Infiltración silenciosa: los ‘brokers’ criminales y su impacto en la economía formal 

Henry M. Rodríguez
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Infiltración silenciosa: los ‘brokers’ criminales y su impacto en la economía formal 

La creciente sofisticación de las redes criminales en América Latina ha propiciado la aparición de brokers especializados en el lavado de activos, que actúan como intermediarios clave entre los cárteles y el sistema financiero formal. Estos individuos, provenientes en muchos casos de sectores empresariales y financieros, diseñan esquemas transnacionales que combinan comercio internacional ficticio, complicidad institucional y tecnologías de evasión para legitimar capitales ilícitos. Su influencia va más allá del blanqueo de capitales: han permeado en los mercados legales e ilegales a través de la manipulación de los flujos comerciales y financieros.

Casos como la desarticulación de la estructura Brokers en Colombia, que movilizó 98 millones de dólares, y la captura del broker Zhi Dong Zhang, vinculado a cárteles mexicanos, evidencian la magnitud de estas actividades ilícitas, que están reconfigurando los sistemas comerciales internacionales a partir de la infiltración de las cadenas de suministro globales, el aprovechamiento de los vacíos regulatorios y la corrupción sistémica de la región. Tal panorama nos plantea un desafío impostergable: fortalecer los marcos regulatorios y la cooperación internacional para combatir eficazmente estas amenazas a la estabilidad económica y social de Latinoamérica.​

Anatomía operativa de los ‘brokers’ del narcotráfico

Los brokers del crimen organizado han evolucionado. Más allá del lavado de activos, operan como arquitectos financieros de redes transnacionales. Su perfil multidisciplinario abarca finanzas, comercio exterior y logística, lo cual les permite utilizar empresas legítimas para enmascarar flujos ilícitos, como ocurrió con el broker colombo-australiano apodado Four, que entre 2019 y 2021 logró coordinar diez operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina, usando empresas legítimas de exportación de pescado seco y madera, en Colombia, Ecuador y México. Su modus operandi incorporó manipulación documental e infiltración de estructuras aduaneras corruptas con sobornos.

Esta capacidad de operar bajo una apariencia legítima no es un caso aislado. La integración de estos actores en sectores económicos formales amplifica su capacidad de evasión. Así se evidenció en el caso de los brokers colombianos detenidos en 2021 que empleaban compañías de marroquinería para justificar transferencias mediante contratos ficticios con México, Costa Rica y Panamá. En Colombia, los brokers también han perfeccionado un modelo de doble contaminación que refuerza la opacidad del lavado de activos. En una primera fase, empresas fachada en el extranjero simulaban transacciones comerciales para justificar el ingreso de capitales ilícitos. Posteriormente, contadores y banqueros corruptos manipulaban registros financieros para legitimar los fondos como ganancias empresariales. Según la Fiscalía, el 1 % del monto lavado se destinaba a sobornos para asegurar la continuidad del esquema, sacando provecho de la complicidad institucional.

Sin embargo, el patrón de ocultamiento financiero no se limita a América Latina. La operación Fortune Runner, en Downey, California, expuso una red de lavado de activos que vinculó bandas chinas con el Cártel de Sinaloa. Su estrategia consistía en el uso de códigos cifrados en bolsas de regalo para mover $226.600 por transacción, evitando el transporte físico de efectivo y utilizando cuentas bancarias en Hong Kong y Malasia. Este esquema de hawala moderna combinaba transferencias electrónicas con ajustes de cuentas en paraísos fiscales, minimizando riesgos de incautación y permitiendo una circulación fluida de capitales ilícitos a escala global.

Casos paradigmáticos de operación transfronteriza

La captura en 2024 de Zhi Dong Zhang en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, reveló un punto clave en la infraestructura financiera y logística del narcotráfico global. Este broker chino-mexicano operaba como un intermediario esencial en la importación de precursores químicos desde Guangdong (China) y Dhaka (Bangladesh) para los cárteles de Sinaloa y CJNG. Su esquema incluía empresas fantasmas registradas en zonas económicas especiales chinas para justificar transacciones de químicos no controlados, sobornos a inspectores aduaneros en Manzanillo y Lázaro Cárdenas para facilitar el ingreso de insumos sin supervisión, y triangulación financiera a través de cuentas en paraísos fiscales, donde el 40 % de los pagos se realizaban con criptomonedas.

Este caso evidenció la creciente interdependencia entre los brokers de drogas y los de lavado de activos. Zhang, además de suministrar precursores químicos, gestionaba el blanqueo de utilidades mediante inversiones en bienes raíces de lujo en destinos estratégicos como Puerto Vallarta y Cancún. Su modelo reflejó la evolución del crimen financiero y puso en evidencia cómo las barreras entre el narcotráfico y la economía formal pueden desdibujarse con sofisticadas redes de corrupción y estructuras comerciales legítimas. 

Asimismo, la investigación internacional contra Four expuso cómo estas redes explotan fallas estructurales en el comercio legítimo para maximizar su operatividad. Una de sus estrategias clave fue el hijacking de exportaciones, infiltrando a una exportadora colombiana legal de pescado seco para insertar cocaína en embarques con destino a Hong Kong, sin el conocimiento de sus propietarios. A esto se sumaba la manipulación de documentos regulatorios, mediante la falsificación de certificados sanitarios y listas de empaque de productos como madera y tequila para sortear controles aduaneros y aprovechar la confianza en sellos oficiales.  

Por si fuera poco, Four desplegó tácticas avanzadas para garantizar el éxito de los envíos ilícitos, incluyendo la cooptación de transportistas y capitanes de buques petroleros. Estos últimos desviaban cargamentos en altamar, utilizando dispositivos GPS adulterados para evitar alertas en los sistemas de monitoreo marítimo. La sofisticación de su modelo llegaba a estructurar proyectos llave en mano para cárteles, con un costo estimado de $8,5 millones por el transporte de dos toneladas de cocaína a Australia, contemplando sobornos, logística marítima y seguros contra incautaciones. 

Medidas de contención ante los impactos sistémicos

En Colombia, los brokers vinculados al narcotráfico han utilizado compañías de marroquinería para vender productos hasta un 60 % por debajo del costo real, desplazando a empresas legítimas mediante inyecciones de capital ilícito. Un patrón similar se observa en México, donde tiendas de electrodomésticos y agencias de viajes operan como pantallas para blanquear dinero, alterando las dinámicas comerciales y favoreciendo a estructuras criminales que se fortalecen a expensas del tejido empresarial formal.

Por su parte, la infiltración de brokers en entidades financieras ha sido evidente: en Colombia, empleados bancarios creaban falsas alertas tempranas para desviar investigaciones, mientras que contadores públicos certificados validaban estados financieros adulterados para legitimar flujos de dinero ilícito. Y en México, la operación Fortune Runner expuso cómo brokers chinos lograron cooptar a ejecutivos de bancos internacionales, acelerando transacciones sospechosas y minimizando los riesgos de detección dentro del sistema bancario global.

La innovación tecnológica ha potenciado aún más la evasión regulatoria, permitiendo a estas redes criminales mantenerse un paso adelante de las autoridades. Los brokers han liderado la adopción de herramientas como aplicaciones cifradas —incluyendo ANOM, intervenida por el FBI en 2021— para coordinar operaciones transnacionales con total sigilo. También han incorporado finanzas descentralizadas mediante mixers de criptomonedas y stablecoins, fragmentando flujos monetarios para dificultar su rastreo. Incluso, han perfeccionado la falsificación digital, manipulando metadatos en documentos PDF para evadir controles aduaneros basados en OCR. No es cualquier infraestructura, es un ecosistema financiero paralelo que está desafiando los marcos regulatorios tradicionales.

Estrategias de mitigación y cooperación internacional

El combate contra el lavado de activos y la operación de brokers criminales exige una cooperación transnacional más robusta. La experiencia de la Operación Ironside en Australia demostró que el intercambio de bases de datos financieras y el uso de inteligencia artificial puede identificar patrones sospechosos con mayor precisión. A su vez, estrategias como el cruce automatizado de declaraciones de exportación con reportes reales de embarques permitirían detectar irregularidades antes de que los fondos ilícitos se integren al sistema financiero global, y debilitarían las estructuras de lavado en sus etapas iniciales.

El sector privado también debe asumir un rol más activo en la prevención, reforzando la debida diligencia en sus cadenas de suministro. Es clara la necesidad de establecer auditorías externas en socios comerciales y la adopción de estándares como ISO 37001 contra sobornos. En paralelo, reformas legales deben endurecer sanciones para profesionales que faciliten operaciones ilícitas, incluyendo certificaciones obligatorias, responsabilidad solidaria de firmas contables y esquemas de protección a denunciantes en el sector financiero.

Sin embargo, la evolución constante de estos mercados ilícitos presenta nuevos retos. La fragmentación de cárteles ha impulsado la demanda de brokers independientes, creando un ecosistema de servicios criminales cada vez más diversificado. De igual manera, las redes criminales siguen innovando: desde esquemas de lavado verde con bonos de carbono falsos hasta el uso de deepfakes para suplantar a ejecutivos en autorizaciones bancarias. A pesar de que las recientes capturas de Zhang y la desarticulación de células en Colombia reflejan avances, el desafío radica en desarrollar respuestas igual de dinámicas, que combinen inteligencia artificial, marcos legales ejecutables y una mayor responsabilidad corporativa en la vigilancia de sus operaciones.

Integración del Gran Caribe: una respuesta estratégica ante el contexto global

Manuel Alcántara
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Integración del Gran Caribe: una respuesta estratégica ante el contexto global

La disrupción trumpista instaurada a partir del pasado 20 de enero ha traído consigo el socavamiento del orden internacional establecido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, y más allá de su compleja historia colonial y sus estructuras institucionales heredadas, el momento actual exige a la región del Gran Caribe una acción coordinada, audaz y sostenida para que se consolide como un actor geoestratégico relevante a nivel global.

El orden que emergió a lo largo de los años que siguieron a 1945, dio cabida a la floración de un número importante de nuevos Estados, fruto del proceso generalizado de descolonización. En el caso de las Américas, el número de Estados integrados en la comunidad internacional prácticamente se duplicó, muchos de ellos con costas en el mar Caribe y con una herencia colonial de potencias como Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos.

El diverso legado colonial enfrentaba a los países previamente configurados bajo influencia fundamentalmente española con los nuevos Estados. Esta situación dio lugar a un crisol cultural de enorme riqueza que, no obstante, ponía en contraste la peculiaridad continental con la insular. A ello se sumaban contrastes institucionales derivados de los modelos políticos heredados ya que las antiguas colonias británicas adoptaron sistemas parlamentarios, con efectos diferenciados en la distribución del poder y la capacidad de respuesta ante crisis políticas.

Otro factor relevante en el ámbito internacional es la histórica consideración de Estados Unidos del Caribe como un mar interior, visión que se consolidó a mediados del siglo XIX al convertirse en una vía estratégica de conexión entre las costas atlántica y pacífica durante la expansión territorial estadounidense. Esta lógica geopolítica se reafirmó con la construcción del canal de Panamá a inicios del siglo XX y dio lugar a múltiples intervenciones en la región. La más contundente reacción a esta presencia fue la revolución cubana de 1959 aunque en las décadas siguientes, la región vivió episodios de alta tensión con las intervenciones militares estadounidenses en República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989). En ese contexto, y con la idea de los países y territorios caribeños de promover la integración política, económica y social, se creó, en 1973, la Comunidad del Caribe (CARICOM) entre 15 Estados miembros y 5 asociados, todos ellos insulares.

El interés estratégico de Estados Unidos en la región se diluyó con la llegada del siglo XXI y la entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, que coincidieron con la irrupción del proyecto chavista en América Latina. En el Caribe, esto se tradujo en la influencia de PDVSA a través de PetroCaribe, lanzado en 2005 como parte de la iniciativa ALBA, que aproximó a quince de los estados caribeños al Socialismo del siglo XXI hasta su interrupción de actividades en 2019.

La muerte de Hugo Chávez y, sobre todo, la caída del precio del petróleo cambió el panorama regional, abriendo espacio para una mayor cooperación entre los estados caribeños. Este nuevo contexto se consolidó en torno a dos desafíos clave: la creciente conciencia sobre los riesgos del calentamiento global y la atracción del mercado laboral estadounidense para una población dispuesta a emigrar, debido al limitado desarrollo económico de los Estados y regiones bañados por el Mar Caribe, dependientes en gran medida del sector turístico.

A inicios de 2023, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el aumento del nivel del mar amenazaba con “un éxodo masivo de dimensiones bíblicas”, una realidad que ya comienza a manifestarse en el archipiélago panameño de San Blas. Las proyecciones del cambio climático anticipan escenarios críticos en el corto plazo. Paralelamente, la redenominación imperial del golfo de México por la del golfo de América por parte de Trump, revalida la vocación hegemónica de Estados Unidos sobre la región y revitaliza el destino manifiesto de hace más de un siglo.

Ambos aspectos representan desafíos evidentes para la Asociación de Estados del Caribe, cuyo devenir, a lo largo de sus tres décadas de existencia, ha languidecido entre los avatares ya descritos, en línea con los escasos logros de otros procesos de integración regional en el continente. Los 25 Estados miembros y los 10 asociados reafirman su compromiso con la soberanía, el multilateralismo y la unidad en la diversidad, en un momento especialmente crítico. Su próxima cumbre en Cartagena, en un momento en el que el paroxismo del (des)orden internacional sigue alcanzando cotas insólitas, no debe suponer un encuentro más concluido con declaraciones retóricas carentes de compromisos reales.

En la agenda política inmediata, los Estados del Caribe enfrentan tres retos que, en mi opinión, deben abordar. El primero se refiere a la consolidación de su proceso de institucionalización como una asociación con una estructura de gobernanza permanente y sólida, que cuente con mecanismos de toma de decisiones ágiles y con un modelo representativo equilibrado de los Estados miembros, sin dejar de considerar, mediante una adecuada ponderación, el tamaño de cada país. El segundo reto tiene que ver con la confrontación desigual que impone la relación actual con Estados Unidos y su intención de restaurar el «destino manifiesto» en la región; un ejemplo de ello es la situación ocurrida en torno al cambio de denominación del Golfo de México. Finalmente, la apuesta inequívoca por el multilateralismo debe traducirse en la movilización de acciones conjuntas para hacer frente a los desafíos más apremiantes del Gran Caribe: mejorar la mitigación del riesgo de desastres, avanzar hacia una economía azul sostenible, enfrentar con decisión el cambio climático, fortalecer las soluciones de conectividad en transporte y comercio, y consolidar un turismo verdaderamente sostenible e inclusivo. El multilateralismo, más que un principio, debe ser una herramienta activa para la transformación de la región.

El heterogéneo pasado, el avance del credo democrático en la mayoría de sus Estados miembros y la ausencia de un liderazgo claro —factor que, a su vez, facilita un diálogo horizontal y puede simplificar el proceso de toma de decisiones— constituyen, sin duda, un estímulo para impulsar estas líneas de cooperación que requieren decisiones urgentes y enérgicas.

El inicio de una nueva fase en las relaciones entre América Latina y China

Daniel Morales Ruvalcaba
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El inicio de una nueva fase en las relaciones entre América Latina y China

Desde su creación en 2014, el Foro China-CELAC (FCC) ha transitado por tres etapas clave que delinean su evolución. La primera reunión ministerial, realizada en Beijing en 2015, sentó las bases normativas del mecanismo, estableciendo su carácter intergubernamental y voluntario. En la segunda, celebrada en Santiago de Chile en 2018, se consolidaron áreas prioritarias de cooperación y se vinculó al Foro con la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La tercera, desarrollada de manera virtual en 2021, actualizó la agenda en un contexto pandémico, incorporando nuevos temas como salud, digitalización y sostenibilidad.

Tras un periodo de relativa inercia, la Cuarta Reunión Ministerial —celebrada el 13 de mayo de 2025 en Beijing— representó un punto de inflexión tanto por su ambición como por su proyección estratégica. Es clave recordar que la Reunión Ministerial constituye el nivel más alto de deliberación del mecanismo, al congregar a los cancilleres de China y de los países latinoamericanos. En esta edición, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, presidió los trabajos, destacando que, como países en desarrollo y miembros del Sur Global, China y América Latina deben coordinar esfuerzos para defender sus derechos e intereses legítimos. Como resultado del encuentro, se adoptaron dos documentos fundamentales: la Declaración de Beijing y el Plan de Acción Conjunto 2025–2027, aprobados por los 33 países participantes, con la excepción de Argentina, que decidió no adherirse a los textos.

Aunque el FCC posee un diseño eminentemente ministerial, ocasionalmente adquiere una dimensión política más amplia, con la participación de jefes de Estado y de gobierno. Tal fue el caso en esta edición, en la que la intervención del presidente Xi Jinping —anfitrión y figura central del encuentro— imprimió un carácter estratégico al foro y trazó su hoja de ruta futura. Ante desafíos globales como el unilateralismo, las guerras comerciales y la crisis climática, Xi propuso una arquitectura de cooperación basada en cinco programas estratégicos que combinan objetivos políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad.

En primer lugar, el Programa de la solidaridad, refleja la dimensión política. Al respecto, Xi Jinping subrayó que “China se dispone a seguir apoyándose mutuamente con ALC en las cuestiones tocantes a nuestros respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales”. Esta postura contrasta con enfoques más restrictivos promovidos por Estados Unidos, como en la IX Cumbre de las Américas (2022), donde fueron excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, la cita en Beijing se inscribe en una secuencia diplomática activa que incluye la cumbre del G20 en Río (noviembre 2024), APEC en Lima (noviembre 2024) y la próxima cumbre de los BRICS en julio de 2025, también en Río. Lejos de gestos simbólicos, esta frecuencia de encuentros revela una estrategia convergente de inserción global por parte de China, basada en alianzas regionales sostenidas.

En segundo lugar, el Programa del desarrollo engloba la dimensión económica. Este eje busca promover la cooperación en crecimiento, inversión y transformación productiva, expandiéndose hacia sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la economía digital y las energías limpias. Xi anunció una línea de crédito de 66 mil millones de yuanes para apoyar el desarrollo regional, lo cual constituye no solo un aporte financiero, sino una clara señal de confianza en América Latina en un contexto de fragmentación comercial y reconfiguración de cadenas globales de valor.

En tercer lugar, el Programa de las civilizaciones expresa la dimensión cultural en los acuerdos de cooperación. Beijing impulsa un diálogo intercivilizatorio sustentado en la igualdad, el aprendizaje mutuo y la inclusión. Esto se traduce en iniciativas como las Temporadas de Arte Latinoamericano en China, proyectos conjuntos de conservación patrimonial y estudios comparativos sobre civilizaciones antiguas. En una región históricamente influida por el ideario cultural estadounidense, esta estrategia busca diversificar los referentes simbólicos, fortalecer el soft power chino y proyectar una imagen más cercana y respetuosa en América Latina.

En cuarto lugar, el Programa de la paz evidencia la dimensión de seguridad que cobra creciente relevancia. Este eje marca una evolución cualitativa en la proyección china hacia la región, al abordar temas de seguridad no tradicionales desde una perspectiva de cooperación. Basado en el respaldo a la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz” (CELAC, 2014), China propone fortalecer la colaboración en áreas como ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Este enfoque refuerza los principios de no injerencia y resolución pacífica, alineándose con necesidades concretas de los Estados latinoamericanos.

En quinto lugar, el Programa de los pueblos expresa la dimensión social. Este componente consolida la conexión social entre China y América Latina mediante becas, formación técnica, capacitación de profesores de chino y proyectos comunitarios. La incorporación del turismo como eje de trabajo —con la futura implementación de una política de exención de visado para cinco países latinoamericanos— resalta la intención de promover el intercambio directo entre poblaciones.

Los cinco programas delineados por Xi Jinping —solidaridad (política), desarrollo (economía), civilizaciones (cultura), paz (seguridad) y pueblos (social)— configuran una arquitectura integral que proyecta a China como un socio multidimensional para América Latina. Esta visión estratégica se sustenta en una relación económica ya consolidada: en 2024, el comercio bilateral superó los 500 mil millones de dólares, alcanzando la meta planteada una década atrás. En este contexto, se prevé la publicación de la tercera edición del Libro Blanco sobre América Latina y el Caribe, documento que complementará los compromisos asumidos en la declaración final y el Plan de Acción adoptados en Beijing.

Así, la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC no marca el cierre de una etapa, sino el inicio de una nueva fase en la relación sino-latinoamericana. El alcance y la calidad de esta fase dependerán de la capacidad de los actores latinoamericanos para insertarse de manera estratégica y proactiva en la propuesta china. La oportunidad está planteada.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

Narración digital y giro emocional: el arte de conquistar el poder en América Latina

Darvin Antonio Sánchez
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Narración digital y giro emocional: el arte de conquistar el poder en América Latina

En la era de TikTok y los medios digitales, para generar engagement lo que importa  es contar una buena historia, emocionar e impactar. A este fenómeno podríamos llamarlo el ascenso del digital storytelling (narración digital) y en política ha implicado una transformación en la comunicación donde la emoción y la performance han pasado a ser cruciales para conquistar simpatías políticas. Dos líderes latinoamericanos encarnan esta nueva tendencia con especial claridad: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y el de Argentina Javier Milei. Ambos han convertido las redes sociales en su escenario principal.

La relación entre emoción, política y redes sociales ya había sido observada por el sociólogo Manuel Castells en Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de Internet hace más de una década, pero en la actualidad, autores como BJ Fogg, Brian Massumi, Zeynep Tufekci y Zizi Papacharissi han ampliado este campo de estudio, mostrando cómo los medios digitales no solo transmiten ideas, sino que movilizan afectos y configuran públicos emocionales.

En este contexto, es clave prestar atención a las sensibilidades presentes en las narrativas digitales. Esta combinación —narración estratégica y apelación afectiva— no es nueva: lleva tiempo aplicándose con éxito en el marketing digital. Lo que observamos ahora es que esta lógica se ha trasladado con fuerza a la política, donde contar historias emocionalmente resonantes se convierte en una táctica clave de persuasión y viralización.

Las plataformas están diseñadas para amplificar lo que emociona. El algoritmo premia lo que provoca reacciones intensas: likes, compartidos, comentarios viscerales. Por ello, los contenidos publicados en las cuentas en redes sociales de Bukele y Milei son breves, directos y muchas veces agresivos. Más que informar, buscan provocar. Su comunicación es esencialmente performativa: cada gesto, cada frase, tiene una función dramática.

Bukele y Milei son más que simples comunicadores eficaces, son dos auténticos storytellers digitales políticos que entienden que gobernar hoy también significa construirse como personaje narrativo capaz de generar identificación emocional, polémica y espectáculo.

Son personajes cuidadosamente construidos para impactar en plataformas como TikTok, X, Instagram y Facebook. Por ejemplo, Bukele ha despedido funcionarios por medio de X, difunde inauguraciónes de obras públicas en TikTok y postea discursos en clips breves y contundentes que recorren toda la región. Milei, por su parte, siguiendo los consejos de su estratega digital, Iñaki Gutiérrez, sube videos sin edición, cortos, directos y “auténticos”. La idea es verse genuino. No es espontaneidad: es una actuación estratégica de la espontaneidad.

Ambos presidentes han comprendido un tema fundamental: en las redes sociales, el éxito no depende solo de la profundidad de un argumento, sino de la capacidad de generar conexión emocional. Por eso, sus discursos apelan directamente a las pasiones: rabia, esperanza, miedo, orgullo. Y, sobre todo, indignación.

Además, frases como —“la casta”, “el presidente más cool del mundo”, “el socialismo es una enfermedad del alma”— funcionan como palabras claves, como etiquetas pensadas para circular, viralizar y posicionarse en buscadores. Son contenidos emocionalmente cargados, diseñados para ser reproducidos por la lógica misma de las plataformas.

Esta nueva forma de hacer política tiene un trasfondo más profundo. Bukele y Milei no solo gobiernan: actúan como redentores, como héroes de una historia en la que ellos solos enfrentan al mal. Esta narrativa heroica es simple y poderosa: el país está roto, la clase política es corrupta y solo ellos pueden salvarlo. No importa si las soluciones que proponen son viables. Lo que importa es que la historia suene creíble emocionalmente.

Y esta narrativa tiene éxito porque se inscribe en una estructura emocional más amplia. Como dijo el antropólogo Alejandro Grimson, vivimos en un «panorama emocional» marcado por el desencanto, el miedo al futuro y la sensación de que el mundo se derrumba. Los líderes populistas que entienden este clima emocional no necesitan argumentos técnicos: necesitan saber cómo contar una historia que transmita la sensación de salvación.

Este giro emocional tiene consecuencias. En un entorno dominado por la lógica de la viralidad, la verdad importa cada vez menos. No se premia la rigurosidad, sino lo que impacta. La política se convierte en entretenimiento y los líderes en influencers. La frontera entre la información y la ficción se diluye y lo que queda son estrategias comunicativas definidas por expertos en comunicación.

Esto no significa que la emoción sea enemiga de la democracia. Pero cuando el relato sustituye al pensamiento, cuando el algoritmo reemplaza al debate, entramos en un terreno peligroso. Porque una democracia emocional, sin espacio para la crítica ni la razón, corre el riesgo de volverse una democracia de espectáculo, volátil y autoritaria.

Entender los mecanismos del digital storytelling y el giro emocional en la política es imprescindible para repensar la política del presente y del futuro. No se trata solo de señalar a los presidentes Bukele y Milei, sino de comprender por qué su forma de comunicar es tan exitosa.

¿Gobernanza o simulacro? La nueva agencia digital y el riesgo de invisibilizar a la ciudadanía

Jorge Francisco Aguirre Sala
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¿Gobernanza o simulacro? La nueva agencia digital y el riesgo de invisibilizar a la ciudadanía

Hace un año (marzo de 2024) en Latinoamérica 21 nos preguntábamos si la miopía del Gobierno Abierto en México sería curable. A un año de distancia y varias reformas políticas de por medio, hoy tenemos el desenlace de la intervención quirúrgica realizada por el denominado “Segundo piso de la Cuarta Transformación”. En términos de nuestra metáfora: la extirpación de un quiste y el implante de un nuevo órgano. Es decir, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la creación de Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La nueva pregunta es: ¿la ciudadanía ganará visión?

Diagnóstico de la miopía

El Gobierno Abierto consiste en gobernar bajo tres principios: la rendición de cuentas, la transparencia y la incorporación efectiva de la participación ciudadana. El propósito del Gobierno Abierto es lograr un gobierno que involucre el máximo posible de actores sociales en el diseño, ejecución y vigilancia de las políticas públicas. Para ello, de manera inicial se requiere de los Datos Abiertos, es decir, el cúmulo de información que el gobierno posee (cuenta pública, gestión, registros, etc.) para ser reutilizados en nuevas políticas públicas y la asignación de compromisos e instancias ante las cuales rendir cuentas.

La apertura del gobierno y los datos en México surgió con la incorporación del país a la Alianza internacional para el Gobierno Abierto, nacida en la Asamblea General de la ONU en julio de 2011. El Gobierno de México asumió esa responsabilidad con cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto (desde el 2011 hasta la proyección del Plan 2021). Sin embargo, la alianza nació miope porque se estableció entre gobiernos y no entre los gobernantes y los ciudadanos gobernados. Si bien es cierto que los Planes de Acción de Gobierno Abierto involucraron a organizaciones de la sociedad civil, la visión democrática estuvo distorsionada.

En la Alianza mexicana para el Gobierno Abierto fueron pocas las organizaciones de la sociedad civil incorporadas en el Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza. Las convocatorias para los planes no eran públicas ni abiertas; no podían participar ciudadanos no pertenecientes a alguna organización y las temáticas de la agenda estaban sesgadas por la anticipación definitoria del estado y la ventana de tiempo programada. En el correr de los años, las pocas organizaciones de la Sociedad Civil se autoexcluyeron porque algunos de sus miembros fueron ilegalmente espiados y vigilados por el gobierno federal en el período de 2016 a 2018. La inacción se consumó porque durante el año 2023 el INAI no pudo elaborar el Plan de Acción debido a los conflictos sobre el nombramiento de sus comisionados.

Extirpación de la miopía

En noviembre de 2024 el Senado de la República mexicana aprobó la llamada “reforma de simplificación orgánica” por la cual derogaba/extinguía a siete organismos autónomos, entre ellos el INAI. El INAI era, al menos en el papel, el órgano garante de la transparencia de los actos del gobierno y de poner a salvo los datos personales de cualquier ciudadano común. El universo de leyes, reglamentos, normas y prácticas que el INAI poseía y debería hacer cumplir era colosal. Ningún ciudadano común, aún con mediana instrucción e ilustración, podía transitar exitosamente en el enorme laberinto de términos y condiciones relativos a los datos públicos o privados.

Por otra parte, a reserva de discutir las evaluaciones del INAI y los indicadores de los Planes de Acción del Gobierno Abierto (quizá satisfactorios para algunos y demasiado endogámicos para otros), el INAI acentúo su imagen pública mucho más en la protección de los datos personales que en la transparencia del actuar y del gasto gubernamental. Pocos mexicanos sabían que el INAI costaba 4,000 millones de pesos anuales y muchos sentían que su aportación para un gobierno más transparente y eficaz era nula.

La reforma que extinguía al INAI argumentó que: el ahorro presupuestario con la desaparición de ese organismo era necesario y posible, la transformación del país (la cuarta transformación y su respectivo segundo piso) requieren de los recursos para necesidades más prioritarias y que la reasignación de sus funciones a otras dependencias era fácil y resultaría más eficiente. En la reasignación de las funciones del INAI nació la oportunidad de un trasplante y la implantación de un nuevo órgano.

Trasplante e implantación de un nuevo órgano

Sin duda, la principal cualidad y valor de los “Datos abiertos” no es la accesibilidad, como comúnmente suele pensarse, sino el valor de su reutilización. “Dato abierto” es aquel que puede generar gran valor social cuando tiene efectos en la articulación y concreción de nuevas políticas públicas. Por ejemplo, la información de flora, fauna, ecosistemas, conservación y contaminación que redundan en la participación entre ciudadanos y gobernantes para reconocer y declarar una zona de reserva ecológica, con limitaciones en la extracción de recursos naturales o con planes de mitigación y/o restauración ante impactos ecológicos.

Por ende, a la disposición de información cabe llamarla Dato Abierto, y al uso social y democrático de esos datos denominarla Gobernanza. Es decir, la co-creación, co-producción y co-responsabilidad entre gobernados y gobernantes que define, ejecuta y evalúa las políticas públicas. En este punto, debe considerarse que la cantidad de información y datos que posee el gobierno es casi inconmensurable y, por lo tanto, resulta evidente la necesidad de auxiliarse por las tecnologías digitales.

Para poseer y reutilizar los datos es necesario que los múltiples registros del gobierno estén interconectados. Es decir, que haya interoperabilidad gubernamental como la capacidad de diferentes sistemas y organizaciones para intercambiar y utilizar información de manera segura, eficiente, oportuna, útil y sin sesgos. Resulta concluyente que la interoperabilidad gubernamental requiere la Gobernanza Digitalizada.

Los déficits al acceso y utilización de los datos demandan mecanismos técnico-jurídicos que faciliten la interoperabilidad. Aquí es donde emerge el trasplante de funciones del INAI y el implante del nuevo organismo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal creada en enero de 2025. Si bien la Agencia es un paso importante en el Gobierno Digital, todavía no alcanza la calidad democrática de una Gobernanza Digitalizada. Pero, por fortuna, la nueva Agencia contempla una Dirección de Gobernanza Tecnológica para: “Coordinar y dirigir el análisis, estudio y, en su caso, dictamen de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes […] y de servicios al público”.  Es decir, un primer paso para la Gobernanza. Aunque, por lo pronto, todavía tiene al margen la inclusión y participación ciudadana directa.

He aquí la nueva interrogante: ¿ganará visión y visibilidad la ciudadanía con la nueva Agencia? Mantengamos viva esta esperanza.

Invisibles y vulnerables: la nueva realidad de los migrantes bajo el gobierno de Petro

Allison B. Wolf
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Invisibles y vulnerables: la nueva realidad de los migrantes bajo el gobierno de Petro

Tras el anuncio del decreto del Estatus de Protección Temporal en 2021, migrantes venezolanos como Danexi Andrade estaban a punto de beneficiarse de él. Como migrante indocumentada que huyó de Venezuela a Colombia, Andrade tuvo que sumarse a entre el 51% y el 90% de sus compatriotas venezolanos que trabajaban en la economía informal, en su caso vendiendo café y bocadillos en las calles de Medellín, ganando aproximadamente 5,50 dólares al día. Sin embargo, el Estatus de Protección Temporal, como ella misma lo expresó, lo cambiaría todo. «Podré encontrar trabajo», dijo, «todo será diferente». Si bien el programa distaba mucho de ser perfecto, seguía siendo (y con razón, en mi opinión) aclamado en todo el mundo y Colombia era vista como un modelo de trato justo a los migrantes.

Sin embargo, desde que Gustavo Petro asumió el cargo, esto ha cambiado. Como señaló Nastassja Rojas Silva, “desde su inicio, el gobierno de Gustavo Petro… ha implementado medidas que, en lugar de beneficiar a la población migrante venezolana en Colombia, han resultado en acciones regresivas”. Petro permitió que el Estatus de Protección Temporal caducara en noviembre de 2023. También eliminó la Oficina de Gestión de Fronteras (la oficina encargada de la Asistencia e Integración de los migrantes en Colombia). Y, si bien es cierto que el gobierno anunció la creación de un nuevo mecanismo de regularización para tutores o representantes legales de niños venezolanos en Colombia (PEP-TUTOR), este ya genera confusión y críticas por tener requisitos más estrictos que los de obtener el Estatus de Protección Temporal, por ser, nuevamente, una medida temporal (solo otorga estatus legal hasta el 30 de mayo de 2031) y por aplicarse únicamente a quienes cuidan a niños que ya cuentan con el Estatus de Protección Temporal.

Estas (y otras) medidas han llevado a diversos expertos a argumentar que la política migratoria no es una prioridad para el gobierno de Petro (al menos no en comparación con su deseo de mantener buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro). Petro no reconoce la realidad de la migración venezolana; ya sea caracterizándola como un problema temporal relacionado con los migrantes en tránsito por el Tapón del Darién rumbo a Estados Unidos o afirmando que, a pesar de la migración masiva desde Venezuela en 2015, la migración venezolana es el resultado de las sanciones económicas estadounidenses contra Venezuela que comenzaron en 2019. 

En esa línea, Camilo Gómez Forero sostiene que la administración de Petro está intentando activamente «desvenezolanizar» la situación al asumir que la situación de los migrantes venezolanos en Colombia se deriva de un fenómeno global y no de las políticas de Nicolás Maduro o su propio gobierno para eliminarla de la agenda nacional. Esto no significa que Petro nunca hable de migración; al contrario, en abril de 2025, solicitó a los jefes de la Policía Nacional que crearan una política para la inclusión de jóvenes venezolanos en Bogotá con el fin de evitar que se unan a las pandillas. 

Sin embargo, dado que atribuye la necesidad de esa política a las esperadas deportaciones masivas de venezolanos desde Estados Unidos, en lugar del éxodo masivo proyectado desde Venezuela debido a la última “victoria” electoral de Maduro, nuevamente implica que la fuente del problema es Estados Unidos y no Maduro.

Estas y otras acciones relacionadas con la migración han creado una situación en la que los migrantes venezolanos son cada vez más vulnerables a la violencia, la explotación y otras formas de opresión bajo el gobierno de Petro. Por ejemplo, este gobierno no cuenta con una fuerte presencia estatal en las regiones fronterizas. Como observan Adam Isaasson y Laura Dibo: “El gobierno nacional no está haciendo lo suficiente para gestionar los flujos, determinar quiénes transitan ni proteger a las personas en riesgo… Los retenes, patrullajes y detenciones son poco comunes, pero también lo son los servicios humanitarios y el acceso a la protección”.

Esta falta de presencia estatal en las zonas fronterizas está siendo compensada por grupos armados y criminales. La región alrededor del Tapón del Darién, por ejemplo, está controlada por el Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante del país y el grupo que domina el tráfico de migrantes. Existen varios grupos armados o criminales, cada uno de los cuales controla uno o más de los numerosos puntos de cruce irregular dispersos a lo largo de la región fronteriza con Ecuador. 

En la frontera entre Colombia y Venezuela, grupos como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a veces con miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, se disputan el control del territorio y las actividades ilícitas, lo que resulta en brutales abusos contra los derechos humanos de migrantes y otros civiles en la región. Esta situación se agrava a medida que la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional y las FARC-EMC ha estallado en la región del Catatumbo, dejando 80 muertos solo en enero de 2025, provocando la huida de migrantes y el desplazamiento de miles de colombianos. Si bien Petro comienza a tomar medidas en respuesta, la falta de presencia y la lenta respuesta de su gobierno preparan el terreno para este momento y continúan poniendo en peligro la vida de miles de migrantes y colombianos.

Los migrantes venezolanos también enfrentan una violencia generalizada en todo el país. Múltiples organizaciones criminales y grupos armados asesinan, desaparecen, desplazan, secuestran y violan a migrantes. El International Crisis Group informa que: “La trata de personas y la explotación sexual plagan las localidades fronterizas (y también las grandes ciudades), con mujeres y menores en especial peligro. La violencia de género es particularmente común en los cruces fronterizos informales bajo control criminal”. 

En el Tapón del Darién, las personas sufren robos, abusos sexuales y, en ocasiones, violaciones de forma rutinaria. Más allá de la frontera, los migrantes se enfrentan con frecuencia a la brutalidad policial y a amenazas de grupos armados, organizaciones criminales y la población colombiana en general. Medicina Legal informó que 750 venezolanos fueron asesinados en Colombia entre enero y octubre de 2024.

Esta población también se ha vuelto más vulnerable a la opresión y la discriminación bajo el gobierno de Petro. Aproximadamente el 63,2 % de los colombianos admitió abiertamente tener una percepción negativa de los venezolanos durante la elección de Petro; poco más de un año después, el Instituto de Política Migratoria situó la cifra en cerca del 80 % (aunque cabe destacar que la mayoría sigue apoyando el acceso de los venezolanos a la atención médica y la educación, mientras que la mayoría no quiere que se deporte a los venezolanos). Funcionarios gubernamentales, por ejemplo, quienes se postulan a la alcaldía de Bogotá y Bucaramanga, se alejan de los migrantes venezolanos por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, a pesar de no presentar pruebas que respalden tales afirmaciones. 

Cuando el presidente Petro asumió el cargo en agosto de 2022, Colombia, aunque imperfecta, era reconocida y elogiada internacionalmente por sus esfuerzos para acoger a los venezolanos. Ahora ocurre lo contrario. Debido a las acciones (o la falta de ellas) del gobierno de Petro, los migrantes venezolanos en Colombia sufren una creciente injusticia en forma de vulnerabilidad e inestabilidad jurídica, violencia, xenofobia y explotación. Peor aún, es dudoso que estén preparados para acoger la nueva ola proyectada de migrantes venezolanos. Sin embargo, a pesar del sombrío panorama, estas palabras buscan inspirar acciones para que las experiencias de los migrantes mejoren y Colombia pueda volver a ser un modelo de justicia migratoria.

De Uruguay al mundo: el último adiós a José Mujica

Valentina Starcovich
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De Uruguay al mundo: el último adiós a José Mujica

Uruguay es un caso sui generis en su especie. Un país que nació producto de la intervención de una potencia, destinado a ser un Estado tapón entre dos grandes que, durante sus primeros años, constantemente buscaban con hacerse de su escaso territorio. Y pese a tantos embates, Uruguay ha logrado sostenerse gracias a la heroica gesta de una clase política que ha (re)construido una sólida democracia. En sus casi 200 años de historia persiste el legado de varios líderes, pero ninguno ha tenido la repercusión internacional de José Mujica.

El fallecimiento de José “Pepe” Mujica deja a la izquierda uruguaya huérfana. El inevitable devenir de la existencia humana se lleva al último gran referente del Frente Amplio. Una retirada que entristece a un pueblo entero, pero que no tomó a nadie por sorpresa. Mujica había anunciado en abril de 2024 que padecía un tumor en el esófago, un diagnóstico que junto a su avanzada edad lo deterioró en pocos meses. Aunque el físico no lo acompañaba, su mente prevaleció tan lúcida y estratégica como siempre. En ese tiempo, diagramó, de manera silenciosa, su última jugada, la que resultó en la reconquista del poder presidencial para el Frente Amplio. Y en una América Latina en la que emergen liberalismos de ultraderecha, cobra especial relevancia los aportes finales de aquellas figuras que, en tiempos ya lejanos, impulsaron la celebrada era progresista.

¿Cómo es posible que un exguerrillero se convirtiera en icono a nivel mundial? Por obra de la redención. Mujica jamás negó su pasado como miembro del movimiento armado tupamaros, incluso, reconocía que el pueblo podía juzgarlo y condenarlo por ello. Sin embargo, sufrir los estragos del gobierno de facto lo volvieron un demócrata de fuste, una imagen que era mucho más fuerte que sus anteriores embates. Se podrán criticar sus medios, pero jamás negar que su lucha fue contra el autoritarismo, no así en detrimento de la voluntad del pueblo. La ciudadanía uruguaya entendió eso, y aunque muchos no lo perdonaron, tampoco se cegaron. Una vez libre y en democracia, Mujica estaba destinado a volverse un hombre importante.

El fenómeno de Mujica, por momentos inexplicable, también es producto de una izquierda que supo establecerse en el tiempo. Uruguay se unió algo tarde al giro progresista de la región. En un país tradicionalmente gobernado por la centroderecha, el avasallante triunfo de Tabaré Vázquez en 2004 era una prueba de fuego para el Frente Amplio. Para muchos, el ascenso de esa coalición era el resultado del devenir de las administraciones anteriores, desgastadas por la crisis económica y sin energía para recomponer el país. Así, se gestaba un proyecto nuevo, un experimento cargado de esperanza, que en los años venideros demostró su éxito y redobló la apuesta, ganando nuevamente las elecciones con su candidato más atípico: “el Pepe”.

 A diferencia de Vázquez, un socialista de corte tecnócrata, Mujica era, esencialmente, un animal político. Carecía de formación profesional, pero tampoco la necesitaba. Durante sus tiempos de encierro en medio de la última dictadura (1973-1985), este tosco hombre estuvo casi siete años sin leer un libro y, en sus propias palabras, evitó “caer en la locura” haciéndose amigo de su propia mente. Pensar le permitió gestar una visión particular, no solo acerca de la política, sino como filosofía de vida.

Fue famoso por su altruismo, que le valió el mote de “el jefe de Estado más humilde del mundo”, pero su sencillez personal no supuso una gestión apática. Su gobierno puso foco en generar un verdadero estado de bienestar, realizando reformas tales como la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, la legitimación del matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana. En cuanto a su actuación en la esfera internacional, convirtió a Uruguay en un aliado de los Derechos Humanos: reconoció la soberanía del Estado Palestino, acogió refugiados sirios y hasta recibió reclusos de la prisión de Guantánamo. Casi tres gobiernos después, incluso uno de signo contrario, ninguna de sus políticas sociales sufrió retrocesos.

Mujica acalló a sus detractores con sus acciones políticas, si, pero sobre todo desde una postura contraria al odio. En sus últimos años, el exmandatario mezclaba mensajes de tolerancia con resiliencia, sin jamás perder su característico discurso. Fue un referente para aquellos que compartían su ideología, adversario de sus oponentes, pero jamás un enemigo, ni siquiera de sus represores. Lo visitó mucha gente, desde amigos como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, iconos como la laureada actriz Glenn Close, hasta controversiales personajes como el rey emérito de España, Juan Carlos I, a quien hizo sentar en un rústico sillón hecho con tapas de botellas plásticas. Y aunque lo hizo “rebajarse” de su lujoso estilo de vida, este fue incapaz de poner siquiera mala cara.

Todos y cada uno de ellos tenía algo que hablar con Mujica, porque él sabía qué fibra tocarles para enriquecer el debate. Su fama fue tal, que hasta jugó a ser “estrella de cine” con dos estrenos en el Festival de Venecia de 2018: “El Pepe: Una Vida Suprema” documental del realizador serbio, Emir Kusturica y “La noche de 12 años” del uruguayo Álvaro Brechner, retrato de sus años de encierro junto a Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro. Probablemente no existe líder mundial que aún vivo generara tanta mítica a su alrededor.

La desaparición física de José “Pepe” Mujica entristece al Uruguay, pero también supone una gran pérdida para América Latina en su conjunto. El continente queda acéfalo de líderes carismáticos, mientras que apremia a los políticos a enfrentarse a un mundo de policrisis. Y mientras emergen voces que atentan contra la supervivencia de la democracia, el desafío es mantener vivo el legado de aquellos que aprendieron que la intolerancia jamás será la solución. “Pepe” dejó mucha tarea pendiente para las generaciones venideras.

¿Por qué la violencia y la criminalidad se agudizan en Ecuador?

Luis Córdova-Alarcón
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¿Por qué la violencia y la criminalidad se agudizan en Ecuador?

Oficialmente Ecuador está en guerra. Así lo decidió el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. Ese día, tras una ola de actos de violencia criminal en varias provincias, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo 111, reconoció la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas.

La militarización de la seguridad interna se justificó como respuesta a la grave ola de violencia que convirtió al 2023 en el año más violento de la historia del país, con 8008 homicidios y una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, más de un año después, el panorama sigue empeorando: solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 2361 muertes violentas, marcando un nuevo récord. Si la tendencia continúa, este año podría superar los niveles de violencia de 2023. Lejos de contenerla, la política de militarización ha intensificado la violencia.

La realidad ecuatoriana ha sido sobre diagnosticada desde los estudios de seguridad, repitiendo tres ideas centrales: la pérdida de control territorial del Estado, su incapacidad para frenar las economías ilícitas y la necesidad de reforzar su capacidad operativa. Sin embargo, estas explicaciones ofrecen una visión reducida de la complejidad de la situación en el país.

Siguiendo las tesis del académico británico Bob Jessop, en vez de centrarme en las dimensiones formales del Estado (representación, articulación institucional y capacidad de intervención) haré un breve análisis de sus dimensiones sustanciales: base social del Estado, proyecto de Estado y visión hegemónica.

El primer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad es la fractura de los compromisos sociales institucionalizados en el Estado. Un dato revelador es la deserción escolar. En Ecuador hay más de 450.000 niños y adolescentes, de entre tres y 17 años, que no asisten a una de las 16.000 escuelas y colegios que hay en el país. ¿Cuántos de estos niños y adolescentes han sido reclutados por las pandillas callejeras y están dinamizando la violencia y el crimen? La edad de reclutamiento criminal bordea los 13 años y solo en el 2024 las desapariciones de menores de edad se incrementaron en un 88 por ciento.

Mientras el gobierno y los generales que le asesoran buscan comprar más balas para su guerra, solo en la región Costa y Galápagos, en donde está por iniciarse un nuevo ciclo escolar, el 80% de los establecimientos educativos fiscales requiere reparaciones urgentes (7520 escuelas y colegios). A esto hay que sumar las epidemias que han reaparecido por falta de campañas de vacunación en los últimos años, el incremento de la tasa de desempleo, el aumento de la pobreza y la contracción económica producto del mal manejo de la crisis energética.

La reproducción social de la violencia criminal no es un fenómeno espontáneo. Al contrario, es el resultado de una pérdida sistemática de base social por parte del Estado.

Y no es una cuestión meramente material; la dimensión simbólica tiene un peso específico. Sin mecanismos de ascenso social ni políticas de inclusión y reconocimiento las expectativas de futuro individual se estancan, y la población más joven migra al extranjero o busca otros horizontes al margen de la legalidad.

Al mirar desde este ángulo se observa que el Estado no ha perdido control territorial. Lo que ha perdido es base social, sobre todo, en las zonas más pobres del país. Por eso, militarizarlas tiene un efecto limitado y en el mediano plazo se vuelve contraproducente.

Sin un gobierno que asuma seriamente los compromisos sociales institucionalizados, las organizaciones criminales seguirán ganando adhesión y reconfigurando al Estado como un “orden crimilegal” a su servicio.

El segundo factor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con una crisis de legitimidad del Estado, ante la ausencia de un proyecto político que asegure la unidad operativa del Estado y su capacidad para actuar. Lo que Jessop denomina: un proyecto de Estado.

Desde el estallido de la violencia criminal, en enero del 2018, los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han optado por un modelo de “Estado mínimo”. Los acuerdos draconianos con el FMI, y la política de premios y castigos que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos para alinear al país a su agenda hemisférica, han acelerado esta reconfiguración.

En ese modelo de “Estado mínimo” las fuerzas militares y policiales se convierten en el principal brazo burocrático del Estado. La constante declaratoria de Estados de Excepción (más de 40, desde el 2018) para restringir derechos civiles y militarizar el orden público lo confirma.

En lugar de impulsar políticas de empleo digno, los gobiernos de Lasso y Noboa han optado por reclutar miles de jóvenes para integrarlos a las fuerzas policiales o militares. Lasso prometió aumentar significativamente el número de policías, pero solo logró un incremento de 12.000 antes de dejar el cargo. Con Noboa y la declaratoria de conflicto armado interno, los militares han asumido un rol predominante, y en 2024 se anunció que el servicio militar se cuadruplicaría para 2025.

La militarización es consustancial con el proyecto de Estado mínimo que promulga el gobierno nacional. Una estrategia militar fallida ha reemplazado el diseño de una política criminal sensata. Por eso, cuando el gobierno detecta problemas de criminalidad persistente en el sector público la única repuesta es militar.

El ejemplo más elocuente es la reciente militarización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Ante las constantes amenazas, asesinatos y secuestros contra los funcionarios que obstaculizan los negociados en las compras públicas de ambos hospitales, la respuesta del gobierno fue intervenirlos militarmente.

En este contexto, Daniel Noboa solo esgrime martillos, incluso dentro de una cristalería.

Finalmente, el tercer factor que agrava la violencia en Ecuador es la visión hegemónica del bloque de poder que gobierna, basada en una fe ciega en la desregulación de los mercados. Esta lógica de Estado mínimo ha convertido al país en un paraíso para las economías ilícitas, facilitando la expansión del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de armas y personas.

En Ecuador se ha consolidado un régimen oligárquico. Como lo explica el politólogo Jeffrey A. Winters, la oligarquía se refiere a la política de defensa de la riqueza por parte de actores que poseen los medios materiales para ello. Generalmente, los oligarcas financian ejércitos de abogados y políticos para que hagan el trabajo sucio y protejan sus intereses. Pero cuando la crisis de legitimidad del Estado socava también el margen de legalidad, intervienen directamente en la política para defender su riqueza y multiplicarla.

El ingreso a la política de Guillermo Lasso y Daniel Noboa no es casualidad. El primero, dueño del tercer banco más grande del país y cabeza de uno de los cinco grupos económicos más acaudalados. El segundo, heredero del grupo agroexportador más importante del Ecuador. Para ellos, la desregulación de los mercados es la piedra angular de su acción de gobierno. Con esa visión también comulgan los oligarcas que dirigen el narcotráfico desde Europa, Asia o Norteamérica.

Para muestra un botón. Con sus decisiones de gobierno, Lasso y Noboa han facilitado la expansión del tráfico de armas en Ecuador. El uno flexibilizando los permisos para tenencia y porte de armas de fuego. El otro eliminando los aranceles para su importación. Hoy, 8 de cada 10 homicidios se ejecutan con armas de fuego. Y la vía predilecta de los contrabandistas es enviarlas a través de courier desde Miami.

Ahora Usted, estimado lector, comprenderá mejor porqué el Ecuador es un país anegado en sangre.

Cómo destruir la confianza en las elecciones

Fernando Barrientos
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Cómo destruir la confianza en las elecciones

El 1 de junio se llevarán a cabo elecciones “inéditas” en México: se elegirán a los miembros de los poderes judiciales y cada persona que decida votar recibirá al menos 6 boletas, y dependiendo del estado y los cargos en disputa podría recibir hasta 12 boletas, y emitir al menos 31 votos. Solo para ejemplificar, para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), cada elector deberá elegir 9 personas de entre 64 candidaturas en una sola boleta. Podrán votar más de 99 millones de personas. Con estos datos, solo tomando en cuenta el caso de la SCJN, existen, hipotéticamente, más de 27 mil millones de combinaciones posibles de resultados. Por su origen irracional, por su implementación sin diagnóstico y apresurada, y otras agravantes, estas elecciones pueden suponer el fin de la democracia en México o al menos su mayor y profundo debilitamiento que será difícil recomponer en el corto plazo. Pese a todo, no existe un rechazo popular hacia estas elecciones, e incluso no se perciben como algo preocupante. ¿Cuáles serán los efectos sobre la impartición de justicia? ¿Cómo afectará el equilibrio de poderes?, sobre todo, ¿En qué medida dañará o no a la democracia?

La creación de la confianza en las elecciones en América Latina fue un proceso muy complicado y complejo. Los procesos de transición a la democracia de finales del siglo XX en un principio se propusieron alejar a las élites autoritarias del poder, en muchos casos los militares, como en Argentina, Brasil y Chile; en otros, a partidos, como en México. Pero logrado el objetivo, inmediatamente se requirió sentar las bases políticas y legales para que los nuevos gobiernos democráticos se legitimaran.

Evidentemente las elecciones legitiman a los gobiernos, pero detrás están los procedimientos técnicos sin los cuáles ninguna elección puede considerarse democrática. Por ello en muchas de las nuevas democracias se crearon organismos electorales con amplias facultades formales, dotados de autonomía política e independencia técnica, para proteger la gestión de las elecciones. Como señaló Ortega y Gasset en 1933, del procedimiento electoral, ese “mísero detalle técnico, depende la salud de las democracias”. Así nacieron el Tribunal Electoral en Brasil en 1988, el CNE en Bolivia, el IFE en México en 1989, el TSJE en Paraguay en 1992, y demás organismos electorales en la región. En otros se reformaron los ya existentes, dotándolos de nuevas facultades, pero sobre todo de independencia para que su desempeño técnico fuera imparcial.

A más de 40 años de las transiciones a la democracia de la región, los órganos electorales han funcionado “bien” en la mayoría de los países, pero en otros, han sido cooptados y sometidos a reformas para distorsionar sus objetivos, como sucedió con el CNE en Venezuela, y el ahora Órgano Electoral Plurinacional en Bolivia. En este último caso, además de organizar las elecciones ordinarias de los ejecutivos y los legislativos, bajo el régimen de Evo Morales, se le encomendaron referendos, revocaciones, y finalmente, como en México, las elecciones judiciales a partir de 2011.

El caso de Bolivia ha demostrado que someter a elecciones a las personas encargadas de impartir justicia implica, dañar la integridad de las elecciones y distorsionar el diseño de las democracias. Si bien es cierto que hasta hace algunas décadas se elegían jueces y magistrados en varias partes del mundo, se hacía para diferenciarse de aquellas designaciones que otrora hacían los monarcas y sus ministros. Pero cuando estas funciones se hicieron más complejas y técnicas, y las democracias se afirmaron, se sustituyó por un sistema de carrera judicial, salvo excepciones muy controladas, para proteger su función de indebidas intromisiones políticas.

En México, la confianza en los procesos electorales siempre fue y ha sido un tema sensible, al menos lo fue durante las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. Ante una sociedad profundamente desconfiada de las elecciones, la “solución” fue un sistema de gestión electoral diferenciado en sus funciones y alcance territorial. De esta manera se crearon dos organismos federales, un Tribunal de justicia electoral, el (ahora) TEPJF; y otro de gestión electoral, el (ahora) INE. Paralelamente se consolidó un sistema subnacional, con 32 órganos electorales locales igualmente diferenciados, unos de justicia y otros de gestión. Este sistema reflejaba también el federalismo mexicano, y así se llevaron a cabo las elecciones más importantes de la transición a la democracia: las de 1997 y 2000. Pero también se fueron adecuando ante los retos que generaron subsecuentes procesos electorales, y funcionó así hasta la elección presidencial de 2012.

Con las reformas de 2013 y 2014, se creó un sistema híbrido que duplicó funciones y gastos, y en general complejizó la gestión y la justicia electoral. Aunque con el pasar del tiempo se fue adaptando, acabó en lo sustancial con el federalismo electoral. Hoy la gestión y la justicia electoral están esencialmente centralizadas, por las funciones y competencias que se le adjudicaron a las instituciones nacionales, dejando a las instituciones locales como meros ejecutores de las instrucciones de los órganos nacionales.

Con ese diseño se llevó a cabo la inédita “consulta popular” para enjuiciar a ex-presidentes en 2021, donde participó solo el 7.11% de la ciudadanía. También el proceso de revocación del mandato de 2022, que en realidad fue un plebiscito para medir la popularidad del presidente y calcular la capacidad de movilización del partido Morena, donde solo participaron el 17.77% de la ciudadanía con derecho a votar.

Las elecciones judiciales también serán “inéditas”, y muy probablemente la participación electoral será muy reducida. Pero el problema es que la confianza en las elecciones ya está comprometida. La integridad de la gestión electoral se está desvaneciendo por el cuestionable desempeño, tanto del Tribunal (TEPJF) como del Consejo del INE, que ya no sancionan las intromisiones ilegales del partido en el poder en estas elecciones.  

Los organismos electorales en México están cooptados, sometidos y sobrecargados de nuevas tareas, con la encomienda de organizar procesos electorales que de facto dañan la democracia. Formalmente no pueden negarse a hacerlo a pesar de que algunos de sus miembros, no todos, sean conscientes que con tales actividades están contribuyendo a fortalecer a un partido en el poder y a erosionar la democracia.

Su papel es como el de aquel robot, parte central de la instalación denominada Can’t Help Myself que en 2016 los artistas Sun Yuan y Pen Yu llevaron al Guggenheim de Nueva York. Era brazo robótico cuya única función era recoger de manera continua un aceite que le salía de la base, de otra manera dejaría de funcionar. Con el pasar del tiempo empezó a operar lento, su tarea, siempre mecánica, se fue haciendo cada vez más monótona, rígida y solo trataba de “sobrevivir”.

Hoy los órganos electorales en México, que hace algunos años fomentaron la confianza en las elecciones, funcionan así. Por supuesto que siguen cumpliendo con sus tareas, pero su integridad está dañada, solo falta ver hasta qué punto.

Un Papa de las Américas para una iglesia afincada en el Sur Global

Carlos Ugo Santander
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Un Papa de las Américas para una iglesia afincada en el Sur Global

La elección de Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, ha despertado interés, no solo por su perfil pastoral existencialmente vinculado a un país como Perú con gritantes desigualdades sociales, sino también por lo que su elección representa dentro de la historia reciente de la Iglesia Católica. Nacido en Estados Unidos y con más de cuatro décadas de experiencia pastoral en Perú, y por ende en América Latina, León XIV simboliza la continuidad de una Iglesia marcada por la sensibilidad hacia el Sur Global, reforzando el divisor de aguas inaugurado por su predecesor, el Papa Francisco.

Desde el punto de vista teológico, el signo de los tiempos se afirma, esto como una continuidad del pontificado de Francisco (2013–2024) y que significó una reorientación profunda de la praxis eclesial, en especial por su énfasis en la justicia social, la ecología integral, y de acoger el clamor de los pobres y los excluidos. Por lo tanto, distante de los modos más doctrinarios que caracterizaron a sus antecesores inmediatos: Juan Pablo II (1978- 2005), quien enfrentó al comunismo en el contexto de la guerra fría y censuró la teología de la liberación, pero que a su vez consolidó una influencia global de la iglesia católica, reforzando sectores conservadores de la iglesia; o de su sucesor Benedicto XVI, quien defendió la ortodoxia doctrinal frente al relativismo cultural, sosteniendo una visión más rígida de la autoridad eclesial.

La propuesta de la Iglesia con la elección de León XIV, estaría menos centrada en el control doctrinal y potencialmente más abierta al diálogo con las periferias. El nuevo Papa podrá ser acusado por los sectores ultraconservadores de «comunista», pero su horizonte teológico se enmarca dentro de la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, con una renovada hermenéutica de la misericordia al acoger y descriminalizar, por ejemplo, los movimientos LGTBQI+, además de su crítica al neoliberalismo, su acercamiento a las comunidades indígenas y su apoyo a una visión sinodal de la Iglesia. Esto lo situaá como un referente progresista dentro de una institución tradicionalmente resistente al cambio.

La llegada de León XIV parece mantener este rumbo, aunque quizás con un perfil más discreto y moldeado por su experiencia misionera en Perú. Prevost llegó al municipio de Chulucanas, en la región de Piura, en 1985, luego de haberse ordenado en la Orden de San Agustín. En aquellos años le tocó acompañar y amparar a la población ante las secuelas de uno de los fenómenos de El Niño más destructivos del siglo XX. En su experiencia pastoral, adoptó posicionamientos políticos, como el necesario pedido de un perdón sincero —y nunca declarado— por parte del expresidente Alberto Fujimori, respecto a los crímenes e injusticias cometidos durante su gobierno en la década de 1990.

Su sensibilidad pastoral hacia las poblaciones más vulnerables de la ciudad de Chiclayo lo llevó, en 2014, a ser designado por el papa Francisco como administrador apostólico de la diócesis y, posteriormente, obispo de aquella ciudad. Durante ese largo período en el norte del Perú, y a diferencia de Francisco, Robert Francis simpatizó con el fútbol —en particular con el equipo local, el Juan Aurich—, y en Chiclayo —epicentro de sociedades precolombinas y preincaicas— se empapó del legado arqueológico, artístico y religioso de gran relevancia para la humanidad.

En este contexto, es pertinente preguntarse: ¿qué tipo de liderazgo se configura hoy en la Iglesia Católica? ¿Uno centrado en la ortodoxia doctrinal y en la defensa del statu quo, o uno pastoral, dialogante y abierto a las tensiones del mundo contemporáneo? En un escenario global marcado por el ascenso de populismos religiosos, el uso político y económico de la fe y las crecientes desigualdades sociales, la figura de León XIV jugará un papel clave como mediador, profeta y defensor de los más vulnerables, lo que incluye la ampliación de la legitimidad de políticas gubernamentales de inclusión social.

Es muy probable que algunas tensiones continúen dentro de la Iglesia Católica, en la que muchos cristianos cuestionan el avance de corrientes teológicas conservadoras que expresan abiertamente intolerancia, dogmatismo e incluso una perspectiva ahistórica de la Biblia. También se muestran críticos frente al crecimiento de las iglesias neopentecostales asociadas a la teología de la prosperidad, las cuales exaltan una visión individualista, meritocrática y, a menudo, contraria a los principios evangélicos de solidaridad, humildad y servicio. León XIV no representa un rechazo a la pluralidad religiosa, sino una advertencia sobre los peligros de una espiritualidad alineada con formas de poder excluyentes y autoritarias.

En definitiva, el verdadero desafío de León XIV —y de la Iglesia Católica en este siglo XXI— no es de carácter doctrinal, sino evangélico: cómo ser fiel al mensaje de Cristo en un mundo que cambia vertiginosamente. La continuidad de Francisco ofrece una oportunidad para consolidar un modelo de Iglesia más sinodal, ecuménica, samaritana y comprometida con los derechos humanos: una Iglesia que debe seguir hablando desde y con los pueblos del Sur.

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