América Latina evade la transición energética

Leonardo Stanley
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América Latina evade la transición energética

Es notable cómo la narrativa y el discurso de algunos puede influir en el comportamiento de otros, independientemente de la validez de los dichos, la visión o ideología de quien imparte el mensaje. Del foro de Davos surgían mensajes inequívocos acerca de lo irremediable de la globalización financiera y de los beneficios del mercado. En definitiva, de los peligros de la intervención pública.

Pero el mundo está cambiando, los discursos son otros. Prueba de ello es el clamor por los diferentes esquemas de apoyo estatal para financiar la transición energética entre los hombres de negocios reunidos en Davos, o el reclamo que en dicho foro planteó la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por dejar atrás el “ideologismo” (léase la oposición a los subsidios) y, así, avanzar rápidamente con la transición.

Sin duda, los discursos reflejan una nueva normalidad, que también conlleva la irrupción de nuevas empresas y nuevos actores políticos, pues el proceso de transición no solo implica un cambio tecnológico, sino que afecta el esquema de poder económico y político actualmente imperante, y con vastas consecuencias en lo geopolítico.

La sanción del Congreso estadounidense de la Ley de Reducción de Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) implica un profundo cambio de política. El paquete fiscal introducido por el gobierno de Joe Biden implica subsidios por 370.000 millones de dólares, al tiempo que permite a los contribuyentes que puedan entrar al programa por medio del uso de créditos fiscales.

Toda inversión en energías limpias se asegura un 30% en créditos fiscales, aunque los subsidios finales pueden superar dicho umbral, por caso, con pagos que surgen de, bien los Gobiernos estaduales (sobre la nómina laboral), bien los locales (beneficios por locación). Así, muchos inversores obtienen ayuda estatal por la mitad del valor del proyecto, aunque algunos analistas lo calculan por encima.

Desde la aprobación de la ley, a mediados del 2022, se llevan aprobados proyectos por más de 90 mil millones de dólares y ello solo es el comienzo: según estimaciones del banco Credit Suisse, los beneficios impositivos del programa pueden alcanzar los 800 mil millones de dólares e indirectamente ascender a unos 1,7 trillones de dólares. Sin duda, la apuesta económico-financiera del Gobierno demócrata resulta impresionante y a la medida del desafío geopolítico que enfrenta EE. UU., porque, más allá del problema climático, de cómo se genera energía, de cómo se moviliza la gente o de cómo se produce y consume, la carrera tecnológica está detrás.

De momento, China lidera (por lejos) la producción de tecnologías limpias, así como de sus componentes, al tiempo que se ha convertido en el principal productor de baterías de litio y automóviles eléctricos. Esta política industrial le permite avanzar en la cadena de valor y crear empleos de calidad. Todo ello refleja una mirada a largo plazo, un planeamiento estratégico y un monto de subsidios incalculable, otorgados para financiar la transición: Bloomberg-NEF estima que solo en 2022 se hicieron subsidios por 546.000 millones de dólares, por lo que competir con China no será sencillo.

En la Unión Europea, la discusión energética se halla atravesada por circunstancias especiales. Una serie de crisis, comenzando con la financiera del 2010, siguiendo con las consecuencias de una serie de hechos extremos, luego la irrupción de la pandemia de la COVID-19, primero, o la invasión de Rusia en Ucrania, después, vinieron a confrontar a la dirigencia europea con la realidad. Ya no bastaba la política monetaria: la política fiscal se hacía necesaria para responder a las urgencias.

Aunque los subsidios se aceptaban a regañadientes, en 2020 surgía un paquete de 81.000 millones de euros en subsidios para renovables. Posteriormente vendría el plan Next Generation EU, concebido para impulsar la recuperación en los países miembros ante la COVID-19 mediante un “paquete de estímulo jamás financiado en Europa”. Finalmente, se implementó un nuevo paquete fiscal, con el objeto de avanzar hacia una mayor cohesión social.

A fin de no perder protagonismo, mucho menos inversiones y fuentes de empleo, en los últimos días se habló en Bruselas sobre un nuevo “Fondo Soberano Europeo”. El objetivo es extender el esquema actual de ayuda estatal y subsidios centrados en (ciertos) renovables, así como equiparar los beneficios que ofrece el Gobierno norteamericano a los inversores. Sin embargo, esto está lejos de entusiasmar a los denominados “halcones fiscales”.

El mensaje que surge entre los empresarios es que los incentivos fiscales son irresistibles para los inversores. Aunque ello ha sido siempre así, el discurso también puede analizarse desde la perspectiva de quien otorga el beneficio. Se destaca aquí el diseño de política, la presencia (o, bien, la ausencia) de una visión estratégica del Estado.

La emergencia climática nos plantea la necesidad de transformar el modelo productivo y acelerar la transición energética. Obviamente, la realidad que enfrenta Latinoamérica es diferente, el espacio fiscal resulta más reducido y la magnitud de los fondos es otra. Sin embargo, también es cierto que muchos de nuestros países siguen otorgando (amplios) beneficios a la industria petrolera y aquí no hablamos solo de subsidios al consumo de combustibles, que resultan generosos, sino también de beneficios impositivos otorgados a nuevos proyectos de exploración a pesar de las bajas rentas públicas que generan estos proyectos o las amplias facilidades que gozan las empresas extranjeras al repatriar fondos. Ni hablar de los escasos controles ambientales que conllevan este tipo de proyectos, cuyos costos “aparecen” ante la primera rotura de caños. En definitiva, los subsidios estatales están y resultan significativos.

La profusión de políticas públicas, incluyendo los cuantiosos recursos fiscales que los distintos países otorgan al complejo energético, implica costos, pero también se espera que la transición brinde beneficios económicos, sociales y ambientales. Pero, además, esta también es una apuesta política, con fuerte repercusión en el ámbito geopolítico. Sin embargo, lamentablemente muchos Gobiernos de la región siguen inclinándose hacia industrias del pasado que benefician a unos pocos y acarrean consecuencias costosas y duraderas para muchos otros.Las narrativas de desarrollo que se quieren imponer en la región, sin duda, retrasarán la transición en América Latina. Seguimos mirando al pasado.

Se afirma el camino al autoritarismo en Perú

Luis Pásara
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Se afirma el camino al autoritarismo en Perú

Ya en su tercer mes, el gobierno de Dina Boluarte deja pocas dudas acerca de su perfil. Más que el discurso, son los hechos los que van definiéndolo como un gobierno autoritario que responde con dureza a las protestas que reclaman su fin. Por el contrario, la presidenta parece encaminarse a permanecer en el cargo hasta 2026, mientras que sus palabras echan sobre el Congreso la responsabilidad de acortar su mandato e ir a elecciones generales.

La represión ha costado hasta ahora más de medio centenar de muertos, que los fiscales investigan con lentitud. El periodismo de investigación ha contribuido a aclarar algunos de los casos en los que se muestra cómo el Ejército y la policía han disparado a matar. Un trabajo de investigación de IDL reporteros indagó minuciosamente la forma en la que murieron varios civiles el 15 de diciembre de 2022 al recibir en Ayacucho algunos disparos de fusiles de guerra. Ese episodio inauguró semanas de represión violenta que se extendió luego a la región de Puno.

Aunque las muertes se han dado, sobre todo, en el interior del país, en Lima también tuvo lugar el homicidio de Víctor Santisteban. Sobre este caso, han circulado dos videos. Uno de ellos no deja dudas acerca de cómo un policía dispara a quemarropa una bomba lacrimógena a la víctima cuando esta se hallaba parada en una calle sin realizar ningún acto indebido.

Los tres partidos de derecha que tienen representación en el Congreso respaldan, junto a varios medios de comunicación conservadores, estas actuaciones. Más aún, el partido Avanza País ha planteado la necesidad de amnistiar a militares y a policías que resulten responsables de las muertes que ha habido al reprimir las protestas. En palabras de uno de sus dirigentes, Aldo Borrero: “Una de nuestras grandes preocupaciones es la Policía Nacional del Perú y nuestros militares […] creemos que debemos tener mecanismos de defensa para todos ellos. Inclusive, hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares en este rango de tiempo que ha habido manifestaciones. Nosotros no podemos abandonarlos […] cuando el Perú más lo necesitó, ellos salieron al frente y defendieron nuestra democracia”.

La justicia nacional debe juzgar los delitos que el personal de las fuerzas del orden pueda haber cometido en estas semanas de represión y, de ser absolutorias sus decisiones, podrían ser llevadas ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Anticipando esa posibilidad, un representante de otro partido de derecha, Renovación Popular, el almirante en condición de retiro, Jorge Montoya, se ha dirigido por escrito a la presidenta Boluarte para solicitar el retiro del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el texto, la soberanía nacional “no puede estar sometida al arbitrio de una entidad extranjera”, dado que, afirmó, los miembros de la Corte IDH son “designados mediante oscuros procedimientos manejados por las ONG de izquierda”. Añadió que, con el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos (una medida ya adoptada por el dictador Alberto Fujimori en 1999), se podrá reimplantar la pena de muerte en el Perú.

Haciendo apenas una mención (“esa agitación”) a las protestas, pero sin referirse al saldo mortal, producto de la actuación gubernamental, Mario Vargas Llosa ha expresado su respaldo a la gestión de Boluarte. “Usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa, con el apoyo de un número importante de peruanos. Permítame felicitarla también por eso”, escribió en una carta enviada a la presidenta el premio nobel peruano.

La derecha aparece, pues, respaldando al gobierno de Boluarte e intentando trazarle un rumbo de mano muy dura. Los mensajes y las declaraciones de la presidenta ante la prensa la muestran como alguien que no comprende a cabalidad la situación que enfrenta, pero sí está decidida a permanecer en el cargo hasta que le sea posible, aunque deba recurrir a renovar y ampliar el estado de emergencia en las regiones con más protestas. No obstante, su nivel de aprobación era del 18%, según una encuesta de IPSOS en la primera quincena de febrero (mientras que el del Congreso que la respalda era del 11%).

El consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, junto con el de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, ha planteado a Boluarte la necesidad de que renuncie al cargo y fuerce, así, a que el presidente del Congreso llame a elecciones. Ella, pese a esos reclamos, las protestas y el mayoritario rechazo que muestran los sondeos de opinión, permanece aferrada al cargo.

Mientras tanto, en las redes sociales se constata un aumento del enfrentamiento entre dos sectores irreconciliables. Uno de ellos considera que la vacancia de Pedro Castillo en la Presidencia (dicha vacancia fue declarada por el Congreso el 7 de diciembre) fue un golpe de Estado, por lo que se ignora que fue precisamente Castillo quien, horas antes, anunció un golpe que clausuraba el Congreso e intervenía el sistema de justicia que lo investigaba por corrupción.

El otro sector afirma que las protestas y manifestaciones que duran ya más de dos meses son el resultado de la agitación y el extremismo comunistas, que cuentan con el apoyo de Evo Morales y, en alguna versión más delirante, de manos venezolanas y cubanas. Mostrando el mayor desprecio por la filiación étnica de los manifestantes, en muchos mensajes no se muestra la menor reserva al exigir que se les balee como forma drástica de acabar con las protestas que bloquean carreteras y realizan ataques a locales públicos y privados.

En medio de esa polarización, caen en el vacío los llamados a un diálogo que formulan voces bien intencionadas como la del expresidente Francisco Sagasti. De no producirse un cambio importante en la situación del país, este puede estar encaminándose, con este gobierno o el que lo reemplace, al establecimiento de un régimen autoritario que solo podrá reimplantar el orden que reclaman los sectores de extrema derecha a un costo muy alto en vidas humanas. Quizás una reacción preventiva y vigorosa de la comunidad internacional podría evitarlo.

Las apariencias en la era de la posverdad

Marco Schneider
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Las apariencias en la era de la posverdad

Dice el refrán que las apariencias engañan. Pero no siempre. No hace falta ser científico para sospechar que algo se está quemando cuando se ve humo. Sin embargo, corresponde a la ciencia explicar no solo las causas y los efectos, sino por qué las cosas suceden de una manera u otra. Según Marx, si la apariencia y la esencia de las cosas coincidieran directamente, la ciencia sería innecesaria. Para él, la ciencia significa el conocimiento efectivo de la realidad, más allá de las apariencias, sin que por ello las ignoremos. Así, más que suponer que las apariencias (siempre) engañan y buscar la verdad en una esencia que no aparece, se trata de desvelar la razón y el movimiento por el que las cosas aparecen como aparecen, a veces engañando, a veces no, a veces ambas cosas a la vez. A propósito o sin querer.

La esencia de las cosas, en este enfoque, no tiene nada de ultramundano. Solo se refiere a lo que efectivamente es, y eso incluye lo que parece ser, lo que nos parece a nosotros que la observamos. Los charlatanes y los estafadores tienen éxito porque parecen dignos de confianza, pero una persona puede parecer honesta y, de hecho, ser esencialmente honesta.

¿Cómo distinguirlo?

Mucho antes de la aparición del lenguaje, incluyendo sus mil formas de mentira (engaño, patraña, timo, charlatanería), la propia naturaleza ya disponía de un riquísimo arsenal de trucos que confundían esencia y apariencia, al menos desde el reino vegetal. Pensemos en las plantas carnívoras y en sus estratagemas para atraer a los insectos, para los que son esencialmente mortales, aunque (a)parezcan atractivas e inofensivas.

Las telarañas son redes muy finas, pero proporcionalmente muy fuertes, y los camaleones saben ser maestros del camuflaje para defenderse o para atacar. Y hay tortugas de río que permanecen inmóviles bajo el agua, con la boca abierta, de la que emerge un apéndice en forma de gusano para atraer a los peces incautos. La apariencia del apetitoso gusano oculta a la voraz tortuga, que los devorará.

En los mares también hay delicados caballitos de mar que se asemejan a las algas en medio de las cuales se esconden y protegen. No obstante, nadie supera a los moluscos, calamares, sepias, pulpos, que cambian de color, forma y textura según quieran esconderse de sus depredadores o engañar a sus víctimas. 

La desinformación es tan antigua que es anterior a la propia especie humana, mas es la desinformación humana, probablemente tan antigua como la propia humanidad, la que nos interesa aquí. Se trata de un juego de apariencias y esencias, desde su modalidad más burda, la mentira pura y dura, hasta la más sutil, hecha de medias verdades, descontextualizaciones y otros recursos.

Sin embargo, a pesar de ser tan antigua, no siempre es la misma, ya que presenta matices y modulaciones históricas, geográficas, retóricas y sociotécnicas que nos impiden afirmar que nada ha cambiado. Y hay, en los últimos años, nuevos movimientos en marcha: el radio de alcance de las redes sociales digitales (desde que se popularizaron), su capilaridad y la velocidad de sus operaciones no tienen precedentes.

Pero nadie antes que los humanos.

Los costes de dinamización de los mensajes son relativamente modestos en comparación con la prensa y la radiodifusión. La precisión comunicacional es, a su vez, mayor, debido a la capilaridad mencionada y al conocimiento de los gustos del público por parte de emisores y mediadores, gracias a la vigilancia de la navegación de todos, omnipresente en las redes. Este conjunto de factores ha alterado sustancialmente el ámbito comunicacional conocido, pero con consecuencias aún imprevisibles, dada la relativa novedad del fenómeno.

Al conjunto de modalidades desinformativas contemporáneas que nacen, fluyen, se desbordan, riegan, alimentan el escenario de la posverdad y se retroalimentan de él lo denomino desinformación digital en red (en adelante, DDR). La noción de DDR se refiere al conjunto de acciones de desinformación transmitidas en las distintas redes digitales existentes, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, TikTok y similares. No se refiere, por tanto, a las conversaciones cara a cara, a la vieja prensa o a la radiodifusión, aunque ciertamente se nutre y se nutre de ellas.

Es importante señalar esta especificidad porque el coste relativamente bajo de sus operaciones en comparación con los medios tradicionales, su alcance inmenso y personalizado, además de la escasa y difícil regulación de estas acciones en términos técnicos y jurídicos, han favorecido el que el DDR se convierta, en casi todas partes, en un elemento muy influyente de la superestructura ideológica que emerge dentro de la infraestructura de la red digital y, al mismo tiempo, en una inversión (¿marginal?) en ella. Esta infraestructura, a su vez, es un producto precioso y propiedad de la fracción principal del gran capital actual (junto a las finanzas y los sectores armamentista, farmacéutico y energético).

Los límites entre legalidad e ilegalidad se difuminan en este ambiente hasta el punto de que el Parlamento británico, que, en rigor, no puede caracterizarse como expresión de un pensamiento crítico radical, acusó a la empresa de Mark Zuckerberg de actuar como un gángster digital.

La publicidad en torno a las acciones de DDR que comprendieron a Cambridge Analytica, tanto sobre el brexit como sobre la elección de Donald Trump, ciertamente contribuyó a la popularización de los términos fake news y posverdad. De hecho, en medio del universo de la DDR, uno de los aspectos más delicados es el impacto de las fake news en la formación de la posverdad, en un círculo vicioso o, mejor dicho, en una especie de espiral viciosa de retroalimentación, aparentemente centrífuga.

Una parte sustancial de la desinformación contemporánea está marcada por elementos reaccionarios, misóginos, racistas, homófobos y, en el límite, neofascistas. La movilización de miedos y prejuicios actúa como un caballo de Troya que lleva en su vientre al neoliberalismo, que ya no se atreve a exponerse con franqueza tras décadas de impulsar guerras, destrucción medioambiental y creciente desigualdad social.

El corolario de todo esto es el discurso del odio, el terraplanismo, los movimientos antivacunas y las innumerables teorías de la conspiración, más o menos peligrosas, que convierten la sana desconfianza en las autoridades, característica del pensamiento moderno, en una indigerible mezcla de escepticismo hacia el Estado de derecho, la ciencia, la prensa, y con dogmatismo hacia los del tipo posmoderno.

Las teorías de la conspiración siempre tienen un fondo de realidad mezclado con capas de fantasía. Sus formuladores y propagadores fantasean con explicaciones y soluciones simplistas a problemas del mundo real. Las conspiraciones reales existen. Prueba de ello son las propias teorías conspirativas, fabricaciones fantasiosas producidas por conspiradores reales y difundidas por incautos, desde los más inocentes hasta los más peligrosos.

¿Quién sale ganando? ¿Quién pierde? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el gradiente entre el sociópata y el inocente útil en este juego a veces mortal de ganar-perder? ¿Qué se puede hacer para superar este panorama?

Este texto es una versión condensada de la Introducción del libro La era de la desinformación: posverdad, fake-news y otras trampas, publicado en 2022 por Editora Garamond, Río de Janeiro, Brasil. Véase: https://www.garamond.com.br/loja/a-era-da-desinformacao

Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Qué lugar ocupa la cultura en el nuevo gobierno de Lula?

Vinicius Wu
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¿Qué lugar ocupa la cultura en el nuevo gobierno de Lula?

Desde que los Gobiernos australiano y británico, allá por los años noventa del siglo pasado, introdujeron el concepto de economía creativa en la agenda económica mundial, países en vías de desarrollo como Brasil se enfrentan al desafío de construir sus propias estrategias para fortalecer y ampliar los sectores económicos de tipo creativo, algo esencial a fin de aumentar la competitividad y la inserción soberana en la economía del conocimiento.

Aunque no existe una única definición de lo que es realmente la economía creativa, ya se ha alcanzado cierto consenso sobre el concepto. Las industrias creativas son aquellas en las que la cultura determina la producción de valor. La creatividad y los aspectos simbólicos se superponen a las propiedades físicas o materiales de los bienes, lo que hace más subjetiva la definición de su «precio».

El economista Paul Stoneman, especialista de la comprensión pública de la ciencia, define como innovación blanda esa tendencia a dejar en un segundo plano las prestaciones funcionales, favoreciendo el diseño, el atractivo intelectual, etc., que contiene prácticamente todo lo que consumimos: desde los teléfonos móviles hasta los alimentos que comemos, desde los ordenadores hasta los servicios turísticos. Lo que importa, cada vez más, son los aspectos simbólicos, intangibles y creativos. En otras palabras, la cultura.

Después de la devastación de las políticas culturales y de la cruzada contra la cultura y los artistas brasileños que incentivó el Gobierno anterior, es fuerte la expectativa por la recomposición de iniciativas públicas que pongan a la economía de la cultura en un lugar destacado en las estrategias nacionales de desarrollo. No es una tarea sencilla. Más aún si tenemos en cuenta que gran parte de los responsables de la política económica del país siguen desconfiando del potencial de la economía de la creatividad. Además, no se puede subestimar la tendencia a reducir las políticas culturales al fomento de las artes.

Situar la cultura en el centro de una estrategia de desarrollo sostenible para el país no es una mera medida económica. Se trata, sobre todo, de renovar nuestro compromiso con un modelo de desarrollo más atento a nuestra inmensa riqueza y diversidad cultural, y más equilibrado social y medioambientalmente. También hay un componente democrático fundamental. Al fin y al cabo, en la medida en que tratan de estimular el potencial creativo de nuestra gente y de nuestra economía, las políticas culturales innovadoras también permiten una reflexión más profunda sobre las estrategias de desarrollo local y sus implicaciones para la vida en sociedad.

En este sentido, cabe señalar que no es posible hablar de economía creativa sin mencionar el papel de las ciudades. Las industrias creativas presuponen ciudades creativas. Al fin y al cabo, es en el ámbito local donde se establecen las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades económicas creativas, las redes de apoyo y las relaciones indispensables para el florecimiento de las empresas en este ámbito.

Las ciudades son el sitio donde las políticas para incentivar la economía de la cultura pueden marcar la diferencia mediante el fomento de la innovación y del uso de la creatividad en los emprendimientos locales, el fortalecimiento de las redes de relación e interacción entre las distintas actividades económicas, la creación de públicos y mercados, la ampliación de la colaboración entre las industrias creativas y los centros de investigación y las universidades. Las experiencias que se han ganado como parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco nos ofrecen un hermoso aprendizaje sobre el uso de la creatividad en cuanto a la promoción del desarrollo urbano sostenible.

Tal como sabemos, una de las principales limitaciones para el desarrollo de empresas innovadoras en el país está relacionada con la formación de capital humano. La nueva gestión del Ministerio de Educación parece dispuesta a implementar, a escala nacional, una buena estrategia de cualificación de la educación básica, previamente probada y aprobada en el estado de Ceará. Pero los cambios en el sistema educativo exigen tiempo y no basta con limitarse solo a la educación formal de las escuelas y universidades.

Es necesario invertir en iniciativas a corto plazo, muchas de las cuales se pueden emplear junto con la sociedad civil. El Porto Digital en Recife, las Naves del Conocimiento en la ciudad de Río de Janeiro y los Laboratorios Culturales en el estado de Ceará son buenos ejemplos de iniciativas públicas, implementadas junto con organizaciones de la sociedad, que permiten el rápido desarrollo de competencias profesionales que son esenciales para la formulación, gestión y crecimiento de empresas creativas.

Otro cuello de botella por enfrentar es la precaria infraestructura tecnológica encontrada en la mayoría de las ciudades brasileñas y, en este sentido, el acceso de calidad a Internet constituye uno de los ítems más urgentes. Datos de Cetic.br indican que, aunque el 82% de los hogares brasileños tiene acceso a Internet, solo el 61% lo hace por cable o por fibra óptica. Y entre los brasileños con acceso a Internet, el 64% solo lo hace mediante el teléfono móvil. No parece necesario exponer aquí las razones por las que el desarrollo de las empresas creativas depende cada vez más del acceso a Internet de calidad.  

Por último, cabe destacar que las estrategias contemporáneas de desarrollo que están basadas en la economía de la cultura y del conocimiento deben traducirse en políticas públicas transversales e intersectoriales. Por lo tanto, está claro que este conjunto de aspectos no solo concierne al recién recreado Ministerio de Cultura, sino que también está directamente vinculado con la actuación de órganos como el BNDES, Embratur, Embrapa, Ancine, Ministerios de las Ciudades, Hacienda, Desarrollo, Ciencia y Tecnología, Planificación, Educación, entre otros, que deberían actuar de forma coordinada e integrada.Aún no sabemos si —ni en qué medida— esta integración ocurrirá, pero esta perspectiva ampliada del desarrollo de las políticas culturales determinará, en gran forma, las posibilidades de consolidar una economía nacional más a tono con los desafíos de este siglo.

Acuerdo fiscal latinoamericano: hacia una región más justa, inclusiva y sostenible

Grazielle Custódio David
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Acuerdo fiscal latinoamericano: hacia una región más justa, inclusiva y sostenible

Es la primera vez en los últimos 25 años, en que la desigualdad y la pobreza han aumentado de forma simultánea, acelerando el devastador impacto de la pandemia de la COVID-19. Lo paradójico es que, mientras la profundidad de la crisis se incrementó, también hubo 42 mil millones de dólares de nueva riqueza. Un reducido grupo de privilegiados, apenas el 1% más rico del mundo, tal como revela el nuevo informe de Oxfam, acaparó las dos terceras partes de esa nueva riqueza generada desde 2020, dejando solo una tercera parte para todo el 99% restante de la humanidad. Se trata, pues, de una intensidad de concentración de riqueza mucho mayor que la acumulada durante la última década, cuando ese 1% ya había acaparado la mitad de la riqueza creada.

Mientras tanto, al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países donde no pueden hacer frente a la constante escalada de precios en su vida cotidiana, que les afecta en consumos que son insustituibles. Esta crisis de coste de vida es una crisis de desigualdad, alimentada porque algunas de las grandes empresas y los superricos se han aprovechado del contexto de incertidumbre, la pandemia y la guerra en Ucrania; y están sacando tajada, inflando precios y márgenes, a costa de una gran mayoría.

La riqueza extrema y la pobreza son dos caras de una misma moneda. Pero las desigualdades no son un tema de suerte o de azar, sino el resultado de decisiones políticas. Esto abre una luz: es posible reducir las desigualdades y garantizar los derechos si trabajamos en la implementación de políticas económicas más justas. Este es el planteamiento de Oxfam en sus informes, los cuales fueron presentados durante el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2023: es tiempo de que los superricos paguen más, porque si ellos no lo hacen, pagamos nosotros.

Este pago no siempre se estima en términos monetarios. Muchas veces, los más vulnerables pagan con su propia vida, como pudo comprobarse en dolorosas e incontables ocasiones durante la pandemia de la COVID-19 cuando hubo muertes en cifras alarmantes, que pudieron evitarse si los países hubieran tenido sistemas públicos de salud mejor financiados y eficientes.

Inaceptable realidad global

La inaceptable realidad global también pasa en América Latina y el Caribe. Según Oxfam, en nuestra región la riqueza de los milmillonarios aumentó 21% desde 2020, un crecimiento cinco veces más rápido que el que presentó todo el producto interno bruto (PIB) regional en su conjunto en el mismo período. Simultáneamente, más de 200 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, la inseguridad alimentaria afecta a cuatro de cada diez personas y los salarios reales han perdido una décima parte de su valor.

Desde 2020, también han surgido 30 nuevos milmillonarios en la región, cuya fortuna en conjunto ha crecido a un escandaloso ritmo de 68 millones de dólares al día. Los principales sectores en los que operan estos millonarios son la alimentación, la salud, las finanzas y la minería.

Es importante tener claro que esa riqueza no se filtrará. No es como muchos afirman, una prosperidad que en algún punto llegará al conjunto de la sociedad. Y afirmamos esto con contundencia porque no existen antecedentes históricos de ello. Nunca ha sucedido. El sistema está pensado para proteger los intereses de una minoría a costa de las necesidades de la mayoría.

El resultado no es solo el incremento de las desigualdades en los extremos, sino una alarmante polarización de la renta, con una reducción de la clase media y una formación de dos pilares de renta muy distantes entre sí, lo que también da pie a una polarización política y representa un riesgo latente para nuestras ya frágiles democracias.

Entre las causas está la captura de la política fiscal, con el colapso de la tributación de los superricos y de las grandes corporaciones, mientras que se incrementaron los tributos para los más pobres y la clase media. De hecho, el tipo marginal para las rentas más altas en la región se ha reducido a la mitad, bajando del 50% hasta el 26% desde 1980. Por otro lado, entre 2007 y 2019, la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe apenas creció un 7%, y ha sido a costa de que el esfuerzo fiscal recae esencialmente sobre las y los trabajadores a través de un incremento del 11% de los impuestos sobre el consumo, la renta personal, y las contribuciones a la seguridad social, al tiempo que la tributación a la renta corporativa y a la riqueza ha caído un 5%. Así, los sistemas tributarios en América Latina amplían desigualdades por el hecho de que los que más tienen tributan proporcionalmente menos.

Además, ningún país de América Latina y el Caribe grava las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo, y 17 de los 91 milmillonarios de la región viven en países en los que no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones. Por lo tanto, si nada cambia, pasarán a la próxima generación 158.600 millones de dólares totalmente libres de impuestos, lo que alimenta una vez más una rueda de ultrarricos y privilegios.

Hay alternativas. Oxfam propone recomendaciones fiscales por una América Latina y el Caribe más justo, inclusivo y sostenible, asegurando que los ingresos recaudados con mayor progresividad se destinen a la reducción de desigualdades y a la garantización de derechos, especialmente en salud pública, los sistemas públicos de cuidados y las transiciones justas. Entre otras medidas, si los Gobiernos adoptaran un impuesto de entre el 2% y el 5% sobre el patrimonio neto de los milmillonarios se podría incrementar en 36% la inversión pública en salud de toda la región.

Los Gobiernos también pueden impulsar un gran acuerdo fiscal latinoamericano mediante medidas para afrontar la elusión y los paraísos fiscales, así como la revisión de los beneficios tributarios ineficientes. Esto deberá servir de estímulo a la construcción de sistemas fiscales más incluyentes, sostenibles y equitativos, que puedan llevar a una ola de reformas fiscales progresivas en los países, mejorar la cooperación fiscal en la región y formar un bloque para garantizar mejores acuerdos tributarios globales para la misma región.Los sistemas tributarios de la región deben dejar de ser regresivos y beneficiar a un pequeño grupo de ultrarricos, mientras que se amplían las desigualdades. Es necesario cambiar las reglas del juego, y América Latina y el Caribe viven una oportunidad inmediata y única para ello. El llamado en Davos del ministro de Hacienda de Colombia, José Ocampo, por una cumbre fiscal regional es un primer paso muy significativo para ello, una puerta que se abre para lograr sociedades más justas para todas y todos.

La olla de presión de Daniel Ortega

Salvador Martí i Puig
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La olla de presión de Daniel Ortega

¿Cuánta represión puede ejercer un régimen sin que se le rompan las costuras?  En la célebre obra de Albert O. Hirschman “Salida, voz y lealtad”, este señalaba que todos los miembros pertenecientes a una organización -regímenes inclusive- se enfrentaban a un triple dilema cuándo esta entraba en crisis o ya no ofrecían los bienes que decían proveer. El dilema residía en quejarse a la dirección (ejercer la voz) para que cambiara el rumbo, desertar de la organización y buscar otra que ofertara mejores bienes y servicios (ejercer la salida), o acatar la deriva organizativa por los motivos que fueran y mantenerse fiel a la misma (ejercer la lealtad). A partir de esta tríada el mismo Hirschman escribió un brillante artículo sobre la crisis e implosión de la República Democrática Alemana partiendo de la tesis de que cuándo se ejercía al mismo tiempo la salida (deserción) y la voz al interior del sistema el régimen podía derrumbarse. ¿Nos sirve de algo la reflexión del célebre sociólogo alemán a la hora de entender la última crisis política acontecida en Nicaragua? Me refiero a la de la deportación de 222 presos políticos a los Estados Unidos y a la retirada de la nacionalidad nicaragüense a 94 opositores más, convirtiéndoles a todos (los 316) en apátridas.

El pasado 9 de febrero el gobierno de Nicaragua liberó un grupo de 222 presos políticos que llevaban casi dos años en una prisión de alta seguridad -acusados de cometer “actos en contra de la soberanía del país y por incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización del país”- para deportarlos a un aeropuerto cerca de Washington D.C. Entre estas 222 personas había opositores, empresarios, periodistas, activistas medioambientales, campesinos, religiosos, feministas y estudiantes. Entre los “liberados” había figuras emblemáticas, como dos exguerrilleros históricos de la lucha sandinista -Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco- o la hija de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro.

El encarcelamiento masivo de líderes opositores (y su posterior destierro) fue el último peldaño de una deriva autoritaria impulsada por Daniel Ortega sobre la formación que lideraba (el FSLN) y sobre el mismo régimen que preside desde su vuelta al poder en 2007. Desde entonces, Ortega ha ido maniobrando para ir revertiendo todo lo que había de auténtico en el sandinismo. Ya hace dos décadas que Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez dieron testimonio de esta lógica a través de las obras “La revolución perdida” y “Adiós muchachos”, pero ninguno de ellos imaginó hasta dónde podría llegar.

Ortega se hizo con el FSLN rápidamente una vez perdió las elecciones en 1990, pero la forma en que se apropió del Estado ha sido lenta a partir de cuatro mandatos en que el caudillo ha ido des-democratizando el andamiaje político. Primero a través del clientelismo y la cooptación, luego cambiando las reglas de juego a su favor y politizando la administración y las fuerzas armadas y, finalmente a partir de la represión violenta.

En este sentido, el episodio crítico del régimen fue la revuelta acontecida el 19 de abril de 2018 cuando arrancaron una serie de protestas que se extendieron con celeridad a amplios sectores de la sociedad. La espoleta del estallido social fueron unas protestas estudiantiles que rechazaban unas medidas gubernamentales, pero que luego supusieron una enmienda a la totalidad del régimen, demandando el fin de las formas autoritarias, patrimonialistas y plutocráticas del orteguismo.

Ante la envergadura de las protestas el gobierno desató una represión desproporcionada que agrietó el edificio de los consensos y complicidades (muchas inconfesables) conseguidas entre una parte de la sociedad civil y el sistema, lo que ponía en cuestión la supervivencia del mismo. Esta crisis daba fe del agotamiento de un modelo político, económico y social que no podía -ni quería- reformarse.

Fue en este contexto en que llegó la crisis sanitaria del Covid-19, que brindó a Ortega la oportunidad de solucionar la primera crisis a costa de la segunda, aprovechando la excepcionalidad de la situación para aprobar en la Asamblea Nacional (que controlaba) una batería legislativa para cercar a la oposición. Sin duda, Ortega entendió que para mantenerse en el poder era preciso atajar cualquier capacidad de maniobra de la oposición, y para ello precisaba una legislación extremadamente punitiva.

Así se redactó y aprobó una batería de leyes en esta dirección, entre las que destacó una iniciativa legislativa que tenía como fin el control de la actividad en el ciberespacio (la Ley nº1042, la Ley Especial de Ciberdelitos) que se conoció como la “Ley Mordaza”. Esta, a la vez se complementó con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020, destinada a bloquear los fondos económicos con los que podían contar las organizaciones civiles, pudiéndolas tildar de vehículos destinados a las “injerencias de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos o externos de Nicaragua.”

A estas dos leyes se le sumó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” que fijaba criterios que podían convertir a cualquier ciudadano opositor en traidor a la patria. Entre finales de 2020 y principios de 2021, se aprobó un paquete legislativo que permitió al gobierno -además de celebrar elecciones autoritarias- encarcelar a líderes de la oposición y retirarles la ciudadanía, y suprimir la personalidad jurídica de las asociaciones y ONGs críticas y confiscarles sus bienes.

Efectivamente las leyes se han aplicado y hoy en Nicaragua no existe ningún tipo de disidencia permitida. Pero, a día de hoy, la cuestión es la de hasta cuándo se puede mantener esta situación. Es decir: ¿Es posible acallar la voz y controlar (e impulsar compulsivamente) la salida de una sociedad mucho tiempo? ¿No es una fantasía de dictadores creer que todas las personas van a ser, a la fuerza si cabe, siempre leales a su figura? No tengo las respuestas. Pero creo que tampoco nadie sabe si la última operación de Ortega -expulsar presos políticos y despojar de ciudadanía a muchos opositores- supone liberar vapor (o añadir) a la olla de presión que hoy es Nicaragua.

Inflación y alza en las tasas de interés: ¿una falsa solución?

Gregorio Vidal
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Inflación y alza en las tasas de interés: ¿una falsa solución?

En su primera reunión del año, el Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió un incremento de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia para el mercado financiero estadounidense, a fin de encarecer el crédito y, con ello, frenar el consumo y, en consecuencia, la inflación. El ciclo alcista de la tasa de interés empezó en marzo de 2022 y posteriormente se acordó un continuo y drástico aumento que incluyó cuatro movimientos de 75 puntos base. La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal asegura que la ejecución de esta política monetaria es el único medio para contener la inflación.

El índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos cerró el 2022 con un incremento de 6.5% con relación al año anterior. Sin embargo, este es el sexto mes consecutivo en que se observa una reducción en el indicador. Según diferentes estimaciones, es posible afirmar que el incremento en el IPC ha tocado techo y, como asevera el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la actualización de enero de 2023 de las perspectivas de la economía mundial, hay indicios de que el endurecimiento de la política monetaria está comenzando a enfriar la demanda y la inflación. No obstante, las cifras alcanzadas están muy lejos del objetivo del 2% y no existen indicios de que tal meta se logre antes de 2024.

Recientemente, el Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) señaló que los últimos indicadores apuntan a un moderado crecimiento del gasto y de la producción. Pero, por otro lado, la creación de puestos de trabajo ha sido sólida y la tasa de desempleo se mantiene baja. Partiendo de reuniones previas, la FED señaló que el incremento del desempleo y una menor fortaleza del mercado de trabajo eran necesarios para considerar que la política monetaria restrictiva estaba teniendo efectos relevantes. Por ello, sería imprescindible continuar con la ejecución de la política monetaria restrictiva, y con alzas de ahora en adelante, teniendo en cuenta el efecto acumulativo de la política monetaria implementada, la evolución económica y financiera, y el comportamiento del mercado de trabajo.

La puesta en marcha de estas decisiones implica una sistemática acción de la Mesa del Mercado Abierto en el Banco de la Reserva de Nueva York mediante operaciones de recompra de un día para otro. Es esta acción directa la que permite modificar las tasas de interés. Con medios propios y a partir de instrumentos definidos por cada uno de ellos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza han estado aumentando sus tasas con miras a la necesidad de una política monetaria restrictiva para controlar la inflación. De hecho, se observa una relativa sincronía en los aumentos de las tasas de interés en ese grupo de países a partir de la decisión de la FED. Y en otras economías desarrolladas como las de Canadá, Dinamarca, Suecia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda e Islandia hay procesos semejantes.

En América Latina, los bancos centrales de las principales economías también han decidido emplear alzas, incluso a un ritmo mayor. La decisión de la FED tiene un impacto en el conjunto de las economías más grandes y en gran parte de las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. Un aspecto más importante aún es el establecimiento de las condiciones en que operan los mercados financieros de este conjunto de países y, por tanto, del conjunto del sistema financiero internacional.

Entre las principales economías, hay dos excepciones relevantes: Japón y China. El banco central de Japón no ha modificado su política monetaria y mantiene tasas de referencia cercanas al cero. En China, tampoco hay cambios en esta materia, y en un contexto en el que los precios y el crecimiento económico tienen comportamientos distintos al resto de las principales economías.

Las condiciones en las que operan los mercados financieros a escala mundial están definidas a partir de las decisiones de la FED. El alza de las tasas de interés de referencia no implica resultados negativos para todos. Además de los datos de diferentes informes sobre el incremento de la riqueza entre los millonarios del mundo como el de Oxfam o el del Credit Suisse, se agregan otros que están relacionados con el aumento de los beneficios de un reducido grupo de grandes empresas.

Las mayores ganancias, con respecto al periodo inmediato anterior, se dan en las grandes compañías petroleras, de alimentos y bebidas, incluyendo a las que participan en la intermediación de granos y fertilizantes, actividades que se destacan por el notable incremento de sus precios. También se reportan cuantiosas ganancias para los bancos y otras firmas de las finanzas.

El hecho es tan notable que varios Gobiernos de países desarrollados (por ejemplo, el de Estados Unidos) están planteando impuestos específicos para las grandes compañías. Un problema adicional, relevante en el caso de los países de América Latina, es el encarecimiento de la deuda y el incremento de la inestabilidad de sus mercados financieros. Los beneficios de algunos grandes financieros incorporan los réditos más altos pagados por la deuda de países de América Latina, destacándose en ello la deuda pública, aunque esté denominada en moneda nacional.

Los altos beneficios para algunos grupos muestran que bajo condiciones de inflación no todos pierden. Hay compañías que gozan de la capacidad de influir o de establecer los precios y, por tanto, de incrementar beneficios en este contexto. También hay firmas que pueden mover cantidades significativas de recursos y colocarlas en los mercados financieros, obteniendo, así, altos rendimientos por el aumento de las tasas de interés.

Algunas de estas firmas han actuado desde el principio del reciente proceso inflacionario, y han dado pie al incremento de los precios de los artículos que producen o comercializan para mantener sus beneficios. Esto, por el contrario, no se debe al incremento de la demanda y, menos todavía, a un exceso de crédito barato que propicie compras por encima de las capacidades de producción. Pero sí presenta una de las características que define a la inflación: la notable diferencia en el aumento de los precios entre distintas actividades que da cuenta de la redistribución de beneficios entre empresas y la merma diferenciada de la capacidad de gasto entre sectores de trabajadores y familias.

La inflación hoy, así como en el pasado, no es un problema monetario. Además, en el transcurso de los últimos meses el alza de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos ha sido un medio para mantener la fortaleza del dólar, justo cuando las tensiones económicas y geopolíticas han aumentado, en particular frente a la economía de China. El alza de la tasa de interés por parte de los bancos centrales lleva a mayores beneficios para un reducido grupo de grandes corporaciones y es un medio para mantener la fortaleza del dólar. 

Ecuador y la estampida migratoria 2.0

Jacques Ramírez
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Ecuador y la estampida migratoria 2.0

Los últimos años han sido inesperados en la historia contemporánea del Ecuador, dada la suma de eventos catastróficos que cambiaron radicalmente el “paisaje migratorio”. El 16 de abril del 2016, Ecuador vivió un terremoto de magnitud 7,8 grados que causó 674 muertos y más de 300.000 damnificados. Muchas personas afectadas por el movimiento telúrico huyeron de sus residencias y se desplazaron a otras ciudades como Durán y Guayaquil, y unos 57.000 abandonaron el país.

En 2017, se cerró la década del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana, y se daba el “giro a la derecha” tras la victoria de Lenín Moreno. La recomposición neoliberal, conducida por el expresidente Moreno y su alianza gubernamental con las viejas élites oligárquicas, los gremios empresariales, los oligopolios de la comunicación y los partidos de derecha, produjo el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana, lo que hizo que muchos vieran nuevamente en la migración una opción para mejorar su situación.

En efecto, entre el 2017 y el 2019 casi 100.000 personas migraron, y para esas fechas se registraba un total de 1.183.685 migrantes ecuatorianos en el exterior, unos 7 de cada 100 ecuatorianos. Sin embargo, lo peor estaba por venir.

Lo que a principios de 2020 se veía como una noticia lejana de algo “extraño” que brotó en un mercado mayorista de mariscos en la provincia de Wuhan en China, cuatro meses después se transformaría en la peor pesadilla: la COVID-19. El inicio de la pandemia, en medio del debilitamiento del sistema público de salud, fue letal. Como parte de las medidas de ajuste, la inversión en salud se redujo de 306 millones de dólares en 2017 a prácticamente un tercio en 2019.

El diagnóstico del mal gobierno de Moreno cerró con reiterados cambios de ministros, una red de corrupción en torno al manejo de la pandemia y el inicio de “los vacunados VIP”, allegados a su gabinete. Para finales de diciembre del 2021, Ecuador registró unos 70.000 fallecidos en exceso, según los datos del Registro Civil.

La pandemia hizo que en 2020 se cerraran muchas fronteras a escala mundial, dejando a una gran cantidad de migrantes, viajeros y turistas varados, lo que llevó a una disminución del saldo migratorio que ese año fue negativo. Sin embargo, en el ámbito económico, el resultado de las políticas de ajuste neoliberal, así como por efectos de la pandemia, fue el decrecimiento del 7,8% del PIB.

Conforme se fueron reabriendo las fronteras, nuevamente miles de ecuatorianos vieron en la emigración la solución ante la crisis. En el 2021, el saldo migratorio se ubicó en poco más de 81.000 ecuatorianos. Pero no solo se incrementaron los flujos, sino también el envío de remesas que se convirtió en el sostén fundamental de muchas familias para aguantar la crisis. Si ya en el 2020 se dio un aumento, en el 2021 las remesas se dispararon, batiendo en ambos años un récord de envíos y superando por primera vez la barrera de los cuatro mil millones de dólares.

Para 2022, las “plagas” no se habían terminado en el país andino. Al cuadro descrito se sumó un nuevo problema: el incremento de la violencia y las muertes, primero dentro de los centros carcelarios y luego en las calles del país, lo que llevó a un alza en el número de asesinatos, sicariatos y feminicidios. Hasta finales de diciembre de 2022 se reportaron, según datos de la Policía Nacional, 4.539 muertes violentas y 332 feminicidios. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió a 25,5, la más alta de la historia.

La sumatoria de eventos negativos: retorno de políticas neoliberales, incremento de pobreza, desempleo, mal manejo de la pandemia, aumento de la inseguridad y la violencia ocasionó una nueva estampida migratoria. El 2022 cerró con la salida del país (sobre todo a Estados Unidos) de aproximadamente 108.000 ecuatorianos que no volvieron.

Según fuentes estadounidenses, los datos de “encuentros” entre ecuatorianos con la Border Patrol se incrementaron considerablemente, llegando a más de 90.000 en el 2021, y fue Ecuador el país que más creció (1.971%). Esto ocasionó que México y Guatemala impusieran visa de entrada a los ecuatorianos como parte de las políticas de externalización del control de EE. UU.

Sin embargo, esta medida no produjo la disminución de los flujos, sino la búsqueda de nuevas rutas, una de ellas por el llamado Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, conocida por su peligrosidad. Si hasta el 2021 eran muy pocos los ecuatorianos que usaban esta vía, al año siguiente fueron 29.356 personas, siendo el segundo grupo que más usa esta ruta, solo después de los venezolanos. No solo sorprende el volumen, sino también el perfil de aquellos migrantes que usan esta vía, dado que nos encontramos con personas de estratos sociales bajos que ya no tienen ni los recursos ni las redes para hacer el viaje con ayuda de prestamistas y coyoteros.

En los dos últimos años, el saldo migratorio llegó a 190.000 personas. Para dimensionar la cifra, esta es superior al saldo migratorio de los anteriores doce años. La principal diferencia al comparar con la anterior estampida, que empezó a finales de los noventa del siglo pasado, es que las y los ecuatorianos migraban más a Europa, por vía aérea y sin necesidad de visa (hasta el 2003). Ahora muchos migran, sobre todo a EE. UU. por tierra, aunque cruzando todo Centroamérica y México.Esto da cuenta de que ni la imposición de visas ni la “migra” ni los virus detienen a los migrantes de un país, como Ecuador, que lleva un siglo de ausencias…

Elecciones locales en Ecuador: fragmentación y crisis de legitimidad

César Ulloa
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Elecciones locales en Ecuador: fragmentación y crisis de legitimidad

Los comicios, que se llevaron a cabo el domingo 5 de febrero y que comprendían las elecciones regionales, locales, las de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el referéndum para reformar algunos puntos de la Constitución y una consulta popular para determinar si se cantonizaba una parroquia, abonan más al fenómeno que vive América Latina en la última década. En otras palabras, hubo ganancia de varios candidatos con resultados apretados, atomización de las fuerzas políticas más representativas y fragmentación de las tendencias ideológicas.

El desencanto por la política no fue un hecho nuevo, sin embargo, se expresó en altos porcentajes de votos nulos, blancos y ausentismo. En algunos casos, la suma de estos supera la votación de las autoridades electas. La campaña electoral fue corta, pues duró un mes y se caracterizó por el sensacionalismo, la política llevada al TikTok y el mensaje viralizado por las redes sociales para disputarse la atención de los indecisos.

Pese a la diversidad cultural y regional de cada provincia en la Sierra, la Costa y la Amazonía, las demandas ciudadanas giraron alrededor de los mismos problemas: combate a la inseguridad, el desempleo y la falta de atención médica y de medicinas en el sistema de salud pública, así como en los centros municipales que brindan este servicio. Estas elecciones configuraron un escenario electoral con miras al 2025, pues las prefecturas y las alcaldías se convierten desde ahora en tarimas de apoyo a las candidaturas que se quieren hacer con la Presidencia y la Asamblea Nacional.    

Fragmentación y crisis de legitimidad

Las elecciones locales de Ecuador se caracterizaron por la fragmentación y la crisis de legitimidad. Las principales ciudades (debido al tamaño de su población, economía y representación política), es decir, Quito y Cuenca en la Sierra, y Guayaquil en la Costa, tuvieron un excesivo número de candidaturas, y las que se alzaron con la victoria para las alcaldías no llegaron a superar el 40% de los votos. En la capital de la república, el candidato del correísmo, Pabel Muñoz, ganó con el 25% de entre 12 competidores; el alcalde de Cuenca (por la Izquierda Democrática), Christian Zamora, ganó con el 18% de entre 9 candidatos, mientras que en Guayaquil, el embanderado de la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, triunfó con el 39% de entre 11 contendores.

Las exiguas ganancias en las ciudades de Quito y Cuenca de las autoridades electas suponen retos de gran envergadura, pues la conformación del Concejo Municipal de la capital comprenderá cinco fuerzas políticas. En este sentido, el nuevo alcalde no cuenta con ningún tipo de mayoría, lo que le exige negociar con los concejales para gozar de gobernabilidad en términos de legislación y fiscalización, así como en cuanto a la aprobación del presupuesto y la priorización de las inversiones. Por segunda ocasión y de manera continua, esta administración municipal inicia con fragmentación y con un 75% de los votantes que no escogieron a la autoridad electa. Es la segunda vez que el correísmo (en 16 años) gana las elecciones, pero no supera su techo electoral.

En Ecuador son obligatorias las elecciones y se sanciona a quienes no sufragan. En el caso de Quito, el ausentismo fue notable (17,32%), más aún el voto nulo (13,77%), mientras que el voto en blanco fue de 3,22%. En suma, estos tres rubros superaron la votación por la candidatura ganadora, que apenas le sacó una ventaja de 2,98% al segundo y 3,21% al tercero. Al igual que las elecciones anteriores, dos candidatos que vienen de la matriz del correísmo quedaron de primero y segundo, fenómeno que también se produjo en otras ciudades, en las que se atomizaron por dentro los partidos.

El mapa electoral en Ecuador, en lo que se refiere a las prefecturas, puso en el tablero un país con un clivaje histórico, en donde la derecha, representada por el Partido Social Cristiano (PSC), comparte el liderazgo en la Costa con el correísmo. El primero se alzó con tres prefecturas, mientras que el segundo, con una y la más importante, Guayas. Para el caso de la Sierra, el movimiento indígena Pachakutik ganó en las provincias del centro desde donde se gestan las movilizaciones nacionales, y el resto del país se quedó en las organizaciones políticas locales. En general, el correísmo ganó 9 prefecturas y 61 alcaldías; el PSC ganó tres prefecturas y 32 alcaldías; Pachakutik, 6 prefecturas y 11 alcaldías. Estas tres fuerzas políticas aceitan sus maquinarias electorales para las elecciones generales del 2025. 

Referendo con sabor a NO

Un capítulo aparte merecen los resultados del referendo que auspició el Gobierno, pues Guillermo Lasso apostó su exiguo capital político en la consulta popular, ya que no puso candidatos para las autoridades locales. Esta estrategia fue postergada por el presidente, dado que estaba prevista al inicio de su mandato, no obstante, la medición del tiempo y el principio de oportunidad le fallaron. En las ocho preguntas, la respuesta fue un no a la extradición de delincuentes, reducción de asambleístas, nuevas reglas para los partidos y disminución de la competencia de designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre los temas más importantes.

Este resultado complejiza aún más la gobernabilidad, debido a su descenso permanente de aceptación y credibilidad, menor al 20%, además de enfrentar denuncias de corrupción por parte de un medio de comunicación. Si bien el primer mandatario ha cambiado a sus principales colaboradores (ministros y asesores), esta señal parece insuficiente, puesto que el movimiento indígena amenaza con una nueva paralización nacional en la que su única demanda es la renuncia de Lasso.

El Gobierno convocó al diálogo después de su derrota en las urnas, pero las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional han rechazado la invitación y han acelerado el proceso de un posible juicio político al mandatario. Lasso respira con dificultad, al tiempo que la sociedad civil sigue expresando el rechazo a la política porque la representación está muy venida a menos por el descrédito en los políticos, quienes apenas han recibido un 5% de calificación positiva, según las encuestas. Se vienen días convulsos en medio de una crisis de inseguridad y desempleo.

Brazil is back: el retorno del Sur en la agenda de Lula

Daniel Afonso da Silva
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Brazil is back: el retorno del Sur en la agenda de Lula

La  victoria del presidente Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022 supuso la mejora de la imagen de Brasil en el extranjero. Desde la confirmación de los resultados electorales, publicaciones de todo el mundo titularon sus cabeceras con «Brazil is back». A la ceremonia de investidura del primero de enero en Brasilia asistieron cientos de líderes mundiales y es probable que Brasil nunca haya acogido simultáneamente a tantos líderes mundiales en su historia reciente. Nada de esto es casual. «Brasil ha vuelto».

Semanas más tarde, el viaje del presidente Lula al rescate de los Yanomami, en lugar de ir a contemplar los paisajes suizos de Davos, fue un gesto que le hizo omnipresente y omnisciente, simbólica o físicamente, en múltiples lugares.

Con un mundo aún centrado en las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania, contando los dividendos económicos de la pandemia del covid-19 y contemplando el ocaso de las democracias a nivel global, Lula prefirió priorizar físicamente a Brasil. Mientras que la participación de los ministros y excandidatos presidenciales Fernando Haddad y Marina Silva en el Foro Económico Mundial de Davos fueron sus ojos y oídos en la reunión.

Fernando Haddad es el hombre fuerte del Gobierno. Aunque discreto, representa el cambio de la economía por la political economy. A su vez, Marina Silva ha demostrado una gran madurez política al superar los agravios pasados con Lula, y, esencialmente, al unir fuerzas para la centralidad de la emergencia climática como acción estratégica del nuevo gobierno.

Con los ojos y los oídos en Davos y los pies plantados en el suelo Yanomami del norte de Brasil, el presidente brasileño comenzó su epopeya internacional haciendo hincapié en lo que más late en América Latina y el Sur que son los Pueblos Originarios. De Roraima pasó a Argentina y luego a Uruguay.

Reactivar la relación bilateral Brasil-Argentina y Brasil-Uruguay fue el objetivo central del viaje del presidente. Su principal compromiso era revitalizar el Mercosur ya que este es una vitamina indispensable para la reactivación de otras instituciones internacionales de la región. En particular, la CELAC y la Unasur.

En la reunión de Buenos Aires, afirmó que «Brasil vuelve a la CELAC con la sensación de haberse encontrado a sí mismo». Mirando más de cerca, el presidente brasileño eligió América Latina y el Sur como plataforma para reafirmar el lugar de Brasil en el mundo.

En la reunión con el presidente de Uruguay, proyectó su idea de avanzar en los debates sobre la interacción entre Mercosur, la Unión Europea y China. Reconoció la relevancia de Europa y China en el destino latinoamericano e informó que Brasil sí invertirá en la transición climática.

En su visita afirmó que el objetivo es que la región vuelva a crecer. Llamó la atención sobre la necesidad de revisar urgentemente el multilateralismo y condenó la composición de las instituciones internacionales. Además, en su discurso pidió la modificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya que el mundo actual es “muy diferente del que surgió de las ruinas y el terror de las batallas de 1945”. Y afirmó que la disputa entre Rusia y Ucrania podría haberse evitado si ya se hubiera puesto en marcha una nueva gobernanza mundial.

A partir de estas intervenciones no cabe duda de que Lula quiere a Brasil como un país abiertamente revisionista del statu quo del desorden internacional. Y, en este revisionismo, quiere posicionar al país como organizador del Sur y del lugar del Sur en el mundo.

Es difícil calibrar lo que queda de Global en el Sur. La presencia a menudo depredadora de China en África inhibe ahora cualquier audaz avance brasileño en ese continente. La no menos agresiva inserción de China en América Latina vuelve a crear dificultades prácticas en la construcción de acciones concretas en la región. No sólo de símbolos, discursos y signos viven los países latinoamericanos.

La obsesión de Estados Unidos por atacar a Rusia y China a través del dossier ucraniano refuerza su alianza atlántica con los europeos. Esta situación puede imponer limitaciones a la posible materialización del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y también podría dificultar la intensificación de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y los países latinoamericanos. Esta misma obsesión ha desviado la atención de EEUU en relación a América Latina y el Sur. Sin embargo, esto podría favorecer la acción brasileña en la región.

El entorno internacional actual es mucho más complejo que en el pasado. De todos los temas estratégicos planteados en Brasilia, Davos, Roraima, Argentina y Uruguay nada o casi nada se mencionó sobre la Economía 4.0. La pandemia de covid-19 suprimió el debate sobre la adquisición de tecnología 5G en Brasil. Los avances en la naturalización del internet de las cosas, IoT, quedaron en tercer o cuarto lugar en el país. La masificación de la narrativa de la gobernanza socioambiental (ESG) fue importante. Pero aún está lejos de informar de los resultados concretos a los que aspira.

Todas estas cuestiones fueron silenciadas en las primeras manifestaciones del nuevo gobierno brasileño. Dejar de lado la relevancia de estas cuestiones es volver al siglo pasado y subestimar los retos, brasileños y mundiales, presentes y futuros. Subestimar estos retos es coquetear con la irrelevancia.

Pero esto es posible, hay muchos gobiernos que exigen el regreso del liderazgo brasileño. Especialmente en el Sur. No por el Sur Global, sino por la globalidad del Sur, que es lo que siempre ha importado más.

Existe la convicción de que «Brasil ha vuelto». Queda por ver si el Sur también.

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