posición de extrema vulnerabilidad, intentando reorganizar una relación que lucía irreconciliable. Sin embargo, la reciente visita del colombiano a Washington ayudó a aliviar las tensiones. 

Mano dura en el Caribe

La categoría de enemistad está colmada por Cuba y Nicaragua, regímenes autocráticos socialistas que cuentan con el rechazo de la administración Trump, especialmente en el caso de La Habana, donde el impacto de la presión sobre Venezuela ocasiona efectos importantes.

En República Dominicana, la Casa Blanca encuentra un socio estratégico. Mantiene una relación estrecha, profundamente cooperativa que comparte la estrategia de contención de Haití, donde Estados Unidos tiene un vínculo marcado por la crisis del colapso estatal y el condicionamiento de recibir asistencia humanitaria si coopera en la lucha contra el crimen. Finalmente, Jamaica es un aliado estratégico relevante ante el incremento del crimen en la zona. 

Centroamérica: filtro estratégico

Para la Casa Blanca, Centroamérica es hoy un filtro migratorio y un muro contra la influencia de China.

Guatemala, a pesar de estar bajo un gobierno de izquierda, ha emergido como pieza clave por su firme postura pro-Taiwán y pro-Israel. Mientras que El Salvador es el aliado y embajador ideológico en la región bajo una lógica de seguridad transaccional: apoyo político a cambio de detención de deportados y cooperación en seguridad. En esa línea, se da por descontado que el cambio de gobierno de Honduras (con la reciente llegada de Nasri Asfura, quien fue explícitamente apoyado por Trump) se sume a esa línea.

Panamá, tras superar fricciones por el control del Canal a principios de 2025, se reintegró al bloque de aliados estratégicos. Con esto se aseguró que la vía interoceánica permanezca bajo una supervisión favorable a los intereses estadounidenses. Costa Rica por su parte, mantiene su estatus de aliado pragmático.

En cuanto a Belice, en octubre de 2025 firmó el Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, permitiendo que algunos solicitantes de asilo que llegan a EE. UU. sean trasladados a Belice para procesar sus solicitudes. 

El pragmatismo de la izquierda

Es notable la performance de neutralidad que mantienen países como Chile y Uruguay o de alianza estratégica como Suriname y Guyana. Esos cuatro tienen gobiernos de izquierda. En estos casos, la administración Trump parece haber optado por un dejar hacer, permitiendo que las relaciones fluyan por canales estrictamente comerciales, siempre y cuando no se conviertan en obstáculos para la agenda de seguridad estadounidense. Chile, a pesar de las tensiones arancelarias, ha logrado mantener un diálogo pragmático que protege sus exportaciones. Y Uruguay, ha optado por una relación pragmática con miras a no tensionar el vínculo.

En el caso de Suriname un país con potencial petrolero y gasífero, el Comando Sur de Estados Unidos mantiene visitas constantes para fortalecer la cooperación militar contra el narcotráfico y para contrarrestar el influjo chino. Por su parte, Guyana es un socio estratégico crítico cuya importancia reside en su capacidad de suministrar energía y su posición geográfica clave frente a las tensiones regionales como la crisis con Venezuela.

Conclusión

Este nuevo mapa es el retrato de una América Latina fragmentada. La estrategia de Estados Unidos ha pasado de la diplomacia del apretón de manos a la diplomacia de la condicionalidad. Esto ha quedado suscrito en la Nueva Estrategia de Seguridad 2025 que redefine la política exterior estadounidense y pone el vecindario como prioridad máxima con un enfoque de poder duro, contención de actores externos (especialmente China), control de migración, combate a carteles y fortalecimiento de aliados.

Quienes se alinean reciben financiamiento y mejoría en su estatus militar y comercial. Por otro lado, quienes disienten enfrentan sanciones, descertificaciones o, en el caso excepcional del régimen venezolano, la intervención directa. En este nuevo orden regional, la neutralidad es cosa de pocos y la alineación se convierte en la moneda de cambio para la estabilidad económica. América Latina ha vuelto a ser el escenario principal de una doctrina de seguridad nacional estadounidense que no admite zonas grises.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Costa Rica: ¿Está naciendo la Tercera República?

Enrique Gomáriz Moraga
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Costa Rica: ¿Está naciendo la Tercera República?

El primer discurso de la nueva presidenta de Costa Rica, Leura Fernández, ha sido sintomático: muestra tanto el propósito central del proyecto continuista, como su propia percepción de las dificultades para impulsarlo cabalmente. Su intervención tenía dos motivos colaterales. El primero, de obligado cumplimiento, agradecer al presidente saliente por haber iniciado un cambio estructural del país. El segundo, que muestra su propia sensibilidad política, responder a las críticas de autoritarismo que se han repetido en los medios políticos y periodísticos durante la campaña.

“¡Democracia, democracia, democracia!” repetía la nueva mandataria al iniciar su discurso de victoria. Pero era una afirmación bastante polisémica. Podría referirse al consistente apoyo popular de su victoria electoral, que le permitiría continuar el proyecto iniciado por su antecesor, o bien aclarar que lo llevaría a cabo sin forzar los contrapesos institucionales, el pecado de que le acusan desde la oposición. Aunque también es posible que fuera una combinación de ambas cosas, algo que se aclarará con el tiempo.

El propósito central del proyecto continuista fue emitido por doña Laura con toda rotundidad: proclamó que “este es el final de la Segunda República”, la que se inició después de la guerra del 48 y ha durado hasta hoy. Se trata de un cambio “profundo e irreversible”. Así que, esta victoria electoral refleja el nacimiento de un nuevo modelo sociopolítico. “¡Hoy nace la Tercera República!, exclamó.

Es decir, el cambio de modelo tiene ya una denominación clara (la III República). Pero cabe preguntarse sobre dos supuestos decisivos: ¿Qué causas justifican ese considerable cambio? Y, sobre todo, ¿será posible implementarlo en su cabal dimensión?

Podría argumentarse que la propia victoria electoral, de enormes proporciones, después de los fuertes cuestionamientos hechos al presidente saliente, sería suficiente justificación del radical cambio propuesto. Pero eso no explicaría las razones profundas que están detrás del éxito del continuismo. Distintos observadores, Sergio Ramírez entre ellos, afirman que eso tiene que ver con el drástico cambio de la sociedad tica: la Costa Rica pacífica y segura ya no existe. Habría que agregar: tampoco la Costa Rica poco desigual.

¿Y ese deslizamiento hacia la inseguridad y la desigualdad, fue inevitable? ¿Qué ha impedido al sistema político costarricense evitar ese negativo cambio?

Mi percepción es que ello procede de una disrelación entre el cambio sociopolítico real y la cultura política imperante. Desde una óptica positiva, puede afirmarse que hay proyectos políticos que pueden morir de éxito. Eso es lo que ha sucedido con el modelo político surgido de la guerra civil del 48 (denominado cómo la Segunda República). Es indudable que ese sistema, de tendencia socialdemócrata, ha sido un modelo exitoso que estableció las bases económicas y políticas para consolidar la democracia más estable de la región.

Sin embargo, los cambios profundos de la sociedad no fueron absorbidos a tiempo. La confirmación del paso de una sociedad rural a una urbana, el impacto de las crisis mundiales, la radical modificación del modelo productivo, la aparición de dos esferas de consumo, así como los propios defectos de la cultura política, entre otros fenómenos, impidieron absorber cabalmente los cambios. También hay que consignar que la forma de hacer política establecida no carecía de defectos. Por ejemplo, la tendencia a evitar el disenso con franqueza.

En otros países centroamericanos se suele decir que si hay algo difícil es saber lo que realmente piensa un tico. La inclinación a dar respuestas sobre la base de decir lo que el interlocutor espera oír, tenía efectos políticos efectivos. Las encuestas sobre confianza mutua han mostrado que esa confianza era considerablemente baja, incluso comparándola con la de otros países centroamericanos. Y creo que la ruptura con ese estilo ha sido un dividendo para Rodrigo Chaves.

El problema en que, mientras se daban los cambios sociales profundos, la inclinación en la cultura política mayoritaria ha sido la de insistir en los rasgos del antiguo modelo exitoso. Ello ha propiciado una creciente separación entre los operadores de esa nostalgia sistémica y el malestar del país profundo. Algo que estalló con la victoria de Rodrigo Chaves en las elecciones pasadas constató esa situación.

La atropellada presidencia de Chaves ha reflejado tanto su desconocimiento del sistema institucional, como la resistencia que le han presentado los nostálgicos del anterior modelo exitoso. Pero la rotunda victoria electoral de su continuadora, muestra que, pese a las frecuentes faltas de corrección del mandatario saliente, el país profundo sigue dándole su apoyo.

No obstante, el cambio hacia a III República no está en absoluto garantizado. El planteamiento Chaves ha consistido en reducir o eliminar muchos de los contrapesos institucionales que impiden a Costa Rica adaptarse al mundo actual. Y ese es el fundamento de su queja acerca de que, en realidad, al interior de esos contrapesos se refugian los nostálgicos del viejo modelo desactualizado, que, en la práctica, no le han dejado gobernar. La respuesta de sus opositores es que Chaves ha buscado la destrucción de los contrapesos institucionales que afianzan la democracia.

Este dilema refleja el desafío de la nueva presidenta respecto al avance hacia la Tercera República. Por un lado, existe la percepción de que es necesario reformar el Estado. De hecho, desde hace tiempo la reforma del Estado ha sido una frecuente reflexión académica y política. Para muchos especialistas, la II Republica ha tratado de enfrentar la alta desconfianza mutua mediante una creciente tendencia a los controles administrativos, algo que ha sido percibido por el país profundo como un entramado obstaculizador, que solo beneficia a la burocracia y las élites. Por ello, el discurso de Chaves de que hay que salir de ese entrampamiento ha recibido un apoyo social tan considerable. Desde luego, sus críticos le acusan de querer librarse de toda traba para impulsar una gobernanza autoritaria.

Pero más allá de las intenciones, cabe la pregunta de si la transformación hacia la III República es efectivamente posible. Desde el plano legislativo, la nueva presidencia encara tres opciones. La primera, tratar de usar las leyes ordinarias (para lo cual tiene mayoría suficiente) para producir cambios institucionales profundos. La única certeza que proporciona esta opción es que la corte constitucional tendrá un trabajo exhaustivo dada la cantidad de recursos y denuncias que le lloverán. La segunda, acudir a la iniciativa legislativa popular, recogiendo firmas para una Constituyente. Este proceso supondría una lucha política enconada a lo que se podrían sumar diferencias agudas con Rodrigo Chaves. Y la tercera, que habría de suceder en el arco parlamentario, supone la negociación con Liberación Nacional, la única fuerza que sumada a la bancada oficialista sumaría la mayoría cualificada necesaria para alcanzar una reforma constitucional. Una negociación difícil porque el PLN se encuentra presionado por el resto de los opositores progresistas al oficialismo y podría salir fracturado de esa negociación.

En suma, se perfilan dos escenarios por delante. Establecer con claridad si es posible un cambio estructural del sistema político, que hoy el oficialismo denomina III República, sin que ello suponga un abandono de los parámetros básicos de la democracia. Y saber si ello es posible en las complejas condiciones políticas en que se encuentra la nueva presidenta, frente a fuerzas políticas opositoras nutridas por un intenso resentimiento y bajo la mirada fiscalizadora del presidente saliente.

Capitalismo verde: ¿solución ecológica o nueva dependencia?

Leonardo Granato   |   Juan Camilo Arias
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Capitalismo verde: ¿solución ecológica o nueva dependencia?

La transición energética debe ser comprendida desde una perspectiva multiescalar, que abarque el complejo juego de intereses globales e internacionales que en ella convergen. Por ello, primero debemos situar la cuestión en un plano más amplio, el del orden mundial capitalista y las profundas desigualdades que lo constituyen, para luego recuperar la cuestión de los riesgos en torno de la dependencia externa.

¿Un capitalismo verde como alternativa a la crisis?

La situación mundial actual es de emergencia ecológica. Sin embargo, esta emergencia es una de las múltiples dimensiones de una crisis más amplia que afecta al propio orden capitalista globalizado, neoliberal, financiarizado y fósil. Lo que venimos viendo es una transformación de este orden en varios sentidos, entre ellos en sentido “verde”. Y esa transformación expresa un momento de adaptación, de acomodación del sistema con vistas a su reproducción.

En el centro de este giro verde se encuentra la transición energética que, en tanto expresión de la articulación de gobiernos, fondos de inversión, big techs y energéticas para la generación de fuentes de energía renovable, busca contribuir al fortalecimiento de un capitalismo que, desde 1970, a pesar del cada vez mayor desarrollo científico-tecnológico, se encuentra en una fase marcada por la tendencial de caída de la tasa de ganancia.

Esta tendencia ha sido agravada en las últimas décadas por los efectos prolongados de la crisis económico-financiera de 2008, la crisis sanitaria del Covid-19, conflictos bélicos como los de Ucrania y Gaza y los reiterados golpes de mano que viene asestando EE.UU. al orden internacional. Es decir, el deterioro económico, que ha puesto en evidencia las desigualdades de la globalización neoliberal, viene acompañado de una crisis medioambiental que se profundiza a cada segundo. Ante esto, algunos de los debates que se vienen proponiendo en el mundo occidental, como el Green New Deal, plantean que es posible llegar al desacoplamiento entre el crecimiento económico y el deterioro del medio ambiente a través (entre otros aspectos) de la transición hacia una matriz energética.

Esta transición se viene defendiendo como una “solución inevitable” ante el calentamiento global, que el año pasado batió récords y superó las previsiones. No hay duda de que la crisis climática afecta al mundo, pero la emergencia ecológica no se limita solo al cambio climático. En este sentido, no podemos pasar por alto el hecho de que, tal y como se plantea hoy en día, esta transición energética prioriza las dimensiones productiva y tecnológica en detrimento de transiciones ecosociales más amplias que favorezcan transformaciones estructurales.

O sea, más allá de pensar cómo producimos la energía y las fuentes alternativas (que es lo que prevalece bajo la perspectiva hegemónica), el desafío está en entender dónde y cómo la energía es consumida, así como los aspectos urbanísticos, culturales y alimentarios, más allá del tecnológico necesario para una transición justa. A través de defender la idea de una transición energética “neutra”, “técnica”, “despolitizada” y “desideologizada”, la narrativa hegemónica crea una falsa ilusión de “solución verde”. Una que no cuestiona los patrones de consumo y producción, ni el desplazamiento de los costos de la transición a los países del Sur, destinados a proveer las materias primas necesarias para el desarrollo tecnológico del Norte.

América Latina: ¿nuevo traje y misma dependencia?

Aunque los países de la región no representan ni el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, soportan la presión extractiva de los recursos naturales estratégicos y la sobreexplotación de la mano de obra, lo que refuerza la especialización productiva, la deforestación, la pobreza y la devastación socioambiental. Por lo tanto, lo que hay es una transición corporativa, tecnocrática y neocolonial.

Y es por medio del extractivismo exportador y de la dependencia tecnológica y financiera que esta transición garantiza el mantenimiento de las tradicionales condiciones de subordinación de la periferia latinoamericana. En lo que respecta al extractivismo exportador, las grandes potencias siguen tratando los territorios latinoamericanos como “zonas de sacrificio”. Estos se disputan, mediante inversiones o préstamos orientados a la explotación y exportación de recursos naturales, el acceso a “minerales críticos” esenciales para la producción de baterías e imanes de alto rendimiento, utilizados en vehículos eléctricos, torres eólicas y robótica industrial, pero también para tecnología militar avanzada y la explotación petrolera.

Si bien se considera que América Latina es un receptor privilegiado de financiamiento externo “verde”, que puede en alguna medida impactar positivamente las economías locales, hay que ser consciente del riesgo que implica el control de los recursos energéticos por parte de grupos y capitales extranjeros, así como la expansión de la frontera extractivista y de sus impactos socioambientales. Y lo que la experiencia viene mostrando es que faltan salvaguardas o mecanismos por parte de los Estados para proteger a las comunidades tradicionales y originarias de las empresas.

Además, hay una gran ausencia de transferencia de tecnología o de contratos que garanticen inversiones en desarrollo científico-tecnológico. Lo que hay es capacitación del personal que utilizará la tecnología importada. Y al pago de regalías por la tecnología importada se suman los préstamos para infraestructura y equipamiento. Por medio de esos préstamos, los países latinoamericanos acumulan deuda y avanzan hacia la austeridad fiscal, lo que a su vez limita la capacidad de los Estados para formular e implementar agendas sociales y climáticas más ambiciosas.

En suma, el debate y la reflexión en nuestra región deben ampliar sus horizontes más allá de la cuestión de subir al tren y aprovechar la demanda externa vinculada a la construcción de un supuesto capitalismo verde. Se deben discutir las vulnerabilidades, en términos de aceleración de la devastación ecológica y de dependencia externa. Pero también las oportunidades de desarrollar proyectos nacionales de autonomía estratégica a largo plazo que, en la medida de las posibilidades, se articulen regionalmente. Las salidas, hoy más que nunca, deben pensarse sobre bases integradas, soberanas, populares y justas.

Cuando la ideología sustituye a la política económica: de Trump a Noboa

León Padilla
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Cuando la ideología sustituye a la política económica: de Trump a Noboa

Desde su primera presidencia, Trump ha promovido una agenda caracterizada por decisiones unilaterales, el uso recurrente de aranceles como instrumento de presión política y una lectura ideológica de las relaciones internacionales que desplazó criterios técnicos, multilaterales y de planificación económica de largo plazo. Este patrón se ha intensificicado en su segundo mandato con los impases con gobiernos europeos y latinoamericanos que han respondido a diferencias ideológicas explícitas más que a evaluaciones técnicas de política económica o comercial. 

En América Latina, esta lógica se tradujo en restricciones migratorias y financieras contra gobiernos políticamente distantes, y en confrontaciones directas con líderes como Lula da Silva o Gustavo Petro. Sin embargo, otros países con problemas estructurales comparables —incluida la expansión del narcotráfico— quedaron al margen por su alineamiento con Washington. Ecuador es un caso ilustrativo: pese al deterioro de la seguridad interna, el avance del crimen organizado y que se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína a nivel mundial, no ha enfrentado represalias significativas.

Pero esta lógica confrontacional no se ha limitado a la política exterior estadounidense. En América Latina, este tipo de manejo ha comenzado a incorporarse en la conducción de la política económica y exterior de países como Argentina y Ecuador. En el caso ecuatoriano, el reciente impasse diplomático y comercial con Colombia resulta particularmente ilustrativo de esta dinámica. 

En este contexto, el gobierno de Noboa muestra cómo una estrategia guiada por el cálculo político de corto plazo puede reproducir patrones ya observados en la política exterior estadounidense bajo Donald Trump, con mayores riesgos cuando se trasladan a contextos institucionalmente más frágiles y económicamente dependientes.

El “Trump ecuatoriano” y la política de la confrontación

Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa ha mostrado rasgos de gestión política análogos al estilo de Donald Trump. Uno de ellos es la búsqueda sistemática de responsables externos o institucionales frente a problemas de gobernabilidad y ejecución de políticas públicas. En diversas ocasiones, el Ejecutivo ha atribuido a la Corte Nacional de Justicia y a otros organismos del Estado la falta de avances en seguridad y reformas clave, mediante señalamientos públicos a jueces y funcionarios.

Este patrón no es nuevo. Durante su primer mandato, Ecuador protagonizó uno de los episodios más delicados en materia de derecho internacional de su historia reciente: la irrupción en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Más allá de las controversias judiciales en torno a Glas, el hecho implicó una transgresión a los principios de la Convención de Viena y derivó en un deterioro significativo de la relación bilateral con México. Posteriormente, el gobierno ecuatoriano anunció medidas comerciales y arancelarias que profundizaron el distanciamiento diplomático y generaron costos evitables. 

Este estilo volvió a manifestarse recientemente en la relación con Colombia. El 20 de enero el presidente Gustavo Petro declaró que Glas debería ser excarcelado por razones humanitarias y de salud —una afirmación percibida como una injerencia en asuntos internos—, y la respuesta del gobierno de Noboa fue anunciar un incremento arancelario del 30% a las importaciones colombianas. La medida fue justificada por la supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, los impactos de actividades ilícitas en la frontera y un persistente déficit comercial bilateral. No obstante, la coincidencia temporal entre estas justificaciones y el impase diplomático sugiere una reacción política más que una evaluación técnica integral.

La decisión resulta particularmente delicada si se considera que Colombia es uno de los principales socios comerciales y un proveedor estratégico de energía eléctrica para Ecuador. Durante los últimos dos años, las importaciones de electricidad desde Colombia han sido determinantes para mitigar la crisis energética ecuatoriana, en un contexto de condiciones climáticas adversas y limitada inversión en nuevas fuentes de generación. Pese a esta interdependencia, el conflicto escaló rápidamente: Colombia anunció el 22 de enero aranceles recíprocos y la suspensión o revisión de las ventas de energía a Ecuador, una medida que, de concretarse, tendría efectos inmediatos sobre la actividad productiva, los costos empresariales y el bienestar de los hogares. 

Todo esto ocurre en un contexto de resultados mixtos de la gestión de Noboa. En el plano económico se registran avances como la reducción del riesgo país —el nivel más bajo en una década—, el crecimiento de las exportaciones no petroleras, señales de reactivación en la construcción y mejores perspectivas de crecimiento del PIB. Sin embargo, estos resultados contrastan con desempeños claramente desfavorables en seguridad. Las cifras preliminares de homicidios de 2025 sugieren un nuevo deterioro, con una tasa estimada entre 49 y 51 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de su historia reciente, reflejando la profundización del crimen organizado y el narcotráfico.

La comparación entre el Estados Unidos de Donald Trump y el Ecuador de Daniel Noboa revela un patrón común: cuando la ideología sustituye a la política económica y la confrontación reemplaza a la cooperación, los costos terminan siendo económicos, institucionales y sociales. En el caso estadounidense, el tamaño de su economía le permite absorber parte de estos costos y, eventualmente, contar con mayores márgenes para corregir el rumbo. En economías pequeñas y dependientes como la ecuatoriana, en cambio, los márgenes de error son mucho menores y las consecuencias más inmediatas. 

Replicar una lógica de poder, presión y alineamientos ideológicos en una región históricamente tratada como “patio trasero” no fortalece la soberanía ni la seguridad económica. Por el contrario, debilita la cooperación regional, aumenta la vulnerabilidad externa y compromete logros recientes.

Más allá de liderazgos confrontativos, Ecuador —y América Latina en su conjunto— requiere estrategias de política exterior y económica basadas en el pragmatismo, la planificación y la integración, incluso cuando existen diferencias ideológicas, tal como lo mostró el proceso de integración económico y político europeo.

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