Lo que sabemos y callamos sobre la democracia

Como sociedad, no hemos estudiado bien los saberes a nuestro alcance, que están disponibles en cualquier biblioteca sobre política. No entendemos qué está pasando con la democracia, cuando bastaría la lectura de unas pocas obras para comprenderlo o, al menos, acercarnos un poco a ello.

Así es que llevamos alrededor de una década gastando océanos de tinta en denunciar el declive de la democracia. Y los hechos demuestran que no ha resultado provechoso: no solo no se ha detenido ese declive, sino que también se pronuncia con una intensidad cada vez mayor. En lugar de utilizar la tinta para señalar el camino de salida del atolladero, la hemos volcado en océanos sin ton ni son y ahora nos ahogamos en ellos. Limitemos esta columna a tres saberes a nuestro alcance a los que nadie parece prestar atención.

En primer lugar, las formas de gobierno. Los clásicos como Platón, Aristóteles o Polibio clasificaron las formas de gobierno existentes: gobierno recto de uno (realeza), de unos pocos (aristocracia), de la mayoría (democracia). Gobierno desviado de uno (tiranía), de unos pocos (oligarquía), de la mayoría (oclocracia o demagogia).

“Cuando se habla de ‘minorías selectas’, la habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de esta expresión…”, decía José Ortega y Gasset. Del mismo modo, la habitual bellaquería suele olvidar activamente esta clasificación de formas de gobierno, tan válida hoy en día como hace 2.500 años. Lo hace porque resulta incómoda: incluye una versión desviada, corrupta, del gobierno de la mayoría. Y la demagogia reinante impide siquiera mencionar que el gobierno de la mayoría pueda ser desviado: si no es recto, no es de la mayoría. Democracia o dictadura. La oclocracia o demagogia resulta inconcebible (o, en honor de la verdad, impronunciable).

¿Cuál es el problema? Que acabamos reduciendo a autocracia todo aquello que no es democracia. Y lo hacemos sin siquiera sonrojarnos. Es decir, acabamos perdiendo de vista la diferencia entre Daniel Ortega y Jair Bolsonaro. Y no, la diferencia no es que uno se diga de izquierdas y el otro, de derechas. La diferencia es que uno proscribe a la oposición y de ese modo impide a su pueblo elegir realmente en las urnas. Eso sí es tiranía, autocracia. El otro, en cambio, le permite a su pueblo expresarse mediante elecciones mayormente libres y justas (al margen de intentos a pequeña escala, y en todo caso fallidos, de subvertir los resultados). Y resulta que prácticamente la mitad de la ciudadanía vuelve a votarlo. La mayoría se da a sí misma un gobierno que erosiona la democracia. Eso no es autocracia, no es tiranía: es un gobierno desviado de la mayoría. Es oclocracia, demagogia.

En segundo lugar, el gobierno mixto. Cuando se habla de democracia, la habitual bellaquería suele tergiversar esta expresión, simulando creer que vivimos en una democracia pura. Polibio, hace 2.000 años, explicó por qué la forma ideal de gobierno es la mixta: un componente monárquico, uno aristocrático y uno democrático. En la Roma republicana en la que vivía, los cónsules constituían el elemento monárquico; el Senado, el elemento aristocrático; y los tribunos de la plebe, el democrático. Quien crea que esto son antiguallas, sepa que hace apenas doscientos años, cuando la América hispánica se independizó, algunas Asambleas Constituyentes propusieron un gobierno mixto como sistema político óptimo: un presidente como elemento monárquico, una Cámara Alta como componente aristocrático, una Cámara Baja como elemento democrático.

Si leemos con un mínimo de honestidad intelectual nuestra realidad de ahora, veremos algo similar. El Gobierno, el Legislativo, los medios de comunicación, las grandes empresas y la ciudadanía con su capacidad de votar y de manifestarse conforman un equilibrio de poderes. En otras palabras, un gobierno mixto. Estamos lejos de vivir en una democracia pura, y más lejos aún, de saber lo afortunados que somos por ello.

En tercer lugar, la anaciclosis, la sucesión cíclica de regímenes políticos. Polibio, una vez más, explicaba que la vida política es cíclica. Un monarca virtuoso (monarquía) lega el poder a sus hijos, y estos, a su vez, a sus otros hijos. A través de las generaciones, los príncipes nacidos en la pompa y la abundancia se van corrompiendo, transformándose en déspotas (tiranía) hasta que el último de la saga es depuesto por un pequeño grupo selecto que gobierna rectamente (aristocracia). Con el tiempo, sus herederos se van corrompiendo (oligarquía) hasta que el pueblo, harto, los elimina y toma el poder en sus propias manos. Inicialmente lo hace de manera recta (democracia), pero poco a poco su administración se va viciando (oclocracia o demagogia) y volviendo anárquica. Para acabar con el caos se pone todo el poder en una sola mano fuerte, que reimplanta el orden (monarquía). Y el ciclo comienza nuevamente.

De tener en cuenta a Polibio, sabríamos que la democracia, pura o no, acabará dejando lugar a otra cosa. No es, como suele tergiversar la habitual bellaquería, un proceso contra natura. Todo lo contrario: es el más natural de los procesos. Natural no significa deseable y tampoco implica que no intentemos detenerlo. Es precisamente al revés: para procurar frenarlo es necesario saber que en su naturaleza está esa tendencia degenerativa.

De tener en cuenta a Polibio, también sabríamos que la democracia no es desplazada necesariamente (la habitual bellaquería de nuevo) por la autocracia. Muy lejos de ello, suele transformarse en demagogia. Y es la demagogia, que somete a las sociedades a una tensión insoportable, la que acaba en estallidos que se saldan con la toma del poder por una mano fuerte, recta o tiránica.

La consulta y las elecciones en Ecuador: el tiro por la culata

Los resultados de la jornada electoral del pasado 5 de febrero en Ecuador generaron un sismo político que altera los equilibrios de poder y reconfiguran los escenarios para la segunda mitad del periodo del presidente Guillermo Lasso. Dos grandes agendas de política entraron en juego en esta consulta: por un lado, las elecciones de autoridades seccionales, alcaldes y prefectos provinciales, así como de miembros del Consejo de Participación Ciudadana; por otro lado, las ocho preguntas de la consulta o referéndum sobre temas de seguridad, institucionalidad y protección ambiental. Dos líneas, que, combinadas, iban a producir más de una confusión no solo por la complejidad técnico-jurídica de las preguntas, sino por la posible utilización o instrumentalización política que podrían sufrir al estar insertas en un proceso electoral en el cual las fuerzas se presentaban fragmentadas y con tendencia a la polarización.   

Toda consulta popular tiene un componente plebiscitario sobre la gestión de quien gobierna, en particular cuando este es quien la convoca. Incluir la consulta sobre temas enormemente delicados para la ciudadanía de la que se esperaba su fácil aprobación, hacía pensar que el objetivo escondido del Gobierno era su propia legitimación. Los temas guardaban enorme relevancia y para muchos sectores abrían la posibilidad de discutir aspectos necesarios de reforma política. El desafío radicaba entonces en impedir que la línea plebiscitaria sobre la gestión de gobierno ubicara en segundo plano el debate sobre las preguntas de la consulta, pero la vorágine y el vértigo de las elecciones se encargaría de fagocitarlas.

En las ocho preguntas de la consulta, los resultados son negativos para el Gobierno, si bien el margen de diferencia no es sustancialmente alto. En la pregunta uno, referida a la extradición en casos de delitos trasnacionales, el “no” es mayor, pero con un escaso margen del 2%. Las preguntas 5 y 6 apuntaban a que la Asamblea recuperara las capacidades de designación de los órganos de control, así como la reducción del tamaño de la misma Asamblea y la regularización de las organizaciones políticas locales. Aquí, el margen de diferencia no supera en promedio los 10 puntos.

Lo mismo pasó con el resultado electoral. El triunfo de la oposición es generalizado y amplio en todo el país. El movimiento correísta ganó las prefecturas en las cuatro provincias más pobladas (Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay), al igual que las alcaldías de Quito y Guayaquil. La participación del partido de gobierno fue completamente marginal, lo que confirmó la falta de sustento organizacional del régimen. Es probable, además, y tal vez por esta misma razón, que el Gobierno haya puesto todas sus energías en la consulta, pero descuidando la presencia de su soporte político.

El resultado, sin embargo, sigue siendo sorpresivo. Distintos estudios de opinión registraban pocos días antes del evento electoral una alta aprobación de los temas de la consulta. Parecía ser que la coyuntura mostraba el crecimiento de un debate genuino entre las distintas opciones planteadas, pero la tendencia a la polarización, propia del enfrentamiento electoral, tendía a superponerse sobre la dinámica deliberativa. La inevitable contaminación entre el objeto de la consulta y la tentación, tanto por parte del régimen de utilizarla para relegitimarse como de la oposición para lograr el debilitamiento del Gobierno, terminaron por quitar cualquier sentido a la propuesta de reforma institucional.

El triunfalismo no es buen consejero: genera la impresión de que el poder no tiene límites. Ni bien se completó el cómputo electoral, el expresidente Rafael Correa propuso la posible destitución del presidente Lasso antes de que termine su mandato, un planteamiento que tiene eco en las posturas maximalistas de la Revolución Ciudadana que están instaladas en la Asamblea Nacional, las cuales podrían poner en marcha el expediente del juicio político y la destitución del presidente. Por su parte, el Gobierno, conducido a un virtual callejón sin salida, podría optar por el expediente de la muerte cruzada, que consiste en la destitución de la Asamblea y en la convocatoria en un plazo de seis meses a elecciones anticipadas de presidente y asambleístas.   

El panorama no está muy claro aún. Por un lado, queda por ver si priman los apetitos del maximalismo correísta de hacerse con el poder, sin respetar los márgenes impuestos por la Constitución o, si por el contrario, se opta por mantener la estabilidad del régimen y postular el recambio para las elecciones presidenciales del 2025. Para las autoridades electas del mismo correísmo se presenta una grave encrucijada: presentar resultados de gestión en plazos cortos para aplacar la demanda ciudadana o trabajar en función del interés y del hambre de poder de su líder carismático.

Las lecciones que deja el resultado tanto de la consulta como de las elecciones son muy significativas: la necesidad de tener muy claros los alcances y los límites de la consulta como expediente de democracia directa. Seguramente no es muy aconsejable la opción plebiscitaria para tratar temas trascendentales de rediseño institucional, que requieren de dosis menores de politización y pasión política, peor aún cuando se le hace en el contexto de un proceso electoral en el que las consideraciones y los cálculos inmediatistas de la coyuntura son dominantes.  

El resultado de la consulta indica que la reforma institucional permanece vigente y es un importante leitmotiv para sectores amplios que votaron por el sí. Con seguridad, a mediano plazo, esta demanda volverá a presentarse. Lo que sí es materia de difícil pronóstico es el desenlace que tendrá la actual coyuntura: está por verificarse si el Gobierno tiene aún vigor y suficiente inteligencia política para realizar un giro de 180 grados y modificar sus líneas de política que han extremado las asimetrías sociales y económicas y, por otro lado, si el correísmo puede demostrar su comprometimiento (o no) con el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones.

En 2007, el Movimiento de la Revolución Ciudadana arrasó con toda la institucionalidad democrática en nombre de la necesidad de refundación del Estado. Ahora, con su propia Constitución vigente y casi sin modificaciones, ¿cuál sería la justificación de violar el orden que ellos mismos crearon?


Episodio relacionado de nuestro podcast:

El regreso a un mundo dividido

El final de la Guerra Fría fue acogido con acentuado optimismo por la comunidad internacional y, en particular, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que anunció al mundo los magnos dividendos de la paz. Se dejaban atrás décadas de un mundo dividido y enfrentado en grandes bloques, y se daba paso a una nueva oportunidad para el desarrollo y la democracia globales. Ese optimismo, incluso, hizo pensar a algunos que se había llegado al fin de la Historia. Las décadas que siguieron al año 1990 mostraron rápidamente que los conflictos no habían desaparecido del escenario y que el sistema unipolar emergente no estaba exento de grandes riesgos. Lejos de haber llegado a su conclusión, la Historia no hacía más que continuar su camino.

Los veinte años que siguieron al final de la Guerra Fría mostraron un escenario con nuevas turbulencias (la más grave, el surgimiento del terrorismo internacional como amenaza mundial), pero donde se mantuvo la esperanza de acceder a un mundo menos dividido y polarizado. De hecho, en 2010 parecía que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Federación Rusa estaban dispuestas a celebrar algún tipo de matrimonio por interés.

Sin embargo, las desavenencias del matrimonio llegaron pronto. La crisis en torno a la posición de Ucrania se evidenció en 2013 y, desde ese momento hasta el estallido de la guerra, nueve años más tarde, la comunidad internacional no fue capaz de detener la amenaza de invasión de la Federación Rusa a su país vecino.

Por otro lado, está coincidencia de que la guerra en Ucrania no solo es un hecho atroz, sino que también es un síntoma de un proceso global: el establecimiento de las bases de un nuevo mundo que se está formando, una situación que ha sido vista como la correspondiente a una nueva trampa de Tucídides; es decir, el surgimiento de un centro emergente de poder mundial que puede (o no) desplazar al viejo centro en decadencia, algo que con frecuencia se ha resuelto mediante guerras.

El libro Destined For War del profesor Graham T. Allison muestra que eso ha sucedido varias veces a lo largo de la Historia universal. Cierto, esta posibilidad tiene en la actualidad un filtro importante: nos encontramos en la era nuclear. El escenario de la guerra mundial del pasado siglo ya no es repetible, a menos que los contendientes quieran morir en el intento.

Pero más allá de las formas en que se pueda asumir ese hipotético conflicto militar, lo que parece indudable es que el presente mundo que se está formando parece regresar a la división que creímos haber superado. Todo indica que se está estableciendo una competencia creciente entre dos polos: una alianza de dos potencias nucleares, China y Rusia, de orientación autoritaria, frente a un Occidente, también nuclear, donde la democracia busca defenderse de sus enemigos internos y externos.

Desde luego, así como sucedió en el pasado, ese conflicto bipolar no descarta la existencia de un conjunto de países emergentes, cuyo mayor ejemplo es la India, que juegan a posicionarse en una orientación intermedia, al igual que también lo hizo en el pasado siglo el movimiento de los no alineados. También puede ponerse (en una posición entre los dos bloques) una buena cantidad de los países latinoamericanos. Sin embargo, en el pasado, ello no disminuyó la división del mundo que determinó la Guerra Fría.

El choque ideológico y cultural entre estos dos bandos emergentes también tiene relatos justificativos. Desde Occidente se alude a la necesidad de forzar al otro bloque al abandono de las acciones de poder sin reglas, mientras que China y Rusia concuerdan en exigir la desaparición definitiva del mundo unipolar, surgido en 1990, y el logro de una multipolaridad libremente elegida. No es necesario el esfuerzo de comprobar hasta qué punto este cuadro internacional puede entenderse como una nueva guerra fría, pero lo que resulta indudable es que se está formulando un mundo nuevamente dividido.

Esta división global se retroalimenta de la profunda polarización sociocultural que experimenta la mayoría de los países occidentales, algo que también se evidencia en muchos países latinoamericanos. La victoria estrecha de algunas fuerzas progresistas en la región ha llevado a pensar que estaríamos en presencia de una nueva marea rosa. No obstante, lo cierto es que, a diferencia de la primera década de este siglo, no se ha producido un corrimiento del electorado hacia candidatos de izquierda, sino que hay que hablar de Gobiernos progresistas en sociedades prácticamente divididas por la mitad.

Esa división sociocultural, que también afecta a Europa, sirve de base en algunos países para una polarización política exacerbada que, con frecuencia, resulta caldo de cultivo para ofrecimientos populistas de distinta orientación.

La prolongación de la guerra de Ucrania es un síntoma de que el horizonte de un mundo dividido podría alargarse durante buena parte de este siglo XXI. De igual forma, un pronto detenimiento de la guerra en Ucrania sería síntoma de que la comunidad internacional es capaz de revertir este regreso a un mundo dividido. Por ello, cobran tanta relevancia propuestas como la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para detener cuanto antes la guerra. No solo muestra que los países intermedios tienen la valentía de salirse de la retórica de la confrontación y hacer buenas propuestas, sino que, si favorecen efectivamente la detención de la guerra, contribuirán a que en las próximas décadas pueda desarrollarse un mundo menos dividido.

Desde luego, no es muy probable que las partes enfrentadas tomen en serio las propuestas pacificadoras, pero es saludable que sepan que no todo el mundo se alinea con alguno de los bloques que se están formando, y que muchos no están dispuestos a mirar desde la barrera un enfrentamiento bélico que causa tanta destrucción y muerte.

Rituales constitucionales en México

El 5 de febrero de cada año se celebra en México el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que dio por terminada la revuelta revolucionaria contra la dictadura de Porfirio Díaz y el usurpador Victoriano Huerta. El acto conmemorativo del 106 aniversario, celebrado tradicionalmente en Querétaro, al que acuden los representantes de los tres poderes de la Unión, está siempre cargado de simbolismo, rituales y mensajes a favor de la vigencia de la Constitución. Y esta vez no fue la excepción, aunque con las singularidades que atienden a la circunstancia del país.

En el acto, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional, estuvo flanqueado por el secretario de Gobernación y los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina. De esta manera, se relegó al extremo izquierdo del presídium a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda. Esta es una falta en el protocolo de un gobierno constitucionalmente civil y habla de las cercanías y las distancias del presidente en funciones.

Esta primera estampa suscitó diferentes opiniones por el mensaje implícito que conlleva una decisión de esta naturaleza que se tomó en el último momento y contraviene las tradiciones y rituales de esta fecha significativa del constitucionalismo mexicano. La imagen del presídium sería la puesta de una escena que habrá de quedar para la historia y como la antesala de los discursos del presidente López Obrador y del diputado Creel Miranda. Este último pertenece a la fracción parlamentaria opositora del PAN.

En el acto, el presidente señaló: “Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución mexicana consagrados en la Constitución de 1917; no dejar de insistir en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal; continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original… Ante este vergonzoso retroceso, podemos, con orgullo y con la frente en alto, sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas con el distintivo de la honestidad y el humanismo”.

La línea narrativa antineoliberal de su gobierno, que quedó plasmada en el discurso, ha derivado en un mundo binario de liberales y conservadores, aliados y adversarios, pueblo y oligarquía, así como también ha servido para atizar la polarización sin dejar espacio para la política del diálogo, la negociación y los acuerdos.

De ahí, el discurso sensato de Santiago Creel llamando a la reconciliación y a conducirse sobre la base de los principios constitucionales: “Desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones, particularmente, las que ha habido en el pasado…, debemos encontrar, a través del diálogo político, la unidad de esta pluralidad y diversidad que es México, no a través de una visión única. Eso contradice la esencia de nuestra democracia”. Mejor, todavía, afirmó: “No hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos”.

México vive, actualmente, los embates diarios del presidente contra todos aquellos que se salen del radio de su visión política e ideológica. El más reciente, contra su antiguo correligionario Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial de la izquierda en tres oportunidades y un referente obligatorio de la transición a la democracia. Cárdenas fue señalado como integrante de un colectivo opositor y, por ello, tildado de adversario y parte de la “oposición moderada” que estaría en contra del movimiento político de la llamada cuarta transformación.

El país está en la antesala de las elecciones constitucionales de los estados de México y Coahuila (dos bastiones históricos del PRI), que se celebrarán el próximo verano y de las elecciones generales de 2024. Allí estará en juego la Presidencia de la república y, teniendo en cuenta los votos obtenidos en los comicios federales por toda la oposición (la coalición Va por México del PRI-PAN-PRD, más el partido Movimiento Ciudadano), lo menos que se vislumbra son unas elecciones reñidas.

Esto explica en parte la radicalización del discurso antineoliberal y la confrontación con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes están encargados de organizar las elecciones federales y quienes son coadyuvantes en las elecciones de la mayoría de los 32 estados. Esa confrontación se hizo visible en los actos conmemorativos de la Constitución, incluso cuando la presidenta de la Corte también rompió el protocolo de la ceremonia al no pararse de su silla para aplaudir el discurso del presidente, lo que desconcertó, para empezar, al propio titular del Ejecutivo, que, improvisando, afirmó que era una muestra de la diversidad en nuestro país.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

El Gobierno argentino avaló el autoritarismo en la cumbre de la Celac

Tras la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada hace apenas días en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, muchos argentinos quedaron cautivados ante la figura del presidente de Uruguay. 

Las reacciones de los gobiernos de derecha

En la cumbre, Luis Lacalle Pou simplemente destacó el valor que representa la pluralidad de las diversas naciones en una comunidad de Estados latinoamericanos y manifestó la incomodidad frente a la presencia de naciones que no representan Gobiernos democráticos. El presidente uruguayo manifestó: “He escuchado discursos que comparto totalmente, otros que comparto la mitad, y otros que no comparto casi nada, pero entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular (…). Todos los países que estamos acá condenamos las acciones contra la democracia de Brasil”. 

Sin embargo, prosiguió, pero esta vez haciendo referencia a la presencia de dirigentes políticos de los Gobiernos cubano, nicaragüense y venezolano: “Hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones (…) no puede haber aquí un club de amigos ideológicos”.

El presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, también se pronunció muy enfáticamente en la cumbre con respecto a la tolerancia o al apoyo que naciones de la región están demostrando frente a la violación de derechos humanos. Así, el mandatario paraguayo afirmó: “No podemos mirar a otro lado cuando siete millones de venezolanos han abandonado sus hogares pidiendo refugio (…) la democracia no culmina en las elecciones”, y continuó: “Así como nos preocupan los hechos ocurridos en Perú y en Brasil, también nos preocupa el éxodo masivo que vemos en Venezuela”.

En esta cumbre se esperaban 33 mandatarios, y entre estos fueron invitados por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, los tres dictadores que presiden Cuba, Nicaragua y Venezuela. En los tres países se hacen amenazas, torturas, detenciones forzosas, asesinatos, ataques a opositores políticos, censuras a medios de comunicación críticos y ataques a personas que se expresan en contra de las ideas del régimen. Además, estos regímenes han intervenido la justicia y el poder legislativo mientras proliferan —en las altas esferas del poder político— tramas de corrupción que revelan la inclusión de dirigentes políticos ricos, quienes contrastan con una sociedad extremadamente pobre que vive en la miseria.

De los tres presidentes autoritarios que fueron invitados, solo Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, asistió a la cumbre, mientras que el nicaragüense y el venezolano se hicieron presentes a través de sus respectivos cancilleres, Denis Moncada, por Nicaragua, e Yván Gil, por Venezuela. Nicolás Maduro, por su parte, agradeció la “cordial invitación del presidente argentino”, quien en una entrevista para el diario brasileño Folha de Sao Paulo destacó que Maduro estaba “más que invitado”.

Sin embargo, Maduro decidió no concurrir a la cumbre, debido a la amenaza de poder ser arrestado, ya que sobre él pesa un pedido de captura por su participación en el Cártel de los Soles. Su ausencia fue celebrada por muchos en las calles, en los medios y en las redes sociales, sin embargo, su canciller sí fue. Así, aunque Maduro no haya ido a la Argentina, representantes de estas tres naciones sí asistieron al foro de la Celac.

Lo que dijeron los líderes de izquierda

En medio de esta nueva “ola rosa” en la región, la relegitimación de algunos presidentes respecto a los regímenes de estos tres países estuvo presente en el foro latinoamericano tras el silencio absoluto de algunos mandatarios. ¿Complicidad o estrategia neutralista de “no me meto aunque se trate de la defensa de los derechos humanos”?

Tal vez el caso de mayor impacto fue el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un mandatario que fue víctima, hace apenas días, de un intento de golpe de Estado por parte de un grupo numeroso de lunáticos bolsonaristas. No obstante, Lula no se pronunció contra la violación de los derechos humanos en las naciones mencionadas, se abrazó unas cuantas veces con Alberto Fernández, viajó a Uruguay y supo mantener un diálogo cordial con Lacalle Pou en ese país.   

Además de los presidentes uruguayo y paraguayo, otros mandatarios se pronunciaron en contra de la violación de los derechos humanos. Tal fue el caso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que al respecto manifestó: “¿Por qué no fortalecemos el sistema interamericano de derechos humanos? Pues, es el momento de que el sistema interamericano permita que aquí haya un pacto democrático en el que las derechas y las izquierdas no crean que, cuando llegan al poder, es para eliminar a su contrincante físicamente (…). Si llegamos al poder desde las izquierdas, no es para encarcelar (a las) derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político…”.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó: “…hay quienes nos dicen que el valor de la democracia podría ser juzgado de acuerdo a las circunstancias y de paso, de tanto en tanto, relativizan la defensa de los derechos humanos y los valores que ellos representan”. 

Boric, además, agregó: “Esta actitud, desgraciadamente, la hemos visto a lo largo de todo el espectro político (…) los derechos humanos son avances civilizatorios que deben ser respetados independientemente del signo político de quien gobierna, y su vulneración debe ser condenada sin importar si el que los vulnera es de mi color político o de otro”.

Mientras tanto, Fernández, presidente anfitrión de la cumbre, pedía en el cierre del foro internacional que se levantaran los bloqueos a Cuba y a Venezuela: “Debemos trabajar todos unidos para que los bloqueos se terminen en este continente. Tenemos dos países bloqueados y eso es imperdonable”. El presidente Boric también pidió que se terminaran los bloqueos que pesan sobre ambas naciones.

Cabe destacar que Cuba y Venezuela comercializan con varias naciones del mundo; de hecho, actualmente, debido al levantamiento selectivo de las sanciones contra Venezuela, la empresa petrolera estadounidense, Chevron, comercializa con la nación bolivariana y en enero de este año ya han llegado los primeros envíos de crudo venezolano a las costas de Texas, Estados Unidos.

No existen tales bloqueos, existen sanciones aplicadas por diferentes países a los Gobiernos mencionados o contra ciertos funcionarios que gobiernan estas naciones. Y sí existe la violación contra los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

 

El panorama político de América Latina en 2023

La guerra en Ucrania desestabilizó a Europa y trajo desafíos adicionales a América Latina en medio de una tensa relación con Estados Unidos. La renovación de la marea rosa reavivó las esperanzas de la izquierda de que una nueva ola progresista era la respuesta al malestar social que la región ha estado experimentando durante los últimos años.

La pandemia de la COVID-19 solo empeoró el grave conflicto social que la mayoría de los países de la región ya estaban viviendo, en parte, debido a los problemas económicos por la creciente deuda y al aumento de las desigualdades como resultado de la desaceleración de sus economías después del auge de la comercialización de materias primas.

Estos desafíos solo han hecho que las profundas debilidades de la mayoría de los sistemas políticos en el hemisferio sean más prominentes, sobre todo con respecto al estado de sus democracias e instituciones y al fracaso para abordar la causa raíz de la agitación social y las dificultades económicas mediante políticas públicas rigurosas. Las deficiencias están lejos de ser un debate ideológico, lo que hace que las circunstancias de este ascenso de Gobiernos de izquierda sean muy diferentes a la marea rosa original.

Las crisis económicas han sido recurrentes en la Historia de Argentina durante décadas, al igual que las consecuencias políticas. Sin embargo, como advirtió la politóloga Yanina Welp, se han necesitado más que las deficiencias actuales que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández para encender el malestar social en el pasado. Los procedimientos judiciales contra la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, han profundizado las divisiones en un país sumamente polarizado. Mientras tanto, las luchas internas en el Gobierno han llevado a una sucesión de ministros de Economía a cargo de lidiar con una crisis de deuda, déficit fiscal, inflación disparada, recesión continua y aumento de la pobreza, sin un esfuerzo riguroso de formulación de políticas que aborde las causas fundamentales de la crisis estructural que dividen al país.

Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo en Brasil, mientras que el mandatario saliente, Jair Bolsonaro, dejó a un presidente interino para evadir la toma de posesión. Aunque la transición fue inevitable, entre los partidarios del expresidente había esperanza de que este fuera restaurado en el poder con una intervención militar. Esta es probablemente la mejor manera de describir los desafíos del nuevo Gobierno.

Al igual que en Chile y Perú, Lula se enfrentará a un Congreso controlado por la oposición que le dificultará lograr su agenda política. El denominador común en esta versión de la marea rosa es la reprimenda del titular y con la oposición controlando el poder legislativo como un freno. En un país polarizado donde el expresidente no concedió formalmente, la promesa de unificar una sociedad con la oposición negándose a reconocer la legitimidad del nuevo mandatario es una señal de la batalla que le espera a Lula da Silva y su coalición. El ataque simultáneo contra el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto significa que Bolsonaro podría estar fuera del poder formal, pero continuará ejerciendo influencia desde el extranjero.

En Chile, por su parte, se esperaba que las desigualdades históricas que llevaron a la agitación social en 2019 se superaran con una nueva Constitución. En cambio, el proceso se convirtió en una fuente adicional de división, en la que una mayoría en la Convención Constitucional desperdició la oportunidad de redactar una Constitución que reflejara una declaración política de justicia social, al intentar redefinir el marco institucional del país.

Si bien inicialmente el apoyo a una nueva Constitución era amplio (78%), en el referendo de salida la propuesta quedó lejos de ser aprobada. El producto fue más allá de lo esperado y, en lugar de cerrar la brecha, aumentó las disparidades sociales. Después de reconocer el intento fallido, el presidente Gabriel Boric se ha comprometido a trabajar para apoyar otro esfuerzo más inclusivo que refleje las aspiraciones del país. Será un reto, pero al igual que en otros países de la región, el éxito de la agenda progresista dependerá de la capacidad de un compromiso con una plataforma política amplia, en lugar de perseguir objetivos progresistas sin consenso.

Gustavo Petro, a su vez, se convirtió en el primer presidente izquierdista de Colombia, y con ello se está escribiendo un nuevo capítulo de la Historia del país. Su ambiciosa agenda política se ocupa de las desigualdades sociales que causaron las protestas en 2021. Sin embargo, también existe la urgencia de redefinir políticas, a fin de combatir el narcotráfico y abordar el cambio climático, aspectos que están conectados con Estados Unidos. Siendo un aliado clave en la región, el papel de Colombia es extenso, considerando no solo la implementación de políticas de drogas, sino también la conexión de Petro con su vecino, Nicolás Maduro. El gobierno de Joe Biden ha señalado su apertura para comprometerse con Petro y ha dejado en claro que ambos países tienen más intereses comunes que diferencias.

Por otro lado, la destitución de Pedro Castillo en Perú se materializó después de que este anunciara la disolución del Congreso, justo antes de que los congresistas votaran en un tercer intento de destitución por una serie de acusaciones que comprendían corrupción, entre otros escándalos. El fallido golpe le ha costado el cargo y ahora se encuentra bajo arresto mientras se lleva a cabo el juicio. La destitución de otro presidente es una señal de la inestabilidad de la Presidencia, pero también una acusación que pesa sobre los partidos políticos.

El patrón que hemos descrito en Chile o Colombia también está presente en Perú: desigualdad, exclusión y corrupción política. El apoyo a figuras externas a las élites políticas como reacción a los políticos tradicionales sigue prevaleciendo entre el electorado latinoamericano y favoreciendo con frecuencia a los políticos inexpertos que carecen de las habilidades para garantizar una gobernanza mínima. El caso de Castillo es el más reciente, pero en la tradición peruana ha sido una característica recurrente del sistema político. El futuro de la democracia en la región parece preocupante, especialmente en Perú, donde las alternativas son limitadas.

Y en Venezuela, la remoción del Gobierno interino llega en un momento en el que se avecina la discusión sobre la consolidación de Maduro y la necesidad de definir las opciones políticas para las elecciones presidenciales de 2024. Después de entregar la representación de los intereses de la oposición al gobierno de Donald Trump, el “gobierno interino” de Juan Guaidó perdió impulso. Luego de haber confiado en que las sanciones serían suficientes para debilitar a Maduro y su alianza, la oposición pareció superada por el régimen, dado que este encontró más incentivos para permanecer unido que razones para cambiar el statu quo.

El auge iliberal de regímenes autoritarios abiertos como el de Cuba, Nicaragua o Venezuela y, en menor medida, el de El Salvador, son la verdadera amenaza que enfrentan las democracias, sean de izquierda o de derecha. La ola iliberal es el verdadero reto de América Latina en 2023.

Las diferencias entre el estallido peruano y el chileno de 2019

A ciertos grupos de la extrema derecha peruana parece no importarles el número de muertos en las calles tras el inicio de las protestas el 7 de diciembre de 2022. A diferencia de estos, en el estallido social de Chile en 2019, los grupos parlamentarios conservadores transigieron al mes, luego de la violencia que las fuerzas del orden público pusieron de manifiesto. El 15 de noviembre de 2019 y con un saldo de 20 muertos, el presidente Sebastián Piñera anunció oficialmente que se llevaría a cabo una consulta ciudadana. En la toma de esta decisión influyó la presión de la sociedad civil, los órganos institucionales y del propio aparato productivo, y el objetivo fue abandonar la estrategia violenta del Gobierno y las fuerzas policiales. El estallido peruano ya lleva dos meses con un resultado de más de 60 muertos y, sin embargo, las fuerzas conservadoras no han mostrado interés por el diálogo.

La aprobación del adelanto de las elecciones de Perú ha sido insuficiente para calmar los ánimos. El pedido de “cierre del Congreso” por parte de los ciudadanos movilizados, que no es una cuestión literal o abiertamente antidemocrática para imponer un régimen autoritario, busca poner fin a las constantes maniobras antidemocráticas del Congreso, que incluye descabezar las entidades electorales, así como terminar con el discurso racista y violento contra las masas populares.

Pareciera que a los parlamentarios de derecha no les importara mucho el que se muestren incivilizados frente a la comunidad internacional, debido a las flagrantes violaciones de los derechos humanos. Inclusive, están dispuestos a sacrificar la propia democracia con tal de salvarse a sí mismos. El pedido de renuncia a Dina Boluarte es otra exigencia de las movilizaciones, después de la traición de la presidenta, quien supo ser una defensora de la asamblea constituyente, y ahora ha pasado a reprimir violentamente a los manifestantes.

Si en las calles se está pidiendo un cambio de Constitución, ¿por qué no permitir una consulta a la ciudadanía para que decida a ver si está de acuerdo? La Constitución chilena no permitía una consulta para su substitución, sin embargo, esa prerrogativa fue aprobada de forma urgente por el Congreso. Los problemas de carácter jurídico pueden ser superados. No obstante, la derecha parlamentaria peruana cree encontrarse en una posición ventajosa luego de la caída de Pedro Castillo, pero su intransigencia podría terminar por arrastrarla a un temporal destierro.

Una diferencia sustancial con el caso de Chile es que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en una posición de debilidad y, como respuesta, se alió a la estrategia de los parlamentarios de derecha, en una actitud beligerante e innecesaria. Al fin y al cabo, tiene poco para perder, dado que carece de partido. Pero si enviase un proyecto de ley para una consulta ciudadana, podría ganar mucho, ya que atenuaría su posición autoritaria para pasar a imponerse frente a la violencia de los grupos de derecha en el Congreso. Con ello, lograría, además, distender el ambiente político.

Por otro lado, el desafío de las protestas, que en su mayoría han sido integradas por ciudadanos llegados desde los puntos más alejados del país y quienes están dispuestos a establecer un nuevo pacto político, es su intensidad y permanencia en el tiempo. Se trata de unas movilizaciones jamás vistas y que han sido recibidas con abiertas declaraciones de racismo por parte de la institucionalidad.

En respuesta, se viene articulando la necesidad de promover una “gran marcha” peruana, pero, dadas las circunstancias, parece que tampoco fuera a ser suficiente. Sin embargo, ocupar el espacio público, principalmente el de la capital (Lima) como plazas y avenidas, sí que es relevante y se ha traducido recientemente en la conquista estratégica de los diferentes movimientos contra la arrogancia del primer ministro Alberto Otárola, quien había dicho previamente que evitaría el ingreso de las protestas a la capital.

No obstante, el mayor temor de la derecha peruana no es la incomodidad de las protestas en  su paso por las calles de la capital, sino el riesgo de que asfixien el circuito económico de esta y del país. Si el bloqueo del principal aeropuerto de Lima y del puerto del Callao, así como de las diferentes entradas por carretera en sus distintos tramos, comienza a surtir efecto, los costos de la represión serán mucho más altos que los de la tolerancia.

El Gobierno Lula y la integración latinoamericana

Durante la campaña presidencial y en su discurso de investidura, Lula declaró que América Latina volvería a ser una prioridad en la política exterior brasileña, de acuerdo con el precepto constitucional que establece como uno de los principios de las relaciones internacionales de Brasil la búsqueda de la integración y la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. La presencia de un gran número de presidentes de la región en la toma de posesión demostró el apoyo al liderazgo brasileño y la fuerza del regreso de Brasil a la arena internacional.

Recientemente, los presidentes Lula y Fernández relanzaron la asociación estratégica entre Brasil y Argentina y destacaron, en una carta pública, la relevancia de la región en términos de producción de alimentos y recursos minerales estratégicos. Se mencionaron varias cuestiones económicas: la necesidad de reindustrialización, la atracción de inversiones, la integración energética, la inversión en infraestructuras y el impulso del comercio internacional.

«Queremos que el Mercosur constituya una plataforma para nuestra integración efectiva en el mundo, a través de la negociación conjunta de acuerdos comerciales equilibrados que respondan a nuestros objetivos estratégicos de desarrollo. Además, en el documento firmado, los presidentes «se comprometieron a iniciar un proceso de diálogo a nivel presidencial con los países de la región para el relanzamiento de la Unasur». Se está dando el impulso y hay elementos coyunturales favorables.

Ejemplos globales

A nivel sistémico, el regionalismo se ha convertido en un elemento fundamental de la política internacional. Además de la integración económica, centrada en los mercados, el regionalismo se refiere al fenómeno de articulación y coordinación de las políticas regionales en un intento de optimizar sus resultados.

En este contexto, las grandes potencias mundiales adoptan políticas regionales asertivas como proyectos de Estado. En el caso de EEUU, el TLCAN (rebautizado como USMCA) es un eje central de su acción exterior y parte importante de su actual modelo económico. En Europa, las políticas comunitarias, además de haber construido la paz, sustentan todos los ámbitos de la acción política regional.

En Asia, la zona económicamente más dinámica del mundo en este siglo, las relaciones regionales han sido fundamentales para el establecimiento de modelos virtuosos de desarrollo, como los que generaron el auge de los Tigres Asiáticos. Los lazos económicos asiáticos se han estrechado en las últimas décadas y las buenas relaciones con los vecinos son una prioridad de la política exterior china. Además, fenómenos recientes, como la pandemia de Covid-19, han evidenciado la importancia de las cadenas de suministro regionales y reforzado la tendencia al nearshoring.

A nivel regional, también hay elementos favorables a la integración. Las afinidades entre gobiernos de centro-izquierda son una de las facetas más visibles, así como un cierto acercamiento en cuestiones identitarias y culturales. Retos similares -como la lucha contra la pobreza y la desigualdad– son elementos de convergencia. En el proceso de construcción de la Unasur, por ejemplo, hubo acuerdo sobre la definición de una nueva agenda de desarrollo socioeconómico (tras el fracaso de las recetas neoliberales); el establecimiento de una agenda positiva con incentivos para los mecanismos de cooperación Sur-Sur; y el enfoque en los cuellos de botella de la región en materia de infraestructuras.

Integración en el proyecto brasileño

En Brasil, el acercamiento y la integración con sus vecinos representa un proyecto de Estado, con origen en los gobiernos militares y mantenido por todos gobiernos democráticos desde Sarney a Temer, con la excepción de Bolsonaro. Ciertamente, hubo diferencias en el diseño y los objetivos integracionistas según el momento histórico, pero es notoria la resiliencia de instituciones como el Mercosur, que incluso sobrevivió al último gobierno.

Pese a los elementos contextuales favorables, existen muchos retos. La integración es un fenómeno complejo y, a lo largo de nuestra historia, el avance hacia la unión se ha visto obstaculizado por dificultades económicas y cuestiones estructurales, así como por obstáculos políticos y un menor interés de los líderes regionales. Las cuestiones ideológicas y las políticas gubernamentales discontinuas (no consolidadas como políticas estatales) afectaron directamente al rendimiento de las instituciones. La alineación con potencias externas fue también un conocido elemento de desintegración.

Las redes de articulación de la extrema derecha, tanto en Europa como en las Américas, son críticas con los procesos de articulación sociopolítica regional y, en su ideología racista, los/as latinos/as son tratados de forma peyorativa. En el caso del gobierno de Bolsonaro, se ha privilegiado el alineamiento directo con EEUU, y las relaciones de Brasil con América Latina, además de no ser una prioridad, han sido relegadas a una cuestión ideológica y utilizadas para aumentar la polarización del país. Se trata de una acción anacrónica, propia del período de la Guerra Fría, que muestra una visión equivocada del escenario internacional contemporáneo, así como un desconocimiento de las ventajas que la cooperación regional puede aportar al país. Con la pandemia, por ejemplo, quedó claro la falta que hizo el Consejo de Salud de Unasur para definir una respuesta más rápida y eficaz a los retos planteados.

Desafíos

La integración vive un nuevo momento favorable y queda mucho por hacer. El liderazgo brasileño, entendido aquí como proactivo, proponiendo políticas construidas junto con los socios, va acompañado de responsabilidades.

Se requiere un arduo trabajo de coordinación y búsqueda de la convergencia. El camino hacia el fortalecimiento regional requiere el establecimiento de un consenso y una definición precisa de los objetivos a alcanzar. Cuanto más amplios y difusos sean los fines, más difícil será alcanzarlos. Uno de los mayores retos, por tanto, es definir acciones que puedan ponerse en marcha en los próximos años, así como reforzar las instituciones para que sobrevivan a los cambios políticos, porque nuestras dificultades similares requieren, de hecho, acciones coordinadas.

A nivel social, es esencial refutar las fake news de la extrema derecha, aclarar los puntos confusos y deconstruir las falsedades difundidas. Es necesario ampliar el diálogo social, profundizar las instancias de cooperación y participación, consolidar las instituciones y establecer una burocracia regional más sólida, estimular la educación y la cultura democrática y ciudadana, fortalecer la identidad sudamericana y el sentido de pertenencia, así como desarrollar mecanismos regulares para dar a conocer los resultados alcanzados por las políticas e instituciones regionales. A medio plazo, el reto de la identidad es quizá un elemento clave.  Es necesario fomentar la identidad sudamericana y el conocimiento mutuo e ir más allá.

No hay opciones sencillas en términos de políticas de desarrollo internacional. Sin embargo, el momento histórico es muy favorable y ha llegado la hora de impulsar el regionalismo sudamericano. Lo que está en juego es la inversión o la profundización del proceso de periferización de la región en el escenario internacional.

Ucrania divide a América Latina y la UE y complica una asociación estratégica

América Latina y la UE quieren profundizar de nuevo sus relaciones. En julio se celebrará en Bruselas una cumbre UE-CELAC, la primera desde 2015, y está previsto que se concluyan los acuerdos pendientes, como el de la UE con el Mercosur. En este marco, políticos europeos, como recientemente el Canciller alemán Olaf Scholz, han viajado a América Latina para explorar cómo profundizar en las relaciones birregionales.

No cabe duda de que el valor estratégico de América Latina y el Caribe ha aumentado para la Unión Europea desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Políticamente, los gobiernos de ALC son importantes a la hora de votar resoluciones sobre Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Económicamente, América Latina cuenta con materias primas como el gas natural y el petróleo que Rusia suministra a la UE y materias primas estratégicamente importantes ya son importadas de América Latina como el litio. Debido a sus condiciones climáticas y geográficas, se considera que América Latina tiene un gran potencial para producir y exportar hidrógeno verde a precios competitivos entre las distintas regiones del mundo. Y Europa será, a futuro, uno de los mayores mercados para el hidrógeno verde.

En la primera Cumbre América Latina-Europa, celebrada en Río de Janeiro en 1999, se anunció el objetivo de desarrollar una «asociación estratégica». Desde entonces, el término ha aparecido una y otra vez en declaraciones oficiales y, más recientemente, el alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, llegó a hablar de una «alianza estratégica» en relación al acuerdo de asociación UE-Mercosur pendiente de firmar.

Hay coincidencias políticas y económicas, pero la pregunta es ¿hay suficientes intereses comunes para una asociación estratégica? Las reuniones preparativas de la cumbre UE-CELAC y, más recientemente, las conversaciones del Canciller Scholz en Argentina y Brasil han demostrado que hay un elefante, o sería mejor decir, un oso en el salón que Latinoamérica querría pasar por alto o, al menos, evitar mencionar.  

La guerra en Ucrania divide la UE y América Latina. Lo que desde una perspectiva latinoamericana parece una cuestión de elección- cómo posicionarse en el conflicto de Ucrania frente a Rusia-, para Europa es una cuestión de necesidad, a saber, defenderse de una auténtica amenaza militar y de un ataque a los valores europeos fundamentales. 

Es sintomático que el comunicado de prensa conjunto de la III Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE de fines octubre de 2022 en Buenos Aires evitó nombrar y condenar a Rusia, como esperaban los gobiernos europeos. Al menos, los gobiernos participantes pudieron reafirmar su apoyo a los objetivos y principios consagrados en la Carta de la ONU de defender la igualdad soberana de todos los Estados y respetar su integridad territorial e independencia política. En el contexto de esta afirmación, el comportamiento de los países latinoamericanos es aún menos comprensible

Además, desde un punto de vista europeo, resulta extraño que una región que siempre ha denunciado el imperialismo que emana de Estados Unidos, y con razón, elude hoy condenar como imperialismo una guerra para restaurar un imperio y someter y, si es necesario, asimilar por la fuerza a otros pueblos.

Las declaraciones de algunos gobiernos latinoamericanos son recibidas con incomprensión en Europa como la declaración de Lula sobre el conflicto de Ucrania al afirmar que ”dos no pelean si uno no quiere”, que es como culpar a alguien por ser golpeado en la cabeza por una persona que ha entrado a la fuerza en su casa. Con el telón de fondo de las imágenes que vemos a diario en Europa de atrocidades bélicas, ataques a civiles y refugiados llegando de Ucrania, estas declaraciones parecen insensibles, cuando no cínicas. Y le han costado simpatías a Lula en Europa, y ponen en duda que este pueda actuar como mediador en el conflicto.

Y luego están los partidarios de un no alineamiento activo. Y aquí se plantea la cuestión de si una política de no alineamiento activo no toma partido indirectamente al poner al agresor en pie de igualdad con la víctima. La cuestión es si, en una guerra en la que el agresor está claramente identificado y se están matando a civiles y cometiendo crímenes de guerra, un gobierno no es también cómplice al no hacer nada. 

Los gobiernos latinoamericanos deberían preguntarse si el mundo sería mejor y si a América Latina le conviene que la UE salga debilitada y Rusia (e indirectamente China) fortalecida del conflicto de Ucrania. Esto supondría también una derrota de los valores que los gobiernos latinoamericanos han defendido hasta ahora en política internacional, como el respeto a la soberanía, la no intervención y la resolución pacífica de conflictos.Un no alineamiento activo sólo tiene sentido si también se definen los valores que uno defiende en política internacional; y en función de estos valores, se decide cuándo tomar partido. A veces, la vieja canción de Pete Seeger «¿De qué lado estás?» también se aplica en la política internacional, especialmente entre supuestos socios estratégicos.


Episodio relacionado de nuestro podcast: 

La crisis climática: una crisis de liderazgo e imaginación

Coautores Fany Ramos Quispe, Kim Portmess

La CoP27 llegó y se fue! Y al comenzar el 2023, con todas las mejores intenciones y resoluciones, nos preguntamos ¿quién apoyará y hará operativos los acuerdos alcanzados?

Uno de los principales resultados de la Conferencia de las Partes (CoP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue la creación de un fondo específico para pérdidas y daños para apoyar a los países más vulnerables al cambio climático. Esta es una demanda histórica de los países del Sur Global, particularmente las pequeñas naciones insulares y los países menos desarrollados, que ya están sufriendo los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres climáticos. De hecho, el establecimiento del fondo de pérdidas y daños es fundamental para complementar los esfuerzos de mitigación y adaptación que ya están en curso.

Después de 30 años de discusiones y negociaciones sobre el cambio climático, nuestros líderes políticos globales no han logrado enfrentar el problema de manera efectiva, proporcionar vías globales para la acción climática y guiar el cambio para un futuro más justo, inclusivo y sostenible. Muchas personas en todo el mundo, activistas, ambientalistas, científicos y ciudadanos, desconfían de los resultados de las reuniones globales, como la CoP27, debilitando su legitimidad. Sin embargo, han surgido simultáneamente muchos espacios nuevos para una participación comprometida y más amplia, que tratan de llenar el vacío entre la ciencia, la política y la sociedad.

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados por los liderazgos actuales en la CoP27?

El fondo para pérdidas y daños es uno de los principales logros de la CoP27, sin embargo, este es solo el comienzo de una conversación que marcará la agenda de los próximos años. ¿Qué países deberían proporcionar financiamiento? ¿Cómo se distribuirán los fondos? ¿Qué pasa cuando desaparecen las formas tradicionales de habitar el planeta y las prácticas culturales se transforman a causa del cambio climático?…¿Se pueden compensar con dinero? ¿Cómo medimos los pagos y las compensaciones por la destrucción del planeta?

La conversación continúa con otros resultados importantes para las Américas. El Plan de implementación de Sharm el-Sheikh destaca que una transformación global hacia una economía baja en carbono necesitará al menos USD 4-6 billones por año, sin embargo, la meta de los países desarrollados de movilizar USD 100 mil millones por año para el 2020 no se ha cumplido. En 2023, los países presentarán planes climáticos más sólidos y ambiciosos a la Secretaría de la CMNUCC, los cuales serán analizados para ver qué tan cerca estamos de mantener la meta de 1,5 °C. Además, se decidió establecer un programa de trabajo sobre Transición Justa.

La magnitud de la crisis climática plantea otros desafíos en cascada que deben afrontarse en un futuro cercano, que si se trabaja adecuadamente, podrían ser la clave para construir un mundo más justo, democrático y equitativo: mejorar la participación, amplificar la voz de los jóvenes, generar confianza entre países y potenciar los liderazgos en todos los niveles para hacer frente a nuestros complejos desafíos comunes.

Construyendo esperanza para enfrentar la crisis climática: otro significado del liderazgo desde el continente Americano

Durante las últimas tres décadas líderes nacionales y globales vienen discutiendo los impactos de las actividades humanas en el planeta y los efectos negativos que la modernidad y el desarrollo tienen sobre el clima, la naturaleza y la biodiversidad, lo que se ha dado a llamar el Antropoceno. Esta es una época en la que los humanos están liderando cambios a nivel global como una fuerza geológica. El síntoma prominente del Antropoceno es la crisis climática, provocada por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y un liderazgo humano caracterizado por apostar por y defender un crecimiento económico sin fin, basado en la dominación, expansión y explotación, que incluye siglos de esclavitud.

La ciencia ha sido clara durante muchos años sobre la necesidad de reducir significativamente las emisiones para cumplir con los objetivos internacionales y descarbonizar las actividades humanas. El tiempo se acaba y en este contexto crítico cada acción (e inacción) cuenta. Todavía hay una gran brecha para vincular la ciencia con la política y la acción social, y no existe una fórmula mágica para resolver los complejos problemas que enfrentamos, incluida la emergencia climática. Entonces, ¿cómo podemos (re)construir una nueva arquitectura científico-política y (re)activar nuestra imaginación para pensar en caminos alternativos para enfrentar activamente nuestros problemas? La crisis climática es también una crisis de liderazgo e imaginación para construir consensos. 

Paradojicamente, al mismo tiempo que se llevó a cabo la CoP27, 30 científicos de carrera de temprana y profesionales de diversas disciplinas participantes del programa de Ciencia, Tecnología y Políticas (IAI-STeP) de 14 países de todo el continente americano se reunieron en Uruguay para abordar uno de los desafíos más apremiantes relacionados con la crisis climática: cómo vincular efectivamente el conocimiento científico/técnico y las dimensiones sociales, políticas y éticas para apoyar una política ambiental inclusiva y orientada a la acción.

Las(os) profesionales del programa IAI-STeP tenemos como objetivo trabajar para construir un tipo de liderazgo más efectivo que cada persona pueda ejemplificar. Un liderazgo pluralista, ético, colectivo, inclusivo y horizontal, más adecuado para abordar los desafíos del siglo XXI. Este liderazgo debería poder facilitar la participación efectiva de todos los actores de la sociedad en la co-producción de conocimientos y soluciones y para amplificar las voces de quienes ya sufren los impactos del cambio climático. Traer a la mesa una rica diversidad de conocimientos y experiencias requiere de empatía, vulnerabilidad y capacidad de escucha. Habilidades necesarias para reimaginar conjuntamente alternativas de desarrollo, construir resiliencia y quizás consensos en la búsqueda de soluciones a la crisis climática.

La COP27, al igual que las conferencias anteriores, dejó muchos asuntos e inquietudes sin resolver como las finanzas, las responsabilidades, las relaciones de poder y la transparencia que vuelven a ser las cuestiones pendientes. Estos temas son parte de los problemas estructurales que evolucionaron junto con la colonización, la exclusión y la explotación, procesos históricos, liderados por grandes grupos de poder. Es por eso que el principio de “Responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR por sus siglas en inglés)” fue incluido en la CMNUCC, sin embargo su implementación aún no ha prosperado para construir un consenso efectivo entre los líderes mundiales actuales.

Los resultados de la CoP27 son una vez más un ejemplo de posiciones contrapuestas en nuestro propio continente americano, posiciones que no parten de una visión compartida de la crisis climática. Nuestros países continúan negociando desde diferentes grupos como países desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados. Todavía necesitamos confrontar y reconciliar los problemas de injusticia, racismo, desigualdad y colonización. ¿Llegará el día en que nuestro continente tome una posición común o consensuada frente a la crisis climática? Volvemos a la pregunta; ¿Quién apoyará y operativizará los acuerdos alcanzados en la CoP27? Tal vez serán los profesionales de programas de ciencia, tecnología y política (STeP) de todo el mundo que trabajan con gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, universidades y el sector  privado, quienes finalmente reconciliarán la ciencia, la política y la sociedad para la acción efectiva. Confiamos en que con un grupo creciente de líderes interamericanos, como las(os) profesionales del programa STeP, una comunidad amplia, resiliente y significativa, que trabaja en puestos de toma de decisiones, se pueda lograr.

Fany Ramos es Ingeniera Ambiental por el Instituto Politécnico Nacional (México), con maestría en Cambio Ambiental y Desarrollo Internacional por la Universidad de Sheffield (nglaterra). Miembro de OWSD Bolivia y actual IAI STeP Fellow.

Kim Portmess es Consultora de Programas en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI).