Las Zonas Económicas Especiales de Maduro: un manotazo de ahogado más

Xavier Rodríguez-Franco
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Las Zonas Económicas Especiales de Maduro: un manotazo de ahogado más

El pasado 20 de julio Nicolás Maduro anunció la creación de cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE) en varias regiones costeras de Venezuela: Paraguaná, Puerto Cabello-Morón, La Guaira, Margarita y la isla La Tortuga. La noticia, de obligatoria difusión en “cadena nacional”, como acostumbra el chavismo, fue acompañada de su correspondiente ley orgánica y superintendencia. 

Se trata de un instrumento normativo de 38 artículos en los que se plantea una iniciativa gubernamental para fomentar la inversión extranjera y procurar un “nuevo equilibrio en el desarrollo nacional”. Básicamente se trata de un intento desesperado para atraer divisas y sortear las sanciones internacionales, en vista de su pertinaz negativa a ceder en su forma despótica de ejercer la autoridad, y evitando cualquier arreglo negociado a su atrincheramiento político.

Las ZEE están ubicadas en regiones geográficas específicas (habitualmente con salida al mar) en las que se establece un régimen fiscal diferenciado del resto del país, con el fin de promover determinadas actividades comerciales orientadas principalmente hacia el comercio internacional de bienes y servicios. Desde mediados de los setenta, este tipo de mecanismo se ha implementado en varios países del mundo mediante diferentes modalidades, y actualmente existen más de 4.000 ZEE en 76 países. Casi la mitad han conseguido prosperar y sostenerse en el tiempo.

Buena parte del éxito de estas zonas se debe a diferentes condiciones socioeconómicas, más allá de su baja carga impositiva. Las ZEE requieren una infraestructura instalada mínima de servicios públicos, así como la seguridad jurídica mínima para que cualquier inversión nacional o extranjera pueda tener ganancia y resguardo ante cualquier potencial arbitraje; un esquema “ganar-ganar” que incluya al empresario, algo históricamente ajeno a la doctrina económica del chavismo, siempre recelosa del libre mercado en cualquiera de sus formas.

A escala global, uno de los casos más recientes, aunque de incierto futuro, fueron los puertos francos y las ZEE que propuso el saliente gobierno de Boris Johnson como compensación al brexit en el Reino Unido. Mientras tanto, en nuestra región se destacan las ZEE implementadas en México durante la gestión de Enrique Peña Nieto y más recientemente el proyecto Ciudad Bitcoin en El Salvador, tras la cuestionable decisión gubernamental de hacer de este criptoactivo una moneda de curso legal. Sobre este último, tras varios meses del festivo anuncio del presidente Nayib Bukele, el lugar sigue siendo El Zonte, un pequeño pueblo pesquero en el sur del país, donde aún se espera por los inversores que conviertan el lugar en la primera ZEE centrada en la criptomoneda.

Estos casos demuestran que, más allá de las soflamas de los políticos, el florecimiento de estas zonas no depende de un decreto presidencial o de la voluntad de un puñado de empresarios dependientes del Estado. Se necesita inversión privada con certidumbre de lucro.

En Venezuela todo ha naufragado durante el socialismo

En la historia económica contemporánea venezolana existe un antecedente en las conocidas zonas francas creadas desde 1991. En su momento, estas pudieron dinamizar parcialmente la economía y funcionaron en ciertos momentos como mecanismos para equilibrar la balanza comercial del país. Sin embargo, su operatividad ha estado desde entonces sumamente influenciada por la gestión gubernamental, lo cual terminó por degenerarlas en zonas orientadas principalmente hacia la llamada “economía de puertos”. Es decir, espacios dedicados a las importaciones masivas que han sido promovidas por el ingreso petrolero que se aspiraba fuese sustituyendo el tejido empresarial nacional en rubros económicos históricamente considerados como “estratégicos” o de “interés nacional”.

Es importante considerar que el socialismo venezolano, a lo largo de sus más de dos décadas de hegemonía política, ha causado el exterminio de empresas privadas, una catástrofe económica sin igual en la región. Según datos de Conindustria y de Fedecámaras, la revolución bolivariana ha conllevado la expulsión de alrededor de medio millón de empresas privadas, además de la expropiación y estatización de más de 1.400 empresas en Venezuela.

Ante semejante descalabro, el régimen de Maduro apela ahora a estas zonas económicas especiales. Pero tal como lo refiere a lo largo de su articulado, el papel fiscalizador y supervisor del Estado condiciona cualquier aspecto operativo y de capitalización que pueda desarrollarse en estas ZEE. Además, estas entidades están adscritas administrativamente a funcionarios con restricciones financieras internacionales en su contra y, en algunos casos, hasta con órdenes de captura. Y es que de acuerdo a la firma venezolana Ecoanalítica y a la ONG Transparencia Internacional, el 21% de los ingresos del Estado venezolano provienen de actividades ilegales, el mismo Estado, responsable directo del desplome del producto interno bruto más acentuado de la región desde 2013.

Estos antecedentes poco alentadores son los que deberá sopesar cualquier empresario, nacional o extranjero, que busque algún tipo de participación en estas ZEE. De hecho, a despecho de quienes aseguran que en Venezuela existe un capitalismo autoritario de Estado, en la práctica, su economía está en las antípodas de un régimen mínimo de capitalización y apertura de mercado sostenible. Ni siquiera para su propia boliburguesía de bodegones. 

Por tanto, queda claro que no es suficiente con voluntarismo político y discursos nacionalistas para hacer que emerja la inversión privada. Tratándose de una economía asfixiada por el naufragio de su propio Estado autoritario, lo que se requiere es de más Estado de derecho, más transparencia, más inversión autónoma, libertades empresariales, posibilidad de lucro, infraestructura de servicios públicos básicos y, sobre todo, respeto a la propiedad privada. Solo así estas ZEE podrán plantearse como una estrategia de desarrollo sólido y sostenido.

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Ortega, la observación electoral y los despojos de la democracia

Leandro Querido
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Ortega, la observación electoral y los despojos de la democracia

La observación electoral es clave para legitimar elecciones. Por ello, los países que regulan la observación acreditan a organizaciones nacionales e internacionales que analizan e informan de manera imparcial la calidad e integridad de las elecciones. Para esto, se obtienen insumos de la sociedad civil y de los partidos políticos, además de los entes electorales, para evaluar las condiciones, organización y normativa de los comicios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando las elecciones no son libres y transparentes o, peor aún, cuando se celebran en contextos no democráticos? ¿Qué lugar tiene la observación electoral? Ninguna.

Durante los comicios generales nicaragüenses de noviembre de 2021 se encarceló a miembros de la oposición, incluyendo a los aspirantes a la Presidencia y a académicos como José Antonio Peraza, miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral y coautor del libro El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente? y de una célebre investigación que confirmó el fraude en elecciones municipales anteriores. Además, se silenció a los medios de comunicación independientes, se atacó a sectores de la sociedad civil, y se negó la observación electoral internacional que recomendó la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hoy, la integridad electoral en Nicaragua es cosa del pasado. En el año 2011, el Consejo Supremo Electoral (CSE), de composición partidaria, excluyó a los miembros de partidos de la oposición y se negó a acreditar a sus fiscales o permitirles seguir el escrutinio. El año pasado, redujo el tiempo permitido para hacer campaña y para marcar la boleta. El CSE debilitó la autonomía de los partidos y sumó discrecionalidades acerca de las sumatorias (conteo), la publicación de resultados, las quejas, las impugnaciones y los recursos. Fundamentalmente, el CSE tampoco aclaró los criterios para delimitar las circunscripciones, limitó el principio de igualdad del voto y sometió el diseño de distritos electorales a criterios políticos, y no técnicos.

La ausencia de las misiones de observación electoral en Nicaragua en 2021 es una de las variables que explica la ubicación del país en los últimos lugares del Índice de Observación Electoral de América Latina que fue elaborado por Transparencia Electoral. Los comicios de noviembre pasado no contaron con ninguna misión de observación calificada, como las de la OEA, la Unión Europea (UE) o el Centro Carter. Las últimas misiones de observación de la OEA y la UE se dieron en 2011.

En 2021 no hubo misiones de observación de carácter técnico, nacionales o internacionales, dado que la única figura contemplada es la del acompañamiento electoral, que llevan a cabo miembros del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Diferenciar la observación electoral del acompañamiento es muy importante actualmente, dada la proliferación de organizaciones que hacen observación electoral falsa y pretenden validar procesos electorales que carecen absolutamente de integridad.

El acompañamiento electoral se diferencia de la observación porque limita la libertad de expresión y la movilidad de los miembros de la misión, exige que el informe no sea publicado en algunos casos y habilita al país anfitrión a controlar las actividades de los acompañantes. Según el Centro Carter (2012), el objetivo del acompañamiento es invitar a extranjeros a observar solo la jornada electoral, y su presencia es más que nada simbólica. Por otro lado, la observación electoral se trata de invitar a organizaciones internacionales a evaluar de forma sistemática e imparcial un proceso comicial, y posteriormente se formulan aportes para mejorar la integridad de los procesos, fortalecer la confianza de los electores en las instituciones e informar a la sociedad y a la comunidad internacional de lo acontecido.

Hay otros términos afines al de observación, como el de veeduría, que implica una libertad y funciones más acotadas que las de observación. La veeduría es un mecanismo de observación mayormente nacional, en la que los ciudadanos fiscalizan distintas etapas del proceso electoral. En Nicaragua, la incorporación de la figura de acompañamiento electoral en la legislación se dio en mayo de 2021, cuando la Asamblea Nacional controlada por el FSLN aprobó la Ley de Reforma y Adición a la Ley Electoral.

Según el observatorio Urnas Abiertas, el cambio de término aprovecha el desconocimiento sobre estas diferencias para explotar ambigüedades y cerrar las puertas a organizaciones calificadas para desempeñar la observación electoral. La ley no especifica la duración del acompañamiento, las fases en las que participa o su vinculación con actores de la sociedad civil; pero la diferencia fundamental del acompañamiento electoral de Ortega y las misiones de observación electoral radica en su imparcialidad, exactitud, independencia y metodología.

Prohibir la observación electoral en favor del acompañamiento genera certeza en solo un aspecto: el régimen se preocupa por mantener las apariencias, el mismo motivo por el cual el 6 de noviembre de este año, Nicaragua celebrará elecciones municipales (aunque todavía no se han convocado oficialmente). Si el proceso electoral presidencial de 2021 es alguna referencia, lo que pasará en noviembre no deberá sorprender a nadie, ya que el objetivo del partido oficial es captar las 153 alcaldías del país sin competencia alguna.

De acuerdo con una medición independiente de la organización Urnas Abiertas, la abstención en esas elecciones alcanzó el 81,5%, aunque la versión oficial del CSE la ubicó en 34,7%. Después de encarcelar a nada más y nada menos que a siete rivales y exiliar a otros dos, Ortega aseguró en esas elecciones su cuarto mandato consecutivo (quinto en total).

De manera que el país se dirige a estos comicios con nulas garantías, sobre todo después de que el 4 de julio, el régimen de Ortega reemplazara a los titulares de cinco alcaldías que se encontraban en manos del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL). La medida hace recordar al año 2014, cuando en la Venezuela de Nicolás Maduro se destituyó y encarceló ―en un inédito caso de intervención por parte del Poder Judicial politizado― a los alcaldes opositores de los municipios de San Diego y San Cristóbal, en los estados Carabobo y Táchira, respectivamente. Es decir, las elecciones municipales de noviembre van a darse en un contexto en el que se desconoce si las autoridades electas, de pertenecer a un partido de la oposición, podrán asumir y ejercer sus funciones o si podrán terminar su mandato.

En cualquier caso, la supresión de la observación electoral calificada es una consecuencia del declive democrático de Nicaragua. Y es que las misiones de observación estaban entre los actores que alertaron sobre la progresiva (aunque más violenta al compararla con otros casos similares) evolución de la ofensiva de Ortega contra la administración electoral y la institucionalidad democrática, cuya independencia e integridad se ha perdido por completo.

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Violencia política: el grito de auxilio de las democracias

Ana Cláudia Santano
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Violencia política: el grito de auxilio de las democracias

En julio de 2022, en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu fue asesinado Marcelo Arruda. Según las investigaciones, Arruda, que estaba vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fue asesinado por un partidario de Bolsonaro, lo que podría considerarse un crimen por motivos políticos. Este hecho fue puesto de manifiesto posteriormente por el Ministerio Público, que presentó la denuncia por un delito de motivación política.

No es nuevo que Brasil sufra con casos de violencia política. Según la encuesta realizada por las organizaciones Justicia Global y Terra de Direitos, se mapearon 327 casos ilustrativos de violencia política desde el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de septiembre de 2020. En este periodo se registraron 125 asesinatos y atentados, 85 amenazas, 33 agresiones, 59 delitos, 21 invasiones y 4 casos de detención o intento de detención de agentes políticos, siendo la violencia una práctica que alcanzó a representantes de diferentes siglas y en todas las regiones de Brasil.

El problema de la violencia política también es internacional. En Colombia, según datos del MOE Colombia, entre el 13 de marzo de 2021 y el 13 de junio de 2022, se registraron 751 casos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunitarios en el país. El estudio evidencia el aumento de casos letales en un 3,8% en comparación con las elecciones de 2018.

En México, de acuerdo con una encuesta realizada por la organización Data Cívica a través del proyecto «votos entre balas«, de 2018 a 2022 se registraron 749 ataques, atentados y amenazas contra personas activas en el ámbito político y gubernamental, así como contra instalaciones gubernamentales o partidistas. En Estados Unidos, el escenario es similar. En los últimos años, el país ha experimentado índices crecientes de violencia política, que alcanzaron su punto álgido con la invasión del Capitolio en enero de 2021.

Lejos de ser, por tanto, un problema aislado de un solo país, es natural cuestionar este panorama. ¿Por qué aumenta la violencia política? Para reflexionar sobre la respuesta, sugiero que el punto de partida sea otro problema, el de la disminución del apoyo a la democracia.

Según los datos del Latinobarómetro no es una novedad que las democracias estén siendo cuestionadas. El descontento social, unido a otros factores como la pobreza y la falta de respuestas políticas eficaces a los males públicos, hace que los ciudadanos se pregunten si el sistema democrático -tal y como lo conocen- es realmente el mejor modelo. Es notoria la fatiga democrática que cuestiona incluso la permanencia y el reconocimiento de los derechos políticos, ya que hasta el derecho al voto se considera una carga.

Lo que se observa en este contexto es que el aumento de la violencia política es una clara señal, en mi opinión, de la falta e incluso del abandono de los valores democráticos actuales, como el derecho a la disidencia y la tolerancia. En una época en la que la libertad de expresión, símbolo de las democracias liberales, se ha utilizado precisamente para atacar los sistemas democráticos, muestra que muchas cosas están fuera de lugar.

Así, los crecientes niveles de violencia reflejan la necesidad de una acción urgente en favor de la democracia. Es un grito de auxilio que vemos ante nosotros y que, por desgracia, aún no tratamos con la seriedad que deberíamos.

Sin embargo, el registro de casos de violencia política no está al margen de los intentos de justificar su ocurrencia, como si existiera algún tipo de «provocación» a la parte contraria que impidiera la convivencia de posiciones antagónicas en el mismo tiempo y espacio. A menudo vemos el intercambio de acusaciones entre los bandos afectados, siempre uno acusando al otro de los hechos que, al final, comprometen las libertades más básicas. En cada agresión, asesinato o amenaza, no hay sólo una víctima, sino un grupo de personas que se ven afectadas por los hechos.

La violencia política se vuelve aún más difícil cuando se dirige a las mujeres, a los negros, a los indígenas, a las personas LGTBQIA+, etc. Aquí, la agresión viene con la carga de la discriminación, de un discurso opresivo que muestra que estas personas no deben estar en política y que, por su atrevimiento a participar directamente, deben arriesgar sus cuerpos y su salud mental. Nada más lejos del ideal democrático que se ha construido en las últimas décadas.

La actitud de las instituciones tampoco parece estar a la altura de la gravedad de los hechos. En algunos casos, vemos que los mecanismos institucionales de protección simplemente no funcionan, ya sea por falta de capacidad institucional, o incluso porque la ideología violenta puede haberlos contaminado también. Sus ocupantes suelen ser partidarios de prácticas violentas, lo que hace que las instituciones puedan convertirse también en un importante agresor.

Así, las democracias que tratan de resistir los ataques que vienen sufriendo deben también lidiar con sociedades cada vez más fracturadas, incapaces de dialogar, que reniegan de la política y se dejan encantar por los cantos simplistas de las promesas populistas, que indican milagros para problemas esencialmente complejos.

¿Hay alguna solución para este cuadro negativo? Tal vez el comienzo de esa salida esté también en el ámbito de la democracia, más concretamente en la celebración de elecciones. Algunos ejemplos contemporáneos muestran que las sociedades, cansadas de la violencia, buscan en la democracia y en las elecciones, una forma de pacificación social.

De hecho, los procesos electorales fueron concebidos en este contexto. Lo que se vota se elige, no se impone, proporcionando una relación -al menos en apariencia- más horizontal entre todos. Al fin y al cabo, cada persona tiene derecho a un solo voto, y en este momento podemos decir que todos tenemos «el mismo peso», incluso con todas las diferencias existentes en esta expresión.

Las últimas elecciones celebradas en América Latina pueden dar una pista sobre este razonamiento. En procesos muy polarizados y envueltos en un contexto violento, como ocurrió en Chile (2021); Honduras (2021); y Colombia (2022), parece haber prevalecido un amplio acuerdo social en torno a la democracia y las elecciones, que culminó en un momento postelectoral de pacificación. Esta pacificación fue duradera sólo en algunos casos, porque de ello depende el cumplimiento de las expectativas del electorado para la opción ganadora. Sin embargo, el clima de tensión preelectoral que existía fue refutado por la propia sociedad, que quería celebrar elecciones y decir a través de las urnas lo que quería que prevaleciera en ese momento.

Puede que sea una visión romántica de las elecciones, pero creo que son el antídoto más poderoso para alimentar la democracia y hacer frente a la violencia. La violencia busca que la gente no vote, que tenga miedo, que no participe. Las elecciones predican lo contrario.

La estrategia para salvaguardar la democracia puede comenzar con la celebración de elecciones. Elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, con un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la separación e independencia de poderes, tal y como establece la Carta Democrática Interamericana.

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Los retos del nuevo ciclo progresista

Josué Medeiros
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Los retos del nuevo ciclo progresista

La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia y la constante ventaja de Luiz Inácio Lula da Silva en las intenciones de voto para presidente de Brasil indican que los vientos progresistas vuelven a soplar en Sudamérica. Sin embargo, a diferencia del ciclo anterior que se inició con Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y tuvo como eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, el ciclo actual tendrá un nuevo eje estratégico: Santiago-Brasilia-Bogotá. Este nuevo ciclo progresista se enfrentará a tres retos políticos estructurales: la renovación de las izquierdas; la economía y el desarrollo, con énfasis en la emergencia climática; y la creciente polarización política.

 Las izquierdas y la renovación política

Según un estudio de Latinobarómetro de octubre de 2021, el 70% de los encuestados se declaró insatisfecho con el gobierno de su país. Estos datos son una prueba más de que la agenda de la renovación política se ha ido imponiendo en las democracias de América del Sur en la segunda década del siglo XXI y que las instituciones y las élites políticas que lideraron la redemocratización en la región están agotadas.

El futuro ciclo progresista aborda este problema de diferentes maneras, siendo Chile su expresión más radical. Llama la atención la dimensión renovadora de la Asamblea Constituyente, con su paridad de género y la representación de los pueblos originarios, algo impensable antes del «estallido».

En Colombia, la renovación aparece en forma de una composición con las tradiciones del progresismo de ese país, en la unión entre Gustavo Petro, un ex guerrillero y político que que fue diputado y alcalde, y Francia Márquez, una activista negra, líder ambientalista y antirracista.

Por último, Brasil parece tener el proceso político menos abierto a la renovación, con la candidatura de Lula y Geraldo Alckmin, dos políticos experimentados que han ocupado cargos importantes. Sin embargo, es posible ver una renovación en las otras disputas electorales que se producen en paralelo a la elección presidencial, como en el Congreso y en la disputa por algunos de los gobiernos estatales más importantes. Habrá una enorme presión y expectativas para una composición más representativa en términos de género y raza en el gobierno de Lula.

Dificultades económicas

Un factor común es el reto de consolidar este anhelo de renovación en una agenda política y económica de gobierno. Boric, Petro y Lula afirman una prioridad de lucha contra la pobreza y la consolidación de los derechos sociales que dialoga con la crisis social que atraviesa la región y que explica la sucesión de levantamientos populares ocurridos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú desde 2019.

Sin embargo, los tres buscan impulsar una alianza con cierta agenda pro mercado: Boric eligió como ministro de Economía al ex presidente del Banco Central Mario Marcel, defensor de la autonomía del organismo; Petro anunció como ministro al economista Antonio Ocampo, que formó parte de gobiernos liberales y apoyó a la derecha en las elecciones; y Lula, que evita hablar de nombres, tiene en Alckmin un «garante» de que no hará una gestión radical.

Entre la prioridad dada a los temas sociales y a los pactos con el mercado, está la cuestión medioambiental, presentada por los tres líderes progresistas como la dimensión que impulsará las economías de Chile, Colombia y Brasil en sus gobiernos. Boric anunció, en un discurso ante empresarios antes de tomar posesión, que dirigirá un gobierno «ambientalista» y que «afrontará la crisis climática». Petro, en su primer discurso como presidente electo, afirmó que la «justicia ambiental» será un trípode de su gobierno. Y Lula viene articulando en su programa una propuesta de New Deal verde brasileño.

Este es un reto para los progresistas de los tres países, cuyas economías tienen en la minería, la agroindustria y el uso de combustibles fósiles uno de sus principales pilares. El hecho es que hacer viable la agenda medioambiental es fundamental para conectar con la demanda de renovación de la política y la democracia, y puede ayudar también a la resolución de la tercera dimensión, que es la polarización.

Polarización política

Desde 2015 la región ha visto una hegemonía política de la derecha: ese año Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales en Argentina y la oposición al chavismo obtuvo la mayoría en el parlamento venezolano. En 2016, el golpe parlamentario contra Dilma consolidó la ola de la derecha sudamericana. En 2017, Ecuador eligió a Lenin Moreno, sucesor del izquierdista Rafael Correa, con el que rompió inmediatamente; en 2018, Sebastián Piñera volvió a la presidencia de Chile; en 2019, Uruguay eligió a Lacalle Pou, del Partido Nacional; ese mismo año, un golpe de Estado en Bolivia provocó la dimisión de Evo Morales.

Los signos de un renacimiento progresista comenzaron en 2019, con el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina. Ese mismo año, Chile se vio sacudido por el «estallido social», un levantamiento popular que condujo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente e impulsó una radical renovación política que culminó en 2021 con la elección de Gabriel Boric como presidente. También en 2021, Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú. Y un año antes, en 2020, Luis Arce ganó las elecciones en Bolivia.

Sin embargo, la ultraderecha autoritaria sigue siendo extremadamente fuerte en Chile y Colombia, y también lo será en Brasil, aunque Bolsonaro pierda las elecciones. Esto implica un escenario no sólo de polarización, sino de mantenimiento de la violencia política como método de acción y movilización. Las agendas de defensa de la familia y los valores cristianos, la «tolerancia cero» contra los movimientos sociales y la diversidad en defensa del orden seguirán guiando la sociedad y las instituciones de los tres países.

El tipo de polarización política y social que provoca esta extrema derecha no desaparece al día siguiente de las elecciones. Por el contrario, puede incluso empeorar con estos sectores en la oposición. El panorama político en Estados Unidos lo confirma, con la radicalización de los republicanos, el ataque a los derechos por parte del Tribunal Supremo y la creciente violencia social.

No bastará con volver al desarrollismo progresista del siglo XXI. Necesitamos una estrategia concreta para reconstruir el tejido social e institucional que incluya la lucha contra la pobreza, pero también la adhesión efectiva y concreta de la izquierda tanto a la agenda socioambiental como a la demanda de renovación política y democrática.

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Preparando a las Américas para la próxima pandemia

Anna Stewart-Ibarra
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Preparando a las Américas para la próxima pandemia

La creciente amenaza de las enfermedades infecciosas emergentes 

La COVID-19, la viruela del mono, el dengue… Los titulares de hoy no dejan lugar a dudas de que seguirán apareciendo nuevas enfermedades virales que amenacen nuestra salud. Las enfermedades infecciosas están surgiendo a un ritmo nunca antes visto, como resultado de los cambios globales del último siglo que favorecen la transmisión, junto con el desarrollo de mejores tecnologías para diagnosticar y detectar las afecciones. Los cambios socio-ecológicos mundiales incluyen, por su parte, la deforestación desenfrenada en regiones tropicales de gran biodiversidad, el calentamiento de las temperaturas y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos, así como el rápido movimiento global de personas y virus. 

Este escenario  es ideal para la aparición de enfermedades, ya que el creciente contacto entre las personas, los animales y los virus aumenta la probabilidad de que nuevos y viejos virus se transmitan de los animales a la gente y viceversa.

De este modo, el cambio climático y la deforestación (cambio del uso del suelo) están modificando la distribución geográfica de individuos, animales, virus y vectores de enfermedades, como los mosquitos. Ahora estamos asistiendo a brotes de dengue en lugares que antes eran demasiado fríos para la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos, como las zonas de altitud media de los Andes tropicales o las ciudades del Cono Sur de Sudamérica, de clima templado, como Córdoba (Argentina). A medida que las especies migran y se trasladan a nuevas ubicaciones geográficas, entran en contacto con muchas más especies.

Un estudio reciente estableció que estos desplazamientos geográficos darían lugar a más de 300.000 “primeros encuentros” entre especies de mamíferos, lo que duplicaría la tasa actual de encuentros. A medida que nuevos mamíferos entran en contacto, es más probable que los virus puedan saltar entre especies, incluidas las personas. Así, los autores determinaron que es más probable que estos nuevos encuentros se den en regiones tropicales montañosas con gran biodiversidad y alta densidad de población humana. También descubrieron que los murciélagos son una de las especies de mamíferos más críticas para la propagación de nuevas enfermedades virales, debido a su capacidad única de volar largas distancias.

En particular, la carga actual y futura de las enfermedades víricas endémicas y emergentes no se reparte por igual entre los países ricos y los menos ricos. El llamado sur global es el más afectado por los brotes de enfermedades y carece de un acceso equitativo a las vacunas y a otras soluciones de salud pública, tal como quedó dolorosamente demostrado durante la pandemia de la COVID-19. Los legados coloniales han dejado una pobreza profundamente arraigada, desigualdades sociales y una débil gobernanza, lo que ha aumentado la población de personas sumamente vulnerables. Sin embargo, las prioridades de investigación y financiación en materia de salud mundial siguen siendo impulsadas por el norte global.

Fortalecer la capacidad del sector sanitario para responder a la próxima pandemia

Ahora los médicos, las enfermeras y los profesionales de la salud pública de primera línea se enfrentan a la respuesta a esta situación de salud pública que es cada vez más compleja. El modelo biomédico tradicional (es decir, revisar al paciente, identificar los síntomas físicos y recomendar un tratamiento médico) ya no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros entes de la salud mundial han propuesto enfoques integrados como el de “Una sola salud”, que reúne la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, y el de “Salud planetaria”, que se centra en “abordar los impactos de las alteraciones humanas en los sistemas naturales de la Tierra sobre la salud humana y toda la vida en la Tierra”. Estos enfoques conciben la salud como el resultado de sistemas sociales y ecológicos interconectados entre sí. Sin embargo, la mayoría de las Facultades de Medicina y los programas de salud pública no preparan a su personal para dar este salto de paradigma.

Las soluciones clínicas y de salud pública a las enfermedades infecciosas emergentes deben abordarse en el contexto de sistemas sociales y ecológicos interconectados que cambian rápidamente. Un primer paso esencial es desarrollar la capacidad del sector sanitario para entender y responder a estos cambios. A fin de responder a esta necesidad, el Consorcio Mundial de Educación sobre el Clima y la Salud (GCCHE, por sus siglas en inglés) ha establecido una red mundial de rápido crecimiento de escuelas de profesiones, sociedades y organizaciones regionales de salud con el objetivo de “crear un sector de la salud mundial preparado para el clima, preparado para movilizar y liderar la promoción, y la respuesta de la salud en la era del cambio climático, al tiempo que restaura la salud del planeta”.

En abril de 2022, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), la Organización Panamericana de la Salud y el GCCHE se asociaron con fin de hacer un curso virtual titulado “Respondedores del clima y la salud para América Latina”. La respuesta fue abrumadoramente positiva. A lo largo de cinco semanas, más de 1.500 personas de todo el continente americano y de otros continentes participaron en sesiones en directo con expertos de Latinoamérica. Se realizaron cursos similares en Norteamérica y el Caribe, y con esto llegaron a miles de profesionales de  las Américas.

Este curso puso de manifiesto la gran demanda de formación en materia de clima y salud por parte de diferentes sectores, como los ministerios, el mundo académico y la sociedad civil. Algunos ministerios de Salud informaron que este curso les permitió abordar sus necesidades de formación como parte de su compromiso con el acuerdo internacional sobre el cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Para seguir apoyando este esfuerzo, en septiembre de 2022 se pondrá en marcha una comunidad de práctica regional (América). Una plataforma virtual reunirá a profesionales de la política, investigadores y a la sociedad civil para compartir conocimientos y mejores prácticas con el objetivo de combatir las enfermedades infecciosas emergentes y otros problemas de salud afectados por el clima y el medio ambiente.

 Codiseño de soluciones a través de asociaciones transdisciplinarias equitativas

Fundamentalmente, el enfoque de “Una Salud” o “Salud Planetaria” requiere un cambio en la forma en la que los científicos, los profesionales de la salud y la sociedad civil trabajan juntos. Así, son esenciales las colaboraciones equitativas y las asociaciones de confianza construidas por socios comprometidos con un proceso de participación a largo plazo. Los profesionales de la salud, la sociedad civil y las partes interesadas de otros sectores clave deben identificar las prioridades y soluciones de sus comunidades. Los profesionales y científicos de diversas disciplinas pueden trabajar con estos socios para codiseñar soluciones basadas en evidencias para sus comunidades. Este enfoque transdisciplinario es una buena práctica para desarrollar herramientas e información que puedan ser utilizadas por el sector sanitario con el objetivo de tomar decisiones (con base en la información) sobre cómo, cuándo y dónde intervenir para prevenir una epidemia.

Las soluciones incluyen la mejora de los sistemas de vigilancia para detectar amenazas de enfermedades emergentes, nuevas vacunas y terapias, innovaciones para controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos y sistemas de alerta temprana para predecir los brotes de enfermedades. Esto requiere un compromiso de financiación a largo plazo por parte de los financiadores más importantes de la salud mundial, como Wellcome Trust y la Fundación Gates, a fin de apoyar a los equipos de Una Salud o Salud Planetario dirigidos por investigadores del sur global.

También es necesario formar a los investigadores y profesionales que empiezan su carrera en habilidades de liderazgo colaborativo como la escucha, la facilitación, la diplomacia, la comunicación y la reflexión personal. Abordar las enfermedades infecciosas emergentes requiere una transformación radical de las opresiones sistémicas (colonialismo, racismo, sexismo, clasismo) que siguen condicionando nuestra forma de trabajar juntos y la salud de nuestras generaciones actuales y futuras.

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Entre la guerra y la casa: las mujeres en la historia de Cuba

Isabella Meucci
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Entre la guerra y la casa: las mujeres en la historia de Cuba

La historia de Cuba está marcada por el protagonismo de las mujeres. Nombres como Ana Betancourt, Mercedes Sirvén Pérez y Adela Azcuy se hicieron famosos por su participación en los procesos revolucionarios y por su defensa de los derechos de la mujer. En la primera mitad del siglo XX se crearon partidos y frentes nacionales feministas, y en las elecciones de 1936 las mujeres cubanas pudieron votar y ser votadas por primera vez. La Constitución de 1940 estableció la igualdad de todos los cubanos ante la ley y el reconocimiento de diversos derechos, pero en la práctica las mujeres han tenido que enfrentarse a diversos obstáculos para vivir una ciudadanía integral.

En los últimos años, iniciativas como «Mujeres en la historia de Cuba» o «Mujeres que hacen historia» han tratado de recuperar y arrojar luz sobre el importante legado de las mujeres cubanas en diversos ámbitos. Es en este contexto donde cobra especial relevancia su papel de contestación y su participación en momentos clave de la historia nacional como la Revolución Cubana.

Las mujeres en la Revolución Cubana

La conquista y la protección son dos facetas esenciales de la masculinidad en diferentes conflictos armados, lo que hace que la presencia de las mujeres entre los combatientes sea ambigua, vista a veces como un signo de debilidad y otras como una fuente de deseo. El caso de la Revolución Cubana no es diferente y, a lo largo del proceso revolucionario, las guerrilleras fueron tratadas más como un problema que como una solución, porque supuestamente, además de distraer a los hombres, necesitarían protección.

En general, las mujeres fueron asignadas a puestos asociados a supuestas «cualidades propias de su sexo», actuando como enfermeras, cocineras, costureras, mensajeras, conductoras, propagandistas, buscando apoyo y recogiendo armas, municiones y fondos. Estas funciones, a menudo asociadas a los cuidados, no eran menores o accesorias, al contrario, eran extremadamente necesarias para la continuidad del proceso revolucionario, pero se delegaban en las mujeres porque parecían menos heroicas que empuñar las armas.

Aun así, algunas mujeres se hicieron famosas durante este proceso. Haydée Santamaría es una de ellas. Participante en el asalto al Moncada, entonces el cuartel más importante de Cuba, el 26 de julio de 1953, Haydée perdió a su hermano, Abel Santamaría, y a su prometido, Boris Santa Coloma, en la operación frustrada por las tropas de Fulgencio Batista. Ambos fueron detenidos, torturados y asesinados.

Tras el ataque al Moncada, Haydée fue asignada a una misión en Estados Unidos en busca de armas y apoyo financiero. El trabajo de Randall (2015) sobre la autora revela varias tensiones de género implicadas en el proceso revolucionario. En el texto, Haydée da testimonio de cómo ciertas formas de actuar y vestir, ahora consideradas normales, estaban completamente prohibidas para ella, que nunca fue sólo Haydée, sino sobre todo la hermana de Abel, la novia de Boris y la persona vinculada a Fidel. En consecuencia, debería redoblar el cuidado de su comportamiento, so pena de afectar al movimiento en su conjunto. 

Haydée llevaba consigo no sólo la responsabilidad de sus propios actos, sino también la de los hombres y el propio movimiento del que formaba parte. El «cuidado» al que se refiere estaría en la eliminación de su imagen privada, para que esto no comprometa la lucha. Una mujer que no podía ser sólo ella misma porque se veía responsable de todos los que, a su vez, pensaban que tenían que protegerla.

El rol de género, reforzado en el caso de los guerrilleros masculinos – viriles, deseosos, protectores y que empuñan las armas – debería ser, en parte, anulado por las guerrilleras para ser respetadas por los suyos y por los demás.

Las mujeres en la Cuba socialista

Entre el Moncada y el 1 de enero de 1959, otras mujeres también empezaron a exigir su participación en el proceso revolucionario, especialmente en el combate directo contra las fuerzas de Batista. Entre los nombres más recordados están Célia Sánchez, Vilma Espín, Aleida March e Isabel Rielo. Esta última dirigió el Pelotón Mariana Grajales, creado en septiembre de 1958, compuesto únicamente por mujeres.

Aunque la historiografía cubana da un lugar destacado a estas heroínas, resaltando sus múltiples funciones en el proceso revolucionario, como afirma Cassia Vassi (2007), la imagen que se ha fijado en la lucha contra la dictadura de Batista ha sido la de los tres héroes -Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara- entrando en La Habana con tanques y fusiles.

Al año siguiente de la victoria de los revolucionarios, se crea la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que unifica la Columna Agraria Femenina, las Brigadas Revolucionarias Femeninas, las secciones femeninas del 26 de Julio y los sindicatos bajo la dirección de Vilma Espín -en la que también participa Haydée-. Para la organización, el nuevo lugar de la guerrillera era el de una mujer-madre finalmente protegida y en paz para ayudar a construir una nueva sociedad, dando a luz y educando a las futuras generaciones de la nación. Fue necesario que existiera la guerrillera para dar cabida a la madre, con familia, hogar, empleo y estabilidad.

En medio de la Guerra Fría, con ataques de todo tipo perpetrados por EE.UU., la Revolución se acercó cada vez más al socialismo de matriz soviética para garantizar su existencia. En 1966, tras la instauración de un régimen de partido único, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el acercamiento a la URSS, las mujeres cubanas tuvieron que asumir un nuevo papel: el de defender la patria de los ataques imperialistas, proteger la Revolución socialista en marcha, pero también garantizar la existencia de las generaciones futuras.

El lugar de las mujeres en el proceso revolucionario cubano puede entenderse como multifacético y constantemente negociado. A veces, necesitaban esconder o anular su género para no comprometer la imagen del movimiento ni generar «deseos incontrolables» en sus miembros, y a veces debían reforzarlo para asegurar su participación en la lucha. Entre la guerra -que no puede tener cara de mujer- y la casa -que debe tenerla-. La transición para sobrevivir en un mundo de héroes viriles y, a menudo, tener que hacer más que todos ellos.

Hoy en día, si bien hay varios avances, los retos a los que se enfrentan las mujeres cubanas para lograr la plena igualdad son múltiples. Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En términos políticos, las mujeres representan el 51,1% de la dirección del Estado y del gobierno y el 53,2% de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento).Por su parte, la Oficina Nacional de Estadística e Información publicó en 2019 los datos de la última Encuesta Nacional de Igualdad de Género, en la que el 39,6% de las mujeres dijo haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida, destacando la violencia psicológica y económica como las principales formas de agresión. Además, según la encuesta, en la isla siguen existiendo ideas estereotipadas sobre la feminidad y la masculinidad, y persisten las disparidades de género en la carga total de trabajo entre hombres y mujeres.

Episodio relacionado de La Conversación

Anuario «El mundo poscovid-19: ¿cambio de paradigma?»

Redacción
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Anuario «El mundo poscovid-19: ¿cambio de paradigma?»

Presentación

La pandemia de Covid-19 constituye un fenómeno sin precedentes a nivel global, pero ¿cuáles han sido sus impactos en América Latina? ¿Qué transformaciones ha provocado? ¿Cuáles fenómenos o tendencias que ya estaban en curso en la región se han profundizado? ¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar América Latina en el mundo poscovid-19? Estas son algunas de las preguntas que intentamos responder en el primer Anuario de Latinoamérica21: “El mundo poscovid-19: ¿cambio de paradigma?”.

Editado por Melany Barragán, Hugo Borsani y María del Carmen Villarreal, nuestro primer anuario reúne a 26 de los más destacados expertos y analistas internacionales sobre América Latina que buscan comprender cuáles han sido los impactos de la pandemia de Covid-19 en la región, cuáles son los retos que deberá enfrentar en el futuro inmediato América Latina y, sobre todo, si estamos ante un cambio de era.

El anuario de Latinoamérica21 ofrece una perspectiva plural y multidisciplinar sobre los efectos de la pandemia en América Latina en tres dimensiones: política y relaciones internacionales, economía y sociedad. Los textos abordan fenómenos relevantes como la democracia y el papel del Estado, la comunicación política, las reformas fiscales o las inversiones extranjeras directas, pero también el estado del regionalismo y las relaciones de América Latina con Estados Unidos, Europa y países como China y Rusia. Asimismo, nuestro anuario incluye valiosas reflexiones sobre los impactos de la pandemia en las desigualdades, los movimientos sociales, la salud, las migraciones internacionales, el medio ambiente y el cambio climático.

La realización del primer Anuario de Latinoamérica21 “El mundo poscovid-19: ¿cambio de paradigma?” ha sido posible gracias al apoyo del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y, en particular, gracias al respaldo de su plataforma Diálogo Político. Como fruto de nuestra colaboración, el anuario incluye también importantes reflexiones de ese proyecto sobre partidos políticos y democracia.

Con este primer proyecto editorial de Latinoamérica21 queremos fortelecer el debate público y contribuir a comprender las transformaciones y desafíos que enfrenta nuestra región en el mundo poscovid-19. ¡Buena lectura!

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Los turbios criterios de EE.UU. para señalar corruptos centroamericanos

Dardo Justino Rodríguez
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Los turbios criterios de EE.UU. para señalar corruptos centroamericanos

Recientemente Estados Unidos dio a conocer una nueva versión de la Lista Engels. Esta, en teoría, es considerada un primer paso del aumento de la persecución contra corruptos centroamericanos que en un futuro podrían ser incluidos en la ley Magnitsky, que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos, o en algún otro “invento” gringo para castigar corruptos extranjeros infieles a Washington o simplemente irrelevantes. Cada vez que aparece una nueva lista, por lo general, los nuevos integrantes son personajes de segunda o los llamados “idiotas útiles”, mientras que los “peces gordos”, ideólogos de los más variados actos de corrupción, no aparecen jamás.

El “monje negro” del juanorlandismo

En Honduras nadie ignora el papel que cumplieron, a lo largo de varios años, personajes como Ebal Jair Díaz Lupián, el otrora temido ministro de la Presidencia durante la última administración del Partido Nacional. Sin embargo, ni este ni otros personajes de la talla aparecen en las listas. Ebal Díaz fue algo así como “el monje negro” del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero poco antes de la entrega del poder cruzó a Nicaragua para refugiarse. En junio, se hizo público que el gobierno de Daniel Ortega le concedió la ciudadanía, al igual que lo hizo con Ricardo Leonel Cardona López, otro “fugado”, exsecretario privado de la Presidencia.

Otros personajes que no aparecen en la lista son los que sí estaban incluidos en la que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Macchi) tenía en carpeta. Esto, antes de ser desmantelada por la imprudencia de su exjefe, el peruano Juan Jiménez Mayor, al expresar públicamente que se investigaba a unos 60 diputados y exdiputados del Congreso Nacional, entre ellos a su presidente, Mauricio Oliva, quien desde entonces vive en un autoexilio dorado en su propia casa, en la sureña Choluteca.

De acuerdo a investigaciones, Oliva y el ahora expresidente Hernández habrían sido la cabeza de la estafa con los tristemente famosos hospitales móviles para luchar contra la COVID-19, junto a las exministras Rocío Tábora (Finanzas) y Alba Consuelo Flores (Salud).

Mientras la no inclusión de corruptos del más alto nivel del régimen juanorlandista podría ser una señal, la inclusión de tres personajes de relevancia del nuevo Gobierno de izquierda de Xiomara Castro son una llamada de atención. De hecho, tras varios años sin embajador estadounidense en Tegucigalpa, la nueva representante, Laura Dogu, ha dicho: “No queremos este tipo de personas en los Estados Unidos y, si hay recursos que ellos han recibido de actividades de corrupción, no queremos ese tipo de dinero tampoco en los EE. UU.; es un sistema muy amplio”.

El Salvador y Guatemala

En los otros dos países del Triángulo Norte, zona que tiene el “privilegio” de ser objeto de la Lista Engels, las cosas son algo diferentes. Allí, para “domar” un poco a dos presidentes reacios o directamente rebeldes a las “indicaciones” de Washington, la lista incluye personajes muy cercanos a Nayib Bukele y a Alejandro Giammattei. En el caso de ellos, no alcanza con darles una señal, y la lista ha señalado a personajes muy cercanos a los presidentes.

En 2021, con su primera versión, la Lista Engel había provocado inquietud en el entorno íntimo del presidente salvadoreño Bukele. En julio de aquel año, Washington nombró a varios de los funcionarios de mayor confianza del primer mandatario, entre ellos su jefa de gabinete, su ministro de Trabajo, su secretario jurídico y su exministro de Agricultura, quien es, además, su amigo de toda la vida.

En la nueva versión, aparecen, entre otros, varios cercanos a Bukele, como Ernesto Sanabria, secretario de prensa del presidente, y Christian Guevara, jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, el partido del oficialismo. En 2021, las protestas de Nayib y los suyos se hicieron oír duramente, pero, en esta ocasión, hubo más silencios que gritos.

En Guatemala, por otro lado, la Lista Engels “cae” en medio de un pleito del gobierno del presidente Giammattei con Washington por la defenestración impulsada por la Casa de Gobierno, de jueces y fiscales que investigaron a políticos y a empresarios cercanos al poder político-institucional, y de un insistente cabildeo de esos sectores en la capital gringa contra esas “molestas” indagaciones.

Empero, en esta versión de la lista, el Departamento de Estado se enfoca más en los socios privados del Gobierno que en los funcionarios. De estos últimos, sobresale la inclusión del abogado Rafael Curruchiche, a quien la fiscal general Consuelo Porras (incluida en una versión anterior de la lista) nombró jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en reemplazo de Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Washington por haber “tocado” de cerca al presidente Giammattei en una investigación que lo implicaba con sobornos de empresarios mineros rusos.

Más allá de los señalados, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de EE. UU., Patrick Ventrell, aclaró que esta lista, la cual incluye a personajes de estos tres países, es una herramienta en la lucha contra la corrupción en la región, y advirtió que, de continuar estas prácticas, el Gobierno podría pasar a emitir sanciones permanentes o financieras en contra de los consignados. Lo que sí no detalló el funcionario son los criterios del Departamento para la selección de los señalados.

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe

Redacción
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Impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe
Coordinación editorial: Jerónimo Giorgi (L21) e Irene Torres (IAI). 2022

Los científicos llevan décadas advirtiendo de las causas e impactos del cambio climático. La actividad humana afecta actualmente a la mayoría de los ecosistemas y nuestras acciones siguen modificando las funciones de los sistemas terrestres a nivel mundial. Para apoyar a los países de las Américas en la mitigación y adaptación al cambio global, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (iai) facilita la cocreación y el uso de información científica a través de un enfoque transdisciplinario que reúne diversas perspectivas. El objetivo es generar la mejor ciencia posible para ayudar a los tomadores de decisiones en el desarrollo de políticas públicas. Hace treinta años, representantes de doce países se reunieron en Montevideo, Uruguay, para establecer el iai con el fin de lograr la coordinación regional de la investigación científica sobre el alcance, las causas y la consecuencias del cambio global en las Américas, y así ampliar las fronteras del conocimiento y servir como una interfaz efectiva entre la ciencia y la formulación e implementación de políticas.

El Acuerdo de Montevideo fue visionario porque entendió que la complejidad del cambio global requiere colaboraciones transdisciplinarias multinacionales para encontrar soluciones que no pueden ser alcanzadas por un solo país o una sola disciplina. Creó la oportunidad de que una región tan diversa cultural y biológicamente como las Américas realizara colectivamente investigaciones y compartiera las mejores prácticas en la formulación y aplicación de políticas. Actualmente son 19 los países miembros del iai. Durante los últimos treinta años, el iai ha seguido los principios de la excelencia científica, la cooperación internacional y el intercambio pleno y abierto de información científica relevante para el cambio global en las Américas. Los objetivos del plan estratégico del iai se centran en ocho áreas principales: pobreza e igualdad, seguridad alimentaria, seguridad del agua, seguridad energética, acción climática, salud y bienestar humano, biodiversidad y servicios de los ecosistemas, y aire, agua y suelo limpios.

El programa científico del iai ha ampliado los límites de la ciencia para comprender mejor los motores del cambio global, sus impactos y sus soluciones.Las cuestiones sociales prioritarias se abordan a través de la cocreación de conocimientos con científicos naturales y sociales, profesionales de la política y otras partes interesadas que proponen en colaboración preguntas de investigación, llevan a cabo investigaciones transdisciplinarias y garantizan que la información generada sea útil, oportuna y pueda aplicarse fácilmente para abordar las necesidades de la sociedad.

El programa de desarrollo de capacidades ha contribuido a fortalecer las instituciones, los individuos y las redes de investigación en toda América. Como parte de sus esfuerzos por promover la equidad, la diversidad y la inclusión (edi), se ha prestado especial atención al apoyo a los investigadores que inician su carrera y a los individuos de países con una producción científica limitada.

La política del iai en materia de edi tiene como objetivo integrar las consideraciones de edi en las iniciativas de investigación y desarrollo de capacidades a nivel regional. La política contempla la reducción de desequilibrios y sesgos referentes a género, edad y grupos subrepresentados.
Este compendio recoge muchos de los resultados de la investigación sobre el cambio climático en la región y sus implicaciones para las políticas públicas, a través de las voces de los científicos del Programa de Pequeños Subsidios y de los becarios del programa de Ciencia, Tecnología y Política (step) del iai. Los comentarios han sido publicados en diversos periódicos nacionales de prestigio, que tienen una amplia audiencia integrada por la sociedad civil y los sectores público y privado. Esperamos que la información aquí compartida ayude a informar a la opinión pública e inspire a otros a apoyar estos esfuerzos regionales de colaboración para abordar los desafíos del cambio climático para una América más saludable.

Anna Stewart-Ibarra
Directora científica
Inter-American Institute for Global Change Research (IAI)

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¿Será esta una oleada izquierdista fugaz?

Javier Rosiles
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¿Será esta una oleada izquierdista fugaz?

América Latina constituye hoy, probablemente, el principal referente de la izquierda en el mundo. Pero es incierta la duración que tendrá esta nueva oleada de Gobiernos identificados con esta perspectiva ideológica que se han venido sucediendo durante los últimos años en la región, sobre todo en un mundo que avanza hacia el autoritarismo. Por lo tanto, la pregunta que cabría preguntarnos es: ¿estamos ante una ola progresista o se están sentando las bases para un contundente regreso de la derecha?

En 2018 Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de México con más de 30 millones de votos, una cifra que representó el 53,2% de los sufragios en un país en el que no se requiere de una segunda vuelta para hacerse con el cargo. En este caso no fue una simple ola; se trató de un verdadero tsunami en términos electorales.

A partir de entonces, una serie de países fueron optando por Gobiernos de izquierda. En 2019,  aunque con sus apostillas, la izquierda llegó al poder en Panamá con Laurentino Cortizo Cohen, y en Argentina con Alberto Fernández. Un año después lo hizo Bolivia, con Luis Arce, y en 2021 tanto en Perú, con Pedro Castillo, como en Honduras, con Xiomara Castro. Recientemente, en Chile triunfó Gabriel Boric, y en Colombia, Gustavo Petro marcó un verdadero hito, pues no se había visto triunfar a la izquierda a escala nacional.

Los cambios en América Latina, desde luego, no son homogéneos. En Ecuador (Guillermo Lasso), El Salvador (Nayib Bukele) y Uruguay (Luis Lacalle Pou) los Gobiernos de derecha se mantienen, así como en Brasil, aunque aquí todo apunta a que Jair Bolsonaro será sustituido por Luiz Inácio Lula da Silva, que retornaría como presidente de izquierda montado en esta nueva oleada.

¿Resabios de la primera oleada?

Inicialmente, los Gobiernos de izquierda se fueron instaurando de manera paulatina en América Latina a partir de 1998 cuando Hugo Chávez se hizo con la Presidencia en Venezuela. A partir de entonces, la izquierda se extendió rápidamente por la región mediante líderes carismáticos. Pero hacia la segunda mitad de la década anterior, sucesivos Gobiernos de derecha fueron retomando el poder. En 2020 se podían contar once presidentes latinoamericanos de derecha.

Sin embargo, tras la victoria de López Obrador en México, donde puede ubicarse el epicentro del viraje que significó el comienzo de una serie de derrotas del conservadurismo, puede afirmarse que la actual oleada apenas estuvo precedida por un muy efímero giro a la derecha.

Partiendo de este contexto, ¿en qué ciclo político se encuentra actualmente América Latina? ¿Estamos frente a una fuerte marejada de Gobiernos izquierdistas? ¿Qué duración tendrá esta nueva etapa? Se trata de preguntas relevantes, sobre todo cuando en Europa las izquierdas lucen cada vez más debilitadas. Para muestra, la reciente caída del primer ministro de Italia, Mario Draghi, allana el camino a la ultraderecha en ese país.

El espejo europeo

Mientras en América Latina se vive un nuevo giro hacia la izquierda, en Europa son cada vez más comunes los triunfos de la extrema derecha. El propio Jean-Luc Mélenchon fue víctima de la fuerza de la ultraderecha cuando Marine Le Pen le arrebató el segundo puesto en la primera vuelta y fue a la segunda para competir contra Emmanuel Macron. Francia Insumisa y su propuesta de “otro mundo es posible” cayó hasta el tercer lugar.

En el mundo, los Gobiernos autoritarios como China, Filipinas, Rusia o Turquía son cada vez más vistos con mayor normalidad, mientras que la ultraderecha gana terreno en Europa, en donde no solo es Le Pen, sino también el Partido de la Libertad, en Austria; el Partido Popular Conservador, de Estonia, o Vox, en España, que ganan terreno. Chega! se convirtió en este 2022 en la tercera fuerza política en Portugal, y el llamado a nuevas elecciones en Italia representa una oportunidad para Giorgia Meloni.

Las expectativas que se tienen sobre la izquierda latinoamericana y su desempeño en el Gobierno son altas. Sin embargo, ¿será este realmente el comienzo de una etapa de progresismo y de continuidad de la izquierda en América Latina? ¿O se están sentando las bases para un regreso de la derecha que hoy luce un tanto agazapada? Habrá que esperar, solo el tiempo lo dirá.

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