El impacto del liderazgo femenino con acento latino en Naciones Unidas

En 2016, fui candidata para el cargo de Secretaria General de la ONU. En ese momento era creencia generalizada que, después de 70 años de existencia de la organización, ya era hora de que una mujer ocupara ese puesto. Éramos siete candidatas, con perfiles y trayectorias diversas, todas muy capaces y serias aspirantes. En total, competimos siete mujeres y seis hombres —y al final, fue un hombre el elegido. Por supuesto, António Guterres era un candidato con muchos méritos, cualidades y experiencia. Lo único que le faltaba era ser mujer, que era justamente lo que muchas y muchos esperábamos de la ONU como un paso hacia adelante en su compromiso con la igualdad de género.

Después de ese momento, junto con otras dos compañeras candidatas, Helen Clark e Irina Bokova, fundamos GWL Voices, con el propósito de destacar lo estratégico, eficaz y democrático que suponía, y supone, renovar los liderazgos dentro del sistema. Hoy, somos casi 80 mujeres líderes del ámbito multilateral analizando anualmente los datos de la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo del sistema multilateral, con la valoración de los ojos de nuestra dilatada experiencia dentro del sistema, y en este artículo te vengo a hablar algo muy concreto, la próxima elección a la Secretaría General de Naciones Unidas y nuestra campaña “Madam Secretary General”

La ONU se construyó sobre ideales de igualdad. Su Carta comienza con “Nosotros los pueblos”, no dice “Nosotros los hombres”. Declara explícitamente que “los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos”, palabras que fueron moldeadas, en parte, por mujeres visionarias de América Latina en 1945, como Bertha Lutz, Minerva Bernardino y Amalia de Castillo Ledón que impulsaron la igualdad de género en los textos fundacionales. Las mujeres estaban listas para liderar la ONU entonces, y lo están hoy. 

Es evidente y urgente la necesidad de un liderazgo transformador, y eso significa abrir la puerta a quienes históricamente han sido excluidas. Incorporar una perspectiva diferente que ha estado ausente durante demasiado tiempo, 80 años, nada menos. Las mujeres se destacan por saber escuchar, tender puentes, resolver problemas y enfocarse en el impacto. Cuidan las instituciones mientras impulsan el cambio, y gestionan los recursos con eficacia. Estas no son cualidades abstractas—son habilidades que las mujeres aplican cada día en sus hogares, empresas y gobiernos y es hora de llevarlas al escenario global.

En un momento en que los desafíos globales emergen con formas que nunca anticipamos, en donde la tentación por competir y pelear por todos los espacios es creciente, el liderazgo con una perspectiva nueva es crucial. Un liderazgo que, desde la firmeza de las convicciones, sea capaz de construir en base a la cooperación y a soluciones que beneficien a las grandes mayorías. ¿Y qué podría ser más transformador para las Naciones Unidas que, por primera vez en su historia, tenga a una mujer al frente? Una Secretaria General permitiría que la población del mundo se viera representada plenamente y aportaría un estilo de liderazgo que el sistema multilateral necesita con urgencia en un mundo sumergido en la escalada de tensiones.

Entonces, ¿por qué no? La pregunta no es si una mujer puede liderar la ONU, sino cómo su liderazgo puede impulsar un cambio real. No esperamos que una sola mujer repare un sistema de 80 años de la noche a la mañana—esto no se trata de encontrar una superheroína. Pero sí sabemos que el cambio sistémico comienza con un liderazgo distinto, y eso implica romper con el ciclo de nombrar siempre a los mismos tipos de líderes con las mismas perspectivas.

Recuperar la legitimidad significa alinear el liderazgo de la ONU con los valores que promueve: igualdad, representación y justicia. Y eso comienza por abrir, de una vez por todas, la puerta para que una mujer asuma el liderazgo. Por eso, la pregunta debería ser: “¿Por qué no elegir a una candidata excelente que, además, refuerce la legitimidad de la ONU poniendo fin a la exclusión de la mitad de los pueblos?”

En 2026, las Naciones Unidas tienen una nueva oportunidad para romper barreras y elegir, por primera vez en su historia, a una mujer como Secretaria General. Con una posible rotación regional que favorece a América Latina, varias mujeres líderes altamente cualificadas de la región podrían asumir este cargo. Sería una excelente manera de hacer realidad las palabras de aquellas visionarias que influyeron en la Carta Fundacional.

Hagamos historia. Démosle a la ONU el liderazgo que nunca ha tenido, pero que necesita más que nunca. El momento es ahora. 


*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

La teología del dominio y las guerras culturales en la política brasileña 

La corriente dominionista propone la construcción de naciones cristianas a través de la ocupación de instituciones claves de la sociedad, como forma de prepararse para la “segunda venida” de Jesús. Sostenida por la creencia de que el mundo está involucrado en una lucha espiritual del “bien” contra el “mal”, moviliza a las iglesias y a los líderes religiosos para actuar en el campo político-institucional con el objetivo de expandir sus agendas morales e imponer sus valores religiosos a la sociedad.

La Teología del Dominio está relacionada con un concepto de familia que representa el pilar de la sociedad, un espacio donde los valores religiosos se transmiten de generación en generación, basado en la unión entre el hombre y la mujer (Génesis 2:24), con el propósito del amor, la procreación y la educación de los hijos (Efesios 6:4). En esa teología, la moral es un sistema inmutable, revelada por Dios y transmitida por líderes religiosos. Este sistema sirve, además, como mecanismo de control social sobre la sexualidad, el cuerpo y las estructuras familiares. El dominionismo se configura como una forma de activismo político-religioso que busca “reconquistar” la sociedad para Dios a través de la ocupación estratégica de las instituciones.

Los dominionistas creen que los cristianos tienen el deber de dominar las siete esferas de la sociedad (familia, educación, medios de comunicación, política, economía, artes y religión) para establecer el Reino de Dios en la Tierra. La visión dominionista es postmilenial: se cree que antes de la “segunda venida” de Cristo, los cristianos deben restaurar la moralidad bíblica e instituir un orden social basado en los valores del Evangelio. Esto justifica el compromiso político de los pentecostales, que se presentan como soldados espirituales en la lucha contra el “mal”, representado por ideas como el feminismo, los derechos LGBTQIA+, el comunismo y el secularismo. La política se convierte en un campo de batalla espiritual, en el que el objetivo no es negociar, sino derrotar al enemigo.

Esta configuración religiosa se consolidó en Brasil con la elección del presidente Bolsonaro en 2018, apoyado por denominaciones pentecostales como la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios. Su gobierno incorporó a líderes religiosos en ministerios estratégicos y promovió una alianza entre el cristianismo conservador y el proyecto político autoritario. El fenómeno, entendido como «Christofascism», establece un tipo de fundamentalismo que instrumentaliza la fe para legitimar el autoritarismo, la jerarquía y la intolerancia.  

El dominionismo utiliza la política para moldear la opinión pública y captar el apoyo de los votantes, promoviendo una legislación que refleje sus valores y concepciones morales. Uno de los protagonistas de estas batallas culturales es el diputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), el más votado en 2022. Alineado con el dominiomismo, es autor del libro «O cristão e a política: descubra como vencer a guerra cultural» (2023), en el que llama a los cristianos a luchar contra el comunismo, el feminismo, la «ideología de género» y los derechos LGBTQIA+.

El lenguaje agresivo y carismático de este líder radical lo convierte en una figura central en la actuación política-religiosa. El ascenso del diputado representa la consolidación de una nueva generación de políticos evangélicos, mediáticos, combativos e ideológicamente alineados con la extrema derecha. Su discurso refuerza la polarización temática y contribuye al avance de una agenda autoritaria que pone en riesgo los pilares del estado democrático de derecho.

Sobre el tema de las uniones entre personas del mismo sexo, la investigación muestra que, aunque la Corte Suprema (STF) reconoció este derecho en 2011, los parlamentarios conservadores buscaron revertir este logro con proyectos como el PL 5167/09, que pretende prohibir el reconocimiento legal. Otros proyectos de ley intentan cambiar el Código Civil para restringir la noción de familia a la unión entre un hombre y una mujer biológicos. En respuesta, sectores progresistas han propuesto iniciativas para consolidar los derechos de las parejas LGBTQIA+ en la legislación ordinaria, pero estos proyectos enfrentan una fuerte resistencia.

En el campo del aborto, la mayoría de los proyectos de ley analizados tienen como objetivo restringir aún más el acceso al procedimiento, incluso en los casos en que ya está legalizado. La retórica utilizada se basa en principios religiosos, como la defensa de la vida desde la concepción, y el argumento de que el aborto es una forma de asesinato sancionada por el estado. Por otro lado, los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos defienden la despenalización como un asunto de salud pública, equidad y autonomía de las mujeres.

La educación es otro terreno de intensa disputa. El proyecto «Escuela sin Partido», defendido por parlamentarios dominionistas, busca eliminar de las aulas los debates sobre género, sexualidad y derechos humanos. La escuela se presenta como un espacio de «adoctrinamiento ideológico», que necesitaría ser rescatado para «proteger la infancia» y los «valores familiares». El proyecto pretende, en la práctica, restringir la libertad de cátedra e imponer una visión religiosa conservadora en el plan de estudios escolar.

La extrema derecha en Brasil defiende valores como la familia nuclear tradicional, de acuerdo con los preceptos bíblicos y la moral religiosa, y rechaza ideas como la igualdad de género, la diversidad y la inclusión social. Los grupos pentecostales están afiliados a esa ideología, con una visión de un estado limitado que sería guiado por Dios y por encima de la ley. Los pentecostales, que se han traducido políticamente en una alianza con la extrema derecha, sirve como uno de los pilares de apoyo para estas batallas culturales en Brasil. Las iglesias, especialmente las asociaciones evangélicas neopentecostales, han garantizado a los políticos una amplia base de apoyo social. Y la expansión del activismo religioso evangélico pentecostal se evidencia en las propuestas legislativas presentadas entre 2018-2024.

Estas agendas incluían la criminalización de la educación y los derechos reproductivos, entre otros, todos percibidos como violaciones de los derechos humanos. Los líderes religiosos alineados con la Teología de la Prosperidad y la Teología del Dominionismo también ganaron protagonismo y proyección en los medios de comunicación, usurpando la agenda moral y vigilante para despertar el compromiso, la monetización y la adhesión religiosa en las redes sociales. El Poder Judicial brasileño se ha convertido en un importante contrapeso para controlar los avances conservadores, pero es blanco de críticas y amenazas de la extrema derecha, que busca reducir sus poderes e influir en la opinión pública en su contra.

Finalmente, se cree que la moralización de la política basada en valores religiosos excluyentes pone en jaque el pluralismo y la laicidad del Estado. La Teología del Dominio, al transformar las disputas políticas legítimas en batallas espirituales entre el bien y el mal, elimina el espacio para el diálogo, la negociación y el reconocimiento de la diversidad. El avance de este modelo es una amenaza para la democracia, especialmente porque instrumentaliza la fe para legitimar la exclusión de las minorías y la criminalización de los derechos fundamentales.

El auge del capitalismo autoritario

En el libro La crisis del capitalismo democrático, Martin Wolf analiza cómo el orden liberal que se estableció con el triunfo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, basado en la democracia y el libre mercado, hoy se ha fracturado. Si bien no se trata del “fin de la historia”, como afirmó en su momento Francis Fukuyama, sí se estableció un modelo de producción ligado a un régimen específico, es decir: el capitalismo y la democracia.

Si bien en la actualidad las constantes crisis y la creciente desigualdad se han traducido en un aumento del malestar con la democracia, no ha pasado lo mismo con el capitalismo. Mientras que el mundo se ha llenado de autócratas iliberales que amenazan la democracia, el modo de producción capitalista permanece intacto.

En un mundo en crisis y con tantos líderes iliberales, el autoritarismo se ha vuelto una constante. Tanto Donald Trump en Estados Unidos como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador o Daniel Noboa del Ecuador han sido catalogados como líderes autoritarios surgidos de la reacción del mercado. Con este panorama, podría decirse que el mundo está viviendo el auge del capitalismo autoritario.

La seducción por el autoritarismo crece, según estudios como V-DEM. Por su parte, los datos del Latinobarómetro y el Eurobarómetro muestran que la gente está dispuesta a someterse a un régimen autoritario siempre y cuando brinde seguridad, estabilidad económica, empleo y bienestar individual.

Desde la crisis de 2008-2009 el libre mercado ha ido afectando a las democracias occidentales. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania vieron un estancamiento en sus economías, lo que impactó en el pluralismo. El establishment intentó subsanar las desigualdades sin éxito, pero surgieron voces que movilizaron los sentimientos de malestar, que  encontraron resonancia en la ciudadanía. La aparición de partidos antisistema o líderes carismáticos fue bien recibida por muchos ciudadanos que buscaban algo nuevo sin importarles que el cambio afectara a la democracia.

Mientras Occidente se estancaba, otras naciones mantenían su crecimiento y China, Singapur y la India se erigieron como bastiones del auge capitalista. Muchas naciones sin democracia –como la conocemos–, con límites a los derechos humanos y sin posibilidad de cuestionar el statu quo se vieron beneficiadas por la bonanza económica, lo cual llamó la atención en muchas partes del mundo. Mientras la democracia que prometía igualdad y progreso decepcionaba a las mayorías, el autoritarismo parecía un camino viable.

La tercera ola de la democratización, de acuerdo con Samuel Huntington, no logró la germinación del pluralismo y tampoco creó economías competitivas. En América Latina, el ascenso de outsiders ha sido una constante. Tras casi quince años de gobiernos progresistas, la derecha se fortaleció como resultado del ascenso de Donald Trump en Estados Unidos. Esto impulsó a personajes radicales como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador. Todos estos líderes juegan dentro de las reglas del capitalismo y, asociados con las élites económicas y con el deseo de reactivar las economías de sus naciones, han mermado la democracia. De hecho, ciertos analistas consideran que sus victorias representan una reacción agresiva del mercado.

Lo cierto es que los proyectos de reducción de la burocracia y la simplificación administrativa de Milei y Noboa no entusiasman a la población. La denuncia de la crisis económica por parte del peronismo en Argentina y el miedo hacia Rafael Correa y su Revolución Ciudadana en Ecuador fueron armas para capitalizar los votos. Mientras que la inversión en criptomonedas del bukelismo no es una preocupación para los salvadoreños, su mano dura contra las pandillas ha disparado su popularidad.

En este contexto, la reciente aprobación en el Congreso de El Salvador de la reelección indefinida coloca a Bukele en la antesala de una autocracia cerrada. En Ecuador, Noboa pugna por un régimen híbrido y el populismo punitivo, mientras que en Brasil el bolsonarismo muestra músculo y cuestiona el papel de los jueces y el gobierno de Lula Da Silva.

En definitiva, el mundo se ha reconfigurado con el autoritarismo de ciertos líderes carismáticos, lo cual está dando lugar a una nueva era: el capitalismo autoritario.

Rechazo cortés: cómo América Latina está construyendo nuevas alianzas

América Latina se encuentra en un momento decisivo en el terreno geopolítico. En lugar de seguir subordinándose a los intereses de Estados Unidos y Europa, la región busca, discreta pero decididamente, forjar nuevas alianzas. Si bien su tono sigue siendo diplomático, la dirección es clara: alejarse de las dependencias arraigadas y avanzar hacia una mayor independencia y relaciones de igualdad. Lo que emerge no es una revuelta, sino una emancipación silenciosa.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el reajuste de la política exterior de muchos países latinoamericanos ha entrado en una nueva fase, no solo como una reacción directa al presidente estadounidense y sus políticas, sino también como una expresión de la creciente confianza de las naciones en sí mismas. En medio de un orden mundial cada vez más multipolar, los países entre México y Chile intentan reestructurar sus relaciones con los centros de poder globales. Existe una clara tendencia, particularmente en países liderados por gobiernos de izquierda: menos subyugación, combinada con más independencia. En lugar de vincularse unilateralmente con Estados Unidos como en décadas anteriores, muchos gobiernos buscan activamente alternativas económicas y políticas, ya sea con China, la UE o impulsando los lazos regionales. No se trata de una ruptura radical, sino de la búsqueda de una vía nueva y más equitativa.

Sin embargo, los frentes distan mucho de ser homogéneos. América Latina no es un bloque homogéneo, sino una región con desarrollos políticos, económicos y sociales muy divergentes. Esta tendencia se refleja en el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) 2024, que destaca claramente la desigualdad en la evolución política de América Latina. Mientras países como Colombia y Chile avanzan en materia de democratización y gobernanza, otros, como El Salvador, muestran tendencias autoritarias que afectan la estabilidad política.

La región sigue profundamente dividida ideológica, económica y estratégicamente. Países con gobiernos conservadores, como Ecuador, El Salvador y Honduras, están intensificando su cooperación con Estados Unidos, a menudo en el ámbito de la política de seguridad y con la participación de asesores militares estadounidenses. Por otro lado, gobiernos progresistas, como los de Brasil, Colombia y Chile, buscan cada vez más conectar con otras regiones del mundo. Sin embargo, esta división no se basa simplemente en líneas pro o antiestadounidenses, sino que se centra en el grado de soberanía que un país puede asegurar en un sistema internacional caracterizado por la dependencia y la competencia.

Nueva confianza en sí misma, viejos patrones

Una de las señales más visibles de la actual reorientación geopolítica de América Latina es la creciente importancia de China. En foros como la reunión China-CELAC, celebrada en Pekín en mayo, se pone de manifiesto la intensa cooperación que ya existe, no solo a nivel económico, sino también en materia de educación y políticas de seguridad. China está atrayendo socios con préstamos, inversiones en infraestructura, tecnologías digitales, educación y energías renovables. En los últimos años, se ha convertido en la principal potencia comercial de la región, construyendo megapuertos y áreas metropolitanas, y ya ha reemplazado a Estados Unidos como socio más importante en países como Brasil, Perú y Chile. Más de dos tercios de los países latinoamericanos forman parte de la «Nueva Ruta de la Seda» de China, una iniciativa global de infraestructura que ha ampliado el acceso estratégico a mercados y materias primas desde 2013.

En este contexto, Europa se ha convertido en un actor más que compite por la influencia en la región. En Berlín, ha aumentado la conciencia sobre la importancia estratégica de América Latina. El actual acuerdo de coalición enfatiza la «especial importancia» del continente, exige la conclusión del acuerdo UE-Mercosur y nombra explícitamente a Brasil, México, Argentina y Colombia como socios clave. La atención se centra en materias primas como el litio, la energía verde y la expansión de cadenas de valor estratégicas. Alemania impulsa una cooperación económica concreta, por ejemplo, en materia de hidrógeno o en asociaciones justas sobre materias primas. Sin embargo, también en este caso, el éxito de las ofertas europeas dependerá de si se entienden realmente como una asociación entre iguales, en lugar de una expresión más del interés europeo por monopolizar las materias primas. Los países latinoamericanos son conscientes de su papel estratégico y de las cartas que tienen en la mano en las negociaciones.

Al mismo tiempo, estados autoritarios como Nicaragua están aprovechando la apertura geopolítica para romper relaciones con Taiwán y forjar lazos más estrechos con China. Esto a menudo se hace con un guiño a la retórica de Pekín de respeto mutuo y no injerencia, valores que resuenan en una región con una larga historia de influencia externa. Sin embargo, utilizar la soberanía estatal como pretexto para restringir las voces críticas dentro y fuera del país es una herramienta esencial para regímenes autocráticos como Nicaragua y China. En el Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI), por ejemplo, ambos países obtienen sistemáticamente puntuaciones bajas en separación de poderes, libertad de expresión y libertad de prensa, así como en la participación de la sociedad civil.

Estos ejemplos demuestran que América Latina no es un bloque geopolítico. Los intereses nacionales, las constelaciones políticas internas y las estrategias de comercio exterior influyen en la región.

Soberanía a través de la diversidad

Un nuevo paradigma de política exterior parece estar ganando terreno en la región: la soberanía a través de la diversidad. América Latina no busca una ruptura con Estados Unidos; sus lazos económicos y culturales son demasiado profundos para ello. Sin embargo, ya no busca una lealtad incondicional, sino que los gobiernos optan por una política exterior pragmática.

No obstante, este nuevo rumbo no está exento de riesgos. Una proximidad excesiva a China puede generar nuevas dependencias tan restrictivas como la anterior dependencia de la región de Washington. El reto reside en cooperar con todos los actores sin subordinarse a ninguno. La participación de Gustavo Petro en la Cumbre de la CELAC en Pekín subraya esta ambición. El mandatario colombiano se pronunció a favor de una cooperación multilateral que no esté subordinada a ninguna gran potencia. Junto con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Chile, Gabriel Boric, enfatizó que América Latina estaba reivindicando su lugar en la estructura de poder global, no como un suplicante, sino como un socio con sus propias ideas de desarrollo, paz y prosperidad.

Cambio a través de la diversificación

En el nuevo marco geopolítico, América Latina se encuentra, por lo tanto, en proceso de redefinir su papel. Ya no es simplemente el receptor de los intereses de la política exterior, sino cada vez más un actor estratégico con su propia agenda. Sin embargo, la realidad sigue siendo compleja. Mientras algunos Estados se están abriendo en materia de política exterior y cultivando la diversidad diplomática, otros están recayendo en viejos patrones de cooperación militar con EE.UU., como Ecuador, Panamá y Perú. Los tres países negociaron recientemente maniobras conjuntas, intercambios de tecnología y entrenamiento militar con el Pentágono.

La tentación de recurrir a los económicamente más poderosos sigue siendo grande, independientemente de si estos centros de poder se encuentran en Washington, Pekín o Bruselas. Sin embargo, la región parece haber comprendido que la independencia geopolítica no se logra con retórica estridente, sino con una diversificación discreta pero constante. El hecho de que América Latina se pregunte ahora con quién quiere trabajar, en lugar de con quién tiene que hacerlo, puede marcar el comienzo de un nuevo capítulo: uno que se centre menos en la dependencia y más en tratar con los socios en igualdad de condiciones. Es un avance pequeño, pero abre el camino.

Raíces de la resiliencia: salvaguardando los manglares del Caribe

La región del Gran Caribe, que abarca el Golfo de México, el Mar Caribe y los Grandes Ecosistemas Marinos de la Plataforma Norte de Brasil, alberga al 26% de los manglares del planeta. Por ello, la urgencia de proteger estos frágiles ecosistemas es innegable. Entre 1980 y 2010 se perdieron en la región 7.000 km² de manglares a un ritmo de 230 km² por año. Si este ritmo continúa, los manglares podrían desaparecer por completo del Caribe en 60 años.

Los manglares son esenciales para la resiliencia climática: capturan carbono, reducen el riesgo de inundaciones y protegen la calidad del agua para las comunidades costeras. En el Caribe, constituyen una barrera crucial para las comunidades cada vez más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por la crisis climática. Además de la protección, estos ecosistemas apuntalan la seguridad alimentaria y el sustento económico de millones de personas en todo el mundo, actuando como criaderos naturales para casi 800 mil millones de peces, camarones, bivalvos y cangrejos cada año.

A menos de 100 días de que se celebre la COP30 en Belém, Brasil, la urgencia de acelerar la acción colectiva y mostrar resultados concretos nunca ha sido tan evidente. Como Embajador Global de Mangrove Breakthrough, estoy comprometido con nuestro ambicioso objetivo: movilizar 4 mil millones de dólares para proteger y restaurar 15 millones de hectáreas de manglares a nivel mundial para 2030. Más de la mitad de los 40 gobiernos nacionales y subnacionales que han respaldado la iniciativa provienen de América Latina y el Caribe, incluyendo Jamaica, República Dominicana, Cuba, México y Brasil, que ostenta la presidencia de la COP30.

Los manglares brindan un apoyo fundamental a las comunidades costeras que se encuentran en la primera línea de la crisis climática. En una región altamente vulnerable a huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos, los manglares actúan como barreras naturales vitales, protegiendo a las comunidades de inundaciones y vientos fuertes durante las tormentas, además de frenar la erosión. Además, pueden reducir la altura de las olas hasta en un 66%, proporcionando un soporte crucial para las zonas costeras a medida que sube el nivel del mar.

La protección y restauración de los manglares no solo es esencial para su propia supervivencia, sino también para la salud de los arrecifes de coral y las praderas marinas, que están funcionalmente vinculados y son igualmente vitales para la región. El Caribe alberga el 10% de los arrecifes de coral del mundo, y el ritmo actual de deforestación de manglares amenaza con devastar el funcionamiento, la pesca, la biodiversidad y la resiliencia de estos arrecifes.

Una mayor degradación de estos ecosistemas interconectados podría asestar un golpe devastador a los medios de vida que dependen de ellos. Las poblaciones de peces de manglares, de las que dependen muchas comunidades costeras, han ido disminuyendo con el tiempo. Un estudio realizado en 2020 por los Centros Nacionales de Ciencias Oceánicas Costeras reveló que la biodiversidad en una bahía de manglares en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos había disminuido entre un 30% y un 50% en comparación con tan solo unas décadas antes.

El turismo de manglares también ofrece importantes oportunidades económicas en el Caribe, una región donde esta actividad económica representa casi el 31% de su PIB. A nivel mundial, el turismo de manglares genera miles de millones de dólares de ingresos y decenas de millones de turistas cada año.

Los ecosistemas de manglares son sumideros de carbono cruciales, con la capacidad de almacenar hasta cuatro veces más dióxido de carbono que los bosques terrestres. Esta superpotencia los convierte en aliados clave para las naciones caribeñas que buscan cumplir sus objetivos climáticos nacionales e internacionales. Los países que aspiran a ser líderes climáticos ambiciosos deberían priorizar los manglares en sus políticas ambientales.

Si bien los ecosistemas de manglares del Gran Caribe han sufrido disminuciones significativas en las últimas décadas, los próximos años ofrecen una oportunidad crucial para sentar las bases de un futuro más resiliente. Tenemos un camino claro a seguir —a través de iniciativas como Mangrove Breakthrough y con la creciente voluntad política de muchas naciones— para proteger y restaurar estos bosques vitales. Los gobiernos de la región y de todo el mundo han respaldado nuestra iniciativa, al igual que decenas de instituciones financieras, ONG y organizaciones de investigación.

Para asegurar el futuro de las naciones caribeñas, debemos actuar con decisión para proteger los manglares que quedan y restaurar los que ya hemos perdido. El fracaso no es una opción. Al colaborar con organizaciones como la Asociación de Estados del Caribe para impulsar la cooperación regional, podemos adoptar soluciones basadas en la naturaleza que salvaguarden los manglares y los ecosistemas que sustentan. De este modo, sentamos las bases para una verdadera resiliencia, garantizando un futuro más seguro y sostenible para las generaciones venideras.

Morena, Sheinbaum y la justicia electa: ¿reforma democrática o concentración de poder?

Para el público occidental, las elecciones judiciales en México podrían sonar como una clara erosión de los valores democráticos. En particular, los principios rousseaunianos de separación de poderes, al menos desde un punto de vista filosófico, no aceptarían la elección popular de jueces y magistrados en todo el país. Teniendo en cuenta la hegemonía política que Morena, el partido gobernante, ha consolidado desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, e impulsada por la victoria de Claudia Sheinbaum en 2024, es esencial comprender la lógica detrás de este singular modelo de gobernanza democrática.

El sistema judicial vigente y los objetivos de la reforma

Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, el sistema judicial mexicano está arraigado en la tradición del derecho romano y civil, herencia del colonialismo español. En este sentido, puede afirmarse que la estructura judicial mexicana, antes de la reforma, se asemejaba plenamente a los marcos liberales predominantes en las naciones occidentales.

En materia de división de poderes, el artículo 49 de la Constitución mexicana de 1917 —nacida del periodo revolucionario— establece con claridad que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no pueden concentrarse en una sola persona. Este detalle legal es clave para afirmar que la reforma judicial mexicana no pretende distorsionar el orden constitucional por el que tanto se ha luchado y que se consolidó tras la Revolución Mexicana de 1910-1917, cuyo objetivo central fue derrocar al dictador Porfirio Díaz.

La reforma impulsada por AMLO y Sheinbaum implica una transformación acelerada de la estructura judicial. Los artículos 94 a 107 de la Constitución establecen tres niveles: la Suprema Corte, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Antes, el presidente de la República nominaba a los ministros de la Suprema Corte y el Senado los elegía. A nivel federal, los jueces locales eran seleccionados mediante exámenes organizados por el Consejo de la Judicatura Federal. Pese a su apariencia competitiva e independiente, el sistema judicial mexicano careció de verdadera autonomía durante los 79 años de gobierno del PRI y tampoco pudo escapar al nepotismo y al clientelismo.

Reticencias y cuestiones democráticas

Tras las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, la presidenta Sheinbaum defendió el experimento electoral alegando que el poder judicial mexicano padece un nepotismo endémico que genera una herencia dinástica de jueces nombrados que podría cubrir la mitad del sistema. Sus palabras cuentan con respaldo histórico y empírico: algunos estudios han encontrado correlación entre la presencia de familiares de jueces en el sistema y la baja productividad judicial, incluso en la Suprema Corte.

Cabe recordar que AMLO pudo presentar la iniciativa para autorizar la elección popular de jueces no solo por la hegemonía de Morena, sino también porque el 66% de la sociedad mexicana aprobó la medida. Sin embargo, elegir por voto popular a jueces desde tribunales locales hasta la Suprema Corte ha suscitado dudas sobre la división de poderes y las capacidades de los candidatos. Entre los requisitos para postularse destacan tener título de licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de 8/10 y, para la Suprema Corte, al menos tres años de experiencia profesional.

¿Es México el único país que elige a sus jueces?

La singularidad de las elecciones judiciales mexicanas mezcla exotismo y escepticismo, pero basta mirar al norte para relativizarla. Según la Universidad de Chicago, en Estados Unidos alrededor del 87% de los 10,000 jueces estatales enfrentan al electorado en algún momento de su carrera. Sin embargo, estas elecciones suelen estar mediadas por la dependencia de los partidos Republicano y Demócrata y sus primarias, lo que las hace menos directas que el modelo mexicano. De forma similar a México, Bolivia también elige por voto directo a miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. 

Este contexto demuestra que los mexicanos no son los únicos con el derecho de elegir directamente a sus representantes judiciales. No obstante, es posible que los contrapesos y la separación de poderes hayan cedido prioridad frente a la participación popular. En estándares europeos y occidentales, esta afirmación puede sonar como una reducción de la gobernanza democrática. Y dentro de México, las críticas han sido abundantes: votantes denunciaron confusión en las casillas debido al gran número de candidatos desconocidos.

Una valoración política

Las elecciones judiciales mexicanas no constituyen un patrón universal para comprender el rol ciudadano en la justicia a nivel global. Para interpretar la participación, es necesario considerar las características de México: diversidad étnica, gran extensión territorial —del árido norte a la costa caribeña— y una amplia gama de factores políticos, sociales y económicos que lo hacen un país heterogéneo.

A nivel nacional, solo el 13% del electorado votó, con baja participación en Chiapas —el estado más pobre— y en Sinaloa, afectado por la violencia. La elección también amplió la presencia de Morena en el poder judicial: de los 9 ministros electos para la Suprema Corte, 5 tienen vínculos directos o indirectos con AMLO y Morena. Dado que Morena ya controla el Congreso y varias gubernaturas, el riesgo para la separación de poderes es real, aunque presentarlo como una amenaza a la democracia es una lectura reduccionista de la política latinoamericana.

A pesar de la controversia, las elecciones permitieron que Hugo Aguilar, un jurista indígena, asumiera la presidencia de la Suprema Corte, algo inédito en un país históricamente poco diverso en sus cúpulas de poder. El regionalismo también influyó, y el Grupo de Puebla —una coalición de presidentes latinoamericanos de izquierda— elogió la medida para someter a jueces y magistrados a la rendición de cuentas públicas.

Si bien la etiqueta de populista puede aplicarse tanto a la motivación como a la ejecución de estas elecciones, también subraya el énfasis tradicional en la soberanía nacional, particularmente relevante en un momento complejo para la política exterior de México frente a las amenazas de la Casa Blanca de Trump.

Queda por ver si estas elecciones servirán como nuevo modelo de gobernanza para América Latina y el Sur Global o si marcarán el primer tropiezo de la administración Sheinbaum. En cualquier caso, analizarlas exige un grado considerable de relativismo cultural y conciencia del contexto político mexicano. Aunque el pueblo mexicano aprobó la creación de elecciones judiciales populares, el bajo nivel de participación revela que el entusiasmo por el principio no se tradujo en confianza en su implementación.

El tiempo dirá cuál será el legado de esta reforma y si los nuevos jueces, ahora bajo la lupa de votantes y medios, logran resultados tangibles. Por ahora, el mundo observa el intento de México por innovar el concepto de separación de poderes y ampliar la participación popular en el juego de la democracia, desafiando nociones eurocéntricas y liberales de contrapesos institucionales. Las consecuencias, positivas o negativas, de la reforma dependerán en gran medida de los resultados judiciales tangibles y de la relación de los tribunales con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Bolivia: cierre del ciclo del MAS y giro al centro político

El pasado domingo Bolivia asistió a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y 130 legisladores entre senadores y diputados. Los resultados sorprendieron porque el ganador fue Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 32,1% de los votos, al que ninguna de las más de 18 encuestas daban como líder. Los favoritos Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina lograron el 26,8% y el 19,8% de los votos respectivamente. Por su parte, aunque ya anunciado pero no por eso menos sorpresivo, el MAS sufrió la más humillante de las derrotas: de ser un partido dominante durante casi 20 años, se quedó con el 3,2% de los votos y obteniendo un solo diputado. 

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Como Rodrigo Paz logró ganar la elección? ¿Cómo fue que la oposición de derecha terminó perdiendo la elección? Durante todo el proceso electoral, Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Tuto Quiroga de LIBRE, que se ofrecían como la alternativa al MAS lideraron todas las encuestas. Esto hizo que a inicios de este año se generara gran expectativa respecto a una unidad de la oposición para “hacerle frente al MAS”. Esta iniciativa terminó fracasando y la imágen de ambos políticos ante la opinión pública se vio degradada por la disputa por intereses personales que podría abrir la posibilidad al MAS de mantenerse en el poder.

Ya en plena campaña, Quiroga y Doria Medina, quienes creyeron en las encuestas y se convencieron de que irían a la segunda vuelta electoral empezaron a atacarse y en las redes sociales se desató una guerra sucia con noticias falsas y calumnias mutuas. Mientras los candidatos mencionados se desgastaban, Rodrigo Paz estuvo fuera de la disputa logrando desplegar su prédica electoral sin mayores problemas ni turbulencias. Paz, propuso capitalismo para todos, o “platita para todos”, prometiendo mas subvenciones, reducción de impuestos y aranceles. Es decir una propuesta más cercana a la izquierda estatista que a la liberal de  Tuto y Samuel.

En este sentido y dada la crisis económica, la mayoría consideró que hacen falta políticas que reactiven la economía y estabilicen el tipo de cambio, una buena parte de la clase media y pobre sintió temor ante las propuestas de shock que agravarían aún más su (precaria) situación económica. Abiertamente, tanto Quiroga como Doria Medina, tomaron como ejemplo a seguir las propuestas radicales del presidente argentino Javier Milei. Paz con una propuesta mas moderada logró captar la atención de una buena parte del electorado.

Por otra lado, en esta elección se trató de proyectar renovación. Desde la izquierda con Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, ambos menores de 40 años y provenientes del tronco del MAS. Pero mientras que a del Castillo le jugó en contra el pesado lastre de ser el candidato del mal gobierno de Arce, a Rodriguez le pesó ser un candidato al que la derecha criticaba por su cercanía a Morales, al mismo tiempo que el mismo Morales lo acusaba de traidor. Mientras que en la derecha, no se podía hablar de renovación ni de ideas nuevas: Quiroga como Doria Medina viejos son políticos que han sobrevivido al agotamiento del sistema de partidos previo al ascenso de Evo Morales en 2006 y que ofrecían una receta, ya probada, como la desestatización y la economía de mercado. 

En este contexto, quien tenía las de ganar era el binomio del PDC compuesto por Rodrigo Paz y Edman Lara. Aunque Paz es un político fogueado con 26 años de trayectoria, sobre todo como líder subnacional, en el caso del ex capitán de policía Edman Lara se trataba de un clásico outsider que, con una prédica en redes sociales, había logrado colocarse como el adalid de la lucha contra la corrupción. Lara había denunciado previamente a miembros de la institución del orden por actos de corrupción y en agosto de 2024 fue dado de baja de forma definitiva de la Policía boliviana.

De todos modos, cuando se mira los datos desde una perspectiva territorial, se percibe que la disputa política en Bolivia tiene un fuerte componente regional. El PDC -MAS en su momento- ganó en departamentos como Oruro, Potosí y La Paz, más la populosa ciudad de El Alto con un promedio superior al 45%. En cambio, Quiroga y Doria Medina tienen buena votación en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, la otrora “media luna” donde un partido que viene de occidente siempre tiene problemas para llegar al electorado.

Rodrigo Paz y Tuto Quiroga definirán la elección en balotaje el 19 de octubre. El desafío para Paz radica en avanzar electoralmente sobre el departamento de Santa Cruz y los espacios urbanos más acomodados. Y para Quiroga, el reto se centra en convencer a los sectores medios y pobres, de las bondades de un modelo económico de mercado como alternativa al del MAS pero sin gran afectación a los sectores de menos ingresos. 

Luego de casi 20 años, la gente optó por clausurar el ciclo del MAS en el poder e iniciar otro que no es la de los extremos políticos, sino del centro político. Es una muy buena señal para el momento de crisis por el que atraviesa el país.

Del aguante a la resiliencia: el futuro del desarrollo en América Latina y Caribe

La trayectoria de desarrollo de América Latina y el Caribe atraviesa por una etapa de vulnerabilidad e incertidumbre sin precedentes.  Los significativos logros de décadas pasadas y la posibilidad de seguir progresando se ven amenazados por el impacto de las crecientes tensiones geopolíticas, desafíos estructurales pendientes y el incremento de crisis de distinta naturaleza —ambientales, políticas, sanitarias, tecnológicas y sociales— que se entrelazan y potencian entre sí, magnificando su impacto y desbordando la capacidad de respuesta de las instituciones. Ante este panorama, se impone una pregunta fundamental: ¿cómo proteger las ganancias en materia de desarrollo humano, al tiempo que se continúa avanzando dentro de esta nueva realidad?

La respuesta la encontramos en la propia esencia del concepto de desarrollo humano. Desde su formulación por los autores del primer Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD en 1990, los economistas Amartya Sen y Mahbub ul Haq, el foco de este concepto se centra en ampliar las capacidades de las personas para que podamos tener vidas que consideremos valiosas y significativas. No se trata solo de ingresos o bienes materiales, sino de salud, educación, participación, libertad y dignidad. Pero el desarrollo humano no es estático y puede estar sujeto a retrocesos.  Para proteger sus avances ante choques recurrentes y continuar ampliando capacidades, es esencial de dotar al desarrollo de resiliencia como requisito incondicional.

Más allá de resistir

En el contexto del desarrollo humano, la resiliencia no se reduce a resistir o aguantar los impactos sobrevenidos, ni a restablecer el estado anterior.  Es la capacidad y agencia del ser humano de disfrutar vidas valiosas de tal manera que pueda prevenir o mitigar el impacto de crisis, en su vida y la de su comunidad, y en caso dado, de poder recrear vidas valiosas y continuar prosperando.  Supone que las personas y comunidades podamos reorganizarnos, adaptarnos y seguir adelante, incluso —y, sobre todo— en medio de la adversidad. Un sistema es resiliente no porque sea inmune a los choques, sino porque sabe responder de forma efectiva, aprender de la experiencia y salir fortalecido.

Así como una casa es resiliente si, aun con materiales modestos, resiste el sismo, protege a sus habitantes y permite seguir viviendo, un sistema de salud lo es si ante una pandemia, pese a sus limitaciones, reorganiza sus recursos, moviliza a su personal, acoge voluntarios, solicita y absorbe ayuda externa, brinda apoyo psicológico, reconoce el esfuerzo colectivo y deja capacidades instaladas para enfrentar futuras emergencias. Lo esencial no es evitar todo daño -esto no sería posible-, sino reaccionar con sentido y fortalecer el sistema a partir de la experiencia. En conclusión, la resiliencia no se improvisa, se construye.

Agencia, capacidades y seguridad humana

Un desarrollo humano resiliente se sostiene sobre tres pilares fundamentales: las capacidades, la seguridad humana y la agencia. Las capacidades son las oportunidades reales que tenemos las personas para vivir una vida que consideramos valiosa: estar sanas, aprender, participar, trabajar con dignidad. La seguridad humana protege ese núcleo esencial frente a amenazas persistentes o repentinas, como el hambre, la violencia, los desastres naturales o las enfermedades. La agencia, por su parte, es la capacidad de actuar según los propios valores. No se trata solo de sentirse parte y poder elegir, sino de influir activamente en la propia vida y en el entorno: organizarse, participar en lo público, imaginar alternativas incluso en medio de la crisis.

Cuando las personas vivimos en contextos de limitación de libertades o de inseguridad —marcados por ejemplo por la violencia, la precariedad o la exclusión— nuestra agencia tiende a debilitarse. Podemos retraernos, desconfiar de los demás, desmovilizarnos o adoptar posiciones extremas. Por eso, una visión resiliente del desarrollo no puede limitarse a lo material: también debe fortalecer la confianza interpersonal y el sentido de pertenencia, el tejido emocional, relacional y cívico que nos permite actuar, decidir y reconstruir.

Un enfoque urgente para América Latina y el Caribe

La necesidad de incorporar la resiliencia al desarrollo humano es particularmente apremiante en América Latina y el Caribe. Sin una perspectiva resiliente, cada crisis puede significar pérdidas importantes de desarrollo. Por el contrario, si los agentes y actores del desarrollo integramos la resiliencia en nuestra gestión y accionar, es posible prepararnos mejor colectivamente, minimizar daños y transformar los sistemas a partir de cada experiencia.

Esto implica desde la perspectiva de la gestión pública, por ejemplo, que sus políticas públicas anticipen contextos de riesgos —como el diseño e implementación de sistemas educativos que funcionen también en contextos de emergencia; sistemas de protección social que expandan la capacidad de los hogares para sobrellevar crisis, y que tengan mecanismos preestablecidos para expandir beneficios a aquellos que son impactados, o sistemas de cuidados que faciliten la reintegración al mercado laboral. Asegurar redes de apoyo comunitario y mecanismos de ayuda mutua y, sobre todo, fortalecer las instituciones y capacidades personales y colectivas para anticipar, decidir, actuar y adaptarse.

Priorizar lo esencial, incluso con recursos escasos

La resiliencia desde la perspectiva de las políticas públicas requiere inversión, planificación y consensos en torno a una visión de largo plazo. Pero no siempre implica grandes esfuerzos presupuestarios aún en contextos fiscales limitados. La clave está en innovar y priorizar lo esencial: identificar qué capacidades deben protegerse a toda costa, qué servicios deben mantenerse incluso en crisis, qué vínculos deben fortalecerse antes de que se rompan. La innovación no es solo tecnológica. Es también social, institucional y territorial, y la región ya está aplicando instrumentos con gran potencial de escalabilidad e impacto para transformar realidades, ampliar capacidades y generar oportunidades donde antes había exclusión, como puede ser las aplicaciones innovadoras del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) o instrumentos de financiación inclusivos con impacto local.

El enfoque de resiliencia desde una perspectiva de desarrollo humano implica priorizar estratégicamente, tomar decisiones basadas en evidencia, y evitar la improvisación para garantizar impacto local y capacidad de agencia. Además, al dar un lugar explícito a la prevención, la preparación y la recuperación en la agenda de desarrollo y presupuestos públicos, los costos futuros de las crisis pueden reducirse significativamente.

Una brújula de esperanza para tiempos inciertos

El desarrollo humano resiliente protege y adapta el concepto clásico de desarrollo humano a los desafíos de hoy. Combina la mirada transformadora del desarrollo con la precaución de la seguridad humana y con el reconocimiento de las personas como agentes de su destino, aun en medio de la adversidad.

En un mundo con menos certezas, la resiliencia es una brújula ética, práctica y esperanzadora. Para América Latina y el Caribe, es también una oportunidad. No para resignarse al riesgo permanente, sino para convertir cada desafío en un punto de apoyo para sociedades más justas y cohesionadas.

El futuro no está escrito, lo construimos juntos. La resiliencia colectiva debe estar en el centro de nuestras respuestas: es clave para impulsar un crecimiento económico y prosperidad compartida; para una financiación y políticas públicas innovadoras que permitan prevenir, mitigar y reconstruir vidas tras una crisis; y para ampliar el sentido de pertinencia, aumentando la agencia y seguridad humanas. Solo desde la colaboración y la acción colectiva podremos construir un desarrollo y trayectorias de vida valiosas, dignas y resilientes para todas las personas.

Este artículo presenta un avance del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe.

Liderazgo en el exterior, caos en el interior

El presidente colombiano Gustavo Petro asumió recientemente la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Como parte de este esfuerzo más amplio por posicionarse como el líder de América Latina, Petro declaró durante una reunión de gabinete que realizaría su visita oficial a China como presidente de la CELAC, y agregó: «Ahora soy dos veces presidente: presidente de Colombia y presidente de América Latina y el Caribe». Esta autoproclamada doble presidencia resume la ambición diplomática de Petro de asumir un rol de liderazgo regional. De hecho, en tan solo seis meses, Petro ha realizado dos visitas oficiales a Haití, donde prometió apoyo para combatir la violencia de pandillas y anunció la reapertura de la embajada de Colombia en Puerto Príncipe. Estos gestos diplomáticos reflejan su visión de la solidaridad latinoamericana y la cooperación Sur-Sur.

Sin embargo, mientras Petro fortalece la presencia de Colombia en el exterior, su gobierno lucha por contener la creciente crisis de seguridad en su país. Los grupos armados están recuperando fuerza, la violencia aumenta y las instituciones responsables del orden público están fragmentadas. Si bien Petro busca elevar el papel de Colombia a nivel mundial y proyectarse como un líder en América Latina, un presidente no puede liderar en el extranjero si no ejerce control efectivo en el frente interno.

Una nación en crisis

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, asumió el cargo en el 2022 con una plataforma política que prometía un cambio transformador, incluyendo un nuevo enfoque al conflicto armado interno. Un elemento central de esta agenda es la iniciativa de la «Paz Total«: una política destinada a negociar la desmovilización y la reintegración de actores armados, tanto políticos como no políticos. Sin embargo, en la práctica, la política ha enfrentado importantes desafíos de implementación y no ha logrado contener el resurgimiento de la violencia.

Desde mayo de 2025, Colombia ha experimentado una ola de ataques por parte de actores armados, principalmente disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, junto con miembros del Clan del Golfo, entre otros. Esto ha incluido ofensivas armadas en varios departamentos, carros y motos bomba, así como ataques contra civiles, policías y funcionarios públicos, entre ellos el asesinato de Miguel Uribe, candidato presidencial.

Sin embargo, la crisis va más allá de la seguridad. El gabinete de Petro ha experimentado cambios frecuentes, dejando ministerios clave sin un liderazgo consistente y fuerte. Un emblema de esta tendencia es su relación con la vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer afrocolombiana en ocupar el cargo, que se ha deteriorado visiblemente. En otro tiempo aclamada como un fenómeno político, Márquez comentó recientemente: «Pasé de ser una heroína a una traidora», destacando su aislamiento del círculo íntimo de Petro y su creciente ausencia del liderazgo público.

Estas luchas internas también han obstaculizado su capacidad para lograr importantes victorias legislativas. Incluso su último proyecto de reforma judicial, destinado a revivir la política de «Paz Total», enfrenta críticas por su potencial reforzamiento de la impunidad.

No se puede liderar en el extranjero si no se puede gobernar en casa

Las instituciones colombianas se encuentran bajo una gran presión. El gobierno está políticamente fragmentado y no existe un marco claro para afrontar la crisis de seguridad con coherencia y autoridad. A pesar de estos desafíos, Petro ha ejercido un liderazgo activo en el exterior. Ha hecho de la cooperación Sur-Sur y la unidad regional un pilar fundamental de su política exterior. Durante la reciente cumbre de la CELAC, declaró: «Mi misión será ayudarnos a conectar a Latinoamérica y el Caribe con el mundo entero, ser un puente del mundo y ser un nosotros propio». Este comentario refleja su visión integradora del liderazgo, que busca articular la voz de la región en el escenario global. Sin embargo, su mensaje de inclusión se ve socavado por la situación interna.

Este patrón no es exclusivo de Petro. En toda América Latina, es común que los líderes busquen el liderazgo regional y reclamen ser la voz de la región en el exterior, incluso cuando la gobernabilidad interna se debilita. Si bien estos esfuerzos por fomentar la unidad y la cooperación son valiosos en una región marcada por la fragmentación y la polarización política, un gobierno que aspire a representar a América Latina a nivel global debe demostrar primero su capacidad para liderar a su población con coherencia y legitimidad.

La capacidad de Petro para liderar en el exterior se ve fundamentalmente comprometida por su incapacidad para gobernar en el país. Sin cohesión institucional y autoridad nacional, la diplomacia internacional carece de credibilidad. Abordar la crisis colombiana requerirá más que diplomacia simbólica o experimentación legislativa. Exige claridad institucional, inversión constante en el sistema judicial y aplicación efectiva de la ley.

Restablecer el orden interno requerirá más que titulares diplomáticos o liderazgos simbólicos. Requerirá una gestión clara e instituciones coordinadas, capaces de generar consenso en vez de amplificar la polarización. Un país no puede proyectar poder en el exterior mientras se desintegra en el ámbito interno. Lo que Colombia necesita no es mayor visibilidad diplomática, sino una acción coherente y sostenida en el ámbito nacional.

Orden y responsabilidad en tiempos de guerra

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“No basta con hablar de paz.  La declaración verbal debe ser seguida por acciones que dejen claro que esta paz debe existir no solo entre los pueblos, sino más aún —y especialmente dentro de ellos”. 

Konrad Adenauer, Discurso en el Bundestag alemán, 18 de agosto de 1961

La actual coyuntura está marcada por un retorno inesperado —aunque quizá predecible— de las viejas lógicas del poder. Guerras en Medio Oriente, rivalidades entre grandes potencias, militarización de la política internacional y una sensación creciente de incertidumbre estructural son síntomas de una nueva era de transición. En este mundo en tensión, marcado por conflictos visibles y otros más sutiles, cabe preguntarse: ¿qué principios deberían guiar la acción política? ¿Cómo responder a un entorno internacional que parece desbordar a los actores democráticos?

Una figura como Konrad Adenauer, arquitecto de la reconstrucción democrática de Alemania en la posguerra y uno de los grandes promotores del orden liberal occidental, es por estas horas un buen refugio para buscar algunas claves para leer este momento con mayor claridad. Lejos de nostalgias, su pensamiento —basado en la responsabilidad moral, el respeto al derecho internacional y el compromiso con la libertad— es hoy más vigente que nunca.

Entre Teherán y Washington: la guerra que vuelve

La escalada reciente entre Estados Unidos e Irán (por las tensiones entre Israel y Palestina tras el ataque del 7 de octubre de 2023), ha devuelto a Medio Oriente a un punto de máxima ebullición. Siempre fue una región compleja, pero ahora se ha exacerbado. El ataque de Washington a instalaciones iraníes se inscribe en una estrategia de contención ante el creciente activismo militar de Irán. Sus tentáculos —desde el Líbano hasta Yemen— han sido catalizadores del actual deterioro regional.

Sin embargo, más allá del enfrentamiento puntual, lo que está en juego es el futuro del orden internacional. ¿Las normas, los acuerdos y la diplomacia pueden seguir siendo instrumentos eficaces? ¿O el mundo se encamina hacia una nueva lógica de poder basada en la fuerza? Siguiendo la filosofía de Adenauer, se podría decir que donde no hay derechos, existe violencia, ya que la propia vulnerabilidad de derechos encarna en sí misma una forma de violencia. Y donde hay violencia, la libertad desaparece.

Desde esta óptica, las acciones unilaterales, aunque puedan parecer necesarias en términos tácticos, solo pueden ser justificadas si están orientadas a restaurar un orden de derecho. En caso contrario, refuerzan la erosión del multilateralismo y siembran el caos que los enemigos de la democracia desean aprovechar.

América Latina: una irrelevancia estratégica (¿o peligrosa?)

Mientras el mundo se reconfigura, América Latina parece caminar en dirección contraria a la historia. La región ha perdido peso estratégico, no solo en términos económicos o militares, sino —lo más llamativo— en términos de influencia política y diplomática.

Esta marginalidad no es casual. Es el resultado de una acumulación de errores: fragmentación regional, falta de visión estratégica y una progresiva renuncia al debate internacional. Lo que hay de integración regional tiene un exceso de componente político, con baja coordinación y casi nulo foco económico y comercial. Basta con ver que en la región el comercio intrarregional representa aproximadamente 15% de las exportaciones totales de la región, una cifra muy baja en comparación con otras regiones emergentes como Asia Oriental y el Pacífico, donde la cifra asciende al 50%. Por lo que no solo políticamente América Latina está ausente, económicamente ya es irrelevante.

Desde la perspectiva de Adenauer, esta actitud pasiva sería inaceptable. Él comprendía que el respeto internacional no se pide, se construye. Su política exterior —basada en principios firmes pero pragmática en la forma— buscó posicionar a Alemania como un actor confiable y activo en el mundo occidental. En su legado, hay una advertencia para la región: la neutralidad en tiempos de conflicto moral es complicidad.

América Latina, con sus democracias imperfectas, pero aún vitales, debería alzar la voz en defensa del derecho internacional, condenar sin ambigüedad las violaciones a la soberanía y participar activamente en las instancias multilaterales. No para alinearse ciegamente con ninguna potencia, sino para reafirmar su pertenencia al mundo libre.

Libertad y orden: valores occidentales bajo amenaza

Adenauer creía que la libertad no es posible sin orden, y que el orden solo puede sostenerse sobre instituciones legítimas y democráticas. Hoy, ese equilibrio está amenazado. Actores como Rusia o Irán (y su influencia en países de América Latina como Venezuela y Cuba) promueven modelos de gobernanza autoritaria que desprecian los derechos humanos, manipulan la información y utilizan la fuerza como argumento.

El peligro no es solo externo. También se manifiesta en la creciente polarización interna de muchas democracias, en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y en la facilidad con que la verdad es desplazada por la posverdad. En este contexto, defender los valores occidentales implica más que proclamas: requiere acción coherente, pedagogía cívica y compromiso sostenido.

La libertad significa también responsabilidad. Esta responsabilidad no es solo de los gobiernos. Es de las élites, de la sociedad civil, de los medios, de la academia. Es un esfuerzo colectivo por sostener un sistema que, con todos sus defectos, ha sido el más exitoso en promover la paz, la prosperidad y la dignidad humana.

La necesidad de una política exterior con principios

Para Adenauer, la política exterior debía ser extensión de los valores internos. Su europeísmo no fue coyuntural: creía en una comunidad de destino basada en la cooperación, la democracia y el Estado de derecho. Por eso promovió la reconciliación franco-alemana, la integración europea y la alianza transatlántica.

América Latina necesita esa claridad. No puede seguir atrapada entre el aislacionismo y la dependencia. Debe construir una política exterior basada en principios: defensa de la democracia, respeto a los derechos humanos, compromiso con el medio ambiente, impulso al multilateralismo. Pero también debe ser estratégica, consciente de sus intereses y capaz de articularlos regionalmente.

Esto exige profesionalizar la diplomacia, fortalecer los mecanismos de integración, invertir en capacidades analíticas y renovar la narrativa sobre el rol de la región en el mundo. El continente no debe ser espectador de la historia: puede —y debe— ser protagonista de un orden mundial más justo, si sabe ejercer con responsabilidad su libertad.

Un llamado a la acción

El mundo está en guerra. Una guerra que va más allá de los misiles y los ejércitos. Es una guerra de relatos, de modelos de sociedad, de valores. En ese combate, la neutralidad no es una virtud, es una renuncia.

La mirada de Konrad Adenauer nos recuerda que la política exterior no es un juego de poder frío, sino una herramienta moral. Que el orden no es autoritarismo, sino el marco para la libertad. Y que, frente a las crisis, la respuesta no es el repliegue, sino la acción responsable. En este sentido resulta fundamental avanzar en alianzas entre países que compartan una visión cercana del mundo (por ejemplo, basada en la democracia liberal). Adenauer decía: “Sólo quedó una vía para salvar nuestra libertad política, nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida, desarrollada desde hacía muchos siglos, y que tenía como base un concepto cristiano y humano del mundo: una firme conexión con los pueblos y países que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre estado, persona, libertad y propiedad”.

Por el lado de América Latina aparece el deber de volver al mundo. No como furgón de cola, sino como espacio de diálogo, de principios y de compromiso democrático. La historia no espera. Y la libertad, como enseñó Adenauer, siempre tiene un precio. La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo.