Las preocupantes consecuencias de la militarización y la policización

Henry M. Rodríguez
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Las preocupantes consecuencias de la militarización y la policización

En Latinoamérica históricamente ha habido una clara injerencia de las fuerzas militares en la seguridad interna de los países, lo cual incide en el funcionamiento del orden democrático. En el caso de las fuerzas de policía, se critica su formación y actuación militar, sin que signifique que con esto se esté asumiendo algún tipo de rol propio de las fuerzas armadas. 

Tomando como referente el artículo Militarización de la Policía y Policización de las Fuerzas Militares. Revisión del fenómeno a nivel internacional y nacional, una investigación para la Policía Nacional de Colombia de los expertos William Guillermo Jímenez y Juan Pablo Turizo, esto obedece principalmente a factores internos de manejo del orden público para el caso de los militares, a la organización militar de la Policía desde sus orígenes y a cambios en la concepción acerca de la seguridad y la soberanía de los Estados. 

Es prudente recordar que las fuerzas militares en el mundo están destinadas a conducir operaciones orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, mientras que los cuerpos de policía están constituidos para asegurar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Países como Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México refuerzan la tesis planteada, mientras que Alemania ofrece un referente de éxito en el manejo de este asunto, luego de los desafortunados hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, cada caso es distinto por circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por esta razón no podemos acudir a factores de comparación, sino que tan solo podemos delimitar la investigación planteada a las consecuencias que trae cualquiera de los dos fenómenos objeto del presente escrito. 

La investigación destaca mayor relevancia en la “policización de las fuerzas militares” como un asunto que trasciende lo normal, lo legalmente establecido y la lógica de la seguridad. En esto coinciden expertos en el tema, que aclaran, primero, que no es función de los militares la seguridad interior, y, segundo, que la policía debe hacer lo necesario para garantizar el cumplimiento de su deber constitucional; esto, en la práctica, implica entrenamiento y equipo especial. 

Aunque no es norma general en los países democráticos, es importante considerar otros aspectos de suma trascendencia como es la protección de los derechos humanos en atención a los tratados y convenios suscritos. El informe señala que “las fuerzas armadas se rigen por una lógica de guerra; su función implica un fuerte uso de la fuerza, que es difícil de limitar y que, por tanto, es inadecuado para lidiar con conflictos internos”. Esto implica apego a la normatividad existente a riesgo de causar graves consecuencias si no se actúa dentro del marco legal.

El hecho de no tener delimitado claramente el rol de cada institución o fuerza del orden, debido a los vacíos legales que existen, puede implicar la apertura de ventanas de oportunidad para que exista de manera inconveniente la autorregulación y autodelimitación de funciones. El caso más fehaciente de ello es Brasil, donde el autoritarismo anula la democracia representativa.  

Los militares han sido protagonistas en la vida política de Latinoamérica. La tradición golpista dejó huellas imborrables en la mente de la población y por supuesto en la psiquis de los militares. Esta genética golpista actúa aún sobre sus contemporáneos y es por eso que no pueden ser ajenos al protagonismo y necesidad de tener el control; en pocas palabras, a ser ruedas sueltas como “defensores de la democracia”. Pero los legisladores de una u otra manera han sido complacientes con esta situación y han propiciado buena parte de este problema. Esto se debe a varias razones. Para empezar, los gobiernos de turno han venido fomentando la participación de los militares en actividades netamente del resorte policial. Además, se ha promovido una malsana competencia entre las mismas instituciones del orden, gestando un serio problema al instaurar la medición de resultados y productividad mediante datos e indicadores diseñados para la administración de empresas privadas y no para el sistema de defensa nacional. Por todo ello, la policía y fuerzas armadas en algunos casos se han convertido en instituciones políticas al mando de gobiernos que las usan de forma represiva, como garante de supervivencia de un régimen dictatorial. 

Este último es el caso de Venezuela, donde el orden constitucional fue quebrantado y las fuerzas del orden obedecen ciegamente al mandatario en turno. En este caso no cumplen su función democrática y simplemente actúan a conveniencia. 

En cuanto al otro fenómeno objeto de análisis, la militarización de la policía, podemos indicar sin duda alguna que en general es un asunto que no afecta de ninguna manera al orden democrático. En este caso la policía, basada en la necesidad (exigencias del conflicto interno), opera con tácticas y equipamiento militar, pero esto no quiere decir que asuma roles que correspondan a los militares. 

Como ejemplo de este caso está Colombia, donde el proceder táctico de la Policía Nacional responde al entrenamiento y la preparación adquiridos de parte de países amigos que desde su comienzo no vieron en la formación policial básica la manera de prepararlos para asumir el conflicto interno. No obstante, esto no implicó que se dejara de asumir su rol misional.

La Policía Nacional de Colombia se considera como atípica o híbrida. Esto se refiere a su formación, equipamiento, mística y estructura orgánica, pero, a pesar de las circunstancias, nunca ha pretendido actuar como ente militar, contrariamente a los militares colombianos que ocasionalmente asumen roles policiales, enfrentando serias dificultades, puesto que no están preparados para esto, ya que no es su naturaleza. 

Un ejemplo del riesgo de violación a los derechos humanos de ciertas prácticas son las fuerzas policíacas de Estados Unidos, donde el uso de la fuerza se ha incrementado de forma exponencial precisamente por haber asumido un entrenamiento mucho más militar que de índole civil. La actuación militar en la intención del control urbano la hace aún más proclive a este tipo de problemas.

En general no se mide el impacto negativo que genera para un país la presencia de su ejército en las ciudades, o la percepción que tiene un extranjero al ver a un militar fuertemente armado en las calles de cualquier país de América Latina. Más allá de imaginar que se trata de medidas preventivas o disuasiva, se asocia con el peligro, con la presencia de delincuencia organizada, con el terrorismo y con otros factores que afectan a la imagen de un país con incidencia hasta en su economía. Las fuerzas militares actuando fuera del contexto y concepción misional se convierten en un asunto traumático y que afecta a la tranquilidad de los ciudadanos.

En conclusión, el problema actual es el deslinde constitucional en el que están inmersas las fuerzas militares. Esto les ha permitido estar involucradas en temas de seguridad interna, aduciendo principalmente la garantía de la convivencia en paz, que es el mismo argumento que esgrimen los cuerpos de policía para hacer uso de métodos y tácticas propias de la doctrina militar adquirida a lo largo de su existencia. 

Es importante considerar que, si bien es cierto que se trata de un asunto álgido y de serias implicaciones, ya es hora de revisar las diferentes opciones de solución, bien sea demarcando claramente la frontera que divide la misión y funciones de los militares y policías o bien rediseñando el modelo y la estructura del sistema de defensa y seguridad interior evitando que interfiera o afecte a la esencia de la seguridad ciudadana.

https://open.spotify.com/episode/0ItwWLGHLhJU89VIAuh98G?si=583978a6b3054492

Narrativa populista, polarización y fatiga de la democracia

Rodolfo Sarsfield
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Narrativa populista, polarización y fatiga de la democracia

El populismo ha sido definido como un discurso que concibe a la política como una lucha maniquea entre la voluntad de un “pueblo” homogéneamente bueno y los intereses de una “élite” homogéneamente corrupta. El populismo es, desde la perspectiva ideacional de la ciencia política, un conjunto de ideas que piensan la política no como el desafío de representar y procesar distintos intereses, identidades y preferencias en elecciones colectivas vinculantes –como lo plantea la tradición liberal–, sino como una oposición moral irreductible entre dos entidades –el pueblo y la élite– a las que reducen su cosmogonía social.

Resulta revelador analizar la narrativa o el llamado “relato” que los líderes populistas utilizan para dirigirse a su electorado. En términos generales, la narrativa populista se constituye de historias que simplifican la complejidad inherente de la política, a través de la apropiación selectiva de personajes y eventos, que son presentados como relacionados causal y temporalmente entre sí de una manera determinada. La narrativa populista es muy eficaz para dar sentido a acontecimientos y hechos complejos, brindando certidumbre a los ciudadanos que enfrentan la realidad inherentemente ambigua y difusa de la política. El relato populista ofrece un atajo cognitivo que dota de un significado simple a la complejidad de la política.

Apelar a una narrativa no es, ciertamente, una característica exclusiva del populismo. Todos los líderes políticos recurren a historias que ofrecen una visión selectiva de la realidad política. Este es un atributo inherente a todo discurso de la política. En ese sentido, lo que es distintivo de la narración populista es que, en la simplificación de la realidad que propone, construye un orden que orienta a las audiencias a dar sentido a la política no en términos de hechos, sino en términos morales. La narración populista no se trata principalmente de eventos, sino de establecer distinciones morales. El relato populista como tipo de narrativa es, en buena medida, independiente de los acontecimientos. Aunque la narración populista se base en algunos acontecimientos fácticos, es predominantemente una historia moral, con un claro sentido del bien y del mal, y en donde los actores y hechos son ubicados en un lado o en el otro.

La perspectiva ideacional del populismo destaca la fuerza causal de las ideas y propone que estas, expresadas en la retórica de los líderes, influyen sobre las actitudes y el comportamiento de los votantes. El retrato que los dirigentes políticos dan sobre el mundo social parece activar ciertas predisposiciones entre los ciudadanos. Así, una retórica pluralista –como la de Barack Obama– tiende a despertar sentimientos de aceptación frente a las diferencias entre los ciudadanos. Contrariamente, una retórica populista –como la de Donald J. Trump– activa orientaciones intolerantes hacia lo distinto, cuya manifestación extrema es la polarización. En otras palabras, las características de la narrativa populista parecen desencadenar emociones que tienden a endurecer y radicalizar las actitudes de los ciudadanos, de manera tal que no solo los vuelven más distantes entre sí, sino también menos dispuestos a cooperar –e incluso a convivir– unos con otros. En ese sentido, la retórica populista parece alimentar la denominada polarización afectiva, definida en la literatura de la ciencia política como la existencia de una intensa afinidad o simpatía entre los miembros de un mismo grupo social, al mismo tiempo que de una intenso antagonismo y hostilidad hacia otros grupos sociales.

La polarización afectiva amenaza la convivencia social y constituye un desafío para los valores y la institucionalidad democrática. Los peligros de la polarización se acentúan en un contexto como el actual, en el que las capacidades de los regímenes democráticos para procesar la representación política experimentan un importante agotamiento en buena parte del mundo. Este fenómeno, que ha sido denominado como fatiga de la democracia, ocurre en sociedades que, contrario a lo que plantea la narrativa binaria y maniquea propia del populismo, son crecientemente plurales, diversas y complejas. En las bases mismas de la fatiga y deslegitimación de las democracias parecen ubicarse el relato populista y la polarización afectiva.

La polarización afectiva tiene implicancias importantes en términos de orden social y conflicto. En palabras de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, las identidades fuertes de pertenencia a un grupo pueden alimentar la discordia hacia grupos diferentes. En un contexto de polarización afectiva, tales sentimientos identitarios –ya sea que estén basados en clivajes políticos, sociales o culturales– pueden volverse excluyentes, expulsando de la legitimidad de la arena política democrática a otros grupos. Como consecuencia, la polarización afectiva puede conducir a conflictos entre estos grupos. En consonancia con este argumento teórico, la investigación empírica en ciencia política y economía indica que la polarización afectiva ciertamente aumenta la probabilidad de conflictos, incluso violentos.

El fenómeno de la polarización afectiva, atizado por la narrativa populista, podría ser más adecuado que la desigualdad socioeconómica misma para explicar ciertos conflictos en América Latina. Un argumento a favor de esta idea es la observación de que la desigualdad se ha mantenido constante e incluso ha disminuido de modo significativo en varios países de América Latina, naciones en las que, sin embargo, han irrumpido distintas formas de conflictividad política y social. Como lo señala el informe del PNUD Seguridad ciudadana con rostro humano, nuestra región ha tenido un crecimiento económico del 4,2% anual en los últimos diez años. Setenta millones de personas salieron de la pobreza, la desigualdad disminuyó en la mayoría de los países y el desempleo ha descendido desde 2002. No obstante, la conflictividad política y social se ha incrementado. La polarización afectiva generada “desde arriba” –es decir, en el nivel de las élites políticas– podría ser un factor explicativo de distintos episodios de conflictividad en Latinoamérica, tales como lo ocurrido con las violentas manifestaciones y protestas en Chile, Perú, Ecuador y Brasil.

En conclusión, la narrativa populista a nivel de las élites políticas podría ser la causante de la polarización afectiva a nivel de los ciudadanos. Hay evidencia reciente de ello en varios países de la región, tales como Argentina y México. Sin embargo, existe poco trabajo empírico al respecto. La agenda de los estudios de psicología política en América Latina requiere abordar de modo más sistemático los nexos entre relato populista y polarización afectiva. Es fundamental que la ciencia política contribuya a detener el proceso de deslegitimación de la democracia. De lo contrario, la fatiga democrática podría llevarnos a regresiones autoritarias, ya no “desde afuera” (como con los clásicos golpes de Estado de pasado), sino “desde adentro”, esto es, a través de procesos de des-democratización encabezados por líderes electos en las urnas. La supervivencia de la democracia está en riesgo.

El surglobalismo y la política latinoamericana

Armando Chaguaceda
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El surglobalismo y la política latinoamericana

En el ámbito de las relaciones internacionales, las agendas y acciones de los gobiernos no solo persiguen objetivos pragmáticos. Suelen, además, expresar ciertos principios y valores. En la política doméstica y global, las ideas importan, en tanto configuran agendas para transformar las realidades prexistentes. Ese es el caso de aquella narrativa surglobalista —diferente a la geopolítica del Sur Global— que justifica el distanciamiento, cuando no la hostilidad, respecto a los vínculos con las naciones comúnmente identificadas como Occidente. Recuperamos algunas ideas avanzadas previamente —en formato académico— para abonar a nuestro diálogo político sobre el presente global.

¿Sur Global?

Desde un punto de vista ideológico y normativo, el Sur Global no identifica de modo natural la diversidad de naciones del otrora llamado Tercer Mundo. Se trata de una lectura sobre el desarrollo socioeconómico, el orden político y las relaciones internacionales. Mirada asociada a enfoques intelectuales —marxistas, decoloniales, alterglobalistas, etcétera— y propuestas políticas de ciertas izquierdas. Todas convergen en el cuestionamiento del modelo liberal democrático, a escala social, nacional y global.

Hablar surglobalistamente no alude simplemente a países con fronteras delimitadas. Supone celebrar a sujetos y programas que comparten un repudio al orden geopolítico y geoeconómico del capitalismo. Desde esta lectura, que va cosechando críticas certeras, el Sur Global contrahegemónico se opone a un «globalismo nortecéntrico, imperialista y explotador». Estamos pues ante un enfoque ideológico que confluye con el fortalecimiento de aquella narrativa civilizacional que legitima el desafío de potencias como Rusia, China, Irán o Turquía al orden internacional liberal. 

La postura surglobalista degrada el concepto y procesos democráticos y equipara el comportamiento de autocracias y poliarquías bajo el argumento de la «diversidad democrática». Descalifica, tourt court, la aplicación de sanciones a regímenes autoritarios del Sur Global —como los de Vladimir Putin y Nicolás Maduro— responsables de violaciones a los derechos humanos, rechazándolas bajo argumentos de «respeto a la soberanía».

Narrativa surglobalista

El surglobalismo invoca el pasado imperial de las potencias occidentales —las que, a diferencia del Kremlin, no han anexado territorios extranjeros en las últimas décadas— para relativizar la gravedad de eventos como la actual invasión a Ucrania. Bajo los mantras del multilateralismo y de la diversidad civilizacional, la narrativa surglobalista acaba sustentando un soberanismo estatista con tendencia autoritaria. Este niega la soberanía múltiple, gubernamental y popular de las comunidades humanas. Para lo cual impulsa una crítica al orden liberal —cuyos principios e instituciones son fundantes de tradición latinoamericana—. En ese sentido, como señala la investigadora y activista Kavita Krishnan «la defensa de la multipolaridad, sin valores democráticos añadidos, se transforma en una coartada para diversos regímenes despóticos en diferentes partes del mundo».

Hay un debate pendiente. Es sobre la necesidad de que Latinoamérica enfrente los desafíos de su inserción internacional a partir de su legado histórico, sus dinámicas regionales y locales. Pero ello, supone impulsar un orden político nacional y global en el que la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos sean respetados. Pero en el caso latinoamericano, la narrativa surglobalista asoma detrás de la agenda de varios liderazgos. Igualmente, justifica la ambigüedad calculada de varios gobiernos latinoamericanos ante, por ejemplo, la agresión del Kremlin a Ucrania. Desestimando, además, el impacto no democrático de una cooperación consistente, sostenida y ampliada de varios gobiernos con Rusia.

El mantra surglobalista atenta contra la posibilidad de consolidar una región en la cual la democracia y desarrollo vayan de la mano. Por ende, limita los chances de impactar de modo virtuoso las dinámicas endógenas y exógenas de cada país.

Autoritarismo y orden liberal

Los regímenes autocráticos que cuestionan y proscriben la incidencia de los actores no gubernamentales y los pequeños países en la política doméstica e internacional son un freno a la aspiración democrática de nuestras sociedades. También los gobiernos populistas. Estos, llegando al poder dentro de reglas de juego democráticas, relativizan en sus narrativas de política exterior el respeto a los principios republicanos y a los derechos humanos. Las narrativas surglobalistas, en temas como la invasión a Ucrania, la reticencia al relanzamiento de los vínculos con la Unión Europea, el reforzamiento de los nexos políticos —no meramente económicos— con China, son un cuestionamiento de los principios e instituciones del orden liberal.

Un segmento de la academia regional tiene gran responsabilidad en los posicionamientos vertidos para abonar a semejante debate. Véanse a modo de ejemplo obras recientes como El tangram de China (2023), la cual invita a la «relativización de la democracia» (p. 129). El incrementalismo dialéctico: un caso de in-novación en Hengqin (China) (2020), la cual utiliza el concepto «democracia pluralista» para definir el régimen chino y contraponerlo a las democracias occidentales (p.  323).

O también, Una mirada desde América Latina, sobre la organización política en la República Popular China (2022), la cual desde el resumen declara que busca «comprender el modelo democrático chino» para luego argumentar que «los derechos humanos en China son los colectivos y no los individuales liberales» (p. 240). Otros autores latinoamericanos arguyen que en China existe otro tipo de democracia diferente a la liberal, que incluso podría implementarse en nuestra región. Igual sucede con otros posicionamientos sobre Rusia, Irán o Cuba, escritos en una pespectiva que cuestiona —sin ánimo de perfeccionamiento— los fundamentos mismos del orden democrático liberal. 

Pluralismo

La mirada surglobalista parece olvidarse que solo en democracia es posible cuestionar una decisión del gobierno. Solo en democracia se puede perfeccionar la agenda del Estado y defender los principios del régimen. Y que, en contrapartida, bajo la autocracia, el gobierno, el Estado y el régimen, se fusionan en pocas manos. La contraposición entre el pluralismo de las narrativas que habilita la libertad del pensar académico versus el control vertical e inapelable de los autoritarismos debería estar en el centro de las discusiones sobre el Sur Global y el surglobalismo. En especial, en un contexto internacional tan volátil como en el que nos desenvolvemos hoy.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

La hipocresía y el proteccionismo frenan el acuerdo UE-Mercosur

Detlef Nolte
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La hipocresía y el proteccionismo frenan el acuerdo UE-Mercosur

Ya nos hemos acostumbrado a que el acuerdo UE-Mercosur sea como una montaña rusa, con altibajos, como lo han demostrado las dos últimas semanas. En negociaciones diplomáticas estancadas, a veces hay ventanas de oportunidad para lograr avances. Pero también es importante aprovechar el momento. Con la presidencia española del Consejo de la UE y la presidencia pro tempore de Brasil del Mercosur en la segunda mitad del año, se ha abierto una ventana y ambos gobiernos se han comprometido a lograr la firma del acuerdo en 2023.

La participación de Lula en la COP28 en Dubái, donde se reunió, entre otros, con el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como las consultas gubernamentales con Alemania en Berlín en el vuelo de regreso a Brasil, alimentaron las esperanzas de que el acuerdo pudiera firmarse en la cumbre del Mercosur en Río el 7 de diciembre. Pero los gobiernos de Francia y Argentina se apresuraron a frenar la euforia emergente.

El acuerdo UE-Mercosur nos enseña mucho sobre los problemas de las relaciones comerciales de la UE con América Latina, pero también con otras regiones y países. Hay mucha hipocresía en el lado europeo. Cuando se practica el proteccionismo agrícola, no hay que fingir que se quiere proteger el clima y la biodiversidad, como hizo recientemente el presidente francés Emmanuel Macron. De lo contrario, la UE perderá su credibilidad en materia de protección del clima y será acusada, con razón, de imponer barreras no arancelarias al comercio si introduce medidas de protección del clima que afectan al comercio con terceros países.

Conviene recordar que el acuerdo UE-Mercosur no es el único acuerdo bloqueado actualmente por el proteccionismo agrícola europeo. Por la misma razón, Australia interrumpió en octubre las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con la UE.

Brasil ha hecho grandes progresos este año en la protección de la selva amazónica contra la deforestación. Pero creo que incluso con deforestación cero y reforestación extensiva el presidente francés todavía encontraría razones por las que no se puede firmar el acuerdo UE-Mercosur. Ahora que el villano Bolsonaro ha desaparecido, el presidente Macron espera que el nuevo presidente argentino Milei pueda convertirse en el nuevo villano del drama UE-Mercosur para desviar la atención de sus propios esfuerzos por impedir la adopción del acuerdo.

Una mayor honestidad sería buena para ambas partes. Se puede especular que el presidente argentino Alberto Fernández no habría tenido ningún problema en firmar un acuerdo UE-Mercosur en la cumbre del Mercosur si el ganador de las elecciones presidenciales hubiera sido Sergio Massa y no Javier Milei. Ahora el acuerdo UE-Mercosur, que los peronistas nunca apoyaron plenamente, pasa a su sucesor para que los peronistas desde la oposición puedan movilizarse contra el acuerdo si les parece oportuno.

Al posponer una vez más la firma del acuerdo, el Gobierno francés está jugando a un juego peligroso. Tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, la aprobación por parte de la Eurocámara podría resultar más difícil.

A veces se especula en Europa con que, si fracasa el acuerdo UE-Mercosur, en el futuro podrían celebrarse acuerdos comerciales bilaterales con cada uno de los países miembros del Mercosur. Sin embargo, según la experiencia del pasado, éstos se enfrentarían al mismo obstáculo del proteccionismo agrícola europeo.

En el lado europeo, no sólo el presidente francés se opone al acuerdo, sino también un amplio frente de ONG. A veces da la impresión de que el acuerdo UE-Mercosur empeorará todos los problemas del mundo y que no firmarlo salvará el clima y conducirá a una sociedad más justa y a un desarrollo sostenible en América Latina. Esto demuestra una visión nostálgica y sesgada de las ONG que sobrevalora la influencia de Europa en el mundo y la dependencia de América Latina de Europa.

Gran parte de las ONG europeas viven en una burbuja e ignoran las realidades geoeconómicas y geopolíticas de América Latina y del mundo. Por poner un ejemplo. En 2022, el 54,7% de las exportaciones brasileñas de carne de res (en volumen) se destinaron a China y sólo el 3,8% a la UE. Y en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023, sólo el 13,2% de todas las exportaciones agrícolas brasileñas (valor) se destinaron a la UE, frente al 53,5% a Asia.

Existe una gran contradicción en el lado europeo. Por un lado, la UE tiene un discurso geopolítico y geoestratégico que afirma querer defender la autonomía estratégica de Europa. Por otro lado, la política comercial de la UE es a menudo mezquina y parroquial cuando se trata del proteccionismo agrícola. Un fracaso del acuerdo UE-Mercosur debido a la resistencia de Francia y algunos gobiernos más debilitará la posición geopolítica y geoeconómica de Europa en toda América Latina y también tendrá un impacto negativo en las futuras negociaciones de acuerdos comerciales en otras regiones del mundo.

Con este tipo de política comercial, la UE no puede competir con China. En el Mercosur, cada vez hay más voces que abogan por negociar paralelamente un acuerdo de libre comercio con China. Esto podría debilitar la posición negociadora de la UE si China impone menos condiciones al Mercosur. En la cumbre del Mercosur también se firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur (tras sólo cinco años de negociaciones), una clara señal de que el Mercosur se está abriendo cada vez más a Asia.

Parece que Francia, a la que le gustaría ser capitana del equipo de Europa, está a punto de marcar un autogol para la UE. Eso no sería bueno para Europa ni para las relaciones entre la UE y América Latina. Pero siempre hay lugar para las sorpresas. Quizá Francia se dé cuenta de su responsabilidad geopolítica en la política exterior europea y actúe en consecuencia. O que una mayoría de gobiernos europeos haga caso omiso de las objeciones de Francia en la parte comercial del acuerdo. Y quizá la influencia del expresidente Macri consiga que el nuevo gobierno argentino quiera firmar el acuerdo rápidamente. A menudo el acuerdo UE-Mercosur se ha declarado muerto, pero parafraseando a Mark Twain, se podría decir que los informes de la muerte del acuerdo han sido muy exagerados.

¿La cultura de los derechos humanos ganará al odio?

Danielle Tsuchida
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¿La cultura de los derechos humanos ganará al odio?

Coautora André Bakker da Silveira

A 75 años del nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, es asombroso constatar que el clima de odio, opresión y violencia que instigó la elaboración de este importante documento está muy vivo e influye en todo nuestro campo político, incluida la elaboración de nuestras políticas públicas. En particular, los jóvenes de hoy son un blanco fácil para los discursos extremistas que buscan desestabilizar las instituciones, especialmente aquellas destinadas a construir y difundir una cultura de ciudadanía, democracia y respeto a los derechos humanos: las escuelas.

Como muestran los datos de la encuesta Radiografía de 20 años de atentados contra escuelas en Brasil, realizada por el Instituto Sou da Paz, los atentados, por desgracia, se han vuelto frecuentes en Brasil y, por ello, han acaparado una gran atención. Detrás de estos sucesos hay una serie de situaciones, como la cooptación por parte del extremismo, problemas de salud emocional y la creciente difusión de discursos de odio por parte de agentes políticos influyentes.

Frente a estos factores, que en última instancia implican la implementación de políticas públicas (educación, seguridad, salud, etc.), es inevitable señalar que el Estado brasileño viene fallando en los últimos 20 años en la implementación de una política fundamental: la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Una política que debe tener a los jóvenes en el centro.

Según una encuesta de la Open Society Foundations, en 2023, el 26% de los jóvenes brasileños de entre 18 y 35 años no creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno. En la media de los 30 países en los que se realizó la encuesta, esta cifra asciende al 43%.

Esta cultura del odio, que opera en espacios públicos y privados y se basa intencionalmente en valores contrarios a la pluralidad y a los derechos humanos, toma a las personas por los caminos de los afectos, pero se vende como estrictamente técnica y racional.

Son los memes y chistes sexistas, racistas y fascistas; las ideas que priorizan la economía sobre la vida; y los arrebatos autoritarios que abogan por invadir espacios como escuelas y universidades para controlar lo que se dice y se enseña. Todos estos hechos se han convertido en política pública en los últimos años, razón por la cual también han pasado a formar parte del actual crisol cultural.

Esta estrategia de pánico moral sólo es fructífera porque encuentra terreno fértil en problemas reales de nuestra sociedad. En el caso de las escuelas, es importante destacar que conviven diariamente con episodios de violencia, que a menudo pasan desapercibidos o se naturalizan indebidamente. La discriminación, el acoso escolar, los conflictos interpersonales y las agresiones físicas son sólo algunos ejemplos de lo que viven los alumnos y los profesionales de la educación. Enfrentar la violencia que afecta a las escuelas requiere de acciones a distintos niveles e involucra a diferentes actores. 

Entre las políticas públicas que deben ser reforzadas para hacer frente al extremismo violento contra las escuelas, destacamos la Educación en Derechos Humanos. Como muestra una investigación del Instituto Aurora, esta área fue debilitada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, con estructuras vitales descontinuadas – como es el caso del extinto Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos.

No sorprende que la Educación en Derechos Humanos sea mencionada en los informes de los dos grupos de trabajo creados por el Gobierno Federal para estudiar y proponer acciones sobre el fenómeno de la violencia contra las escuelas y el discurso de odio, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, respectivamente.

Según los documentos, es necesario fortalecer y ampliar la presencia de la Educación en Derechos Humanos en los espacios de educación y formación; capacitar a los agentes públicos; revisar los documentos; y ampliar los espacios de escucha y diálogo participativo sobre el tema.

Una política pública de Educación en Derechos Humanos revisada y actualizada debe ser capaz de fortalecer iniciativas que promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos.

Además de la educación, hay un gran énfasis en la seguridad pública, que es un deber del Estado y un derecho que debe ser ofrecido a todos y, a partir de ahí, necesita ser entendida como una política pública que necesita articular los diferentes niveles de gobierno y realizar acciones multidisciplinares, posibilitando la prevención de los crímenes y de la violencia y no sólo su represión.

En Brasil, la acción represiva es comúnmente utilizada. No es de extrañar el elevado número de jóvenes asesinados, la mayoría negros, por agentes del Estado. Esta acción institucionalizada se llama necropolítica. Está claro que la dimensión del control del crimen y la represión es importante, pero requiere planificación, inteligencia e inversión. Invertir en políticas de prevención de la violencia debe ser una prioridad, es decir, los recursos deben centrarse en las causas del problema y en promover soluciones más eficaces, no sólo en combatirlas.

Teniendo en cuenta que los ataques a escuelas cometidos con armas de fuego han provocado tres veces más víctimas mortales que con armas blancas y que en el 60% de los casos cometidos con armas de fuego, el agresor adquirió el arma en su propia casa (resultado de las políticas del gobierno de Bolsonaro para facilitar el acceso a las armas), un primer paso es implementar medidas de control e inspección para la compra y posesión de armas de fuego. Restringir el acceso a las armas para los agresores es fundamental, así como reforzar la exigencia de una caja fuerte para el arma, reduciendo las posibilidades de acceso al arma por parte de niños o adolescentes.

Otra medida importante es la formación de la policía civil estatal en el reconocimiento de ideologías extremistas y grupos que promueven delitos de odio, así como metodologías de investigación en el entorno digital (donde tradicionalmente se planifican, fomentan y celebran estos delitos). Es urgente centrarse en el mapeo y desmantelamiento de grupos que cooptan a adolescentes y jóvenes. A través de la monitorización de las redes sociales, numerosas personas han sido detenidas este año, otras siguen siendo investigadas y se han desmantelado posibles acciones motivadas por el extremismo, el racismo y la misoginia, lo que demuestra la eficacia de esta acción de investigación e inteligencia.

Al mismo tiempo, es posible hacer un seguimiento de los incidentes escolares y los informes de la policía civil que muestran signos de escalada de violencia, con el fin de tomar medidas más urgentes en estas unidades, guiados por la Educación en Derechos Humanos. Para tener una sociedad sin agresiones extremas en las escuelas, es necesario pensar en la prevención de la violencia en todos los niveles, comenzando por las prácticas escolares cotidianas e involucrando todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social.

Esa desigualdad social y la falta de inversión pública en el acceso a servicios públicos de calidad contribuyen al descreimiento en las instituciones y a la descomposición de la vida en sociedad. Las políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos básicos son estratégicas para contener las políticas públicas basadas en la cultura del odio, y sólo así podremos promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: unir a las personas para superar la violencia en las escuelas, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://bit.ly/projeto-reconectar  

Danielle Tsuchida es Coordinadora de Proyectos del Instituto Sou da Paz. Psicóloga graduada por la PUC/SP, con experiencia en medidas socioeducativas y prevención de la violencia.

André Bakker da Silveira es Responsable de investigación y proyectos en el Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Tiene un Máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y es miembro titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.

La COP28 y los retos de América Latina

Pedro Morazán
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La COP28 y los retos de América Latina

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) serán los anfitriones de la COP28 (Conferencia de las Partes), que tendrá lugar en la ciudad de Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023 y que ya ha obtenido su carta de ingreso en el nuevo régimen internacional sobre el cambio climático. La agenda de la cumbre es bastante ambiciosa y requiere ser analizada de la mejor manera posible para poder hacer un balance de los desafíos y las oportunidades que tienen los países latinoamericanos ante los impactos del cambio climático. 

Propuesta por su presidente, el Sultan Al Jaber, la agenda de la COP28 ya se dio a conocer en el mes de junio de este año. La cumbre tendrá que condensar en una declaración política un proceso gigantesco que ha durado dos años, con más de 1.000 documentos de respaldo presentados y tres diálogos técnicos que han atraído a cientos de expertos y profesionales. El informe de síntesis de la fase técnica ha logrado resumirlo todo en 17 mensajes clave. Para ser francos, este informe ofrece una situación poco halagadora en torno a los resultados obtenidos hasta la fecha.

En mi opinión, hay tres conceptos básicos en el lenguaje del cambio climático que hay que manejar de manera dialéctica, es decir, en su interrelación, a la hora de ocuparse del tema. Se trata de la mitigación, la adaptación y el financiamiento. Los puntos principales de la agenda están relacionados de una u otra forma con estos tres conceptos y son, en cualquier caso, de suma importancia para determinar si se está trabajando con eficiencia y en beneficio de todos por igual. En vista de que el objetivo principal del proceso de negociaciones es mantener el aumento de la temperatura promedio del planeta por debajo del 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, es necesario determinar con precisión las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales a nivel nacional. Por ello es evidente que las medidas de mitigación juegan un papel central.

La mitigación

La mitigación es, en resumen, la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Dicha reducción se puede obtener bien mediante la reducción de sus fuentes (energías fósiles), bien aumentando la capacidad de los sumideros de carbono, como los bosques tropicales, para absorber los gases de efecto invernadero de la atmósfera. El Programa de Trabajo de Mitigación se ha centrado, en su primer año, en acelerar la transición energética justa, a través de dos Diálogos Globales sobre sistemas de energía y transporte. En base a este trabajo, la COP28 debería adoptar una primera decisión que marque avances serios. En Bonn se dio una intensa lucha, en junio de este año, para incorporar estos temas. 

El programa de trabajo está diseñado para fomentar la cooperación entre países y expertos internacionales en áreas específicas y para vincular la mitigación y la inversión pública y, sobre todo, privada. Los eventos centrados en la inversión de este año estimularon la coordinación entre iniciativas clave destinadas a apoyar la implementación de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN), pero también resaltaron cuestiones estructurales como la rápida aceleración de las inversiones limpias a nivel mundial, o la necesidad de aumentarlas específicamente en las economías emergentes y en desarrollo. Lo deseable sería impulsar los buenos resultados de mitigación en el Balance Mundial y contribuir, por ejemplo, a movilizar oportunidades de inversión con una perspectiva regional. Aquí juegan un papel importante los Foros Regionales de Finanzas.

La adaptación

Según la definición de las Naciones Unidas, la adaptación se refiere a ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados y sus efectos. En términos simples, los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los impactos actuales y futuros del cambio climático. La adaptación fue el tema central de negociación en la COP27, abordando áreas clave como el objetivo global de adaptación (GGA), el Comité de Adaptación, el programa de trabajo de Nairobi y los planes nacionales de adaptación (PAN).

Tomando en cuenta la presencia de huracanes e inundaciones recurrentes, el tema de la adaptación es de crucial importancia para países como Honduras o las islas del Caribe. Todos los proyectos de infraestructura, de agricultura o de redes de seguridad social, entre otros, deben implementarse tomando en cuenta o adaptándose a los fenómenos de inundaciones, incendios o sequías. 

El financiamiento

La falta de financiamiento es uno de los mayores problemas que dividen a las naciones ricas y pobres desde que se acuñó el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” ya en la Conferencia de la Tierra en 1992. En vista de que los países industrializados generaron históricamente más del 80% de las emisiones que hoy afectan especialmente a los países más pobres, su cuota de responsabilidad es mayor. Por ello, en 2009 los países industrializados se comprometieron a aportar colectivamente 100.000 millones de dólares cada año a partir de 2020. Lamentablemente, todavía existe un abismo entre las promesas y la realidad. En 2020, la financiación climática colectiva ascendió a 83.300 millones de dólares estadounidenses. Los flujos de financiación pública multilateral y bilateral para la adaptación de los países en desarrollo disminuyeron un 15%, hasta los 21.000 millones de dólares en 2021. Además, la financiación climática sigue otorgándose predominantemente en forma de préstamos, una gran parte de los cuales no han sido concesionales. A esto se agrega el hecho de que la suma de 100.000 millones de dólares es apenas una fracción de lo que se necesita para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar los objetivos climáticos de conformidad con el Acuerdo de París. Según el más reciente análisis de las necesidades de financiación, los países en desarrollo necesitan al menos 6 billones de dólares de aquí a 2030 para cubrir menos de la mitad de los objetivos existentes en sus CDN.

El tema del financiamiento de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático será de nuevo uno de los aspectos más controvertidos de la COP28. Latinoamérica y el Caribe, como región, necesitan unos 77.000 millones de dólares de inversión entre 2020 y 2030 para cumplir sus objetivos climáticos, de los cuales la inversión pública solo puede cubrir alrededor de una cuarta parte. Según estimaciones de Climate Funds Update, el financiamiento para el clima en ALC está muy concentrado en pocos países; Brasil, México, Costa Rica y Colombia están recibiendo cerca de la mitad de los fondos para la región. Evidentemente que este grupo muestra que en las negociaciones existe una combinación entre relevancia y realismo político. Las actividades de mitigación, incluyendo la protección de los bosques y la reforestación, reciben de los fondos multilaterales para el clima más de cinco veces más que las de adaptación, con USD 3.400 millones y USD 670 millones, respectivamente. Desde 2003 se ha aprobado un total de USD 5.000 millones para 550 proyectos en la región latinoamericana, con cargo a los fondos multilaterales para el clima.

Los retos

Las señales sobre la transición energética, en particular la eliminación gradual de los combustibles fósiles, así como el cumplimiento de las altas expectativas creadas en la COP27 de Sharm-el-Sheikh sobre la financiación de pérdidas y daños, serán probablemente las pruebas de fuego de los debates de este año. La COP28 tiene lugar en un contexto geopolítico bastante tenso, caracterizado por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, por la confrontación EE.UU.-China y por la agudización del conflicto de Medio Oriente, luego del atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre. La pregunta es si este telón de fondo tendrá alguna influencia en la dinámica de las negociaciones. Los resultados de las más recientes conversaciones entre China y los EE.UU. no parecen muy prometedores. La ausencia de cualquier mención al cambio climático nos muestra que el acuerdo entre las dos superpotencias no es nada innovador. Toma algunas medidas técnicas importantes, pero no hace nada para frenar la rápida expansión de las centrales eléctricas alimentadas con carbón en China, por ejemplo. La reciente decisión del presidente Joe Biden  de no asistir a la conferencia tampoco es muy halagadora.

Como bien se sabe, América Latina está ya entre las regiones más afectadas por el cambio climático. El hecho de que los países de esta región dependan en gran medida de la agroexportación o de la extracción de recursos y de actividades intensivas en carbono para su desarrollo económico implica retos enormes a la hora de pensar en una transición justa. La inestabilidad social y política está fuertemente vinculada a la volatilidad de los precios de las exportaciones de materias primas de las cuales depende la región. Las políticas sólidas de transición ecológica y justa son cruciales para lograr objetivos climáticos regionales y globales, para los cuales la financiación sigue siendo un desafío importante.

¿Qué llevan en el equipaje las delegaciones de la mayoría de los países del continente rumbo a la COP28? Pues en primer lugar el eterno problema estructural de la desigualdad, que sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de afrontar en la región. América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo. En un mundo postpandemia, los países de ALC, sumidos en crisis económicas y sanitarias, probablemente estén más preocupados por la recuperación económica que por la protección del medio ambiente. Sin embargo, poner estos dos problemas como contrarios excluyentes o quizás antagónicos no sea quizás la estrategia más inteligente.

Uno de los conceptos más importantes en la dinámica de las deliberaciones lo constituye el de la transición justa, introducido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo define de la siguiente manera: “Ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Este concepto tiene serias implicaciones que será necesario tomar en cuenta a la hora de implementar las medidas necesarias, tanto en el campo de la mitigación como en el de la adaptación. En el caso de Latinoamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Paraguay han incluido objetivos y medidas de transición justa en sus CDN. Este es, sin embargo, un primer paso que podría ser esencial a la hora de centrar los debates en la COP28.

Un análisis de las últimas conferencias muestra que ALC no ha sido capaz de presentarse con una sola voz. Por un lado, la toma de posiciones más radicalizadas provenientes de procesos populistas, sean de derecha o de izquierda, y, por el otro, las posturas negacionistas no han dado buenos resultados, ni para las contrapartes, ni para los intereses regionales. Lo más importante sería desarrollar una posición coordinada, a nivel latinoamericano, que ponga en la mesa de discusiones los retos de la región, especialmente en lo referente a la adaptación y a las exigencias en torno a financiamiento y, por qué no, a la implementación de un fondo de daños y pérdidas.

Aumenta la concentración del ingreso, se mantiene la pobreza

Ximena Roncal Vattuone
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Aumenta la concentración del ingreso, se mantiene la pobreza

La actividad económica de los países latinoamericanos y caribeños está estancada y con un importante deterioro, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo (CEPAL). Este debilitamiento evidencia no solo los efectos de la pandemia, sino que tres años después se continúa enfrentando las consecuencias de “una serie de crisis en cascada”, portadoras de un complejo escenario económico de bajo crecimiento y pronunciada crisis social.

A este panorama desalentador se suma un contexto global de gran incertidumbre financiera, altas tasas de interés y la ralentización tanto del crecimiento como del comercio mundial. En 2023 se espera que el PIB mundial cierre en 3%, cifra por debajo del 2022 e incluso en comparación del periodo 2010 al 2019, en el que se registró un crecimiento del 3,7% (CEPAL, 2023). La Comisión ha estimado que en 2024 el crecimiento mundial continuará en 3%, en tanto que en los países en desarrollo será de 4% y de una tasa de 1,4% en las economías centrales. 

Las repercusiones de esta desaceleración económica tanto en 2023 como en 2024 tendrán un impacto negativo en el crecimiento del empleo, “que se estima en un 1,9% en 2023 y en el 1,1% en 2024”. La caída del empleo está generando trabajadores más vulnerables, con escasos niveles de protección social y empleos de mala calidad en sectores menos productivos, aunado a la disminución en la creación de nuevos espacios laborales. La baja del salario promedio lleva a una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales y mayores niveles de pobreza, así como la profundización en la brecha de la desigualdad del ingreso en la región.

Al respecto, el informe asegura que “la matriz de la desigualdad social de América Latina y el Caribe está conformada por un conjunto de ejes estructurantes que expresan desigualdades socioeconómicas, de género, etarias, étnicas y raciales, y territoriales, entre otras, arraigadas desde hace largo tiempo”, asociadas principalmente a una excesiva concentración de la riqueza. Por ejemplo, en 2022, las fortunas personales de siete latinoamericanos eran iguales o superiores a 10.000 millones de dólares, acumulando “el 41% del patrimonio total de los milmillonarios de la región. Sus fortunas representaban alrededor del 3,2% del PIB de toda América Latina”. 

En su análisis, el documento afirma que, en 2022, un 29% de los habitantes de la región vivían en condiciones de pobreza y un 11,2% en situación de pobreza extrema. Si bien las cifras muestran una reducción con relación al 2021, los niveles actuales son similares a 2019, año previo del inicio de la pandemia. En tanto “más de 180 millones de personas no contaron con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones de personas no tuvieron ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos”.

Para la pobreza extrema, las condiciones son más complejas, ya que cerca de 20 millones de personas se incorporaron a esta categoría de los 70 millones existentes en el periodo anterior a la pandemia, dando cuenta del retroceso de más de una década en los avances registrados en esta materia. 

En 2022, las estrategias encaminadas a la reducción de la pobreza continuaron siendo insuficientes y los efectos conformados por el bajo crecimiento económico, el dinamismo del mercado de trabajo y la inflación se constituyen en los principales obstáculos para avanzar en su erradicación. La CEPAL advierte que en 2023 no se vislumbran importantes mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones de escasos recursos, por lo que las variaciones en la pobreza extrema estarán prácticamente estancadas, “aun cuando algunos países podrían presentar cambios mayores”.

Para la CEPAL, la región experimenta una crisis “en cámara lenta” desde el 2010, exacerbada por la crisis sanitaria del Covid-19 que “desencadenó la mayor crisis de los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950”. En tal sentido, el Panorama Social indica que la inclusión laboral a empleos de calidad se constituye en un componente central del desarrollo inclusivo y posibilita tanto la superación de la pobreza como el acceso a la protección social. 

En conjunto, el desenvolvimiento negativo de la distribución del ingreso, de la pobreza y la pobreza extrema apuntan a escenarios preocupantes a nivel regional que pueden verse agravados si no se definen, según la CEPAL, estrategias que aborden la heterogeneidad estructural de las economías latinoamericanas y caribeñas para hacer frente a estos problemas estructurales que históricamente aquejan a la región.

Internet y la violencia escolar

Bruno Ferreira   |   Ester Athanásio
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Internet y la violencia escolar

Coautores Bruno Ferreira y Ester Athanásio

Una encuesta reciente de SaferNet (2023) señala que el discurso de odio difundido en Internet ha crecido en los últimos años en Brasil, con especial atención a la discriminación de la intolerancia religiosa, la xenofobia y el neonazismo, crímenes con un aumento récord en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo período de 2021. La investigación, que comenzó en 2017, también señaló que el discurso de odio prolifera aún más en años electorales.

Aunque los estudios aún son preliminares, se cree que la narrativa del extremismo violento combinada con la oferta digital es un componente importante en la motivación de los ataques armados registrados en las escuelas brasileñas en los últimos años. Las herramientas y contenidos digitales no pueden ser vistos simplemente como un enemigo a ser eliminado en favor de la seguridad y la paz en las escuelas.

Las tecnologías y los fenómenos comunicativos que rigen todo esto son cada vez más invisibles para el usuario medio, lo que dificulta aún más la comprensión de este escenario. Los algoritmos, sometidos a la lógica y a los intereses empresariales, personalizan lo que vemos hasta el punto de exponernos a retazos selectivos de la realidad, dirigiendo comportamientos y moldeando nuestras opiniones de forma muchas veces perjudicial.

Estas mecánicas acaban priorizando y reforzando la participación en contenidos sesgados, ofensivos o violentos, e incluso pueden empujar a ciertas personas más susceptibles a entornos -y acciones- que propagan el extremismo violento. Por eso, el debate sobre la regulación de las redes sociales y la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas desempeña un papel importante y debe intensificarse.

El papel de la educación mediática

Por tanto, necesitamos un enfoque crítico, maduro y preventivo del entorno digital, algo que nos ofrece la educación mediática. La educación mediática es una forma sostenible y a largo plazo de intentar invertir algunos de estos fenómenos y aprovechar el enorme potencial de la tecnología para acercar y colaborar entre grupos y comunidades.

La educación mediática desempeña un papel importante en la construcción de una sociedad sana. Es un compromiso con el desarrollo de competencias críticas en relación con los medios de comunicación y la información, en el sentido de preparar a las personas para acceder, analizar, producir y difundir mensajes mediáticos de forma crítica, lo que les ayuda a fundamentar sus decisiones con mayor seguridad y a participar constructivamente en el debate político.

Las personas alfabetizadas mediáticamente son más capaces de percibir violaciones de derechos como el racismo, la incitación al odio y el silenciamiento, y de hacer un uso ético de los medios de comunicación para mejorar la sociedad y ejercer su ciudadanía. Este enfoque también es fundamental para hacer frente a las diversas expresiones de violencia en la sociedad y, más concretamente, a las nuevas formas de violencia contra las escuelas.

En este sentido, urge capacitar a los docentes de todas las áreas (desde el nivel de pregrado) para que integren estrategias de educación en medios en sus prácticas cotidianas de enseñanza de manera permanente, proporcionando una comprensión más crítica del papel de los medios en nuestra sociedad y de nuestras responsabilidades en este entorno.

Reconocer la educación mediática

Al reconocer el papel y el lugar de la educación mediática en los planes de estudio, situándola como un derecho de los estudiantes y una condición básica para aprender y vivir pacíficamente en sociedad, podemos ver sus diversos frentes de actuación.

El primero de ellos es el desarrollo de habilidades para consumir información de forma cualificada y responsable, lo que implica comprobar la veracidad de los mensajes y la fiabilidad de las fuentes y construir una comprensión más juiciosa de situaciones complejas, equilibrando cantidad y calidad de la información, evitando el ciclo de ansiedad generado por el consumo excesivo e irreflexivo de información. Esto es esencial para hacer frente a las oleadas de fake news y rumores que son en sí mismos una forma de violencia.

La segunda es comprender que la circulación de desinformación viola los derechos humanos, y que todos somos responsables en este entorno: como lectores críticos que identifican la desinformación y actúan para detenerla, y como productores conscientes que se expresan a través de contenidos fiables, éticos y respetuosos. La educación mediática es, por tanto, esencial para implicar a alumnos y familias en la tarea de romper la cadena de pánico y desinformación en el contexto de situaciones violentas.

Otro frente de actuación es desnaturalizar la retórica violenta y/o discriminatoria de posts, chistes y memes irrespetuosos que perpetúan prejuicios o refuerzan desigualdades -y que, por tanto, insensibilizan a las personas ante los problemas sociales y pueden llegar a vulnerar derechos. Comprender el alcance y las consecuencias de los mensajes que producimos y compartimos es esencial para construir una cultura que valore, y no sólo acepte, las diferencias. Se trata de un enfoque esencial para resignificar las redes como espacio de conexión y participación, en lugar de aislamiento.

Pedagogía de la comunicación para la coexistencia pacífica

Adoptando un enfoque colaborativo y participativo, los proyectos de educomunicación y comunicación popular pueden contribuir a crear un entorno escolar más pacífico y justo, esencial para afrontar de forma sostenible y duradera los desafíos crónicos de la violencia escolar. De este modo, la comunicación en la escuela va más allá del conocimiento disciplinar, convirtiéndose en una pedagogía necesaria para construir vínculos, valorar la diversidad y acoger la diferencia.

En este sentido, las prácticas pedagógicas deben, de forma transversal, dar cabida a que los alumnos expresen y reflexionen sobre sus hábitos mediáticos, no sólo para que el aprendizaje sea más significativo, sino también para que entiendan la escuela como un espacio de desarrollo de su propia identidad. Además, la educación mediática puede servir de nexo entre otros enfoques fundamentales que incluyen temas como la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía y sus diversas incidencias en los entornos online y físico.

Estas reflexiones en edad escolar también son poderosas para provocar el debate entre los estudiantes y las personas de su entorno que se están quedando atrás en la educación digital. La alfabetización mediática puede ser un pretexto interesante para educar, para la ciudadanía y la paz, promoviendo conversaciones entre personas con diferentes roles en la comunidad escolar, pero que comparten preocupaciones y responsabilidades comunes.

Es fundamental reflexionar sobre cómo ampliar los espacios de participación escolar a la vida cotidiana en el aula, no restringiendo esta experiencia democrática a pequeños grupos de alumnos que participan en el consejo de estudiantes o en el periódico escolar. Estos espacios deben inspirar la apertura de otros innumerables que garanticen a todos los alumnos el derecho a pertenecer y expresarse en este lugar.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, del Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21.

Bruno Ferreira. Asesor pedagógico de EducaMídia, el programa de educación mediática del Instituto Palavra Aberta. Periodista y profesor, máster en Ciencias de la Comunicación y especializado en Educomunicación por la ECA/USP.

Ester Athanásio. Consultora del Instituto Aurora, periodista, máster en Comunicación y doctoranda en Políticas Públicas por la UFPR.

26 de octubre: el 18 brumario salvadoreño

Ariel Sribman Mittelman
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26 de octubre: el 18 brumario salvadoreño

26 de octubre: el presidente salvadoreño es derrocado por un golpe de Estado. Corre el año 1960; el presidente depuesto es José María Lemus. Mismo día, sesenta y tres años después: el presidente salvadoreño registra su candidatura presidencial pese a que la Constitución excluye la reelección. Se ampara para ello en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces han sido elegidos en un proceso irregular en el Congreso a instancias del primer mandatario: Nayib Bukele.

Dos eventos tan dispares como el de 1960 y el de 2023 suelen ser colocados en la misma pista: la que conduce de la democracia a la autocracia. Sin embargo, se trata de procesos políticos radicalmente distintos. Confundirlos reduce el complejísimo mecanismo de relojería de la política a una clepsamia: la arena se encuentra en el receptáculo superior –democracia– o en el inferior –autocracia–; no hay más análisis posible. Sin embargo, los contrastes entre 1960 y 2023 ayudan a dilucidar lo que está ocurriendo en El Salvador ahora mismo, y la imagen que se desvela es ciertamente más compleja e interesante.

Comencemos desarmando dos mitos acerca de la democracia. El primero es que había llegado para quedarse indefinidamente, y que su degradación es una anomalía, un proceso contra natura. Nada más lejos de la realidad: hace dos mil años Polibio dejó asentado que los regímenes rectos tienden a degenerar con el paso del tiempo. No solo la democracia, pero también la democracia.

El segundo mito es que cuando se desvanece la democracia, su lugar es indeclinablemente ocupado por la autocracia. El propio Polibio lo desmiente: la democracia tiende a degenerar en demagogia, esto es, el gobierno desviado de la mayoría. Naturalmente, lo que propone el griego es un esquema general, no una enciclopedia exhaustiva de los quiebres democráticos. Pero nos pone, como mínimo, sobre una pista de gran interés: al contrario de lo que leemos día tras día, no todo lo que no es democracia es autocracia.

Volvamos al 26 de octubre de 1960. Lo que había en El Salvador hasta el día anterior no era estrictamente una democracia: era un régimen mixto. Ya puede el lector adivinar qué pensador griego se ocupó de definir tales regímenes. Mixto: combinación de monarquía, aristocracia y democracia. En la Roma en que vivía Polibio, ello se materializaba en un gobierno formado por dos cónsules (componente monárquico), un senado (factor aristocrático) y los tribunos de la plebe (elemento democrático).

Las repúblicas latinoamericanas recién independizadas tomaron el ideal romano y lo adaptaron al modelo presidencial estadounidense: presidente (monarquía), cámara alta (aristocracia), cámara baja (democracia). Es aproximadamente el mismo esquema que rige en la actualidad en prácticamente toda la región, aunque no tengamos constantemente presente su origen.

En El Salvador de José María Lemus existía una configuración similar. Simplificando mucho, se podría identificar al presidente (o al gobierno en conjunto) con el componente monárquico y a la cámara baja como factor democrático. A falta de Senado, el elemento aristocrático estaría constituido por diversas corporaciones, que hoy identificaríamos con los “poderes fácticos”, los pesos y contrapesos institucionales dentro del Estado, etc.

Lo que ocurre durante un golpe de Estado militar como el de 1960 es que el presidente constitucional es apartado por una junta militar. En términos de Polibio, el componente monárquico es desplazado por su correspondiente desviado: la tiranía (el gobierno desviado de uno solo o de un núcleo muy pequeño). Y el elemento democrático es eliminado: desaparecen los representantes votados por el pueblo.

A medida que diseccionamos el expediente de 1960 se va haciendo la luz sobre el de 2023 y van emergiendo las diferencias entre los dos. Cuando Bukele decide presentarse a unas elecciones que le están vedadas por la Constitución, no ataca directamente la democracia. Erosiona el Estado de Derecho, es decir, la sujeción del poder a las leyes. Diría Polibio que Bukele degrada el componente monárquico y lo transforma en tiránico. Pero la democracia sigue en pie, en tanto las elecciones de 2024 sean limpias y le permitan a la ciudadanía mantener al actual presidente en el poder o expulsarlo.

Ahora bien, si la mayoría ciudadana vota a un candidato que abiertamente se salta la ley, que manipula la Corte Suprema para que avale su deriva anticonstitucional, ¿seguiremos localizando el problema en el propio Bukele? ¿Continuaremos situándolo en el componente monárquico/tiránico? Sería un grave error. Para eso es tan útil y necesario recuperar a Polibio: para comprender que en el caso de El Salvador hay un fusible llamado democracia, que permite al pueblo eyectar del poder a un gobernante tiránico. Y si la ciudadanía, al contrario de eyectarlo, lo legitima, entonces lo que habrá ocurrido será la degradación de la democracia en demagogia –no en autocracia–.

Para finalizar, un matiz relevante. Una de las acusaciones que recaen sobre Bukele es la persecución de la prensa independiente. Y uno de los factores imprescindibles para que las elecciones sean limpias es que la ciudadanía disponga de información diversa y lo más completa posible. A este respecto sí se podría afirmar, de ser ciertas las denuncias, que Bukele retuerce el aparato respiratorio de la democracia. Y ante el desmayo democrático, se disuelve el régimen mixto y el poder queda reconcentrado en el tirano.

Argentina: el ‘ballotage’ de hierro

Diego M. Raus
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Argentina: el ‘ballotage’ de hierro

El 19 de noviembre la Argentina elegirá presidente en un proceso de doble vuelta (ballotage) entre el candidato devenido del actual gobierno, Sergio Massa -Unión por la Patria-, y el outsider Javier Milei, creador del partido libertario La Libertad Avanza. Ambos llegaron a esta instancia de manera sorpresiva: Javier Milei como ganador de las Primarias Abiertas (PASO) de agosto, en donde Massa quedó tercero, y Sergio Massa luego de la primera vuelta de octubre donde se recuperó y quedó primero, desplazando a Milei al segundo lugar y dejando afuera de la contienda a la previamente favorita, Patricia Bullrich, del macrista Juntos por el Cambio.

Sergio Massa es un político ambicioso que viene escalando hace años en la política argentina y al que alguna parte del electorado y alguna prensa tilda de oportunista. En esta escalada, y desde su puesto de ministro de Economía a pesar de no ser economista, realizó una campaña basándose principalmente en dos cuestiones: por un lado despegándose del kirchnerismo, básicamente de Cristina Kirchner, por el alto rechazo que tiene en el electorado, y, por otro lado, con decisiones económicas que claramente pueden ser tildadas de “distribución de recursos para ganar votos” (en los medios se lo denomina “Plan Platita”).

Javier Milei representa ese fenómeno nuevo, al menos nuevo en convertirse en un jugador competitivo, de la política global, denominado libertarismo. Los denominadores comunes del libertarismo lo constituyen básicamente un ultraliberalismo económico, un individualismo extremo y, sobre todo, una reacción furiosa a las reivindicaciones de las nuevas izquierdas: género, diversidad sexual, multiculturalismo, ambientalismo.

Es decir, el ballotage en la Argentina ya no transcurrirá en el clásico enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo, o entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Se enfrentan dos especies nuevas, sobre todo la de Milei.

La guerra de encuestas, una guerra que no es una competencia por la veracidad sino signada por el cálculo político, muestra una paridad permanente, algo lógico en un ballotage. El sentido social más extendido piensa, intuye, que una victoria de Milei es casi imposible, pues constituye un salto al vacío que evitará que, más allá de simpatías, afinidades o hartazgo, una parte del electorado termine votando por el mal menor, que es Massa, el cual, cabe señalar, es objeto de desconfianza por ajenos, pero también en parte de los propios. El mismo Máximo Kirchner dicen que ha dicho: “Massa nos va a cagar”.

En lo que coinciden muchos estudios de opinión es en que el voto a Milei es mayoritario, no desproporcionadamente pero sí en forma clara, entre los hombres más que en las mujeres. Y añaden este dato, que por sí mismo es una fuente de análisis sociológico y político, de que entre las preferencias masculinas por el voto a Milei destaca claramente las diferencias etarias: los más jóvenes (más o menos hasta 35 años) se inclinan mayoritariamente por Milei.

Javier Milei es el outsider que plantea no una antipolítica sino una política donde hay que eliminar todo lo que, entiende, traba las fuerzas individuales, y por ende productivas, del país hace un siglo. Por su parte, Sergio Massa se hizo elegir ministro de Economía en el peor momento económico del país en las últimas dos décadas solo para transformarse en el centro de un gobierno exhausto y debilitado. A pesar de que los indicadores económicos y socioeconómicos empeoraron drásticamente en este último año, efectivamente Massa es la figura central del oficialismo para esta elección.

Massa lleva adelante la campaña del ballotage sabiendo que no tiene resultados políticos para ofrecer y, asesorado en esta parte de la campaña por los exconsultores de Lula, haciendo gala de un discurso mesurado, esperanzador, de cambio (del interior del oficialismo, lo que es decir del kirchnerismo), y convocando a un gobierno de unidad, es decir, compuesto por personas de distintas vertientes políticas.

Milei, que es el emergente del enojo y la furia de quienes no solo están en una mala situación actual sino que carecen de expectativas de futuro -de ahí el voto predominantemente joven a él-, encara este ballotage bajando los niveles de gritos y agresiones de la campaña de la elección de octubre, manteniendo sus posturas centrales y convocando a ampliar su electorado a partir de su alianza con el expresidente Mauricio Macri, alianza forjada por el mismo Macri y que, se supone, puede atraer una porción grande del voto a Juntos por el Cambio de octubre.

Un ballotage, una elección presidencial, de hierro. Uno es el candidato “que quedó”, es decir, ni buscado ni querido por el espacio político que representa, al cual, diez años atrás, Massa denostó y llamó “corruptos y ñoquis” (término este último que refiere a un empleo estatal ficticio pero con salario para militantes políticos propios).

El otro es un emergente del enojo, sin estructura política ni partido propio, con un personal variopinto desde el cual surgen algunas declaraciones y propósitos entre surrealistas y generadores de temor. La Argentina, en crisis económica y social, encontró de manera casi desmedida su crisis política.

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