La implosión del “gobierno interino” en Venezuela

A casi cuatro años de aquella proclamación popular en la que el diputado Juan Guaidó se juramentaba en cabildo abierto como Presidente encargado de Venezuela (en desconocimiento a la legalidad de la elección presidencial de 2018) concluye con más pena que gloria el llamado “Gobierno Interino” de Venezuela. Una maniobra política sin precedentes que buscó constituirse en una instancia unitaria que condujera al “cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres” que nunca llegaron. De aquellas renovadas expectativas de cambio político, contrasta la sensación de frustración, división e incertidumbre que campea en todos los segmentos de la oposición venezolana.

Y es que, en los últimos días de diciembre de 2022, en medio de extensas y acaloradas deliberaciones parlamentarias, se selló el destino inmediato del interinato. Dos facciones de la Asamblea Nacional en funciones desde 2015, plantearon propuestas divergentes de reforma al Estatuto que rige la “Transición a la Democracia” en vigencia desde enero de 2019, y que, entre otras pautas de funcionamiento, estipula una duración del interinato de cuatro años. Es decir, hasta el 05 de enero del 2023.

La propuesta que obtuvo la mayoría de los votos (63%) fue la de los partidos de oposición Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Movimiento Por Venezuela, la cual plantea la finalización del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Debates que pusieron en evidencia nuevamente la desconfianza mutua, la fragmentación y la profunda descoordinación interna de un Gobierno Interino, que para 2019 y 2020 logró reunir el capital político nacional e internacional más importante que haya logrado la oposición en la historia reciente.

Juan Guaidó y su partido Voluntad Popular, buscaban la extensión del mandato del Gobierno Interino, y por consiguiente el de su presidencia por un año más. Sin embargo, los cuestionamientos a su desempeño político no solo vienen desde el chavismo, sino desde la propia oposición. Críticas que van desde la precaria capacidad de generar consensos y el desorden administrativo, hasta opacidad y corrupción en el manejo de los activos venezolanos incautados en el exterior.

Sin embargo, el principal motivo de la pérdida del respaldo es la incapacidad demostrada por el Gobierno Interino para convertirse en el principal instrumento de cohesión y preservación de la “unidad democrática” que las fuerzas políticas que resisten a la dictadura de Nicolás Maduro demandan desde hace años.

Los cambios de contexto político del 2019 a 2022

La poca disposición a rendir cuentas, la incapacidad de promover acuerdos incluyentes y una errática conducción estratégica sobre las formas de resistencia a la dictadura fueron minando, con los años, la legitimidad del interinato. A esto se ha sumado el agravante de un cambiante contexto mundial y regional, radicalmente opuesto al que existía en enero de 2019.

A la poca atención a la persistente y compleja “crisis humanitaria” agravada por los efectos de la pandemia y el vaciado demográfico del país, se ha sumado un contexto global signado también por una crisis energética provocada por la invasión a Ucrania y una economía mundial cada vez más hambrienta de petróleo.

Además, el nuevo viraje a la izquierda en gran parte de la región ha llevado a que el tema Venezuela deje de ocupar las prioridades diplomáticas del hemisferio. Esto ha impactado en los apoyos internacionales al propio interinato, lo cual contrasta con aquel reconocimiento diplomático recibido en 2019 por más de sesenta países, así como por organismos internacionales como la OEA y hasta las Naciones Unidas.

Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades, es justo reconocer que el Gobierno Interino consiguió importantes logros en la visibilización internacional del talante dictatorial del gobierno de Maduro, la congelación internacional de activos, producto de la corrupción, así como el apoyo de sus embajadores en la promoción de alivios documentales y atención humanitaria a la migración forzosa de los venezolanos.

Asimismo, destaca la articulación de varias delegaciones que han promovido varias rondas de negociaciones con el chavismo dentro de las cuales destacan los recientes encuentros en México, en los que se ha logrado la creación de un “acuerdo de protección social” que pudiera canalizar ayudas humanitarias al país con la gestión de Naciones Unidas y la medicación de la comunidad internacional. Estos logros quedan en total incertidumbre para el año 2023, una vez finalice la existencia del Gobierno Interino.

En suma, con el cambio de año el país se enfrenta a un nuevo escenario de incertidumbre, circunstancias totalmente evitables, en especial por cómo termina el Gobierno Interino sin haber podido cohesionar la unidad política y determinar candidaturas de cara a unas elecciones que el chavismo podría volver a adelantar para el 2023. Más aún, a sabiendas de la implosión del interinato y ante el ambiente de acusaciones cruzadas que predomina hoy en las oposiciones venezolanas.

Entretanto, continúa la emergencia humanitaria, la devaluación del bolívar y el estancamiento económico que acecha a los más humildes y promueve la salida masiva de venezolanos que se ven forzados a emigrar en busca de un lugar en el mundo donde prosperar.


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El arresto del principal opositor del MAS y la deriva dictatorial en Bolivia

Con base en la falsa tesis del golpe de Estado (crisis política de 2019), la expresidenta Jeanine Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021. Casi dos años después, y partiendo de la misma tesis, ha sido aprehendido (secuestro estatal) y detenido preventivamente por cuatro meses, Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento autónomo con mayor poder económico de Bolivia. Se le acusa de terrorismo.

Este acto, cometido por agentes policiales el día 28 de diciembre, ha develado la deriva dictatorial del gobierno de Luis Arce y provocado una reacción ciudadana en Santa Cruz mediante el bloqueo de calles, incendios en instituciones públicas (Fiscalía, comando de policía y poder judicial, impuestos nacionales, entre otros) y la casa de un ministro de Estado y enfrentamientos con la policía.

¿Cómo entender la deriva dictatorial del presidente boliviano que se ha puesto de manifiesto mediante la aprehensión de un gobernador autónomo, elegido por el voto ciudadano?

La aprehensión del gobernador cruceño se entiende como un hecho indicativo de la deriva dictatorial del Gobierno boliviano, ya que se le han suprimido, no solo restringido, sus derechos políticos. En otras palabras, desde el vértice de la pirámide, el poder central ha decidido sobre la libertad política de un gobernador autónomo, pero sin intermediación o contrapesos institucionales que limiten o restrinjan los abusos del monopolio de la violencia del Estado.

Para entender este acontecimiento de gran impacto que refleja la debilidad institucional de la democracia en Bolivia, es pertinente reconocer cuatro factores que lo configuran: jurídico, político-partidario, polarización y autorganización ciudadana.

De acuerdo a los expertos en el área jurídica, se cometieron cinco ilegalidades con la aprehensión de Luis Fernando Camacho. Secuestro: se vulneró su derecho a la defensa y a ser notificado previamente; se usó violencia excesiva y no tenía una acusación formal, además de que se está en medio de la vacación judicial; no hubo un delito penal, ya que el supuesto delito de terrorismo es vago y ambiguo; fue trasladado a La Paz, cuando reside en Santa Cruz; y hubo desaparición forzosa, dado que se violaron sus derechos a la libertad física, integridad personal, integridad psicológico-moral y el derecho a la salud. 

La pugna interna en el MAS entre el ala radical de Evo Morales y el ala renovadora de Luis Arce se ha profundizado hasta el grado de sacar a la luz denuncias sobre corrupción y narcotráfico en la gestión de ambos liderazgos del partido que gobierna desde 2006. Sin embargo, la falsa idea del golpe de Estado en 2019 es un lugar común en ambas alas y liderazgos. Por tanto, la detención de Camacho se puede traducir en un trofeo político para el presidente que simboliza, en el marco de su falaz tesis, la caída del “golpista oligarca de la derecha” y, por ende, una bocanada de aire fresco con las masas.

Desde la perspectiva afectiva, la polarización es un proceso de permanente conflicto entre nosotros versus ellos. Es decir, un escenario en el que las élites gobernantes deciden por la confrontación y dejan de lado la cooperación, cuestionan la legitimidad de determinadas instituciones públicas y causan pugnas entre ciudadanos mediante temas que dividen y movilizan, porque, estratégicamente, es más favorable la fragmentación que el consenso. Partiendo de este marco conceptual, queda claro que el secuestro estatal del gobernador cruceño azuza la polarización, puesto que otorga beneficios al MAS como partido en función de gobierno que, dicho sea de paso, está sufriendo la evolución constante de una división interna.

El permanente conflicto de “nosotros” versus “ellos”, azuzado por la élite gobernante, ha sido una circunstancia favorable para la autorganización ciudadana en Santa Cruz y su protesta política contra los abusos del poder central del Estado. Entre el 22 de octubre y el 25 de noviembre de 2022, hubo un paro de actividades públicas y privadas con bloqueos de calles y carreteras en el departamento para pedir la reprogramación del censo de población y vivienda antes de 2025 (año de las elecciones generales), que logró su cometido.

Con la aprehensión y detención preventiva de Camacho, el gobierno de Arce ha tocado una vena con una fuerte sensibilidad ideológica e identitaria porque no ha respetado la investidura de un representante político que ganó las elecciones con más del 50% de los votos y encarna valores culturales de la región. Es decir, ha fortalecido ideológicamente la frontera histórica entre Santa Cruz y el Estado central dirigido desde La Paz.

En conclusión, con base en la falsa idea del golpe de Estado, que en realidad fue una crisis política, debido a la renuncia y huida de Evo Morales luego de haber cometido un fraude electoral, las instituciones democráticas están más debilitadas que nunca por el comportamiento político del actual gobierno nacional. La deriva dictatorial de Luis Arce, manifiesta en el secuestro estatal de Luis Fernando Camacho (gobernador autónomo) y el robo de su libertad política, es una pésima señal política para la esperanza de una convivencia democrática y el respeto de las diferencias ideológicas en Bolivia. Una señal oscura que Latinoamérica debe tomar en serio para ponerle límites.

Balance de 2022 en doce noticias

Si bien América Latina es muy heterogénea y compleja, los titulares que reflejaron el acontecer en la región durante el año que termina pueden resumirse en una docena, uno por mes, que quedan como un resumen de lo ocurrido a la vez que dictan la agenda para 2023.

De acuerdo con la CAF-Banco de Desarrollo, mientras que el 10% más rico de la región se queda con el 55% de los ingresos y el 77% de la riqueza, el 50% más pobre recoge el 10% de los ingresos y tan solo el 1% de la riqueza. Una desigualdad que se transmite de manera pertinaz de generación en generación y que socaba las bases sociales del orden político.

En su informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, la CEPAL proyecta que el crecimiento regional del próximo año será una tercera parte de la tasa esperada para 2022. En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, los países de América Latina y el Caribe crecerán un 3,7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en 2021. Se estima que en 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1,3%.

Sin haberse cerrado los datos para 2022 la tendencia que las tasas de homicidios superen las 20 personas por 100.000 habitantes se mantiene en Venezuela, Honduras, Colombia y México, y se aproxima a dicha cifra en Brasil, El Salvador y Honduras. La persistencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico, pero también a la minería ilegal y al tráfico de personas es causa de la inseguridad rampante y una muestra del fracaso de estados con capacidades muy mermadas y de la existencia de zonas grises en las que el estado está ausente.

Los movimientos migratorios continúan teniendo una presencia notable. Países como Venezuela, con más de seis millones de emigrantes, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México y Cuba lideran la diáspora. En los últimos tres años, la cantidad de nicaragüenses que viven fuera del país creció del 10% de su población total al 17%. Desde 2018, 154.000 nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica y en 2022 más de 180.000 emigraron a Estados Unidos, también lo hicieron cerca de 250.000 cubanos, más del 2% de los 11 millones de habitantes de la isla, constituyendo la mayor amenaza para el futuro del país que se está despoblando al darse simultáneamente una baja tasa de natalidad.

La paridad de género está muy lejos de alcanzarse en el ámbito del Poder Ejecutivo en la región mientras que se avanza lentamente en el seno de los Legislativos. Solo dos mujeres son presidentas, Xiomara Castro llegó al poder siendo esposa de un expresidente que en realidad maneja los resortes del poder en Honduras y Dina Boluarte lo hizo en su condición de vicepresidenta tras la destitución del presidente peruano.

El apoyo y la satisfacción con la democracia continúan cayendo. En Perú, que ha sufrido una de las crisis políticas más agudas a lo largo de 2022, según el Barómetro de las Américas, cayó el apoyo a la democracia del 63% en 2008 al 50% en 2021, mientras que la satisfacción con la democracia cayó del 52% en 2012 al 21% en 2021. Además, más del 88% cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Estos datos son compartidos con diferencias mínimas por toda la región

Aunque Costa Rica continúa situándose entre los tres principales países latinoamericanos en la mayoría de los índices que miden el rendimiento de la democracia en abril Rodrigo Chávez, que había vivido varias décadas fuera del país y que apenas tenía una breve experiencia política como ministro del gobierno saliente, fue elegido presidente con un magro apoyo partidista. Su inexperiencia y su verbo demagógico están conduciendo al país a un escenario de zozobra.

Gustavo Petro es el personaje del año en Colombia, no solo por tratarse del primer presidente de izquierda en la historia del país, sino porque desde antes de su victoria en las urnas había marcado la agenda política nacional de una forma muy intensa y, no en pocas ocasiones, de forma también muy polémica. La apertura de las negociaciones con la última guerrilla vivade América Latina, el ELN, es también un hito relevante.

Mientras Lula le daba forma a un Gobierno que volverá a tener casi una cuarentena de carteras ministeriales para satisfacer los requerimientos del presidencialismo de coalición que tan asentado está en el país, Bolsonaro hablaba en público el 9 de diciembre, tras 37 días sin que se escuchara su voz, en un discurso de 15 minutos ante simpatizantes agolpados frente al Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial. La resistencia de Bolsonaro a aceptar el triunfo electoral de Lula continúa alentando la polarización en el país

En Argentina, tras un año en el que la inflación se acercó al 100%, a la condena a seis años de cárcel comunicada el 6 de diciembre que enterraba las aspiraciones presidenciales de Cristina Fernández, sujeto de un intento de asesinato en septiembre, se ha sumado una grave crisis de doble sentido protagonizada por el enfrentamiento entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno federal y por el choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La vicepresidenta dijo que era víctima de una “mafia judicial” cuyo único objetivo era proscribirla de la política señalando que no había “renunciamiento, ni autoexclusión [sino] proscripción”. Por su parte, el fallo de la Corte Suprema suma un conflicto más al clima preelectoral de 2023.

A tres meses de la derrota en el plebiscito, el presidente Boric ha logrado impulsar un mecanismo para dar continuidad al proceso de reforma constitucional truncado por el resultado negativo del plebiscito celebrado en septiembre. Soslayando las tensiones entre el oficialismo y la oposición que no lo dejaban avanzar se elegirá un nuevo Consejo Constitucional integrado por 50 representantes de elección popular en abril próximo y 24 expertos. El texto elaborado se ratificará mediante otro plebiscito en noviembre.

Finalmente, el autoritarismo se enquista en Nicaragua y Venezuela, mientras México, Guatemala, Honduras y, sobre todo, El Salvador van a la deriva en un contexto regional de democracias fatigadas. En 2023 se celebrarán comicios presidenciales y legislativos en Paraguay, Guatemala y Argentina, y elecciones municipales en Ecuador y Colombia. En Perú están previstas celebrarlas adelantadas en abril de 2024 salvo que la crisis que invade en la actualidad al país obligue a su anticipo.

¿Quiénes son los principales precandidatos presidenciales de Paraguay?

El 18 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones internas de los dos partidos tradicionales del Paraguay. El Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, definieron el listado de candidatos para el Congreso, las gobernaciones y las duplas de precandidatos presidenciales para las elecciones nacionales del próximo 30 de abril.

En el oficialista Partido Colorado, el candidato propuesto por el Ejecutivo, el reciente ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y ex-pastor evangélico, Arnoldo Wiens, fracasó en sus aspiraciones presidenciales. Y es que en Paraguay, donde la Constitución no prevé la reelección presidencial, es una regla que los candidatos propuestos por el Ejecutivo sean descartados en las elecciones internas.

Con el 51,6 % de los votos de los afiliados al Partido Colorado fue escogido Santiago Peña como candidato a la presidencia de la República del Paraguay. Se trata de un exitoso economista de 44 años que ha hecho carrera administrativa en el sector público con una larga trayectoria en el Banco Central del Paraguay. También ha sido ministro de Hacienda entre 2015 y 2017 y tiene experiencia en el ámbito privado como integrante del directorio del Banco Basa, que hace parte del “Grupo Cartes”.  

Peña viene de una familia tradicional de la élite Asuncena, tiene conformada una familia, es carismático, elocuente y goza una gran aceptación pública, por lo que tiene una imagen ideal para una sociedad conservadora y pro familia. Una de sus debilidades es que estuvo afiliado al Partido Liberal desde los 17 años hasta que en octubre de 2016, siendo ministro de Hacienda de un gobierno colorado y bajo una extrema presión mediática debió afiliarse al Partido Colorado. Este antecedente es un sólido argumento en boca de sus detractores que enfatizan su deslealtad para un partido de voto duro, como lo es el Colorado en toda su estructura institucional. De hecho, probablemente ello fue una impotante causa de su derrota en las elecciones internas presidenciales de 2018.

Otro desafío que enfrenta Santiago Peña es el padrinazgo del Ex Presidente Horacio Cartes, sobre quien pesa la “sombra” de denuncias por tráfico ilegal de cigarrillos al Brasil, contrabando, evasión de divisas (proceso que lo privó de libertad en los años 80’s durante algún tiempo aunque luego se anulara la sentencia) y lavado de dinero. Por ello, recientemente fue señalado por la embajada de Estados Unidos como persona “significativamente corrupta” y perdió junto a su familia la visa de ese país.

Considerando que la ascensión política de Santiago Peña se dio junto a Horacio Cartes, si bien este último ha sido recientemente electo Presidente del Partido Colorado, existe una franja de la ciudadanía muy crítica a su figura.

La elección del segundo partido más numeroso en cantidad de afiliados, el Partido Liberal Radical Auténtico, supuso un modelo diferente. El partido lleva años postulándose a la presidencia a través de Alianzas o Concertaciones Nacionales con otros partidos opositores, a fin de incrementar su electorado y fortalecer su estructura. Por ello, sus elecciones “internas partidarias” suponen un modelo sui generis a Padrón Abierto, debatido incluso en instancias judiciales, luego que se ensayara por primera vez una elección interna abierta a toda la ciudadanía en general.

Como resultado de una diferencia de más de 248.000 votos sobre su oponente más próximo, el liberal Efraín Alegre se impuso como candidato a la Presidencia en representación de la Concertación. Este padre de familia, abogado y catedrático universitario fue diputado durante dos periodos legislativos y senador nacional por un periodo más. Incluso entre 2008 y 2010 desempeñó el cargo de Ministro de Obras Públicas y goza de una elevada aceptación pública. Además ha sido candidato a la Presidencia de la oposición previamente en 2013 cuando fue superado por Horacio Cartes y en 2018 cuando perdió por una mínima diferencia ante el actual presidente Mario Abdo Benítez.

Sin embargo, su imagen se encuentra desgastada por la mala relación que mantiene con los medios de comunicación y debido a que tiene muchos procesos abiertos lo cual le ha llevado a ganarse popularmente el apodo de “Efraudín”. Alegre tampoco ha conseguido unificar a su partido siempre fragmentado, ni ha podido rendir cuentas de los fondos partidarios como presidente del Partido Liberal. Incluso, dentro del directorio tiene detractores que critican la administración durante su presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico.

Además, Alegre ha escogido como dupla a Soledad Núñez, una independiente sin electorado procedente del ámbito de las ONG´s,  que ha ascendido en el gobierno de Horacio Cartes. Núñez, aparentemente, no le aportará electorado, discurso ni imagen para la campaña presidencial.

La Concertación se enfrenta, además, a otro importante desafío y es que ya no cuenta, como en elecciones anteriores, con el apoyo de Frente Guazú, como se conoce a la concertación de partidos de izquierda del Paraguay que moviliza, en cada elección, a gran cantidad de votantes de zonas rurales y del campesinado.

El Frente Guazú, que alcanzó la presidencia en coalición con los liberales en 2008, ahora se encuentra fragmentado, desorganizado y sesgado, tras la desaparición del liderazgo del Ex Presidente Fernando Lugo, quien se encuentra en recuperación tras sufrir un accidente cerebro vascular. Ante la ausencia del ex presidente, el Partido Febrerista, de trayectoria socialista, ha arrastrado a líderes del Frente Guazú y se ha movilizado a nivel nacional pretendiendo votos por fuera de la concertación nacional, lo cual incrementará una fuga importante del electorado liberal/izquierdista y campesino, votos que en elecciones anteriores acompañaron a la concertación liderada por Efraín Alegre.

Además, el movimiento Nueva República, liderado por Euclides Acevedo, quien obtuvo su nominación el pasado 18 de diciembre en elecciones internas, y canciller de Mario Abdo hasta abril de este año, quitará también votos al Frente Guazú.

Una vez cerrada las elecciones primarias, estos candidatos deberán posicionarse de aquí al próximo 30 de abril, sin descartar las sorpresas que puedan surgir como consecuencia de la grave inseguridad ciudadana, de la inestabilidad económica y de la disconformidad social respecto a las instituciones, para dirimir en la elecciones presidenciales el futuro político del Paraguay.


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La renovación de Twitter y la desinformación

Con la compra de Twitter, Elon Musk tiene dos grandes retos por resolver: lograr que esta plataforma sea finalmente rentable y establecer una moderación de contenidos que garantice la libertad de expresión sin que esto avive aún más la desinformación. Sin embargo, dichos desafíos parecen ser incompatibles, pues al supeditar la verificación de una cuenta de usuario al pago de una membresía de ocho dólares, esto inevitablemente llevaría a que cualquier usuario pueda ser verificado y, por lo tanto, pueda diseminar cualquier tipo de información. De esta manera, se socavaría la legitimidad e influencia de “contenidos y usuarios” que ha conseguido esta red social.

No es fortuita la incertidumbre que generó esta propuesta de monetización. Desde su fundación, Twitter ha transformado la conversación política digital, puesto que ahí se ha facilitado la circulación de ideas y acciones de diferentes actores sociales y políticos, entre otros, y la red ha llegado a ser catalogada como la principal plaza pública o cloaca digital del mundo. No obstante, esta extensa circulación de información veraz e inexacta al mismo tiempo, ha hecho que esta plataforma se viera en la necesidad de convertirse en un árbitro del comportamiento de sus usuarios, por lo que ha debido implantar límites al flujo de contenidos violentos y desinformativos que la han plagado.

Hasta el momento, la eliminación de la desinformación ha sido una tarea quijotesca para Twitter. Dos han sido las principales estrategias de moderación de contenido. La primera es el etiquetado de contenido o de usuarios, tal como sucede con los medios de comunicación afiliados a países democráticos y no democráticos como Rusia (RT, Sputnik) o China (CGTN), entre otros. La segunda, un tanto controversial, ha sido la suspensión de las cuentas de medios de comunicación, periodistas, usuarios comunes o líderes políticos como el expresidente Trump por diseminar información inexacta o contenido que incita a la violencia. Si bien ambas estrategias son cuestionables por sus resultados, estas han mitigado ciertamente la desinformación y la violencia en la conversación digital, mas no las han erradicado.

Renovación o estancamiento       

Musk ha dejado relativamente claro lo que desea hacer con Twitter. Ante todo, quiere mejorar su funcionalidad desarrollando algoritmos de código abierto, que permitan, entre otros aspectos, erradicar los bots (cuentas automatizadas) y autenticar a todos los humanos y, así, aumentar la confianza de los tuiteros. No obstante, sus primeras decisiones se han alejado de este objetivo, puesto que la compra de la membresía hizo que perfiles que no habían logrado la anhelada verificación la obtuvieran, a pesar que estas ya habían propagado desinformación y contenido de odio hacia minorías y partidos políticos en el pasado.

Como consecuencia de esta “verificación económica”, los desinformadores y propagadores de mensajes de odio obtuvieron de inmediato más visibilidad, la cual es potencialmente peligrosa. La pandemia, por ejemplo, reveló que las cuentas sin verificación producen más contenido desinformativo, y su alcance depende del nivel de coordinación para diseminarlo. Sin embargo, cuando una cuenta verificada produce un contenido inexacto, su alcance es más nocivo. A simple vista, se demuestra que la meta de aumentar la confianza en los usuarios de la plataforma no es una tarea sencilla y que, para acabar con la desinformación existente, la verificación de usuarios no puede someterse simplemente a un rubro económico.

Además, si la propuesta de verificación no logra sortear esta perspectiva económica, es posible que la industria privada de la desinformación en el mundo se fortalezca aún más, ya que estos actores podrán influir en la opinión pública a su favor con mucha más facilidad, dado que sus estrategias no se limitan al empleo de cuentas falsas y bots, sino que también están incursionando y sofisticando sus acciones coordinadas en el área de los anuncios publicitarios en la red. De esta última, Musk no ha mencionado mucho hasta el momento.

Del mismo modo, tampoco lo ha hecho sobre el acceso al API, siglas en inglés, o interfaz de programación de aplicaciones de Twitter. Esta arista de la plataforma no es tan conocida para los usuarios comunes al estar focalizada en investigadores y desarrolladores, y tiene como objetivo facilitar el acceso a información especializada que, entre otras cosas, permite identificar el comportamiento anómalo en la plataforma. De por sí, el acceso a estos datos se ha ido limitando en los últimos tiempos y, la única opción para acceder a un significativo conjunto de datos es pagando la membresía que ofrece la compañía, la cual es ciertamente onerosa y solo grandes empresas de marketing digital pueden costear.

¿Sobrevivirá Twitter?

Es irremediable, la plaza pública digital se encuentra en una crisis por motivos económicos y las tensiones por la moderación de contenidos. Por suerte, Musk se retractó de la «verificación económica», dado que en pocas horas se manifestaron sus perjudiciales efectos en la propagación de mensajes de odio y desinformación, especialmente en los Estados Unidos. Su gesta de hacer más confiable la plataforma es razonable, pero no puede tomarse a la ligera, tal como lo demuestran estas y otras acciones que ha realizado hasta el momento. Como resultado, miles de usuarios han pronosticado la muerte de Twitter que, si bien suele ser una posición fatalista, pareciera que desconocen que la compañía es económicamente insostenible, y los cambios para que sobreviva son más que necesarios.    Así que la temida renovación es inevitable. Pero ¿cómo la compañía lidiará con los asuntos económicos y de contenido? Esa es la incógnita que aún está por resolver. Lo cierto es que, para sobrevivir, «la verificación de usuarios» en esta plataforma es un estandarte de credibilidad que debe mantenerse, puesto que ha sido uno de los pocos escudos más consistentes contra los brotes de desinformación. Sin embargo, si Twitter no se mantiene, dentro de unos años veremos el surgimiento de una nueva plaza o cloaca digital como Mastodon o cualquier otra.

El papel de la migración venezolana en las elecciones de Brasil

Coautoras Amanda Alencar y Julia Camargo

El tema de la migración aparece en las campañas electorales de distintos países, especialmente a través de discursos racistas, xenófobos y nacionalistas contrarios a la inmigración. Construidos y amplificados en los medios de comunicación, estos discursos han tratado de asociar el crecimiento de la migración a las crisis económicas, la violencia y los problemas sociales de los países receptores. En Europa, Estados Unidos y, más recientemente, América Latina, partidos políticos de extrema derecha han accionado ampliamente esos discursos para movilizar emociones e instaurar el miedo entre los electores.

En su última campaña electoral, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, buscó beneficiarse de las noticias negativas sobre los inmigrantes para obtener apoyo de la opinión pública a favor de la aprobación de la ley que prohíbe la entrada de musulmanes en el país y de la ampliación del muro en la frontera mexicano-estadounidense. La campaña del brexit, que llevó al Reino Unido a retirarse de la Unión Europea, también estuvo impulsada por las acciones antinmigración y la reanudación del control de fronteras. La retórica antinmigración se ha invocado, asimismo, en períodos electorales para desviar el debate público de asuntos como la inflación, el desempleo y la falta de inversión en políticas sociales. 

Aunque se reconoce que los políticos de extrema derecha utilizan la migración para obtener beneficios políticos, las elecciones de 2022 en Brasil estuvieron marcadas por una estrategia discursiva diferente de la extrema derecha representada por Jair Bolsonaro y los recientes flujos de inmigración venezolana en el país. Entre los años 2016 y 2020, alrededor de 261.000 migrantes venezolanos llegaron a Brasil, según datos de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes. La mayoría de ellos son reconocidos como refugiados, debido a las políticas de acogida implementadas por el gobierno de Bolsonaro.

En las elecciones de Brasil, el aumento de la migración venezolana no alimentó los discursos antinmigración. Al contrario, el Gobierno y sus aliados lo utilizaron para divulgar una retórica antivenezolana. Al pasar del miedo al inmigrante a la amenaza representada por su país de origen y su régimen gobernante, esta retórica sirvió para que la extrema derecha alertara sobre el riesgo de implantación del socialismo y/o comunismo que supuestamente representaba Luiz Inácio Lula da Silva.

A lo largo del gobierno de Bolsonaro y durante la campaña electoral, esta retórica ha impulsado un tipo de narrativa creada y difundida por sectores políticos conservadores latinoamericanos que han buscado vincular a la actual situación económica y política de Venezuela con otras propuestas provenientes de campos progresistas en América Latina.

En el primer debate presidencial emitido en agosto de 2022, Bolsonaro utilizó esta estrategia en su última intervención: «¿A quién apoyó Lula en el pasado?». Apoyó a Chávez, apoyó a Maduro. ¿A dónde fue a parar Venezuela? Hoy recibimos más de 500 personas al día en Pacaraima, huyendo del hambre y la miseria, de la violencia, pesando una media de 15 kilos menos, y Lula apoyó estas candidaturas».

La circulación de contenidos sobre la crisis humanitaria en Venezuela atribuida al régimen autoritario de Maduro y desencadenante de la migración masiva venezolana tuvo como protagonistas a Bolsonaro, políticos aliados, votantes y simpatizantes del Gobierno, así como a los propios inmigrantes venezolanos. El lema «Brasil se convertirá en Venezuela», que ya había ganado notoriedad, se articuló en la campaña de Bolsonaro en diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp y Telegram de inmigrantes venezolanos.

El eslogan «El socialismo segrega, Brasil acoge», acompañado de la imagen de dos niños venezolanos, compuso una pieza institucional producida por la Operación Acogida, la Fuerza de Tarea Logística Humanitaria del Ejército Brasileño, junto con la Secretaría de Comunicación (Secom) de la Presidencia de la república. La pieza fue difundida, a su vez, en las redes sociales durante el período electoral. Esta invitaba a conocer «los resultados del Grupo de Trabajo que el gobierno federal creó para ayudar a los refugiados venezolanos». La Operación Acogida también es el tema central del documental Acolhidos–A verdade sobre o fracasso da esquerda na Venezuela, que analizó la trayectoria de migración venezolana acogida en Brasil.

El documental, sin identificar a su autor, circuló por redes sociales y grupos de WhatsApp tras ser compartido en el canal de YouTube del empresario y periodista brasileño Paulo Figueredo, partidario de Bolsonaro y quien vive en Florida y trabaja para Jovem Pan, una cadena de radio y televisión comercial brasileña que está alineada con el gobierno de Bolsonaro. En el documental, refugiados venezolanos relatan sus experiencias para reforzar lo que destaca el texto que acompaña su estreno en Youtube: «Vidas destrozadas, familias separadas, toda una sociedad rehén de un régimen tiránico y sádico que ha sumido en la pobreza al 95% de la población y que siempre ha contado con el apoyo y la admiración de la izquierda brasileña».

Los migrantes también ganan protagonismo en un video de una manifestación de venezolanos en la ciudad de Boa Vista, en la que pedían a los brasileños que votaran por Bolsonaro. Y en diferentes mensajes se podía leer: «Vota, vota y confirma a Bolsonaro 22» y «Reflejo de los que sienten en la piel lo que es el comunismo», «Esto es realmente una lección moral para ‘los brasileños’, PT nunca más».

Eduardo Bittar, influencer digital venezolano y coordinador general de @Rumbo_Libertad, que se presenta como un «movimiento de lucha venezolano más allá de nuestra frontera», también actuó a favor de la elección de Bolsonaro con testimonios sobre la amenaza que supone el socialismo en su país natal. En la segunda vuelta de las elecciones, Bittar publicó en su perfil de Twitter un vídeo en el que se dirigía a los brasileños para advertir que «hay dos direcciones, una que lleva a la victoria de la libertad, la otra, es el camino que mi país, Venezuela, tomó hace varias décadas. Ustedes deciden, si garantizar una patria para sus próximas generaciones o castigar a todos por igual a vivir el infierno del maldito socialismo que acabará por hacerles huir de este país».

Amanda Alencar es Profesora asociada del Departamento de Medios y Comunicación de la Universidad Erasmus de Rotterdam (Países Bajos).

Julia Camargo es Profesora del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Roraima y doctoranda del programa de Posgrado en Comunicación y Prácticas de Consumo de la ESPM (São Paulo, Brasil).


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COP27: América Latina y los grandes emisores

Tras dos semanas de negociaciones en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, la cumbre global del clima COP27 terminó —una vez más con resultados insuficientes— el 20 de noviembre. La meta de impedir que la temperatura supere los 1,5 °C de los niveles preindustriales se mantiene en papel desde hace siete años. Sin embargo, el Plan de Implementación Sharm el-Sheikh, que se acordó, no incluye mención alguna sobre la reducción del uso de combustibles fósiles. Es decir, hay objetivo sin plan.

La cumbre se salvó de un fracaso porque los países en vías de desarrollo lograron asegurar, tras décadas de esfuerzo, un compromiso para la creación de un fondo de compensación por pérdidas y daños. Con este fondo, los países desarrollados compensarían a los países vulnerables por los impactos del cambio climático. ¿Lo prometido? Solo 260 millones de dólares, que ni siquiera se sabe exactamente de dónde vendrán y a qué países estarán dirigidos. Los detalles de esta iniciativa no se ultimarán sino hasta la próxima cumbre. Este compromiso no resulta muy esperanzador, si se considera la incumplida promesa de 2009 de los países ricos de aportar 100.000 millones de dólares anuales hasta el 2020 en financiamiento climático para los países pobres.

Aunque cada vez resulta más claro que poco puede trascender de este tipo de cumbres para resolver un problema de tal envergadura como lo es la crisis climática, resulta interesante observar cómo se configura la dinámica de rivalidad en cuestiones del clima entre los mayores emisores de CO₂ y, a la vez, potencias mundiales, es decir, China y Estados Unidos, y por el otro, el papel de regiones como América Latina, claves en la protección del medio ambiente, y ubicadas en medio de disputas hegemónicas.

En el caso de China, el presidente Xi Jinping no asistió a la cumbre y, en su lugar, envió a Xie Zhenhua como delegado oficial, quien reiteró la postura de ese país e indicó que corresponde a Estados Unidos despejar las barreras que surgieron este año (dada la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán) para destrabar las negociaciones bilaterales sobre el cambio climático que empezaron en 2021. Sobre el fondo de compensación, China lo apoya, pero no con dinero, y recalcó su condición de país vulnerable afectado por eventos extremos de tipo climático.

Por su parte, John Kerry, delegado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, centró la atención sobre China y la esperanza de que el gigante asiático esté a la altura de su responsabilidad global. Al final, la “buena noticia” de los dos países más contaminantes del planeta fue un “estamos de vuelta en la mesa para intentar cumplir nuestros compromisos”. 

Los desafíos estratégicos de los países latinoamericanos ante el cambio climático

La politización de la agenda climática por parte de los mayores emisores del mundo resulta preocupante. Frente a ello, es necesario un reposicionamiento estratégico de América Latina y el Caribe, más aún en el actual contexto de crisis superpuestas (alimentaria, energética, geopolítica, económica y de deuda).

Es bien sabido que América Latina y el Caribe no actúan como un actor unificado en las negociaciones sobre el clima. Sin embargo, se rescata de esta COP27 el comunicado conjunto que presentó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante las negociaciones sobre el tema del financiamiento climático.

Otro aspecto que salvó a la región de la invisibilidad fue la participación del presidente entrante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, además de anunciar planes nacionales para Brasil (cero deforestación y la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas), dejó el mensaje, para muchos esperanzador, de que “Brasil está de vuelta”, a fin de reposicionarse como actor proactivo en asuntos climáticos. Por otro lado, los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Nicolás Maduro, de Venezuela, propusieron una gran alianza para proteger la selva amazónica y relanzar el Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

No resulta claro si la reconfiguración de fuerzas en la región hacia la izquierda y la posición, esta vez más coordinada de la Celac, impliquen una futura agenda regional climática o un posicionamiento común frente a los países desarrollados. Por supuesto, es alentador saber que la época de negacionismo climático en Brasil, desde el plano gubernamental, tiene los días contados. Pero ¿cómo podrá el presidente Lula da Silva conciliar una agenda climática con los intereses de la agroindustria en el país y su poderoso lobby? Similar reflexión aplica para el resto de los países latinoamericanos dependientes de la agroindustria y de vínculos cada vez más estrechos con China en el sector de las materias primas.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de Redcaem

La tecnología y el futuro de los medios de pago

El mundo es cada vez más tecnológico y, como reflejo de una sociedad más conectada, los consumidores buscan comodidad y agilidad al realizar sus transacciones monetarias. Los métodos de pago digitales con o sin contacto, la entrega a domicilio, el crédito digital, la facturación gratuita, las tecnologías biométricas y las criptomonedas figuran en la lista de opciones ya utilizadas en las transacciones comerciales. En la historia, hemos sido testigos de varios momentos de cómo la gente mueve el dinero en relación con el avance tecnológico.

Durante mucho tiempo el dinero en efectivo fue la principal forma de pago. Después llegaron las tarjetas de débito y de crédito, que siguen siendo métodos importantes en el sistema económico actual. Y ahora podemos decir que los latinoamericanos están aún más inmersos en las plataformas digitales, lo que trae esta adhesión a la rutina de compras y amplía el abanico para nuevas experiencias virtuales.

El estudio Generation Pay, de Worldpay de FIS, que analizó hábitos, comportamientos y actitudes de consumidores de diferentes edades en todo el mundo sobre sus finanzas, muestra que el 54% de los jóvenes en Brasil emplea las nuevas tecnologías en los pagos. A su vez, en todos los países encuestados (Brasil, el Reino Unido, Singapur, Australia y Estados Unidos), las generaciones Z (de 18 a 24 años) y millennials (de 25 a 40 años) son las más propensas a usar tecnologías de pago avanzadas en sus compras.

La sociedad contemporánea quiere facilidad, comodidad y una buena experiencia durante el proceso de compra. En este sentido, el pago por proximidad o sin contacto, como también se conoce, ha crecido exponencialmente en Brasil y en otros países. Los datos globales de Generation Pay muestran que el 65% de los encuestados prefiere esta tecnología, y la tendencia es que se consolide aquí en los próximos años.

La encuesta también muestra que la generación millennial es la más adepta al pago sin contacto, con un 72% de preferencia, aunque todas las generaciones son adeptas a esta tecnología. En Brasil, el 67% de ellos son contactless, dato que está ligado a la percepción de lo que realmente les importa al pagar: rapidez y comodidad. Una encuesta de la Asociación Brasileña de Empresas de Tarjetas de Crédito y Servicios (Abecs), divulgada este año, refuerza esa integración de los consumidores a los medios de pago sin contacto. Hubo un aumento del 700% en los pagos por proximidad en el segundo trimestre de 2021 en el país, cuyas transacciones ascendieron a 34.400 millones de reales.

¿Y el futuro de los medios de pago digitales? Aunque aún no está claro qué papel desempeñarán las criptomonedas en la futura economía mundial, lo cierto es que han ido ganando visibilidad en el mercado mundial. Si aún queda mucho por discutir sobre la regulación y el uso de estos activos digitales, también es cierto que los comerciantes ya están viendo con buenos ojos su aceptación en diferentes partes del planeta.

Las criptomonedas aparecen como una fuerte tendencia de atracción entre todas las generaciones de consumidores en el escenario mundial. Un 27% de los encuestados está interesado en usar monedas digitales en sus compras. Con el constante crecimiento de este mercado, algunos negocios alrededor del mundo aceptan criptodivisas, y todo indica que se consolidarán como moneda transaccional en poco tiempo.

En Brasil, el Banco Central está desarrollando su propia moneda digital (CDBC) y cuenta con un laboratorio para el desarrollo de estudios de casos de uso para la innovación: el LIFT Challenge Real Digital. También muchas fintechs han puesto a disposición plataformas que aceptan monedas digitales para pagos de productos y servicios, lo que repercute en minoristas y consumidores.

Otro método con gran crecimiento es el de “compre ahora, pague después” (BNPL). Esta forma de préstamo a plazos, que permite a los consumidores hacer compras y pagarlas en una fecha futura, está muy extendida en Brasil. Esta es la preferencia del 54% de la población. Arraigado en la cultura brasileña, el medio de pago ha ganado adeptos en otros territorios. Si nos fijamos en Singapur, vemos que la BNPL es utilizada por el 50% de la gente.

La sociedad ha ido experimentando y sumándose a nuevas formas digitales de pago en un movimiento de transformación constante. En otras palabras, la innovación de los pagos, que está en pleno apogeo, continuará, y tarde o temprano terminará desplazando a las monedas físicas.

Entre pasiones y delirios latinoamericanos: Fútbol, Mundial y política

El fútbol y la política son, sobre todo en América Latina, dos pasiones que van de la mano, mal que les pese a todos aquellos que aseguran que no hay que mezclar ambas aficiones. El reciente Campeonato Mundial de Fútbol de Catar no ha sido sino un ejemplo más de esa simbiosis político-futbolística que se da en la región latinoamericana. Sin embargo, en esta ocasión, el fútbol no ha contribuido a restaurar los lazos que rompe la política. Una política que como señala Carlos Granés, autor de Delirio americano, ha hecho que «Latinoamérica ha(ya) vuelto a escindirse en dos bloques incomunicados», tendencia que el fútbol ha reforzado.

La política, el fútbol y su deriva nacionalista son pasiones que se retroalimentan. Una película argentina (El secreto de sus ojos) lo supo captar muy bien cuando uno de los personajes afirmaba, con rotundidad, que “Racing es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín… no puede cambiar de pasión”.

El recién acabado Mundial ha sido un buen espejo en el que contemplar la actual situación de América Latina en los ámbitos político, económico-social e incluso con respecto a una integración regional basada en el sentimiento de latinoamericanidad. En el terreno político, ha quedado en evidencia que la “grieta” no es solo patrimonio de la Argentina: tiene alcance regional, si bien en cada país asume etiquetas diferentes relacionadas con el sentimiento “anti-” (antifujimorista, antilulista/antibolsonarista, antipetrista, antilopezobradorista, anticorreísta…) que parece ser lo único que, en ocasiones, nuclea y articula a las sociedades latinoamericanas.

Una grieta que no solo vuelve casi imposible la convivencia, sino que acaba socavando la común identidad nacional vinculada a los signos que cohesionan. El ejemplo de este fenómeno lo ha dado Brasil. La selección Canarinha, que desde los tiempos de Getúlio Vargas fue un nexo de unidad nacional al acoger la diversidad étnica, religiosa o geográfica, no ha cumplido ese papel en esta ocasión. La apropiación de la camiseta verdeamarela por parte de Bolsonaro, en un país fracturado entre bolsonaristas y antibolsonaristas, ha hecho que este símbolo de cohesión lo haya sido ahora mucho menos.

Además, que jugadores como Neymar apoyaran al presidente hizo que el sector adversario al mandatario tomara como estandarte a Richarlison, declarado antibolsonarista. Incluso el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, tuvo que salir a decir lo siguiente a través de su cuenta de Twitter: “No tenemos que avergonzarnos de vestir la camiseta verde y amarilla”.

Al empezar el Campeonato del Mundo, la idea predominante era que serviría de bálsamo para que el actual y predominante malestar ciudadano acumulado y la desafección nacida de la frustración de expectativas pasaran a un segundo plano. Sin embargo, los tiempos políticos se han acelerado en este mes mundialista en el que ha habido un golpe de Estado frustrado en Perú, una crisis diplomática entre Lima y Ciudad de México, la salida a las calles de partidarios y detractores de Andrés Manuel López Obrador o la condena de Cristina Kirchner y el posterior terremoto político.

Queda claro que conviene relativizar el efecto placebo de un Mundial, que seguramente solo resulta destacable para el ganador. Pero incluso en este caso es de duración muy corta, pues al día siguiente de las masivas celebraciones, la dura situación que se vive (inflación, inseguridad e incertidumbre generalizada) da a la población un baño de realidad. La profunda crisis que se abate en algunos países (Argentina) o el modesto papel de algunas selecciones (Ecuador, Costa Rica y México) explica la escasa incidencia mundialista sobre la realidad política nacional.

El Mundial fue, asimismo, una muestra de cómo los problemas internos de los países latinoamericanos se convierten en un lastre para su proyección internacional. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso no estuvo presente en la inauguración del torneo (en el partido Ecuador-Catar), debido a la crisis de seguridad que atravesaba la república andina que acababa de decretar el estado de excepción en varios departamentos con altos índices de delitos. Y Alberto Fernández no acompañó a Emmanuel Macron en el palco en la gran final, debido a una mezcla de razones que iban desde evitar el efecto mufa hasta no dar una señal de frivolidad: viajar a Catar para ver un partido de fútbol, cuando el país se halla en medio de una espiral inflacionaria y la economía se encuentra en el alambre.

Finalmente, el Mundial ha evidenciado que, siendo mucho lo que une a los latinoamericanos, no es suficiente, porque otras pasiones arrinconan los teóricos lazos comunes. Algunos autores, como Carlos Malamud, señalan que el exceso de nacionalismo es una de las causas de que la integración no haya avanzado lo suficiente en América Latina en el último medio siglo. Y eso es lo que ha ocurrido durante el Mundial. Si bien algunos mandatarios como López Obrador se declararon favorables a Argentina por ser un país de Latinoamérica, una parte no desdeñable de los latinoamericanos, ya sea por esnobismo, clichés heredados sobre lo argentino o viejas rivalidades, preferían la victoria francesa.

El fútbol ha demostrado ser a lo largo de la historia un fuerte pegamento social, pero en este Mundial ha quedado en evidencia que su acción pierde fuerza en contextos como el actual de polarización donde prevalece más lo que separa a los latinoamericanos que lo que les une tanto a escala regional como en lo relativo a las fracturas y grietas internas.

Son estos los ingredientes de un nuevo delirio latinoamericano, que, apelando a las pasiones, en nada contribuye a la convivencia, ya que corroe los cimientos de las democracias.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Cinismo, sexismo y racismo en los discursos sobre Francia Márquez

Coautora Allison B. Wolf

Con el triunfo del primer gobierno de izquierda en Colombia, las actitudes cínicas se han aliado con el racismo, el clasismo, el sexismo y otras formas de discurso intolerante en el país. Si bien era de esperarse que la desconfianza y el cinismo se exacerbaran en los sectores de derecha, dicha cooperación entre el discurso cínico y el discriminatorio es un fenómeno nuevo y alarmante. Y esta alianza se observa con especial ahínco en las respuestas de periodistas, personalidades públicas o ciudadanos del común a los discursos y actuaciones de la vicepresidenta Francia Márquez (mujer afrocolombiana, lideresa social, activista del medio ambiente, feminista y defensora de los derechos humanos) en medios masivos y redes sociales.

El cinismo contemporáneo es, sin duda, un fenómeno polifacético y difícil de comprender. En los años ochenta el término se empezó a usar, sobre todo en EE.UU., para designar una especie de pesimismo endémico fundado en la constatación decepcionante, por parte de la ciudadanía, de que el debate político y las instituciones estatales se habían convertido en el escenario de disputas entre intereses personales o de grupos económicos para el beneficio de los ricos urbanos y a expensas de los pobres.

En aquel momento, esta actitud cínica fue considerada como una marca de inteligencia, sana desconfianza y sofisticada frialdad; una señal de que uno no puede ser embaucado sin más. Durante los noventa, el cinismo se extendió a todos los ámbitos de la vida social y se convirtió en la convicción generalizada (tal vez a causa de la lógica capitalista) de que las únicas fuentes de motivación humana son los intereses económicos. Así, el sofisticado realismo de unos pocos, la sana decepción que daba lugar a una visión crítica de la actividad política, se transformó en una actitud de total desconfianza en las intenciones de las personas.

Desde comienzos del siglo XXI, este nuevo cinismo se empezó a autoproclamar como una especie de “realismo político”, es decir, como una visión clara del mundo como es. Pero, a pesar de que esta autodefinición parece inofensiva, el cinismo es el mejor caldo de cultivo para el extremismo político tanto de derecha como de izquierda. Y esto es evidente en la esfera pública colombiana mediante el apoyo a actitudes de intolerancia social como el clasismo, el racismo, el sexismo y la xenofobia en contra de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez.

Esta alianza entre cínicos y facciones supremacistas, racistas y sexistas en el país es muy visible en varios comentarios de este carácter sobre la mandataria, que se expresan sin la más mínima vergüenza en redes sociales y medios masivos como la revista Semana. Un ciudadano, por ejemplo, escribió en Twitter: “Ya comenzó el show. Ahora será ‘ser rico es malo’ (para los demás, no para ellos)”, “Los de mi color hemos sido oprimidos”, “Hay que ayudar a los más pobres”, “Igualdad para todos”, “Salud gratuita para todos” (ellos, a las clínicas privadas), “Educación gratuita” (ellos, a las universidades privadas)”. En este tuit, los prejuicios de clase social son expresados mediante la consigna de la desconfianza cínica.

Las reivindicaciones sociales de izquierda, como la “igualdad para todos”, la “salud gratuita para todos”, etc., son puestas entre comillas para indicar que Márquez las sostiene falsamente y que lo que le interesa es obtener los privilegios de los que han gozado las élites para su clase social. Así, sentimientos antidemocráticos e intolerantes son escondidos bajo el manto de la “inteligente y sofisticada” desconfianza cínica, del “realismo político” que considera los ideales de justicia social como falsas consignas de sectores sociales que, en realidad, no tienen derecho a reivindicación alguna.

También hay formas en las que el cinismo permite la expresión del racismo y el sexismo, y mediante un tono conciliador, desvía la atención del público de las ofensas directas que ha sufrido Francia Márquez por ser negra y mujer. Por ejemplo, la revista Semana dedica más de un artículo al comentario de una ciudadana sobre Márquez durante una marcha de protesta contra el Gobierno: “Y el simio ese, ¿que porque puso un millón de votos, se considera la verraca del paseo? Pobre simio, los simios gobernando. (…) Es un simio… ¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan, ¿Qué educación puede tener un negro?”. 

La revista, en cuestión, en vez de criticar el discurso intolerante de esta mujer, consignó, con indignación, la respuesta pública de Márquez a la ofensa después de que afirmara que no tolerará el racismo y, en consecuencia, denunciará a la mujer ante la justicia. La respuesta del medio fue la publicación de testimonios de políticos críticos con la decisión de Francia Márquez. Entre ellos, el del exsecretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien señaló: “El racismo de la señora uribista lo describe perfectamente el adagio popular: “la ignorancia es atrevida”. Querida Francia Márquez, reconsidera tu decisión de no conciliar. Puedes darle una lección a la señora Luz Fabiola y a todo un país que anhela la reconciliación (…)”.

El comentario de Gómez minimiza la intolerancia de las expresiones de racismo contra la vicepresidenta del país y las explica por la mera “ignorancia”: un mal, al parecer, menor y que deberíamos tolerar. Partiendo de su cínica sofisticación y condescendencia, solicita a la víctima que concilie con la victimaria, es decir, que, por voluntad propia, y en virtud de un fin colectivo mayor (la reconciliación nacional), no use los canales del Estado para denunciarla y que permita el trato ofensivo y abiertamente racista.

Al parecer, el hombre blanco privilegiado, partiendo de su cínico reconocimiento de que los intereses egoístas son lo único que impera, pide a la mandataria que evite el conflicto y permita la continuación de un statu quo racista, porque, en realidad, la ofensa de la que fue víctima no es importante. Estamos ante un cínico que justifica el racismo y el sexismo mediante discursos que parecen ser “bien intencionados”, pero que, en últimas, no propugnan una verdadera reconciliación nacional.

En conclusión, este nuevo cinismo que se alía con la intolerancia para echar fuego al extremismo político debería ser denunciado. Nuestra anuencia de la fría desconfianza del cínico ha permitido que el cinismo oculte y perpetúe la opresión de grupos marginalizados, y desviando, con ello, la atención de lo que realmente es importante. Esto, mediante la consigna de que, en una sociedad en la que solo imperan los intereses económicos personales, las reivindicaciones sociales son innecesarias y, quienes las expresan, son deshonestos.

Allison B. Wolf es profesora asociada e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de los Andes, Colombia. Doctora, por la Michigan State University.