¿Por qué los peruanos quieren irse del país?

Las cifras oficiales disponibles indican que en lo que va de 2023 la cifra de peruanos que salen del país y no retornan se ha multiplicado por cuatro respecto de los años precedentes. Las notas periodísticas empiezan a hablar de una “diáspora peruana”.

En rigor, el fenómeno no es nuevo, aunque parece haberse potenciado recientemente. Las encuestas aplicadas por la encuestadora IPSOS revelan que en Lima solo en 2010, 2011, 2013 y 2014 la negativa a emigrar superó a la afirmativa. A lo largo del periodo de treinta años para el cual hay información proveniente de encuestas, en diez de ellas el estuvo por encima de 60% y en cinco de ellas –1992, 2002, 2004, 2005 y 2007– llegó o superó el nivel de 70%. En la última encuesta aplicada en la capital, en agosto de 2022, más de la mitad de quienes respondieron (55%) dijeron querer irse del país… si pudieran, y tres de cada diez (29%) afirmaron que tenían planes para dejar el Perú.

Un país que expulsa a su gente

En un libro reciente he explorado, a través de testimonios de emigrantes peruanos de diferentes momentos a lo largo de los últimos cuarenta años, los motivos para dejar el país. Las respuestas reunidas en este volumen son las obtenidas en tres momentos: 1981, 1998 y 2021-2022.

Ciertamente, los motivos son diversos. En unos casos, el peruano sale por motivos económicos, en busca de un empleo que le permita sostener a su familia. Es ese el caso de los migrantes provenientes de estratos medios bajos que se han instalado en Argentina y Chile, principalmente, y en menor medida en España y Estados Unidos. Aunque no hay base estadística para sostenerlo, puede imaginarse que la mayoría de los millones de emigrantes peruanos –cuyo número exacto no se conoce debido a deficiencias de los datos disponibles– se halla en esta categoría. Son gentes que huyen de la condición de pobreza que el entorno les impone.

Pero en otros casos, que son los provenientes de clases medias y que el libro recoge, las razones para abandonar el país se hallan principalmente en las dificultades y trabas que muchos peruanos encuentran para desarrollar la tarea que se han propuesto. 

Las respuestas dadas en 1981 y en 1998 muestran dos líneas de desarrollo, ambas incluidas usualmente en los testimonios. La primera busca compartir las circunstancias específicas que los llevaron a dejar el país: una beca, un conflicto familiar o laboral, la caída en el desempleo, etc. La segunda explora, más bien, las características del país y sus habitantes –percibidas en el momento de tomar la opción o apreciadas, luego, con las ventajas que da la distancia– que pesaron al tomar la decisión o la reforzaron posteriormente hasta el punto de optar por no retornar.

Sean escritores, artistas o investigadores, los declarantes dan cuenta de diversos intentos realizados con el propósito de hacer en el Perú un trabajo para el cual se les negó espacio y recursos. Se concluye en que el país no deja desarrollar a quienes son creadores o innovadores en cualquier terreno. El escritor Manuel Scorza –autor de Redoble por Rancas, entre otras importantes novelas– escribió: “El hombre que se rebela contra una sociedad, en especial contra la peruana, si sobrevive, se enfrenta a una disyuntiva: someterse o alejarse”.

Al ir a otro país, a menudo sin el propósito de permanecer en él, los emigrantes descubrieron que se les ofrecía lo que en su tierra de origen se les negó. Este tipo de razones aparecen más nítidamente en los testimonios de 2021-2022. La búsqueda de un mejor lugar para desarrollar las propias capacidades atraviesa muchas de estas respuestas. Pero también hay razones en negativo: sentirse sin lugar en su propio país. Hay un par de historias que impresionan mucho, son las de quienes salieron del país para estudiar, para capacitarse y volver a aportar al Perú. Y encontraron las puertas cerradas, incluso se les descalificó por haberse ido a estudiar fuera.

Salida en tromba

En una reciente encuesta de IPSOS se preguntó al entrevistado qué sentimientos le genera el Perú. La respuesta “esperanza” fue escogida por el 29%. En el Perú de hoy hay una desesperanza muy grande y, frente a eso, una respuesta posible es tratar de irse en busca de una vida mejor. Acaso este factor explique el actual nivel de aquellos que salen para no volver. La cuantía es tal que la autoridad de migraciones no se da abasto para expedir pasaportes, cuya obtención supone meses de espera.

La desesperanza ha ido incrementándose durante décadas y en los últimos años ha dado un salto, al compás de las sucesivas crisis políticas que dibujan un escenario de incertidumbre. El gobierno de Pedro Castillo, instalado en julio de 2021, estuvo lastrado por la ineficacia y la corrupción en su gestión; desembocó en una intentona de golpe de estado que lo llevó a prisión a fines del año siguiente. Lo ha sucedido quien fuera vicepresidenta, Dina Boluarte, e inauguró su periodo con medio centenar de muertos, como producto de una severa represión de las protestas con las que en el sur del país se contestó a la instalación de su gobierno. Actualmente no es seguro que Boluarte, con apoyos precarios en el Congreso, pueda permanecer en el cargo hasta julio de 2026.

Otro factor de peso es que, como resultado de la pandemia y las medidas adoptadas frente a ella, la pobreza se ha incrementado en el país. Este año, un informe del Banco Mundial ha indicado que siete de cada diez peruanos son pobres o son vulnerables en riesgo de caer en pobreza. El informe detalla que “la tasa de pobreza nacional se incrementó a 30.1 por ciento, un nivel que no se había visto desde 2010, y la pobreza extrema alcanzó 5.1 por ciento en 2020, comparable con la tasa de 2013”. El país, pues, ha retrocedido y su economía no es capaz de sostener a quienes viven en él.

Cuando las encuestas preguntan, como lo hacen periódicamente, cuál es el principal problema del país, la inseguridad aparece crecientemente como una preocupación central del ciudadano. En octubre IPSOS interrogó a los encuestados por el problema del país que más les afecta. El 23% de las respuestas fueron para la delincuencia, por encima del costo de vida, la corrupción y el desempleo, que no son problemas menores en la situación peruana. Las noticias sobre asaltos, secuestros, robos al paso y extorsiones llenan minutos de la TV y páginas de los diarios. En particular, la extorsión se ha acrecentado, asfixiando a pequeños comercios e incluso a los taxistas. El Congreso ha querido hacerse eco de quienes reclaman medidas contra la delincuencia, censurando al ministro del Interior a mediados de noviembre. 

Como si la incertidumbre política, las penurias económicas y la inseguridad ciudadana no fueran suficientes, el fenómeno climático de El Niño empieza a golpear a Perú con extrema dureza. Entre fines de este año y mediados de 2024, las lluvias en unas partes del territorio y la sequía en otras afectarán al país de un modo que repercutirá gravemente en la producción de alimentos. Un informe técnico sostiene: “El Niño desencadenaría una serie de problemas para el sector agrícola. El calentamiento de las aguas puede alterar los patrones de lluvia, lo que daría lugar a sequías o inundaciones. Estos cambios en la precipitación dificultarían el cultivo y, por ende, ocasionarían malas cosechas. Además, El Niño puede propiciar un aumento de plagas y enfermedades, lo cual agravará aún más los problemas en los cultivos”.

Si salir del país fue, desde hace décadas, una opción propia de intelectuales y creadores, hoy está en la mente de cada vez más peruanos, de diversa condición, para quienes emigrar probablemente aparece como una vía de supervivencia.

Entre el hartazgo y la incertidumbre del cambio 

Un nuevo ciclo político comienza en la Argentina a partir del 10 de diciembre próximo ¿Cómo entender en estas horas este verdadero terremoto electoral? El triunfo de Javier Milei podría explicarse por al menos cinco factores principales. El primero está relacionado con el contexto regional, el segundo con la crisis de mediana edad por la que atraviesa la democracia argentina, el tercero con el carácter frecuentemente sorpresivo que ha caracterizado a la política argentina desde 1983, el cuarto con las propuestas presentadas a la sociedad por el candidato triunfante a lo a largo de la campaña electoral y el último con el clima de cambio imperante en la sociedad. 

Con respecto al primer factor, la región ha sido un verdadero campo de prueba para la emergencia de líderes de derecha radical con diferentes niveles de suceso electoral, desde aquellos que llegaron al poder como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, hasta candidatos altamente competitivos derrotados en segunda vuelta como Rodolfo Hernández en Colombia o José Antonio Kast en Chile. Al mismo tiempo, este clima regional convive con un contexto de fuerte castigo electoral a los diferentes oficialismos en la región en el período postpandemia, siendo excepciones a la regla Paraguay (sistema de partido hegemónico) y Nicaragua (sistema de partido único con un régimen no democrático). 

En relación al segundo factor, el largo ciclo de 40 años de democracia nos enfrenta a un muy modesto balance en materia de satisfacción de las expectativas sociales. Este ha sido un proceso de escasos logros y muchas frustraciones en relación al incumplimiento de múltiples demandas. No se han cumplido las esperanzas que despertaba aquel lema tan presente en la campaña de Raúl Alfonsín de 1983: “con la democracia se come, se cura y se educa”. 

El tercer factor que explica el ascenso de Milei es la amplia experiencia que tiene el país en cuanto al surgimiento de actores políticos, no detectados por el radar de la política tradicional, que rápidamente lograron convertirse en referentes políticos nacionales. Tales han sido los casos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las excepciones han sido Fernando De La Rúa y Cristina Fernández. 

Así también el precandidato Milei ha presentado a la sociedad un conjunto de propuestas, muy polémicas. Algunas como la venta de órganos, difícilmente practicables y otras díficiles aunque no imposible en la Argentina como el cierre del Banco Central o la dolarización. Todo esto en un contexto de campaña en la cual el deterioro del debate público y la ausencia de propuestas han sido sus rasgos principales. 

Por último, el clima político en el país ha estado signado -y esto se ha hecho patente durante el último tramo de la campaña electoral- por el conflicto entre dos grandes emociones: por un lado, el cansancio con un largo ciclo político iniciado en el año 2003 -excepción del interregno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019- por otro el miedo asociado a un cambio incierto. El hartazgo con lo conocido mató miedo a lo desconocido. 

Finalmente, ¿qué podría suceder en el próximo gobierno de Javier Milei? El riesgo de la “peruanización” de la política argentina resulta verosímil en el contexto de un gobierno del líder de La Libertad Avanza (LLA) que, aun con un triunfo contundente en segunda vuelta, tendrá muy débil inserción parlamentaria y nula presencia territorial por no disponer ni de gobernadores ni de intendentes propios en los municipios de todo el país. Sin embargo, dispondrá del principal recurso en la asignación de los recursos públicos: la lapicera ordena y disciplina. 

¿Qué caminos podría seguir Javier Milei? Se nos ocurren por lo menos tres. El primer camino sería el intento exitoso de cierre del congreso como Alberto Fujimori o uno fallido como el de Pedro Castillo. ¿Cuál es el principal problema de esta alternativa? No parece que las Fuerzas Armadas tengan intención de dar algún respaldo a decisiones de esta dimensión y gravedad, tal como ocurrió en el caso de Fujimori y no tuvo lugar en el caso de Castillo. 

El segundo camino sería intentar una vía de negociación con la “casta política”, en particular con aquella parte que pudiera compartir el impulso reformista de la nueva administración. ¿Cuál sería el principal riesgo? La pérdida de pureza ideológica de LLA. El acuerdo político con el sector “duro” del PRO durante el ballotage daría algún indicio de que el próximo oficialismo iría en esta dirección. Esta incógnita se responderá a partir del 10 diciembre si el PRO otorga finalmente ese soporte necesario, aunque insuficiente, para garantizar gobernabilidad. 

Por último, una vía consistente en una suerte de gimnasia plebiscitaria permanente e incluso combinada con las opciones anteriores. ¿Cuál podría ser la desventaja? El desgaste del recurso y de sus adherentes no tan enfervorizados. Es un escenario complejo, dirá el politólogo.

Transición energética en tiempos de oscuridad climática

Hasta el 12 de diciembre tendrá lugar en Dubái la vigésimo octava Conferencia de las Partes (COP28). Presidida en esta oportunidad por el Sultán Al Jaber, quien ejerce también la presidencia de la petrolera ADNOC, pocos mantienen una visión optimista respecto al devenir de la cumbre. La excepción la brinda el sector petrolero, cuyos lobistas superan con creces a los delegados de varios países.

Dos días antes de su finalización asumirá un nuevo presidente en Argentina, quien, a semejanza de otros líderes de extrema derecha, ha negado el cambio climático. Si nos guiamos por las declaraciones pre-electorales, resulta palpable que ninguno de los dirigentes de La Libertad Avanza muestra interés alguno por lo ambiental. Se escuchan planteos muy bizarros, tal como el cercar mares para conservar a las ballenas. 

Si bien hasta aquí las señales que emanaban del gobierno saliente resultaban cuanto menos ambiguas, por no decir contradictorias en la materia, al menos desde el ejecutivo se reconocía la problemática. Tal contradicción se ejemplifica con la política de inversiones que llevó adelante la petrolera pública (YPF) en los últimos años: mientras que la empresa ha decidido invertir en algunos proyectos renovables, la mayoría de los fondos se destinan a no renovables. Con respecto al devenir, las indefiniciones abundan. Poco se sabe cómo terminará de estructurarse la cartera de energía o qué rol terminará teniendo la transición energética en las políticas públicas. Tampoco se conoce cuál será la actitud respecto a los compromisos internacionales en materia climática y ambiental, aunque, hasta hace poco, J. Milei hablaba de retirarse de la convención de París.  

El sector petrolero ha tenido un rol preponderante en el diseño de la política energético del país, lo tuvo durante el gobierno de M. Macri tanto como bajo el mandato de A. Fernández. Dicha relevancia se mantiene con la llegada de Javier Milei, el denominado “presidente del club del petróleo”, que ha nombrado a Horacio Marín, del grupo Techint, en la presidencia de YPF. Una nueva vuelta en la puerta giratoria que caracteriza al sector energético, otra vez el “cambiar todo para que nada cambie”.

El mundo, mientras tanto, sufre los efectos de una crisis climática cada día más virulenta. Mantener el esquema de “negocios habituales” no resulta factible mismo al tiempo que denota cero responsabilidad social y ambiental por parte de los empresarios. Y ello tiene un costo que va más allá de lo moral. En vísperas de la próxima COP, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA) plantea que el sector petrolero enfrenta un momento de verdad; sus decisiones, si erróneas, pueden resultarles muy onerosas. De continuar así, plantea Fatih Birol, la industria no podrá deslindar su responsabilidad de los problemas que aquejan a la humanidad.

Pero también hay espacio para el optimismo. Al considerar datos de financiamiento climático a nivel global, un concepto que engloba tanto inversiones de mitigación como de adaptación, el último bienio se contabilizaron inversiones por más de 1,26 trillones de dólares – frente a los 364.000 millones que se destinaban en 2011-12. Vale destacar tres aspectos del informe citado. Por una parte, la mayoría de los fondos se invierten en proyectos de transición energética (mitigación), desde nuevas energías limpias hasta vehículos eléctricos. Una porción importante de los fondos, por otra parte, se origina en la banca de desarrollo o fomento. Independientemente del origen, también destaca que la mayor parte de los créditos otorgados van al financiamiento de proyectos locales. Es este último aspecto que aquí destaca: la transición energética se ha convertido en un puntal de la carrera geopolítica, donde los principales jugadores disputan la supremacía tecnológica por las energías del futuro. Al observar los números en detalle, se observa que más del 45% del total invertido ocurre en el sudeste de Asia – Pacífico. Considerando las industrias del futuro verde, China se ha convertido en líder indisputable. Con inversiones por $ 325.000 millones aparece segunda la UE, que tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha decidido acelerar la transición energética a partir del programa REPowerEU. Con poco menos que un 13% del monto total se encuentra EE.UU., un rezago que sin duda se explica por el negacionismo climático que mantuvo esta nación durante la presidencia de D. Trump. Esto ha cambiado tras la aprobación del paquete de lucha contra la inflación (IRA), un conjunto de medidas por 391.000 millones de dólares mayoritariamente destinado a la lucha ambiental.

Las advertencias que surgen de los principales expertos energéticos como los números aquí descritos deberían llevar a pensar a las nuevas autoridades acerca de las políticas a seguir en materia energética. Independientemente de lo que ambiciona algún líder devenido mesiánico, si no comenzamos con la transición de seguro dejaremos al país en peores condiciones que las actuales. El mercado por sí solo es incapaz de garantizar la transición; se necesita de decisión política, así como políticas públicas. De hacerse realidad las previsiones que realizará IEA, el pico de petróleo llegará antes de que termine esta década. Según nos dice la comunidad científica, el umbral de 1,5 ºC está al doblar de la esquina.

Mientras tanto, el presidente electo persiste en su negacionismo y en encargar al sector petrolero el diseño de la transición. De ser así puede que Argentina quede rezagada, estancada con inversiones en un sector que afronta fuertes riesgos financieros. En 30 o 40 años no solo dichos activos quedarán varados, sino también habremos reforzado una matriz energética del pasado. Profundizar el modelo fósil conlleva también fuertes costos fiscales en el presente; a setiembre del 2023 los subsidios energéticos rondaban los 8.400 millones de dólares, un monto que engloba beneficios a empresas y usuarios y que resulta insostenible. Otra razón para avanzar con la transición. Líderes de todo el mundo, de Occidente a Oriente, parecen convencidos de la seriedad del problema climático; la inserción al mundo del mañana pasa por aceptar el reto y trabajar por la transición. Más que parecernos a tal o cual país, quienes nos gobiernan deberían pensar en cómo la emergencia climática y la transición energética afectan a la inserción global del país de aquí a 30 o 40 años.

Nicaragua y la lucrativa ruta migratoria 

En la última década, el fenómeno migratorio en América Latina ha experimentado transformaciones significativas y el papel que juega Nicaragua en las rutas migratorias hacia los Estados Unidos ha cobrado mayor relevancia. Desde 2016, Nicaragua ha emergido como un eje crucial en el tránsito de migrantes, particularmente para aquellos provenientes de países como Cuba, Haití, Ecuador y, en fechas más recientes, Venezuela. Esta relevancia ha sido motivada por diversos factores, entre ellos el aumento del peligro en rutas tradicionales como el Darién y la implementación de políticas migratorias específicas por parte del gobierno nicaragüense.

Nicaragua como ruta de tránsito

Multiplicidad de rutas y el costo de la esperanza

La elección de la ruta migratoria hacia y a través de Nicaragua no es uniforme. Mientras algunos migrantes optan por llegar a las costas nicaragüenses desde la Isla de San Andrés, Colombia, otros prefieren la ruta terrestre desde Los Chiles, Costa Rica. Ambas rutas conllevan diferencias significativas en términos de costos y riesgos, pero comparten una constante: ninguna es económicamente accesible para la mayoría de los migrantes.

La ilusión de la ruta económica

La ruta que podría considerarse más económica no debe confundirse con una opción realmente asequible. Aun en su forma más barata, el viaje representa una carga financiera considerable para los migrantes, quienes a menudo ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica. Este alto costo es aún más alarmante cuando se considera que, independientemente de la ruta elegida, una porción de este dinero parece fluir hacia las autoridades o estructuras no oficiales en Nicaragua.

Evitando el Darién: un cambio en la ruta

Históricamente, el tapón del Darién, una selva densa y peligrosa que conecta Colombia con Panamá, ha sido una ruta transitada por migrantes. Sin embargo, su creciente peligrosidad ha llevado a muchos a buscar alternativas. Un viaje más directo hacia Nicaragua surge como una de estas, presentándose como un paso relativamente más seguro y directo hacia el norte. La ruta que comienza en la Isla de San Andrés, Colombia, y se extiende hasta Corn Island y Bluefields, en Nicaragua, antes de proseguir por tierra hacia Honduras, se ha consolidado como una vía preferida para aquellos que pueden costear los altos costos.

Restricciones migratorias y visas: una política de cuotas

El gobierno de Nicaragua ha impuesto restricciones de entrada a ciudadanos de ciertos países, incluyendo Cuba, Haití, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Venezuela. Para sortear estas restricciones, los migrantes deben pagar una cuota de aproximadamente 150 dólares estadounidenses por un salvoconducto. Esta política ha tenido un doble efecto: por un lado, genera ingresos significativos para ciertas entidades públicas y funcionarios nicaragüenses; por otro lado, establece un sistema que permite el tránsito de migrantes sin generar costos políticos significativos para el país.

El auge de los vuelos y la conectividad aérea

El incremento en la importancia de la conexión aérea es otro factor crucial. Vuelos regulares y charters desde La Habana, Puerto Príncipe y Guyana, entre otros, hacia Managua se han convertido en una opción popular para migrantes con mayores recursos económicos, sobre todo entre quienes cuentan con el apoyo de familiares en los Estados Unidos. Esto ha reducido el flujo de cubanos y haitianos que cruzan el Darién, reorientando su ruta hacia Nicaragua vía aérea.

Impactos y consecuencias

Ingresos y transparencia fiscal

La cuota de 150 dólares por migrante representa una fuente de ingresos significativa. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el destino de estos fondos plantea interrogantes sobre la gestión y la ética de este sistema. No está claro si estos fondos están beneficiando a las arcas del Estado o a intereses particulares.

Costo político y percepción interna

Desde una perspectiva diplomática, la política migratoria de Nicaragua en este contexto parece tener un costo mínimo. Dada la situación de aislamiento del país y la prevalencia de temas más urgentes, como las violaciones a los derechos humanos, la migración no ocupa un lugar central en el debate público nacional.

El costo humano del tránsito migratorio

El alto costo de los boletos de avión, que asciende a unos 2.400 dólares para un viaje de La Habana a Managua, pone de manifiesto la carga económica que enfrentan los migrantes. Esta situación se ve agravada por la paradoja de que muchos de estos vuelos hacen escala en Cancún, México, un país al que no pueden ingresar legalmente, antes de continuar hacia Nicaragua.

Conclusión

El papel de Nicaragua en las rutas migratorias de la región refleja una adaptación a las dinámicas cambiantes de la migración. Mientras las rutas tradicionales se vuelven más peligrosas y los países ajustan sus políticas migratorias, los migrantes buscan nuevas vías, a menudo más costosas y complejas. Nicaragua, en este contexto, emerge como un actor clave, cuyas políticas y prácticas merecen un análisis detallado, no solo por su impacto en los flujos migratorios sino también por las implicaciones éticas y económicas que conllevan. El entendimiento profundo de estas dinámicas es esencial para abordar los retos y oportunidades que presenta la migración en el siglo XXI.

Cuba y la crónica de una suspensión anunciada

Cuba suspendió su Examen Periódico Universal en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, el pasado 15 de noviembre. Una buena parte de las recomendaciones formuladas al Estado cubano se centraron en la compleja situación de los derechos humanos, la cual no solo afecta a los civiles y políticos, sino a esos que durante muchos años sirvieron de bastión discursivo al gobierno de La Habana. 

Una situación que, si los mecanismos de elección de los Estados que integran dicho consejo fuesen otros, no hubiese permitido la reelección del Estado cubano hasta 2026 como miembro de ese órgano. La mayor parte de las recomendaciones más críticas se formularon por Estados democráticos de América Latina y Europa, lo cual es muy positivo. Se trata de países con los cuales las autoridades cubanas no tienen capacidades de negociación tan amplias como las que posee con Estados autocráticos como Corea del Norte o Irán. Estas y otras autocracias, junto con algunas democracias con gobiernos de izquierda y aliadas de Cuba, se limitaron a formular recomendaciones positivas. En total, más de 144 países se pronunciaron respecto a la situación de los derechos humanos en el contexto cubano.

Algunos de los temas más abordados en tales recomendaciones se vinculan con la represión a activistas y defensores de derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores políticos, en particular mediante el uso de delitos tipificados en el Código Penal de 2022. También se formularon otros señalamientos sobre la necesidad de ratificar varios tratados sobre derechos humanos, en particular los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales; garantizar la independencia judicial; liberar a las personas presas por motivos políticos, entre otras.

Por ejemplo, Suecia manifestó su preocupación por las detenciones y las penas de prisión excesivamente largas contra personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021 y las restricciones a las libertades de expresión y de reunión pacífica. Además, solicitó a las autoridades cubanas permitir a observadores independientes tener libre acceso a juicios y prisiones. 

Países Bajos llamó a finalizar el acoso, la represión, los arrestos arbitrarios y las detenciones de la sociedad civil y cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que pretenden ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, solicitó la liberación de las casi 1.000 personas detenidas de forma injusta o arbitraria; adoptar un marco legal que garantice la independencia de los órganos judiciales, y finalizar con el sistema de partido único para permitir elecciones libres y justas.

Otros Estados democráticos como Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Finlandia y Alemania pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas independientes. Noruega recomendó a las autoridades cubanas abstenerse de utilizar el nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil y las voces individuales críticas con las autoridades. Pronunciamientos similares a este formularon España, Reino Unido, Australia y Canadá.

Es válido destacar que Italia solicitó garantizar la libertad de opinión y expresión y el derecho de reunión pacífica, así como salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de derechos humanos y periodistas. No obstante, saludó la promulgación del texto constitucional de 2019, en el cual se consagra al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único con estatus legal en su artículo 5. Más directa fue la delegación lituana, quien se mostró alarmada por la ampliación de delitos sancionados con la pena de muerte en el Código Penal de 2022 respecto a su antecesor, de 1989. El país báltico pidió garantizar las libertades de reunión, asociación pacífica, opinión y expresión y liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores de edad.

En el caso de los países de América Latina, las posiciones más contundentes se asumieron por Perú, que recomendó garantizar que los defensores de los derechos humanos gocen de un entorno seguro y apropiado, y velar por que todo acto de hostigamiento, represión o intimidación que sufran se investigue a profundidad. El Estado peruano también recomendó prohibir de forma explícita la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo. En este sentido, Ecuador solicitó prevenir y cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra los defensores de derechos humanos, así como armonizar la legislación sobre medios de comunicación y radiodifusión, Internet y ciberseguridad con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión.

Por otra parte, es notable que algunos países latinoamericanos cercanos políticamente a Cuba formularon algunas recomendaciones críticas, aunque de forma menos frontal, haciéndose eco de demandas realizadas por organizaciones de la sociedad civil independientes del gobierno cubano. De tal forma, México recomendó tipificar el feminicidio como delito. Mientras, Brasil solicitó el fortalecimiento de los programas de producción y distribución de alimentos, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas en Cuba, en especial de mujeres, niños y personas privadas de libertad. De igual forma, abordó el tema de la violencia contra las mujeres e instó al Estado cubano a crear un organismo independiente de derechos humanos. Con esta última recomendación coincidió Panamá.

Como era previsible, Colombia no asumió una postura crítica y solo le solicitó al Estado cubano avanzar en la prevención de los embarazos en adolescentes, y los países africanos le agradecieron sus programas contra el racismo. Sin embargo, es oportuno resaltar que estos pronunciamientos favorables a Cuba se negocian antes de que se realice la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. De ahí que es fundamental concentrarse en aquellas recomendaciones que, provenientes de Estados democráticos y con los cuales las autoridades cubanas no tienen una capacidad de negociación tan amplia como con sus aliados, dejan en evidencias las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Esas recomendaciones son las que más se ajustan a la realidad que vive este país en la materia y se identifican con el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil no controladas por la élite del PCC.

Ciertamente, el EPU no es el mecanismo ideal para condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. El hecho de que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos sean electos por la Asamblea General de la ONU permite que varios aliados del gobierno de La Habana participen en ese examen. Sin embargo, que muchas democracias le recuerden al Estado cubano las violaciones que comete de los derechos humanos es muy importante porque manda un mensaje claro: los observamos y apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente. Esa vigilancia es la que hace a Cuba suspender una y otra vez.

Argentina y el cambio desesperado

Este 19 de noviembre los argentinos eligieron al que será presidente de la Nación para los siguientes cuatro años. En medio de una de las más graves crisis económicas y de descomposición del tejido social, el diputado Javier Milei, identificado con la derecha libertaria y que ha manifestado romper con el statu quo de la clase política, derrotó al ministro de Economía del kichnerismo, Sergio Massa. 

En 1900 Argentina era la economía 13 del mundo, mientras que para 2022 el Banco Mundial la ubicó en el número 66. En el país solo 13 de cada 100 alumnos completan sus estudios primarios y secundarios en tiempo y forma. Por otra parte, el empleo formal se redujo en un 5,6% entre 2012 y julio de 2023, sin contar los índices históricos de inflación a partir del control cambiario y el nivel de deuda que registra la Nación.

Argentina, con 46 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) per cápita de 26,074 dólares, similar al de Costa Rica, Maldivas o Serbia, tuvo que elegir entre un candidato que ofrece buenos oficios políticos, gobernabilidad y acomodo en el gasto social y un candidato disruptivo que llama la atención nacional e internacional por sus posturas radicales respecto al papel que debe jugar el Estado dentro de la vida de los argentinos.

Sin embargo, en una votación contundente y una participación ciudadana similar al proceso anterior, Javier Milei pudo ganar la elección con alrededor de 12 puntos de diferencia y tres millones de votos. Los argentinos decidieron entre el cambio o la continuidad. Para quienes entienden de política local, la suma de las alianzas entre Milei y el expresidente Mauricio Macri resume el triunfo de este y la derrota histórica de Cristina Fernández de Kirchner. No se sabe si este es el final de la vida política de la controvertida expresidenta.

Viene ahora la parte más complicada para Javier Milei: cumplir las promesas de campaña, entre las que destacan cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, suprimir ministerios y privatizar empresas públicas, entre otras. No obstante, varias de esas reformas necesitarán el aval del Congreso, en donde la fuerza de Milei no alcanza para llevarlas a cabo. Por tanto, tendrá que pactar con la bancada de Juntos por el Cambio y algunos partidos más pequeños.

Más allá de fanatismos, de izquierdas o derechas, Argentina salió a las calles por el agotamiento de un sistema, de una forma de gobierno, que ha sumido a la economía a niveles nunca vistos, donde el deterioro social es impresionante. Este escenario complica al nuevo gobierno, que deberá generar ajustes inmediatos para contrarrestar los niveles de inflación, mantener y atraer inversiones, así como generar un mecanismo de pagos ante la deuda contraída constantemente.

Al día siguiente de la elección, las empresas argentinas listadas en las bolsas de valores norteamericanas sufrieron una apreciación significativa en el precio de sus acciones. Además, el riesgo-país cayó a mínimos de los últimos dos meses, lo que podría servir como referencia a una muy difícil pero posible recuperación económica.

Vendrán momentos de intensa conflictividad corporativa, donde seguramente el sindicalismo intentará “detener” el país. Javier Milei deberá serenarse y adoptar la figura de jefe de Estado, así como conformar un equipo que permita cuidar la economía y la gobernabilidad. Habrá que hacer más pequeño el gobierno sin lastimar el gasto social, sumando la necesidad de generar puestos de trabajo y pagar empréstitos. Nada fácil para el gobierno nacional y el pueblo argentino.

Javier Milei deberá buscar aliados en el exterior, adoptando la agenda climática y los compromisos de la Agenda 2030, reconstruir la relación con el Vaticano y tender puentes de entendimiento con los gobiernos de la región, especialmente Brasil, donde Argentina tiene el mayor ingreso por intercambio comercial.

El nuevo presidente de la Nación deberá cuidar la agenda de derechos, que no acepta regresiones. La tolerancia y pluralidad jugarán un rol clave en la visión de Estado que en este momento requiere Argentina.

Es importante destacar que el sistema electoral argentino debe revisarse a profundidad, ya que requiere una modernización de fondo, que privilegie principalmente a la equidad de las campañas y comicios. Días previos a la jornada electoral, la organización no gubernamental Transparencia Electoral difundió un estudio que revela la inequidad en la contienda, sobre todo en el uso de recursos públicos para favorecer a un candidato en específico.

Sería satisfactorio que, en este sentido, el nuevo gobierno propusiese reformas como la separación del cargo para poder obtener una candidatura y hacer campaña, y el uso de boleta única y de medios electrónicos de votación.

Otro rasgo importante a destacar es que la justicia electoral deberá permitir la observación electoral internacional. Argentina es un país que no permite esta práctica, cosa que impide que instituciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Transparencia Electoral (TE) o la Unión Europea (EU) puedan desarrollar inmersiones en el proceso electoral. 

El odio a la mujer en la raíz del extremismo violento

Coautora Michele Bravos

En 2023 hemos asistido a un creciente debate sobre la misoginia y la propagación del discurso masculinista en la internet brasileña. Grupos masculinistas, es decir, niños y hombres que menosprecian y odian a las mujeres a partir de una lógica misógina, han conquistado espacios en canales de YouTube, plataformas de juegos en línea, grupos de aplicaciones de mensajería, foros y blogs con un discurso marcado por el resentimiento.

Está claro que el resentimiento es lo que une no sólo a los grupos misóginos, sino a la extrema derecha en su conjunto. El descontento ante el avance de los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTQIA+ y los derechos de los hombres y mujeres negros, por ejemplo, organiza a estas personas en una revuelta violenta porque, para un misógino, estos avances traen consigo una sensación de regresión en los derechos de los hombres y una reducción de su masculinidad.

Para los grupos misóginos, las mujeres son las grandes enemigas de la sociedad y deben ser devueltas a espacios privados de sometimiento. Para ellos, las mujeres son aprovechadas, manipuladoras, interesadas y merecen todos los castigos posibles. El odio se extiende a las mujeres de extrema derecha, una política habitual de los grupos misóginos. Son las «conservadoras» que no merecen estar en posiciones de poder, aunque sean una herramienta para difundir el discurso sexista.

Impulsados por estas ideas en un entorno virtual que fomenta la misoginia en lugar de frenarla, niños y hombres ya insensibilizados -y por tanto más vulnerables a los discursos extremistas violentos- se encuentran con comunidades virtuales que albergan su resentimiento, así como sus sentimientos de no pertenencia, rechazo e indignación hacia las instituciones. En el entramado de estos grupos masculinistas se encuentran concepciones distorsionadas del género y la sexualidad, componentes esenciales para entender la identidad de un individuo y, por tanto, tan presentes en los discursos de radicalización.

En el entorno virtual, por ejemplo, existen comunidades de incels, célibes involuntarios, niños y hombres que se sienten rechazados sentimentalmente por no ajustarse a una norma social. Para ellos, existe una regla que rige un supuesto «mercado sexual», que describe las relaciones de atracción entre hombres y mujeres. La regla, conocida como «80/20», supone que el 80% de las mujeres sólo se sienten atraídas por el 20% de los hombres considerados socialmente superiores. Este 20% son los hombres «alfa» y el otro 80% son los hombres «beta».

Así, lo que antes eran conceptos utilizados por los masculinistas se han convertido en movimientos, como es el caso de redpill y blackpill. Ser «redpilled» significaba despertar a la verdad, en referencia a la película «Matrix» cuando el personaje Neo tiene la opción de tomar la píldora azul y permanecer ignorante o elegir la píldora roja y conocer finalmente toda la verdad. Para estos grupos, la verdad es que la sociedad está dominada por las mujeres, que tienen ventaja sobre los hombres. La píldora negra, en cambio, representa un enfoque más fatalista, pues cree que no hay forma de cambiar la sociedad y que están destinados a la exclusión, por lo que renuncian a las relaciones románticas con mujeres y a menudo contemplan el suicidio.

Es en este contexto en el que la comercialización de la misoginia a través de la venta de cursos sobre «cómo conquistar a una mujer», «cómo ser un hombre de éxito» y «cómo atraer a la mujer adecuada» debería sonar como una advertencia. A primera vista pueden no suponer mucho riesgo, pero son una puerta de entrada -ahora explícita y legitimada- a un proceso de radicalización, ya que están impregnados de incitación a la subordinación de la mujer -que en el futuro conduce a la discriminación de otros colectivos- en un entorno virtual que opera como aliado de la misoginia y de todo tipo de odios.

De lo online a lo offline

No es posible afirmar que todos los miembros de un grupo masculinista en línea, que posiblemente expresan discriminación en el entorno virtual, practicarán la violencia en el mundo fuera de línea. Sin embargo, cuando se unen a estos grupos, sus miembros tienen el sentimiento de rechazo -común en sus trayectorias- movilizado para odiar a grupos minoritarios, además de estar expuestos a una idolatría de aquellos individuos que una vez «se rebelaron contra las instituciones/el sistema» y llevaron a cabo un ataque offline (la mayoría de las veces contra escuelas).

El caso de Suzano en la ciudad de San Pablo en 2019, cuando dos jóvenes atacaron una escuela dejando 8 muertos y once heridos, es un ejemplo de esta conexión. Hay indicios de que uno de los autores buscó información en un foro incel para planear el ataque.

La investigadora Mariana Valente, autora del libro Misoginia en Internet, nos recuerda la importancia de percibir los entornos online y offline como un continuo el uno del otro. Esto ayuda a comprender la enmarañada historia de chicos y hombres resentidos que, en el proceso de radicalización hacia el extremismo violento, se ven incitados a trasladar su odio de lo online a lo offline, lo que luego repercutirá online, retroalimentando la violencia.

Disputa por el espacio en línea

No es posible decir si hay «perdedores» o «ganadores» en el ciberactivismo. Lo que está en juego es la disputa por la narrativa y los espacios de debate y poder. Esta disputa involucra la producción de contenidos y noticias, que llegan a nuestras manos en cuestión de segundos y muchas de las cuales se configuran como fake news, caracterizando así lo que llamamos «posverdad».

En este contexto sigue aumentando las disputas entre la búsqueda de mayores derechos para los grupos históricamente subalternizados y violentados y una ofensiva neoliberal y radicalizada que odia especialmente a las mujeres, a las personas LGBTQIA+, a las personas negras y no se preocupa por los altos números de feminicidios, lgbtfobia y racismo.

Por lo tanto, es necesario formular estrategias de prevención de la radicalización, políticas públicas transversales a la educación y a la asistencia social, sin miedo a hablar de igualdad de género y de otras masculinidades posibles, alejadas de un patrón que se expresa a través de la opresión del otro. También hay que mirar más de cerca lo que los jóvenes buscan en las redes sociales, proponiendo alternativas que los alejen del camino de la radicalización. Además, hay que incluir a los adultos en el debate para que reflexionen sobre su papel en la construcción de una sociedad no resentida.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, llevado a cabo por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://bit.ly/projeto-reconectar

Bruna Camilo es Doctora en Ciencias Sociales por la PUC Minas. Máster en Ciencias Políticas por la UFMG. Miembro de la Asociación Visibilidad Mujer. Investiga sobre género, misoginia y extrema derecha.

Michele Bravos es Directora Ejecutiva del Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).

¿Qué pasa con los centros de procesamiento de migrantes en América Latina?

En un comunicado de prensa de abril de 2023, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, anunció cambios significativos relacionados con la gestión migratoria. El enfoque principal fue la reducción de la migración irregular en la región, mediante la ampliación de nuevas vías legales de protección y la implementación de procesos migratorios seguros y ordenados.

Como parte de estas acciones, se puso fin a la orden de salud pública temporal bajo el Título 42, que había sido implementada durante la pandemia de Covid-19. No obstante, el levantamiento no implicó una apertura incondicional de la frontera. Desde el 11 de mayo, Estados Unidos volvió a utilizar las autoridades migratorias según el Título 8, con el propósito de procesar y, en casos de ingreso irregular, expulsar a personas de la frontera de manera más expedita.

Con el objetivo de gestionar los flujos migratorios de manera coordinada, Estados Unidos establecería centros regionales de procesamiento fuera de su territorio, ubicados estratégicamente en países clave de América Latina. Estos centros facilitarían a los migrantes el acceso seguro y ordenado por medio de vías legales. Y, en la lucha contra las redes delictivas, se lanzaría una campaña contra el contrabando en el corredor del Darién con la colaboración de Panamá y Colombia. 

Estas medidas buscaban alterar la dinámica de incentivos que impulsa la migración irregular, intentando evitar que los migrantes arriesguen sus vidas por las rutas dominadas por redes de tráfico y trata de personas. 

Es así que, seis meses después de la implementación de estos centros de procesamiento de migrantes fuera de Estados Unidos, impulsados por el programa Movilidad Segura, respaldados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la evaluación de su impacto revela desafíos significativos. A pesar de ajustes mencionados en la política migratoria, estos centros no solo están desbordados, sino que tampoco han logrado frenar el constante flujo de migrantes por las rutas riesgosas.

La idea de externalizar el proceso migratorio ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la protección de los derechos de los solicitantes de asilo y refugio. En medio de esta discusión, surge la necesidad de encontrar un equilibrio entre la gestión eficiente de la migración y el respeto a los derechos humanos.

Para entender mejor los cambios generados por la administración Biden, como se mencionaba en líneas anteriores, es necesario que retrocedamos unos meses cuando se anunció la derogación del Título 42. La conexión entre la finalización del Título 42 y la creación de los centros de migración es innegable. La revocación de esta medida de emergencia no solo modificó las condiciones en la frontera, sino que también generó cuestionamientos sobre la capacidad de los centros al interior de Estados Unidos para abordar la situación.

La derogación de esta disposición, tras tres años de pandemia, marcó un cambio en la frontera sur de Estados Unidos. La emergencia sanitaria, que permitía expulsar hacia México de manera expedita a solicitantes de asilo, dio paso al Título 8, una ley de larga data modificada con nuevas reglas que endurecieron las condiciones para la entrada de migrantes irregulares.

Estas nuevas medidas introdujeron consecuencias más duras para quienes intentan ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Aunque el Título 8 concede más tiempo para la presentación de casos de asilo, las recientes modificaciones establecen circunstancias limitadas bajo las cuales se aceptará una petición.

A diferencia del Título 42, que no establecía prohibiciones de reentrada, el Título 8 impone restricciones más severas. Quienes sean deportados bajo estas nuevas reglas tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos durante al menos los próximos cinco años y aquellos que intenten reingresar podrían enfrentar procesos penales.

Sin embargo, la administración de Biden destacó la importancia de proporcionar vías legales y seguras para la migración. En este sentido, antes de la finalización del Título 42 ya se había anunciado la creación de centros de procesamiento en América Latina, para que los migrantes pudiesen solicitar ingresar a Estados Unidos. 

En junio de 2023, el gobierno de Estados Unidos anunció la apertura de estos centros de migración en varios puntos de la región. Históricamente, las estrategias de control migratorio se habían centrado principalmente en México y en Centroamérica. No obstante, la apertura de centros en Colombia y otros países sugiere un cambio de enfoque hacia una política migratoria hemisférica. 

Actualmente, los Centros del Programa Movilidad Segura establecidos en varios países de América Latina ofrecen programas específicos para diferentes nacionalidades. El Programa de Movilidad Segura en Colombia está dirigido a personas de nacionalidad cubana, haitiana y venezolana que se encontraban en el territorio colombiano el 11 de junio de 2023 o antes. Este programa busca facilitar el traslado seguro y legal hacia los Estados Unidos y otros países. Esta ubicación reconoce a Colombia como un punto crucial en la ruta de miles de personas que buscan refugio, especialmente a través de la peligrosa travesía por la selva del Darién.

Asimismo, en Costa Rica, el Programa de Movilidad Segura está destinado a personas de nacionalidad nicaragüense y venezolana que estaban presentes en el territorio costarricense el 12 de junio de 2023 o antes. En Ecuador, el programa se centra en personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense, venezolana y colombiana que se encontraban en el territorio ecuatoriano el 18 de octubre de 2023 o antes. En el caso de Guatemala, el programa está diseñado para personas de nacionalidad guatemalteca. 

Estos nuevos procedimientos buscan proporcionar vías legales y seguras hacia los Estados Unidos, intentando disminuir la necesidad de que las personas refugiadas y migrantes pongan sus vidas en manos de traficantes y eviten viajes por rutas peligrosas e irregulares. Además, aquellos que sean elegibles tendrán la oportunidad de ser considerados para la admisión regular a otros países, como España y Canadá. 

Sin embargo, esta última alternativa de considerar otros países como naciones de acogida debe ser cuidadosamente monitoreada para evitar por un lado tensiones diplomáticas y por otro, siendo la más importante, garantizar los derechos de esta población.

Y es que la decisión de abrir estos centros llega en un momento políticamente delicado para la Administración Biden. Las críticas de la oposición sobre la gestión de la migración y las acusaciones de incentivarla han sido persistentes. Con las elecciones de 2024 en el horizonte, Biden enfrenta la presión de abordar la migración de manera efectiva para evitar consecuencias políticas negativas.

Uno de los desafíos más apremiantes radica en la capacidad de estos centros para manejar eficientemente el proceso de solicitud de asilo. La experiencia previa con centros similares ha dejado en evidencia la importancia de agilizar los procedimientos para evitar demoras que podrían contribuir a situaciones humanitarias difíciles en enfrentar en estos terceros países. La falta de una respuesta rápida lleva a la congestión de los centros y a la espera prolongada de los migrantes.

Por ejemplo, para el caso de Colombia, las solicitudes se abren todos los días hábiles desde las 8 am (hora local) por tiempo limitado hasta que se cumpla una cuota diaria. En la mayoría de los días esta cuota y cierre se cumple antes del mediodía.

Las críticas hacia la implementación de estos centros no se hicieron esperar. Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la capacidad real de estos centros para garantizar condiciones dignas a las personas migrantes. La falta de transparencia en los procesos y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos son preocupaciones legítimas que deben ser abordadas para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.

El papel de los centros de migración se convierte así en un punto focal para evaluar no solo la efectividad de la política migratoria de Estados Unidos, sino también la capacidad de coordinar una gestión migratoria regional, demanda que se ha escuchado por parte de la sociedad civil, de manera repetida, durante los últimos años.

Los programas recientes para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses muestran un esfuerzo por ofrecer vías legales para la migración, reconociendo la grave situación en sus países de origen. Sin embargo, los requisitos en algunos de los casos, como la necesidad de un patrocinador en Estados Unidos, podrían excluir a personas vulnerables y desfavorecidas, o en los peores escenarios facilitar la trata de personas.

A pesar de los esfuerzos para anticiparse a una posible crisis migratoria mayor, los desafíos persisten. La astucia de las redes criminales para seguir captando personas por la ruta del Darién o rutas marítimas y la incertidumbre sobre la rapidez de los procesos en los centros son factores que han afectado la funcionalidad de esta medida.

Purga en el sistema judicial nicaragüense 

La gestión de los conflictos, o, en otras palabras, la política, siempre requerirá de reformas y luchas de poder. Para cumplir con un programa electoral, es necesario implementar cambios en una dirección específica. El cambio y la competencia son inherentes a la política. Sin embargo, el estilo y el objetivo de las reformas difieren radicalmente cuando los partidos y la élite política buscan mantenerse en el poder de manera continua. Distinguir entre estos dos tipos de reformas a menudo puede ser un juego confuso de matices. No obstante, la reciente depuración de más de 900 funcionarios del Sistema Judicial Nicaragüense no deja lugar a dudas: estamos presenciando uno de los cambios estructurales más significativos que marcan el inicio de la sucesión Ortega-Murillo-Laureano. No estamos hablando de una reforma política, sino de un ataque a la separación de poderes con el fin de erradicar cualquier vestigio de oposición.

El primer paso para establecer y mantener un régimen político de partido único es obtener acceso a las instituciones representativas y, a partir de ahí, cambiar las reglas fundamentales del Estado a tu favor. Daniel Ortega ha comprendido perfectamente la importancia de las reformas y cómo utilizarlas estratégicamente. En 2009, dos años después de asumir el poder, el artículo 147 de la Constitución fue declarado inaplicable por la Corte Suprema de Nicaragua, allanando el camino para su reelección en 2011. La posibilidad de reelección se consolidó en 2013. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controlando la Asamblea, otra propuesta de reforma constitucional del presidente fue aprobada, permitiendo la reelección indefinida, la elección de presidente en primera vuelta y la capacidad del presidente para emitir decretos con fuerza de ley. Hace dos años, la comunidad internacional observaba con incredulidad la escena de la reelección.

El 25 de octubre pasado, Rosario Murillo emitió la orden de intervenir el Poder Judicial, que tiene –o tenía– más de 9.000 empleados. Aproximadamente el 10% del personal ha sido despedido sin indemnización por despido, beneficios laborales, pensiones o incluso una carta de despido, y ha afectado a todos, desde el personal administrativo hasta varios magistrados de la corte.

Este intento de consolidar el poder tiene como objetivo eliminar a los desertores y recompensar a los leales. Un ejemplo de esto es el caso de Horacio Rocha, el antiguo Comisionado General en retiro que fue encargado de llevar a cabo la orden de Murillo. Habiendo sido nombrado asesor presidencial en temas de seguridad hace un año, es muy probable que no sea la última vez que veamos a esta figura prominente llevando a cabo las purgas del gobierno. Su carrera en la policía es de conocimiento público, pero su papel como escolta y seguridad se remonta a 1997 con Arnoldo Alemán. Después de una interrupción de casi una década, su larga carrera vuelve con fuerza.

En relación con la purga murillista, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos ahora deja su oficina para dar lugar a Marvin Ramiro Aguilar. Junto a ella, otros magistrados como Yadira Centeno fueron expulsados del edificio tras la llegada de varias patrullas de policía. El golpe se ha llevado a cabo con precisión y el control sobre el Poder Judicial ahora se asemeja al control que el gobierno ya tiene sobre otros poderes del Estado. En los comunicados internos, el ahora presidente en funciones Aguilar es señalado como el responsable de los despidos. Este rompecabezas quedará resuelto cuando las vacantes sean reemplazadas por magistrados, jueces y funcionarios leales al régimen.

Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Una vez más, la respuesta se encuentra en la instrumentalización de las reformas. Una Constitución que ahora parece no tener valor permite que, con la aprobación de la Asamblea, de mayoría oficialista, se hayan podido reducir las facultades de la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores sandinistas argumentan que los Registros Públicos podrán ofrecer servicios de manera más eficiente y optimizada si se integran a la Procuraduría General de la República, que está adscrita al Poder Ejecutivo.

Este es el segundo mandato con Ortega en la presidencia y Murillo en la vicepresidencia, pero ya es el quinto mandato –no consecutivo– desde la controvertida reelección del excombatiente. La tensión a nivel nacional es evidente, especialmente después de los graves incidentes ocurridos después del 18 de abril de 2018, resultado de las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que aumentaron las tasas de interés y la edad de jubilación, dejando cerca de 400 muertes tras la intervención de la policía y los grupos paramilitares. En julio pasado, el gobierno sandinista aprobó una reforma constitucional para asumir el control de la policía, borrando una vez más la línea entre las fuerzas estatales que se supone deben ser imparciales y las organizaciones ideológicas que operan como brazos ideológicos de los partidos. Como resultado, la Procuraduría, el Poder Judicial y la Policía Nacional están actualmente bajo el control y al servicio del ejecutivo de mayoría sandinista.

Esto explica por qué la Policía Nacional no ha proporcionado explicaciones sobre la intervención en la Corte Suprema, el desalojo arbitrario de los trabajadores y el motivo de las numerosas detenciones e investigaciones. El régimen no solo se consolida como un régimen de partido único, sino también como un estado policial de facto. Por otro lado, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo aprobada en 2020 se encarga de que cualquier disidencia pueda ser considerada como una amenaza al orden político establecido, prohibiendo a los opositores participar en protestas o presentarse como candidatos.

Este escenario coloca a la nación en una posición difícil en términos de respeto a los derechos humanos. Las acusaciones, penalizaciones y advertencias internacionales han surgido rápidamente. Tras la descalificación de las elecciones de 2021 por parte de la Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) por no cumplir con una resolución sobre los criterios para unas elecciones libres, democráticas y transparentes, Denis Moncada envió una carta solicitando la retirada de Nicaragua del foro regional. Dos años después de esa carta, el 19 de noviembre de 2023, se concretó la salida de Nicaragua de la OEA. No obstante, esta y otras organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido que, aunque el régimen de Ortega no suscriba la carta de la OEA y sus compromisos, debe respetar los convenios internacionales de protección y respeto a los derechos humanos, establecidos en la Declaración Universal y en la Carta Interamericana de Derechos.

Del lado de la libertad

La elección clara de Javier Milei como presidente de Argentina nos deja dos lecciones importantes. La primera es el rechazo de una gran mayoría de los argentinos al Kirchnerismo. A pesar de su retórica democrática, los «gobiernos K» han sido aliados de quienes niegan las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Han sido parte importante de redes como el Grupo de Puebla, que, con voceros como los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, avalan prácticas autoritarias, socavan a la democracia y dan oxígeno a los dictadores a través de sus declaraciones públicas. La segunda lección es la necesidad de construir mayorías a favor de la libertad y la democracia desde el centro político. El éxito del nuevo gobierno argentino dependerá de la capacidad de la centroderecha en aportar gobernabilidad y sensatez a la administración entrante.

Necesidad de sensatez

En un continente donde el péndulo electoral muchas veces oscila entre posiciones maximalistas de ambos lados del espectro político, hacen mucha falta voces sensatas y demócratas capaces de desarrollar proyectos políticos de largo aliento, dar rumbo a gobiernos responsables, y cumplir con sus promesas y los anhelos de la población latinoamericana. El socialismo bolivariano promete soluciones fáciles y termina defraudando las esperanzas de millones de latinoamericanos. Un estadio de fútbol lleno de personas gritando «¡Fuera Petro!» en el reciente partido de Colombia contra Brasil en Barranquilla, escenificó esta decepción de una manera muy drástica.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente busca la cercanía con los dictadores de la región. También persigue una agenda autoritaria de desmantelar sistemáticamente a órganos del Estado como el Instituto Nacional Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo gracias al trabajo conjunto de los partidos opositores históricamente enfrentados, hemos podido frenar algunos aspectos de su agenda antidemocrática.

Es más, gracias a esta cooperación y al liderazgo excepcional de la senadora Xóchitl Gálvez, el próximo mes de junio de 2024 tenemos la oportunidad real de otorgar otra derrota al socialismo bolivariano y a las redes internacionales de izquierda autoritaria que tanto daño nos han hecho. Para lograrlo, vamos a necesitar los ojos de la comunidad internacional puestos en este proceso electoral. Como ha ocurrido con muchos gobiernos de esta línea, es probable que AMLO y su partido no vayan a querer reconocer fácilmente una posible derrota.

Foro América Libre

El ejemplo mexicano nos muestra que solamente unidos podemos ganar. Esta experiencia es muy importante para todos los amantes de la libertad y la democracia en América Latina. En este sentido, hace poco nació una esperanza, el «Foro América Libre». Ocurrió a finales de octubre de 2023. Convocamos a partidos políticos, centros de pensamiento, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil y otros actores a una fiesta de libertad y democracia en la Ciudad de México. Más de 30 organizaciones y participantes de 25 países respondieron a este llamado. El Foro América Libre busca ser un espacio nuevo. Tiene como objetivo la coordinación y diálogo para crear un frente común desde el centro político, con valores y principios claros. Siempre del lado de la democracia. Siempre del lado de la libertad.

La enorme atención mediática en la región a nuestro encuentro en octubre mostró que muchos han esperado un espacio como el Foro América Libre. En nuestro escenario, expresidentes compartieron sus experiencias. La vicepresidenta del Parlamento de Ucrania agradeció la solidaridad de los presentes frente al ataque de Vladimir Putin y la nueva generación de políticos aportó su entusiasmo por una América Libre. Nuestro desafío ahora es transformar esta experiencia en un espacio permanente de unidad democrática frente a la amenaza.

Mas allá de la diversidad de los asistentes de la primera edición del Foro América Libre, todos nos unimos cuando en presencia del excandidato presidencial y expreso político de Nicaragua, Félix Maradiaga, otorgamos un premio de derechos humanos a una silla vacía. Esta silla representaba a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua, preso político del dictador Daniel Ortega condenado a más de 26 años de cárcel. El destino inhumano de Monseñor lo comparten muchos activistas en Venezuela y Cuba, países defendidos internacionalmente por el Grupo de Puebla y sus aliados. Los perseguidos políticos necesitan a los demócratas del mundo, y ellos nos necesitan a nosotros.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político