Claves para resistir y desmontar la narrativa antifeminista

Susana Reina
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Claves para resistir y desmontar la narrativa antifeminista

¿El feminismo ha llegado muy lejos? ¿Ya se alcanzó la igualdad? ¿Las feministas están buscando destruir la familia y discriminar a los hombres? ¿La desigualdad es un mito inventado por los progres? ¿La violencia basada en género afecta a los hombres por igual? ¿Debemos creer estas y otras afirmaciones antifeministas?

Históricamente el feminismo siempre ha generado resistencias, pero en los últimos meses estamos siendo testigos de una narrativa creciente que busca desacreditar al movimiento presentándolo como innecesario o incluso perjudicial para la sociedad. En algunos casos se intenta hacer creer que el feminismo es divisivo o extremista o que sus luchas están desconectadas de las realidades cotidianas de muchas mujeres. En otros, las teorías negacionistas sostienen que la discriminación y la violencia machista no existen, levantando mitos virulentos que el propio feminismo ha ido desmontando. 

Más allá del backlash tradicional tenemos evidencia suficiente para creer que el antifeminismo no surge por casualidad y que responde a un cálculo político. Su objetivo es desviar la atención de los problemas económicos, deslegitimar las luchas sociales y reinstalar un orden en el que el poder se concentre nuevamente en manos de unos pocos, sin restricciones ni cuestionamientos. 

El antifeminismo funciona como el blanco perfecto que sirve de válvula de escape al malestar social. Demonizar el movimiento feminista como estrategia para redirigir el descontento popular hacia un enemigo fácilmente identificable es más rentable para el poder que enfrentar los problemas estructurales que realmente afectan a la mayoría de la población. Si el feminismo se debilita, se facilita la perpetuación de políticas neoliberales y autoritarias que excluyen a las mujeres, las minorías sexuales y otros grupos marginados.

Por ello, para proteger los derechos de las mujeres, el European Policy Centre sugiere que no basta con combatir el discurso antifeminista y denunciar la misoginia, sino que también recomienda a los responsables políticos que encuentren soluciones económicas para todos mediante políticas de vivienda y que ofrezcan perspectivas en el mercado laboral.

Visto en conjunto, el antifeminismo contemporáneo es, además de una respuesta ultraconservadora a los avances feministas, un fenómeno complejo y global que se articula a través de múltiples frentes: la censura simbólica, la desinformación digital, el desmantelamiento institucional y la creación de redes internacionales. 

Movimientos como la Conferencia Política de Acción Conservadora y el financiamiento de think tanks conservadores y religiosos, como CitizenGo, con la participación de figuras clave de la extrema derecha global, como representantes del partido español Vox o Donald Trump Jr., muestran cómo el antifeminismo se conecta con agendas neoliberales y autoritarias. La meta de estos movimientos está dirigida a controlar el avance de las mujeres y consolidar liderazgos excluyentes. El caso es que esta ofensiva antifeminista pone en riesgo los avances logrados a la fecha en términos de igualdad entre mujeres y hombres. 

Censura simbólica, polarización y ascenso del discurso antifeminista en redes sociales

La censura de términos asociados al feminismo no es un hecho aislado: refleja un intento deliberado de borrar el lenguaje relacionado con los derechos humanos, limitando la capacidad de las personas de nombrar, conversar y abogar por futuros más inclusivos y equitativos. 

Esta censura simbólica se complementa con un ataque directo a las instituciones que promueven la igualdad de género. El cierre de ministerios de la mujer (como hizo Milei en la Argentina en 2024), el recorte de presupuestos, la prohibición del lenguaje inclusivo, la propuesta de eliminar el reconocimiento del feminicidio, así como la eliminación de programas educativos con enfoque de género, son medidas que buscan reducir la visibilidad y el impacto de las políticas progresistas. 

Por otro lado, los datos sobre la creciente polarización en la conversación sobre igualdad en Iberoamérica, con un aumento notable de discursos misóginos, indican que la conversación pública está siendo moldeada por narrativas opuestas al feminismo. En países como Ecuador, El Salvador y México el discurso antifeminista ha ganado fuerza, llenando un vacío dejado por la disminución de la relevancia del feminismo en el debate público. 

Esto subraya la capacidad de las plataformas digitales para amplificar mensajes divisivos y misóginos, creando un entorno de desinformación y distorsión de la realidad que atemoriza a muchas activistas que, en defensa propia, abandonan esos espacios de conversación. La manosfera, un conjunto de subculturas digitales misóginas, está jugando un papel cada vez más importante en la propagación de ideas antifeministas. 

Un informe reciente de la Fundación Friedrich Ebert en Chile deja claro que el antifeminismo se ha convertido en una herramienta política de gran alcance. Según el informe, es “una bisagra entre el neoliberalismo y el autoritarismo”, que permite a sectores conservadores cohesionar su base política, ganar elecciones y legitimar modelos sociales excluyentes.

Los datos son reveladores: en El Salvador, el 30,7% de la población tiene actitudes antifeministas; en Brasil, el 29,4%; en Argentina, el 29,3%. En México, el relato antifeminista adopta una fachada de respeto y tradición, con la participación activa de organizaciones ultraconservadoras como el Frente Nacional por la Familia y Abogados Cristianos. Estas agrupaciones, financiadas principalmente desde Estados Unidos y Europa, impulsan campañas contra la educación sexual, los derechos LGBTIQ+ y el acceso al aborto, utilizando el concepto de “libertad” para justificar la censura. Se escudan en la defensa de la “familia” para ocultar la violencia de género y el abuso sexual infantil.

Este movimiento está profundamente vinculado con grupos religiosos, principalmente cristianos, partidos de ultraderecha y plataformas digitales que difunden desinformación sin control. Sus mensajes son sencillos: miedo, odio y orden, pero producen un impacto devastador en la criminalización de mujeres, la persecución política y no pocos retrocesos institucionales.

Es importante cuestionar estas narrativas

Varias estrategias caben proponer aquí. Es crucial identificar claramente a los actores de este retroceso. Gobiernos que se proclaman “liberales” pero reprimen nuestra libertad de expresión; legisladores que consideran los derechos de mujeres una amenaza; medios que equiparan feminismo con extremismo; iglesias e instituciones que encubren a violadores y promueven sociedades sexistas.

Es importante también defender la noción de que el feminismo, como movimiento por la igualdad de derechos, sigue siendo completamente relevante en muchas partes del mundo, incluida América Latina. Si bien se han logrado avances significativos, como el derecho al voto o el acceso a la educación y al trabajo, sigue existiendo la discriminación laboral, la brecha salarial y la escasa garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Las cifras de feminicidios, violencia y acoso sexual en todo el mundo son alarmantes. Los reportes más recientes muestran que las mujeres continúan enfrentando obstáculos importantes en su acceso a posiciones de poder y toma de decisiones. El relato de que el feminismo ya no es necesario ignora estas realidades persistentes. 

Por otro lado, el feminismo no es exclusivo de ciertas culturas o regiones. En todos los continentes, las mujeres luchan por sus derechos, por lo que este movimiento también tiene fuerza global. Minimizarlo como un “fenómeno occidental” o “innecesario” pasa por alto la realidad de millones de mujeres en todo el mundo que aún luchan contra la opresión. 

Por lo tanto, más que dejarse convencer por estas narrativas que buscan desvirtuar el feminismo, es fundamental seguir cuestionando, reflexionando y manteniendo la lucha por la igualdad. Frente a la ofensiva patriarcal, el feminismo en América Latina está resistiendo. En Chile, México, Colombia, Argentina y muchos otros países, miles siguen marchando con un lema claro: “Ni un paso atrás”, convencidas de que están lejos de ser un movimiento minoritario o al margen. En el estudio citado anteriormente de la Fundación Friedrich Ebert, el 50% de la muestra se considera profeminista, lo cual es una muy buena noticia como para viralizar.

Evitar contagiarse del pesimismo que se deriva del discurso de que el cambio no es posible, es la tarea.

México: la nueva guerra contra el narco

Ernesto Hernández Norzagaray
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México: la nueva guerra contra el narco

En el ideario obradorista resultaba impensable iniciar una nueva guerra contra el narco porque ahora se sospecha que había pactos con el crimen organizado y porque fue una de las narrativas de ascenso al poder cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una crítica constante y severa a la confrontación iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012).

La política de “abrazos no balazos” del expresidente mexicano empoderó a los cárteles del crimen organizado, y sus efectos se irradiaron hacia las calles de los Estados Unidos, que tuvieron drogas de diseño (fentanilo, metanfetaminas) como nunca.

Sin embargo, la campaña electoral y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca visibilizó el problema del tráfico de drogas y señaló que estaba costando 100.000 vidas estadounidenses al año. Y eso seguramente sensibilizó la conciencia del estadounidense promedio y castigó a la candidata del Partido Demócrata.

“Donald Trump encarna lo que yo quiero para mi país”, decía una mujer blanca del Medio Oeste de Estados Unidos, y ese sentimiento de salvación lo tenían muchos de los que veían en barrios de Chicago, Filadelfia o Los Ángeles los efectos destructivos de la proliferación de este tipo de drogas.

Este segmento de ciudadanos fue a las urnas para votar masivamente por Trump sumándose a otros millones que, por razones ideológicas, políticas o económicas, decidieron darle un triunfo rotundo al político neoyorquino.

Aquella victoria impecable sacudió el statu quo —véase la locura de las bolsas de valores del mundo—, pero también generó agendas particulares de Trump con sus socios comerciales. Una de ellas fue la declaratoria de guerra a los cárteles mexicanos, a los que el presidente de Estados Unidos elevó a la condición de “organizaciones terroristas”, por lo que deberán ser destruidas.

Se trató de un mensaje poderoso para la presidenta Claudia Sheinbaum, que no tenía entre sus prioridades el combate frontal de los cárteles. Seguramente veía que eran parte de la arquitectura que López Obrador había construido para el primer piso de la llamada Cuarta Transformación y que no había que molestar más allá de detenciones y decomisos ocasionales.

Sheinbaum estaba en la lógica de continuar con esa agenda rutinaria frente a su principal socio comercial. Sin embargo, el triunfo de Trump y sus mensajes contra los cárteles fueron subiendo de tono hasta llegar a una confrontación directa con las organizaciones criminales.

Trump había metido presión desplegando navíos espía en las aguas del océano Pacífico frente a la costa bajacaliforniana. Los cielos mexicanos fueron testigo de la presencia de aviones capaces de capturar imágenes de viviendas del Triángulo Dorado —zona limítrofe de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango—, tradicionalmente refugio de capos. Además, se reforzó la presencia en México de las agencias de seguridad estadounidenses.

Y así fue cómo la política condescendiente y criminal de “abrazos no balazos” empezó a desdibujarse, dejando perplejos a los líderes de los cárteles que han seguido la estrategia de fuga hacia adelante generando una atmosfera de persecución y violencia en distintas regiones del país que ha costado ya la vida de miles de mexicanos y con una percepción de miedo que rebasa el 61 por ciento, de acuerdo con el INEGI. Se derruía así el mito de López Obrador de que “en México no se produce fentanilo”, Cuando Omar García Harfuch, el secretario de seguridad pública, acaba de declarar que se han destruido más de 800 laboratorios.

El problema, sin embargo, no solo son los cárteles y su capacidad de producir y distribuir drogas en las calles estadounidenses, sino todo el andamiaje político para que funcione eficazmente el negocio, que no habría alcanzado los niveles que tiene de no ser por las complicidades de los políticos con los líderes o intermediarios de los cárteles de la droga.

Y si bien podríamos decir que Trump estaría contento con los resultados de su presión, no es así. Ha dicho lapidariamente que el gobierno mexicano quiere hacerlo “feliz”, blindando la frontera norte, haciendo aprehensiones y deportaciones de capos, destruyendo laboratorios y hasta permitiendo que los agentes estadounidenses colaboren con el sistema de seguridad nacional, incluso que los vuelos espía se realicen o los navíos naveguen amenazantes en las aguas del Pacífico.

Pero, aun con resultados sorprendentes, la presión continúa tanto desde la tribuna pública como a través de la diplomacia.

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos tuvo una entrevista recientemente con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional. Más allá de las cortesías mutuas, lo que dio la nota fue que, de regresó a su país, Noem declaró que le había dejado a Sheinbaum una lista de peticiones para seguir mejorando la buena relación entre las dos naciones.

La presidenta Sheinbaum no salía de su asombro cuando se hicieron realidad los aranceles. Si bien México y Canadá no aparecen en el listado de países de Trump fue porque antes de esa comparecencia frente a los medios de comunicación los aranceles ya se habían definido para sus socios comerciales: y se cobraría un arancel del 25% a la importación de acero y aluminio, y lo mismo para aquellos productos que no están bajo el techo comercial del T-MEC, que representan aproximadamente el 50% de las exportaciones de México al país vecino.

En definitiva, la presión de Trump sobre México ha cambiado la política sostenida por el obradorismo y opera la lógica de negociación dura trumpista: “Si el adversario cede a la primera, puedes seguir presionando y obteniendo mayores beneficios”. Hay quien dice que en esa lista diplomática están los nombres de muchos políticos en funciones. 

Esa es la realidad en medio de una narrativa anticrisis que busca vender la idea de que las derrotas son triunfos y las pérdidas son ganancias. Y, pues, llega el momento de saber dónde se encuentra la línea roja de Sheinbaum.

El deporte como motor de inclusión: una cancha todavía desigual en América Latina

Constanza Cilley
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El deporte como motor de inclusión: una cancha todavía desigual en América Latina

Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una fecha que recuerda el poder transformador de la actividad física como herramienta de cohesión social, inclusión y bienestar. Este año, el lema global “Igualando el terreno de juego” resuena con especial fuerza en América Latina, una región donde el acceso al deporte y al ejercicio regular sigue marcado por profundas desigualdades de género, edad y nivel educativo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo y que su aumento en muchos países ha influido considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud general de la población mundial.

Un estudio global reciente realizado por la red WIN, basado en más de 34.000 entrevistas en 39 países, ofrece una radiografía precisa sobre los hábitos de actividad física en el mundo. Los resultados muestran que, si bien la práctica de ejercicio crece lentamente a nivel global (del 37% en 2018 al 43% en 2025), persisten importantes barreras para millones de personas.

En América Latina solo el 35% de la población declara hacer actividad física con frecuencia, muy por debajo del promedio global (43%), lo que la ubica como la región menos activa del estudio. El 65% de los latinoamericanos no hacen ejercicio de forma regular.

Las brechas son múltiples. Las mujeres y las personas mayores de 65 años son los grupos más inactivos. Pero el factor más determinante es la educación: solo un 18% de quienes tienen bajo nivel educativo ejercita con frecuencia, frente a un 53% entre quienes tienen formación superior. 

Entender qué motiva a las personas a hacer ejercicio también ayuda a diseñar políticas más efectivas. Distintos estudios en la región revelan que la principal razón para ejercitar es la mejora de la salud, seguida por el bienestar emocional y el deseo de sentirse bien más que por razones estéticas. En Colombia, por ejemplo, investigaciones académicas han encontrado que hombres y mujeres comparten como primera motivación la diversión, pero divergen en otras: las mujeres priorizan sentirse bien consigo mismas y cuidar su figura, mientras que los hombres suelen enfocarse más en la competencia y el rendimiento físico. Además, la salud mental aparece cada vez con más fuerza como motor de la actividad física, especialmente en contextos urbanos donde el estrés cotidiano genera una necesidad de descarga y regulación emocional.

El mito de la falta de tiempo también se desmorona: según los datos, las personas que trabajan o estudian son las más propensas a ejercitarse, lo que sugiere que el deporte también es una cuestión de oportunidad, motivación y entorno.

Los promedios regionales esconden importantes diferencias. Paraguay (53%), México (50%) y Argentina (44%) lideran la región, seguidos de Perú (32%) mientras que Brasil, Chile y Ecuador tienen niveles cercanos al 25%. En todos los países los hombres ejercitan más que las mujeres, pero en Perú la brecha de género es especialmente marcada.

Esto puede responder a múltiples factores: desde roles tradicionales que dejan menos tiempo libre a las mujeres, hasta la inseguridad en el espacio público y estereotipos que aún asocian el deporte con lo masculino. También influye cómo se percibe y declara el ejercicio: muchas mujeres realizan actividad física vinculada a tareas domésticas o de cuidado, como caminar largas distancias, pero no la registran como tal. 

Un dato llamativo es el vínculo con las mascotas. El estudio muestra que las personas que tienen animales, especialmente perros, son más propensas a ejercitar: los paseos se convierten en un hábito saludable que promueve la vida activa incluso entre quienes no van al gimnasio.

En Argentina los datos muestran una evolución positiva: la actividad física frecuente creció del 36% en 2021 al 44% en 2025. El aumento se explica sobre todo por los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, que lideran los niveles de ejercicio del país. Pero la brecha por nivel socioeconómico y educativo es notable

En contraste, Brasil vive un retroceso alarmante. La tasa de actividad física bajó del 36% en 2021 al 27% en 2025. Según especialistas, esto se debe a una combinación de factores: el aumento del costo de vida, que limita el acceso a gimnasios y deportes pagos; la pérdida de hábitos adquiridos durante la pandemia, y la desigualdad estructural en el acceso a espacios y programas deportivos. Actualmente, el 72% de los brasileños no hace ejercicio regularmente

La importancia del deporte no se limita a sus beneficios para la salud física o mental. Cuando es accesible, puede ser una herramienta poderosa de transformación social. La Fundación Espartanos, en Argentina, es ejemplo de ello: trabaja con personas privadas de libertad a través del rugby, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal. Su historia fue retratada recientemente en una serie documental de Disney+, lo que ayudó a visibilizar su impacto.

También son destacables las iniciativas estatales. El programa Deporte para la Inclusión Social del Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina lleva actividades físicas a barrios vulnerables del país, generando espacios de contención, formación y derechos. En Brasil, el programa Segundo Tempo busca garantizar el acceso al deporte a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reforzando la escuela pública como ámbito de inclusión.

Estas iniciativas muestran que, con decisión política, el deporte puede ser mucho más que recreación: puede ser un instrumento de ciudadanía, resiliencia y equidad.

Los datos son contundentes: el acceso al deporte sigue siendo profundamente desigual en América Latina. Aunque se han logrado avances, millones de personas —especialmente mujeres, personas mayores y con bajos recursos— siguen fuera de la cancha.

El estudio deja una conclusión clara: el deporte tiene el poder de unir, inspirar y transformar, pero eso solo será posible si nadie queda al margen. América Latina necesita políticas públicas sostenidas, espacios seguros, campañas culturales y programas comunitarios que igualen el terreno de juego. Porque cuando el deporte es para todos, gana la sociedad entera.

Constituyente exprés y el apetito autoritario de Daniel Noboa

Luis Córdova-Alarcón
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Constituyente exprés y el apetito autoritario de Daniel Noboa

El resultado electoral del 13 de abril fue inesperado. No tanto por quien se alzó con la victoria, sino por la diferencia: Daniel Noboa obtuvo más de diez puntos porcentuales de diferencia sobre Luisa González. Tras la elecciones, Ecuador ha entrado en otro proceso de recesión democrática, en especial con relación a los tres predicados básicos de la democracia: elecciones competitivas, derechos liberales de expresión y asociación, y el imperio de la ley. Lo que renombrados politólogos, como Adam Przeworski, denominan “autocratización democrática” para referirse a la “desconsolidación”, “erosión”, “desgaste” o “retroceso” de la democracia.

Según el índice elaborado por la influyente revista The Economist para el período 2006-2024, Ecuador es catalogado como un “régimen híbrido”. En una escala de 1 a 10 su puntuación más baja fue el año pasado —2024— cuando obtuvo 5.24 puntos. Es decir, bajo el gobierno de Daniel Noboa, en el marco de un «conflicto armado interno» y una ola de violencia criminal sin parangón, Ecuador obtuvo la peor calificación.

Pero este proceso de “autocratización democrática” no es nuevo. Ecuador ya lo vivió bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). Así lo constata el último informe de V-DEM Democracy 2025 que grafica muy bien ese giro en U hacia la democratización que habría iniciado en 2018, pero que desde el 2022 vuelve a decaer, anticipando un nuevo ciclo de autocratización, ahora bajo el liderazgo autoritario de Daniel Noboa.

Por ello, resulta ridículo escuchar a correístas y noboístas acusarse mutuamente de fraude y abuso de poder, como si sus líderes fueran demócratas ejemplares. En las elecciones del 2025, el “presidente-candidato” Daniel Noboa fue igual o más abusivo que el “presidente-candidato” Rafael Correa, en las elecciones del 2013. Es la memoria selectiva y las ideologías viciadas de ambos bandos lo que lo que nubla su razonamiento.

Como en todo proceso de “autocratización democrática”, Noboa necesita moldear el contexto institucional a su imagen y semejanza (lo hizo Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, Bukele en El Salvador y ahora Donald Trump en Estados Unidos). De ahí su interés en activar un “proceso constituyente rápido y ágil”. Cómo lo piensa realizar, aún es un misterio, pero hay suficiente material para hacer un breve análisis prospectivo.

El primer escenario es político institucional, y pasa por dirimir la composición de la Asamblea Nacional. ADN, el movimiento político oficialista parte con un bloque legislativo de 66 asambleístas electos (de un total de 151 miembros) y la Revolución Ciudadana (movimiento político del expresidente Rafael Correa) con otro bloque de 66 —eran 67, pero en la última semana una asambleísta anunció su desafiliación—. Es previsible que en los próximos días un buen número de asambleístas de otras tiendas políticas se alineen con el bloque oficialista, que es el único con capacidad real de negociación. Esto a menos que las disputas internas en las filas oficialistas abran fisuras que puedan ser aprovechadas por la Revolución Ciudadana.

El segundo escenario es político social. Otro damnificado con los resultados del 13 de abril es Leonidas Iza, presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador), la organización social con mayor capacidad de movilización e incidencia política del país. La unidad de las izquierdas en torno a la candidatura de Luisa González, entre ellas Pachakutik —brazo político electoral de la CONAIE— produjo la percepción, luego del 13 de abril, de que la izquierda institucional también fue derrotada junto al correísmo.

Así las cosas, la CONAIE ha lanzado una campaña de pedagogía política para advertir sobre el riesgo que corren los derechos colectivos reconocidos en la Constitución del 2008 y que podrían ser eliminados de un plumazo en una constituyente controlada por el oficialismo.

El liderazgo de Iza surgió con las protestas sociales en octubre del 2019 y junio del 2022, y necesita volver a las calles para refrendarlo. Pero en un escenario militarizado y colonizado por el miedo a los ataques terroristas y otras formas de violencia criminal, las posibilidades de éxito son escasas.

Para prevenirlo, el gobierno de Daniel Noboa se ha declarado en “alerta máxima” desde la madrugada del 19 de abril. La razón es un supuesto “informe” de inteligencia militar que sugiere un «traslado de sicarios desde México y otros países a Ecuador para llevar a cabo atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo». El Ministerio de Gobierno, en un comunicado del mismo día, titulado “La venganza de los malos perdedores”, ha gatillado el encuadre discursivo que darán a cualquier movilización social para clausurar las calles como escenario político.

Con ambos escenarios bajo control, un “proceso constituyente” rápido y ágil, como desea Daniel Noboa, se vuelve posible.

Desde hace algunos años, distintos voceros de las élites económicas han persistido en una idea: reinstaurar la Constitución de 1998 mediante referendo. Uno de los más fervientes defensores de esta idea es el exvicepresidente Alberto Dahik Garzozi, quien fungió como asesor ad-honorem del expresidente Guillermo Lasso y apadrinó a Daniel Noboa en su primera visita a Carondelet, en 2023. Por tanto, no sería difícil que una Corte Constitucional dócil autorice integrar una comisión especial que actualice la Constitución de 1998 para luego someterla a referendo.

Algo semejante ya ocurrió en el Referendo de 1978, cuando la dictadura militar llamó a las urnas para que el pueblo escojiera entre la Constitución de 1978 o la Constitución de 1945 reformada. Aquel referendo significó el tránsito a una democracia electoral restringida por el poder militar.

Hoy, un poder militar restaurado en el marco del “conflicto armado interno” podría ser nuevamente quien dirima el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, el haz de crisis que mina el Ecuador tendrá que esperar.  

Aranceles: ¿juego de suma cero o tiro al pie?

Ottón Solís
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Aranceles: ¿juego de suma cero o tiro al pie?

Imaginemos que la economía mundial es Centro América, que Costa Rica importa más mercancías de las que exporta, que los otros países aceptan papeles impresos por su Banco Central —billetes en colones— en pago por lo que le exportan, que con buena parte de sus superávits comerciales compran bonos del gobierno de Costa Rica y hacen depósitos en sus bancos, aceptando, debido a la confianza en la solidez de su economía, tasas de interés más bajas de  las que podrían lograr en otros mercados, y que esas deudas se puedan atender con esos mismos papeles.

Los déficits comerciales surgen porque una importante proporción de los consumidores e inversionistas costarricenses prefieren abastecerse de productos finales, intermedios y de capital de los países centroamericanos porque ahí los precios son menores a los locales. O sea, esos déficits son la consecuencia de que el país escogió tener una calidad de vida y una productividad superiores a las que se derivarían de las capacidades de su economía. En estas circunstancias, Costa Rica, lejos de ser víctima de las políticas de otros países, más bien disfrutaría de niveles de consumo por encima de sus medios y de un crecimiento económico mayor que el que corresponde a su productividad. 

La disposición de esos países a guardar los colones derivados de sus superávits comerciales en bonos del gobierno tico y en depósitos en sus bancos resulta en menores tasas de interés en Costa Rica, permite elevar el monto sostenible del endeudamiento público, mayor inversión a un bajo costo para ampliar la infraestructura y la calidad de los servicios y menores tasas de interés para la inversión privada, todo lo cual contribuye a una tasa de crecimiento económico superior sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica.

En esa situación, encarecer las importaciones por medio de tarifas para dotar de competitividad la producción local y así acabar con los déficits comerciales eliminaría una por una esas ventajas y no sería más que un autogol. Esto es cierto aun cuando los países centroamericanos no tomasen represalias que regresen la competitividad relativa al punto de partida y aun cuando no existiera la incertidumbre para el inversionista tico sobre si un futuro gobierno eliminaría las tarifas.

La economía de Estados Unidos tiene ante el mundo una realidad idéntica a esa hipotética situación de Costa Rica. Aprovecha el hecho de que con un papel impreso por su banco central —el dólar— puede pagar por la producción real de otros países para vivir muy por encima de sus capacidades. Lejos de ser estafado por otros países, tal y como afirma Trump, Estados Unidos vive muy por encima de sus medios debido a ese simple hecho. Eso no quiere decir que Estados Unidos esté estafando a nadie, pues es gracias a su fortaleza económica que el resto del mundo acepta ese papel como medio de pago y confía en sus bonos gubernamentales y en sus bancos.

Por ello, al asumir que las relaciones comerciales son un juego de suma cero en el que para ganar el otro debe perder, y que un déficit comercial refleja perder y un superávit ganar, el presidente Trump ignora esas realidades, revela un simplismo de tablero alejado del complejo ajedrez característico de las dinámicas del comercio internacional: no es nada más que un gigantesco autogol.

Los déficits comerciales son un problema económico para países como Costa Rica que tienen que pagar las importaciones con dinero de otros países, para lo cual, por lo general, deben endeudarse y/o atraer inversión extranjera por medio de subsidios y exoneraciones fiscales. Esta combinación de factores pone en peligro permanente la estabilidad macroeconómica y obliga a limitar el gasto en infraestructura y servicios sociales, como forma de liberar recursos para dirigirlos a financiar el pago de intereses y los costos fiscales crecientes de estructurar una economía basada en exoneraciones y subsidios a empresas extranjeras.

Para agregar a lo absurdo de las ocurrencias de Trump, su objetivo es lograr superávits comerciales con todos los países del mundo. Estados Unidos no produce ni café ni cacao; quizá con algunos de los países que exportan esos productos es no solo inevitable sino conveniente para Estados Unidos tener déficits. Muchos países de la región, aun sin las ventajas de Estados Unidos descritas anteriormente, quizá no pueden evitar tener déficits, por ejemplo, con países petroleros o aquellos productores de bienes que incorporan tecnologías de punta. Elevar los aranceles en esos casos podría dañar severamente sus economías.

Trump fanfarronea con que los países afectados por las tarifas están haciendo fila para renegociar, y que ese era su objetivo. Si es así, se inicia un periodo incierto en sus resultados, contaminado por amenazas y chantajes y con una China esperando usufructuar de los enojos contra Estados Unidos. Ese panorama afectará severamente los planes de inversión del sector privado, el empleo y el crecimiento económico, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Lejos de Recuperar la Grandeza de Estados Unidos (MAGA), Trump está empequeñeciendo a su país y al mundo mientras viola toda regla del comercio internacional, tanto las globales en el marco de la OMC como las contenidas en tratados de libre comercio como el CAFTA-DR. Esto, claro, nos da la razón a quienes afirmábamos que no era cierto que con ese tratado el acceso al mercado norteamericano quedaba blindado de coyunturas políticas o geopolíticas. En materia de relaciones internacionales, la regla histórica ha sido que las decisiones no dependen de ningún absoluto moral o legal sino del ejercicio del poder desde niveles desiguales (might is right). Por ello siempre dudamos de que un tratado de libre comercio con países débiles guiaría el comportamiento de Estados Unidos.

Pero las abrumadoras violaciones de Trump al derecho internacional (sorprendente y decepcionantemente apoyadas por más de la mitad del poder político de su país) eliminan cualquier autoridad moral para que Estados Unidos exhiba a países que no actúan de acuerdo con las reglas. Esa imponente actitud, revalidada por Trump cuando parafrasea a emperadores y tiranos enemigos de cualquier principio democrático, los cuales afirmaban que «los que salvan su país no violan ninguna ley”, nos lleva a un mundo en el que todo se vale cuando se tiene poder. Desde el punto de vista de la definición de civilización, un mundo en el que todo se vale deja de valer. Nos regresa a la ley de la selva, la del más fuerte, la de la violencia y la guerra o la de la paz por imperio de unos sobre otros, no por armonía y voluntad.

No se trata de un nuevo Consenso de Washington, ahora guiado por el mercantilismo típico de los siglos XVIII y XIX, porque en este caso ni organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ni las otras potencias occidentales, comparten las decisiones de Trump. Lejos de consenso, hoy en esas esferas la palabra más frecuente es represalia.

América Latina se verá afectada, como resultado de la posible caída en el crecimiento del PIB mundial, de los aranceles contra nuestras exportaciones y del incremento en las tasas de interés resultantes de la inflación que podría generar el incremento de los impuestos a las importaciones en Estados Unidos. Sin embargo, puede sacar provecho del enfrentamiento de este país con sus amigos del mundo desarrollado, reforzando nuestras relaciones económicas con Europa, China, Japón, India y otras potencias del Sur Global, sin, por supuesto, abandonar el mercado norteamericano.

Para lograrlo, nuestros gobiernos no pueden seguir, dócilmente, atendiendo las órdenes de Trump, dirigidas, por ejemplo, a impedirle a Huawei competir para vendernos la tecnología 5G, a hacernos participar en una vergonzosa política de deportaciones violatoria de derechos humanos fundamentales o a debilitar la absoluta soberanía panameña sobre el Canal. Lo que corresponde es, con dignidad, construir y ejecutar la política exterior que mejor responda a los intereses de cada uno de nuestros países… no a las ocurrencias de una potencia.

¿Cómo debe lidiar América Latina frente al caos de Trump?

Nicolás M. Perrone
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¿Cómo debe lidiar América Latina frente al caos de Trump?

En su último número, la revista The Economist describió la política comercial de Trump como “La era del caos” (The Age of Chaos). En realidad, Estados Unidos ha venido girando en contra del libre comercio desde 2017, con el inicio de la primera administración Trump, que elevó aranceles a China de forma unilateral y se retiró del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Cabe recordar que la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, también se oponía a dicho acuerdo. Posteriormente, la administración Biden mantuvo esa postura y sus asesores sostuvieron que el libre comercio no había beneficiado a Estados Unidos: perjudicó a los trabajadores y favoreció a su principal rival geopolítico.

Con Trump II, sin embargo, los cambios han sido aún más drásticos. La política comercial de Estados Unidos se ha vuelto mucho más caótica e impredecible. Caótica porque contradice el orden internacional: Trump no tiene interés en respetar compromisos internacionales o instituciones multilaterales. Impredecible porque no queda claro si sus decisiones responden al déficit comercial, a la rivalidad con China, o a otros motivos; ni se sabe cómo se calculan los aranceles adicionales.

Pero hay una novedad aún más preocupante: Estados Unidos ha decidido olvidarse de sus aliados. Ya desde la era Obama era evidente la intención de desplazar a China en el ámbito comercial, mediante iniciativas como el TPP, que buscaba establecer reglas antes de que lo hiciera el gigante asiático. Biden, por su parte, lanzó el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) y el American Partnership for Economic Prosperity (APEP), con el objetivo de construir una nueva política comercial enfocada en la prosperidad, pero con la intención también de apartar a China. Estas iniciativas aseguraban que Estados Unidos no dejaría a sus aliados de lado. Sin embargo, Trump II ha roto con esa premisa. El caos de los aranceles ha ha afectado a Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, sus principales aliados.

En América Latina, muchos países se han visto afectados por los aranceles, incluso aquellos con tratados de libre comercio (TLC) vigentes con Estados Unidos. En Sudamérica: Chile, Colombia y Perú; en Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Nicaragua. En Norteamérica, por supuesto, México. Biden intentó incluir a varios de estos países en el APEP y explorar otras formas de promover comercio e inversiones. Trump, en cambio, ha ignorado completamente estos esfuerzos e impuesto aranceles de manera unilateral.

¿Qué deberían hacer estos países y el resto de las economías latinoamericanas ante este escenario?

Por las declaraciones de Trump y sus funcionarios, parece que Estados Unidos espera que los países acudan a ofrecerle algo más, adicional a lo ya pactado en los TLC y consolidado en la OMC. Ese «algo más» no es menor. Lo ya negociado incluye rebajas arancelarias, normas sobre propiedad intelectual, servicios, restricciones a la transferencia tecnológica y protección a las inversiones.

Sin embargo, las economías latinoamericanas deberían resistirse a ceder rápidamente a estas presiones. Por supuesto, es útil mantener conversaciones bilaterales para entender mejor la postura de la potencia del norte, pero ofrecer concesiones aceleradamente puede ser un error por al menos tres razones: primero, porque Trump no actúa conforme al Estado de Derecho, sino según la ley del más fuerte, donde el poder impone su voluntad sin garantías de cumplimiento; segundo, porque quienes han negociado acuerdos comerciales no necesariamente tienen la capacidad de evaluar las implicancias geopolíticas y estratégicas involucradas, que van mucho más allá de lo comercial; y tercero, porque muchos países están enfrentando desafíos similares y podrían beneficiarse más de una respuesta coordinada.

En Latinoamérica son varios los países que tienen TLC con Estados Unidos. Algunos se han agrupado en la Alianza del Pacifico y todos mantuvieron reuniones en el marco de APEC. Salvo el caso de México, por su integración con Estados Unidos, ninguno está en una posición especial. Todos, sin embargo, comparten un objetivo común: que se respete lo pactado y que la región sea reconocida por su peso comercial y estratégico.

Más que redefinir su estrategia de negociación, la región necesita equilibrar el poder relativo y elevar el costo de un incumplimiento para Estados Unidos. Por eso es fundamental que los países con TLC —e idealmente todos— coordinen su respuesta. Lo mismo deben hacer los representantes del sector privado, no solo para reforzar la posición de sus delegaciones, sino también para movilizar sus redes y aliados comerciales dentro de Estados Unidos.

En un entorno caótico, como una jungla, ganan los más fuertes. Especialmente si los débiles actúan por separado. Los países latinoamericanos con TLC tienen espacios para negociar en bloque: la Alianza del Pacífico es uno, APEP es otro, donde también participan Uruguay y Ecuador.La pauta ya la están marcando los países del Sudeste asiático que, si bien han mantenido diálogos bilaterales, también han coordinado respuestas y políticas a través de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Esta estrategia regional, aunque más costosa en el corto plazo, puede ser la mejor a mediano y largo plazo. Especialmente si, como afirma The Economist, hemos entrado en una era del caos.

En un entorno caótico, como una jungla, ganan los más fuertes. Especialmente si los débiles actúan por separado. Los países latinoamericanos con TLC tienen espacios para negociar en bloque: la Alianza del Pacífico es uno, APEP es otro, donde también participan Uruguay y Ecuador.

La pauta ya la están marcando los países del Sudeste asiático que, si bien han mantenido diálogos bilaterales, también han coordinado respuestas y políticas a través de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Esta estrategia regional, aunque más costosa en el corto plazo, puede ser la mejor a mediano y largo plazo. Especialmente si, como afirma The Economist, hemos entrado en una era del caos.

Gerentes públicos del mundo 

Sebastián Godínez Rivera
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Gerentes públicos del mundo 

La Administración Pública (AP) está asociada a la burocracia y estructura del Estado, de acuerdo con teóricos como Alexis de Tocqueville, Jean Bonin, Dwight Waldo o Woodrood Wilson, por mencionar algunos. Sin embargo, la AP también es una ciencia social que contribuye al diagnóstico de los problemas que aquejan a la sociedad. Se trata de una de las ciencias que más impactan en la vida de las personas, puesto que la seguridad, los servicios públicos, la educación y la salud, entre otros, están ligados íntimamente con la vida diaria.

Cabe destacar que la AP no es estática, sino que ha tenido diversos cambios a lo largo del tiempo. En El Antiguo Régimen y la Revolución Tocqueville destacó que fue la burocracia quien sobrevivió al derrumbe de los absolutismos. Por su parte, Weber analizó la organización del Estado prusiano, que era el más eficiente, eficaz y efectivo al momento de implementar políticas públicas. Sin embargo, con la llegada del siglo XX, la administración se fue transformando y estuvo marcada por otras escuelas.

Entre 1920 y 1932 el taylorismo y el fordismo influyeron en la administración apelando al consumo, la eficiencia y la división social del trabajo. Entre 1940 y 1950 surgió la escuela de las relaciones humanas, que impulsaba el análisis de las organizaciones a través de los individuos y sus comportamientos. A la par surgió la denominada Escuela de la Contingencia, enfocada en analizar las organizaciones por los estímulos internos y externos a los que están expuestas.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las ciencias sociales cobraron relevancia y estuvieron marcadas por el triunfo de la democracia liberal sobre los fascismos. La AP no fue la excepción y adoptó un enfoque bidimensional centrado en 1) la democracia electoral y liberal, y 2) la conformación del estado del bienestar, es decir, un modelo interventor que redistribuía la riqueza e intentaba reducir las brechas de desigualdad.

Durante la década de los años setenta del siglo XX, el estado del bienestar se agotó y dio paso a un Estado mínimo, centrado en la nula intervención de la economía y sustentado en el dogma de que el mercado se regula solo. La entrada del proyecto desregulador impactó en la Administración Pública dando paso a la Nueva Gestión Pública (NGP), centrada en incluir principios de las empresas privadas en el Estado y con esto corregir males como la corrupción, la ineficiencia y su robustez, ya que contaba con varias empresas.

El mundo comenzó a presenciar el ascenso de presidentes y primeros ministros que no necesariamente eran administradores de formación, pero sí impulsan la NGP a través de sus políticas desreguladoras. Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos fueron los principales personajes que impulsaron la liberalización económica, las privatizaciones de empresas del Estado y la reducción de la intervención del Estado en la economía.

Estos personajes centraron sus proyectos en la rentabilidad de las empresas para la economía de sus naciones. Hablamos de eventos como el cierre de minas en Reino Unido y las protestas callejeras desafiando a Thatcher o el proyecto reaganomics, centrado en reducir el impuesto al petróleo y simplificar el sistema tributario. Estas decisiones buscaban sanear las economías, eliminar la carreta de los aranceles y combatir la corrupción que se había gestado en gobiernos anteriores.

Sociólogas como Naomi Klein lo llamaron la doctrina del shock, es decir, aplicar un tratamiento agresivo contra la enfermedad, o sea, la crisis económica. En América Latina, la NGP estuvo acompañada de los gobiernos militares como los de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina; ambos generales fueron cobijados por la doctrina de seguridad nacional, impulsada por Henry Kissinger, pero también contaban con un proyecto económico. Estos gobiernos privatizaron diversas empresas, puesto que el objetivo era reducir la carga fiscal en la economía.

Durante la década de los ochenta y los noventa, América Latina estuvo gobernada por una gama de presidentes que son catalogados como parte de la NGP. En la ciencia política este periodo coincidió con el ascenso de lo que se denomina neopopulistas, en referencia a personajes carismáticos con discursos que prometían eliminar los problemas heredados a través de la desregulación económica. Todos fueron electos democráticamente, pero algunos ya en el poder optaron por el autoritarismo.

Un neopopulista como Alberto Fujimori en el Perú, que gobernó con poderes absolutos de 1992 a 1999, lo logró asociado con los grandes capitales del país y adoptando el Consenso de Washington. En Argentina, Carlos Menem privatizó cerca de 80 empresas estatales correspondientes al sector minero, militar y de telecomunicaciones, entre otros. Mientras tanto, en México el proyecto desregulador estuvo acompañado del entonces partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI impulsó a Carlos Salinas de Gortari, que, ya como presidente, prometió que abrazaría el liberalismo social, es decir, asignó otro nombre al proyecto neoliberal. Salinas logró renegociar la deuda externa de México, vendió empresas que no eran rentables para el Estado y generó un nuevo crecimiento económico. Una característica de su gobierno es que el gabinete estaba integrado por miembros que habían estudiado en las principales escuelas de Estados Unidos: la Universidad de Chicago, Yale y Harvard.

Algunos otros presidentes de larga data en la izquierda y críticos de las grandes potencias también adoptaron políticas de libre mercado. En Brasil, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, quien, en su texto conjunto con Enzo Faletto Dependencia y desarrollo económico en América Latina criticó el imperialismo económico, cuando fue presidente tuvo que sumarse al modelo librecambista.

En otras latitudes, como Europa del Este y Asia, la historia tuvo algunas variaciones. Durante la tercera ola de democratización de acuerdo con Samuel Huntington, los ex países soviéticos adoptaron economías de libre mercado y democracias parlamentarias; empero, los procesos que realizaron solo consolidaron Estados mafiosos, es decir, el poder político y económico se unificaron en una élite empresarial que está asociada al gobernante en turno.

Rusia es el mayor ejemplo de ello. Boris Yeltsin fue el primer presidente de la Federación Rusa; en su mandato vendió empresas del Estado a ex miembros de los soviets, lo que creó una oligarquía. Cuando fue sucedido por Vladimir Putin, quien ha alternado el poder como primer ministro y presidente, las privatizaciones continuaron. El distintivo con su antecesor es que Putin coptó a las élites económicas, lo cual le ha permitido mantenerse en el poder y eliminar cualquier vestigio de oposición real.

Putin no sometió al poder económico a su poder autocrático, sino que creó una relación simbiótica, se necesitan mutuamente para sobrevivir. Rusia no es una democracia, pero al empresariado no parece molestarle, mientras siga obteniendo beneficios. Por otro lado, en Asia la historia de la modernización está marcada por la Nueva Gestión Pública y los autoritarismos.

Países como Corea del Sur, Singapur y Filipinas estuvieron marcados por autoritarismos que abrazaron el libre mercado. En el caso de Corea del Sur y el archipiélago filipino, las dictaduras militares y personalistas respectivamente fueron esenciales para integrar a estos países a la globalización. En el caso de Singapur, el partido hegemónico, Acción Popular, ha gobernado desde la independencia, pero se ha adaptado a los cambios económicos en un mundo interconectado.

Todos los casos mencionados con antelación están asociados a la Nueva Gestión Pública, puesto que se han adoptado enfoques del sector privado para implantar modelos de libre mercado. En algunos casos el autoritarismo ha acompañado a la desregulación económica, ya sea por gobiernos autoritarios civiles o militares; en otros, ha sido un proyecto que trasciende a las presidencias; y en otro puñado, ha coexistido con la democracia liberal.

Cabe destacar que los líderes descritos con antelación no son los únicos ligados a la NGP, sino que el mundo está presenciando el ascenso de otros que tienen tintes empresariales más marcados. Solo por mencionar algunos, Donald Trump y el respaldo que le han dado los gigantes tecnológicos como Musk, Bezos o Zuckerberg; Nayib Bukele y sus innovaciones en las criptomonedas; Javier Milei, quien gobierna Argentina como una empresa privada, o Xi Jing Ping, que ha guiado a China hacia la conversión tecnológica.

El Papa de este mundo

Fabián Bosoer
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El Papa de este mundo

En los doce años que duró su  pontificado, el Papa Francisco, se destacó como figura singular y descollante en un mundo signado por la vacancia de liderazgos a la altura de los desafíos globales que enfrenta el Planeta. Viniendo de un país en el que hace tiempo han entrado en crisis los grandes liderazgos, Francisco se proyectó como el jefe de Estado argentino más carismático e influyente de la historia en el mundo actual.

Esa fue una de sus peculiaridades: un latinoamericano a la cabeza de un estado europeo, el más pequeño del mundo, portador de una influencia y una proyección de alcance global, que supo trascender su dimensión religiosa como jefe de la Iglesia Católica.

Este Papa argentino que no volvió a pisar el suelo de su país natal, atravesó fronteras con su palabra y su testimonio, como impulsor del diálogo ecuménico e inter-religioso, peregrino de la paz en un mundo en guerra; promotor de las ideas de justicia social y protección del medio ambiente frente a las desigualdades extremas y el deterioro ambiental que impacta en todas las geografías y sociedades. Un jesuita que habló de la idea de bien común para un mundo en cambio constante, y el “cuidado de la Casa Común”, como titula su encíclica Laudato Si, situando los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad en las encrucijadas del siglo XXI.

Andrea Riccardi, historiador y uno de los más destacados intelectuales del campo católico en Italia, fundador de la Comunidad de San Egidio, explicaba en nota del Corrierre della Sera, que “el primer pontificado en el mundo global, ajeno a la articulación posconciliar entre progresistas y conservadores, nació como respuesta a la desorientación”. Bergoglio compartió la idea de que la Iglesia de Roma tenía que cambiar, común a cardenales de diferentes procedencias y posiciones.

Pero además, entendió que algo en el fondo había cambiado entre los católicos, que el “nosotros” se había resquebrajado y había que relanzar una orientación común. Fue el reto de “salir” que propuso a los pocos meses de su elección con la encíclica Evangelii gaudium, escribe Riccardi. La elocuente frase de Francisco, recién elegido, signó su pontificado: “Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo (al nuevo Papa) casi al fin del mundo”. El “guía” se buscaba fuera de los mundos habituales.

Francisco le imprimió una renovación a la Iglesia, conmovió sus cimientos, ventiló sus asuntos. Lejos de su tierra natal, se ha demostrado un Papa más mundano y cercano que sus antecesores. También, como el Papa más pensado y discutido. Es ese también parte de su legado.

*Texto publicado originalmente en Clarín

Una paz armada en Colombia

Diego Pérez
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Una paz armada en Colombia

La firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016 marcó un hito histórico en la búsqueda de la paz. Tras décadas de conflicto interno, el país entero contuvo la respiración, anhelando que la paz se convirtiera en la regla y no en la excepción. Se esperaba que, una vez superada la violencia, las regiones históricamente afectadas por la guerra pudieran comenzar a sanar y reconstruirse. Aunque el acuerdo fue un paso crucial, la situación de seguridad en Colombia sigue siendo un desafío.

La complejidad de alcanzar la paz en medio de tensiones, nuevos conflictos y uso de tecnologías como drones ha llevado al país a una situación de “paz armada”. La aparición de nuevos actores criminales y conflictos subyacentes ha retrasado la llegada de la paz en zonas donde el Estado no ha logrado atender las necesidades de la población. Al igual que la “Paz Armada” europea —periodo entre 1871 y 1914 marcado por el auge de la industria bélica, alianzas militares y el aumento de tensiones internacionales— Colombia atraviesa un clima de constante tensión, alimentado por un enfoque gubernamental más reactivo que preventivo.

Han pasado ocho años y seis meses desde la firma del acuerdo entre la longeva guerrilla FARC-EP y el Estado colombiano, un pacto en el que la dejación de armas, la reinserción a la vida civil de sus integrantes y el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición constituyeron la columna vertebral de una paz estable y duradera. No obstante, el conflicto se ha recrudecido en regiones como Cauca, Norte de Santander y Chocó —por nombrar algunas—, dejando a los civiles atrapados entre la zozobra y el miedo.

La “Paz Total” —bandera insignia del gobierno— ha sido un esfuerzo loable por poner fin al conflicto con disidencias y bandas urbanas. Sin embargo, no ha logrado cumplir su objetivo, especialmente en territorios como Nariño, Cauca y Norte de Santander, donde los ataques contra la población civil han aumentado —solo en Cauca se han registrado ocho ataques en lo que va de 2025—.

A su vez, la Paz Urbana en Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá ha mostrado ciertos avances. No obstante, la violencia se intensificó cuando el gobierno no supo aprovechar los 18 meses de tregua entre los Shottas y los Espartanos, un periodo clave en el que debió acelerarse la creación de un marco legal para negociar con estas bandas, al tiempo que se enfrentaban la desigualdad y la falta de oportunidades en el principal puerto del país. Los grupos armados y las guerrillas se afianzan en los territorios, incrementando la violencia y reduciendo las posibilidades de alcanzar una paz duradera —una paz que, hasta ahora, ha sido más parcial que total—.

La paz parece estar lejos de consolidarse como un fin, convirtiéndose más bien en un medio para la criminalidad. Aunque la “Paz Total” suena atractiva, la alta rentabilidad de las economías ilegales, el resurgimiento del conflicto en varias regiones, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento forzado, las disputas territoriales y el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz conforman el “cóctel” perfecto para la expansión de un conflicto más amplio, más violento y cada vez más difícil de resolver en el corto plazo.

La situación actual de Colombia guarda similitudes con la “Paz Armada” europea, cuando las potencias se preparaban para la guerra mientras sostenían una fachada de paz, adoptando nuevas tecnologías y tejiendo alianzas entre actores diversos. En ambos contextos, la paz no ha significado el fin de las tensiones, sino más bien una tregua temporal o una convivencia precaria.

En este escenario, los grupos armados han tejido alianzas para mantener el control territorial, social y económico de actividades ilegales, con el objetivo de impedir la entrada de otras estructuras criminales a sus zonas de influencia. Un ejemplo claro son las alianzas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 4 de las disidencias de Iván Mordisco, que buscan frenar el avance del Clan del Golfo en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Córdoba.

La incorporación de drones al conflicto ha marcado un nuevo paradigma en la guerra. Las guerrillas han empezado a utilizar estas tecnologías como una nueva forma de lucha para atacar tanto objetivos militares como civiles, representando un reto significativo para las fuerzas de seguridad. La versatilidad y adaptabilidad de estos dispositivos dificultan su detección y neutralización, lo que obliga a replantear con urgencia las estrategias de defensa y seguridad.

En este contexto, si bien la “Paz Total” busca poner fin a la violencia en las regiones y a la inseguridad en las ciudades, enfrenta obstáculos complejos como la persistencia de grupos armados disidentes y sus alianzas, el narcotráfico y la corrupción. Al igual que en la “Paz Armada” europea, la paz en Colombia es frágil y exige vigilancia constante para evitar que la violencia resurja con mayor fuerza.

Entre luces y sombras: el lento avance de la igualdad de género en la región

Marco T. Bustos Gutiérrez
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Entre luces y sombras: el lento avance de la igualdad de género en la región

Un informe publicado recientemente por la CEPAL y ONU-Mujeres arroja una radiografía clara —y preocupante— del estado actual de la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Bajo el título “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género a 2024”, este documento nos enfrenta con una realidad ineludible: el avance hacia la igualdad de género sigue siendo insuficiente, desigual y, en muchos casos, estancado.

La Agenda 2030, firmada en 2015 por 193 países miembros de la ONU, estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 5, dedicado a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Este objetivo, lejos de ser un mero ideal, está profundamente anclado en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Alcanzarlo no solo significa cerrar brechas legales y culturales, sino también garantizar que la mitad de la población mundial pueda ejercer plenamente su potencial, contribuir al desarrollo económico, y vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Sin embargo, según el informe, estamos lejos de lograrlo. La mayoría de los indicadores analizados muestran un progreso lento, y algunos en franco retroceso. Las acciones implementadas para reducir la violencia de género, erradicar el matrimonio infantil, incrementar la participación de mujeres en espacios de liderazgo y facilitar el acceso a tecnologías siguen siendo insuficientes. A este ritmo, el cumplimiento del ODS 5 para el 2030 parece una meta inalcanzable.

Especialmente alarmante es la situación relacionada con los marcos jurídicos. En varios países de América Latina, la legislación aún no ofrece garantías suficientes para proteger a las mujeres en su vida pública y privada. La falta de normas claras o la no aplicación de las existentes perpetúan un entorno en el que la violencia, la discriminación laboral y la desigualdad en el hogar siguen siendo moneda corriente.

Además, en ciertas áreas, los datos proporcionados por los países son insuficientes como para evaluar si se ha avanzado o no. Temas como la carga de cuidados no remunerados, los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la propiedad de la tierra siguen siendo invisibilizados en muchos países de la región, lo cual no solo dificulta el diagnóstico, sino también la acción efectiva.

El informe también destaca cuatro obstáculos estructurales que perpetúan la desigualdad de género: la persistente desigualdad socioeconómica, los patrones culturales patriarcales, la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder en manos de unos pocos. Estos factores no solo refuerzan la exclusión de las mujeres, sino que también limitan el progreso de nuestras sociedades en su conjunto.

La desigualdad de género no es un problema que afecte solo a las mujeres: es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Cuando las mujeres no pueden acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones, cuando se ven obligadas a asumir desproporcionadamente las tareas de cuidado, cuando son excluidas de los espacios de decisión política o empresarial, las economías pierden talento, las democracias se debilitan y el tejido social se resiente.

Frente a este panorama, es urgente repensar nuestro modelo de desarrollo. Necesitamos transitar hacia lo que el informe llama “una sociedad del cuidado”, en la que las responsabilidades domésticas y de cuidado se distribuyan de forma justa entre hombres, mujeres, el Estado y el mercado. Una sociedad que además de reconozca el valor de estos trabajos, los incorpore como parte esencial del bienestar colectivo.

Además, es necesario desarrollar marcos jurídicos más robustos, asignaciones presupuestarias con perspectiva de género y políticas públicas que realmente apunten a transformar las condiciones estructurales de desigualdad. La igualdad de género no puede depender únicamente de la voluntad individual, sino que requiere de decisiones políticas firmes, recursos sostenidos y, sobre todo, de una transformación cultural profunda.

En medio de tantas cifras y diagnósticos, a veces corremos el riesgo de perder de vista lo esencial: la igualdad de género no es solo un objetivo técnico o un indicador que alcanzar. Es una apuesta ética que tiene como objetivo alcanzar sociedades más justas, inclusivas y humanas. En América Latina, aún tenemos un largo camino por recorrer. Pero si algo nos enseña este informe, es que no podemos darnos el lujo de seguir postergando ese viaje.

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