Cuba: votar en dictadura

Coautor Felipe Galli

En dictadura, las elecciones -llamémosles mejor votaciones– sirven para algunas cosas. Pese a no ser, como sí ocurre en democracia, mecanismos para renovar pacífica y periódicamente el poder, esos comicios sirven como adorno para la validación formal -dentro y fuera del país- del gobierno autoritario. Las votaciones también sirven como herramientas para cooptar y movilizar a simpatizantes, asediar y desmoralizar a opositores e informar al propio gobierno del real apoyo popular.

Hoy, 26 de marzo tendrán lugar en Cuba las elecciones generales, cuyo propósito nominal es renovar los 470 escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo órgano legislativo (nuevamente, nominal) del país caribeño. Ocho millones de electores registrados reciben una boleta en la que figuran, ya designados, los diputados que representarán a su municipio. Se le darán pocas opciones: votar por toda la lista, votar a uno de la lista o, en el caso de los municipios con tres diputados o más, votar a algunos y descartar otros. Sin posibilidad de rechazar la lista completa. No existe, pues, competencia alguna. Se vota, pero no se elige.

Para muchos, teniendo en cuenta el contexto político de un régimen leninista cerrado al escrutinio exterior, semejante proceso carecería de interés. De hecho, en la Cuba totalitaria de hace una década, habría votado entre un 95 y un 98% del electorado registrado, el voto nulo no hubiera superado el 3% y más del 90% hubiera aprobado la lista completa sin siquiera molestarse en marcar algún candidato u otro. Un simple ritual para confirmar la legitimidad de la dictadura. No votar sería visto como un signo de disidencia, como una fácil manera en la cual “marcar” a un opositor, y por eso la abstención sería siempre la mínima.

No obstante, Andreas Schedler (La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios, México, Fondo de Cultura, 2016) explica que las elecciones en dictadura pueden ser para la ciudadanía arenas de cuestionamiento y movilización contra las autoridades. Adam Przeworski nos recuerda (¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, Pequeño manual para entender el funcionamiento de la democracia, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2019) que estas elecciones no competitivas siguen invocando como fuente última del poder al pueblo, al que buscan movilizar en apoyo de los dictadores.

Una vez que esos objetivos no son alcanzables y los números bajan, el debilitamiento del control político abre las puertas al desafío opositor. En el caso cubano, el paulatino decrecimiento de la participación en estas votaciones- que alcanzó en la capital a casi la mitad del electorado, entre abstención y voto nulo en las elecciones locales de noviembre pasado- es reflejo de tendencias demográficas, con su correlato político.

Existen ejemplos de aumento de la abstención en el contexto de elecciones autoritarias. En Kazajistán, antigua república de la Unión Soviética cuyo pueblo no ha visto un proceso electoral libre y justo en toda su historia, el régimen que encabeza Kassim-Jomart Tokayev, sucesor del dictador postsoviético Nursultán Nazarbayev, ha estado enfrentando un abstencionismo cada vez mayor en las grandes ciudades. En las legislativas del 19 de marzo, la participación cayó a poco menos del 53%. La concurrencia se redujo en todo el país y en la capital, Almatý, solo votó un 25% del electorado registrado.

Retornando a Cuba, vemos hoy un país dividido. Podríamos distinguir en la sociedad cubana actual, respecto a su posición hacia la coyuntura política y, sobre todo, hacia el proceso electoral, tres tercios. Ellos resumen diversos factores sociales, generacionales y regionales, que atraviesan todos los segmentos de la población cubana. Recuperando democráticamente una vieja terminología norcoreana, ese panorama -dibujado por la sumatoria de varias encuestas, entrevistas y dos grupos focales realizados en octubre pasado en la isla- se presentaría del siguiente modo

Los Leales: en este estrato ingresan los que, simpatizando con el gobierno, concurren a votar en su respaldo. El músculo del apoyo social a la dictadura se compone de personas mayores o de mediana edad (que nacieron y crecieron bajo mejores épocas del socialismo, siendo influidos por años de propaganda continua), en muchos casos con escaso nivel de ingreso, información y cultura política; junto a miembros de la burocracia, los militares y el empresariado afin, junto a sus familias.

Los Vacilantes: estos osilan entre apoyar al gobierno o rechazarlo y son la facción políticamente más pasiva y desmovilizada de la población. Un electorado que, en un régimen democrático, alternaría entre diferentes partidos o candidatos y que, en última instancia, termina definiendo una elección. En un contexto como el de Cuba, es gente que duda entre votar y abstenerse.

Muchos de estos votan con el único propósito de no marcarse como disidentes, mientras que los que se abstienen lo hacen más por hastío que por un rechazo conciente y enérgico a la dictadura. En el caso de que decidan votar, es más probable que emitan algún tipo de voto que rompa la uniformidad de la lista completa (voto selectivo a algunos candidatos, votar en blanco, alterar la boleta para anularla, etc.). Se trata del estrato más plural, con un un rango etáreo desde los adultos jóvenes hasta los de mediana edad, incluidos sectores privados y con adecuados niveles de instrucción.

Los Hostiles: se trata de la ciudadanía opositora al régimen, decidida a no votar con el objetivo consciente de mostrar su descontento. A menudo tratan de convencer a otras personas de no votar. El grupo etáreo más vocalmente opositor se concentra en la juventud, grupos intelectuales y en las grandes urbes aunque, nuevamente, aquí podemos encontrar a personas de todas las edades. Hay localidades del país, con arraigo opositor, que abonan a esta categoría.

En tanto lo electoral es un sistema o un proceso y no solo la jornada donde se realiza la votación, hay demasiada evidencia ex ante de ilícitos electorales en el país. En las últimas semanas, la dictadura ha usado las 3 C’s -control, cooptación y convencimiento- para garantizarse una votación favorable. Las amenazas a los (ilegalizados) grupos de observación y periodistas independientes, la movilización de votantes puerta a puerta, las marchas de apoyo con funcionarios y las ferias de ventas de alimentos y bienes deficitarios son muestra de ello.

Difícilmente la dictadura obtendrá niveles cercanos al antiguo 90 % típico del modelo sovietico. Parece haber un consenso- a partir del cruce de resultados anteriores y sondeos recientes– de que un 60 o 70 % de asistencia a escala nacional es un resultado plausible, con niveles inferiores en las capitales. Algo que, en condiciones de monopolio del poder y la propaganda, cuestiona la falta de pluralismo y representación del régimen cubano.

Sin embargo, la sombra del fraude tout court, en la totalización de los votos, aparece en el horizonte. Ocurrió en la RDA de 1989, poco antes de la caída del Muro, también  en las elecciones a la Constituyente en Venezuela en 2017. Ante la exposición de su descrédito, los dictadores corrigen las cifras para mostrar un apoyo abrumador inexistente. La simple lógica lleva a una conclusión, ¿por qué un régimen como el cubano, qué se cierra al escrutinio independiente y realiza un proceso en el que la observación está criminalizada, reconocería públicamente y sin reservas la única forma de revés electoral que puede sufrir?

Ante ese panorama, las denuncias de los observadores independientes y los reportes ciudadanos de su (no) voto, serán un indicador aproximado de la verdad secuestrada. Al final, pese a lo que el régimen intente vendernos, la voz y la salida (Hirschman dixit) siguen creciendo en Cuba, frente a una lealtad menguante.

Felipe Galli (1999, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina). Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, cofundador del medio Carta Política, integrante de la iniciativa Contexto Cubano.

La recomposición del orden internacional, ¿un nuevo Tordesillas?

En junio de 1494, representantes diplomáticos de los reinos de España y Portugal firmaron un famoso tratado que, en la práctica, pretendía establecer una división de casi todo el mundo en esferas de influencia política, económica, militar y sociocultural. Evidentemente, los Gobiernos de Madrid y Lisboa intentaban formar un condominio hegemónico para su propio provecho. Aunque el tratado de Tordesillas llegó a gozar de algún reconocimiento y apoyo papal, lo cierto es que acabó siendo cuestionado por muchos otros miembros del sistema internacional de la época.

Cinco siglos después de aquellos acontecimientos parece que nos acercamos a un nuevo intento de establecimiento de ámbitos de influencia, pero con graves y espurias consecuencias para la mayoría de los pueblos, naciones y Estados del mundo, incluso para el conjunto de los países latinoamericanos y caribeños.

En efecto, aún antes de la injustificable invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, ya era evidente el intento de ciertas potencias con impulsos y tentaciones imperialistas (especialmente potencias con regímenes políticos autocráticos, híbridos e iliberales) para establecer manu militari en zonas de dominación y en desmedro de la soberanía, la libertad y la integridad territorial de países vecinos.

Tales prácticas, contrarias al derecho y a la seguridad internacional, han sido acompañadas y agravadas por una virtual corrida armamentista, el impacto del cambio climático y la destrucción de los equilibrios ecológicos y sanitarios, la competencia geoeconómica, los conflictos socioculturales (civilizacionales) y los efectos de la continua ola de autocratización en muchos países del mundo.

En un contexto global de creciente interdependencia, dichos intentos de establecer esferas de influencia han generado reacciones de numerosos miembros estatales y no estatales del sistema internacional. En general, predomina la idea de que tales esfuerzos de replicar las ambiciones subyacentes al tratado de Tordesillas precisan y merecen ser rechazados ahora. En el fondo, se trata de amenazas graves e inminentes a la paz, la democracia y la seguridad de muchas naciones y Estados, especialmente de sociedades en vías de desarrollo, así como de las clases subalternas que están presentes en los propios países con impulsos o tentaciones expansionistas y colonialistas.

América Latina también ha atravesado, en diverso grado de intensidad, por las realidades impuestas, debido a la recomposición del sistema internacional, sobre todo en el último trienio. Duramente afectada por la pandemia de la COVID-19, por no pocos desastres ambientales y por preocupantes procesos de desdemocratización/autocratización en ciertos países, la región necesita urgentemente revisar las directrices generales de su identidad e inserción internacional, así como oponerse a intentos de reestablecer campos de influencia hegemónica extrarregional en nuestro continente y el mundo.

Hay que tener presente que la región ha sufrido numerosas embestidas imperialistas en el pasado. Concomitantemente, las sociedades y los Gobiernos del continente deberían insistir en el propósito de contribuir a la formación de un orden internacional de pueblos libres, concepto esencialmente opuesto a las veleidades imperialistas, expansionistas y colonialistas de algunos pocos y en provecho ajeno.

Ante una coyuntura caracterizada por la competencia, la tensión y la confrontación entre grandes potencias y bloques (particularmente en el caso de estadunidenses, europeo-occidentales, rusos y chinos), luce pertinente perfeccionar los mecanismos de consulta y concertación macrorregional, en los que se destaquen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otros procesos de integración regional, cooperación y multilateralismo. Del mismo modo, parece evidente la necesidad de cumplir de manera efectiva las tareas de casa en lo tocante al progresismo político y al desarrollo socioeconómico, entendidos como bases para una inserción internacional cada vez más soberana, constructiva y republicana.

En suma, paz, calidad democrática y seguridad regional son activos muy importantes para los pueblos y Gobiernos latinoamericanos, máxime teniendo en cuenta los acontecimientos en el este europeo y otros conflictos semejantes. Así mismo, conviene tener presente que la confrontación actual entre grandes potencias puede dar lugar a un igualmente espurio condominio hegemónico mediante el establecimiento, más o menos explícito, de ámbitos de influencia comparable a la lógica subyacente al referido tratado de Tordesillas. Por tanto, no queda más que continuar vigilantes, buscar el multilateralismo y el diálogo entre civilizaciones y destacar las virtudes del no alineamiento, tous azimuts.

Rememorando la antigua teoría de los tres mundos, es factible que América Latina forme parte del segundo mundo. Si eso es así, es bastante probable que líderes políticos y diplomáticos, además de investigadores especializados, precisen enarbolar la tarea de cuestionar la presunción hegemónica de ciertos países extracontinentales. En esa hipótesis, quizás sea oportuno que los pueblos y Gobiernos libres del mundo establezcan alianzas para oponerse colectivamente a las amenazas de ese nuevo Tordesillas en formación.

Dicha alianza en favor de la multipolaridad, paz, cooperación y seguridad regional podría incluir a la comunidad afroasiática (principalmente en el caso de pueblos y Gobiernos con orientación democrática), además de componentes sociales progresistas y antimperialistas que actúen dentro de las grandes potencias.

Todo ello, sin obviar la necesidad de contrarrestar ambiciones personalistas y otras tendencias negativas semejantes de naturaleza intrarregional (autocratización, aventurerismos, parroquialismos, sectarismos, inmovilismo). He aquí una tarea urgente y aparentemente ineluctable.

Narco, el jugador por vencer en las elecciones mexicanas

Las encuestas de intención de voto presidencial en México están centradas probablemente en un 90% en ver quién va adelante: Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, o Xóchitl Gálvez, quien enarbola las banderas de los partidos aglutinados alrededor de la coalición Frente Amplio por México. Y en esa lógica, ambas buscan todos los días ganar simpatías e instalarse en el imaginario como la virtual ganadora de una contienda que ocurrirá la próxima primavera, o sea, dentro de nueve meses, lo cual es mucho tiempo. Y la política democrática, ya sabemos, es veleidosa, especialmente en regiones capturadas por el crimen organizado. Y justamente es ese actor quien se perfila como el enemigo a vencer.

El crimen organizado, aunque no es un actor convencional de la lucha electoral, está en campaña y como solo sabe hacerlo, a través de la violencia en sus diversas manifestaciones. Y es que la captura llana de amplios segmentos del territorio nacional por parte de estas organizaciones permite constatar que podría tener un desenlace en términos electorales. Como sucedió en 2021 y muchas veces antes, esa captura podría repetirse en control de los votantes y, por lo tanto, provocar unos resultados con sus ganadores y perdedores. Hasta ahora nada lleva a suponer que no vaya a intervenir cuando los incentivos para hacerlo son cada vez mayores. 

Hay que recordar que el crimen organizado va más allá de la imagen del sicariato que estamos acostumbrados a ver en televisión, y es que es algo más complejo que alcanza las economías de escala en la mayoría de los estados de la federación. Las acciones del crimen organizado están destinadas a generar mayor poder a los cárteles y resguardar la economía negra, el lavado de dinero que se filtra diariamente en la economía formal. 

El problema de fondo es que la economía genera intereses políticos y es entonces cuando los personeros de los cárteles buscan infiltrarse en los procesos electorales desde la fase de definición de los candidatos hasta convertirlos en ganadores de las contiendas por los votos.  

Entonces, están invirtiendo parte de su capacidad de violencia buscando obtener un mayor beneficio en la representación política y en la integración de los gabinetes de los tres niveles de gobierno. Y, así, quien controla esta economía armada tiene capacidad para influir en la política institucional. 

Luego, lo que tenemos es que la disputa de Sheinbaum y Gálvez está mediada por este tercero en discordia que tiene razones poderosas (ilegítimas) para buscar influir en las elecciones federales y locales. Y en eso están. 

Ese es el rasgo distintivo de las llamadas narcocracias, que tienen en los personajes del crimen organizado un actor protagónico que intenta ser decisivo en la escala política y burocrática por interés propio o por la simple prestación de servicios directos. Cuando eso ocurre en México, o en cualquier otro país, las rutinas electorales quedan a expensas de las acciones que este actor en las sombras impone a la clase política y a la sociedad civil. 

En los estados de la federación, cuando los partidos políticos llevan a cabo sus procesos internos, sus campañas y la operación electoral el día de la jornada electoral, aquello que debería ser parte de la normalidad democrática, es socavado brutalmente con el asesinato, los golpes, ahuyentando o secuestrando a quienes aspiran a un cargo y no son vistos con buenos ojos por el cártel del estado o la región. 

Esto, que es una anomalía en democracia, está detrás de ese espectáculo dantesco que vemos todos los días en cualquier lugar del país con mayor o menor brutalidad y que no pocos miran con la simpleza de que es “cosa de narcos”, lo que no permite ver el trasfondo de sus ramificaciones en la política. 

Y, cuando vemos su dimensión, que en términos de números este sexenio alcanza ya cerca de los 170 000 homicidios dolosos y 35 000 desapariciones forzadas, hace empequeñecer la figura de las dos, o más, aspirantes a la presidencia de la República. 

Estos grupos tienen mayor visibilidad y el don de la ubicuidad, ya que se les ha dejado crecer cuando en condiciones de normalidad lo racional sería que el espacio público sea escenario del juego democrático. Pero no, quienes alcanzan la mayor visibilidad, los mejores tiempos en los medios, son lamentablemente los actores de la antipolítica que transitan libremente en vehículos pertrechados militarmente por avenidas, calles y caminos ostentando todo su poder. 

Por lo tanto, la atención del ciudadano se mantiene de ese lado, mientras las declaraciones de las candidatas presidenciales no llegan a tener impacto porque son absolutamente ausentes de esta realidad a la que todos ven de reojo. 

En México estamos en la antesala de las elecciones presidenciales de mayor riesgo, porque no está solo en juego la presidencia de la República o el Congreso de la Unión, sino quién va a terminar ganando la contienda entre los candidatos convencionales o los del crimen organizado. 

En definitiva, los aires que corren no son los del mejoramiento democrático, sino de un autoritarismo sui generis del crimen que asola ya a buena parte del país y que está provocando como nunca desplazamientos de población hacia las zonas urbanas o la frontera norte buscando resguardarse del peligro. 

Que alguien avise de que lo que hoy no se haga en materia de contención terminará impactando en el resultado de las llamadas elecciones más grandes de la historia de nuestro país. 

Regímenes híbridos en América Latina: El Salvador y México

Desde que América Latina se democratizó a principios de los años noventa, cuando varios países transitaron del autoritarismo a la democracia, han pasado 35 años. Desde entonces, esta ha sido una de las regiones más diversas políticamente hablando por el abanico de regímenes que aloja y las particularidades de cada uno de ellos. De hecho, actualmente dos países están transitando de democracias imperfectas a regímenes híbridos: México y El Salvador.

Los regímenes híbridos, según especialistas como Leonardo Morlino y Terry Kart, se caracterizan por enmarcarse en países que comparten cuatro condiciones: tienen un Estado de derecho débil, están polarizados, poseen una fuerte presencia militar y cuentan con elecciones periódicas en un sistema pluripartidista y con alternancias.

En el caso de México y El Salvador, ambos coinciden en la particular formación de los líderes que los encabezan y en cómo estos aprovecharon la pandemia de la COVID-19 y los confinamientos para fortalecer sus liderazgos. La pandemia acarreó un retroceso en materia democrática en la región, de acuerdo con el informe IDEA de 2021, ya que representó la posibilidad de posponer elecciones, retener el poder o afianzar su proyecto de gobierno.

En México los cimientos del autoritarismo no desaparecieron

En México, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “La pandemia nos cayó como anillo al dedo para afianzar la transformación”. No solo la frase fue polémica, sino que desde entonces la retórica oficial y la agenda de gobierno contraria a varios sectores de la sociedad se radicalizó. Y en cuanto a la libertad de expresión, el Gobierno comenzó a descalificar y atacar a periodistas, lo cual es una característica del avance hacia la hibridación.

Otro sector atacado ha sido la clase media. En 2021, en las elecciones intermedias, el oficialismo perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mitad de la capital del país que históricamente ha pertenecido a la izquierda. El presidente no tardó en atacar a este sector afirmando que “ la clase media apoyó a Hitler y a Pinochet”.

Desde el punto de vista de la polarización, el presidente López Obrador y sus correligionarios han dividido el país en dos: el pueblo bueno contra los aspiracionistas o corruptos. De hecho, el mandatario ha declarado que “se está con la transformación o en contra de ella”, por lo que deja ver que para él no hay puntos medios. Con esto también exacerba aún más el divisionismo.

El tercer elemento, el más preocupante, es la militarización de las funciones que históricamente han sido civiles. Si bien desde 2006 los militares han tenido un papel relevante en funciones de seguridad pública, en este Gobierno se profundizaron cuando el Ejército se convirtió en el principal constructor de los megaproyectos del Gobierno federal.

Las Fuerzas Armadas también participaron en tareas de educación cuando se les encargó el reparto de libros, en la vacunación durante la pandemia y en la formación de un cuerpo cívico-militar conocido como Guardia Nacional, que tiene el objetivo de regresar al Ejército a los cuarteles. Esta militarización de lo civil ha generado preocupación, pues se ha violado el artículo 129 de la Constitución que establece que, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas solo podrán realizar actividades relacionadas con la disciplina militar. Según el académico Roger Bartra, en México la democracia llegó y se abrió a la pluralidad, pero los cimientos del autoritarismo no desaparecieron.

La rápida descomposición de la democracia en El Salvador

Otro caso de hibridación es El Salvador, que se ha ido transformando desde que Nayib Bukele llegó a la Presidencia. Se trata de un outsider que rompió con el bipartidismo de Arena y el Frente Farabundo Martí, y desde temprano mostró un talante antidemocrático. El 10 de febrero de 2020, Bukele llamó a la insurrección y a las Fuerzas Armadas a entrar en el Congreso y obligar a los diputados a aprobar el préstamo para el Plan del Control Territorial y, así, combatir al crimen.

El uso del Ejército para presionar al Congreso habla de una erosión democrática veloz, además de un amplio respaldo de la población, pues el presidente llamó, a través de Twitter, a la insurrección. Luego, en marzo del 2021, su partido Nuevas Ideas ganó la mayoría calificada y al mes se expulsó de la Corte Suprema a cinco magistrados y se nombró a otras personas cercanas al gobierno. Con esta decisión se violó la independencia judicial y socavó aún más la democracia.

En marzo de 2022 se decretó el primer estado de excepción y hasta marzo de 2023 se ha alargado diez veces. Los militares han cobrado relevancia y el presidente Bukele los ha utilizado para justificar el combate contra el crimen, la falta de transparencia y la constante violación de derechos humanos. Nadie se opone a reducir la criminalidad, pero existe un marco normativo para realizarlo. Al romperse esta barrera, también se rompe la democracia, pues sin leyes, esta no existe.

Por otro lado, el 16 de septiembre de 2022, Bukele anunció que buscaría la reelección en los comicios de 2024. La Constitución prohíbe en al menos 6 artículos la reelección inmediata de la Presidencia, pero esta decisión se justificó mediante una sentencia que establece que, si bien no se ha permitido la reelección consecutiva, si el mandatario deja el poder con 6 meses de anticipación, puede volver a presentarse. De esta manera, El Salvador se ha convertido en una autocracia, un régimen centrado en la personalidad de un líder, y el sistema político está siendo moldeado a su imagen y semejanza.

Más allá del diagnóstico, debe preocuparnos el avance del autoritarismo a pesar del alto nivel de popularidad y respaldo social de dirigentes como López Obrador y Bukele. La democracia no es perfecta, pero sí perfectible. ¿Vale la pena otorgar el poder y ceder derechos a líderes autoritarios para solucionar problemas con métodos que lastiman la pluralidad y la institucionalidad?

Lula, entre escenarios cambiantes y desatinos en política exterior

La vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil ha suscitado grandes expectativas. Sin embargo, las circunstancias internacionales y nacionales han cambiado respecto a sus dos mandatos anteriores. El propio Lula parece diferente. Su actuación en política exterior ha empezado con graves desatinos acerca de la guerra en Ucrania, donde pretende ahora ofrecerse como mediador de paz.

En 2002 y 2006 Lula gozó de una situación muy favorable

Llegado al poder en 2003, Lula pudo beneficiarse de un contexto internacional favorable. Los altos precios internacionales de las commodities garantizaban ingentes recursos para su política social y exterior. Otros líderes de la región compartían su visión del mundo. Juntos conformaron un frente progresista que proporcionó esperanza a un continente en búsqueda de progreso social y económico y de un papel internacional más protagónico. El relativo retiro de Estados Unidos del continente, junto al crecimiento de China y otras potencias emergentes, abrieron espacios para América Latina y sus dirigentes.

A escala nacional, Lula ganó la competencia electoral, con más del 60% de los votos en los balotajes de 2002 y 2006. En aquellas elecciones, el Tribunal Superior Electoral (TSE) obligó a los partidos políticos con candidatos presidenciales a no formar coaliciones con partidos rivales en las concomitantes elecciones legislativas y de gobernadores. Esto fortaleció la gobernabilidad a escala federal. Lula tenía en aquel entonces un mandato claro y propositivo: fortalecer la agenda social, luchar contra la pobreza y la desigualdad, y acompañar el país hacia un papel más céntrico en el ámbito global.

El propio Lula y su Partido de los Trabajadores (PT) se presentaban como algo novedoso. Eso, a pesar de que Lula competía por la Presidencia por cuarta vez en 2002. El mandatario se presentaba como un campeón del pueblo y de los marginados. A la vez, hablaba y actuaba con pragmatismo para no alienar a sectores nacionales e internacionales y contribuir a una imagen de moderación y credibilidad del Gobierno y del país.

En 2023 los escenarios son muy diferentes

Hoy la situación es diferente. En el plano internacional, la bonanza de las commodities acabó limitando la posibilidad de gastos sociales. La pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania están cambiando el rumbo político y económico de las grandes potencias. Las alianzas internacionales serán cada vez más estratégicas y menos contingentes. El espacio para aventuras internacionales resultaría restringido.

América Latina está profundamente dividida en temas económicos, de entendimiento de la democracia, derechos humanos, Estado de derecho y modelos de desarrollo. Es razonable preguntarse si América Latina sigue constituyendo una comunidad de valores compartidos. No habrá fácilmente otra marea progresista pese a las elecciones en Chile y Colombia y al futuro resultado en Argentina y Paraguay.

En el frente interno, Lula ganó las elecciones de 2022 con menos del 51% de los votos, tiene una mayoría de gobernadores contrarios en estados claves y no controla el Congreso. La situación económica y social es difícil. Brasil no se había recuperado todavía de la grave recesión de 2015 y 2016, y la economía cayó otra vez en 2020 por la pandemia. El ataque al Congreso, hecho que ocurrió en enero de este año, demostró la fuerza de la oposición más allá del bolsonarismo y que hay una mitad del país en contra del lulismo.

El propio Lula ha cambiado  

El propio Lula, a los 77 años de edad, parece tener menos energía, lo que sería natural y comprensible. Su figura y propuesta política no son algo novedoso, sino una vuelta al pasado. Más que en una agenda propositiva, el Lula actual se concentra en una conflictiva. En 2003, cuando asumió por primera vez, trató de reasegurar a los escépticos y a los que no lo habían votado. En 2023, en su inauguración prometió un gobierno para 215 millones de brasileños, pero, a la vez, se centró en la crítica al gobierno anterior. Lula lo tildó duramente de “proyecto de destrucción nacional” y lo hizo en un Congreso donde la mayoría son partidarios del expresidente, y la mayor bancada es la bolsonarista.

Tal vez esa no sea la forma más adecuada para reunir y apaciguar a una sociedad polarizada. Las posibles medidas económicas del Gobierno preocupan a los inversionistas internacionales que temen una inestabilidad exacerbada y una agitación política notoria. Además, los escándalos y la experiencia judicial con encarcelamiento dañaron la credibilidad de Lula ante los ojos de una amplia parte del electorado. El uso político del poder judicial, en un sentido o en el otro, no ayuda a la estabilidad del país.

Un desempeño cuestionable en la guerra en Ucrania

Lula ha generado grandes expectativas sobre todo en política exterior. Sus partidarios esperan un relanzamiento de la integración latinoamericana, un renacimiento del sur global y un papel internacional protagónico de Brasil. Eso será complicado porque las condiciones no son las de 2003 o 2007. La agenda internacional está orientada hacia la guerra en Ucrania. Lula está tratando de meterse en este asunto para relanzar las ambiciones internacionales de Brasil, pero su actuación hasta ahora y los antecedentes invitarían a ser cautelosos.

Como candidato, en mayo de 2022, declaró que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, “era tan responsable como Vladímir Putin por la guerra”. Y agregó que el presidente Joe Biden y la Unión Europea eran igualmente culpables por no haber negociado lo suficiente con Putin. Esta es una posición muy ideológica y equivocada. Si uno no quiere, no se puede negociar. Pero el mandatario brasileño, después de un año de guerra y atrocidades, comentó: “Si uno no quiere, dos no pueden pelear”. Eso no es verdad. Si hay un agresor, dos pueden pelear aunque la víctima no quiera. Bien debería saberlo el presidente de un país que ocupa el decimoquinto puesto de 195 países en el mundo por homicidios intencionales y el cuarto lugar por robos violentos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Con tales declaraciones como credenciales, ahora Lula pretende ser mediador de paz en Ucrania. Su propuesta incluiría a la India, China e Indonesia para integrar un grupo de mediadores y pedir un cese de las hostilidades. La propuesta, como la de China, no distingue entre agresor y agredido. No sorprende que Rusia haya reaccionado positivamente. Sin embargo, un cese de hostilidad sin concesiones de Rusia sería condonar la agresión de Moscú. También valdría la pena recordar el fracaso de la tentativa de mediación de Brasil, junto a Turquía en 2010, en cuanto al enriquecimiento de uranio de Irán. Meterse en asuntos muy grandes y mediáticos sin el adecuado estatus y respaldo puede resultar contraproducente y afectar el consenso. En ese aventurismo, sí: Lula sigue siendo el mismo.

Chile: la difícil aceptación de la realidad

Luego de la abultada derrota del plebiscito sobre el cambio constitucional del pasado 4 de septiembre (dos tercios de los votos frente al tercio restante) daba la impresión que el Presidente Boric había superado el espejismo que se produjo con su victoria electoral en la segundas vuelta de las elecciones presidenciales. Al menos así lo parecía su inmediato cambio de gobierno, desprendiéndose de miembros del sector duro de su Frente Amplio y sustituyéndolos por conocidos representantes de la denostada Concertación. Sin embargo, aceptar la dura realidad no era tan sencillo. Así que lo que realmente ha sucedido es la división interna del proyecto original, dando lugar a lo que hoy se conoce en Chile como “las dos almas de Boric”.

Para entender mejor esta polaridad política, conviene recordar el origen del espejismo que entusiasmó a tanta gente dentro y fuera de Chile. Dos aspectos fueron cruciales al respecto. El primero referido a la verdadera dimensión de su victoria electoral. Como solo había votado el 56% del electorado y Boric había obtenido el 55% de esos votantes, el presidente electo contaba con apenas el 27% del total del electorado.

Pero además, los estudios de opinión mostraban que un 70% de los casi tres millones de votos que se sumaron a su candidatura en esa segunda ronda procedían de otros partidos (de centro izquierda), que no seguirían a Boric en el futuro. Es decir, que la “amplia marea electoral” de Boric no alcanzaba ni a un cuarto del electorado.

El otro elemento del espejismo aludía a la idea de que el apoyo a Boric era producto directo del espíritu imparable del estallido social del 2019. Los sondeos de opinión mostraban que el apoyo a lo sucedido en 2019 era bastante menor de lo supuesto. Varios observadores en el país señalaron que esos hechos habían sido “sobrefestejados”. En realidad, más de la mitad de la población chilena tenía una visión crítica de lo sucedido.

Ese espejismo pareció deshacerse tras la derrota del plebiscito constitucional, que el propio Gobierno presentó con parte de su proyecto original. Sin embargo, el alma radical de ese proyecto se mantuvo firme e incluso planteó la realización de una contraofensiva. No importaba que los sondeos mostraran un rápido deterioro de la imagen gubernamental, con una desaprobación que se situaba en torno al 70% respecto del propio presidente. Todavía podían darse combates políticos importantes.

Uno crucial, por ejemplo, era la reforma tributaria que permitiría al gobierno impulsar varias promesas de campaña, comenzando por la reforma de las pensiones. El problema consistía en que eso tendría que aprobarse en el Congreso, donde el presidente no cuenta con una mayoría parlamentaria. Y de nuevo las secuelas del antiguo espejismo se hicieron notar. En vez de negociar con la oposición el contenido de la reforma, el alma radical de Boric consideró que su propuesta era tan buena que arrastraría a los sectores del socialismo democrático que le apoyaron en su victoria electoral.

El resultado ha sido una grave derrota de la reforma en sede parlamentaria, que muchos observadores chilenos consideran el mayor fracaso legislativo de Boric. La reforma pretende recaudar un 3,6% del PIB en cuatro años, unos 10.000 millones de dólares, que permitirían apoyar el programa socioeconómico del presidente.

El gobierno contaba con que representara un punto a su favor el hecho de que la discusión se diera en torno al Dia Internacional de la Mujer. Ya sabía que la derecha votaría en bloque contra el proyecto de ley, pero esperaba captar algunos votos de las bancadas de los partidos progresistas. Al no lograrlo y perder la votación, ahora no podrá volver a presentarla en el Congreso hasta dentro de un año.

Los días que han seguido a esta grave derrota política han mostrado el debate interno entre las dos almas del proyecto Boric. Para el alma radical no se ha ido suficientemente lejos, para la moderada es necesario aceptar la dura realidad de que los votos prestados por el socialismo democrático en la elección presidencial no están ni estarán a su disposición.

Esta confrontación entre las dos almas deberá resolverse pronto, a menos que el gobierno prefiera protagonizar un continuo vaivén de consecuencias negativas, no sólo para su propio proyecto, sino para el conjunto del país.

México: ¿una democracia sin «millennials»?

El 26 de febrero se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México a favor de la democracia y en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). Estuve presente esa mañana y puedo asegurar que la multitud que se congregó era harto heterogénea. Hay, sin embargo, una característica por destacar entre los manifestantes: la media de edad rondaba los cuarenta años. 

Algún avezado analista señaló que ello se debía a que las generaciones de más de cuarenta años somos las últimas que realmente conocimos de primera mano el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Vale recordar que el PRI gobernó a México de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000, el período ininterrumpido de gobierno por un solo partido más largo del mundo: 71 años. Por el contrario, las generaciones más jóvenes que nacieron a mediados de los noventa no conocieron el autoritarismo del PRI y, quizá por ello, este analista sugiere que no dimensionan los riesgos que conlleva la actual regresión democrática en el país.

Esta hipótesis, sin embargo, choca con los datos de una encuesta que hizo RIWI Corp. (Real-Time Interactive World-Wide Intelligence) antes de las elecciones presidenciales de 2018. Esta encuesta muestra que el compromiso político de los jóvenes millennials mexicanos de entonces era excepcionalmente alto: nueve de cada diez jóvenes pensaban que valía la pena votar. 

De acuerdo a RIWI, datos comparables para los jóvenes de Japón, el Reino Unido o Francia muestran niveles más bajos de compromiso y se calculaba en siete de cada diez personas. Y, en efecto, los millennials mexicanos participaron activamente en aquella ocasión y fueron cruciales para el triunfo aplastante del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La pregunta entonces es: ¿cuál es el nivel real de compromiso democrático de los millennials mexicanos en 2023? ¿Cómo explicar la aparente contradicción entre los datos cualitativos que recogí en la marcha y los datos cuantitativos de RIWI publicados en 2018? A falta de datos recientes, caben algunas conjeturas.

La primera y ya mencionada es que la defensa de la democracia realmente solo importaría a los que vivimos el apogeo del PRI, mientras que a los jóvenes les resultaría un asunto secundario. No quiero decir con esto que no les interese, sino que tienen otras prioridades. La reciente y multitudinaria marcha del 8M, a propósito del Día Internacional de la Mujer, y la cual se hizo en la Ciudad de México, deja en claro que la justicia a las víctimas de delitos de género e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres son aspectos que los jóvenes exigen priorizar en la agenda pública. Desde este punto de vista, el compromiso de los jóvenes sería alto, pero orientado hacia sus intereses, lo cual, además, me parece normal y deseable: cada generación encuentra sus motivaciones para la acción colectiva.

Una segunda conjetura que se me ocurre para explicar la ausencia masiva de jóvenes en la marcha del 26 de febrero es que aún tienen simpatía por AMLO, de forma tal que, en consonancia con la reacción del oficialismo, habrían considerado la marcha como un acto antigobiernista, y no uno para defender la democracia. Si fuese así, que no lo sé a ciencia cierta, los jóvenes no estarían del todo equivocados: la manifestación también se puede leer como una censura al Gobierno y sus políticas. Es simplemente una posibilidad entre otras. Ciertamente, en 2018 vimos que las generaciones más jóvenes —nacidas después de la transición democrática y sin ningún recuerdo del PRI hegemónico— se mostraron particularmente descontentos con el statu quo y se volvieron menos tolerantes y más beligerantes, tal como el propio AMLO.

Mi tercer conjetura es tal como diría Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. En efecto, una regla de oro en cuanto al levantamiento de datos es que la opinión pública puede cambiar de un día para otro. En el mundo acelerado en el que vivimos lo que pasó hace cinco años es historia antigua. No ignoremos, además, que los humanos somos seres volubles y olvidadizos. En este sentido, cabe la posibilidad de que los jóvenes millennials mexicanos de hoy hayan perdido la chispa que les motivó en 2018. Algo, por cierto, del todo comprensible: en este 2023 soplan vientos muy distintos a cuando AMLO logró ilusionar a amplias capas de la población con su populismo. Hoy lo que se respira es desgaste y aburrimiento, emociones que no pueden entusiasmar ni a los jóvenes ni a nadie.

Finalmente, una cuarta conjetura que se me ocurre es que los jóvenes están llevando su protesta al mundo digital, donde quizá encuentran mayor resonancia a sus mensajes entre sus contemporáneos. No olvidemos que muchos millennials crecieron cuando Google era una realidad, y que pasan muchas horas en línea, usando toda clase de plataformas para interactuar: Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Estas generaciones han crecido en un mundo muy diferente al de los ochenta y noventa, en el cual crecimos la generación X (a cuyos miembros, por cierto, también se nos caracterizó en su momento como políticamente desafectos).

Queda, pues, abierta la interrogante: ¿cuál es el nivel real de compromiso democrático de los millennials mexicanos en 2023? Solo ellos podrán responder. Lo que es seguro es que su participación (o falta de) en la defensa de las instituciones democráticas y en las elecciones presidenciales de 2024 será determinante para la vida del país. Decía el profesor Alfredo Gutierrez Gómez, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México: “Cuando los jóvenes y las mujeres salen a votar, pierde el gobierno”. Veremos.

Corridas bancarias, cisnes grises y por qué Latinoamérica parece estar a salvo

El miércoles 8 de marzo, Silicon Valley Bank (SVB), banco que prestaba servicios financieros a cerca de la mitad del ecosistema de Tech startups en Estados Unidos y a un grupo considerable de esta industria en Latinoamérica, anunció que necesitaba $2,000 millones de nuevo capital luego de perder $1,800 millones en la venta de un portafolio de bonos del Tesoro americano y títulos basados en hipotecas (MBS). Esa misma noche Moody´s le redujo la calificación a grado especulativo. La noticia corrió como pólvora en Twitter y así llegó la estocada final para SVB. Sus depositantes intentaron retirar  42,000 millones de dólares en un solo día, produciendo el segundo colapso bancario más grande en la historia de Estados Unidos.

¿Qué fue lo que salió tan mal?

La historia empieza durante el boom de venture capital (VC)- capital de riesgo ​dirigido a financiar empresas incipientes en su fase de crecimiento- de fines del 2020 y 2021, cuando Tech startups de todo el mundo se llenaban de efectivo proveniente de generosas rondas de inversión. En Estados Unidos, gran parte de este abundante flujo de liquidez terminó en depósitos dentro de SVB. Y SVB hizo lo que todo banco debe hacer: transformar esos fondos en inversiones que generen un retorno atractivo. Una opción obvia hubiera sido colocar créditos, tal como lo haría un banco comercial tradicional, pero los clientes de SVB ya tenían todas sus necesidades de fondeo cubiertas por dinero de VC.

Frente a estas características particulares de su pool de clientes, el banco decidió concentrar el grueso de sus activos en instrumentos con bajo riesgo de crédito pero que ofrecieran un retorno aceptable. ¿Los elegidos? Bonos del Tesoro americano y títulos basados en hipotecas (MBS). ¿El problema? La alta sensibilidad de los precios de estos instrumentos a aumentos en las tasas de mercado, sumado a la concentración de la base de depositantes de SVB en las Tech startups a las que atendían, las cuales,en su gran mayoría, mantenían depósitos muy por encima de los $250,000 cubiertos por el FDIC (corporación que administra el fondo de seguro de depósitos americano), haciéndolas una fuente de fondeo muy inestable.

Pero, claro, en 2021, cuando “todo lo que subía no necesariamente tenía que bajar “¿a quién le importaba? Recordemos que aquellos eran los años de tasas de interés virtualmente en cero, estándares de due dilligence (investigación de una empresa previa a la decisión de invertir en la misma) ridículamente laxos, y genios-gamers salidos de MIT, Princeton y Harvard que evangelizaban a las masas en las bondades de blockchain y descentralized finance. Nunca el sueño de convertirse en un Unicornio estuvo tan cerca – se conoce como “Unicornios” a las startups financiadas por VC que logran una valorización de $1.000 millones o más-.

Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente la tarde del miércoles 16 de marzo del 2022 cuando Jerome Powell, presidente de la FED, se paró firme frente a las cámaras de televisión en una conferencia de prensa y anunció el fin de la política monetaria expansiva en Estados Unidos. Este nuevo contexto aumentó significativamente el costo del capital en los últimos meses del 2022 y en lo que va del 2023, golpeando duramente las valuaciones de la industria Tech. Además, si a esto le sumamos las cuantiosas pérdidas de los fondos de VC más grandes durante el 2022 (pensemos en Softbank, Sequoia Capital y Tiger Global), así como el escándalo de FTX del año pasado, nos queda un grupo de emprendedores nerviosos que, al ver desaparecer la liquidez que creían eterna, ya no podían mantener los mismos niveles de cash en sus cuentas de depósitos.

El distressed sale (venta forzada) que describimos al inicio, respondió a la necesidad del banco de hacer frente a este inusual incremento en la demanda por depósitos. Las pérdidas producto de esta acción llevarían al segundo momento clave en el drama de SVB: el pánico del jueves 9 y el retiro de los $42,000 millones. Finalmente, esto gatillaría el desenlace trágico del viernes 10, con la toma de control de SVB por parte de los reguladores financieros de California y luego por la FDIC.

Un ave gris y dos ratios de liquidez

El autor del libro “El Cisne Negro”, Nassim Taleb, diría que la caída de SVB fue un cisne gris, un evento extremo, de baja probabilidad y de alto impacto pero que, a diferencia de su primo hermano el cisne negro, sí podría haber sido anticipado. Intuyo que la FED y compañía no estarían muy felices de ser confrontados con esta idea y preferirían mantener el color del ave en un tupido negro azabache.

Lo cierto es que, más allá de la innegable incompetencia en la gestión de SVB, es justo decir que los reguladores decidieron ignorar el enorme cisne gris que tenían enfrente de sus narices. En otras palabras, a estas alturas del partido donde reina Dodd Frank (la serie de medidas que reformaron la regulación financiera de Estados Unidos luego de la crisis financiera del 2008-2009)  y Basilea III (conjunto de reformas emitidas por el Comité de Basilea en Suiza para fortalecer la estabilidad de los sistemas bancarios en el mundo), los reguladores debieron poder identificar de forma temprana los problemas de liquidez de SVB.

De hecho, permítanme la audacia de decir lo siguiente: ¡nada de esto debió suceder en primer lugar! Los estándares de Basilea III tienen dos límites de liquidez que surgieron a raíz de la crisis financiera y que hubieran evitado que SVB haga kaputt: el Liquidity Coverage Ratio (LCR) y el Net Stable Funding Ratio (NSFR), los cuales se encuentran incluidos en la regulación financiera americana (Dodd-Frank) pero solo para entidades consideras de importancia sistémica. En términos simples, estos ratios aumentan la resiliencia de las entidades financieras a salidas abruptas de sus fuentes de fondeo de corto plazo como depósitos , además de exigir que los bancos tengan fuentes de fondeo diversificadas y estables para enfrentar un potencial estrés de liquidez en el mediano y largo plazo  ¿Suena familiar?

Ahora, la pregunta de los 42 mil millones es ¿por qué el banco americano número 16 en tamaño de activos no es considerado sistémico para efectos regulatorios? Pero más importante que eso: ¿habrá un nuevo ajuste a la regulación inspirado por SVB?

Felizmente, en Latinoamérica, los traumas de un pasado tumultuoso nos hacen a los latinos un grupo particularmente cauto, tal vez no en temas del corazón pero sí de estabilidad financiera. Difícilmente encontraremos en nuestro barrio casos en los que  estos dos ratios de liquidez tan importantes no se apliquen de forma generalizada, incluso en países que no son miembros oficiales del Comité de Basilea como Perú, Chile y Colombia. Esto debería darnos un poco de calma (por ahora).

Cuba: las presas de la dictadura

Recientemente, diez presas políticas cubanas, encarceladas durante las manifestaciones de julio de 2021 en Cuba, firmaron con su sangre una carta que estaba dirigida al presidente de la república, Miguel Díaz Canel-Bermúdez. En el documento pedían que se respetara la voluntad del sumo pontífice (esta fue expresada por medio del cardenal Beniamino Stella en una visita que hizo a la isla entre el 23 de enero y el 10 de febrero) de lograr la libertad de los manifestantes de julio de 2021.

La publicación de este texto y su repercusión en el espacio digital cubano llevó a estas mujeres a un juicio disciplinario dentro de la prisión, proceso que, de repetirse, pudiera agravar sanciones que ya comprenden hasta los 14 años de privación de libertad, como es el caso de una de las firmantes, Lizandra Góngora, madre de cinco menores de edad. Además, en el centro penitenciario Mujeres de Occidente, donde redactaron y firmaron su grito de auxilio y libertad, se ha prohibido el uso del papel y la redacción de cartas a todas las reclusas de la prisión. Esto es algo que utilizan las autoridades penales para hacer que las presas se enfrenten entre sí al marcar a las protestantes como “responsables” del castigo generalizado.

Este hecho sintetiza la vivencia de la cárcel para las mujeres cubanas, quienes no solo soportan las condiciones infrahumanas de insalubridad, hacinamiento, hambre, desatención, maltratos físicos e irrespeto de sus derechos (así como el resto de las privadas de libertad en Latinoamérica), sino que también son víctimas de castigos severos por reclamar dichos derechos.

La violencia contra las mujeres en la política no es un hecho aislado en Cuba. Ni siquiera se puede decir que se trata (solo) de una práctica ampliamente tolerada por el Estado (según demuestra el monitoreo de iniciativas feministas como es el caso del Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo), pues es justamente el Estado cubano el principal perpetrador de la violencia contra las mujeres.

Cada domingo, al menos una decena de mujeres integrantes de las Damas de Blanco son impedidas de asistir a misa o a algún espacio de reclamo o socialización política, y son recluidas por horas en unidades policiales u obligadas a pagar multas de hasta un salario medio cubano. A ellas se han sumado (en las iglesias y calabozos) las mujeres que integran el recién creado movimiento Cuba de Luto, que, vestidas de negro, intentan reclamar en la vía pública la libertad de sus seres queridos, mayormente detenidos a raíz del 11J. 

También recientemente han sido detenidas algunas mujeres cuyas protestas en espacios públicos buscan el cierre de las tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) en la que el Estado no paga a sus trabajadores. Recordemos que estas tiendas están limitadas a una pequeña parte privilegiada de la población con acceso a monedas extranjeras. 

Organizaciones independientes de derechos humanos, que hemos tenido la ayuda de distintos miembros de la sociedad civil, hemos podido contar que, luego del estallido social de julio de 2021 y debido a hechos de protesta pública, en Cuba han sido puestas tras las rejas al menos 284 mujeres: 223 en lo referente al 11J y 61 por protestas públicas (o en relación directa o indirecta con las manifestaciones de los últimos dos años).

Sin embargo, antes de estas protestas, al menos cuatro mujeres estaban privadas de libertad por razones políticas. Una de ellas, Aymara Nieto, estuvo por dos años en un centro penitenciario a más de 600 kilómetros de su esposo y de sus dos hijas. Su aprisionamiento se debió a que pertenece al grupo opositor Damas de Blanco (desde el 2003, este reclama pacíficamente en las calles por la libertad de esposos, hijos, padres, que también son prisioneros políticos del régimen cubano) y al grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

En estos momentos, hay 69 mujeres detenidas por protestas públicas. El caso más reciente de privación de libertad de una mujer ocurrió el pasado 10 de enero, cuando el aparato represivo de la Seguridad del Estado sacó de su vivienda a una joven influencer de 21 años de edad y la dejó arbitrariamente, hasta el momento y sin medida cautelar, en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana. La joven ha sido sometida a interrogatorios como forma de tortura. Su nombre es Sulmira Martínez Pérez, se hace llamar Salem y se le investiga por publicar en sus cuentas de Facebook su intención de salir a las calles.

En un contexto en el que las mujeres del mundo repensamos cómo hacer para continuar la lucha por la reivindicación de nuestros propios derechos y por la que resisten en condiciones más marcadas de vulnerabilidad, las mujeres cubanas que nos enfrentamos al totalitarismo cubano nos preguntamos hasta cuándo pedir cuentas a un Estado que no hace más que ratificar(nos) su control. A unas nos encarcela en las peores condiciones; a otras nos priva de servicios de internet o nos impide siquiera salir de nuestro hogar; a otras nos impide regresar al país y, a otras, nos obliga a salir de él.

Por eso, apelamos a la solidaridad internacional, y pedimos a agrupaciones de mujeres, madres y activistas latinoamericanas de derechos humanos, Gobiernos democráticos, organizaciones no gubernamentales, foros y alianzas regionales/internacionales de tipo intergubernamental que también levanten su voz por las mujeres de Cuba, pero, sobre todo, por las presas políticas, privadas ahora también del uso del papel.

Las mujeres cubanas que, en Cuba y fuera de Cuba, reclamamos la ausencia de derechos humanos, civiles, políticos, y de libertades de toda clase, así como el final de la gobernanza absoluta del Partido Comunista de Cuba, necesitamos llamados de atención que cuestionen la falta de condena pública y multilateral de encarcelamientos masivos, prolongados y permanentes de mujeres que salen a la calle en busca de pan y libertad.

Las relaciones entre China y América Latina, en retrospectiva

Al examinar las relaciones sino-latinoamericanas en retrospectiva, hay tres generaciones de líderes chinos que fueron marcando estos vínculos, desde Deng Xiaoping como articulador del proceso de reforma y apertura, hasta los líderes que lo sucedieron como Jiang Zemin y Hu Jintao, quienes pusieron de manifiesto el creciente interés por la región. En este proceso, se destaca la figura de Jiang Zemin, en cuya gestión las relaciones económicas, políticas y culturales entre China y América Latina alcanzaron gran ímpetu.

Jiang Zemin, fallecido en 2022 a los 96 años, fue parte del núcleo de la tercera generación de líderes del Partido Comunista de China (PCCh) y fundador de la teoría de la triple representatividad. Jiang impulsó una estrategia de desarrollo tecnológico y de políticas económicas que catapultaron el desarrollo de China y desempeñó un destacado papel en la transición del país como potencia emergente y en el estrechamiento de sus relaciones con América Latina.

Cuando asumió como presidente, China aún se encontraba en la primera etapa del proceso de reforma, apertura y modernización económica, y como dirigente, según Henry Kissinger “(…) condujo a su país durante uno de los crecimientos del PIB per cápita más grandes de la historia humana, consumó la devolución pacífica de Hong Kong, reconstruyó la relación con Estados Unidos y el resto del mundo (tras la masacre de Tiananmén), y puso a China en el camino a convertirse en una potencia económica global”. 

Además, durante su mandato, el 11 de diciembre de 2001 China ingresó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) tras 15 años de negociaciones.

En 1990, América Latina se abrió a la primera visita a la región de un jefe de Estado chino. Yang Shangkun realizó una gira por México, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, en un hecho histórico que reflejaba dilemas entre coincidencias y tensiones, dado que América Latina y el Caribe era una región en la que China y Taiwán agudizaban su pugna.

Con Jiang Zemin como presidente, las relaciones sino-latinoamericanas tuvieron un renovado impulso, estimulado por el crecimiento económico de China, el aumento del comercio, las frecuentes visitas de alto nivel político, las misiones empresariales que fueron eje del aumento en la densidad de las relaciones y los nexos establecidos durante la década de 1990. Paulatinamente, entre los actores políticos latinoamericanos, China comenzaba a ser percibida como un poder emergente capaz de estimular el crecimiento económico de la región.

El presidente Jiang visitó América Latina en 1993, 1997 y 2001, y puso el énfasis de las relaciones en la cooperación, y las extendió a una amplia gama de dimensiones que confluían en la piedra angular de las relaciones sino-latinoamericanas marcadas por el eje económico y comercial.

Un punto de inflexión se alcanzó con su primer viaje al exterior en el nuevo milenio al visitar América Latina en abril de 2001, donde sostuvo que “(…) el siglo XXI será un siglo en que China y América Latina cooperarán tomadas de la mano en todas las áreas, y también será un siglo en que los pueblos de China y América Latina construirán un mañana mejor”.

En dicha oportunidad, junto a su delegación, visitó Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y Venezuela, países claves no solo como proveedores de materias primas y recursos energéticos para la industria china, sino también en otros campos, dado que China firmó con estos países alrededor de 20 acuerdos sobre comercio, inversión, economía, educación, deporte y medio ambiente.

Un objetivo fundamental de la visita era ayudar a incrementar los lazos económicos, comerciales y de inversión entre China y América Latina, pero también ampliar la cooperación en distintas dimensiones. Esa gira buscó, asimismo, reforzar la influencia de China sobre los 13 países, principalmente de Centroamérica y el Caribe, que en ese momento aún mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán.

Durante su discurso en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en abril de 2001, Jiang planteó diferentes iniciativas disruptivas. Por primera vez en la política exterior de China hacia Latinoamérica se ponía el acento en el concepto de “cooperación sur-sur” y, con base en ello, Jiang formulaba una propuesta a los Gobiernos latinoamericanos para la creación de un frente común para que los países en vías de desarrollo reforzaran su poder político y económico en un nuevo orden internacional.

En ese nuevo orden a comienzos del siglo XXI, América Latina comenzaría a tener una renovada relevancia en el contexto internacional de la mano del impulso de China, la que, de forma proactiva, potenciaría el fortalecimiento de las relaciones. De hecho, en junio de 2002, China propuso a Chile comenzar las negociaciones para un tratado de libre comercio que se convertiría en el primer TLC entre China y un país latinoamericano.

Jiang desempeñó un papel clave para que China se integrara al sistema internacional, se sumó a la globalización económica y comenzó a trabajar de manera paulatina y clara con los países del tercer mundo de África y Latinoamérica, los que no ocupaban un lugar relevante en la agenda de Estados Unidos o de las potencias de Europa en ese momento.

Concretamente en el 2000, China organizó su primera reunión masiva con jefes de Estado de África en Pekín, y casi simultáneamente también lo haría con América Latina y después mediante el fomento de foros como China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros instrumentos de convergencia a escala regional. El vínculo, impulsado por Jiang con países del tercer mundo, buscaba reducir la dependencia de China de Asia, pero luego formó parte de una estrategia macro para el ascenso de China como potencia global, y en ese camino se logró un objetivo propuesto por Jiang en 2001: consolidar la posición de China como actor clave en América Latina.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM