La revancha de AMLO

Ernesto Hernández Norzagaray
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La revancha de AMLO

El gobernador de Sinaloa y miembro del partido oficialista Morena, Rubén Rocha Moya, tildó de “revancha” a la marcha que está organizando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras la masiva manifestación en contra de la reforma que ha impulsado sobre el Instituto Nacional Electoral. Esta expresión, en el argot boxístico, no puede provenir sino de un adversario derrotado. Si en el imaginario morenista esto se vive como una derrota es porque el alcance de la manifestación en contra de la reforma y el propio presidente no solo impresionó, sino que también fue percibida por muchos de los líderes oficialistas como el ocaso del jefe político y de la idílica Cuarta Transformación.

Algunos dirigentes oficialistas, sin embargo, han optado por negar los hechos. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, básicamente redujo la movilización a 10.000 o 12.000 asistentes. Quizá la minimizó pensando en el efecto que podría tener en la eventual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y en la suya, si aspira a relevar a su jefa actual. Hasta el propio presidente López Obrador minimizó la gran marcha sobre la ciudad que alguna vez fue el bastión irrebatible de la izquierda.

Sin embargo, las alarmas del Palacio Nacional se encendieron y el Gobierno ha buscado la forma de controlar los daños ocasionados por la masiva manifestación y su difusión mediática internacional. No obstante, cuando se esperaba que López Obrador diera un paso atrás para relanzar una visión de Estado, no se le ocurrió mejor idea que movilizar sus bases para marchar en respuesta.

Esta maniobra del mandatario parte de la debilidad y ello quedará en evidencia. En primer lugar, porque el Gobierno tendrá que poner a su servicio todos los recursos públicos necesarios para llenar el Zócalo de la Ciudad de México. Además, mientras que en el acto contra la reforma del Gobierno, el discurso sobre los riesgos de continuar la ruta trazada en contra del sistema electoral, el INE y la democracia lo dio el reconocido académico y político José Woldenberg, quien dará el discurso en la movilización oficialista será el propio presidente, enviando un mensaje en línea propagandística. Finalmente, mientras que en la marcha opositora se defendieron las instituciones y la democracia, en la de AMLO se defenderán sus logros.

Esto deja entrever que el presidente, quien se siente acorralado y está perdiendo su capacidad de reacción política, está apelando al incesante incremento de la polarización. De hecho, ha tildado a los asistentes de la masiva movilización de “fifís”, cínicos y corruptos.

Este discurso polarizante, sin embargo, está generando fracturas dentro del morenismo. El grupo que rodea al senador Ricardo Monreal ha dicho que, si bien probablemente asistirá a la concentración del mandatario, está en contra de la “regresión en el INE”.

Pero más allá de las diferencias dentro del partido oficialista, la revancha no augura buenos resultados para el jefe de Estado. Este llegará a la contienda con “porra” pero lastimado y sin reflejos, y sobre todo sin haber hecho una estrategia eficaz para dar pelea.

No faltan quienes dicen que esta es solo una pelea más del presidente López Obrador, que su camino está lleno de victorias simbólicas, y que vendrán más batallas (y decisivas) para el futuro del país.

De hecho, la lucha se está escenificando en el Congreso de la Unión donde se están midiendo las fuerzas legislativas, sea por la reforma constitucional en materia electoral o por la reforma a la ley secundaria. En 2023, la contienda será para elegir a tres nuevos consejeros electorales.

Además, se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila, hasta hoy gobernados por el PRI, donde López Obrador busca desesperadamente la victoria de Morena. Las tendencias parecen favorecerlo. No obstante, lo grave no es que gane, sino que se repita lo sucedido en otros estados donde la coalición “Juntos hacemos historia” ha ganado debido a la actuación impune del crimen organizado.

Cualesquiera sean los resultados futuros, lo cierto es que hay una insurgencia ciudadana que va más allá de los partidos y sus personajes, y que hoy lleva a reflexionar a toda la oposición para definir sus estrategias y acciones futuras.

A todas luces, de momento parece más inteligente la oposición que el cenáculo de Palacio Nacional que apuesta todo a la confrontación mediática. Si bien esta estrategia le fortalece entre los adictos al obradorismo, le resta entre sus opositores, que los hay y han ganado la calle.

En definitiva, la marcha que está organizando el presidente, vista en clave de revancha, como lo señala el gobernador sinaloense, no parece una buena opción, pues deja entrever un mandatario que está perdiendo reflejos para leer la coyuntura y tomar, así, mejores decisiones.

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Observación electoral nacional en Argentina: una deuda con la sociedad civil

Leandro Querido
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Observación electoral nacional en Argentina: una deuda con la sociedad civil

Este año se cumplieron 39 años del retorno de la democracia a Argentina. Aunque imperfecta, se nutre de la participación activa de múltiples actores como la prensa, las instituciones, las universidades, los partidos políticos, una ciudadanía comprometida y la sociedad civil organizada. Todos estos actores hacen parte de los procesos electorales, de una u otra forma, y tienen una responsabilidad compartida por proteger la integridad de estos procesos, característica indispensable de una democracia.

Estos actores tienen un papel garantizado en los ciclos electorales y es respetado por las instituciones políticas. Todos, excepto las organizaciones de la sociedad civil que entienden de materia electoral. En Argentina no existe la figura de la observación electoral nacional, sino la de acompañamiento cívico, una modalidad de monitoreo mucho más limitada y poco regulada que deja amplia discrecionalidad a las autoridades electorales durante la acreditación de quienes eligen ejercer el derecho a acompañar los procesos electorales federales y provinciales.

La Cámara Nacional Electoral creó la figura del “acompañante cívico-electoral” por medio de una resolución (acordada N.° 128/09 CNE) y todavía no existe una ley que modifique el Código Electoral para incorporar una sección que regule el monitoreo ciudadano. Esto, a pesar de que se han introducido múltiples proyectos en el Congreso Nacional, uno de esos proyectos, apoyado por Transparencia Electoral e introducido por el entonces diputado Gustavo Menna en octubre de 2020. Este punto pasó a convertirse en una de las 10 Reformas Electorales para la Argentina propuestas por Transparencia Electoral y que postula mejoras para el sistema electoral federal.

Durante el ciclo electoral de 2021 en Argentina, según el acta número 17 de la Junta Electoral Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estableció que los acompañantes cívicos son «sujetos ajenos al desarrollo del acto» y que con la presencia de los representantes de los partidos políticos «se encontraría garantizado el control». Esta decisión sentó un peligroso precedente que interpreta a este derecho como flexible y que la facultad de los partidos políticos para fiscalizar el proceso es medio suficiente para garantizar su integridad. El objetivo de la ley propuesta no es otro que el de evitar que los derechos de la ciudadanía se vean comprometidos.

Por ello, la última edición del Índice de Observación Electoral de América Latina de Transparencia Electoral categoriza a Argentina como un país con índice de observación electoral débil, y lo ubica solo por encima de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto, por supuesto, se refiere solo al estado de la figura de observación electoral, no al de la integridad de procesos electorales, pero sí es importante mencionar que afecta el derecho que tiene la sociedad civil de ejercer contraloría sobre la organización y ejecución de las elecciones.

El índice evalúa cuestiones como la existencia de la observación electoral en la legislación y las barreras para ejercer la observación, aspectos en los que el país no obtiene buenas evaluaciones, sobre todo en comparación con países como Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica, que no solo establecen y permiten la observación electoral nacional en sus legislaciones, sino que también están abiertos a la observación electoral internacional. En las elecciones más recientes de Ecuador (2021) y Colombia (2022), la presencia de observadores internacionales ayudó incluso a reducir tensiones de situaciones poselectorales. Las elecciones de Brasil en 2022 también establecieron la reciente incorporación de la figura de observación electoral.

Este año ha traído buenas y malas noticias para quienes ejercen la observación comicial en el mundo. Por un lado, países como Brasil, una de las democracias más grandes del planeta, tomó en diciembre de 2021 la decisión histórica de autorizar y regular la observación electoral no solo nacional, sino también internacional. Por primera vez en su historia democrática, varias misiones de observación electoral se distribuyeron en territorio brasileño para monitorear las elecciones generales de octubre de 2022.

Sin embargo, tanto las autoridades comiciales como los observadores han sido blanco de amenazas y acusaciones de descrédito sin precedentes, que tienen su origen en las campañas de desinformación impulsadas sin base ni escrúpulos por distintos actores del espectro político. Por esta razón, el pasado 27 de octubre, relatores especiales de derechos humanos de la ONU emitieron una declaración conjunta respecto a la situación de los observadores electorales nacionales e internacionales como defensores de derechos humanos, lo cual representa un precedente importante.

Según la declaración, las condiciones en las que se celebran elecciones en el mundo han empeorado y “las campañas de desinformación, la retórica dura e incluso la violencia se han dirigido al amplio espectro de actores que participa en los procesos electorales, desde candidatos y partidos políticos hasta funcionarios y observadores electorales”. También denuncian que “los observadores electorales tanto nacionales como internacionales han reportado un aumento significativo en la gravedad y la escala de los ataques contra ellos”. 

Los derechos civiles y políticos, entre los que están el derecho a elegir y a ser elegido y otros que garantizan la participación de la ciudadanía en la vida civil y política del Estado sin discriminación y en igualdad de condiciones, también son derechos humanos. Por ello, los relatores especiales enfatizan que “son defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil. Por lo tanto, los Estados deben permitir la observación independiente e imparcial de las elecciones por parte de todos los observadores, incluso provenientes del extranjero”.

¿Por qué Argentina mantiene esta deuda con las organizaciones de la sociedad civil? La fiscalización del proceso comicial no es solo potestad de los partidos políticos. Es tiempo de que, con respecto a las elecciones generales de 2023, el Congreso asuma la responsabilidad de proteger y consagrar en el Código Electoral el derecho que tiene la ciudadanía de ejercer contraloría sobre las elecciones no solo durante la jornada de votación, sino también sobre las distintas fases que componen el calendario electoral.

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Una nueva Unasur: ¿el regreso de un zombi?

Detlef Nolte
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Una nueva Unasur: ¿el regreso de un zombi?

La politóloga Julia Gray introdujo el concepto de la “organización zombi” en el debate académico sobre la vida y muerte de organizaciones internacionales. Las opiniones están divididas sobre si la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está muerta o si es un zombi.  Un estudio reciente, que se hizo, junto con el excanciller de Ecuador (2016-2017), Guillaume Long, afirma que la Unasur sigue existiendo. Y cada vez son más las voces que piden que se le insufle nueva vida.

Recientemente, el 14 de noviembre, un grupo de siete expresidentes sudamericanos (Michelle Bachelet, Rafael Correa, Eduardo Duhalde, Ricardo Lagos, José Mujica, Dilma Rousseff y Ernesto Samper), acompañados de varios excancilleres, exministros, parlamentarios (ex y actuales) e intelectuales, han hecho llegar una carta a los doce presidentes sudamericanos en ejercicio para reclamar “la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana”, partiendo de la base de que la “UNASUR todavía existe y es la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración en América del Sur”.

Pero los firmantes de la carta también dejan claro que no se trata de una reconstitución nostálgica de este organismo, sino que una nueva Unasur debe tomar en cuenta, de forma autocrítica, las deficiencias de la Unasur actual. Los expresidentes deploran la ausencia de una dimensión económica, comercial y productiva en esta, y critican el abuso del veto (por la regla del consenso en la toma de decisiones) para el nombramiento del secretario general. Esto llevó en el pasado a su paralización cuando los Gobiernos de Bolivia y Venezuela bloquearon la elección de José Octavio Bordón que, como único candidato, tenía el apoyo de siete Gobiernos (otros se habrían sumado).

En aquel momento, el gobierno de Nicolás Maduro vetó al candidato de Argentina (para ajustar al proyecto de Hugo Chávez de usar a la Unasur como trampolín para ampliar la influencia regional de Venezuela como potencia regional), lo cual degeneró en un proyecto para legitimar al régimen y asegurar su supervivencia. La estrategia del Gobierno venezolano se basó en dos pilares: primero, en el ejercicio del poder de veto para ocupar el cargo de secretario general e idealmente promover a algún simpatizante del régimen; en segundo lugar, en la neutralización de los organismos regionales independientes de observación de elecciones. Los estatutos del Consejo Electoral de la Unasur, creado en 2013, legitimaron las “misiones de acompañamiento” que diluyen los estándares para el monitoreo electoral, ya que “acompañar” implica menos que “observar”. 

En su carta, los expresidentes proponen sustituir la regla del consenso en la elección del secretario general que no debería estar sujeta al derecho a veto de un país. En este marco, la firma de tantos expresidentes como de exministros podría generar sospechas de que algunos quieran candidatearse para el puesto de secretario general. La propuesta en sí parece una reacción lógica a la parálisis de la Unasur. Sin embargo, el punto es cuán realista es esta propuesta.

¿Estaría dispuesto el Gobierno venezolano a aceptar la elección de un secretario general que no se ajuste a sus preferencias pero que cuente con el apoyo de la mayoría de los demás Gobiernos? Probablemente solo si ciertos temas desaparecen de la agenda de la Unasur. En ese sentido, es significativo que la declaración de los expresidentes no mencione la protección de los derechos humanos y de la democracia como tareas prioritarias de una Unasur renovada.

En el pasado, la Unasur fue una organización intergubernamental cuyos avances y retrocesos estuvieron marcados por la lógica de la diplomacia interpresidencial. Y debido a los conflictos entre los presidentes que la paralizaron, hoy es una marca desgastada. Por lo tanto, cabe preguntarse si no sería mejor reconstruir el espacio de integración en América del Sur que representó Unasur de abajo hacia arriba. Por ejemplo, se podrían restablecer (como instituciones independientes) los consejos sectoriales exitosos de estas como el Consejo Suramericano de Salud o el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.

La imagen de estos consejos está menos “dañada” que la de la Unasur. Además, una cooperación más técnica en temas específicos podría evitar algunos de los problemas que inevitablemente provocaría una discusión de temas políticamente controvertidos, como la protección de los derechos humanos, la garantía de elecciones justas y transparentes o la postura sobre ciertos temas de la política internacional.

En su carta, los expresidentes deploran la ausencia de una dimensión económica, comercial y productiva en la vieja Unasur. Al mismo tiempo, hacen hincapié en que el comercio intrarregional en América Latina no supera el 13% en la actualidad. En este contexto, se plantea la cuestión de qué puede lograr económicamente una Unasur renovada que los sistemas de integración existentes, como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN), no pueden realizar por sí solos o en cooperación.

Parece que en el regionalismo latinoamericano se repite un viejo ritual. En lugar de consolidar y profundizar las estructuras y organizaciones existentes, se lanzan nuevos proyectos, a menudo principalmente declarativos. Con la consolidación de la recién reactivada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y un nuevo impulso a los procesos de integración y cooperación regional dentro del Mercosur, la CAN y la Alianza del Pacífico, la mayoría de los Gobiernos sudamericanos ya estarían suficientemente ocupados.

Como escribió una vez Carlos Marx, la historia se repite dos veces, primero como tragedia, luego como farsa.  Un reinicio fallido de la Unasur podría combinar la tragedia con la farsa.

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Política medioambiental y soberanía en Brasil

Rubens de Siqueira Duarte
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Política medioambiental y soberanía en Brasil

En el siglo XXI, el medio ambiente y el cambio climático se han convertido en prioridades de la agenda mundial, pero a medida que aumenta el interés por la crisis ecológica, también crece la preocupación por la enajenación de la soberanía nacional en zonas como el Amazonas y la consolidación de un derecho de injerencia ecológica en aquellos países que no protegen los bienes medioambientales de importancia internacional. Por estas razones, cabe preguntarse: ¿cómo pone en riesgo la política medioambiental global la soberanía de Brasil?

Hans Morgenthau es uno de los principales teóricos de las Relaciones Internacionales. De familia judía, emigró de la Alemania nazi a Estados Unidos, donde trabajó como académico y pensador orgánico, contribuyendo a la definición de los rumbos de la política exterior estadounidense y al establecimiento de la corriente de pensamiento que llegó a conocerse como Realismo Clásico. Cuando Morgenthau escribió sus principales obras, los debates sobre el cambio climático no tenían el peso que tienen hoy en la política mundial. Sin embargo, si utilizamos sus enseñanzas para pensar en la actualidad, la conclusión es clara: la política medioambiental de Brasil puede poner en riesgo la soberanía nacional.

El concepto de poder nacional es uno de los pilares del legado de Morgenthau. Para el autor, el poder no se limita a la capacidad militar, sino que incluye una serie de elementos materiales e ideológicos que permiten al Estado seguir funcionando y desarrollándose de forma autónoma y segura. Por lo tanto, además de la fuerza militar, las fuentes de poder son la geografía, la posesión de recursos naturales, el potencial agrícola e industrial y la población. También entra en el cálculo la percepción que tienen otros actores internacionales en relación con su poder, lo que lleva a Morgenthau a concluir que una política de prestigio puede impulsar la inserción de un país en el juego internacional entre naciones.

A partir de estas enseñanzas, podemos argumentar que Brasil viene adoptando una política que disminuye su poder en el ámbito internacional, lo que deja al país en una posición desfavorable en el juego político entre naciones y, por lo tanto, disminuye su capacidad de disuadir las amenazas externas. Si los recursos naturales son elementos de poder, una política medioambiental laxa pone en peligro la reserva brasileña de agua potable, un recurso esencial para todos los seres vivos y que está en progresiva escasez en el mundo.

Además, el agua es esencial para la producción de alimentos, que es una fuente de poder enumerada por Morgenthau, ya que un Estado que no puede garantizar la alimentación y la supervivencia de su población es más vulnerable a las agresiones externas. Por último, el cambio climático pone en riesgo la riqueza biológica de Brasil, que es un recurso potencial cada vez más relevante con la revolución genética.

Si miramos a través de la lente del prestigio internacional como fuente de poder, la política brasileña también está deteriorando la soberanía brasileña. Un país organizado, con instituciones fuertes y políticas públicas que den resultados, transmite la imagen de un Estado fuerte, facilitando la disuasión de intereses oscuros que puedan perjudicar la soberanía y los intereses nacionales. Con el aumento de la deforestación ilegal, la minería depredadora, los asesinatos de activistas medioambientales, las talas de árboles y el avance de grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) en la región amazónica, la imagen que transmite Brasil al mundo es la de un país incapaz de aplicar el Estado de Derecho y políticas públicas eficaces. Con ello, la percepción que tendrán otros actores internacionales al mirar al país es de fragilidad.

Actualmente, las reglas y normas internacionales sobre el cambio climático son favorables a Brasil y a otros países del Sur. La consolidación del principio de lectura histórica, que atribuye una mayor responsabilidad en el cambio climático a los países más industrializados; la supresión (aunque sea temporal) del debate sobre la internacionalización de las florestas; y el derecho al desarrollo sostenible son ejemplos de ello. La diplomacia brasileña, junto con otros países, ha sido muy hábil en la defensa de los intereses nacionales en las negociaciones en los foros internacionales.

Cuando Brasil abandona esta postura negociadora y adopta otra más reacia a cualquier tipo de concesión, a largo plazo, reduce su capacidad de actuación. El país pierde oportunidades de opinar e influir en los debates. Las decisiones se tomarán con o sin la participación de Brasil, generando normas potencialmente contrarias a los intereses nacionales, lo que inevitablemente restringirá la soberanía del país.

La combinación distópica de una postura diplomática que aísla a Brasil de las negociaciones internacionales con una política medioambiental insuficiente para combatir eficazmente los desafíos de la protección de los biomas del país y de sus poblaciones es un grave riesgo para la soberanía de Brasil. La tradición brasileña siempre refuerza la importancia de los principios establecidos en las relaciones internacionales, así como el valor del derecho internacional y el multilateralismo. Es una postura que históricamente ha dado sus frutos para el país, ya que no le sobra poder en comparación con las potencias mundiales.

Morgenthau reconoce que el derecho internacional y la moral son factores que limitan los abusos de los Estados cuando utilizan la fuerza en el escenario internacional para conseguir sus objetivos. Sin embargo, el autor también señala que estos factores limitantes son específicos de su época y, por tanto, pueden variar. A lo largo del siglo XX, surgió y se consolidó la idea de que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las personas y a las poblaciones en peligro si los Estados no cumplen con sus obligaciones.

Este entendimiento es una respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos que se han observado, siendo el genocidio de Ruanda el caso más simbólico. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan que los Estados que no luchan contra los delitos medioambientales en sus territorios también requieren una respuesta de la comunidad internacional?

La COP27 es una señal de que Brasil debe cambiar su posición en las negociaciones internacionales. Sin embargo, un cambio de rumbo en el ámbito diplomático es insuficiente si no va acompañado de resultados concretos en el ámbito interno. Mientras los actores brasileños no tengan esta conciencia en el ámbito interno, la política medioambiental puede seguir siendo un riesgo para su propia soberanía. En otras palabras, el deber de todo patriota es cuidar el medio ambiente para proteger a su país.

Cristina no es Lula

Sandra Choroszczucha
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Cristina no es Lula

Luego del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y en medio de la disputa en la interna oficialista argentina entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y el presidente Alberto Fernández, el actual ministro del Interior de Argentina, el ultrakirchnerista Wado de Pedro, se apuró a viajar a Brasil para fotografiar a Lula con una gorra que tenía la insignia “CFK 2023”. Y Alberto Fernández, por su parte, tomó un avión para ser el primer presidente en abrazar al mandatario brasileño que recién asumirá el poder formalmente el primero de enero de 2023.

En medio de la carrera por el oficialismo argentino «disputándose a Lula”, Cristina apareció en público por primera vez, luego de dos meses de ausencia, en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica. En su solemne discurso, reconoció méritos al ahora ministro de Economía, Sergio Massa, por la administración de la crisis económica frente a una inflación que ya se presume superará el 100% anual.

Tal vez lo más insólito del discurso de Cristina apareció en el momento en el que explicó que luego de doce años de una Argentina felizmente kirchnerista, habían llegado cuatro años de una Argentina infelizmente macrista. Y que, si bien ahora el país está pasando nuevamente por un modo “muy infeliz” (esta nueva enorme infelicidad que ya lleva tres años no parece tener responsables), en 2023 habrá un regreso (sin haberse ido) a “la felicidad kirchnerista”.

Mientras tanto, Lula, que no es Cristina, luego de haber disputado con ferocidad la campaña electoral en la cual venció a Jair Bolsonaro en un cruce afiladísimo en el que sobraron las acusaciones mutuas, en su último discurso antes de la elección, anunciaba: “A partir de enero de 2023, voy a gobernar para 213 millones de brasileños, no existen dos Brasiles, somos un único país, un único pueblo, una gran nación”. Y el líder del PT llegó aún más lejos, reforzando su mensaje mediante la siguiente afirmación: “A nadie le interesa vivir en un estado permanente de guerra. Este pueblo está cansado de ver al otro como enemigo. Es hora de bajar las armas. Las armas matan y nosotros escogemos la vida”.

Mientras Lula dejaba claro que intentará recomponer una sociedad fracturada por la polarización política, ha trascendido que cuando llegue el momento de su asunción, Bolsonaro no estará presente, dada la excusa de un viaje al extranjero. Este acto antidemocrático de no ceder el traspaso presidencial nos recuerda al 2015, cuando la presidenta saliente de Argentina, CFK, sin ningún viaje mediante, se negó categóricamente a traspasar la banda presidencial al entonces electo presidente Mauricio Macri, de la oposición.

Cristina pretende convencer a los argentinos de que el kirchnerismo y el lulismo se asimilan por afinidades de toda índole. Sin embargo, sus esfuerzos por debilitar la democracia y por polarizar a la sociedad dejan entrever muchos más parecidos con el bolsonarismo.

Las semejanzas no son pocas y van desde el desconocimiento protocolar cuando el rival político gana una elección presidencial, pasando por la identificación del adversario político como un enemigo que hay que eliminar de la escena política, hasta la intromisión recurrente en el Poder Judicial.

Y es que mientras Bolsonaro ha pretendido interferir especialmente en aquellas instituciones judiciales que controlan las elecciones como el Tribunal Electoral, CFK ha interferido en la justicia a través de iniciativas para politizarla (con la excusa de «democratizarla»),  manipulando al Consejo de la Magistratura o pretendiendo, aquí y ahora, cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

La reciente elección en Brasil ha dejado claro que el país se encuentra absolutamente polarizado y que electoralmente hablando está partido en dos. Además, muchos votantes que definieron su voto a favor de Lula o de Bolsonaro lo hicieron por estar “en contra del otro”, más que por afinidad con el partido/candidato elegido. Y en estos puntos los dos grandotes del Mercosur se asimilan. 

En este orden de cosas, tras la elección en Brasil, un núcleo duro bolsonarista ha pretendido que Bolsonaro siga ocupando la Presidencia, a pesar de haber sido derrotado en las urnas. Dicho núcleo organizó cortes de rutas y se congregó en las principales sedes del Ejército, en todas las capitales estatales, para exigir una intervención militar a fin de impedir la presidencia de Lula. Bolsonaro, en sintonía con este desentendimiento del triunfo de Lula, no salió a reconocer su derrota durante dos días y, cuando lo hizo, tarde, dio un discurso que duró tan solo dos minutos en el que no reconoció el triunfo del líder del PT, pero sí manifestó que acataría la Constitución.

En Argentina también contamos con un núcleo duro, kirchnerista, que no sabemos cómo podría reaccionar si el kirchnerismo pierde la elección en 2023. Lo que sí sabemos, porque lo han alertado sus más fieles seguidores en más de una oportunidad, también cortando calles y manifestándose con furia, es que, si Cristina llega a ser condenada por alguna de las causas que la incriminan penalmente en su deber de funcionaria, “qué quilombo se va a armar”. El llamado a una pueblada (a un desorden social) y a barrer de la escena institucional al Poder Judicial de la nación si Cristina llega a ser condenada, se parece demasiado a los modismos bolsonaristas. Cristina no es Lula.

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Cambio climático y desarrollo sostenible: narrativa y altruismo

Leonardo Stanley
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Cambio climático y desarrollo sostenible: narrativa y altruismo

La humanidad atraviesa un momento crítico, la constante irrupción de eventos extremos nos alerta sobre un futuro de fuerte incertidumbre. Esta situación nos lleva a decidir “a oscuras”, sin entender de forma adecuada el contexto al que nos enfrentamos o cuáles son los efectos futuros de nuestras acciones presentes. Muchas de las medidas que adoptamos siguen una narrativa, pues esta permite prever una explicación a un evento o serie de eventos. Por ejemplo, se compran acciones o bonos porque los inversores creen que los precios de los activos que adquieren no dejarán de subir. Robert J. Shiller, premio nobel de economía en 2013, destacó la importancia de la narrativa en la toma de decisiones económicas. Ciertamente, una descripción puede conducirnos a decisiones erróneas, tal como destaca Shiller al explicar la exuberancia financiera. Ello no invalida el papel de la narrativa, aunque alerta contra quienes propagan mensajes providenciales.

A fin de afrontar la incertidumbre, elaboramos, en definitiva, nuestras acciones alrededor de cierta narrativa referencial, aspecto que también destaca el premio nobel de economía en 2002, Daniel Kahneman. Ante la inexistencia de certidumbre, cuando ningún modelo puede explicar el porqué de una situación, aparece la narrativa. Sin embargo, también es cierto que coexisten relatos, muchas veces contradictorios, que se discuten en la mesa familiar, en nuestro círculo de amigos y en ámbitos laborales o profesionales.

Los economistas deberían sincerarse, reconocer las limitaciones, así como también las fallas que plantean sus modelos. En todo momento debería buscarse que estos [los modelos] sirvan para entender la realidad, y no tratar de ajustar a esta a los preceptos que dicta la seudoteoría. Debemos reconocer los límites del modelo canónico vigente y comenzar a entender los límites del planeta al tomar decisiones.

En otros ámbitos científicos el conocimiento puede catalogarse como rotundo, aun cuando algunos hablen de historias alternativas. Esto puede observarse en materia climática: existe una relación directa entre los gases de efecto invernadero que se vierten a la atmósfera (particularmente el dióxido de carbono) y el aumento de la temperatura promedio global. En el campo científico, el consenso resulta categórico. Sin embargo, la industria petrolera negó dicho efecto por años, luego trató de ocultar su responsabilidad y actualmente intenta demorar la transición con promesas tecnológicas.

Coexisten relatos, aunque la evidencia científica respalda una visión. Ello nos obliga a recrear la narrativa climática y fortalecer nuestra historia para que esta dispare el cambio. La comunicación del problema resulta esencial. (Des)afortunadamente la constante y creciente ocurrencia de fenómenos que devienen cada día más extremos sirven para destacar los fundamentos científicos de nuestro relato.

La presencia de incertidumbre también plantea la importancia de estrechar vínculos, la necesidad de realzar el altruismo, de fomentar la camaradería y de apostar por el beneficio común. Tal situación contradice el modelo neoliberal que muestra una visión estrecha del hombre como un ser egoísta y avaro: la sociedad no existe. Tal es el mensaje de M. Thatcher que aún perdura en la mente de numerosos dirigentes de nuestra región y que, como lo destacan numerosos cientistas políticos, terminó induciendo al ascenso de la extrema derecha en diferentes rincones del mundo.

Los relatos, cuando infundados, se comportan como modas. En un libro póstumo, el antropólogo David Graever documenta la existencia de camaradería en el período paleolítico superior (de 30.000 a 50.000 años atrás) y destaca la existencia de cierto tipo de igualitarismo en estas sociedades. Otros autores vienen a refutar tal descubrimiento. Estos nos hablaban, por medio de sus relatos, de sociedades primitivas en las que el hombre era el lobo del hombre. La posibilidad de enfrentar la incertidumbre fue una de las primeras razones que explicaron la emergencia del altruismo, como las distintas culturas comenzaron a premiar a quienes se comportaban adecuadamente y a castigar a quienes no lo hacían. Toda sociedad, en definitiva, se distingue por la existencia de grupos de camaradería, la búsqueda del altruismo y del beneficio mutuo.

Si analizamos el discurso en la región, observamos la primacía del discurso extractivista, sea de tinte neoliberal o neodesarrolista; ambos niegan la urgencia del momento. Ello justifica nuevos proyectos de la industria petrolera, sea en el Amazonas ecuatoriano o en las profundidades del mar Argentino. Según el relato oficial, por caso, desarrollar Vaca Muerta permite avanzar hacia una transición “limpia”, desconociendo, sin embargo, los múltiples estudios que, desde la comunidad científica, alertan sobre el efecto pernicioso del metano en la atmósfera: 80 veces más potente que el dióxido de carbono.

Los países de la región no son los principales responsables del efecto invernadero, pero tampoco resultan jugadores menores. Al comparar el total de emisiones acumuladas, vemos que países como Brasil o México muestran niveles relevantes y, cuando evaluamos valores per cápita, Argentina ocupa un lugar importante. También habría que analizar los sectores que se han beneficiado en Latinoamérica, el escaso derrame que el modelo extractivo ha generado hacia los sectores más marginados de las sociedades. Debemos ir hacia un nuevo modelo de desarrollo y comenzar a caminar una transición energética que beneficie a los más rezagados, que empodere a la sociedad.

Afortunadamente, surge en la región un nuevo relato, una visión que trasciende la (falsa) grieta. Del clamor de la población a las tribunas políticas, el discurso ambiental va ganando adeptos entre la clase política, surgen nuevos liderazgos que conjugan el tradicional clamor por la justicia social de la izquierda democrática con el respeto a la biodiversidad y el reconocimiento de los límites del planeta. Valga si no el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro en las Naciones Unidas, el cual plantea un parteaguas en la política regional. Pero también puede rescatarse la presencia de Marina Silva, junto a Lula, al festejar el triunfo de la coalición antifascista en Brasil el pasado 30 de octubre.

Se requieren nuevas narrativas, tanto como avanzar con políticas que privilegien el bien común. Atravesamos un momento de emergencia, dado que el tiempo para limitar el aumento de temperatura promedio en 1,5 °C se está acabando. En un reportaje reciente, el destacado científico Johan Rockström destacaba la relevancia de utilizar dicha palabra: emergencia. Con ella se denota la presencia de un riesgo no manejable, cuya resolución requiere más tiempo del que se posee. Si no actuamos, y pronto, hacia fines de siglo, la temperatura promedio aumentará en 2,8 °C. Nos dirigimos a la catástrofe, tal es el mensaje de António Guterres que algunos líderes políticos prefieren no oír.

La propaganda totalitaria se pudre rápido

Federico Finchelstein
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La propaganda totalitaria se pudre rápido

Las elecciones intermedias en Estados Unidos fueron una sorpresa para muchos, pero también una confirmación de una historia común que comparten fascistas y populistas. La sorpresa fue que, a diferencia de las predicciones de una victoria absoluta del trumpismo republicano, los demócratas del presidente Joe Biden pudieron mantener su mayoría en el Senado y ganaron gobernaciones y legislaturas esenciales para mantener la legalidad en los comicios presidenciales del 2024. La confirmación de la tendencia histórica es que la mentira y la propaganda tienen fecha de vencimiento.

En concreto, la mayor parte de los candidatos elegidos a dedo por Donald Trump que se caracterizaron por su negacionismo sobre la victoria de Biden en 2020 fueron derrotados. Ambas cosas, sorpresa y confirmación, están relacionadas.

Tal como se dio en Brasil, la campaña dominada por las mentiras y la desinformación fue rechazada por la mayoría de los ciudadanos. Así como en Brasil, en EE. UU. la realidad de una democracia amenazada por extremistas fue determinante para que quienes se oponen a Trump pudieran convencer a electores, que en muchos casos no eran cercanos en términos económicos o sociales, pero que sí comparten la necesidad de defender la democracia.

En los casos de los grandes derrotados de esta década, Trump y Jair Bolsonaro, la lección es clara. Cuando los populistas están en el poder es más difícil imponer las mentiras en el tiempo. La realidad catastrófica de sus acciones como la negación de la COVID-19 y las vacunas, incluyendo los golpes de Estado o la amenaza de llevarlos a cabo, los actos mafiosos y las teorías de la conspiración fomentadas por el racismo, el odio a lo distinto y la xenofobia, niega los engaños y eventualmente los hace más evidentes.

La historia de las mentiras fascistas confirma la misma situación. Los dictadores Adolfo Hitler y Benito Mussolini mintieron sobre enemigos y guerras, exterminios, genocidios e imperialismos, hasta el punto de que la derrota total los expuso como emperadores desnudos que destruyeron a sus países y fueron abandonados por la mayoría de sus seguidores.

Distinto es el caso de mentirosos en la oposición que no tienen que deformar la realidad de sus acciones sino solo hacerlo con respecto a los que están en el Gobierno. El preocupante triunfo de Giorgia Meloni en Italia, los preocupantes resultados de los populistas de extrema derecha en Suecia o los continuos intentos de deformar la realidad por parte de los trumpistas de Argentina o Chile son ejemplos de esta última situación.

En EE. UU., aunque los republicanos de Trump ya no están en el poder, la memoria del trumpismo está muy fresca y pisa fuerte. La constante presencia de Trump en la política del país y las decisiones antiaborto de una corte de extrema derecha consolidada por Trump fueron realidades demasiado evidentes para ignorar o distorsionar de manera absoluta.

Si bien los republicanos se quedaron con la mayoría en la Cámara Baja y el extremista Ron DeSantis, exdiscípulo de Trump y posible contrincante, se hizo con la Gobernación de Florida, se puede hablar en general de una derrota del trumpismo y su propaganda. Cabe entonces pensar algunas lecciones que nos deja esta derrota de los proyectos de aspirantes a fascistas como Trump y Bolsonaro.

En primer lugar, las mentiras y la propaganda fascistas pueden detenerse y ser derrotadas con información real sobre la crisis y la muerte que generan estos líderes. A la larga, la realidad triunfa sobre los aspirantes a fascistas. Además, las instituciones legales y los tribunales independientes son clave para detener los golpes de Estado en cámara lenta, tal como pasó en Brasil con el intento de supresión de votantes mediante bloqueos de la policía en muchas rutas principales y, tal como se observó, en el caso de funcionarios republicanos en Arizona, que hicieron respetar la legalidad de los comicios.

Otra lección es que los votantes deben votar. EE. UU. nos regala la esperanza de generaciones jóvenes que salen a defender la democracia a partir del voto. Sin ellos, hubiera ganado el trumpismo. Además, se deben crear y apoyar coaliciones amplias de centro/izquierda/derecha para confrontar a quienes quieren destruir la democracia. En suma, se debe recordar la historia de las coaliciones antifascistas que derrotaron al fascismo. Eso es lo que representaron la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en EE.UU.

Los líderes autoritarios deben ser procesados por sus actos ilegales, como pasó en Argentina en 1985 con los líderes de la dictadura. En este punto, mucho queda por hacer tanto en Brasil como en EE. UU.  

También es importante llegar, a través de los medios independientes, a aquellos que quieren dejar atrás su identificación con el culto del líder mesiánico. Debemos estar atentos a defender constantemente la democracia, pues estas victorias son batallas en una contienda de largo aliento. Entender que los actores antidemocráticos sin escrúpulos legales siguen ahí y que no se puede bajar la guardia frente al desafío totalitario que representan es de vital importancia. El trumpismo y sus esbirros globales llegaron para quedarse.

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Las guayaberas de Lula y la recomposición de las relaciones con la región

Carlos Domínguez Avila
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Las guayaberas de Lula y la recomposición de las relaciones con la región

La imagen que proyecta un líder, incluyendo su vestimenta, es un activo sumamente importante para los políticos. Ya sea con el traje formal masculino (occidental), la túnica maoísta, el thobe árabe o el kurta indio, a lo largo de la historia los líderes políticos han vestido ciertas prendas con el propósito implícito o explícito de construir y transmitir una imagen trascendente. Lo mismo sucede con la guayabera, como se conoce a un tipo de camisa muy popular utilizada en la cuenca del gran Caribe y proximidades, desde la Florida en Estados Unidos hasta el norte de Bolivia, y desde el Pacífico mexicano y ecuatoriano hasta las Canarias (España).

La guayabera es utilizada en encuentros políticos y sociales de alto nivel, principalmente en regiones tropicales. Esta se ha incorporado a la estética de numerosos dirigentes latinoamericanos y caribeños de las más diversas orientaciones políticas e ideológicas, inclusive liberales, progresistas o conservadores. Asimismo, al usarla en eventos internacionales de alto nivel, los líderes y diplomáticos intentan transmitir una identidad particular. En términos académicos, todo lo anterior tiene vinculaciones con el concepto del soft power.

Si bien la guayabera no es una prenda empleada comúnmente en Brasil, no cabe duda de que forma parte del vestuario del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva. Ocurre que, al menos desde la década del 1990 hasta la reciente campaña electoral, el veterano político brasileño ha utilizado de forma notoria su extensa colección de guayaberas, incluyendo el momento de ejercer el sufragio en el segundo turno (balotaje).

En retrospectiva, las guayaberas de Lula proyectan una imagen de liderazgo consistente, creíble, cordial y diferenciado. Pero, además, el empleo de una prenda de vestir inequívocamente latinoamericana transmite el compromiso personal, político-partidista y civilizatorio del futuro gobierno de Lula con el conjunto de países del continente.

A diferencia de lo observado durante el gobierno saliente de Jair Bolsonaro, es bastante probable que el futuro mandatario brasileño avance hacia una completa revisión de la política latinoamericana del Gobierno de Brasilia. Ello parece ser más que necesario, en virtud de la clara depreciación de las relaciones del gigante sudamericano con la mayoría de sus vecinos, sea en términos bilaterales y multilaterales, o en tópicos sectoriales de la agenda regional (especialmente en asuntos, tales como democracia, derechos humanos, integración económica, medio ambiente, cooperación internacional para el desarrollo, seguridad internacional y cuestiones estratégicas contemporáneas).

El brusco retiro de Brasil de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en 2019, es uno de los ejemplos más evidentes de la política llevada a cabo por Bolsonaro. La participación del Gobierno de Brasilia también fue escasa en otros foros político-diplomáticos, económicos, ambientales o culturales, como la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, el Mercado Común del Sur, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica o la Comunidad Iberoamericana.

Por lo tanto, los principales escenarios prospectivos disponibles sugieren que, a partir de enero de 2023, Lula y su gobierno trabajarán en favor de una renovada reinserción del Brasil en las relaciones internacionales de América Latina. No cabe duda de que tal recomposición de las relaciones bilaterales, multilaterales o sectoriales de Brasil con sus vecinos será positiva, constructiva y propositiva.

Aunque muy eficiente en la defensa de sus intereses nacionales, el líder petista ha demostrado, desde hace más de cuatro décadas, un profundo aprecio, conocimiento e interlocución con dirigentes políticos, sociales, económicos y culturales oriundos de casi todos los países vecinos. He aquí la parábola de “vestir la guayabera”, en el sentido de formular e implementar una política externa para la región latinoamericana y caribeña mucho más pragmática, republicana y consecuente, sin olvidar que ello es un mandato constitucional para las autoridades brasileñas.

A juzgar por las primeras reacciones de los líderes políticos de los países vecinos ante la victoria de Lula, la interlocución con la mayoría de los gobiernos (incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá) será fluida y coherente. Ello es aún más oportuno teniendo en cuenta que la agenda hemisférica y global actual presenta muchos asuntos que podrían ser beneficiados por un reposicionamiento político-diplomático de Brasil. Esto va desde aspectos climáticos y de seguridad alimentaria, pasando por la difícil situación político-social de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua, hasta los desdoblamientos regionales por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Otros temas en los que el papel de Brasil sería fundamental son los que tienen que ver con asuntos de seguridad internacional, integración económica (incluyendo el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea), las relaciones con actores extrarregionales (China, la India, Turquía, Sudáfrica), flujos migratorios y refugiados, así como aspectos socioculturales y consulares.

En suma, más allá de lo meramente estético, de la identidad política o de la imagen que el futuro mandatario brasileño pretenda continuar transmitiendo a través de su colección de guayaberas, parece incuestionable que Lula y su gobierno procurarán avanzar hacia un reencuentro con sus vecinos latinoamericanos. En tal sentido, “vestir la guayabera” no deja de implicar un compromiso renovado que esté orientado hacia la construcción de un futuro común y de un orden internacional de pueblos libres.

En defensa del INE y la democracia en México

Alejandro García Magos
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En defensa del INE y la democracia en México

La marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y la democracia en México fue un éxito absoluto de sus organizadores. Hacía tiempo que no se registraba un evento multitudinario de este tipo en la capital del país. Los ciudadanos que marcharon exigieron al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que retire su proyecto de reforma electoral, la cual en los hechos reduce la autonomía del INE. Por varios años ya, AMLO ha intentado socavar la autonomía y presupuesto del INE. Su proyecto de reforma es su más reciente y burdo intento de someter al instituto a su órbita de influencia, garantizando así a su partido MORENA un tablero electoral ventajoso. Ese objetivo antidemocrático fue enterrado el domingo. Queda claro que la reforma electoral no va a pasar; y no porque los partidos no la acepten (que también), sino porque fueron los propios ciudadanos los que dijeron “basta”.

La reacción del oficialismo a la marcha fue la de siempre: descalificación e insultos. Llama la atención, sin embargo, que uno de los principales cuestionamientos desde el gobierno a los participantes es que son de “clase media”. No se equivocan del todo, la exigencia de democracia en México ha sido históricamente una demanda de clases medias urbanas, particularmente de la Ciudad de México (CDMX).

El concepto de “clase media” en el país es muy amplio. Según una encuesta, 6 de cada 10 mexicanos se considera a sí mismo clasemediero. Y aunque no es tan fácil como se pretende desde el oficialismo marcar con claridad las líneas sociales, una somera mirada al pasado revela que en efecto han sido las capas sociales medias y urbanas las que exigieron un cambio democrático en el país.

Se cuentan con los dedos de una mano los años que México vivió en democracia durante el siglo veinte. 14 meses con Francisco I. Madero entre noviembre de 1911 y febrero de 1913, y los años posteriores a 1996 cuando el INE adquirió autonomía respecto al poder ejecutivo. Fuera de ello, durante todo el resto del siglo el país vivió en el desorden o bajo regímenes autoritarios como lo fue el hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1929-2000).

Surgido de las cenizas de la Revolución Mexicana (1910-1920), el PRI en sus inicios se formó como una federación de caudillos revolucionarios que decidieron dejar de guerrear para mejor repartirse el poder. Crearon así un gran instituto político que daría cabida a toda la “familia revolucionaria” que de esa forma conservaría y accedería al poder de forma pacífica y ordenada por las siguientes siete décadas.

La fórmula del PRI de incorporar y acomodar intereses en su seno funcionó a las mil maravillas, y así se siguieron sumando grupos y organizaciones al partido. Tanto fue así que para 1934, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, el PRI cambió su perfil, tornándose en un partido de masas obreras y campesinas organizadas respectivamente en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En 1943 el PRI formaría un tercer sector para abarcar la creciente clase media del país bajo el manto de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Este sector aglutinaría organizaciones urbanas profesionales y populares de todo tipo: burócratas, micro, pequeños y medianos empresarios, organizaciones vecinales, profesionistas, trabajadores independientes, jubilados, pensionados, trabajadores del transporte, jóvenes y universitarios, mujeres trabajadoras y jefas de familia, etc. Sectores medios urbanos, pues.

Años antes, sin embargo, se fundó en CDMX el Partido Acción Nacional (PAN) como un partido de centro derecha de orientación demócrata-cristiana con el claro objetivo de buscar un cambio democrático en el país. Durante décadas el PAN fue labrándose un nicho entre las clases medias urbanas que, aunque quizá no compartían su ideario, pero veían en él un vehículo anti-PRI a través del cual expresar un deseo de cambio.

Por el lado de la izquierda, no fue hasta 1977 que se llevó a cabo una apertura política que permitió que los partidos de esa orientación empezaran también a ser vehículos de aspiraciones democráticas. Ello fue particularmente cierto en el caso de la CDMX. Los números no mienten: ya en 1976, durante el pleno apogeo del PRI, los votos para la oposición en la capital del país fueron el triple que la media nacional.

La CDMX no tiene vocación de izquierda sino de oposición. Esas clases medias que AMLO vitupera un día sí y otro también han sido históricamente la oposición al autoritarismo en el país. En el siglo veinte plantaron cara al autoritarismo del PRI y en el siglo que corre hacen lo mismo frente al intento de regresión autoritaria de AMLO embozado de “reforma electoral.”

¿Qué lecciones cabe extraer de este sainete? Tres muy claras. Una es que la reforma como tal está muerta y enterrada, la marcha le pasó por encima y la aplastó. Dos, la ciudadanía le paró los pies al poder. AMLO conoció los límites de sus fuerzas y que la paciencia de la sociedad tiene también sus límites. Y tres, la alcaldesa de CDMX y favorita del presidente para sucederle, Claudia Sheinbaum, fue la gran perdedora de la jornada. Al tratar de quedar bien con su jefe descalificando a los ciudadanos que participaron en la marcha, se pegó un tiro en el pie al antagonizar con sus propios votantes que le dieron la confianza en 2018 para gobernar la ciudad. 

En efecto, si bien es cierto que fueron las capas medias urbanas del país las que impulsaron la transición democrática en el país (1977-1996) en buena medida a través del PAN, también es verdad que sus votos no son patrimonio de la derecha ni de la izquierda. De hecho, lo que hemos visto en México en las últimas elecciones es que las lealtades partidistas de los votantes de clase media son bastante flexibles. AMLO mismo ha sido votado por esos sectores medios capitalinos a los que debe su ascendente carrera política. Fue incluso arropado por esos sectores en 2005 cuando el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) torpemente intentó evitar que compitiera por la presidencia levantándole cargos criminales. Fueron entonces decenas de miles de personas las que, como este domingo pasado, salieron a las calles a apoyarle en la defensa de sus derechos políticos. Lo sé de primera mano porque estuve ahí.

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Fútbol y política, entresijos de la polarización

Manuel Alcántara
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Fútbol y política, entresijos de la polarización

Si cree que este artículo aborda el Mundial de Qatar y su procelosa relación con el poder, algo por otra parte muy relevante, puede dejar de leerlo. Aquí me refiero a la forma en que la lógica que preside el fútbol (y otros deportes) impregna a la política. Hoy se da una situación en que esta no solo no se entiende sin los usos y entendimientos propios del universo futbolístico, sino que hace uso de estos para su desempeño.

Ello ocurre de manera palmaria cuando se quiere comprender la tan citada polarización. Definida en las recientes elecciones brasileñas o en los últimos comicios colombianos, así como de otros países de la región; en Argentina da paso a la grieta y es una evidencia muy sólida en la arena política cotidiana chilena o uruguaya. Todo el mundo la esgrime, de manera que acaba convirtiéndose en el mantra explicativo difuso del estado de cosas actual y de sus males.

En efecto, la polarización es el demiurgo por excelencia del mundo de la política cuya presencia se extiende cada vez a más ámbitos y se enseñorea de cualquier liza por el poder. Cuando Bernard Manin hace 25 años se refirió por primera vez a la “democracia de audiencia” realizaba un análisis certero de una situación donde el electorado dejaba de apostar por los partidos para centrarse en las candidaturas, los medios de comunicación se erguían como los foros de intermediación por excelencia y la asesoría política, basada en presupuestos de mercadotecnia, era el agente principal del proceso.

Además, apenas dos lustros después el panorama comenzó a cambiar radicalmente gracias a la transformación digital exponencial. Las sociedades se individualizaron aun más tras lo señalado por Zygmunt Bauman al inicio del presente siglo cuando comenzó a explotar su idea de la “modernidad líquida”. En seguida, el capitalismo rampante abocó a fórmulas insólitas de autoexplotación del enjambre que configura la “sociedad del cansancio”, de acuerdo con Byung Chul Han, llegando al capitalismo de la vigilancia de Shoshana Zuboff, un nuevo orden económico “que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas”.

Todo ello no es ajeno a una gran mayoría de países de América Latina donde los estragos de la crisis iniciada en Estados Unidos en 2008 tardaron en llegar desinflándose la época dorada de las materias primas. Sin embargo, en la política, al contrario de tiempos anteriores, la democracia no se quebró y solo en Venezuela y en Nicaragua se degeneró severamente. Pero un estado de fatiga se fue extendiendo poco a poco. En su caracterización, con claros guisos de malestar popular, por el brete de expectativas, la desigualdad, la corrupción y la inseguridad. Y, por otra parte, de crisis en la representación, por la desconfiguración de los partidos y el individualismo agobiante, se incorporaba el presidencialismo como forma de gobierno presente en todos los países.

Pero, a estas alturas, ¿qué tiene que ver el fútbol con todo esto? Hay al menos cuatro aspectos que sobresalen a la hora de caracterizarlo: reglas, competición, espectáculo, y emociones, a los que se une un elemento aglutinador que señalaré al final. En los cuatro elementos la política encuentra una conexión. El presidencialismo recién citado se mueve bajo el imperio de la lógica suma cero según la cual el que gana se lo lleva todo. Las elecciones son el marco de la competición que ha terminado por convertirse en el principal, cuando no único, mecanismo democrático real.

Pero el mismo se halla capturado por una combinación perversa en la que se combinan los requisitos del espectáculo con la pasión futbolera a la hora de interpretar la política. Dirigida por un grupo de gurús de la comunicación y con un componente cada vez más sofisticado de estrategias virtuales se produce una intensa retroalimentación de ambos gracias al gran impulso que dan las emociones. De hecho, en el mundo académico, y siguiendo el trabajo de Mariano Torcal, hoy se habla menos de polarización ideológica que de polarización afectiva generada “por sentimientos respecto de determinadas identidades o actores políticos del sistema”.

El elemento aglutinador al que me refería se refiere a la banalización que engulle el proceso. A fin de cuentas todo se convierte en un juego en mayor o menor medida galante. Solo la extralimitación de las pasiones puede hacerle derrapar. Unas barras bravas desbocadas o la violencia política contra candidatos o seguidores son las gotas ácidas de la propuesta.

Creo que esa construcción del relato del presente que hace la mayoría de comentaristas, formadores de opinión y gurús, aunque con base en aspectos que aparentemente pueden ser objetivables, es muy perversa. Alucinados ante una avalancha de supuestas verdades que cada uno construye a su antojo, de viralización, de activismo digital anónimo y sin un cuestionamiento serio de lo que sucede, en el fondo no hacen sino atender a lo que interesa al gran público. No es solo el clásico asunto de «pan y circo», sino el resultado del paroxismo al que ha conducido hasta el momento la transformación exponencial digital vivida donde los símbolos y el lenguaje son permanentemente retorcidos.

Términos como “la cancha está embarrada”, “la victoria en el tiempo del descuento” o “la revancha del partido de ida” que ilustran buena parte de los análisis se suman al fervor de quien porta una determinada camiseta que debe terminar imponiéndose frente a cualquier otra opositora. A fin de cuentas, como señala Miguel Pastorino, se produce una alarmante incapacidad para separar las opiniones de la identidad, con lo que, como ocurre en el fútbol, la camiseta presupone un cúmulo de argumentos y nunca al revés.

La polarización resulta así un trampantojo. Una palabra más que se introduce en la jerga de la política que confunde, pero que es el producto de una estrategia adecuada, a la vez, en el marco de actuación del presidencialismo que ceba el narcisismo, al igual que en un entorno social en el que las emociones de la grada gozan de un predicamento hoy por hoy imbatible. La polarización es el argumento del partido, su propia razón de ser. Sin ella no hay juego ni, a fin de cuentas, público interesado.

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