Una región, todas las voces

Las esperadas políticas de Joe Biden para el Triángulo Norte

Quienes siguen de cerca las políticas de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) vaticinan cambios radicales con Joseph Robinette Biden ya sentado en el sillón que, el pasado 20 de enero, Trump dejó a regañadientes.

Respecto al Triángulo Norte, la administración de Donald Trump apeló reiteradamente a la vieja política estadounidense del garrote y la zanahoria pero aún así fue más que benévolo a la hora de desembolsar ayudas de todo tipo. De esa forma, conservó su poder y ascendencia sobre las administraciones de los tres países. Con esa dualidad las tuvo con el Jesús en la boca, como solían decir nuestras abuelas, como forma de disciplinarlas y sumarlos a sus intereses, más allá de lo que ocurriera en cada país.

Contradicciones de la administración Trump

De esta manera, lanzaba rayos y centellas calificándolos de “países de mierda” (sic), llenos de corruptos y narcos. Pero, por otro lado, colaboraba con militares y policías a la par que aportaba fondos para neutralizar el gravísimo problema de las migraciones irregulares o para acciones humanitarias que, debido a la corrupción imperante, iban a parar mayoritariamente a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos.

Según expresó la analista Carmen Rodríguez en diciembre pasado para la Agencia Anadolu, “el giro que tendrá la política de los Estados Unidos hacia los países del Triángulo del Norte de Centroamérica para los próximos cinco años ya está marcado (…) Los cambios incluyen recorte a la ayuda militar y la publicación de una lista con los nombres de funcionarios de los tres países vinculados a casos de corrupción o narcotráfico. El Departamento de Estado (DOS) que dirija la Administración Biden-Harris enfocará la política de la región en atacar la corrupción en los gobiernos de los tres países y en las causas principales de la migración”.

Atacar la corrupción

En tanto, de acuerdo con la congresista demócrata Norma Torres, nacida en Guatemala y con fuertes antecedentes de combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte, si se les niega apoyo a los funcionarios corruptos la región podría entrar en un período de mayor estabilidad y con ello minimizar las migraciones irregulares hacia el norte. 

Su posición se considera excesivamente optimista pues aun logrando erradicar en buena parte la corrupción imperante, otros factores son claves para mejorar notablemente la situación de los centroamericanos. Entre ellos, el mejoramiento de la economía brindando, entre otras medidas, mayores oportunidades laborales, algo que no se consigue de la noche a la mañana por más esfuerzo que se ponga.

En 2018, Torres promovió una enmienda de ley que fue aprobada en 2019 que obliga al Departamento de Estado a publicar periódicamente una lista con los nombres de funcionarios corruptos del Triángulo Norte. En el tiempo transcurrido, la Casa Blanca publicó listados verdaderamente risibles, pues omitió la inclusión de funcionarios en servicio con gravísimas denuncias, pero sí incluyó a otros personajes que se encontraban enjuiciados en sus países o en los Estados Unidos por relaciones con el crimen organizado.

Nuevas iniciativas

Las nuevas iniciativas que Norma Torres propicia tienen similitudes con la Alianza para la Prosperidad, plan para el Triángulo Norte diseñado e implementado durante las administraciones de Barack Obama. Estas nuevas políticas están enmarcadas en el Omnibus Bill, un proyecto de ley que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso y ratificado por Donald Trump, cuyas acciones entrarían en vigor 180 días después de su promulgación.

Como vicepresidente, Biden fue el coordinador de aquella Alianza que tuvo escasos resultados positivos porque no se ocupó seriamente de neutralizar la corrupción imperante en la región. Sin embargo, Torres resalta que mientras a Trump sólo le interesó firmar acuerdos para combatir la migración irregular, Biden en su momento trabajó en la región, la conoce y es consciente de los problemas de corrupción y las relaciones de buena parte de la dirigencia política y empresarial con el crimen organizado, principalmente en su forma del narcotráfico.

Como lo expresamos previamente, aunque incompleta, ya existe una lista de corruptos. Sin embargo, se espera que la que se elabore a partir del Omnibus Bill que será conocida como la “Lista Engel”, sea más completa e incluya nombres que hasta la fecha han permanecido fuera de la enmienda de Norma Torres.

La Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan

A partir de esta lista, los Estados Unidos cancelará visas, permisos, nombramientos diplomáticos y otros estatus no solo a los funcionarios de los gobiernos vinculados a casos de corrupción sino a todos aquellos que sean relacionados con ese tipo de delitos. Además, se espera que la Justicia estadounidense tenga herramientas para incluir en sus acciones a aquellos que tengan denuncias de relación con el narcotráfico. Este es un delito por el cual la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, puede accionar contra extranjeros que no estén en el país.

Las sanciones en el marco del Omnibus Bill alcanzarán incluso a familiares y relaciones personales de los funcionarios señalados en el caso que hayan contribuido de una u otra manera a los delitos imputables. Allí no se detiene la cuestión, sino que las acusaciones podrán incluir a quienes perpetren o promuevan acosos, violencias o intimidaciones directas contra funcionarios estatales o referentes no gubernamentales por sus acciones para hacer frente a los actos de corrupción.

De acuerdo con las recomendaciones del Congreso para aplicar esta ley, las investigaciones en contra de funcionarios públicos o personas físicas por fuera de las estructuras estatales de El Salvador, Honduras y Guatemala serán lideradas por la Casa Blanca y los Departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos. Estas actuarán coordinadamente con las embajadas estadounidenses y las autoridades del país involucrado.

Las sanciones previstas incluyen recortes a la ayuda militar. Por lo tanto, se prohíbe al Departamento de Estado “financiar o apoyar compras de armamento o equipo militar” para las fuerzas armadas de los tres países del Triángulo Norte.

Por otra parte, el documento indica que el Gobierno estadounidense debe asegurarse que las amenazas y los ataques en contra de periodistas, líderes sindicales, ambientalistas, defensores o activistas de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil sean adecuadamente investigados y los responsables de esos delitos sean acusados ante la Justicia.


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Foto de US Embassy Guatemala en Foter.com / CC BY-NC-ND

Teorías de la conspiración en América Latina

Recientemente un tribunal penal peruano emitió un auto en el que acusaba a Bill Gates, George Soros y la familia Rockefeller de crear el virus COVID-19. En el documento oficial, los magistrados asumieron la teoría conspirativa según la cual élites empresariales y políticas globales planificaron la pandemia con el fin de controlar a la población a través de las vacunas y establecer un “nuevo orden mundial”.

Unos días antes un grupo de seguidores de Donald Trump irrumpió de forma violenta en el Capitolio de los Estados Unidos, interrumpiendo la sesión del Congreso que iba a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. La imagen icónica del asalto fue la de Jacob Anthony Chansley, un hombre con la cara pintada y vestido con piel de animal y cuernos.

Chansley se hace llamar “el chamán” de QAnon, uno de los grupos que participó en la irrupción al Capitolio. Este movimiento está integrado por adeptos a una teoría conspirativa promovida por la extrema derecha estadounidense que afirma que Trump lidera la resistencia contra una élite de políticos, empresarios y medios de comunicación que profesan el satanismo y practican la pederastia.

Teorías como QAnon se han multiplicado en América Latina en las últimas décadas. Aunque se apoyan en noticias falsas difundidas masivamente a través de redes sociales, se presentan como “información alternativa” y tienen un impacto cada vez mayor en los sistemas políticos llegando a afectar a las instituciones democráticas.

Conspiraciones detrás de eventos históricos

Estas teorías consideran que conspiraciones secretas están detrás de algunos de los eventos más importantes de la historia y, al igual que las noticias falsas, encuentran en foros de Internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, canales idóneos para ser difundidas.

Se trata de un fenómeno difícil de definir. Según Peter Knight, puede aplicarse a cualquier cosa, tanto a teorías muy elaboradas como a meras sospechas sobre planes ocultos. Jack Bratich señala que una de las principales características de estas teorías es que son etiquetadas por la sociedad como “conspirativas” con la intención de marginarlas y descartarlas. Esto hace que sus creyentes tiendan a reforzar lazos entre sí para buscar reafirmación identitaria frente a una mayoría social que desdeña su discurso.

En los últimos meses el mundo ha vivido sucesos históricos insólitos como la pandemia del COVID-19, el inicio de la vacunación para combatir el virus o el asalto al Capitolio en los Estado Unidos. Si bien siempre han existido hipótesis conspirativas que buscan esclarecer acontecimientos históricos, en circunstancias excepcionales como la actual se extienden de forma más eficaz.

Algunas de las teorías más reconocidas han surgido en coyunturas críticas como la Revolución francesa, la Revolución soviética, el Crack del 29, las guerras mundiales, la Guerra Fría, el asesinato de Kennedy, la pandemia de VIH/sida o el 11-S, para poner algunos ejemplos. Explicaciones simples como éstas proporcionan tranquilidad emocional a quienes creen en ellas porque sostienen que los eventos traumáticos que están ocurriendo tienen un origen planificado, es decir, son provocados intencionadamente en el marco de un plan oculto y no por factores que escapan de su control. Además, adquieren mayor legitimidad cuando son los propios medios de comunicación de masas quienes les otorgan verosimilitud.

Teorías conspirativas en América Latina

En una región tan convulsionada como la latinoamericana, las teorías conspirativas han jugado un papel importante. Las de impacto global han coexistido con otras más autóctonas, como la que sostiene que tras la ocupación soviética de Alemania Adolf Hitler no se suicidó, sino que se exilió en Argentina. O una de las más recientes que afirma que el expresidente peruano Alan García fingió su muerte para librarse de la justicia.

Para Mark Fenster, las teorías de la conspiración pueden ser eficaces para desafiar el orden establecido, simplificando eventos políticos e históricos complejos. Sin embargo, otras veces ponen en riesgo el sistema democrático porque pueden ser utilizadas por grupos políticos extremistas para difamar a sus rivales, condicionar procesos electorales o estigmatizar a determinados grupos étnico-culturales, religiosos o políticos.

Como señaló Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, los movimientos políticos con inclinaciones autoritarias o totalitarias suelen difundir estas teorías como un argumento más para desacreditar, perseguir y reprimir a la oposición. Estos relatos de intrigas ocultas refuerzan en sus seguidores una visión maniquea del mundo en el que una minoría (puede ser una élite política, empresarial o mediática, o un grupo étnico-cultural o religioso), los “malos”, son los culpables de conspirar de algún modo u otro contra el país o la humanidad desde posiciones de poder, mientras que ellos, los “buenos”, lideran la resistencia.

Dictaduras y populistas han recurrido a teorías conspirativas

En América Latina, tanto las dictaduras militares como los movimientos populistas han recurrido a las teorías de la conspiración para atacar a sus opositores, dividiendo a la sociedad en dos campos políticos antagónicos. En la década de 1970 académicos de extrema derecha en Argentina afirmaron que los judíos maniobraban para transformar la Patagonia argentina en un Estado similar al de Israel.

A comienzos del siglo XXI sectores chavistas en Venezuela acusaron a la oposición de conspirar internacionalmente con los Estados Unidos y Colombia para provocar el magnicidio del presidente Hugo Chávez. En 2016, durante la campaña del plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia, grupos extremistas vinculados al partido del expresidente Álvaro Uribe difundieron teorías falsas. Afirmaban que las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC eran una maniobra del “castro-chavismo” para establecer una “dictadura gay” en el país.

Estas teorías se utilizaron para señalar a quiénes son los enemigos del país y, de este modo, legitimar acciones encaminadas a confrontarlos. Como señala Carlos Malamud, estos discursos no son “conspirativos” porque adviertan de la presencia, a veces real, de grupos que buscan interferir en los asuntos nacionales o subvertir el orden establecido. Los son porque se les asigna una influencia y capacidad mucho mayor de la que tienen.

2021 es un año con muchos procesos electorales en América Latina en los que las teorías conspirativas, globales o regionales, tendrán un papel importante. Se trata de un asunto crucial, aunque complejo de analizar y difícil de combatir. Complejo de analizar porque existe el riesgo de etiquetar como “conspiranoicos” discursos disidentes solo porque cuestionan el orden establecido. Difícil de combatir porque quienes creen en este tipo de teorías no lo hacen porque las consideren razonables o probadas, sino porque refuerzan un sentido de pertenencia individual o colectiva a un grupo determinado.

Foto por Becker1999 em Foter.com / CC BY

Venezuela 2020: la consolidación del autoritarismo

El 2020 fue un año fatídico para la democracia venezolana. Las escasas esperanzas que existían de que el régimen pudiera transitar nuevamente hacia la democracia o de que, al menos, se abrieran nuevas oportunidades para revertir el proceso de autocratización que ha experimentado el país se esfumaron (casi) de forma definitiva.

A pesar de las sanciones impuestas por diversos gobiernos para promover un cambio en Venezuela, el colapso de la industria petrolera, los crecientes problemas de la vida diaria —la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población, escasez de gasolina, el declive de los servicios públicos— y, sobre todo, la pandemia del COVID-19, el gobierno de Maduro sobrevivió y se fortaleció. 

Gracias al apoyo de aliados internacionales no democráticos —Rusia, Turquía, Irán, China y Cuba entre otros— y el desarrollo de una política sin escrúpulos para favorecer a las élites civiles y militares gobernantes, Maduro pudo preservar el poder, aumentar el control social y relegitimar su mandato.  El cuestionado presidente mantuvo su coalición intacta y sin deserciones significativas. Adem minimizó la capacidad de acción de la oposición, continuó restringiendo la autonomía de la diezmada sociedad civil y llevó a cabo acciones institucionales cruciales para consolidar su mandato, especialmente en las recientes elecciones legislativas. Así la mayoría democrática del parlamento fue remplazada por un control hegemónico del oficialismo y sus aliados.

Además, el Gobierno mantuvo a la Asamblea Nacional Constituyente funcionando e hizo todo lo posible para darle soporte jurídico. Incluso la aprobación por parte de la Constituyente de una ‘Ley Antibloqueo’ para promover las inversiones. La pandemia facilitó que diversas acciones represivas y violaciones a los derechos humanos fueran ejecutadas de manera impune, bajo la cortapisa del ‘estado de alarma’.

Las debilidades de la oposición

A pesar del apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países a la oposición y al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, esta tuvo grandes dificultades para mantenerse unida. Sobre todo, de cara al término de su mandato constitucional de cinco años y a las elecciones, de las cuales fueron excluidas las principales fuerzas opositoras.

Entre participar de las elecciones en condiciones inaceptables o abstenerse y denunciar la votación por ilegítima, la oposición optó por esto último. Ello permitió que los resultados fueran rechazados por los países que respaldan a Guaidó y la coalición opositora, así como el control de la Asamblea Nacional obtenido por el Madurismo. A pesar de ello, su posición actual es más precaria de cara al 2021.

Detrás de estos cambios se perciben al menos cuatro aspectos claves que tendrán un impacto significativo en la trayectoria del proceso venezolano.  El gobierno continuará promoviendo reformas económicas que presuponen compromisos con el sector privado, específicamente la dolarización de la economía y posiblemente la re-privatización de sectores actualmente en manos del estado. Las asociaciones civiles y demás representantes de la ciudadanía organizada, quienes son percibidos como una amenaza para el régimen, enfrentarán cada vez más persecuciones. Los efectos cada vez más graves de la pandemia cuya realidad el gobierno se niega a admitir. Y finalmente, el fin del mandato de Trump y la llegada de Biden que podría implicar un cambio significativo en las relaciones entre ambos países y, posiblemente, implique nuevos escenarios para la crisis venezolana. 


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Foto de jeso.carneiro en Foter.com / CC BY-NC

Covid-19: la catástrofe moral tiene salida política

OXFAM sostiene que el COVID-19 es el virus de la desigualdad, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Adicionalmente, la OMS advierte que corremos el riesgo de tener países que puedan controlar la epidemia y otros en los que se volverá endémica. Y si los gobiernos no empiezan a coordinar acciones de respuestas la situación tendrá sin dudas consecuencias humanitarias catastróficas.

La reacción egoísta y predatoriala vimos al comienzo de la pandemia, cuando los países ricos se aseguraron rápidamente suministros de testeo e instrumental médico. Lo que actualmente está sucediendo con las vacunas es aún peor. Hace unos pocos días, el jefe de la OMS alertó sobre el “nacionalismo de vacunas” que están adoptando los países más ricos del planeta para tener acceso preferente a las vacunas contra COVID19, lo que supone una “falla moral catastrófica” que amenaza una distribución justa y equitativa de vacunas en el mundo.

Los países ricos acaparan las vacunas

En números, esto se traduce en que de las 65 millones de vacunas ya proporcionadas en el mundo, el 80% de las mismas fueron ofrecidas a los Estados Unidos, China y los países más ricos de Europa. El mencionado informe de expertos convocados por la OMS sostiene que la mayoría de los países más pobres no podrán vacunar a más del 20% de su población y muchos tendrán que esperar hasta el 2022.

Esta catástrofe es particularmente visible en América Latina donde a pesar de concentrar uno de cada cuatro casos de COVID-19 en el mundo, sólo se ha aplicado un millón de vacunas. Además, para peor, esas vacunas se concentran casi exclusivamente en México, Argentina, Brasil y Chile, esto es, en las economías más fuertes de la región.

Bollyky y Bown, en un artículo de la Foreign Affairs, sostienen que la causa es que estamos ante un clásico “dilema del prisionero” en el que los países actúan como agentes con escasos incentivos para cooperar.

Es por ello que la tragedia, más que moral como sostiene el jefe de la OMS, es en realidad política, dado que refleja la incapacidad de brindar respuestas concertadas entre las naciones frente a una pandemia que ha mostrado efectos sanitarios, económicos y sociales devastadores.

La debilidad de los organismos internacionales

La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó un año desde el inicio de la pandemia para realizar reuniones especiales sobre el tema, sin dar tampoco resultados tangibles. La OMS se ha mostrado carente de músculo político y financiero, debilitada aún más con la retirada de la membresía de los Estados Unidos por parte de Trump. También genera sorpresa la escasa intervención del G-7, el G-20 y hasta del G-77 en dar respuestas concertadas.

La iniciativa más cercana a un ejercicio de colaboración efectiva es el Acelerador ACT que reunió tempranamente a gobiernos, laboratorios farmacéuticos y a grandes organizaciones filantrópicas como la fundación Melinda y Bill Gates, con el objetivo de apresurar la fabricación y la distribución equitativa de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico contra el COVID-19. Un componente de esta iniciativa es el esquema COVAX, por el cual se propone ofrecer 2.000 millones de vacunas a países de ingreso bajo y mediano.

No obstante, este esquema no ha logrado atraer a algunos de los principales países fabricantes de vacunas. Estados Unidos se acaba de unir esta semana. Tampoco participan los grandes laboratorios farmacéuticos y solamente ha conseguido un 25% de los compromisos financieros proyectados. Es decir, en el mejor de los escenarios recién estará distribuyendo vacunas para finales del 2021, un año después del comienzo de la vacunación por parte de los países ricos. Muchos países de América Latina y de África podrían lograr cierta cobertura recién para el 2023 o 2024.

El impacto de esta falta de mecanismos de gobernanza colaborativa a nivel global tendrá consecuencias devastadoras. Voces especializadas que están actualmente asesorando a la OMS sostienen que esto generará una enorme fractura en el mundo, causando estragos en esas sociedades.

La falta de cooperación afectará a todos

Sin embargo, los incentivos son lo suficientemente contundentes y deberían alertar a los países ricos. La falta de cooperación también afectará necesariamente a los “ganadores”. La OIT esgrime que ya se perdieron 255 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. Si las muertes continúan creciendo, se estima que la pandemia podría matar a 40 millones de personas y reducir la economía mundial en 12,5 trillones de dólares para finales del 2021. Esto significa menos consumidores, menos exportaciones y menos trabajo. Y si el nacionalismo se globaliza se podrían poner en riesgo las cadenas de valor de las propias vacunas, para las cuales los principios activos generalmente se suministran de países en desarrollo.

La única manera colectiva de evitar el famoso “dilema del prisionero” es generando mecanismos, o fortaleciendo los ya existentes para una gobernanza colaborativa. Claro, la crisis del multilateralismo no es nueva. Pero no queda otra que hacer un trabajo político de construcción de consensos y liderazgos compartidos en el campo internacional, para convencer a los países de esta cooperación.

Con la administración de Biden, y la reincorporación de los Estados Unidos a los Acuerdos de Paris, la OMS y a COVAX, se abre una nueva ventana de oportunidad. América Latina podría hacer lo mismo y reconstituir el Consejo Sudamericano de Salud. El mismo, parte de la desmantelada UNASUR, era justamente el único espacio regional que reunía a los ministros sudamericanos con el objetivo de promover políticas sanitarias comunes.

Una gobernanza colaborativa permitiría vacunar equilibradamente y asistir a poblaciones prioritarias con objetivos críticos de salud pública. A su vez, se estimularía a las economías, se evitaría interrupciones en las cadenas de suministros, se podría sostener condiciones para los laboratorios (y no al revés) y se evitarían conflictos geopolíticos innecesarios.

La política, ya sabemos, nunca es la salida más fácil. Pero también sabemos que, de esta crisis, nadie se salva solo.

Foto de wuestenigel em Foter.com / CC BY

México 2020: luces y sombras del obradorismo

El 1° de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió como presidente de México prometiendo transformar completamente la vida del país. ¿Cuál es el balance tras el primer tercio del sexenio? ¿Qué hizo bien AMLO y qué no? ¿Cómo marcha el país? ¿Qué puede pasar en las elecciones de medio término?

Los éxitos de AMLO abarcan el plano internacional, el combate de la corrupción y la comunicación política. Su talón de Aquiles reside en tres áreas: salud, economía y seguridad. Indaguemos acerca de estos claroscuros.

AMLO apostó todas las fichas internacionales a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Durante su mandato entró en vigencia el T-MEC, un acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos que tiene ventajas evidentes para el país ya que el 80% de las exportaciones mexicanas tiene como destino sus dos vecinos del norte. El monitoreo sobre la vigencia de derechos laborales y ambientales que anuncia la administración Biden podría condicionar la buena vecindad. Pero México es nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que dará a AMLO un respaldo para negociar.

El combate a la corrupción

El combate a la corrupción fue otro acierto del gobernante mexicano. El golpe contra al huachicoleo -robo de combustibles por bandas criminales con la complicidad de funcionarios de la petrolera estatal PEMEX- alimentó la esperanza ciudadana que se produciría al fin un cambio real.

El manejo intensivo de la comunicación con conferencias de prensa matinales y periódicos informes de gestión contribuyeron a instalar la imagen de un presidente austero, con autoridad moral y que informa a la población. Quizá también en el mediano plazo ayude a revitalizar los modos de pensar, hacer y sentir la política, especialmente entre los jóvenes.

Entre las materias desaprobadas, el manejo gubernamental de la pandemia de coronavirus ha concitado más rechazo que aprobación. Desde un comienzo, AMLO minimizó la gravedad del brote negándose a dictar medidas sanitarias enérgicas a pesar de que los niveles de contagios han llevado al sistema hospitalario al borde del colapso.

La pandemia de coronavirus transparentó las dificultades preexistentes de la economía mexicana. El estancamiento se acentuó con una caída de un 9% del PIB y la pérdida neta de 650 mil empleos formales. Este derrumbe fue acompañado por una disminución de las inversiones pública y privada. La confianza de empresarios y ciudadanos en el futuro se ha ido recuperando discretamente pero aún se mantiene por debajo de los 50 puntos. Empresarios pesimistas, hogares conservadores, confianza pública en terreno negativo. El año económico comenzó colmado de incertidumbre.

Antes de la actual emergencia sanitaria, México enfrentaba otra pandemia: la de la violencia. Para resolverla, AMLO continuó la senda militarista de sus antecesores. Además, bajo el lema “becarios sí, sicarios no”, implementó políticas sociales que aún no muestran resultados palmarios. El narcotráfico tiene dimensiones estructurales que fueron subestimadas por el gobierno mexicano. De ahí su fracaso.

¿Qué esperar en las elecciones subnacionales y parlamentarias en junio próximo? La popularidad del presidente promedia un 60% y AMLO es uno de los mandatarios mejor valorado del mundo, aunque al mismo tiempo no logra que la opinión pública apruebe en particular su gestión en las tres áreas arriba mencionadas. Curiosa ecuación.

En este contexto, con un líder popular y la ausencia de alternativas viables en la oposición, salvo que la pandemia, la economía y la seguridad escapen totalmente de control, no se puede imaginar una derrota del oficialismo. El tiempo y los electores tendrán la palabra. 

Foto de Eneas en Foter.com / CC BY

Centroamérica: el doble dilema de la ayuda

Centroamérica se encuentra en un punto de quiebre. La región está enfrentando una multiplicidad de crisis que la han hecho, a pesar de la fragilidad extrema que arrastra desde hace tres décadas, aún más vulnerable. 

La pandemia ha extendido las desigualdades y también la pobreza y la pobreza extrema (33,7 a 40,2% en Nicaragua y 7,4 a 11,9% en El Salvador, respectivamente) y agravó la debilidad estructural de las economías nacionales. Según un informe de la secretaría ejecutiva de la CEPAL, el PIB regional sufrió una contracción de 6,2% en el año 2020. Históricamente, las realidades estructurales de las desigualdades socioeconómicas coincidieron con Estados frágiles, cuando no colapsados, y produjeron altas tasas de violencia.

En ese contexto, surgió en las agendas un problema diferente: la evidencia de la urgencia climática en Centroamérica. Con dos huracanes, Eta (13-14 noviembre) e Iota (17-18 noviembre), la región sufre el efecto del cambio climático. Sin embargo, el apoyo a la reconstrucción se vuelve a debatir y ayudar a la región se presenta como un dilema político y moral.

Esa reflexión se fundamenta en dos aspectos: la promesa de una atención renovada por parte de la nueva administración estadounidense con un remozado plan de desarrollo para el Triángulo del Norte y la llegada de la ayuda internacional tras los huracanes Eta e Iota.

¿Por qué un dilema político?

En 1998, la región fue impactada violentamente por el huracán Mitch. Fue una primera manifestación de las devastaciones que podían producir los episodios climáticos frente a la incapacidad (para proteger y reconstruir) y la falta de preparación (para anticipar) de los Estados ante los riesgos climáticos. Ya entonces se planteó el problema de las limitaciones de los Estados centroamericanos en materia regulatoria y de cumplimiento con su deber soberano.

En aquel momento la región fue inundada por fondos de cooperación internacional, en particular a través del grupo de Madrid que ayudó a articular la llamada “Agenda de Modernización y Transformación para el Siglo XXI”, cuyos objetivos fueron fortalecer las capacidades de los Estados.

Después de transcurridos más de veinte años, ¿cuáles han sido los resultados? Capacidades inexistentes o insuficientemente desarrolladas; cooptación y captura de fondos de cooperación externa; masificación de la corrupción. En el período posterior al huracán Mitch de 1998, el caso nicaragüense fue emblemático por la desviación de millones de dólares. 

En la actualidad, hay una sensación de déjà-vu. Frente a los impactos de los huracanes Eta e Iota, las promesas de ayuda se multiplicaron: el BID con 1,2 millones de dólares; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 750.000 dólares o USAID con 17 millones de dólares, entre otras.

El despliegue de esa ayuda posterior al desastre plantea una vez más la pregunta sobre la capacidad de los Estados para su implementación. En ese marco, se presenta en el horizonte la voluntad de reactivación por el presidente Biden del plan “Alianza para la prosperidad” (2014) para fortalecer la gobernanza de la región con una contribución de mil millones de dólares y que se canceló bajo la administración Trump a inicios del año 2017. Ese compromiso renovado de los Estados Unidos con Centroamérica se materializará en un programa de cuatro mil millones de dólares para migración, seguridad, estado de derecho, corrupción y desarrollo contra la pobreza.

Sin embargo, tanto la ayuda orientada a la reconstrucción como la cooperación estadounidense se inscriben en un contexto de altísima fragilidad institucional, intensificado por la crisis económica, social y sanitaria. Las democracias se han debilitado aún más con graves casos de corrupción y una alta inestabilidad político-institucional.

En este marco, existe el riesgo de desviación, cooptación o captura de recursos.  De hecho, cuando el presidente Biden indica que «los desafíos que se avecinan son formidables. Pero si existe la voluntad política, no hay razón para que América Central no pueda convertirse en el próximo gran éxito del hemisferio occidental”, se deja entrever que existe una serie larga de retos. ¿Se replicarán los efectos del posMitch en Centroamérica?

Desde 1998, las amenazas climáticas se han intensificado y se diagnostican como irreversibles. En este marco, el istmo centroamericano es una de las regiones más vulnerables del planeta. De político, el dilema se ha vuelto moral.

Tras el paso de los dos huracanes, se vislumbra un futuro oscuro para la región. El cambio climático intensificará los episodios como inundaciones, sequías, huracanes y marejadas, con consecuencias inmediatas tales como deslizamientos, vendavales, destrucción de viviendas, desplazamientos, etc. Centroamérica tendrá que enfrentar una gran variedad de amenazas naturales sísmicas, episodios meteorológicos extremos, elevación del nivel del mar.

Al ver los desastres producidos y especialmente la capacidad limitada de los Estados, la cuestión del despliegue de la ayuda debe de interpelarse bajo nuevos términos. ¿Cuánto tiempo resistirá la idea que se pueden atender a poblaciones y territorios amenazados por el cambio climático a través de la ayuda internacional?

A nivel global, la legitimidad de los Estados es cuestionada al carecer de una estructura adecuada para enfrentar fenómenos de alcance transnacional. En Centroamérica, se suman sociedades altamente vulnerables y Estados deslegitimados y colapsados, con la excepción de Costa Rica y Panamá.

Centroamérica —sustancialmente los países del Triángulo del Norte— es una región de flujos humanos salientes y esto se irá intensificando con los sucesivos desastres climáticos que irán convirtiendo partes de su territorio en áreas inhóspitas.

La política exterior de la nueva administración Biden y la reactivación de la ayuda a la región al igual que el resto de la ayuda internacional inyectada en las regiones que sufren desastres naturales, invitan a reflexionar para evitar repetir errores. Además, se debe reconsiderar la naturaleza de la ayuda misma para no seguir aplicando parches en lugar de atacar las causas estructurales.

Ese doble dilema, político y moral, nos lleva a pensar en la adaptación y la amplitud de las consecuencias humanas a mediano y largo plazo, así como la pluralidad y heterogeneidad de los actores que pueden intervenir, más allá de lo estatal.

Frente a ese escenario hay que tener en cuenta los nuevos modos de gobernanza, en particular las regionales y multilaterales. En esa perspectiva, el fortalecimiento de la cooperación entre Estados, la consolidación de las instituciones técnicas regionales y una mayor inserción de la región en las arenas diplomáticas multilaterales, son unos de los principales desafíos de Centroamérica para el siglo veintiuno.

Foto de Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres en Foter.com / CC BY-NC-ND

Chile 2021: ¿Va a escampar?

El 2020 fue un año atípico para todo el mundo en el que nadie quedó libre de los efectos del Covid. Será un año que difícilmente olvidaremos, tal como la inclemencia de una tormenta que no da tregua. La pandemia cambió la forma de relacionarnos, alteró nuestro día a día. También demostró la incapacidad estatal y el mal manejo gubernamental con estrategias que privilegiaron la economía sobre la vida, provocando que varios países de la región destaquen por tener algunas de las más altas tasas de mortalidad del mundo.

En el caso de Chile la tormenta del 2020 fue casi perfecta. La pandemia se encontró con una ciudadanía molesta por las injusticias del modelo de desarrollo. El año de pandemia contribuyó a aumentar la percepción de desigualdad social, aumentó la pobreza y evidenció la desconexión entre gobernantes y ciudadanía. Muestra de esto último es que el exministro de Salud Jaime Mañalich reconoció que «no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en Chile”. Esto en un contexto político de fuerte debate por el plebiscito para cambiar la Constitución.

Desafíos políticos del 2021

El estallido social del 2019 gatilló cambios en la política chilena. La agenda cambió y el reemplazo constitucional pasaba a ser el tema central. No obstante, el 2020 alteró los proyectos una vez más. Los procesos electorales fueron modificados y el plebiscito constitucional se movió de abril a octubre y la elección de autoridades subestatales de octubre a abril 2021, convirtiendo a este año en uno de los más decisivos para el país, ya que en noviembre, además, es la elección Presidencial y del congreso.

El año presenta desafíos para los actores e instituciones políticas del país, particularmente, para aquellas que deben realizar los cambios que la ciudadanía demanda. La institucionalidad deberá optar por cambios de fondo al modelo de desarrollo o enmiendas que mantengan el rumbo. Tarea bastante difícil, considerando que la clase política chilena está sumamente cuestionada por la ciudadanía.

Una de las expresiones del cuestionamiento es la cantidad de no-militantes inscritos como candidatos a la Convención Constituyente. Ya sea desde la sociedad civil o personas individuales, miles se movilizaron para apoyar candidata/os fuera de los partidos. Por ejemplo, el grupo “Independientes No Neutrales” logró juntar casi 80.000 firmas para sus 105 candidatos no-militantes. Estos números de patrocinios similares en las listas de independientes, es una señal para la clase política: miles de ciudadanos están dispuestos a apoyar nuevos actores para redactar la Constitución.

Los partidos políticos también incluyeron no-militantes en sus listas. El oficialismo incluyó en sus listas a 70 no-militantes y 112 militantes. Las listas de oposición integraron líderes sociales, militantes, figuras públicas y académicos. Por ejemplo, la centro-izquierda lleva 57 candidatos no-militantes y 128 militantes. Y la otra lista de izquierda logró que casi la mitad de sus candidatos sean no-militantes.

En este 2021 veremos si la institucionalidad tiene capacidad para procesar las demandas ciudadanas. La gran cantidad de movimientos sociales y ciudadanos organizados participando en las elecciones desafían la política tradicional del país. En este marco, las instituciones que se elijan deberán trabajar coordinadamente e integrar las demandas de la sociedad civil, manterner la transparencia y por sobre todo escuchar a la ciudadanía. Sin legitimidad ciudadana, la nueva Constitución será letra muerta. Y lejos de escampar, la tormenta se fortalecerá dejando el cielo todo gris.

Foto de pslachevsky en Foter.com / CC BY-NC-SA

Comercio exterior en tiempos de COVID-19

La pandemia y emergencia sanitaria del COVID-19 trajo consigo una inédita crisis socioeconómica a nivel mundial. Las últimas previsiones realizadas por el Banco Mundial en enero de 2021 proyectan un decrecimiento en la economía global de 4,3% y para América Latina y el Caribe de 6.9%, además de un fuerte incremento del desempleo y pobreza.

El comercio exterior es una de las actividades que más se ha visto afectada durante la evolución de la pandemia. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), hasta octubre de 2020 el comercio mundial fue 5,4% menor al del mismo período en el 2019. A pesar de esto, durante el tercer trimestre de 2020 el comercio se incrementó 11,6%, después de haber caído cerca del 13% en el segundo trimestre debido a las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos al alrededor del mundo para contener los contagios de COVID-19.

El comercio representa el 45% del PIB de la región

En América Latina y el Caribe el comercio exterior de bienes y servicios es un importante motor económico y ha representado los últimos diez años cerca del 45% del producto interno bruto (PIB) de la región. Las exportaciones regionales de bienes están compuestas en su mayoría de commodities energéticos, minerales y agropecuarios y bienes manufacturados, principalmente automóviles.

Como consecuencia de la pandemia, la demanda mundial de bienes y servicios se vio afectada, resultando en una reducción anual de las exportaciones de mercancías en la región de 13,2% hasta septiembre de 2020. En el mismo período, las importaciones se redujeron en un 19%, debido a la disminución de la demanda de bienes y servicios no esenciales por parte de hogares y empresas latinoamericanas, sobre todo en los meses de mayor confinamiento. Al ser mayor la reducción de las importaciones, la región registró un superávit comercial de cerca de USD 30.00 millones de dólares hasta septiembre de 2020.

A pesar del saldo comercial positivo, la reducción de las exportaciones tanto en volumen como en precio tuvo un importante impacto en el sector público y privado de los países latinoamericanos

Drástica caída del precios de hidrocarburos

Países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela, cuyas exportaciones principales son los hidrocarburos o bienes energéticos vieron caer el precio de este tipo de commodities en más de un 60% entre enero y abril de 2020. Al ser estos productos parte de los ingresos estatales en varios de los países mencionados, existieron complicaciones de índole fiscal que coincidieron con la necesidad de incrementar el gasto público para enfrentar los efectos de la pandemia. A pesar de una recuperación en el segundo semestre del año, los bienes energéticos cerraron el 2020 con una reducción anual en su precio de aproximadamente 16%, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

En el caso de los minerales, las principales exportaciones de Chile y Perú, los precios se redujeron en un 15% en el primer cuatrimestre de 2020. El cierre temporal, y en muchos casos permanente de industrias manufactureras alrededor del mundo durante los primeros meses de la pandemia, repercutió en la reducción de la demanda de minerales como el cobre. Al igual que en el caso de los hidrocarburos, los precios de los metales se recuperaron en la segunda mitad del año incrementándose un 28% al finalizar el 2020.

Los productos agropecuarios

Los productos agropecuarios son las principales exportaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay, y además son el principal rubro de exportación no petrolera o minera en la mayor parte de países de la región. A pesar de que el año 2020 cerró con un incremento anual de 15% en los precios de bienes agropecuarios, durante los cuatro primeros meses del 2020 los precios de los principales commodities agrícolas registraron una caída de 10% a nivel mundial.

Considerando que la producción agropecuaria de la región es el principal sustento de las zonas rurales latinoamericanas, la reducción en los precios y el volumen exportado de bienes agropecuarios sin duda generó un incremento en el desempleo, informalidad y pobreza.

A pesar de que la pandemia continúa evolucionando y para la fecha de este artículo se ha acelerado el incremento en el número de contagios y muertes a nivel mundial, existe optimismo para la recuperación económica en el 2021 con la paulatina vacunación de la población. En América Latina y el Caribe la reactivación económica debe tener como una de sus prioridades la reactivación del comercio exterior, sobre todo de las exportaciones, debido a su importancia en las zonas rurales de la región.

El reactivar el comercio debe ser visto también como una oportunidad para mejorar y diversificar la matriz exportadora latinoamericana, impulsar el comercio regional, modernizar el sector agrícola, generar exportaciones con mayor valor agregado e innovación tecnológica y con menor dependencia de variaciones en los precios internacionales.


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Foto de JAXPORT en Foter.com / CC BY-NC

ALA: Un modelo pionero de agencia periodística

Inmediatamente después de recibir la invitación para colaborar en Latinoamérica21, medité: esta película ya la he visto. La novedad era que ese precedente se remontaba a las referencias históricas de un pionero capítulo del periodismo americano aparecido en mitad del pasado siglo. El artífice de esa fundación era Joaquín Maurín, un revolucionario español, fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), exiliado en Estados Unidos.

Para los lectores de las páginas de los diarios en medio continente americano, Maurín estaba conectado con unas siglas hoy desaparecidas de ALA. Lo que más tarde fue conocida como Agencia Latinoamericana nació como American Literary Agency, fundada por Maurín, en Nueva York en 1947. Parece que hoy ha renacido en el experimento de Latinoamérica 21. La función era la misma entonces y ahora: distribuir artículos de opinión enriqueciendo el contenido de diarios poblados por firmas locales.    

La Guerra Civil española fue el motivo de que su fundador emigrara a los Estados Unidos. Maurín nació en 1896 en Bonansa, una aldea del Pirineo aragonés de la provincia de Huesca, fronteriza con Cataluña. Murió en Nueva York en 1973 y su biografía es apenas conocida para los especialistas en las vicisitudes políticas de España anteriores a la Guerra Civil.

Maurín había quedado atrapado en Galicia al principio de la Guerra Civil y a través de media España franquista se trasladó hacia el Pirineo aragonés, con la intención de cruzar a Francia. El 3 de septiembre de 1936 Maurín caía preso en el balneario de Panticosa cuando intentaba huir hacia la vecina Francia por unos pasos que tan bien conocía.

Milagrosamente no identificado, fue liberado, pero un año más tarde, en otro intento de cruzar la frontera, fue de nuevo apresado por un policía que lo recordaba de una refriega en Barcelona en tiempos de la República. Maurín se pasaría el resto de la Guerra Civil en cárceles franquistas y en 1947, liberado por una amnistía, recaló en Nueva York. El Maurín revolucionario se congeló en el pasado, y en los Estados Unidos nacería el Maurín empresario de periodismo.

Con una máquina de escribir “Underwood” y un ciclostil de segunda mano, desde una habitación de su apartamento de Riverside Drive, con vistas al Hudson, fundó ALA. Consiguió comercializar sistemáticamente, sin ayudas financieras de ningún tipo y sin trabas políticas, durante más de un cuarto de siglo, los artículos de decenas de colaboradores a los más influyentes diarios latinoamericanos, a un puñado de periódicos de los Estados Unidos publicados en español, y más tarde incluso a algunos de España.

El modelo fue el Syndicate, la agencia de colaboraciones al estilo norteamericano, que distribuye los artículos de los columnistas profesionales a decenas, en algunos casos centenares, de diarios. Nada así existía (y apenas existe hoy) en español. Maurín llenó el vacío.

Su primera figura fue el escritor colombiano Germán Arciniegas, entonces exiliado en Nueva York. Al comenzar sus colaboraciones, luego descubrió que los «otros cuatro columnistas» eran todos Maurín con nombres supuestos: Guacamayo, John y Félix Anderson, y Julio Antonio Roy (un tío suyo). El administrador J.M. Juliá (el apellido de su madre) y el redactor Campbell eran dos alias adicionales de «Kim» Maurín, como lo llamaban sus amigos.

Maurín incorporó a prestigiosos escritores latinoamericanos como Miguel Angel Asturias, Alfonso Reyes, Pablo Neruda y José Vasconcelos, o políticos como José Figueres. Este presidente de Costa Rica había nombrado a Maurín agregado de prensa de la legación costarricense ante las Naciones Unidas, lo que le salvó de la deportación al terminarse su visado temporal.

Además, Maurín distribuyó los escritos de españoles exiliados o transterrados tan dispares en estilo y en ideología como Luis Araquistáin, Alejandro Casona, Ramón J. Sender (quien convirtió a Maurín en personaje de una de sus novelas de la serie “Crónica del alba”), Víctor Alba, Salvador de Madariaga, y Ramón Gómez de la Serna.

Esta etapa de su vida quedó preservada en dos archivos de los Estados Unidos, en dos lugares ideológicamente alejados del origen político de Maurín. Vivió en la supercapitalista Nueva York, ya que su mujer Jeanne, hermana de Boris Souvarine, fundador del Partido Comunista francés, tenía allí un trabajo de representación de una firma de perfumes.

Sus archivos políticos (un par de docenas de cajas) quedaron anclados en la Hoover Institution, un “think tank” conservador adosado a la Stanford University de California. Los archivos periodísticos (catorce cajas, 16 mil artículos, en 36 mil cuartillas) están depositados en la Universidad de Miami. Esta decisión fue facilitada por un acuerdo con Arturo Villar, cubano nacido en Santander, que se había hecho cargo de la agencia por inspiración de otro cubano exiliado, Carlos Alberto Montaner.

Resultaría aleccionador que, tras la consolidación de Latinoamérica 21, se organizaran simposios sobre la labor del pionero de esta vertiente de la integración inter-americana y española, mecanismo idóneo para garantizar la paz y la colaboración en tiempos convulsos.  

Foto de Edupss! en Foter.com / CC BY-NC-SA


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Un lobby político-religioso de penetración y conquista

Desde hace varias décadas, la penetración de los cultos evangélicos en América Latina ha ido creciendo, lentamente en sus inicios, pero tomando velocidad con los años. Los motivos son varios, entre ellos el descrédito de la Iglesia Católica, culto históricamente predominante en la región. Otro es la intencionalidad del establishment político-religioso estadounidense, que ha visualizado en su particular forma de “evangelización”, una forma más de dominación.

Las políticas “evangelizadoras” desde el entorno de Trump

Por mucho tiempo, estas avanzadas tuvieron un éxito limitado, aunque creciente, aprovechando los huecos que dejaba la actitud retrógrada e intransigente de buena parte de la jerarquía católica. Sin embargo, desde hace unos pocos años, una alianza impensada entre sectores del sionismo israelí con líderes evangélicos, ha dado a luz una iniciativa que, al asumir Trump la presidencia de EEUU en 2016, tuvo un decidido y explícito, aunque discreto, apoyo desde la Casa Blanca.

Según el proyecto periodistico Transnacionales de la Fe, —liderado por Columbia Journalism Investigations (CJI) en conjunto con una red de 16 reconocidos medios latinoamericanos— desde los inicios de la administración de Donald Trump, su  vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, ambos cristianos evangélicos, fueron los promotores, ideólogos y desarrolladores principales de un plan hacia América Latina. Este proyecto fue diseñando desde la novel Oficina de la Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca, creada por Trump en los primeros días de su mandato.

Su principal aliado, también ideólogo y ejecutor de la estrategia, es el pastor evangélico Ralph Drollinger, director de Capitol Ministries, una organización religiosa de estudios bíblicos, patrocinada desde la Casa Blanca trumpista.

De acuerdo con la citada investigación, su labor es la de “evangelizar” a líderes políticos de relevancia, especialmente en los países del llamado Tercer Mundo, centrando su eje en América Latina, con el objetivo de que legislen según sus principios bíblicos. Esta estrategia coincide con la geopolítica respecto a América Latina de los sectores más radicalizados del sionismo israelí.

Efectuando un rastreo de información pública, vemos que, hacia 2009, Drollinger era un paria dentro de la comunidad evangélica, expulsado de su congregación por graves irregularidades. Pero, como mentor espiritual de Pence y Pompeo, con quienes trabó relación hace unos diez años, lidera esos supuestos estudios bíblicos desde la Casa Blanca a partir del momento en que el vicepresidente lo invitó a instalarse allí, en 2016, de acuerdo a la información publicada por Transnacionales de la Fe.

La ofensiva al sur del río Grande

Siguiendo el hilo de la investigación citada, vemos que desde esos días la ofensiva de Capitol Ministries fue incrementándose con muy buenos resultados en Nicaragua, donde la pareja presidencial invitó a Drollinger a instalar su centro de estudios. Mientras que en Honduras lograron convencer al presidente Juan Orlando Hernández a cambiar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén.

En Brasil, a través de iglesias evangélicas locales, Capitol Ministries ha logrado una importante inserción en los sectores afines al presidente Bolsonaro, cuya candidatura y su administración han sido apoyadas sin fisuras hasta la fecha.

En Guatemala, una delegación de la Oficina de la Fe integrada por nada menos que 23 pastores expertos en operar políticamente, logró cambiar la posición del ahora ex presidente Jimmy Morales, que era contraria al traslado de la embajada chapina a Jerusalén, a cambio de permitirle desarticular la ya incómoda Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala (CICIG) auspiciada por la ONU.

La defenestración de esa Comisión, contó con el silencio aprobatorio y cómplice de la Casa Blanca, que hasta entonces, había promovido, apoyado y financiado parcialmente a la misma. Ese desmantelamiento dejó a Morales con tranquilidad de espíritu, pues estaba siendo investigado y a punto de ser imputado por actos de corruptelas varias y abusos por doquier.

Quiénes son, qué pretenden

De acuerdo con dicha investigación, en la estrategia evangélico-israelí, diseñada desde la Oficina de la Fe, además de Drollinger, tiene un rol destacado el pastor cubano-estadounidense Mario Bramnick, fundador de la organización de filiación cristiano-sionista Latino Coalition for Israel (LCI), con sede en Miami. Esta ONG tiene como objetivo central la captación de líderes políticos y religiosos latinoamericanos en apoyo al reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel.

Capitol Ministries y la Oficina de la Fe, mantienen discretamente en reserva las identidades de sus principales directivos. Sólo se conocen los nombres de unos pocos, entre ellos Ralph Drollinger, Mario Bramnick y Michele Bachmann, ex congresista estadounidense y fundadora del grupo del Tea Party en la Cámara de Representantes. Bachmann es miembro de la junta directiva de Capitol Ministries y dirige personalmente un ministerio en la sede de la ONU en Nueva York, desde donde promueve una visión de Israel según el Antiguo Testamento.

A ellos se suma el peruano Oscar Zamora, quien oficia desde 2017 como director para América Latina de Capitol Ministries. Desde entonces, esta organización ha abierto ministerios en varios países de la región: México, Honduras, Ecuador, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Fundamentalistas bíblicos

De acuerdo con el antropólogo James Bielo, profesor en la Universidad de Miami, los textos de Capitol Ministries responden a los postulados del protestantismo fundamentalista que arguye que la Biblia debe interpretarse literalmente y que desde allí se deben derivar los principios para gobernar, respetando esa lectura literal.

Mientras Capitol Ministries expandía en estos cuatro años sus ministerios al sur del río Grande, los operadores de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca trabajaron activamente para alinear a referentes políticos de la región con las agendas de Trump y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para el Medio Oriente.

Según información revabada por Transnacionales de la Fe, “el primer ministro Netanyahu, también investigado por corrupción, es sin duda el más agradecido con el trabajo de los evangélicos, con quienes se reúne frecuentemente para coordinar a cuáles ‘países evangélicos’ influenciar para que apoyen la expansión del Estado de Israel en Jerusalén, según cuentan los mismos asesores de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca”.

Foto do Palácio do Planalto em Foter.com / CC BY