La seguridad no empieza en los tribunales

Juliana Montani
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La seguridad no empieza en los tribunales

Tras dos homicidios aberrantes realizados por menores en Argentina, el Gobierno de Milei incluyó por decreto en las sesiones extraordinarias la revisión del régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. El año que terminó nos mostró cómo distintos líderes han apelado al reflejo punitivo como propuesta de campaña. Donald Trump, Javier Milei y José Antonio Kast hicieron del aumento de las penas una bandera de gestión. 

El argumento no es falso. La legislación es imprescindible para definir qué conductas acepta o rechaza un Estado. La probabilidad de ser detenido por la policía aumenta el costo de delinquir. Y una justicia independiente del poder político y presiones sectoriales es condición básica para la seguridad jurídica y personal. Pero llevado al extremo, el enfoque punitivo tiene costos: atenta contra los derechos individuales y políticos.

Foucault describió utópicas sociedades hipervigiladas. Hay casos reales y cercanos de pacificación con mano dura, como el de Nayib Bukele en El Salvador, y también regímenes donde el brazo armado no sirve a la justicia sino al liderazgo político como en Venezuela, Corea del Norte, Rusia y China.

Además de la afectación de derechos, el fortalecimiento coercitivo del Estado tiene sus propios límites estructurales. Mayor patrullaje y penas pueden reducir el delito, pero no bastan: deja fuera otras políticas públicas y acciones de la sociedad civil. La cuestión relevante es, más allá de cuán severo debe ser el castigo, cuál es la forma más eficiente de prevenir.

El sistema penal llega tarde

Confiar solo en la voluntad individual para elegir caminos virtuosos es un acto de fe miope e imprudente. El delito no sucede en el vacío; se inscribe en historias personales, trayectorias escolares, familias, barrios, trabajos posibles e imposibles, estigmas acumulados y falta de oportunidades. Cuando el sistema penal entra en escena, ya es tarde: hubo víctimas y daño.

La evidencia comparada muestra que en los países con menores niveles de delito (Japón, Noruega, Países Bajos, Finlandia), la seguridad no se concibe como una emergencia sino como una política pública de largo plazo. Muchas cárceles se cierran porque no son necesarias al haber políticas e instituciones que se anticipan: educación temprana, salud mental, urbanismo, empleo, redes comunitarias y una policía profesional. La seguridad no se logra endureciendo penas, sino reduciendo las condiciones que propician la delincuencia. 

Hay experiencias alternativas a la lógica penal clásica que modelan caminos donde múltiples actores se involucran. Los modelos de justicia restaurativa buscan superar tanto la expropiación del conflicto por parte del Estado como el foco en castigo o rehabilitación centradas solo en el infractor. Tienen en cuenta a la víctima, al daño causado, y al tejido social. 

En España, la Fundación Unblock trabaja con jóvenes presos o en riesgo de exclusión. Su presidente, Carlos Trenor, afirma que “Cuando se sale de una prisión, se es el mismo, pero más viejo. En muchos casos, se empeora. Así no se protege ni a las víctimas, ni a los contribuyentes, ni a los mismos condenados.” Por ello, en Unblock se busca acompañar a quienes egresan de la cárcel para reconstruir su autoestima, romper el rótulo de “exdelincuente” y sacar a las persona de los circuitos que la empujan a reincidir. El programa cuesta menos que un año de cárcel y logra lo que el encierro rara vez consigue: reduce la reincidencia y genera efectos preventivos que se multiplican sobre el entorno del condenado.

Desde Mar del Plata, el Programa Gaia, desarrollado en la Unidad Penitenciaria de Batán, propone un abordaje multidimensional de la conducta ilícita. A partir del análisis de juicios orales, testimonios y pericias, la jueza Mariana Irianni identifica con frecuencia un trauma fundante detrás de la repetición delictiva. El trabajo terapéutico y psicoeducativo del programa ha disminuido la violencia entre quienes cumplen condena de cárcel. Sin comprender el origen del daño, la reincidencia no es una anomalía: es una consecuencia previsible.

Contra toda intuición

Los delitos de alto impacto en los que se apalanca la propuesta reactiva y punitiva dominan el imaginario público, sin embargo, no representan la mayoría de los casos que saturan la justicia. En el gran abanico de delitos y faltas menores, hay amplio margen para intervenir antes de que el daño escale.

Pero incluso en contextos de violencia extrema, hay programas que exhiben éxito pacificador donde el aparato punitivo falla. Tras un intento de homicidio en la Hacienda Ron Santa Teresa en Venezuela, nació – de forma insólita debido al contexto nacional- el Proyecto Alcatraz, que combina deporte, formación laboral y acompañamiento, con el cual se logró desarmar once bandas delictivas y bajar los homicidios en el municipio de Revenga, según datos locales, de 147 cada 100 mil habitantes a solo dos. Andrés Chumaceiro, el COO de la Hacienda, traza un paralelo sugerente: “Hacer buen ron exige tiempo, maestría y paciencia; transformar biografías también. No hay varita mágica: hay un regreso difícil a la comunidad, pero reconfigurando al entorno y permitiendo que quien delinquió se perdone” es posible avanzar.

La ley es imprescindible, la cárcel es necesaria y si bien apostar exclusivamente por el castigo trae una sensación de seguridad inmediata, empobrece el debate y solo posterga el problema. Una hacienda venezolana, una fundación en Madrid y una unidad penitenciaria en Mar del Plata comparten un hilo común: la criminalidad disminuye cundo diversos actores de la sociedad interactúan con el sistema penal y se sienten responsables del resultado.

Ante la demanda de seguridad, los gobernantes tienen la oportunidad de explorar y sincerar las causas, admitir que la problemática sobrepasa al sistema carcelario y policial e invitar a la política, a la sociedad civil, al sector privado y fundaciones a trabajar coordinadamente. Prevenir el delito requiere tiempo, inversión y corresponsabilidad, y los resultados no siempre coinciden con el siguiente calendario electoral. La seguridad no se decreta, se construye.

La epidemia de soledad llegó a Brasil

Fabián Echegaray
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La epidemia de soledad llegó a Brasil

Uno de los clichés más asociados al pueblo brasileño entre latinoamericanos y extranjeros es su supuesta alegría de vivir y un carácter extremamente fiestero y gregario. Pero ¿qué sucede cuando son los propios brasileños quienes cuestionan esas creencias?

Una encuesta inédita de la consultora Market Analysis, realizada sobre una muestra representativa de 1.000 adultos, revela que algo más que uno de cada tres brasileños (un 35,2%) se siente solo siempre o muy a menudo. A esta cifra se añade otro 6% que no sabe expresar cómo se siente al respecto, una ausencia de opinión que, en el caso de sensaciones negativas (como la soledad y el abandono), suele interpretarse como un indicio de emociones pesimistas. En conjunto, ese 41% de personas que experimentan un malestar afectivo ante una situación frustrante vinculada a la soledad muestran una vulnerabilidad y fragilidad incompatibles con el cliché de alegría, liviandad y cordialidad existencial tradicionalmente atribuido al pueblo brasileño. 

Los cientistas sociales ya cuestionaban el mito de Brasil como sociedad cordial, sociable y emocionalmente integrada a partir de las estadísticas de violencia social o de profunda desigualdad y discriminación. Hoy se agrega a esa crítica un plano más subjetivo e intimista: la substantiva quiebra psicológica del sujeto, que exhibe su aislamiento como un desgarro moral y existencial. Ya no se trata del individuo abruptamente extraído de su contexto rural o local y masificado en una multitud solitaria como la descrita por David Riesman a inicios del siglo XX. La soledad hoy reinante no es un mero retrato de la cotidianeidad que acompaña a la persona, sino un estigma que construye una identidad negativa, desmoralizada y paralizante.

Demografía de la soledad

La soledad es considerada hoy la nueva epidemia mundial, especialmente en el Norte desarrollado, una situación que ha impulsado la creación de ministerios y oficinas gubernamentales específicas en países como el Reino Unido, Japón y España. Unos sondeos realizados en más de 142 países por el instituto Gallup en 2023 indicaban que, en promedio, un 23% de los adultos consultados se habían sentido involuntaria e incómodamente solos el día anterior. En Estados Unidos, algunas encuestas revelaron que entre 2019 y 2024 el porcentaje de personas que se sentían socialmente abandonadas pasó del 31% al 53%. De hecho, ya en 2023 el director general de Salud Pública de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, declaró la soledad una plaga en su país, y poco después la Organización Mundial de la Salud (OMS) la instituyó como “una amenaza a la salud global”. 

La globalización de la soledad, que se extiende hasta geografías como la brasileña, obedece en parte a la lógica estructural que la predetermina: el fenómeno tiende a agravarse primero y con más intensidad entre los sectores económicamente periféricos, lo que deja al descubierto una relación directa entre menos ingresos y más propensión a sentirse desconectado afectiva y socialmente del resto de la sociedad. En Brasil, la sensación de soledad es el doble (aproximándose al 47%) entre quienes pertenecen a los estratos más bajos de la pirámide social (clases C2/D/E) que entre los ciudadanos que se encuentran en la cima de dicha pirámide (clase A). A la precarización económica se le agrega la fragilidad emocional y social. 

La mayor exposición a la soledad de grupos específicos, como las mujeres (11 puntos porcentuales más que los hombres) o quienes tienen un nivel de educación menor, revela que las vulnerabilidades se sobreponen. Sin duda, la sobrecarga de tareas entre las mujeres reduce drásticamente las posibilidades de vida social más allá de las obligaciones cotidianas. En el caso de quienes tienen baja escolaridad, la temprana concentración en compromisos de sobrevivencia y reproducción material básica eliminan oportunidades de diversificar sus redes e interlocuciones sociales.  

A diferencia de lo que muestran algunos estudios prepandemia, también hay brechas etarias muy significativas. Recientes sondeos conducidos por la asociación sin fines de lucro American Association of Retired Persons (AARP), que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 50 años, identifican a la población de más de 45 años como una de las más afectadas por la exclusión social y afectiva. Sin embargo, en Brasil quienes más padecen esa sensación son los jóvenes, lo cual anticipa un futuro sombrío de generaciones emocionalmente desconectadas y socialmente atrofiadas. En términos de soledad, la brecha entre los que tienen entre 18 y 24 años y los que tienen 65 o más es ¡del 50%!: ese sentimiento afecta al 45% de los más jóvenes versus al 30% de los más viejos.  

¿Qué causa la epidemia de soledad?

Los análisis sociológicos ayudan a entender el contexto, pero no dan información sobre la narrativa individual que las personas construyen para dar sentido a su situación. Esa narrativa suele explicar la soledad en función de fallas personales o de circunstancias que escapan del control individual. 

Como ilustra el estudio de AARP antes mencionado, el debilitamiento de los lazos comunitarios y del compromiso cívico contribuye a ese desarraigo; se trata de causas sistémicas. Pero también sabemos que el uso excesivo de tecnologías de información y entretenimiento, la fractura del orden familiar y el consumismo material como forma de expresarse y relacionarse con otros condicionan el grado de aislamiento individual. En Brasil, las causas de la soledad se atribuyen mucho más al sistema (61% de los consultados) que a las elecciones individuales (26%).  

¿Qué genera la epidemia de soledad?

La sensación de exclusión afectiva y abandono social ha estado históricamente asociada al deterioro de la salud personal (menor expectativa de vida, daños neurológicos, mayor consumo de drogas y remedios, hábitos no saludables, tendencias depresivas y suicidas, etc.). Algunos optimistas reconocen ciertos paliativos como derivación positiva de la soledad, tales como la adopción de una familia multiespecie con animales y plantas en casa o la exploración curiosa de compañías virtuales ofrecidas por la inteligencia artificial. Sin embargo, no siempre se trata de soluciones que conduzcan a una efectiva integración social, sin mencionar sus costos financieros, no siempre asumibles entre quienes suelen proceder de las clases con menores recursos.

Los potenciales efectos negativos de la soledad no acaban aquí. Así como Riesman advertía en su estudio sobre la “muchedumbre solitaria”, la masificación de la soledad se vincula a la anomia colectiva, la radicalización política y el fanatismo y la desconfianza generalizada. De hecho, el estudio de Market Analysis indica que los brasileños que se sienten solos también se sienten más inseguros, se adhieren menos a la democracia, son más pesimistas, admiten tener menos control sobre su vida digital y el tiempo que le dedican, y viven su conectividad de manera conflictiva y abrumadora, como una carga o fuera de su control.  

Con legiones de personas que se encuentran solas de manera involuntaria y viven con incomodidad su aislamiento social y afectivo, Brasil participa con un peso significativo en uno de los fenómenos más desconcertantes de nuestra era: la implosión emocional de generaciones basada en su tristeza y sensación de abandono afectivo, en lugar de una explosión participativa y creativa basada en su aspiración de mejorar la sociedad y el planeta.

La verdad en tiempos de imágenes sintéticas

Daniel Andrés Mosquera   |   Yolanda Suárez Topete
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La verdad en tiempos de imágenes sintéticas

“La pesadilla de la esquizofrenia es no saber qué es verdad”, le dice el Dr. Rosen a la esposa de John Nash en la película Una mente brillante, dirigida por Ron Howard. La frase describe uno de los síntomas más angustiantes de esa enfermedad y, usada aquí en sentido metafórico y no clínico, nos ofrece un punto de partida para pensar una complejidad muy real de la sociedad del siglo XXI. Una cultura visual de circulación vertiginosa en redes sociales, donde abundan imágenes y videos que parecen verdaderos, pero son completamente falsos, y alimentan potentes dinámicas de desinformación.

Si solo habláramos de datos imprecisos, el problema sería manejable. Pero cuando esas piezas falsas se insertan en conflictos entre países —como Israel-Palestina o Rusia-Ucrania— y se diseñan para suscitar temor, repudio, estigmatización o división, la situación cambia de escala. Ya no se trata solo de errores informativos, sino de dispositivos que modelan emociones, identidades y posiciones políticas. Ahí vale la pena hacer un alto y preguntarnos hasta qué punto la inteligencia artificial (IA) generativa está reconfigurando la cultura, la vida cotidiana y la propia idea de verdad compartida.

En América Latina, la frontera entre lo verdadero y lo falso dejó de ser un dilema futurista. Brasil estrenó reglas contra los deepfakes en sus elecciones locales de 2024 mientras circulaban montajes; en México, el ciclo electoral de ese mismo año estuvo atravesado por debates sobre audios y videos sintéticos; y el mundo corporativo ya ha enfrentado intentos de estafa con voces y rostros clonados. El resultado es una vida cotidiana más incierta, en la que la verificación suele llegar tarde y el daño se propaga rápido: primero circulan las emociones, después —con suerte— aparecen las evidencias.

En este contexto proponemos leer el fenómeno como una suerte de “esquizofrenia social” inducida por la IA generativa: una desalineación entre lo que vemos y escuchamos y lo que podemos creer, con efectos políticos, económicos y culturales de gran escala.

Llamamos “esquizofrenia social” —insistimos, en un sentido metafórico y no clínico— a la desincronización colectiva entre percepción y confianza que se produce cuando sistemas técnicos generan, a bajo costo y gran escala, representaciones plausibles de algo que nunca sucedió. Al menos tres mecanismos contribuyen a ello.

Primero, el mimetismo sensorial: las IA logran voces, rostros y escenas que “pasan” por reales y se consumen a la velocidad del feed, reduciendo dramáticamente la ventana para dudar. Segundo, la economía de la atención: las plataformas optimizan exposición y engagement; las piezas sintéticas, por su dramatismo y novedad, compiten ventajosamente por clics, reacciones y pauta. Tercero, las asimetrías institucionales: la capacidad de verificar, regular y sancionar siempre va por detrás de la capacidad de generar y distribuir contenidos.

En la región, organismos y cortes electorales han empezado a responder, pero los incentivos del ecosistema informacional —político, comercial y mediático— siguen premiando la viralidad por encima del cuidado democrático. La consecuencia es una erosión de la

confianza interpersonal e institucional, con impactos desiguales: algunos grupos poblacionales específicos suelen ser blanco preferente de montajes y campañas de odio, mientras los medios enfrentan un doble reto de sostenibilidad y verificación. Revertir esta desalineación exige políticas públicas, tecnologías responsables y alfabetización mediática y visual que reequilibren la relación entre ver, creer y actuar.

Para comprender cómo llegamos a confiar tanto en las imágenes —hasta el punto de que la IA pueda descolocar nuestra percepción— resulta útil recuperar algunas ideas de los Estudios Visuales. Desde ahí podemos interrogar la relación entre imagen, mirada y realidad, y entender el terreno en el que hoy circulan imágenes creadas o manipuladas por IA.

Gérard Wajcman, en El ojo absoluto (2010), sostiene que habitamos una sociedad que idolatra la imagen. Esperamos que la realidad se entregue por completo a nuestra mirada, que nada permanezca oculto. De ahí la ubicuidad de cámaras en teléfonos, computadoras y dispositivos de vigilancia. Bajo la premisa de que aquello que no tiene imagen fácilmente se vuelve rumor, terminamos confiando en las imágenes como si garantizaran, por sí mismas, la verdad de lo que muestran, incluso sabiendo que pueden ser manipuladas. Primero fue la fotografía, luego los programas de edición digital; ahora, las imágenes producidas o transformadas con IA. En todos estos casos se mantiene una confianza casi automática en lo visible.

Wajcman ilustra esta pulsión de verlo todo con el ejemplo de un grupo de científicos de la Universidad de Hiroshima que volvieron transparentes a unas ranas para observar sus órganos sin abrir sus cuerpos. Más allá de lo que podría parecer un avance científico, el gesto revela un deseo de anticipar cualquier amenaza —como el crecimiento de células malignas— mediante un ojo externo que produce información constante. Esta lógica ayuda a comprender por qué hoy normalizamos tecnologías que prometen vigilar, predecir y controlar el futuro a partir de imágenes y datos visuales.

Por su parte, Guy Debord, en La sociedad del espectáculo (1967), argumenta que en las sociedades modernas la vida social se organiza como una enorme acumulación de espectáculos. Lo que antes se vivía de manera directa se desplaza hacia su representación, hacia su puesta en escena. El espectáculo no es simplemente un conjunto de imágenes, sino una forma de relación social mediada por esas imágenes y por los dispositivos que las difunden. La economía y el poder, señala Debord, se legitiman a través de este régimen visual que moldea la manera en que percibimos el mundo y a nosotros mismos.

En este contexto, la visualidad se asocia cada vez más con la vigilancia, el voyeurismo y el espectáculo, y cada vez menos con la reflexión crítica. Si antes se hablaba de un “ojo inquisidor”, ahora nos encontramos frente a un ojo lleno de dudas: un ojo saturado por la proliferación de imágenes manipuladas o generadas por IA, que vuelve extremadamente difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la realidad y la ficción.

La “esquizofrenia social” de nuestro tiempo no consiste solo en dudar de lo que vemos,

sino en que esa duda erosiona vínculos ya frágiles en sociedades atravesadas por

desigualdad, violencia e instituciones débiles, como tantas en América Latina. Permitir que la IA generativa opere sin contrapesos en este contexto supone agravar la confusión y la polarización; ponerla al servicio de la democracia, en cambio, implica fortalecer sistemas de verificación, promover alfabetización visual y mediática desde la escuela y abrir la discusión pública sobre los usos legítimos de las imágenes sintéticas. En última instancia, lo que está en juego no es solo el estatuto de la verdad visual, sino la posibilidad de sostener un mínimo de confianza compartida que haga habitable la vida en común.

La importancia del cuidado ambiental en América Latina

María Belén López
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La importancia del cuidado ambiental en América Latina

El cuidado ambiental es una práctica política y colectiva, realizada sobre todo por mujeres, que entrelaza la reproducción de la vida con la protección de un territorio degradado. Este concepto permite visibilizar respuestas que incorporan al ambiente como una dimensión fundamental de los cuidados, históricamente invisibilizada y no remunerada. Su relevancia es clave para comprender el papel de las mujeres latinoamericanas frente a la crisis climática y en ámbitos como la salud.

Crisis, salud y cuidados en Latinoamérica

La irrupción del COVID-19  dejó en evidencia que atender las problemáticas de salud requiere abarcar una multiplicidad de factores. En el 2020 no nos encontrábamos ante una pandemia, sino más bien ante una sindemia. Según las antropólogas Merrill Singer y Bárbara Rylko-Bauer, la sindemia define la sinergia entre el virus, otras afecciones de salud y padecimientos sociales en un cóctel que repercutió con mayor fuerza en las realidades de grupos sociales vulnerados. En simultáneo, como ha sido documentado por la CEPAL, quienes absorbieron la mayor carga de dedicación a las necesidades de cuidado, fueron las mujeres. En las grandes ciudades, esta sobrecarga operó de manera más cruda para quienes vivían en situaciones de marginación urbana.

En América Latina, los cuidados recaen desproporcionadamente sobre los hogares y, específicamente, sobre las mujeres, quienes dedican el triple de tiempo que los varones a estas tareas. El mapa de la economía del cuidado, se caracteriza por una alta informalidad laboral y marcadas desigualdades interseccionales que se agravan al cruzarse con factores de etnia, edad y nivel socioeconómico, afectando especialmente a mujeres rurales y pobres que carecen de recursos para tercerizar estas tareas.

Además de ser quienes trabajan en labores de cuidado, al volver a sus casas aumenta el tiempo y dinero que deben invertir en el acompañamiento de personas con afecciones de salud de sus familias y sus barrios. En materia de prevención todo se vuelve cuesta arriba ante escenarios donde la alimentación, el tiempo disponible para destinar a los controles médicos y los recursos con los que cuentan son escasos.

Esta crisis de los cuidados se agrava en contextos de marginación urbana y degradación ambiental, donde la falta de infraestructura básica (como agua corriente o saneamiento) hace que este trabajo sea todavía más pesado y riesgoso para el accionar y los cuerpos de las cuidadoras.

En los grandes conglomerados latinoamericanos urbanos, la exclusión económica ha consolidado un modelo estructural que la epidemiología crítica caracteriza como “malsano”, ya que restringe el derecho a la salud de los sectores segregados. Los riesgos ecológicos, como la contaminación hídrica, los basurales crónicos y la infraestructura deficiente, se distribuyen de manera desigual en las ciudades, generando múltiples formas de injusticia socioambiental. Bajo esta lógica, el entorno degradado no es un simple escenario físico; la crisis ambiental se encarna en los “cuerpos-territorios” de las poblaciones segregadas, moldeando sus procesos de salud, enfermedad y muerte. Así, las amenazas del entorno son parte de una violencia estructural que define quiénes están más expuestos a enfermarse y bajo qué condiciones deben sostener la vida.

Un ejemplo significativo de injustica ambiental es el Área Reconquista (AR) en el Gran Buenos Aires, en Argentina. Se trata de un territorio marcado por la cercanía al complejo basural CEAMSE Norte III y la cuenca contaminada del Río Reconquista que evidencia cómo la segregación urbana confina a los sectores vulnerables a entornos degradados. Allí, muchas familias construyeron sus hogares sobre suelos de humedal a los que lograron acceder, rellenando con escombros y basura para elevar sus terrenos y evitar inundaciones, una tarea difícil frente a la intensificación de las lluvias que trae el cambio climático, la insuficiente recolección de basura de los zanjones y la memoria del río. La población convive con la emanación de gases -como el gas metano- y olores fuertes del basural, como también el humo de la quema de cables en basurales crónicos del barrio, lo que provoca afecciones concretas: problemas respiratorios crónicos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diarreas por el agua contaminada y lesiones dermatológicas graves en las infancias.

Ante estos escenarios, las mujeres son quienes se encuentran más expuestas. Al permanecer más tiempo en los barrios, su contacto con los basurales crónicos y los contaminantes es mayor que el de los varones. En su rol de cuidadoras, son las primeras en detectar los riesgos ambientales a través de las afecciones de salud de quienes cuidan. Es desde estas actividades de cuidado que las mujeres no solo reconocen y accionan sobre los impactos del ambiente en las personas y sus territorios, sino que también ocupa un lugar clave frente a las crisis climáticas actuales.

El cuidado ambiental: un trabajo clave, pero aún invisibilizado

El trabajo como cuidadoras de mujeres de sectores vulnerados de forma múltiple como los del Área de Reconquista, no se limita a las paredes de su hogar, ni en la crianza de sus propios hijos: implica un accionar colectivo que sostiene el bienestar de todo el barrio. Desde espacios de cuidado comunitario y mesas vecinales se involucran en el sostenimiento de ollas populares, apoyo escolar y contención ante la violencia, saneamiento de calles, plazas y arroyos, campañas de descacharre, reciclado de residuos, mantenimiento de huertas y gestión para la ampliación de redes de servicios básicos, entre otras tareas.

En estos escenarios es clara la relevancia del cuidado ambiental, no como un cuidado destinado de forma aislada al entorno sino como una práctica política y colectiva que entrelaza la reproducción de la vida con la protección de un territorio degradado. Este concepto permite visibilizar respuestas que, operando bajo lógicas domésticas y comunitarias, incorporan al ambiente como una dimensión fundamental de los cuidados que suele permanecer invisibilizada y sin remuneración. Al ampliar el cuidado más allá del ámbito doméstico, se reconoce que el bienestar en contextos de segregación depende de un agenciamiento situado que articula a las personas y los territorios, lo que explica tanto el conocimiento de las mujeres sobre la crisis climática como su papel central en la activación de iniciativas colectivas ante la ausencia o insuficiencia de políticas públicas.

Estas tareas exigen reconocimiento y profesionalización de su labor, con salarios dignos y derechos. Además, las voces de estos colectivos de mujeres demandan un diálogo de saberes que valide su experticia situada en la gestión de un territorio degradado. Ante este cuidado ambiental, ellas demuestran que el bienestar no es un fenómeno aislado de las condiciones del territorio. Ignorar este vínculo solo profundiza las injusticias socioambientales y obstaculiza una salida real a las crisis de los cuidados, ya que, no existe sostenibilidad de la vida posible fuera de un ambiente sano y digno de habitar.

Ayuda selectiva en tiempos de crisis climática

Isabella Alcaniz
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Ayuda selectiva en tiempos de crisis climática

Los desastres asociados al cambio climático –inundaciones, huracanes, incendios forestales– hoy afectan a todos los países del mundo. Frente a este tipo de emergencias, la asistencia del estado debería centrarse en las consecuencias del evento. Allí donde hay más daño –donde hay más poblaciones afectadas– debería haber más ayuda. Sin embargo, en tiempos de fuerte polarización política, la ayuda pública a damnificados también se ha politizado. Cada vez más, la asignación de asistencia y el apoyo ciudadano a esa ayuda no dependen de la magnitud del daño, sino también de prejuicios nacionalistas, étnico, raciales, y políticos. Conforme la frecuencia y magnitud de los desastres climáticos aumenta, aumenta también la cantidad de actores que demandan asistencia. Esta mayor demanda surge en un momento que el estado se retrae, y en muchos casos abandona sus funciones.

En este contexto ¿qué damnificado es digno de asistencia inmediata? ¿a quién debe priorizar el estado? ¿ciudadanos antes que a residentes extranjeros o migrantes? Esta discusión ha afectado la provisión de políticas de protección social, donde políticos (y votantes) suelen debatir quiénes son la personas ‘merecedoras’ de ayuda pública y quiénes, en cambio, son consideradas responsables de su propia situación y, por consiguiente, indignas de asistencia estatal.

Está demostrado que el apoyo a la distribución de recursos estatales varía según cómo se caracterice a los beneficiarios. Y esta lógica se ha extendido al área ambiental y, en particular, a la política de asistencia ante desastres climáticos. A medida que la emergencia climática se vuelve más intensa y costosa, la ayuda por desastres adquiere rasgos redistributivos similares a los de otras políticas sociales, y queda sujeta a evaluaciones sociales y políticas. En lugar de que la política pública funcione como un seguro (insurance) que cubre los gastos que deben afrontar las distintas poblaciones, la asignación de dineros públicos pasa a depender de quién es la víctima y cuál es su relación con los actores políticos.

En un estudio que hemos publicado recientemente, basado en una encuesta en Estados Unidos con sobremuestreo de personas latinas, analizamos las actitudes hacia la asistencia estatal tras los huracanes Harvey y María. Allí se exhibe que las personas afectadas por el huracán María en Puerto Rico son percibidas como menos merecedoras de gasto público que las víctimas del huracán Harvey en Texas. Esta diferencia persiste incluso cuando el nivel de daño fue mayor en Puerto Rico. Nuestro análisis indica que percepciones sobre ciudadanía, partidismo e identidad racial influyen en las preferencias sobre el tipo y el monto de la asistencia. Todo esto sugiere que quien es visto como digno de asistencia, no solo depende una categoría impuesta desde el grupo mayoritario, sino que también está mediado por identidades sociales y políticas.

Latinoamérica muestra dinámicas similares. En otro estudio, junto al experto Juan David Gelvez, documentamos como en Colombia, los municipios con población afrocolombiana reciben sistemáticamente menos asistencia gubernamental per cápita que municipios comparables sin esa composición racial.

La lógica de quién merece asistencia también aparece con fuerza en la opinión pública. En dos encuestas recientes realizadas en Colombia, los votantes de derecha muestran una menor disposición a apoyar esquemas de asistencia que benefician a comunidades afrodescendientes afectadas por desastres naturales. Esos mismos votantes no tienen problema con ser generosos en favor de otras comunidades afectadas. Las comunidades afrocolombianas son percibidas como menos merecedoras de recursos públicos entre los votantes de oposición al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Esto demuestra que en Colombia, la percepción de quién merece, funcionan como un filtro que condiciona el apoyo ciudadano a la asistencia estatal.

Encontramos resultados similares en otra encuesta que realizamos en Brasil. El respaldo a la asistencia estatal por desastres ambientales varía según el grupo social afectado. En particular, mostramos que migrantes afectados por desastres naturales son vistos como menos merecedores de recibir cualquier asistencia del gobierno brasilero. Al igual que en Colombia y en Estados Unidos, factores como la identificación política del encuestado marcan estas actitude. Quienes se identifican con la izquierda tienden a mostrar mayor generosidad hacia todas las víctimas de desastres, mientras que los sectores de derecha son más proclives a apoyar un mínimo de asistencia estatal y solo cuando los beneficiarios son ciudadanos no racializados.

Estos distintos estudios muestran que la asistencia por desastres se inscribe en estructuras sociales que priorizan a las poblaciones afectadas según ciudadanía, identidad racial y alineamiento político. En un contexto de emergencia climática, donde los desastres naturales son cada vez más frecuentes, estas percepciones adquieren un peso creciente: la ayuda deja de ser excepcional y pasa a ocupar un lugar permanente en el gasto público. Entender a quién ven como merecedores de ayuda los políticos y votantes resulta necesario para analizar, tanto la distribución de los recursos como los límites políticos de la acción estatal.

Corrupción estructural y democracias frágiles: el círculo vicioso latinoamericano

Hugo Borsani
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Corrupción estructural y democracias frágiles: el círculo vicioso latinoamericano

La corrupción es una constante en la mayoría de los países de América Latina. Independientemente de ideologías y la alternancia de partidos, la corrupción se ha mantenido persistente en gran parte de la región y en muchos casos incluso se ha incrementado. Entre 2014 y 2024 solamente cinco países de la región -Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y Rep. Dominicana- registraron una mejora en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En Paraguay el índice no registra variación, mientras que en el resto de los 14 países la percepción de corrupción aumentó. El abuso de poder a gran escala por parte de altos cargos de gobiernos, de la burocracia pública y grandes empresas privadas contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el conjunto de las instituciones democráticas.

Cómo se expresa la corrupción

La corrupción en América Latina adopta múltiples formas y se manifiesta en distintos niveles de la vida política, económica y social. En su expresión más visible y de mayor impacto se encuentran los grandes esquemas de corrupción que involucran a altas autoridades del Estado y a grandes empresas privadas. Casos como el de la constructora Odebrecht, cuyas prácticas ilícitas se extendieron a varios países de la región y salieron a la luz entre 2014 y 2016, revelaron la existencia de redes transnacionales de sobornos y financiamiento ilegal de la política. De manera similar, escándalos como el “Mensalão” y la Operación “Lava Jato” en Brasil expusieron la profundidad de estas tramas y su capacidad para atravesar gobiernos y partidos políticos, comprometiendo seriamente la credibilidad de las instituciones democráticas.

Una de las áreas más sensibles en las que se expresa esta dinámica es el financiamiento de las campañas electorales. La falta de regulaciones claras, transparencia y controles efectivos ha convertido al financiamiento político en una puerta de entrada privilegiada para la corrupción. Como resultado, los procesos electorales tienden a producir gobiernos condicionados por intereses privados que, una vez en el poder, buscan recuperar su inversión mediante favores legislativos, asignaciones presupuestarias o decisiones regulatorias, debilitando así la representación democrática.

Sin embargo, la corrupción no se limita a estos grandes escándalos. También se manifiesta en prácticas cotidianas que afectan directamente la relación entre los ciudadanos y el Estado. El pago de sobornos para acceder a servicios públicos, acelerar trámites o ejercer derechos que deberían estar garantizados de manera universal contribuye a normalizar la ilegalidad y erosiona de forma sostenida la confianza en las instituciones públicas.

A su vez, la corrupción en América Latina trasciende el ámbito estatal y se extiende al sector privado. La evasión fiscal, las estafas a consumidores y otras prácticas fraudulentas son frecuentes y generan graves costos sociales. Además, el avance del narcotráfico ha profundizado estas dinámicas, promoviendo la corrupción en distintos niveles del Estado y de la sociedad, reforzando un círculo vicioso que socava la legalidad y la legitimidad institucional.

Deslegitimación de la democracia 

Si bien la corrupción no es exclusiva del ámbito político, cuando envuelve políticos, miembros de gobiernos o funcionarios públicos, el impacto sobre la perdida de legitimidad de las instituciones democráticas entre la población es mayor. La persistencia de altos niveles de corrupción en el Estado es un indicador de fallas importantes de los mecanismos de control entre las instituciones estatales, o sea, de la llamada accountability interinstitucional, una dimensión fundamental para el buen funcionamiento de la democracia liberal y representativa. Sin organismos e instituciones de control con capacidad efectiva para investigar y penalizar la corrupción, la calidad de la democracia se ve seriamente afectada.

La fragilidad o ineficiencia de las instituciones y organismos de control se manifiesta también en sanciones insuficientes, demora de los tiempos institucionales para la aplicación de las penalidades correspondientes y, en no pocos casos, la ausencia de las mismas. Esto, sin dudas, contribuye a generar sensación de impunidad y funciona como estímulo para la reiteración de las prácticas corruptas.

La persistencia de la corrupción, y las dificultades para penalizar de forma ejemplar y efectiva a los responsables ha influenciado en la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos y liderazgos políticos tradicionales, e incluso en el propio sistema democrático, impulsando el apoyo electoral a partidos y dirigentes populistas. A comienzos de siglo estos tenían un perfil de izquierda (el llamado socialismo del siglo XXI), pero actualmente asumen un nítido perfil de extrema derecha. Se trata de movimientos y dirigentes críticos, no solo de los elencos políticos tradicionales, sino también, en mayor o menor grado, de las instituciones democráticas tradicionales, especialmente de las instituciones de control político y prestación de cuentas, como el Poder Judicial, fiscalías o contralorías, entre otros.

Estos partidos y dirigentes populistas llegan al poder, en la mayoría de los casos, con promesa de acabar con la corrupción heredada de “la política tradicional”. No obstante, una vez en el gobierno tienden a desmantelar o cooptar los organismos e instituciones de control. Ejemplo de ello fueron los gobiernos de Morales en Bolivia, o el gobierno del ex-presidente Bolsonaro en Brasil. Este último desmanteló la red de organismos anti-corrupción existente porque, según él, no había corrupción en su gobierno.

Con la cooptación o limitación de las instituciones y organismos de control, los gobiernos populistas tienen menos travas para desarrollar prácticas corruptas. Y en el contexto de un régimen democrático erosionado es mayor la dificultad por parte de las instituciones para penalizar a los responsables. 

La correlación entre la corrupción y la desigualdad

Las sociedades marcadas por la desigualdad social y económica son más vulnerables a la corrupción, y al mismo tiempo esta incrementa esas mismas desigualdades. No es casual que América Latina sea considerada la región más desigual del mundo: según el informe de Oxfam para América Latina y el Caribe Riqueza sin control, democracia en riesgo. Por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal, el 1 % de la población concentra alrededor del 45 % de la riqueza regional, en un contexto de persistentes altos niveles de corrupción.

La corrupción profundiza la desigualdad porque otorga una mayor capacidad de influencia a los corruptos sobre decisiones gubernamentales y alteraciones en la legislación con el objetivo de beneficiarse. Esto da lugar a democracias capturadas por intereses particulares y con resultados menos eficientes para el conjunto de la población, lo que a su vez contribuye a fragilizar la confianza en la democracia como un sistema capaz de satisfacer, al menos de manera básica, las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

La otra cara de este fenómeno es el caso de Uruguay. El país latinoamericano con menor percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, es también el que cuenta con menor grado de desigualdad de la región y la única democracia plena de América Latina, según el índice de The Economist. Y es, junto con Argentina, uno de los dos países con mayor apoyo a la democracia en la región: 70% de los uruguayos manifiestan su apoyo a la democracia, comparado con una media regional de 52% según el Latinobarómetro.

El corolario parece claro, aunque sin dudas de difícil ejecución: la disminución de la corrupción requiere el fortalecimiento de las instituciones y organismos de control, acompañado de una disminución de la desigualdad social.

¿Hay camino de vuelta tras la diáspora venezolana?

Ernesto Fiocchetto
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¿Hay camino de vuelta tras la diáspora venezolana?

Dos días después de la captura de Maduro, ante un millar de venezolanos que festejaban en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, exministra de seguridad y actual senadora oficialista, arengaba: “Maduro no está más. (…) A Maduro se lo llevaron.” Ante la ovación del público, continuó: “Y ahora comienza un camino donde todos ustedes van a volver a su Venezuela querida. Muchísimas gracias. Los vamos a extrañar”. La reacción de la multitud cambió: pocos aplausos, algunos abucheos, mucho silencio. El contraste estridente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, plantea interrogantes profundos para los gobiernos de Latinoamérica: ¿Cuándo podrán los 7,9 millones de venezolanos volver a su país? O más incisivamente, ¿van a volver?

Las diásporas y su retorno tras los conflictos

En situaciones de diáspora, como en el caso venezolano, la premisa del retorno voluntario al país de origen enfrenta cuestionamientos complejos: ¿qué ocurre cuando el conflicto termina, pero la integración local ya se ha producido? Tras los conflictos, el retorno suele ser limitado y depende de múltiples factores, entre los que destacan la seguridad, la estabilidad institucional, las perspectivas económicas y los vínculos emocionales e identitarios. En términos generales, las poblaciones en diáspora tienden a considerar el regreso cuando perciben que su país de origen ofrece certezas mínimas de seguridad y gobernabilidad, junto con oportunidades económicas razonables.

En ausencia de estos elementos, el retorno resulta poco probable. A ello se suma una dimensión emocional compleja, que oscila entre el apego identitario y el compromiso con la reconstrucción nacional, por un lado, y los nuevos arraigos construidos tras años de desplazamiento, por otro. Estas tensiones explican por qué el vínculo con el país de origen, si bien puede traducirse en la repatriación permanente, adopta con frecuencia formas alternativas, como remesas, inversiones, visitas o retornos temporales.

Seguridad y estabilidad institucional inciertas

Tras la captura de Maduro, el Estado socialista venezolano permanece prácticamente intacto. Mientras todavía no está claro el alcance de las palabras del presidente Trump: “vamos a manejar Venezuela”, sí está claro el respaldo de su administración a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y leal al régimen, como nueva presidenta. Con ella, el núcleo duro del chavismo, incluidos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, sigue gobernando. Los signos políticos son contradictorios. Mientras el gobierno de Rodríguez se muestra colaborador con la administración estadounidense, ella misma declaró que “Jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio”. Y si bien se ha anunciado la excarcelación de presos políticos —efectuándose sólo algunas—, organizaciones sociales siguen denunciando violencia estatal y nuevas detenciones.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que pensar en elecciones resulta prematuro, en consonancia con el énfasis de las declaraciones de Trump, centradas en la reafirmación de la Doctrina Monroe y en el destino de los recursos petroleros venezolanos, más que en la restauración de la democracia. Esta última no fue mencionada ni por Trump ni por ninguno de los demás oradores durante la mañana del 3 de enero. Así, los hechos registrados en los primeros días sugieren que un cambio de régimen que conduzca a una reconstrucción nacional orientada a fortalecer la seguridad y la estabilidad institucional democrática resulta extremadamente incierto.

Incertidumbre Económica

Incluso si las condiciones políticas mejoraran drásticamente, las perspectivas económicas seguirían siendo sombrías. En primer término, no está del todo claro el plan de la administración Trump respecto al petróleo. Lo cierto es que la infraestructura petrolera de Venezuela está en ruinas tras años de mala gestión y falta de inversión. Según Bloomberg, una recuperación significativa de la capacidad productiva exigiría una inversión de alrededor de 100 billones de dólares—10.000 millones anuales durante una década. Este desafío se ve agravado por la caída de cerca del 25% en los precios del petróleo en el último año, lo que compromete seriamente la rentabilidad del sector. Así, la posibilidad de una lluvia de inversiones hacia Venezuela no parece probable.

Consecuentemente, el incentivo económico para que los venezolanos regresen y reconstruyan el país es incierto. Además, muchos migrantes venezolanos se han establecido económicamente en sus países de acogida. Tienen trabajos, negocios y redes profesionales. El coste de oportunidad de abandonar estos logros tan duramente conseguidos para regresar a un panorama económico incierto es considerable.

El factor emocional e identitario

Considerar las dimensiones emocionales e identitarias del desplazamiento es fundamental. Y es que después de años de vivir en otro lugar, el amor por la patria perdida se complejiza. Basta pensar en los adolescentes nacidos en la diáspora, los niños escolarizados, los jóvenes que huyeron para forjar su futuro y tantos que han tejido comunidades en sus países de acogida. Su apego a Venezuela seguramente es real y profundo, pero coexiste con un apego igualmente real a las sociedades que los recibieron y a las que, de múltiples modos, también han contribuido. La identidad se vuelve transnacional, un puente que conecta la patria, el país de acogida y las comunidades de la diáspora global.

Ese amor complejo también convive con la contradicción de una identidad nacional quebrada. Volver implica volver al lugar donde persiste lo que los expulsó. No se trata de falta de patriotismo ni de indiferencia. Es un proceso identitario, propio de desplazamientos prolongados, atravesado por tensiones y, en muchos casos, con la certeza de un estatus legal definitivo en el país de acogida, ya sea mediante permisos de residencia o incluso la naturalización.

Repensando el retorno

La migración de retorno tras un conflicto rara vez constituye un proceso lineal. En un escenario óptimo, numerosos venezolanos continuarán sosteniendo vínculos con su país de origen a través de remesas, inversiones y visitas periódicas. Otros optarán por formas de migración circular, alternando estancias entre ambos espacios. Asimismo, muchos seguirán participando activamente en la promoción de un cambio político, mientras que sólo algunos retornarán de manera permanente con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del país. Pero esperar —o exigir— una repatriación masiva ignora tanto los obstáculos sociopolíticos como las vidas legítimas y complejas que los migrantes han construido. E ignora que esto último ha sucedido no solo con el permiso expreso de los países de acogida, sino también con la utilización política y electoral del conflicto venezolano por quienes gobiernan Latinoamérica.

La estridente contraposición de las reacciones en el Obelisco porteño debería ser una llamada de atención. Los países de acogida y la comunidad internacional no pueden pretender un retorno casi automático como consecuencia de la captura de Maduro. Las diásporas no se revierten simplemente con el fin de los conflictos, especialmente cuando el “supuesto fin” está atravesado por niveles de incertidumbre tan elevados como los que caracterizan la coyuntura venezolana. El silencio en el Obelisco cambia la pregunta: no se trata de cuándo volverán los venezolanos o si volverán, sino si las sociedades latinoamericanas estamos preparadas para honrar la compleja realidad de los migrantes venezolanos y las decisiones legítimas que estos tomen.

Daniel Noboa está desesperado y culpa a Colombia

Fidel Cano
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Daniel Noboa está desesperado y culpa a Colombia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, está desesperado. Llegó a la presidencia de su país prometiendo mano dura y se chocó con la triste realidad de que el populismo a lo Nayib Bukele no funciona en territorios tan grandes y con tanto dinero criminal como Ecuador. Después de una humillante derrota en el referendo que propuso y de necesarias trabas de la Corte de Justicia a sus intentos de saltarse las normas de la democracia, el mandatario ecuatoriano decidió tomar prestada una página del manual de política de Donald Trump y consiguió un enemigo para culparlo de todo: Colombia. El resultado es que ambos países sufren.

El anuncio fue sorpresivo. En su cuenta de X, escribió que “nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km. con Colombia) sin cooperación alguna” y, por ende, “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”. Es decir, aranceles en retaliación.

 

En el proceso, no solo viola acuerdos comerciales internacionales y rompe la integración entre dos naciones vecinas que se necesitan la una a la otra, sino que busca asemejarse al presidente estadounidense Donald Trump. El objetivo de Noboa es mostrar fuerza en Ecuador, pero quizás le convendría ver cómo las encuestas recientes en Estados Unidos muestran que la abrumadora mayoría de los ciudadanos de ese país sienten que las medidas de Trump no les han traído beneficios.

Es comprensible la frustración de Noboa. Después de llegar con alta popularidad y promesas a la presidencia, hoy su respaldo va en picada, con algunas mediciones ubicando su apoyo por debajo del 40 %. Más importante aún, la violencia en el país vecino está desbordada. Según el medio ecuatoriano Primicias, la tasa de muertes se ubicó en 50,91 por cada 100.000 habitantes, con más de 9.000 homicidios intencionales en el 2025. La fuerza de los distintos grupos criminales, financiados por el narcotráfico, incluso llevó al asesinato de candidatos políticos. El miedo que siente la sociedad ecuatoriana lo conocemos muy bien los colombianos. Por eso también sabemos que prometer una política de seguridad sin mucho más, como lo hace Noboa, está lejos de ser una respuesta eficiente.

Los aranceles son un disparo en el pie para ambos países. Colombia es el principal socio de Ecuador en la Comunidad Andina: en 2024, los ecuatorianos vendieron productos a Colombia por unos USD 850 millones y los colombianos exportaron a Ecuador un total de USD 2.112 millones. Además, entre el 8 % y el 10 % de la energía eléctrica que se consume en Ecuador es importada de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ya anunció que suspenderá ese suministro si sigue la hostilidad. Ambos gobiernos podrían, claro, hacerse daño económico entre ellos, pero los únicos que ganan en una guerra de ese tipo, paradójicamente, son los grupos criminales. 

¿Para qué vamos a encarecer los productos ecuatorianos y afectar las exportaciones colombianas? Más allá de los shows políticos, la clave es la diplomacia. En su respuesta, la Casa de Nariño ha dicho que la puerta está abierta para el diálogo y para mejorar la cooperación. Si Noboa tiene los intereses de Ecuador y de la región como prioridad, debería responder al llamado. Nos tememos, sin embargo, que está más preocupado por contar votos en el futuro.

*Texto publicado originalmente en El Espectador, Colombia

Una victoria contundente que desnuda a la política tradicional costarricense

Eugenio Herrera Balharry
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Una victoria contundente que desnuda a la política tradicional costarricense

Las elecciones dejaron algo más que un nuevo reparto de poder: dejaron al descubierto las fisuras acumuladas de la política costarricense. La magnitud del triunfo oficialista no solo redefine mayorías, sino que obliga a preguntarse qué falló en la oposición, por qué el malestar social encontró un solo canal eficaz y hasta dónde puede llegar un gobierno con un poder tan concentrado. Este resultado no cierra una etapa; abre un debate impostergable sobre liderazgo, institucionalidad y el rumbo democrático del país.

El contundente triunfo del oficialismo en los poderes Ejecutivo y Legislativo marca un punto de inflexión en la política costarricense. Con Laura Fernández alcanzando el 48 % de los votos y una mayoría legislativa de 31 diputaciones (de 57), el gobierno no solo consolida poder institucional, sino que envía un mensaje claro sobre el estado de ánimo del electorado. El Partido Liberación Nacional, su competidor más cercano, quedó relegado con 17 curules, evidenciando una brecha política y simbólica difícil de ignorar.

Este resultado no puede explicarse únicamente por los méritos del oficialismo, sino también por la profunda incapacidad de la oposición para construir consensos unificadores. Los partidos opositores se mostraron fragmentados, más concentrados en disputas internas y cálculos tácticos de corto plazo que en articular una visión de país creíble y compartida, esto hizo que varios desaparecieran del escenario legislativo y otros se redujeran a su mínima expresión.

Cabe considerar, además, que en los meses previos a las elecciones distintas fuerzas políticas, de variadas tendencias, sostuvieron conversaciones orientadas a unificar criterios prioritarios y articular estrategias comunes sobre la base de algunos pilares compartidos. Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó, en buena medida, por la ausencia de una figura capaz de liderar y ordenar el proceso. En este nuevo escenario, no puede descartarse que la presencia de figuras destacadas en la Asamblea Legislativa, con experiencia y visión política, permita al menos la construcción de una agenda mínima para los próximos cuatro años, particularmente en materia electoral, de cara a las elecciones municipales de 2028, más aún si se considera que el oficialismo logró imponerse en 64 de los 84 cantones del país.

A ello se suma una reiterada mala lectura de la realidad nacional por parte de amplios sectores de la clase política tradicional. Durante años se subestimaron el malestar social, la desconfianza hacia las élites y el cansancio ciudadano frente a discursos alejados de la vida cotidiana, así como la función, la utilidad y el alcance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en particular las redes sociales. En este terreno, el oficialismo realizó una de sus mayores apuestas, desarrollando una estrategia comunicacional ininterrumpida, constante y claramente orientada, que terminó por ampliar su capacidad de conexión con amplios sectores de la ciudadanía.

Así las cosas, el gobierno supo canalizar ese descontento popular con eficacia, combinando una narrativa de orden y control con resultados percibidos en materia de estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, la amplia concentración de poder abre interrogantes legítimas sobre los límites y alcances de las transformaciones institucionales que el oficialismo podrá —o querrá— impulsar, particularmente en ámbitos sensibles como los nombramientos de autoridades institucionales, la relación con el Poder Judicial y la preservación de los equilibrios democráticos.

A ello, se añaden serias dudas sobre la capacidad del grupo en el poder para traducir su fortaleza política en logros gubernamentales concretos, especialmente si se considera que la administración saliente dejó pendientes importantes y resultados insuficientes en áreas clave. Esta situación alimenta la percepción de que podría reproducirse un esquema similar, lo que no haría sino profundizar los problemas sociopolíticos y económicos del país, eventualmente cubiertos por un discurso populista y con rasgos autoritarios.

Conviene subrayar, además, que el caso costarricense está lejos de ser una exclusividad y debe leerse en un contexto más amplio. En el plano del análisis y la especulación política —no siempre respaldado por pruebas concluyentes— se observa en distintos países una preocupación creciente por la eventual influencia del crimen organizado en los sistemas democráticos.

Y en una esfera distinta, más claramente documentada y propia de la política internacional, se registran intentos por debilitar el derecho internacional y erosionar la multilateralidad, afectando marcos de cooperación construidos durante décadas. Costa Rica, pese a su sólida tradición institucional, no está aislada de estas dinámicas y enfrenta el desafío de reconocerlas y debatirlas con seriedad.

En el fondo, el problema es más profundo y estructural. Costa Rica ha evitado, por al menos dos décadas, asumir la transformación de sus estructuras sociopolíticas y continúa aferrada a una visión conservadora del sistema, incapaz de comprender y enfrentar la compleja realidad social actual. El triunfo del oficialismo no resuelve ese dilema: lo expone con mayor nitidez.

El escenario que se abre combina oportunidades y riesgos. La contundencia del mandato recibido ofrece al gobierno la posibilidad de impulsar acuerdos, modernizar instituciones y responder a demandas largamente postergadas. Al mismo tiempo, la debilidad de la oposición y la concentración de poder exigen una vigilancia democrática activa, capaz de evitar excesos y preservar los contrapesos que han distinguido históricamente al país.

Entre la esperanza de cambios necesarios y las dudas sobre sus límites, Costa Rica entra en una nueva etapa en la que el futuro no está escrito y dependerá, en buena medida, de la madurez política de sus liderazgos y de la capacidad de la sociedad para defender y renovar su democracia.

Milei resucita a Maquiavelo

Enrique Gomáriz Moraga
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Milei resucita a Maquiavelo

La intervención de Javier Milei ante el Foro de Davos apenas ha recibido la atención que el presidente argentino buscaba. Pese a su sorprendente primer anuncio, la muerte de Maquiavelo, los medios políticos y periodísticos, sobre todo en su propio país, han realizado únicamente referencias, positivas o negativas, de aspectos políticos específicos, haciendo caso omiso del contenido central de su discurso.

Creo, sin embargo, que este desprecio cultural es poco productivo, sobre todo desde quienes se oponen al planteamiento de Milei y en particular desde los ámbitos de la izquierda. Tal vez responde a esa soberbia moral e intelectual de la que se acusa al pensamiento progresista.

Soy de esa opinión, porque pocas veces se escucha un argumentario tan amplio en el plano de la cultura política. No importa si la forma en que lo plantea Milei es poco sofisticada, tanto en el fondo como en la forma. Es irrelevante la manera petulante de iniciar su intervención: “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”. Tampoco importa mucho que su presentación fuera notablemente defectuosa (dicción deficiente, equivocaciones, balbuceos).  Ya se sabe que Milei no es bueno leyendo discursos. Lo que realmente interesa es el intento de desplegar un planteamiento de cultura y filosofía política, que para dar lustre a su acción de gobierno; lo cual ya es un dato significativo: al parecer, un proyecto gubernamental no se sostiene únicamente con la actuación descarnada del poder, sino que necesita de un discurso, un argumentario, un relato, que lo justifique moral y cognitivamente.

El mandatario argentino afirma que Maquiavelo ha muerto porque ya no se sostiene su máxima más conocida: el fin justifica los medios. Desde luego, las reflexiones del autor florentino son algo más amplias y complejas, pero eso tampoco es muy relevante (cabe preguntarse, desde luego, hasta dónde ha llegado Milei en su lectura de Maquiavelo).

En todo caso, el presidente no justifica bien como se relaciona la supuesta muerte de la tesis de Maquiavelo con el resto de su discurso en Davos. Parece sugerir algo que la izquierda no autoritaria ha confirmado hace mucho tiempo: que los medios tienen que poseer consistencia moral con los fines. No resulta moralmente aceptable que se empleen medios perversos para conseguir un buen fin. Algo que se ha repetido, al menos desde mediados del siglo pasado (por ejemplo, con el maestro Norberto Bobbio, que, por cierto, fue doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires). De esta forma, traer a colación la difunta máxima de Maquiavelo, más que certificar su deceso supone su sorprendente resurrección.

Los dos componentes principales de la intervención de Milei han sido, por un lado, lo que los polemistas llaman “vestir al maniqueo”, es decir convertir al oponente en un estereotipo para atacarlo, y por otro lado, el que más interesa, ofrecer un planteamiento sustantivo alternativo en términos de cultura política.

El presidente argentino habla del socialismo como un universo de ideas inespecífico donde caben desde el totalitarismo estalinista hasta el pacifismo de Olof Palme. En todo caso, se trataría del elemento perturbador que ha tergiversado los valores de Occidente. De esta forma, la diferencia entre un partido laborista defensor de la libertad y la democracia y la dictadura sangrienta de Maduro solo es una cuestión de grado. El objetivo es vestir al maniqueo de forma que sea fácil apalearlo. Pero la naturaleza de esa falacia se manifiesta más claramente cuando Milei expone su planteamiento alternativo.

Aunque no se hace explícito, la causa de la muerte de la máxima maquiavélica parece ser que, para la búsqueda del bien común (fin último), ya no solo puede sostenerse que el capitalismo de libre empresa es el medio más eficiente, sino que también es un medio consustancialmente justo desde una perspectiva moral. Es decir, resulta un medio coherente con la bondad del fin.

Para demostrarlo, Milei hace un recorrido un tanto disperso que va de Jenofonte a Pareto, pero tiene como referencia frecuente al libertario español Jesús Huerta de Soto, un economista exliberal que se ha radicalizado hasta devenir en anarcocapitalista. Así, Huerta, a fuer de combatir el estatismo ahora propone la eliminación total del Estado. No ofrece algún sistema político alternativo: al más puro estilo paleoanarquista, asegura que ese sistema de organización sociopolítico se irá construyendo espontáneamente, una vez que desaparezca por completo el Estado.

A la vista de las experiencias históricas, también en España, puede afirmarse que existe un alto riesgo de que sea peor el remedio que la enfermedad. No hay que confundir el consenso existente contrario al estatismo, y la consiguiente valoración del mercado como instrumento de asignación de recursos, con la utopía -vieja por lo demás- del espontaneísmo anarquista.

Cuando Milei enuncia los elementos valóricos que justifican la bondad del libre mercado alude a los valores tradicionales de occidente: la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeo-cristianos. Es decir, aquellos valores occidentales “antes de que fueran corrompidos por el socialismo”.  Este salto atrás considerable oculta una pirueta moral descarada. Simplemente desconoce el hito histórico de la triada revolucionaria (americana y europea) que dio paso a la modernidad: libertad, igualdad y fraternidad. Al retener únicamente el primer elemento (con el que suele cerrar coléricamente sus discursos), sin ubicarlo en el contexto de la triada, su planteamiento resulta sustantivamente premoderno.   

Resulta falso, pues, que haya sido cualquier socialismo el responsable de corromper los valores occidentales, aunque sea cierto que la izquierda violenta y estatista lo haya hecho. La pirueta de Milei consiste en ocultar los valores occidentales modernos, los cuales, como se ha repetido mil veces, incorporan dilemas que hay que encarar democráticamente; el más frecuente, la necesidad de encontrar un equilibrio valórico e instrumental entre libertad e igualdad.

Se han vertido ríos de tinta en torno a cómo enfrentar ese dilema y las nefastas consecuencias que tiene desconocerlo y optar por uno de los elementos de esa diada. La utopía de obsesionarse con la igualdad, dejando caer la libertad, ha conducido a sistemas políticos autoritarios que promueven la corrupción y destruyen la convivencia democrática. Desde el ángulo opuesto, el planteamiento de que la libertad radical, que conduce al anarquismo político y económico, permite el máximo desempeño social de manera armónica y espontánea, resulta otra nefasta utopía. Conduce inequívocamente al darwinismo social donde solo los más dotados tiene derecho al bienestar social; en términos de Milei, aquellos que son capaces de maximizar la función empresarial que mueve la sociedad.

En suma, evitar el dilema de la triada moderna no tiene nada de novedoso y mucho menos de revolucionario. Y, además, la experiencia histórica muestra sobradamente que empecinarse en desconocer los dilemas que plantea el cuadro valórico de la modernidad no es algo sostenible y produce mucho daño mientras dura.

El pomposo anuncio de que Maquiavelo ha muerto no fue otra cosa que la búsqueda desesperada de un titular, en la esperanza de que se multiplique en las redes sociales. La máxima que se atribuye al intelectual florentino hace tiempo que fue desechada por la teoría política, también por la izquierda no autoritaria, precisamente a partir del cuadro valórico de la modernidad, y solamente una monumental ignorancia de la evolución de las ideas políticas en el siglo XX puede tratar de traer ese cadáver de la cultura política a la mesa, para escenificar de nuevo su deceso.

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